Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

Saludamos el Día Internacional de la mujer indígena honrando la memoria de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute

Hoy, cinco de septiembre, el Movimiento Amplio, Bufete Estudios para la Dignidad, FUNDAMBIENTE y el Consejo Preventivo Tolupán celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena rememorando el martirio de nuestra compañera Enriqueta Matute, asesinada hace ocho años por oponerse al saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa. Desde la lucha y valentía mantenidas hasta el final de su vida visibilizamos los retos que las mujeres indígenas enfrentan en todos los pueblos indígenas de Honduras y valoramos el rol clave que desempeñan como portadoras y emisoras de saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos; a la vez que constructoras y defensoras de una nueva sociedad más digna y justa para todos los pueblos  indígenas como para toda nuestra Honduras.

A pesar de afrontar grandes amenazas y ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural aun al interior de sus propios pueblos, las mujeres indígenas tolupanas de diferentes tribus se han sumado proactivamente al Movimiento Amplio para actuar denodadamente en la defensa de sus territorios, bienes naturales y comunidades. Son ellas quienes enlazando y uniendo la comunidad custodian y protegen cuanto les pertenece. La solidaridad, la subsidiariedad y la capacidad creativa de resiliencia son las claves desde las cuales las mujeres indígenas tolupanas impregnan de dignidad y justicia todas sus comunidades, volviéndose imprescindibles en la producción y reproducción de valiosos saberes y acciones necesarias para afrontar las consecuencias negativas que los actuales modelos económicos dejan en sus territorios.

El liderazgo activo de la mujer  tolupana puesto al servicio de toda la comunidad constituye una enorme ventaja en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos en general. Y es que la lucha de la mujer tolupana es la lucha por su propia dignidad a la vez que es la lucha por la tierra, por el agua, por la vida, que en definitiva nos favorece a todas y todos en nuestra Honduras necesitada de nuevos valores y nuevos estilos de liderazgos,

Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que encabezó en el Alto Perú la rebelión contra los españoles, quienes la asesinaron en 1782. Es así como nos sumamos a esta celebración rindiendo homenaje a Enriqueta Matute, mujer que encabezó la lucha contra los saqueadores de las minas y los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa, siendo asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a dos compañeros tolupanes. Al mismo tiempo, el Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para  solidarizarnos una vez más con las compañeras tolupanas de Locomapa, María Ángela  Murillo, Wendy Pineda y Allison Pineda, criminalizadas por el Estado y sectores corruptos de Yoro y aun de las mismas estructuras ilegales que en nombre del pueblo Tolupán se benefician del saqueo de los bienes naturales que pertenecen a todo el pueblo Tolupán.  Y condenamos enérgicamente el atentado contra la compañera tolupana Norma Ávila, sobreviviente de un intento de asesinato ocurrido el pasado mes de mayo por pistoleros y turbas dirigidas por miembros del Consejo Directivo corrupto y trabajadores de la empresa INMARE

Desde el martirio de nuestra compañera Enriqueta extendemos nuestra solidaridad siempre fraterna a Berta Cáceres y muchas otras mujeres indígenas a quienes también les han sido arrebatadas sus vidas en nombre de un neoliberalismo y un patriarcado tan despóticos como criminales y cobardes cuando se enfrentan al poderío de las mujeres indígenas de nuestros pueblos.

¡ENRIQUETA VIVE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

San Pedro Sula, 5 de diciembre de 2021.     

No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

Tripartidismo hondureño figura en Lista Engel divulgada por Estados Unidos

El Departamento de Estados de los Estados Unidos reveló este 1 de julio de la “Lista Engel” que es el documento donde se identifica a las personas vinculadas a actos de corrupción en los países del denominado Triángulo Norte, el nombre oficial de este documento es: La lista de Actores Corruptos y antidemocráticos.

Para ser incluidos o aparecer en la “Lista Engel”, los funcionarios deben cumplir al menos uno de los cuatro criterios que a continuación se enumeran: Haber estado vinculado a corrupción relacionada a contratos con el gobierno, soborno y extorsión, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales y facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero y actos de violencia.

