Carta de la Asamblea Permanente del Popular a la presidenta electa de Honduras

Carta a la Presidenta Electa

                                                                                                              Tegucigalpa, Honduras 11 de enero, 2022

Sra. Xiomara Castro

Presidenta Electa de Honduras 2022 – 2026

Señora Presidenta,

Le saludamos como Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), una articulación integrada hasta el momento por 50 organizaciones de base de los 4 puntos cardinales del país, donde nos integramos múltiples resistencias y disidencias populares, que a lo largo de los 12 años de narcodictadura también supimos arrancar victorias defendiendo derechos y liberando nuestros territorios mediante ejercicios directos de soberanía popular comunitaria. Los espacios que integramos la APPP nos sentimos parte directa de la victoria electoral del 28 de noviembre de 2021 que derrotó a la nefasta, criminal y corrupta narcodictadura del Partido Nacional.

Con la autonomía que irreductiblemente nos corresponde como Movimientos Sociales y Populares y en el marco del afianzamiento del proyecto político del campo popular, saludamos la iniciativa de su gobierno de abrir un canal de comunicación para el relacionamiento con las organizaciones sociales del país. Al respecto, considere que varios de los espacios que integramos la APPP hemos asistido a presentar algunas demandas puntuales para que sean incorporadas a su plan de gobierno, especialmente en los primeros 100 días de su gestión gubernamental.

En este marco a la APPP nos mueve además la responsabilidad de trasladarle la decisión de mantener un relacionamiento político en bloque con su gobierno, en el cuál procesaríamos y daríamos seguimiento a las demandas que de manera individual han hecho las organizaciones y las que como espacio articulado, a nivel de políticas, programas y proyectos  se presenten al Estado a través de su gobierno.

Nos interesa también que su gestión tenga claro que la APPP comprende el hecho que su gobierno es y debe ser para toda la hondureñidad y que está integrado por una coalición de fuerzas políticas y parte de ellas representan estructuras económicas histórica y actualmente antagónicas a los intereses y derechos del pueblo hondureño,  en particular al movimiento popular. En ese sentido, confiamos en que su administración se decante por priorizar una gestión en favor del pueblo, pero además confiamos en que Usted y su administración entiendan que en la APPP encontrarán respaldo popular para esa gestión, siempre que la misma promueva y defienda los grandes anhelos del pueblo hondureño y no de los sectores económicos nacionales o internacionales que han llenado de vergüenza y despojo y corrupción a nuestro pueblo.

Igual es importante que Usted y su gestión tengan certeza en que, si en su gobierno se lograrán imponer los intereses de los grupos económicos nacionales o trasnacionales, de otros países o imperios, indudablemente la APPP, con rigor militante, asumiremos la defensa de los intereses del país y del pueblo hondureño.

Finalmente, para operativizar lo planteado en esta misiva, considere nuestra disposición para encontrarnos con Usted y sus equipos de trabajo, en el tiempo y espacio que usted considere adecuado, para procesar nuestras propuestas y los términos de una relación política de complementariedad para la construcción de la Honduras digna y soberana.

Desde nuestra dignidad, nos suscribimos

Asamblea Permanente del Poder Popular

Organizaciones integrantes:                                                       

