ENCUENTRO NACIONAL DE TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES EN LUCHA CONTRA LA MINERIA

CONTRA LA MINERIA

“Contra la minería, contra el extractivismo, por la vida, por la justicia y la soberanía territorial”

Nosotros y nosotras, organizaciones en lucha contra la minería y el extractivismo, reunidas en la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Nos autoconvocamos desde La Paz, Yoro, Cortes, Santa Barbara, Atlántida en encuentro nacional del 02 al 04 de agosto de 2024, para celebrar la lucha victoriosa del Sector Florida, articularnos, fortalecernos y reafirmar nuestro compromiso por Honduras en favor de la vida.

Compañeros, compañeras y sociedad:

NUESTRA LUCHA contra la Minería es la lucha por la vida, por la soberanía, comunitaria, territorial y nacional; es contra un modelo económico Político y cultural generador de muerte, dolor y sufrimiento que convierte nuestros bienes comunes y nuestra gente en mercancía; motor de pobreza y desigualdad. Por eso, NO entrará en nuestros territorios ningún proyecto de muerte, ni una concesión más.

CELEBRAMOS el triunfo popular organizado de las 16 comunidades del sector Florida Tela sobre sobre cuatro proyectos mineros, expresión del sistema capitalista opresor y violento.  Su triunfo es clave para las luchas territoriales de Honduras y la región. Con ustedes hemos vencido, vencemos y venceremos.

NOS DECLARAMOS en contra de toda iniciativa económica y política que privatice, saquee y explote nuestras riquezas, que empobrezca a nuestros pueblos y divida nuestras comunidades y familias. Nosotros apostamos por un desarrollo integral comunitario y popular que respete la vida en todas sus formas, nuestras cosmovisiones, nuestra madre tierra y nuestra propia forma de organización comunitaria y social.

 RECONOCEMOS en la espiritualidad el motor de nuestros procesos, pues la auténtica fe es aquella que nos compromete a repudiar la injusticia, el abuso y la miseria movilizándonos a transformar el mundo para que todos y todas tengamos vida en abundancia con justicia y dignidad. Nuestra militancia y compromiso social se alimenta en la fe, la religión y espiritualidad.

 ANIMAMOS a todos los territorios, comunidades y organizaciones en el territorio nacional a permanecer movilizados, recuperar espacios y asumir la movilización como herramienta efectiva para revertir el extractivismo, la minería, el atropello y la impunidad. Las calles siempre serán siempre nuestras trincheras y nuestras escuelas.

 ACORDAMOS avanzar nivel nacional como frente anti minero junto al Movimiento Popular y Social hondureño [MPSH], para articular las luchas en todo el pais y construir desde la base, la alternativa que nuestro país necesita. Avanzaremos desde nuestra autonomía de acción para el bien de todos y todas. ¡Solo unidos/as, solo juntos/as podremos avanzar!

LLAMAMOS al gobierno central, los gobiernos municipales y diputados, a desandar el camino de las excusas y las negociaciones con los enemigos del pueblo. Exigimos coherencia y respetos a los procesos populares y comunitarios. Refundar este país no es posible sino estamos nosotros » el pueblo» como el centro.

Compañeros y compañeras, proclamamos un nuevo tiempo para avanzar con ánimo renovado, con urgencia y sin demoras hasta ver nuestros territorios y toda nuestra Honduras liberada de los males estructurales.

Dado en Nueva Esperanza, Sector Florida, Tela, Atlántida, territorio libre de minería.

¡Del 2 al 04 de agosto de 2024! ¡Toda mina contamina! ¡Honduras sin minería vale más! ¡Agua, tierra territorios y energía no son mercancía!

Respeto y diálogo inclusivo ante la imposición de la cárcel en la Isla del Cisne

¿Volvemos al estilo autoritario de la narcodictadura? Esta es una pregunta cada vez más reiterativa que nos hacemos organizaciones como el MADJ y el BED ante las actuaciones de la administración de Xiomara Castro. El último ejemplo lo tenemos a partir de la falta de participación, diálogo y toma de decisión de la población con respecto a la ubicación, en la isla del Cisne, de una nueva cárcel de “máxima seguridad” y al autoritarismo, escasez de argumentos técnicos y éticos demostrado por funcionarios del presente gobierno.

El ministro de la secretaría del Ambiente, Lucky Medina, ha afirmado que el archipiélago Islas del Cisne no es área protegida (porque no está publicada como tal en el Diario La Gaceta) y pese a cualquier oposición la isla cárcel El Cisne nadie la detiene. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ha salido ante los medios de comunicación anotando que se fía del criterio del ministro del Ambiente, garantizando que no habrá violaciones a los derechos humanos y ambientales de ningún tipo. Finalmente, el Procurador General, Manuel Díaz, afirmó que en el asunto de la isla cárcel El Cisne no tienen cabida “aquellos a los que les es funcional un Estado sin soberanía” … y todos han apuntado que los que deseamos el respeto a la biodiversidad y al arrecife coralino ubicado en esa zona, somos “cachurecos” y narcotraficantes.

Nada más falso en esta comparsa letal.

El ministro del Ambiente no está por encima de la ley. Al archipiélago Islas del Cisne se le declaró Parque Nacional Marino mediante Acuerdo Ejecutivo No. 3056-91, el 30 de octubre de 1991. Luego se le dio el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante decreto N° 128-94, publicado en La Gaceta N° 27,477 del 17 de octubre de 1994. Finalmente, en el año 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAPH, consideró que la categoría de manejo más acertada para este archipiélago es la correspondiente a Reserva Marina.

Que este último cambio de estatus de área protegida no haya sido publicado en La Gaceta no anula los dos nombramientos anteriores, como lo pretende el ministro del Ambiente para justificar la devastación a que sería sometido el archipiélago para satisfacer quien sabe qué intereses y propósitos. Y en lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos y el Procurador General, como Movimiento Amplio consideramos que, ciertamente, la dignidad y derechos de muchas personas y pueblos está en juego y no es cierto que por mantener una actitud crítica ante un proyecto como el que nos ocupa seamos promotores de “un Estado sin soberanía”, seamos cachurecos o narcotraficantes.