En la lista publicada figuran reconocidos políticos y empresarios de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en el caso de Honduras, la mayoría de ellos y ellas ligados actualmente a las estructuras de poder del Estado, un ex presidente de la República, una ex primera Dama, 13 congresistas de tres diferentes partidos políticos, funcionarios de INVEST-H y cinco ex diputados.

Entre los nombres que más destacan por Honduras en este listado están reconocidos integrantes de los Partidos Nacional, LIBRE y Liberal, una de ellas es: Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional y una de las mujeres que impulsa proyectos hidroeléctricos en el país, figura en la lista por haber sido investigada en el caso de corrupción, Arca Abierta que desarrolló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH.

También figura el nombre del actual diputado por el departamento de Colón, Óscar Nájera a quien se le vincula con acciones relacionadas con actores del narcotráfico. Nájera ya fue sancionado e incluido por otros países en una lista similar por las mismas acusaciones, recientemente el congresista hondureño dio a conocer su postura a favor de la venta de la soberanía de nuestro país.

Otros de los diputados mencionados en la lista están vinculados a actos de corrupción ventilados en los tribunales hondureños son.

Gustavo Alberto Pérez

Actual diputado al Congreso, se ha involucrado en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Marco Antonio Bográn Corrales

Exdirector de INVEST-H, dedicado a corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante el COVID-19 pandemia.

Rosa Elena Bonilla de Lobo

Ex primera dama, involucrada en corrupción significativa mediante fraude y malversación de fondos públicos.

Augusto Domingo Cruz Asensio

Ex congresista, comprometido en corrupción significativa por malversación de fondos del público Generación programa de empleo a cuentas personales.

José Celín Discua Elvir

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Rodolfo Irías Navas

Actual diputado al Congreso, participó en importante corrupción cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.

Eleazar Alexander Juárez Sarabia

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen del Valle a sus cuentas personales.

José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa

Ex presidente de Honduras, comprometido en corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.

Miguel Edgardo Martínez Pineda

Actual representante del Congreso comprometido en corrupción significativa. Fue acusado de corrupción de Pandora MACCIH, caso en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos del Secretaría de Agricultura a campañas políticas en beneficio personal.

Sara Ismela Medina Galo

Diputada al Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de Secretaria del Congreso.

Héctor Enrique Padilla Hernández

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de los fondos públicos Proyecto urbanístico, Limpieza de Solares y Calles en su departamento de origen de Choluteca a sus cuentas personales.

Milton Jesús Puerto Oseguera

Actual diputado al Congreso, comprometido en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Audelia Rodríguez Rodrigo

Actual congresista, realizó importante corrupción mediante la malversación de fondos de la Limpieza de Proyecto de desarrollo de Solares y Calles a sus cuentas personales.

Dennys Antonio Sánchez Fernández

Actual congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen de Santa Bárbara a sus cuentas personales.

Elvin Ernesto Santo Ordóñez

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Juan Carlos Valenzuela Molina

Actual diputado al Congreso. Él era acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.

Elden Vásquez

Actual representante del Congreso, participó en importante corrupción a través de la apropiación indebida de $ 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado en el Caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.

Welsy Milena Vásquez López

Actual representante del Congreso, participa en corrupción significativa, incluida la malversación y la apropiación indebida de público fondos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de $ 800,000 de varios gobiernos agencias.

Román Villeda Aguilar

Diputado, obstaculizó las investigaciones sobre corrupción, que resultó en la desestimación de un caso de malversación contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero a una falsificación ONG.

En la mayoría de casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios, la justicia hondureña ha otorgado sobreseimientos, ya sean provisionales o definitivos, en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo se ordenó que se repitiera el juicio pues había sido condenada a 58 años de prisión.

Entre las sanciones a las que se exponen quienes sean incluidos en la lista Engel están: No poder obtener visa para ingresar a los Estados Unidos, revocación de la vigencia de la visa, estas sanciones tendrán una duración de tres años.