1.     Organización Caminante.

2.     Plataforma ambiental.

3.     Pueblo Tolupan.

4.     COPA.

5.     Patronato de Castaños de Choloma.

6.     EAC Jardines del Valle.

7.     Escuela de Educación Popular Roger Bados.

8.     CNTC – El Progreso.

9.     CNTC – Fco. Morazan.

10.   CNTC – La Paz.

11.   AJAAS.

12.   Colectivo de Hombres Trans de Honduras.

13.   Mesa de Incidencia para la Gestión de Riesgos.

14.   MADJ.

15.   Bufete Estudios para la Dignidad.

16.   MUNI

17.   MEP-VS

18.   Puras Mujeres

19.   Colectivo Culturas Vivas

20.   Asociación de Estudiantes de Antropología UNAH-CU

21.   Violetas de Maché.

22.   Colectivos Ambientalista.

23.   Campamento Digno por el Agua y por la Vida – Pajuiles.

24.   Campamento Digno por la defensa del Agua – Jilamito

25.   Radio Dignidad.

26.   Consejo Indígena Lenca de Reitoca.

27.   Colectiva Cimarrón.

28.   C.L. Unión y Fuerza.

29.   ADEPZA.

30.   ARCAH.

31.   ENPJ.

32.   MDR.

33.   Trabajo Social – UNAH -CU.

34.   Comunidad de Tacamiche.

35.   MESCAE-UNAH-CU.

36.   Comisión La Tigra.

37.   Escuela de Sociología – UNAH-CU.

38.   MAS

39.   Colectivo de Pueblo y Barrio

40.   Mariposas Libres.

41.   RedComal.

42.   Comité de Afectados por MINOSA

43.   Plataforma Agraria.

44.   Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

45.   El Remolino.

46.   SITRAINA-COPA

47.   FUNDAMBIENTE

48. Coop. Laureles.

49.   Personas independientes.

50.   Trabajadorxs del Arte.

¡NO más criminalización por reivindicar nuestros derechos territoriales!

“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres

Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:

  1. La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
  2. Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
  3. A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
  4. Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
  5. Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
  6. Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
  7. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.

19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Ante el ataque a la lucha comunitaria; resistencia y soberanía popular.

  1. Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
  1. En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
  1. La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
  1. La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
  1. Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también  a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
  1. En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
  1. Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.

Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.

                                ¡Hasta la dignidad siempre!      

San Pedro Sula, Cortés, 08 de octubre del 2021

Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

A ocho años del asesinato de Enriqueta, Armado y Ricardo; Aquí nadie se rinde.

El 25 de agosto del año 2013, los y las indígenas Tolupanes, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados en la comunidad de San Francisco Campo, perteneciente a la tribu indígena Tolupana de San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro.

María, Ricardo y Armando, militantes y dirigentes del MADJ en territorio Tolupan, en conjunto con el Consejo Preventivo de Tribu, tras de 12 días de resistencia para la protección de sus recursos naturales, oponiéndose a la tala ilegal de madera, así como, la explotación ilegal de antimonio en las comunidades Tolupanas de Lagunita, Bambú, Las Minas, Las Brisas y El portillo, procurando la conservación de los bienes, recursos e intereses de las y los indígenas Tolupanes, quienes conservan su título ancestral emitido en 1864 por el Estado de Honduras.

Cabe resaltar que la Constitución de Honduras, tiene una sola mención sobre derechos que corresponden a los pueblos indígenas, en su artículo 346, que establece el deber del Estado de “dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.

Seis años tardó el Ministerio Público en condenar a uno de los ejecutores de los asesinatos, Carlos Roberto Luque (asesinado en San Francisco de Locomapa en el año 2018). Dando el Poder Judicial una muestra más de impunidad para el pueblo Tolupan al absolver al otro asesino, Selin Eleazar Fúnez por el asesinato de nuestros compañeros. Cabe destacar que, en esos 6 años de impunidad garantizada por el Estado de Honduras, no se abrieron líneas de investigación ni acciones encaminadas en la búsqueda de las autorías que ordenaron el asesinato.

A pesar de los múltiples intentos de los empresarios, funcionarios públicos vinculados a la criminalidad y la corrupción, instituciones públicas y el Estado en detener la justa lucha por la defensa del pueblo Tolupan, han sido ocho años de permanente resistencia, denuncia y construcción de alternativas por la dignificación, la justicia y la mejoría en la calidad de vida del Pueblo Tolupan.

