Compromiso por una gestión legislativa digna.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), una organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas comunidades rurales, urbanas, estudiantes, profesionales, campesinos, agricultores, indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes naturales y estratégicos del país, la promoción y defensa de derechos humanos de  colectivos especialmente los más vulnerabilizados[1].

Somos conscientes que, en este crucial momento, nuestro país está marcado por el nefasto imperio de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado hecho gobierno lo que provoca mayores tensiones, desesperación y frustración en una buena parte de la población, pero en contraste, también es un tiempo de esperanzas fincadas en el cambio que deben producir los resultados de las elecciones del próximo 28 de noviembre de 2021.

En el marco del desarrollo del proceso electoral convocamos a todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la alcaldía de San Pedro Sula a la Firma del compromiso por una San Pedro Sula DIGNA y a todos los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés a la Firma del compromiso por una GESTIÓN LEGISLATIVA DIGNA.

Estos compromisos, en el caso de San Pedro Sula consta de 12 peticiones ciudadanas que abarcan temas como la defensa y rescate de la cordillera de El Merendón, combate a la corrupción a lo interno de la Municipalidad, declarar el municipio libre de ZEDE´S y peajes, revocar el proyecto siglo XXI que tanto daño hace al pueblo sampedrano, liderar el proceso por recuperar el sistema de manejo del agua potable, revocar el sistema de grúas en la ciudad e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y relación directa con la ciudadanía rindiendo informes en asambleas populares y con participación ciudadana.

En el caso de las y los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés el documento contiene 10 puntos que tienen visión de país, el primero, liderar y revocar el decreto que dio vida a las ZEDE´S, derogación de leyes penales que garantizan la impunidad de quienes están vinculados a corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, revisión y revocación de contratos de concesión de la riqueza natural, liderar una gestión legislativa que priorice la plena satisfacción de los derechos de la población, liderar e implementar una práctica legislativa de rendición de cuentas, crear una estructura jurídica y liderar una práctica de CERO TOLERANCIA a la corrupción pública, asegurar que la elección de los próxima Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros cargos se desarrollen de manera ejemplar y transparente, pero que sobre todo sean con participación popular, impulsar mecanismos que permitan la discusión sobre el uso y manejo de los recursos públicos, hacer que la función legislativa se rija bajo los principios de transparencia, justicia y bien común e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y de relación directa con la ciudadanía.

Por un modelo de gestión pública transparente, justo, con participación ciudadana y respeto a la dignidad del pueblo. 

San Pedro Sula 23 de noviembre de 2021.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡


 

¡NO más criminalización por reivindicar nuestros derechos territoriales!

“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres

Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:

  1. La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
  2. Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
  3. A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
  4. Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
  5. Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
  6. Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
  7. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.

19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Las aguas del río Jilamito son para la gente. Fuera ingelsa.

Las comunidades del municipio de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) establecidas en el Campamento Digno por la Defensa del Agua, nos juntamos este día con organizaciones internacionales frente a las oficinas de HERMACASA en Honduras y SIMONDS SAW INTERNATIONAL en Massachusetts, EEUU, ambas empresas son socias de INGELSA y del Grupo IESA propiedad de Emin Abufele Marcos principal accionista del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito (PHJ).

En esta jornada por la defensa de la vida, la soberanía y la dignidad expresamos:

  1. Que el pueblo de Arizona ya decidió, al menos en tres asambleas de cabildo abierto, que las aguas del río Jilamito serán destinadas exclusivamente para el consumo de las presentes y futuras generaciones del municipio y de esta manera superar el desabastecimiento que ya sufren cerca de 30 mil habitantes. Para cumplir los mandatos populares en defensa del río, el pueblo se constituyó en Asamblea Permanente desde 2017, a través del Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
  1. Como lo hemos denunciado de manera reiterada, en espacios públicos y en la instituciones nacionales e internacionales, el PHJ es expresión clara de actos de corrupción, de violencias a las comunidades, de ruptura del tejido social, de criminalización de liderazgos comunitarios, de amenazas y de violación al derecho humano al agua, al ambiente, a la participación comunitaria, al acceso a información público, a la soberanía y la dignidad de las personas.
  • Ante la falta de respuesta a nuestras denuncias, impugnaciones y muchas otras acciones, hoy iniciamos una nueva fase de movilizaciones a las sedes de las empresas y viviendas de las personas que, mediante corrupción y violencias, impunemente pretenden imponer el PHJ.
  1. Con nuestras manifestaciones pacíficas y con nuestras propias capacidades, en articulación con nuestros hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, hoy reimpulsamos el proceso para ponerle rostro y plena identidad a los verdugos de nuestras comunidades, estamos dando un paso más para romper con la violencia, la corrupción y la impunidad de grupos perversos como INGELSA-IESA.
  2. Llamamos a actores económicos internacionales como la empresa SIMONDS SAW INTERNATIONAL, al Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier actor del sistema financiero internacional a que se retiren y se abstengan de apoyar al grupo IESA-INGELSA y al PHJ, como ya lo hizo en abril de 2021, la corporación financiera para el desarrollo DFC que ha reconocido las múltiples denuncias del Pueblo de Arizona y tomó la decisión de suspender el financiamiento de 35.7 millones de dólares para la construcción del PHJ. Las empresas y la gente correcta no invierten ni promueve la corrupción y la violación de derechos.
  1. Desde la resistencia pacífica y el legítimo derecho a defender nuestros bienes comunes, reafirmamos que seguiremos defendiendo la soberana y humana decisión de que las aguas del río Jilamito y la riqueza natural del municipio de Arizona, sea para la gente; cueste lo que nos cueste.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