El MADJ es una organización digna, con independencia política- electoral, que reconoce nuestros derechos soberanos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a las acciones autoritarias de un puñado de funcionarios que pretenden someter al pueblo conculcando sus más elementales derechos y atribuciones.

¿Qué se esconde tras el obstinado capricho por construir una mega cárcel en Islas del Cisne?

Desde el Movimiento Amplio consideramos la pretendida conversión del archipiélago Islas del Cisne en isla cárcel como un ecocidio, etnocidio, obra inútil para los efectos que se persiguen y afrenta radical a la vida y demás derechos humanos de futuros presos y personal militar y policial de menores rangos.

En primer lugar, la isla cárcel El Cisne es ecocida. Así lo ha señalado el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) pues “este archipiélago alberga ecosistemas marinos y costeros con características biológicas y ecológicas muy especiales”. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras ha manifestado su oposición en tanto que Islas del Cisne posee 73 especies de flora y 51 especies de fauna presente de mucha importancia para la conservación con características particulares. Y también el Colegio Químico – Farmaceútico de Honduras ha pedido se haga un mejor uso de los fondos nacionales junto a otras medidas más reales en el sistema carcelario nacional.

Más todavía, el Archipiélago Islas del Cisne, sobresale por presentar un ecosistema único en Honduras denominado Arbustal semideciduo con cactus que, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de la  UNESCO, presenta un estatus único aumentando de 71 a 72 los ecosistemas nacionales. De ahí que, en virtud de la aplicación del principio de precautoriedad incorporado al derecho internacional ambiental desde 1992 y luego incorporado al derecho positivo hondureño, cualquier intervención a desarrollar en el sitio debe contemplar el impacto potencial que podría desencadenar.

¿Valdrá la pena poner en riesgo un ecosistema peculiar pero endeble y único que se presenta en el archipiélago de Islas del Cisne como consecuencia inmediata del impacto de la devastación y contaminación a producirse tras el levantamiento de edificaciones y el manejo consecuente  de desechos de la cárcel de máxima seguridad?

En segundo lugar, la isla cárcel El Cisne es etnocida. Las islas y los más de sesenta cayos que integran el departamento de Islas de la Bahía,  entre los cuales se halla el archipiélago Islas del Cisne, registran movimientos humanos que datan de 1,500 años y se ha registrado el establecimiento de grupos humanos desde el 600 a.C.  Estas islas e islotes han sido territorios transitados por varios pueblos originarios de la plataforma continental hondureña que se han dedicado al intercambio de productos y demás interrelaciones con los pueblos vecinos.

Es comprensible, entonces, que la organización del pueblo misquito, MASTA, mantenga un rotundo NO a la construcción de cárceles en Islas del Cisne, porque temen que con ello se afecte la pesca, que es el sustento de muchos de los que viven en el Caribe de Honduras. Sería lamentable enterrar esta historia tan dinámica, llena de vida y de  experiencias de resistencia soberana, del archipiélago Islas del Cisne para dar paso hacia su conversión en una isla cárcel con acceso prohibido para la población.

El archipiélago vecino de los Cayos Zapotillos fue  clasificado como Reserva Biológica, y el archipiélago Cayos Cochinos declarado Monumento Natural Marino; convertidos ambos archipiélagos en escenarios de vida en su mayor amplitud natural, que los hondureños y hondureñas pueden visitar y disfrutar de su riqueza natural y belleza escénica. ¿Por qué, entonces, esas acciones no se complementan haciendo del archipiélago Islas del Cisne un museo de historia natural y cultural del Caribe hondureño donde los pueblos del Atlántico puedan encontrarse con su historia más inédita, en vez de condenarlo a la devastación natural y desfiguramiento histórico cultural?

En tercer lugar, la isla cárcel El Cisne deviene obra costosa e inútil. La crisis carcelaria hondureña no tiene su origen principalmente en la falta de presupuestos ni la falta de edificaciones; es una crisis derivada directamente por la corrupción y abuso de autoridad de muchos de los oficiales de policía y militares que, por un lado, han convertido los centros penitenciarios en lujosas suites para los presos de alto calado y, por otro lado, han permitido el trasiego de drogas y armas dentro de los recintos penitenciarios, facilitando el asesinato dentro de los mismas.

Es un disparate presentar la Isla Cárcel El Cisne como un espacio absolutamente necesario, sin el cual las fuerzas del orden –militares y policías-  no podrían dar cumplimiento definitivo a su responsabilidad de acabar con el crimen organizado. O, ¿acaso  se trata de una cortina de humo para esconder las causas verdaderas que mantienen en crisis al sistema carcelario de Honduras y a la sociedad en general? ¿Qué garantías tiene la población que las Fuerzas Armadas y Policía administrarán correctamente la isla cárcel  El Cisne si ni siquiera han podido gestionar eficientemente las bodegas de sus batallones, donde es común que “desaparezcan” sus armas, aviones y drogas depositadas por el Ministerio Público?, ¿Hay nuevos grupos de narcotráfico negociando nuevas rutas?

Podrán invertirse miles de millones de Lempiras en la construcción de la Isla Cárcel El Cisne, pero el sistema carcelario nacional continuará con los mismos problemas; porque no se corrige la razón de fondo del por qué hay trasiego de armas dentro de los recintos carcelarios, por qué hay suites especiales para reos adinerados y miseria para los reos pobres, por qué hay mercado de drogas y celulares, etc. Eso no se arregla con una nueva cárcel, sino con un renovado personal, con sus equipos y protocolos de acción.

En cuarto lugar, la isla cárcel El Cisne supone una afrenta radical a la vida de presidiarios que vayan a ser destinados a ese posible recinto penitenciario, como también lo será para el personal militar y policial de menores rangos, muchas veces violentados y ultrajados por mandos superiores sin control y castigo alguno. La sociedad hondureña espera castigos ejemplares para todas las personas que delinquen, antes que una carnicería brutal que sea mayor que la brutalidad que se pretende subsanar. ¿Qué garantía se tiene que las Fuerzas Armadas y Policía van a responsabilizarse y respetar cabalmente las vidas y condiciones humanas de los presidiarios como de los policías y militares de los más bajos rangos destacados en un lugar tan recóndito y de nulas vías de acceso normales y rutinarias? En realidad, ninguna cárcel por hacer va a servir de mucho cuando queda evidenciado que el problema de la violencia contra reclusos y efectivos policiales o militares de menor rango viene de las mismas fuerzas del orden.

