Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Organizaciones presentamos acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que restringe y discrimina la participación política en el marco del extractivismo y el uso de poderes de emergencia en Honduras

La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, OFRANEH, COPINH, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.

Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).

También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.

Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.

Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente  y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.

A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.

¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas

y no una herramienta más para el saqueo!

Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

Corrupción Honduras
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/los-protectores-del-rio-jilamito-y-la-guerra-por-el-agua-en-el-caribe-de-honduras/

Cuarta Legislatura y 11 años de narcodictadura.

El 27 de enero se cumplieron siete años del ascenso ilegal e ilegitimo del narcodictador Juan Orlando Hernández, quien después de haber violentado la Constitución de la república, amparado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad y cooperación internacional, así como organismos financieros e internacionales, entre ellas la OEA, asumió el poder en Honduras.

A más de 11 años del golpe de Estado, la sociedad hondureña se encuentra entre una delgada línea de una “Honduras de acá y una Honduras de allá”. Y es que con esa frase el dictador y las organizaciones criminales, entre ellas; el partido nacional y liberal, han implantado en Honduras una forma de gobierno donde la élite económica y militar han tenido mayores beneficios, cobertura de derechos y principalmente impunidad, pues, tras escalofriantes casos de corrupción en el pasar de los años (2013, 2015, 2017 y 2020), la narcodictadura no deja de sorprendernos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido marcado por los actos de corrupción en total impunidad, los fraudes electorales respaldados por la embajada norteamericana, los desfalcos y privatización de las instituciones del Estado, una agenda completamente abierta a la entrega de los territorios y la venta “menudeada” del país.

El orden constitucional que se rompió en el golpe de Estado en el año 2009 nunca más volvió a restablecerse a pesar de haber celebrado tres procesos electores, todos ellos, fuertemente criticados por la población, gremios y organizaciones políticas y sociales, desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido reduciendo la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacios para el autoritarismo.

Los últimos tres Gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales sin ser notable una mejoría en la calidad de vida de las y los hondureños, por el contrario, han beneficiado a los autores intelectuales de golpes de estado, asesinato a líderes y liderezas políticos y luchadores sociales (Caso Berta Cáceres, Ramón Fiallos y María Enriqueta Matute), El presupuesto de seguridad y defensa ha incrementado año a año en detrimento de las políticas sociales, que en los últimos años han sufrido un deterioro en la cobertura de derechos y condiciones mínimas de dignidad.

Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, generando precarización laboral y perjudicando a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández sigue contando con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, el comando sur y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que aún no cuenta con la totalidad del cuerpo diplomático, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración del narco en las estructuras estatales.

Por todo ello es que, en este nuevo aniversario del golpe dictatorial, sus continuadores siguen entregando el país a la codicia de las trasnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano y principalmente, de los saqueadores de cuello blanco, que desde sus apellidos importados han hundido la economía de manera que la desocupación y la miseria han convertido a Honduras en uno de los territorios más pobres de Centroamérica y del continente.

La oscuridad grisácea que contempla a Honduras desde el Narco Estado, tiene a sus hombres y mujeres, sus niños y hasta los ancianos en una de las peores crisis humanitarias a nivel global, pues es el pueblo quien alimenta las columnas de los “condenados de la tierra” que intentan llegar hasta las vallas que separan la frontera de México con el infierno USA.

Desde el 2009, el capital transnacional, la comunidad y cooperación internacional, hidroeléctricas, mineras, aserraderos, pastillas de harina, narcotraficantes, agentes encubierto, dos fraudes electorales y una militarización de la institucionalidad y de la sociedad son los datos duros que se manifiestan en las calles empobrecidas, desiguales y violentas de Honduras, pues han convertido al país y a su institucionalidad en una novela de realismo mágico perfecta, o en otras palabras; Honduras es, una dictadura perfecta, que solo el pueblo, organizado, combativo y digno, puede transformar los días grises, en días de alegría y justicia.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

Será feliz el día en que exista algo que celebrar, mientras tanto, aquí se respira lucha.

“Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza. Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo…” El Combate, Clementina Suárez.

El Congreso Nacional de Honduras, a través de algunos de sus diputados y diputadas aprobó en los últimos días, una reforma a la ley que prohíbe la legalización actual o futura del aborto y con ello, el derecho a decidir de las mujeres hondureñas. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Mario Pérez integrante del Partido Nacional y se denomina “Escudo Contra el Aborto en Honduras”.

Esta ley incluye la reforma al artículo 67 constitucional que tiene que ver con la protección a la vida y que en la actualidad se leía, “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”, pero que, con la reforma propuesta y aprobada, el artículo establece que “es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

Ante esto, diferentes organismos internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de esta legislación, una de las instituciones ha sido la Organización de Naciones Unidas ONU, que ha manifestado que, “Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos … Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, la OACNUDH por su parte, ha manifestado que “La reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.

Los legisladores no tomaron en cuenta las tres causales propuestas para considerar la legalización del aborto, esas causas son: violaciones, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, por lo que Honduras se convierte en uno de los países del mundo donde queda totalmente prohibida esta práctica a pesar de ser una de las naciones con índices muy altos de embarazos adolescentes y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años según la ONU.