Las ZEDES atentan contra la soberanía y biodiversidad ambiental y cultural del departamento de Atlántida

Ante el anunciado despojo de los territorios del departamento de Atlántida, el Movimiento Amplio se posiciona en los siguientes términos:

La narcodictadura dirigida por Juan Orlando Hernández ha instituido las “zonas de empleo y desarrollo” más conocidas como ZEDEs entre las que se incluye el departamento de Atlántida. Aprobadas desde el 2013 inicialmente como “ciudades modelo”, fueron decretadas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de ese período en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones del movimiento social popular y político de la nación. Ante este fallo, de manera virulenta se provocó la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del régimen del que ya era parte Juan Orlando Hernández. Y el único magistrado que estuvo a favor de las tales ciudades modelo, Oscar Fernando Chinchilla, fue premiado nombrándosele ilegalmente como fiscal general de la república, reelegido nuevamente de manera ilegal en el mismo cargo, que ostenta hasta este momento. Es así como las ZEDEs intentan avanzar en el departamento de Atlántida como un cáncer que carcome, contamina y destruye todo a su paso al carecer de asideros legales que limiten la expansión de las mismas.

Atlántida, el departamento más rico en biodiversidad agrícola y silvestre continua condenado a su devastación ambiental como nunca antes. No se respetan áreas protegidas, zonas de reserva de las comunidades, humedales, zonas productoras de agua, campos de cultivos, etc. Con las ZEDEs, se abren las puertas para entregar todo el departamento sin derecho alguno por parte de la población para garantizar su existencia con dignidad y justicia.

Las ZEDEs implican en primer lugar, el despojo de nuestros territorios y demás bienes comunes. En segundo lugar, la humillación hasta la desaparición de los pueblos originarios que hacen del departamento de Atlántida un verdadero crisol de culturas del pueblo hondureño. Las tradiciones de origen Lenca que han pervivido en nuestras comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente. Las comunidades del pueblo Garífuna y sus particulares cosmovisiones. La cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras que han reproducido su cultura con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Todo está condenado a desaparecer, paradójicamente, justo cuando otras culturas y pueblos en otras latitudes de la tierra se aferran a sus tradiciones para subsistir y recrear sus vidas en el contexto de la globalización que nos convoca a todos y todas.

Atlántida no cede a las ZEDEs.

Si los grupos políticos y empresariales se comportan como estamentos de indignidad vendiendo el territorio al mejor postor, Atlántida tiene la obligación de juzgarlos y condenarlos. Estamos llamados a apoyar nuevos liderazgos no contaminados por las mafias que han asaltado los partidos políticos y demás organizaciones alineadas con propósitos similares.

Si las Fuerzas Armadas y policiales se sienten incapaces de detener la clase corrupta y narcotraficante que vende nuestro departamento, la juventud y las generaciones actuales estamos llamados a ser fieles a aquellos que han luchado por nuestra soberanía; desde Morazán y Cabañas hasta el mártir Ramón Fiallos y muchos otros luchadores y luchadoras que han abonado con su sangre la dignificación de nuestro departamento.

Que este cabildo no se quede en una protesta más que choca contra la sordera de quienes nos desgobiernan y sirva para fortalecer el frente común contra las ZEDEs y, más todavía, llamar a la unidad de las organizaciones populares para construir la Honduras que todos y todas anhelamos.

DE LA RESISTENCIA A LA SOBERANÍA CON DIGNIDAD

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

La Ceiba. 18 de junio de 2021

Preocupación en la ONU por los riesgos que podrían generar las ZEDE en Honduras

A través de un comunicado el Sistema de Naciones Unidas dio a conocer su preocupación por los riesgos que generarán las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y que ha tenido el rechazo generalizado de la población y de diferentes sectores del país.

Tegucigalpa, 8 de junio de 2021. El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación respecto al marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.

Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal.

En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE[1]. Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales. 

En este sentido, es de especial preocupación, por ejemplo, la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación. 

Entre otras, las comunidades afectadas por la ZEDE Próspera han denunciado la falta de participación y consulta, así como la falta de acceso a la información sobre el proyecto, generando incertidumbre entre las personas de la zona y afectando en mayor medida a las comunidades afrodescendientes, quienes se encuentran entre los colectivos históricamente más desfavorecidos del país. 

El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.