En lo más profundo de las fuerzas del orden subyace una estructura sustentada en una lógica criminal que lleva a que todo lo que pueda ser robado con impunidad se traslade a las FFAA o la PN y seguramente será robado sin ningún aspaviento. Si hay que deshacerse de alguna persona que pueda hacer daño a alguna estructura criminal o narcodelincuente, esta persona es puesta en manos de una u otra de las fuerzas del orden y ellos se encargarán con seguridad de asesinarlas creando escenarios que vuelven inocentes a quienes mandan a ajusticiar. De igual forma, si se trata de delincuentes de alto nivel que ya han sido capturados, se les pasa a celdas especiales donde viven con tratamientos especiales y  finalmente, si es necesario se finge una fuga y así los maleantes recuperan su más oscura libertad.

Y mientras esto sucede al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los hombres y mujeres honorables dentro de ambas instituciones se juegan la vida a diario luchando por recuperar la honestidad, transparencia y profesionalismo de ambas instituciones desde todos sus niveles jerárquicos. ¿Qué hace el gobierno y el pueblo  para respaldar y legitimar las acciones de estos efectivos policiales y militares probos?  El ministro Héctor Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad, ha manifestado que han sancionado al menos dos mil policías y otros cuarenta están presos por faltas a la ley, aduciendo que realmente no son policías, sino infiltrados en la policía. Si como pueblo no exigimos y acompañamos esta depuración real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estas corren el riesgo de ser cooptadas y subsumidas por los carteles y demás grupos criminales que ya se disputan el Estado hondureño.

La práctica histórica violatoria de los derechos humanos generalizada en las islas cárcel resta credibilidad a las afirmaciones de la ministra de derechos humanos

La experiencia histórica fatídica de las islas cárcel en materia de derechos humanos desenmascara la aparente inocuidad de estos centros de reclusión que pretende evidenciar la ministra de derechos humanos cuando manifiesta que con la isla cárcel El Cisne la presidenta Xiomara Castro respeta los derechos humanos y el ambiente. Nada más lejos de la realidad manifiesta de las islas cárcel. Por ejemplo:

  • La isla cárcel Robben, en Sudáfrica, emblema donde el régimen del apartheid terminó concentrando en tres de los cuatro pabellones de celdas a prisioneros políticos de la estatura de Nelson Mandela, quién ocupó una celda durante 18 años y los presidentes sudafricanos Kgalema Motlante y Jacob Zuma que permanecieron presos en la isla por más de diez años cada uno.
  • La isla cárcel Tiburón, en Namibia, fue el epicentro del proceso de exterminio de las poblaciones nama y herero por parte del gobierno colonial alemán, a razón de un promedio de ocho muertes diarias en esta isla cárcel, más conocida como la “isla de la Muerte”.
  • La isla Martin García, en Argentina, se construyó para albergar a los presos más conflictivos de Buenos Aires. Sin embargo, terminó siendo la sede penitenciaria de prisioneros políticos, como es el caso de Juan Domingo Perón hasta su cierre definitivo en 1962.
  • La isla cárcel Gorgona, en Colombia, creada como casi todas las islas cárcel para los criminales más temibles y los presos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrarse ya que los prisioneros fueron sometidos durante 24 años a torturas y violaciones de derechos humanos más crueles como castigos severos, torturas y muerte por inanición hasta llegar a convertirse entre los penales más siniestros de la historia del mundo. La presión permanente de defensores de derechos humanos, ecologistas y científicos condujo a su cierre en 1984.
  • La isla cárcel de Coiba, en Panamá, destinada como el infierno para 3 mil criminales desde 1919, terminó siendo el lugar adonde también se enviaba a los prisioneros políticos, cerrando sus funciones en 2004 por las continuas denuncias de sus tratos crueles e inhumanos.
  • La isla cárcel más recientemente clausurada en América Latina, la isla cárcel Marías, en México, funcionó desde 1905 hasta el 2019 que fue clausurada por Andrés López Obrador debido a su historial cargado de crueldad contra reos comunes, así como prisioneros políticos.    

Si la mayoría de islas cárcel nunca han funcionado, y muy particularmente en América Latina ya han sido canceladas debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los presidiarios y de manera especial de los presos inocentes encarcelados por diferencias políticas con los regímenes de turno, ¿cómo es que la ministra de derechos humanos de Honduras, Angélica Álvarez, puede afirmar tan categórica como ingenuamente que la ingeniería de la Isla Cárcel El Cisne garantiza ser una cárcel amigable con el ambiente y libre de violaciones a los derechos humanos?

Si la historia demuestra que las islas cárcel terminan en horrendas violaciones a la vida, al resto de derechos humanos y al ambiente, ¿de qué se vale la ministra para asegurar que en la isla cárcel El Cisne va a suceder lo contrario, cuando que estará en manos de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional muy penetradas por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y los grupos de poder?

Nos asiste el derecho a ser escuchados y a participar en el estudio de impacto ambiental

Al Procurador General y a quienes piensan como él, el Movimiento Amplio denuncia la ilegalidad de la Licencia Ambiental presentada por el ministro del Ambiente porque el ministerio del Ambiente no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque el ministro del Ambiente no convocó a un SINEIA tal como manda la ley y porque ignoró deliberadamente la participación ciudadana contemplada en la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la LGA y el Reglamento del SINEIA. La substancia del SINEIA es justamente la garantía del derecho ciudadano a la participación en asuntos medioambientales.

“Presidenta Xiomara Castro: con participación de 40 profesionales certificados, aprobamos Licencia Ambiental «Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne», apuntó Lucky Medina en las redes sociales. Si en verdad estos 40 profesionales certificados de que habla el ministro del Ambiente poseen estatura ética, ellos mismos sabrán que lo que ha hecho será a título propio, pero no pueden apropiarse de la palabra y la voluntad de la población hondureña. Podrán constituirse legalmente en consejo científico asesor pero nunca ser exclusivos en un SINEIA. Además, el equipo que conforma el SINEIA no lo nombra la empresa o parte que solicita el licenciamiento ambiental. Definitivamente Lucky Medina actúa como asaltante de la voluntad de la nación hondureña.  Presenten los 40 nombres de estos profesionales para asegurar su existencia y aceptación técnica.