La ley fue aprobada por el Congreso con dispensa de dos debates y a tan solo 10 días de haberse conocido, también refiere que, “serán nulas e invalidas las disposiciones que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo” por lo que deja sin valor y efecto cualquier iniciativa que pretenda presentarse en el futuro para cambiar esta decisión.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia declaramos nuestra inconformidad y condenamos el retroceso y los efectos nocivos que impone esta ley, ya que consideramos viene a retroceder y a cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, ante ello, comunicamos y condenamos que:

  1. El proyecto fue propuesto y discutido en su mayoría por hombres, sin legitimidad ni función pública, vinculados al crimen organizado y procesos de corrupción contra el Estado de Honduras y su población.
  2. Que una política pública tan trascendental como los derechos sexuales y reproductivos sea instrumentalizada por la Narcodictadura e Iglesias para desviar la atención de la crisis humanitaria, socio-económica y político-institucional, es la alegoría de la caverna moderna y oscurantista, carente de razón y ética, encaminada a coartar derechos humanos.
  3. El desprecio mostrado por las y los narcodictadores hacia las mujeres y  población en general es incalculable, manifestada en la continua postura del abordaje de problemáticas sociales desde el lente del derecho penal como instrumento ideológico enfocado en atacar a la población empobrecida, sumado a ello, la instrumentalización de la “fe” popular para imponer desde la razonamientos empíricos de pastores y párrocos, obviando el abordaje  temático en materia sanitaria, social e institucional penalizando y obstaculizando diálogos y debates sobre la veindicación de derechos humanos sexuales y reproductivos.
  4. Por último, manifestamos que; la legalización del aborto como derecho humano y la despenalización del mismo, puede tener posturas antagónicas, pero estas deben tener sustento científico y racional. La narcodictadura ha violentado la laicidad del Estado, reduciendo el diálogo y debate político, filosófico y científico a una discusión moral y de principios religiosos, cuando en realidad se trata de la vida y derechos de millones de mujeres hondureñas empobrecidas por una élite corrupta, violenta y narcotraficante.

Reiteramos nuestro llamado permanente a la organización de nuestro pueblo, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia, contra la corrupción y toda forma de opresión. Por la dignificación…

¡Hasta la dignidad, siempre!

36 meses de impunidad para Ramón Fiallos

Hoy recordamos la vida, las enseñanzas, el trabajo, el compromiso y el aporte de Ramón Gabriel Fiallos Siria, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

La lucha en defensa del agua, de la amenaza que representa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, propiedad de la empresa Ingelsa lo pusieron como blanco de la violencia que acabó con su vida.

El compa Moncho como se le conocía, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por los intereses comunes. Un hombre trabajador, proveedor para su familia, dedicó sus últimos años de vida al Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, lugar que vigila y protege esta fuente de agua que ha sido destinada para uso y consumo humano.

Al momento de su asesinato militaba activamente en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participaba en las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017 que dejaron como presidente impuesto por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a Juan Orlando Hernández.

La noche del 22 de enero de 2018 emprendió el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba para unirse a los miles de ciudadanos que exigían el respeto a la voluntad popular en las inmediaciones del puente sobre el río Arizona.

Hasta allí llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación, al menos uno de esos disparos impactó a Ramón Fiallos. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En vida, el compañero Ramón Fiallos también colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas. Fue parte de los campesinos organizados que luchó por la recuperación de la tierra en el valle de Lean, fue uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito, su compromiso con las luchas se lo inculcó su abuelo durante su infancia.

A 36 meses de su asesinato, el pacto entre las instituciones del Estado hace que el crimen siga en total impunidad, las diligencias investigativas no presentan avances y el Ministerio Público guarda un misterioso pero cómplice e inmóvil silencio que favorece a quienes le quitaron la vida.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como muestra de unidad entre los territorios en lucha.

Las comunidades MADJ recordamos a Ramón Fiallos y su característica frase que perdura en el tiempo. “Lo que se empieza, se termina, sino, no sirve”.

La solidaridad desde el Campamento Digno por el Agua y por la vida

Nuestros compañeros y compañeras integrantes del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ para la defensa de los bienes comunes y naturales realizaron una jornada de recolección de víveres para compartir con las comunidades que resultaron aún más afectadas que sus zonas durante el paso de la tormenta ETA por el territorio nacional. 

Esta mañana han emprendido el viaje para entregar la ayuda recolectada a la comunidad de Urraco, seriamente afectada por la tormenta. Entre los aportes hechos por las comunidades y que se compartirán con nuestros hermanos y hermanas de Urraco hay comida, ropa y otros insumos básicos para la población.

Pajuiles suma casi cuatro años de lucha continua en defensa del río y Mezapa y la Sierra Nombre de Dios. Defendiendo sus bienes comunes y naturales seriamente amenazados por la construcción de un proyecto hidroeléctrico que de manera inconsulta pretende imponerse sobre el río que abastece para consumo humano sus comunidades.

Los Campamentos Dignos son parte de la apuesta política del MADJ, son un ejercicio de soberanía comunitaria y popular para la protección de los bienes comunes y de la autonomía de los territorios organizados. En momentos de crisis o necesidad, los campamentos son también un espacio de amor humano, de solidaridad y de ternura. Y ahora Pajuiles y su campamento está haciendo uso de su espacio para sentir y actuar la necesidad de otras comunidades, para recordarnos y hacer realidad que solo el pueblo salva al pueblo.