¡SI SE PUDO! Banca estadounidense renuncia a Financiar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) anunció la cancelación de su financiamiento, por US$ 35.7 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y cuya concesión es manejada por la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), propiedad Emin Abufele y HERMACASA, de esta última es accionista la empresa estadounidense Simonds Internacional Corporatión.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado sobre el rio Jilamito, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida; territorio en el que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) tiene más de una década de lucha sostenida contra la corrupción y violaciones de derechos que implican concesiones como la otorgada a INGELSA. La concesión de dicho proyecto se concretó en 2010 y teóricamente produciría 14 MW de energía, a un costo de US$ 75,5 millones y cuyos financistas serían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Invest, DFC y un porcentaje por los socios de INGELSA.

¿Por qué renuncia el DFC?

En el anuncio de su decisión, la DFC no brindó causales específicas, simplemente se limitó a señalar que “la decisión se tomó después de un período prolongado de debida diligencia”.

No obstante, para el MADJ la decisión de esta instancia financiera está motivada en la férrea oposición de la población de la zona que ha denunciado el enorme daño que este proyecto ha provocado en la Reserva de Texiguat y el impacto negativo, por el no acceso al agua de al menos 16 comunidades, que albergan a alrededor de 25 mil personas.

Desde hace más de 4 años, la población de Arizona y organizada en el MADJ profundizó su lucha pacífica por la defensa del río Jilamito, instalando de manera ininterrumpida, el Campamento Digno por el Agua y por la Vida desde donde: 

  • Se profundiza el proceso de organización popular y se tejen alianzas con personas y organizaciones en lucha por la defensa de la Dignidad Humana en otros territorios de Honduras y en distintas partes del mundo.
  • Se han desarrollado tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto en donde las comunidades. De forma unánime y reiterada, han expresado su rechazo al proyecto y declararon al municipio de Arizona como un TERRITORIO LIBRE de proyectos extractivos.
  • La alcaldía de Arizona ha asumido como suya la decisión de la comunidad y por lo tanto, se ha mostrado opuesta al proyecto, que adicionalmente lesiona su autonomía municipal.
  • Se han presentado diversas denuncias y acciones legales ante la institucionalidad pública por actos de corrupción cometidos en el proceso de concesionamiento, sin que, hasta el momento, ninguna de estas acciones tenga una respuesta por las instancias correspondientes, especialmente la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
  • La defensoría del río Jilamito ha significado procesos de criminalización, vigilancias, persecución y  amenazas de toda índole hacia compañeros/as por parte de las estructuras represivas del Estado y gobierno hondureño y del sector empresarial que está al frente del proyecto hidroeléctrico y que, por su perfil, genera serios temores e inseguridades en la zona.

En resumen, para el MADJ, que la DFC revoque el financiamiento, refirma la inviabilidad humana, la corrupción y la notoria violación de derechos que este tipo de proyectos plantean. Fundamentalmente, Reafirma la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y materializan la defensa de sus derechos, en este caso el derecho a la participación democrática de manera decisiva, derecho a un ambiente sano, derecho a la información y el vital derecho humano al agua potable para las personas.

La consulta que surge, luego del anuncio de la DFC es ¿Cuándo renunciará o revocará el BID-Invest el financiamiento de estos proyectos de muerte?

Por la memoria de los mártires de las luchas del MADJ

Por la memoria de Ramón Fiallos y Argentina Gonzales y Santos.

Los pueblos venceremos y sabremos hacer justicia ante la voracidad y la corrupción del capital.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡

Gobierno de los Estados Unidos retira apoyo financiero al proyecto hidroeléctrico Jilamito.

Después de más de 4 años de lucha de las comunidades de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y de haber resistido todos los procesos de violencia institucional por preservar el río Jilamito para uso y consumo humano, surgen las buenas noticias, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el retiro del apoyo financiero a este proyecto que ha generado violencia y división.

El financiamiento se otorgaría a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado.

Según señala el sitio vice.com. “La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”.

Esta noticia supone una alegría para las personas que han luchado por su río en la comunidad y reaviva los procesos de lucha por los bienes comunes y naturales en Honduras a pesar de todos los ataques que reciben y los homicidios que están en la impunidad, en el caso del proyecto hidroeléctrico Jilamito, dos personas ligadas a la lucha contra la represa han sido asesinadas y sus crímenes están en total impunidad.