Ante tan despótica acción, el Movimiento Amplio demanda una evaluación de impacto ambiental democrática, participativa, inclusiva, con carácter sobradamente social y técnico; que cuente con la participación del pueblo misquito involucrado en la historia del archipiélago Islas del Cisne, la participación de los entes profesionales vinculados a la ecología como ser el Colegio de Biólogos de Honduras, Colegio de Profesionales Forestales, facultades de biología, recursos naturales y afines de la UNAH, UNAG y UNACIFOR, y la participación de organizaciones de derechos humanos entre las que nos contamos y exigimos involucramiento.

De igual manera, el Movimiento Amplio solicita urgentemente a la OACNUDH una manifestación en la que exprese la valoración particular sobre las consecuencias inmediatas posibles tras la construcción de la isla cárcel El Cisne en perspectiva de la vigencia de los derechos humanos.

Finalmente les indicamos a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos salidos de las filas de las organizaciones sociales, a que defiendan desde el gobierno que las decisiones se tomen sobre bases técnicas, no se sumen ciegamente a la línea política institucional, que, como lo hemos indicado en otro momento, no permite el disenso con la elite política de LIBRE. Les exigimos que no sigan más preocupados  por no crear fisuras en el gobierno, cuidar su “chamba” y no afectar la próxima contienda electoral de la candidata oficialista.

A la presidenta, Xiomara Castro, le pedimos, que si no es una instrucción de su gobierno,  que ponga freno a las desmedidas actuaciones de extremo autoritarismo con el que actúan sus funcionarios faltando al respeto, la dignidad y el derecho a la participación que el Estado de derecho confiere a cada ciudadana y ciudadano.

San Pedro Sula, Honduras. julio de 2024

Causa Enfermeras del Bajo Aguán: “Por el respeto al derecho al trabajo, la educación y al patrimonio”Causa Enfermeras del Bajo Aguán:

Con el propósito de tutelar su derecho a la educación, al trabajo y al patrimonio invertido en su formación como auxiliares de enfermería, el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) aceptó la representación de un grupo de más de 40 estudiantes de esta rama de la salud quienes desde febrero del año 2023 culminaron con éxito su proceso formativo, teórico y práctico, en el Centro Formador de Enfermería del Bajo Aguán (CAEBA), sin que este les entregue su certificado final.

“El incumplimiento de la entrega final del certificado de sus estudios está impidiendo formalmente que estas nuevas auxiliares de enfermería puedan acreditar su competencia técnica y cumplir con los requisitos necesarios para su ejercicio laboral a fin de contribuir de manera significativa al sistema de salud de Honduras y esta es una flagrante violación a sus derechos” explicó Lisbeth Rodríguez parte del equipo legal del BED.

A lo largo del último año, las y los estudiantes auxiliares de enfermería han comparecido en reiteradas ocasiones ante el CAEBA, solicitando la expedición de sus certificados de estudios. No obstante, a pesar de sus esfuerzos y la clara urgencia de la situación, no han recibido una respuesta favorable a sus peticiones. Este retardo injustificado no sólo afecta sus perspectivas laborales, sino también su bienestar personal y profesional, ya que sin la acreditación formal, no pueden acceder a oportunidades laborales adecuadas para la cual se formaron y en la que invirtieron tiempo y recursos económicos significativos.

Esta causa, además de reivindicar los derechos de las personas que representamos, plantea un problema alarmante, ya que existen muchos estudiantes de enfermería, en distintas partes del país, que han sido defraudados por centros formadores que no están legalmente autorizados para operar y que no siguen los procedimientos establecidos por la Secretaría de Salud (SESAL). Esta falta de regulación adecuada por parte del ente rector ha permitido que se perpetúen estas irregularidades, perjudicando gravemente a numerosos estudiantes y trabajadoras del área de la salud.

Conscientes de la gravedad de esta situación, el bufete dignidad ha decidido asumir esta causa esperando que la nueva administración de la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano de la SESAL, responsable de todos los procesos en los Centros de Formación del país y sobre los cuales debe velar su administración y funcionamiento, tome medidas decisivas e inmediatas para regular el correcto funcionamiento de estos centros formadores.

En el caso del CAEBA, estamos gestionando y demandando para que la SESAL proceda a asegurar la entrega inmediata de los certificados de enfermería a cada persona que representamos.

Encuentro regional del movimiento popular hondureño y el pueblo Lenca

21 organizaciones, representadas por más de 150 liderazgos de la región centro-occidental de Honduras, (La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, La Esperanza) y representaciones importantes de los departamentos de Colon, Atlántida y Cortes, aglutinadas en el Movimiento Popular y Social hondureño (MPSH) desarrollaron el II Encuentro regional, el 22 de junio, en la sede del Consejo Lenca Indígena Renacer (CIL), Marcala, La Paz.

Desde distintas voces se remarcó que las organizaciones de la región y del país somos importantes, pero lo somos más, en la medida que asumimos la articulación en perspectiva nacional y reafirmamos el compromiso de consolidar cada organización, profundizar la articulación nacional e internacional.

Determinamos que es prioridad seguir impulsando la unidad de la región, sin mezquindad y sin privilegios. Desde la autonomía del pueblo lenca. Asumimos la defensa de nuestros territorios, los bienes comunes y la lucha por el acceso a la tierra, en especial para las mujeres, como garantía de la soberanía alimentaria y desarrollo comunitario popular.

Hoy, más que nunca, nos asiste la claridad de que no queremos ser subordinados de ningún partido, en particular de aquellos que instrumentalizan nuestros espacios, usurpan nuestro discurso, mientras sus acciones revestidas de militarismo se distancian del pueblo y del campo popular. Rechazamos el retorno de los grupos conservadores y políticos tradicionales orquestadores de la profunda crisis del país, que entregaron el territorio nacional y dieron la institucionalidad a grupos criminales para delinquir desde el estado.