Saludamos el Día Internacional de la mujer indígena honrando la memoria de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute

Hoy, cinco de septiembre, el Movimiento Amplio, Bufete Estudios para la Dignidad, FUNDAMBIENTE y el Consejo Preventivo Tolupán celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena rememorando el martirio de nuestra compañera Enriqueta Matute, asesinada hace ocho años por oponerse al saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa. Desde la lucha y valentía mantenidas hasta el final de su vida visibilizamos los retos que las mujeres indígenas enfrentan en todos los pueblos indígenas de Honduras y valoramos el rol clave que desempeñan como portadoras y emisoras de saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos; a la vez que constructoras y defensoras de una nueva sociedad más digna y justa para todos los pueblos  indígenas como para toda nuestra Honduras.

A pesar de afrontar grandes amenazas y ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural aun al interior de sus propios pueblos, las mujeres indígenas tolupanas de diferentes tribus se han sumado proactivamente al Movimiento Amplio para actuar denodadamente en la defensa de sus territorios, bienes naturales y comunidades. Son ellas quienes enlazando y uniendo la comunidad custodian y protegen cuanto les pertenece. La solidaridad, la subsidiariedad y la capacidad creativa de resiliencia son las claves desde las cuales las mujeres indígenas tolupanas impregnan de dignidad y justicia todas sus comunidades, volviéndose imprescindibles en la producción y reproducción de valiosos saberes y acciones necesarias para afrontar las consecuencias negativas que los actuales modelos económicos dejan en sus territorios.

El liderazgo activo de la mujer  tolupana puesto al servicio de toda la comunidad constituye una enorme ventaja en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos en general. Y es que la lucha de la mujer tolupana es la lucha por su propia dignidad a la vez que es la lucha por la tierra, por el agua, por la vida, que en definitiva nos favorece a todas y todos en nuestra Honduras necesitada de nuevos valores y nuevos estilos de liderazgos,

Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que encabezó en el Alto Perú la rebelión contra los españoles, quienes la asesinaron en 1782. Es así como nos sumamos a esta celebración rindiendo homenaje a Enriqueta Matute, mujer que encabezó la lucha contra los saqueadores de las minas y los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa, siendo asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a dos compañeros tolupanes. Al mismo tiempo, el Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para  solidarizarnos una vez más con las compañeras tolupanas de Locomapa, María Ángela  Murillo, Wendy Pineda y Allison Pineda, criminalizadas por el Estado y sectores corruptos de Yoro y aun de las mismas estructuras ilegales que en nombre del pueblo Tolupán se benefician del saqueo de los bienes naturales que pertenecen a todo el pueblo Tolupán.  Y condenamos enérgicamente el atentado contra la compañera tolupana Norma Ávila, sobreviviente de un intento de asesinato ocurrido el pasado mes de mayo por pistoleros y turbas dirigidas por miembros del Consejo Directivo corrupto y trabajadores de la empresa INMARE

Desde el martirio de nuestra compañera Enriqueta extendemos nuestra solidaridad siempre fraterna a Berta Cáceres y muchas otras mujeres indígenas a quienes también les han sido arrebatadas sus vidas en nombre de un neoliberalismo y un patriarcado tan despóticos como criminales y cobardes cuando se enfrentan al poderío de las mujeres indígenas de nuestros pueblos.

¡ENRIQUETA VIVE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

San Pedro Sula, 5 de diciembre de 2021.     