Recientemente más de 60 organizaciones de Honduras y el mundo firmaron dos cartas para pedir se retirará el apoyo al proyecto y denunciando los vínculos de los desarrolladores de la represa con el blanqueo de dinero.

“Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto. Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar”.

Por ahora el acuerdo de financiación se centra entre la empresa y el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que ha intentado desconocer todo el proceso de resistencia y lucha que han desarrollado las comunidades a lo largo de este tiempo.

En la comunidad las personas siguen su proceso de resistencia en el sitio que han denominado Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito.

Leer carta completa a continuación:

Biden acaba de matar la financiación de una controvertida presa que Trump intentó construir en Honduras

La comunidad local luchó contra el proyecto y dos opositores fueron asesinados, pero Estados Unidos había prometido millones de todos modos..

El gobierno de Estados Unidos retiró el apoyo financiero esta semana de una presa propuesta en Honduras que se encuentra en el centro de un conflicto latente entre los residentes locales y los desarrolladores. Dos opositores al proyecto han sido asesinados. 

La decisión de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, (DFC), que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado, marcó una victoria para los grupos de activistas en Honduras y Estados Unidos que habían instado a la agencia a abandonar el proyecto. En una carta reciente a funcionarios estadounidenses, establecieron paralelismos con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres , una destacada activista que lideró la oposición a un proyecto similar de represa en Honduras.

La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”. 

Pero la revocación de la aprobación otorgada por la Administración Trump se produce cuando la Administración Biden está revisando políticas hacia Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar de reducir la pobreza, la corrupción y la violencia que impulsan a decenas de miles de personas a intentar llegar a Estados Unidos. cada mes. 

Un golpe de estado en 2009 en Honduras envió al país, que ya era uno de los más pobres del hemisferio, a una espiral de violencia. Desde entonces, la clase política del país se ha visto envuelta en repetidos escándalos, incluidas condenas por narcotráfico en Estados Unidos de familiares cercanos de los dos presidentes electos desde el golpe.

El cambio radical de la Administración de Biden eliminó casi la mitad de los fondos para el proyecto de la presa de $ 75,6 millones de dólares. Una división del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución financiera multilateral, prometió otro 27 por ciento del costo de la represa en préstamos. La división, BID Invest, no hizo comentarios sobre el retiro de la DFC. 

La inversión restante proviene de una empresa hondureña, Ingelsa, que inició el proyecto hace unos 15 años. En los últimos años, la oposición ha crecido a medida que la comunidad local se unió a un grupo nacional, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, conocido por sus siglas en español como MADJ.

Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto.

“Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar.

Ingelsa, sin embargo, dijo que sus planes seguirán adelante. La empresa dijo esta semana que “estaba construyendo el proyecto Jilamito” y señaló lo que dijo era un récord de “hacer cambios positivos en las comunidades rurales”. 

El respaldo inicial de la DFC y el BID, anunciado el año pasado, restó importancia a la evidencia de resistencia local y las amenazas generalizadas de violencia que enfrentan los ambientalistas en Honduras. Global Witness, una ONG internacional que rastrea las amenazas a los activistas de todo el mundo, ha calificado a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra. 

El asesinato de Cáceres, que había ganado el Premio Goldman , un premio internacional para activistas de base, demostró que ni siquiera el reconocimiento mundial era suficiente para proteger a los defensores de la tierra en Honduras. El presidente de la empresa que está detrás del proyecto de la presa contra la que luchó está siendo juzgado por planear su asesinato. 

Al menos un activista que lucha directamente contra la represa de Jilamito ha sido asesinado. En 2018, Carlos Hernández , un abogado que representaba a un funcionario local opuesto a la represa, fue asesinado por atacantes desconocidos en su oficina. Como ocurre con la gran mayoría de homicidios en Honduras, su caso sigue sin resolverse.  