Nos llamamos a continuar exigiendo respuestas concretas y contundentes ante las diferentes reivindicaciones sociales, económicas y ambientales y acordamos discutir, hasta lograr un consenso, sobre instrumento político del campo popular, que guíe el avance de las demandas, establezca con claridad el posicionamiento ante el nuevo proceso electoral y profundice la lucha para lograr los cambios estructurales que el país necesita. Desde enero de 2024, venimos avanzado en un trabajo sostenido y creciente, articulando distintos espacios para dar vida al proyecto político del campo popular con autonomía de pensamiento y acción. En este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir empujando la historia para que el movimiento popular hondureño, digno, autónomo y fuerte sea el protagonista de las transformaciones que nuestra sociedad necesita.  Anunciamos nuestro tercer encuentro en el término de dos meses para la región sur del país y urgimos a las distintas organizaciones a que nos encontremos para pensar y construir propuestas de país desde la unidad popular, estratégica y a largo plazo. 

15 años del golpe y 100 meses del crimen contra Berta Cáceres

¡Claras y caras deudas con la Justicia que reclama el pueblo!

El pasado 28 de junio de 2024, conmemoramos los 15 años del nefasto golpe de Estado militar empresarial, made in USA, contra el pueblo hondureño, hoy, 02 de julio, sumamos 100 meses de impunidad del asesinato contra la compañera Berta Cáceres.  El golpe, acontecimiento fatídico para la vida de la gente y de la nación, contribuyó sustancialmente a consolidar el narcoestado, la avanzada del voraz modelo neoliberal extractivista sobre las tierras del campesinado, los territorios de los pueblos originarios, la demolición del ya decrépito Estado social de derecho, la persecución y el asesinato nuestros liderazgos. 

Después de 15 años, la herida del golpe sigue supurando dolor, impunidad, corrupción, desplazamiento, violencia y muerte. Después de 100 meses, Berta sigue padeciendo impunidad, el Gualcarque sigue concesionado como lo está el territorio indígena y nacional y se sigue consumiendo la vida de los obreros y obreras por la avaricia empresarial. Bajo el gobierno refundacional, Honduras continúa navegando entre las incertidumbres institucionales, la continuidad de la lógica del mercado y las mafias enquistadas en el poder económico, político y militar del país. 

A 15 años, hay preguntas obligadas que debemos hacernos, ¿cómo o dónde se refleja la superación de la herencia golpista? ¿Dónde está la justicia para los asesinados y desaparecidos en el marco del golpe, de la crisis electoral 2017 y las protestas por el derecho a la salud y la educación pública en 2018? ¿Dónde está el castigo para las cúpulas militares, mandos medios y otros gatilleros del ejército que ejecutaron a nuestros hermanos.as en las movilizaciones? A tres años del ascenso al poder del partido Libertad y Refundación, hijo del Frente Nacional de Resistencia Popular ¿Por dónde avanza realmente la refundación del país? ¿Qué rol tienen las organizaciones que hicieron frente al golpe de Estado y al narcogobierno nacionalista ahora que Libre tomó control del gobierno? ¿Cuándo serán castigados los autores materiales e intelectuales del crimen de Berta Cáceres?   

El pueblo hondureño necesita renovar su indignación. Distintas organizaciones populares junto a liderazgos como el de Berta Cáceres, luchamos por instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, refundacional y plenipotenciaria para arrancar de tajo las distintas necrosis que nos consumen y renovar las esperanzas de un futuro digno y común en esta tierra a través de un nuevo pacto político de gobernanza. Pero, después de 3 años en el poder, nos llaman al conformismo bajo la excusa de que “No hay condiciones”.  ¿Entonces para qué están en el poder, si no es para crear las condiciones y las avenidas que hagan posible la ruta hacia la verdadera democracia en el país?  Aceptar que no hay condiciones es decidir, adrede, continuar por el camino del fracaso, de la ingobernabilidad, de la crisis, perpetuar el modelo y vivir en las condiciones de injusticia, inequidad e impunidad. 

En plena narcodictacura, amplios sectores sociales, populares, gremiales y civiles nos movilizamos para desmontar la corrupción e instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) para que, con amplitud de poder y legitimidad, investigue la descomunal corrupción e impunidad que opera en el país. Esta lucha del pueblo, la convirtieron en su promesa de campaña y tres años después nos dicen que no pueden hacer las reformas legales para su llegada. Entonces, ¿bajo qué pactos de impunidad opera el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público? ¿A quiénes están protegiendo a expensas del presente y el futuro de las mayorías de este golpeado país? 

En la CELAC Social, en un complejo hotelero capitalino, discursaron altos funcionarios del gobierno refundacional, al margen de una realidad inobjetable. La población cada vez es más pobre, la violencia no cesa, bajo asesinatos, secuestros masivos, desapariciones, etc. La ambición del sector energético, bancario y agroindustrial no retrocede y el rol de la institucionalidad pública no se percibe ni con fuerza ni voluntad para someterlos a la justicia. Después de tres años las comunidades en resistencia y los pueblos originarios de Honduras no tienen ni una sola cancelación de concesiones en sus territorios, los campesinos no han recibido en adjudicación y retorno, un solo metro de tierra de la reforma agraria que fueron corrupta y violentamente arrebatadas por la agroindustria. 

Estamos acudiendo a una constante erosión de la memoria de nuestro pueblo. Mientras se domestica a las organizaciones sociales y populares del país se premia los militares y brazos armados con 19 mil millones de lempiras para controlar el medio ambiente; se crean comisiones castrenses para abordar la crisis del agro, se recibe con euforia la visita del Comando Sur de EE. UU. y se les inviste de funciones que perpetúan la remilitarización del país.  Estas acciones aplastan la memoria, impiden el acceso a la justicia y ponen en peligro los derechos de nuestra población. Históricamente, los fusiles del ejército hondureño han apuntado hacia el pueblo, el fortalecimiento del poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como estandarte para abordar la crisis de seguridad, la crisis agraria y la crisis ambiental, es un error que no podemos ni debemos callar jamás. La militarización profundiza y consolida la relación entre los sectores criminales y el aparato armado en el país, y pone en precario la defensa de los derechos humanos de la población. 

Tres años después tenemos la certeza de que las estructuras del narcoestado siguen intactas y perviven simbióticamente con el gobierno refundacional, leyes, decretos, instituciones, personas, ongs, iglesias, empresas, alianzas y figuras como el Consejo de defensa y Seguridad, creadas por el Cartel Hernández Alvarado para sostener la criminalidad. 