No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

Tripartidismo hondureño figura en Lista Engel divulgada por Estados Unidos

El Departamento de Estados de los Estados Unidos reveló este 1 de julio de la “Lista Engel” que es el documento donde se identifica a las personas vinculadas a actos de corrupción en los países del denominado Triángulo Norte, el nombre oficial de este documento es: La lista de Actores Corruptos y antidemocráticos.

Para ser incluidos o aparecer en la “Lista Engel”, los funcionarios deben cumplir al menos uno de los cuatro criterios que a continuación se enumeran: Haber estado vinculado a corrupción relacionada a contratos con el gobierno, soborno y extorsión, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales y facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero y actos de violencia.

En la lista publicada figuran reconocidos políticos y empresarios de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en el caso de Honduras, la mayoría de ellos y ellas ligados actualmente a las estructuras de poder del Estado, un ex presidente de la República, una ex primera Dama, 13 congresistas de tres diferentes partidos políticos, funcionarios de INVEST-H y cinco ex diputados.

Entre los nombres que más destacan por Honduras en este listado están reconocidos integrantes de los Partidos Nacional, LIBRE y Liberal, una de ellas es: Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional y una de las mujeres que impulsa proyectos hidroeléctricos en el país, figura en la lista por haber sido investigada en el caso de corrupción, Arca Abierta que desarrolló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH.

También figura el nombre del actual diputado por el departamento de Colón, Óscar Nájera a quien se le vincula con acciones relacionadas con actores del narcotráfico. Nájera ya fue sancionado e incluido por otros países en una lista similar por las mismas acusaciones, recientemente el congresista hondureño dio a conocer su postura a favor de la venta de la soberanía de nuestro país.

Otros de los diputados mencionados en la lista están vinculados a actos de corrupción ventilados en los tribunales hondureños son.

Gustavo Alberto Pérez

Actual diputado al Congreso, se ha involucrado en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Marco Antonio Bográn Corrales

Exdirector de INVEST-H, dedicado a corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante el COVID-19 pandemia.

Rosa Elena Bonilla de Lobo

Ex primera dama, involucrada en corrupción significativa mediante fraude y malversación de fondos públicos.

Augusto Domingo Cruz Asensio

Ex congresista, comprometido en corrupción significativa por malversación de fondos del público Generación programa de empleo a cuentas personales.

José Celín Discua Elvir

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Rodolfo Irías Navas

Actual diputado al Congreso, participó en importante corrupción cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.

Eleazar Alexander Juárez Sarabia

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen del Valle a sus cuentas personales.

José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa

Ex presidente de Honduras, comprometido en corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.

Miguel Edgardo Martínez Pineda

Actual representante del Congreso comprometido en corrupción significativa. Fue acusado de corrupción de Pandora MACCIH, caso en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos del Secretaría de Agricultura a campañas políticas en beneficio personal.

Sara Ismela Medina Galo

Diputada al Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de Secretaria del Congreso.

Héctor Enrique Padilla Hernández

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de los fondos públicos Proyecto urbanístico, Limpieza de Solares y Calles en su departamento de origen de Choluteca a sus cuentas personales.

Milton Jesús Puerto Oseguera

Actual diputado al Congreso, comprometido en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Audelia Rodríguez Rodrigo

Actual congresista, realizó importante corrupción mediante la malversación de fondos de la Limpieza de Proyecto de desarrollo de Solares y Calles a sus cuentas personales.

Dennys Antonio Sánchez Fernández

Actual congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen de Santa Bárbara a sus cuentas personales.

Elvin Ernesto Santo Ordóñez

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Juan Carlos Valenzuela Molina

Actual diputado al Congreso. Él era acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.

Elden Vásquez

Actual representante del Congreso, participó en importante corrupción a través de la apropiación indebida de $ 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado en el Caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.

Welsy Milena Vásquez López

Actual representante del Congreso, participa en corrupción significativa, incluida la malversación y la apropiación indebida de público fondos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de $ 800,000 de varios gobiernos agencias.

Román Villeda Aguilar

Diputado, obstaculizó las investigaciones sobre corrupción, que resultó en la desestimación de un caso de malversación contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero a una falsificación ONG.

En la mayoría de casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios, la justicia hondureña ha otorgado sobreseimientos, ya sean provisionales o definitivos, en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo se ordenó que se repitiera el juicio pues había sido condenada a 58 años de prisión.

Entre las sanciones a las que se exponen quienes sean incluidos en la lista Engel están: No poder obtener visa para ingresar a los Estados Unidos, revocación de la vigencia de la visa, estas sanciones tendrán una duración de tres años.