Hernández era un exfiscal contratado para defender a Arnoldo Chacón, alcalde del municipio denominado Arizona, por donde discurre el río Jilamito, en el departamento de Atlántida. Chacón había sido acusado junto con cuatro miembros del MADJ por delitos relacionados con un campamento que protestaba por el proyecto de la presa. Los cinco esperan juicio. 

Unos meses antes de que Hernández fuera asesinado en la primavera de 2018, dos organizadores del MADJ fueron asesinados, presuntamente por las fuerzas de seguridad hondureñas. Ramón Fiallos, que también era de Arizona, recibió un disparo en el brazo de la policía y murió desangrado durante una protesta en enero contra la reelección impugnada del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Los activistas sospechan que Fiallos fue atacado por su oposición a la presa Jilamito y otros proyectos durante la ola de disturbios que siguió a las elecciones. 

Otro miembro del MADJ fue asesinado por la policía horas después de que dispararan a Fiallos. Geovanny Díaz fue sacado a rastras de su casa en Pajuiles, a sesenta kilómetros al oeste de Arizona, y disparado al estilo de una ejecución por hombres vestidos con uniformes de policía, según informes de testigos presenciales . Díaz se opuso a la represa de otro río cerca de su pueblo.

Global Witness nombró a los tres en su informe de 2018 sobre defensores del medio ambiente que habían sido asesinados por su activismo. 

Ingelsa dijo que nunca había cometido ningún acto de violencia y que la empresa trabajaba a través del diálogo para enfrentar lo que llamó acusaciones falsas. La comunidad había brindado un amplio apoyo al proyecto, dijo la compañía en un comunicado a VICE World News. 

Los partidarios de la represa dicen que impulsaría las fuentes de energía renovable de Honduras, mejoraría el servicio de electricidad en las ciudades de la costa norte del país y generaría cientos de empleos en la región durante la fase de construcción. Para abordar las preocupaciones sobre el suministro de agua, Ingelsa desarrolló una estrategia para asegurar el suministro de agua potable al área. 

Pero el cofundador de MADJ, Martín Fernández, dijo que la represa propuesta privaría a unas 30.000 personas de agua potable y señaló proyectos de represas similares que, según él, privatizaron el acceso al agua. Acusó a Ingelsa de criminalizar la oposición a la represa y agregó que los residentes de Arizona habían acordado dos veces en asambleas comunitarias formales revocar la concesión de su río. 

MADJ dijo que otros proyectos hidroeléctricos en la región no habían mejorado el acceso a la energía para las comunidades locales y que, en cambio, los precios de la electricidad habían aumentado. 

Aparte de la violencia que rodea al proyecto, DFC puede haber estado preocupada por uno de los principales accionistas de Ingelsa. Ingelsa es propiedad de una empresa manufacturera llamada Hermacasa, controlada por un empresario hondureño, Emin Abufele Marcos. 

El padre de Emin Abufele, Emin Abufele Salomon, propietario minoritario de Hermacasa, podría haber levantado una bandera roja. En 2003, diplomáticos estadounidenses recomendaron que a Abufele Salomon y Omar Abufele Salomon, otro propietario minoritario de Hermacasa, se les negara la entrada a Estados Unidos porque supuestamente “participaron en un patrón y práctica de prácticas financieras fraudulentas” que involucraban a un banco hondureño. 

Un fabricante de herramientas de Massachusetts, Simonds International, posee casi el 40 por ciento de Hermacasa. David J. Miles, presidente de Simonds Saw, dijo en un correo electrónico que la oposición a la presa era política y “sin mérito” y que estaba involucrada en conversaciones para “encontrar el mejor camino a seguir en función del clima de inversión actual”.

Con un éxito en su lucha contra la represa, la oposición continuará. “La gente de Arizona no quiere más migajas, ni mentiras, ni promesas incumplidas”, dijo en un correo electrónico Juan Antonio Mejía Guerra, coordinador de investigación del MADJ, refiriéndose al proyecto de agua potable propuesto.

“Arizona ha decidido que el agua del río Jilamito debe ser exclusivamente para consumo humano”.

Corrección: Esta historia originalmente decía que la DFC había prometido préstamos por $ 35,7 mil millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, cuando en realidad se trataba de préstamos por $ 35,7 millones. Lamentamos el error.