Como organización responsable no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances importantes, como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs”, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, los subsidios a las tarifas de energía, la apertura al diálogo por algunos de sus ministros y el compromiso funcionarios que siguen creyendo firmemente en la posibilidad de recuperar este país. Pero estos esfuerzos aún son cortos comparados con los apoteósicos desafíos que enfrenta la nación. 

El nuestro es un llamado a la coherencia de la dirigencia de este país, a la rebeldía y la autoconciencia de los actores y actoras sociales y populares. Es un llamado a renovar la indignación, porque no es posible que mientras su discurso entona las más populares y revolucionarias consignas, sus acciones repiten el modelo político, económico y cultural capitalista. 

Nuestra posición nace de la memoria de nuestro pueblo, del legado de Berta Cáceres y de miles de compañeros y compañeras que entregaron su vida para revertir el golpismo y el narco estado. No se puede refundar, conviviendo, pactando y negociando con el enemigo. La solución a nuestras crisis no puede venir de quienes nos hundieron, no puede sanar la herida del golpe sin romper con las lógicas golpistas, narcodictariales, imperialistas y neocolonialistas. 

Compañeros y compañeras, no es posible conformarnos con parches o remiendos a esta mal llamada democracia. Honduras está obligada a emprender el camino de la transformación verdadera, no es posible que el pueblo tenga como únicas opciones huir del país o quedarse a sobrevivir en el mar de incertidumbre. 

Nuestra propuesta es que desandemos el camino golpista, volvamos a la memoria, hagamos justicia, reconstruyamos el camino para un nuevo pacto político, un nuevo orden jurídico que como Berta lo decía “solo puede venir de una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación ciudadana”

Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transitando la ruta hacia la consolidación del movimiento popular y social hondureño y su proyecto político autónomo. Avanzar con coherencia bajo el legado de Berta Cáceres y exigiendo justicia, respaldando todas las causas justas por la Dignidad de cualquier territorio, comunidad u organización en el país, y sosteniendo el llamado para comunidades en resistencia, colectivos, organizaciones, movimientos para que nos conjuntemos y construyamos el país, digno y justo que nos merecemos. 

LA REFUNDACIÓN ES AHORA O NUNCA

BERTA VIVE Y LA LUCHA SIGUE DESDE LA DIGNIDAD Y CON EL PUEBLO SIEMPRE

Juan Orlando Hernández es culpable y está condenado, pero… ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que deja este caso para Honduras?

Juan Orlando Hernández, el narcotraficante respaldado por los Estados Unidos, gobernó Honduras desde el 2014 al 2021 y convirtió el país en un narcoestado, por lo cual ahora ha sido sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. 

Se puede pensar que con esa condena no se genera ningún escarmiento a la sociedad, ya que cualquier joven aventurero, necesitado de algo de dinero, seguro que le es tentadora la idea de ser narco, aun con el riesgo de ser condenado, con tal de volverse multimillonario unas décadas después. Porque tras el cumplimiento de tales penas tiene garantizado salir libre y con suficiente vida y dinero, contando con una tercera edad que le permite disfrutar de lo añorado. Con penas así, Estados Unidos se asegura que Honduras continuará atada a la narcodelincuencia y nos tendrá eternamente en sus manos. Y es que de alguna manera se repite la traición de Heide Fulton al legitimar el golpe de Estado de 2017 y ahora Castell haciendo del narcotráfico una actividad peligrosa y al mismo tiempo atrayente en el contexto de un pueblo que se disputa el primer lugar en pobreza y miseria a nivel continental.

 En su pasado mes de marzo, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad expresamos diariamente nuestros puntos de vista mientras avanzaba el juicio contra JOH y nos cansamos de preguntarnos ¿Qué pasará con Honduras después del juicio y la condena? ¿Qué papel debe asumir la actual administración del país? ¿qué acciones debe asumir inmediatamente el movimiento social popular para hacer prevalecer la dignidad y derechos del pueblo?

Ahora, a dos meses después del juicio y frente a la sentencia dictada, demandamos del Estado de Honduras, desde los tres poderes constitucionales, acciones contundentes y cambios reales que permitan recuperar plenamente el carácter soberano de la nación hondureña, lo cual debe pasar obviamente porque  se juzgue a cada uno de los funcionarios de la banda de JOH que se constituyeron en narcogobierno y se castigue a las diferentes estructuras criminales que fomentaron el odio y el desprecio por la vida en todo el territorio nacional.

Es lamentable que los medios de comunicación social reaccionan a esta condena desde una perspectiva meramente sensacionalista, enfatizando más el posible regreso de JOH tras la apelación anunciada inmediatamente después de la sentencia; dejando de lado lo que de verdad importa, como ser el significado que tiene para Honduras y su población esta condena. Y pese a que no era la condena que muchos esperaban, se juzgó al cabecilla de esa estructura criminal que ha hundido el país y faltan muchos más. Sin embargo, los medios de comunicación siguen fabricando cortinas de distracción con noticias irrelevantes, llevando a la población a la ignorancia y desinformación. A estos periodistas y medios de prensa les hacemos un llamado a ejercer con dignidad su profesión, a que sean fuente de información para que se pueda hacer justicia para Honduras y a la vez sacarla de donde la dejó JOH y su banda.

En ese sentido declaramos que a pesar de que la condena no nos deja satisfechos en nuestro afán de lograr mínima justicia, lo menos que debe suceder en Honduras es lo siguiente:

  1. Desmontar y enjuiciar la estructura criminal -incrustada en todos los poderes del Estado- que respaldó y se benefició del accionar criminal del clan Hernández Alvarado y, por otro lado, que el gobierno de la refundación se comprometa con no continuar premiando con dádivas y nuevas funciones a los adláteres del narcodictador, como vergonzosamente está ocurriendo. ¿Tenemos un actual gobierno distinto radicalmente del narcogobierno de JOH o la estructura narco criminal de JOH va a continuar intacta en el actual gobierno?
  2. Perseguir penalmente, por los delitos que por acción u omisión cometieron militares, policías, ministros, diputados, magistrados y todos los funcionarios a diferentes niveles que tuvieron el deber legal y constitucional de detener el avance criminal de la estructura de los Hernández Alvarado.
  3. Cancelar aquellas organizaciones, como Iglesias y ONG´s que funcionaron como fachada para asaltar el Estado de Honduras y maquillar la narcodictadura; y, al mismo tiempo, inhabilitar la estructura legal político partidaria que facilitó la llegada al poder a JOH para que operara y saqueara el Estado.  La pervivencia de estas instituciones amenaza con el retorno a un nuevo narcoestado como posibilidad bastante grande y peligrosa.
  4. Erradicar toda la estructura de corrupción e impunidad (leyes, instituciones, figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad creado en 2011 cuando JOH fungió como Presidente del Congreso Nacional) que se construyó durante los 12 años de narcodictadura y profundizó una lógica de corrupción que saqueó las arcas del Estado, entregó concesiones a diestra y siniestra de nuestros territorios y bienes comunes, colaboró para que nuestro país se convirtiera en narcogobierno y asesinó a nuestros compañeros y compañeras durante las luchas contra los fraudes electorales de 2013-2014 y 2017-2018.
  5. Incautar y asegurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos producto de las acciones criminales del clan Hernández Alvarado y sus allegados, incluyendo funcionarios, familiares y amigos.
  6. Iniciar cuanto antes en Honduras y contra JOH, la persecución penal por los delitos que haya cometido como ciudadano y como funcionario público.
  7. Reclamar oficial y formalmente a la embajada de los Estados Unidos de América su culpabilidad ante el reconocimiento y sostenimiento del falso triunfo de JOH en los procesos electorales de 2013 y 2017, y se le exija una disculpa ante la población hondureña y el mundo.
  8. Dar trámite a nuestras peticiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que fomentan los delitos de corrupción en el país, que fuera aprobado en el gobierno del narcotraficante JOH.
  9. Llamamos a las organizaciones de lucha social, a nuestros territorios y comunidades a continuar en el proceso de resistencia, articulación y construcción de cambios estructurales para impulsar una nación en dignidad y justicia.

Finalmente, como organizaciones que durante muchos años hemos denunciado los abusos y violaciones que Juan Orlando y su clan realizaron en contra de la soberanía del país; hoy, a la luz de la condena del narcodictador, exigimos al actual gobierno que si en verdad quiere refundar el país, pase del discurso a la acción, iniciando por hacer posibles los cambios que la institucionalidad hondureña necesita para acabar con años de corrupción y terminar de una vez con lo que JOH y su hermano crearon, un narcoestado. 

POR UNA HONDURAS VERDE, SOSTENIBLE, JUSTA Y DIGNA

Luego de que el 23 de mayo del 2024 la presidenta Xiomara Castro a través de un discurso, junto al Consejo Nacional de Defensa y Soberanía anunciaran el nuevo plan de “Cero Deforestación al 2029”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos cuestionamos si este nuevo proyecto en verdad favorecerá a la situación ambiental del país. Teniendo en cuenta el deplorable estado de los bosques nacionales y la permanente denuncia de las organizaciones, pueblos indígenas, garífunas y territorios campesinos sin lograr hasta el presente acciones urgentes y contundentes de parte del Estado.

Ahora se ha declarado en emergencia ambiental por la situación alarmante de la deforestación y su impacto sobre las cuencas productoras de agua. Esto a causa de los proyectos de generación de energía que quieren instalarse en territorios sin consultar a las comunidades, ejemplo de ello son, el sector Pajuiles con el proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP que contaminó el río Mezapa, produciendo afectaciones en la salud de las personas y pretendía dejar sin agua a las comunidades del sector. Así mismo, en Jilamito, la empresa INGELSA y su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, hasta ahora el único no explotado por la empresa privada gracias a la organización de la comunidades, este proyecto además de contaminar las fuentes de agua y dejar sin el derecho al agua a las comunidades, generó una ola de violencia en el territorio y provocó una ruptura en el tejido social.

Es por esto que nos cuestionamos si esta iniciativa va en línea de detener la deforestación y proteger lo que nos queda de boques y las fuentes de agua; es posible que esta sea una medida correcta para combatir la emergencia ambiental, pero solo si sus proyecciones se acompañan de procedimientos técnicos y políticos adecuados, y se abre a la participación activa y proactiva de la ciudadanía. De lo contrario se quedará como en muchas ocasiones, en discurso y en un show mediático.

Contrariamente a lo que se señala en el documento “Cero Deforestación al 2029”, son los grandes empresarios madereros que deforestan, no las familias “campesinas marginales” que expanden la frontera agrícola, tal como lo afirma Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esas familias campesinas no son responsables ni siquiera de la décima parte de la deforestación nacional. ¿Por qué esconder ante la población el verdadero rostro y nombre de quienes nos dejan sin bosques? ¿Por qué esconder a los responsables de los incendios forestales como los de La Tigra y El Merendón o los que talan un cerro completo para sus proyectos habitacionales? El gobierno no podrá ocultar los grandes depredadores de los bosques y las cuencas de agua porque desde nuestros pueblos nos enfrentamos a ellos casi a diario, aun a costa de ser criminalizados por defender la vida.

Y, por otro lado, el problema de las familias campesinas marginales se solucionaría en cuanto el gobierno recupere los cientos de miles de hectáreas de tierras (ya destinadas constitucionalmente para fines de reforma agraria) y emprenda inmediatamente una política agraria que beneficie a los cientos de miles de familias campesinas sin tierras. ¿Quién detendrá los verdaderos asesinos de los bosques de Honduras si el gobierno de Xiomara Castro ni siquiera se atreve a nombrarlos?

Cabe mencionar que bajo la tutela del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha estructurado una red de representantes de instituciones de gobierno que, por supuesto, deben dar cuenta a los generales, y dispondrán de 19 mil millones de lempiras para hacer reverdecer los bosques de Honduras de ahora al 2029. Nos parece mucho más importante que no sean los militares, sino las mismas comunidades rurales insertas en geografías boscosas quienes sean determinantes y protagónicas en la recuperación de los bosques y cuencas; ya que, al acabarse los fondos dispuestos, los militares volverán a sus barracas, pero las comunidades continuarán aplicando todo lo aprendido en manejo y conservación de bosques aún más allá del 2029. No deja de ser lamentable que el brazo de lucha y construcción de la refundación nacional haya dejado de ser el pueblo y sus organizaciones sociales populares, y en su lugar haya sido entregado por el gobierno actual a los militares.

En el marco del desarrollo del programa de “Cero Deforestación al 2029”, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia designarán 3 fiscales y 3 jueces con carácter de jurisdicción nacional para atender las situaciones que ameriten un tratamiento legal. Consideramos esta medida como buena pero insuficiente. El pueblo hondureño no se merece crear pequeños islotes de justicia, sino que estas instituciones se renueven a nivel nacional para acabar con la impunidad ambiental de los entes devastadores de los bosques, pero también de todos aquellos que violentan los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana vinculados a los bosques y, sobre todo, que asuman el honor de hacer justicia a todos los pueblos originarios de Honduras y no solamente a los que se mencionan en el documento “Cero Deforestación al 2029”. Los pueblos originarios son los que más tiempo llevan gritando el despojo de sus tierras y la consecuente devastación ambiental provocada por empresarios madereros, terratenientes, mineros y más recientemente los empresarios vinculados a la captura de carbono utilizando los bosques de los pueblos indígenas y garífunas.

En este contexto, nos cuestionamos, que cambiará con esta iniciativa ya que durante años se ha denunciado la deforestación ejecutada por particulares, madereros, empresas en complicidad con los funcionarios de gobierno e instituciones como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e Instituto de Conservación Forestal (ICF) y su papel omisivo ante el saqueo y la quema del bosque. Por otra parte, los fiscales no investigan, no acusan y el poder judicial no condena. ¿Por qué debería cambiar ahora, con relación a estas fiscalías y juzgados especializados? ¿Por qué deberíamos confiar en que estas fiscalías no seguirán permitiendo la destrucción de los bosques y las cuencas de agua? Ya que han sido estos fiscales los que han permitido la criminalizaron de nuestros compañeros y compañeras por defender el bosque en Locomapa.

Al ICF se le instruye para que (contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) anule jurídicamente cualquier autorización para devastar las zonas Núcleo de las áreas protegidas. Esto que se faculta hacer al ICF en conjunto con las fuerzas del orden en las áreas protegidas (ley secundaria) debe atenderse, con mucha más obligatoriedad, en los territorios de los pueblos originarios amparados en el convenio 169 de la OIT, convertido en ley primaria desde el momento de su ratificación en 1994. Las 75 áreas protegidas a nivel nacional son solo una muestra de la riqueza natural de Honduras que ciertamente deberán perpetuarse como lugares santuario. Sin embargo, es urgente sanear los territorios de los pueblos originarios, acabando con el saqueo mediante deforestación, destrucción de ríos, demolición de montañas, etc. para recuperar la salud geoambiental de las regiones donde están insertos.

Al MADJ, BED y FUNDAMBIENTE nos parece insensato que la Comisión de “Cero Deforestación al 2029” esté integrada únicamente por personal de las secretarías de Estado, autocomprendiéndose de forma autoritariamente omnisciente, donde la toma de decisiones es un asunto exclusivo de funcionarios de Estado. Es por esto por lo que pedimos la mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a cada una de las instituciones. La sociedad debe seguir de cerca el manejo y ejecución de los fondos para evitar el desvío o mal uso de estos. Por otro lado, sería idóneo que se presente un plan de distribución de los fondos para que no se conviertan en otro apetito de funcionarios del gobierno, ni que el dinero sirva como moneda de cambio para pagar favores políticos a grupos empresariales que puedan beneficiarse con contratos en el marco de estos fondos.

Es necesario que a esta Comisión se sumen representantes cualificados de las principales universidades y centros de investigación nacionales. Igualmente es importante sumar a representantes de organizaciones sociales y movimientos populares que de antemano han construido aprendizajes significativos (teóricos y prácticos) en asuntos de defensa de la soberanía ambiental de los pueblos y diseño de tecnologías populares de preservación, conservación, y desarrollo sostenible en territorios de vocación forestal integrando acciones sociales y técnicas de carácter agrosilvopastoril eficaces, sostenibles y con alto grado de justicia social.

Respecto del mandato otorgado al Poder Legislativo, de reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales, consideramos importante endurecer algunas penas y reconocer nuevos delitos ambientales. Pero de nada servirán tales reformas si antes no hay compromiso por hacer justicia ambiental a quienes delinquen impunemente y en mayor calado, como lo hace el sector empresarial de Honduras.

Valoramos la iniciativa de combatir la emergencia ambiental del país, pero nos resulta insuficiente que el documento contemple la asignación aislada de algunos incentivos para las personas que voluntariamente colaboren con el programa de la “Cero Deforestación al 2029”. Nos preocupa el nacimiento de estas iniciativas con enfoque militarista y que suceda como con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, que se esperaba ayudará a solucionar el conflicto agrario pero lo único que ha hecho es ponerse de lados de los empresarios y desalojar a cientos de familias campesinas. Nos preocupa que esta línea militarista sea una política de gobierno, un gobierno que criticó tanto el modelo de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ahora se puede decir que no hay muchas diferencias entre uno y otro, nos cambiaron las bombas lacrimógenas por tanquetas con chorros de agua para reprimirnos.

Finalmente, el MADJ, BED y FUNDAMBIENTE llamamos a los pueblos originarios, organizaciones populares y pueblos en general a sumarse a la lucha por combatir la emergencia ambiental del país. Se impone hacerlo no como peones, sino como agentes, autores y actores dueños plenos de nuestra propia historia. Frente a los empresarios extractivistas que no denuncia el gobierno de Xiomara Castro en el documento “Cero Deforestación al 2029”, vamos a ejercer soberanía ambiental en todos nuestros territorios. Nadie puede despojarnos y marginarnos de nuestra ciudadanía ambiental. Pero esto implica organizarnos para preservar y conservar nuestros bienes naturales, al mismo tiempo que delatar y someter a la justicia a quienes depredan los entornos ambientales de las comunidades y pueblos, que saquean nuestros bosques y destruyen nuestras cuencas proveedoras del agua que necesitamos y se roban los bienes naturales que pertenecen a todos y todas.

Cuando se lucha con dignidad la victoria está asegurada. No importa cuánto nos cueste. La dignidad y la justicia siempre se imponen.