En esta octava conmemoración del asesinato de nuestras y nuestros compañeros, elevamos y rescatamos su memoria en nuestra identidad orgánica desde el MADJ, como punta angular en el valor de la resistencia y en la búsqueda implacable de la justicia en medio de un sistema judicial enraizado en el crimen organizado, la corrupción y la sistemática impunidad, en beneficio de unos pocos y cuyos beneficios financieros y de influencia en el poder, condenan al empobrecimiento, a la desigualdad profunda y a estadios de violencia a las población Tolupana.

Es de recordarles a aquellas y aquellos que operativizan al modelo extractivo, al crimen organizado, a las y los funcionarios públicos, empresarios y aquellos indígenas que decidieron tomar el lugar del opresor, que aquí estamos y aquí seguiremos, construyendo verdadera participación, dignidad y justicia para que nuestro pueblo indígena Tolupan logre las mejores condiciones de vida, a la justicia y a una distribución integral y equitativa de la riqueza que conforma su territorio.

No permitiremos, por la memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo, así como los otros compañero y compañeras asesinadas por luchar en contra del saqueo de nuestra bienes naturales que se concentra la riqueza en unas pocas manos, por el contrario, trabajaremos y construiremos verdadera participación, inclusión y acceso a condiciones reales y fundamentales de dignidad, libertad, justicia y poder para las y los herederos ancestrales de la tierra, sus recursos y la administración de los mismos.

Porque la tierra es de quien la trabaja,
Porque el derecho es de quien lo exige,
Y porque la memoria es de quien no la olvida,

 María Enriqueta Matute, ¡Vive!
Ricardo Soto Fúnez, ¡Vive!
Armando Fúnez Media, ¡Vive!

¡Hasta la Dignidad Siempre!

¡SI SE PUDO! Banca estadounidense renuncia a Financiar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) anunció la cancelación de su financiamiento, por US$ 35.7 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y cuya concesión es manejada por la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), propiedad Emin Abufele y HERMACASA, de esta última es accionista la empresa estadounidense Simonds Internacional Corporatión.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado sobre el rio Jilamito, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida; territorio en el que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) tiene más de una década de lucha sostenida contra la corrupción y violaciones de derechos que implican concesiones como la otorgada a INGELSA. La concesión de dicho proyecto se concretó en 2010 y teóricamente produciría 14 MW de energía, a un costo de US$ 75,5 millones y cuyos financistas serían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Invest, DFC y un porcentaje por los socios de INGELSA.

¿Por qué renuncia el DFC?

En el anuncio de su decisión, la DFC no brindó causales específicas, simplemente se limitó a señalar que “la decisión se tomó después de un período prolongado de debida diligencia”.

No obstante, para el MADJ la decisión de esta instancia financiera está motivada en la férrea oposición de la población de la zona que ha denunciado el enorme daño que este proyecto ha provocado en la Reserva de Texiguat y el impacto negativo, por el no acceso al agua de al menos 16 comunidades, que albergan a alrededor de 25 mil personas.

Desde hace más de 4 años, la población de Arizona y organizada en el MADJ profundizó su lucha pacífica por la defensa del río Jilamito, instalando de manera ininterrumpida, el Campamento Digno por el Agua y por la Vida desde donde: 

  • Se profundiza el proceso de organización popular y se tejen alianzas con personas y organizaciones en lucha por la defensa de la Dignidad Humana en otros territorios de Honduras y en distintas partes del mundo.
  • Se han desarrollado tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto en donde las comunidades. De forma unánime y reiterada, han expresado su rechazo al proyecto y declararon al municipio de Arizona como un TERRITORIO LIBRE de proyectos extractivos.
  • La alcaldía de Arizona ha asumido como suya la decisión de la comunidad y por lo tanto, se ha mostrado opuesta al proyecto, que adicionalmente lesiona su autonomía municipal.
  • Se han presentado diversas denuncias y acciones legales ante la institucionalidad pública por actos de corrupción cometidos en el proceso de concesionamiento, sin que, hasta el momento, ninguna de estas acciones tenga una respuesta por las instancias correspondientes, especialmente la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
  • La defensoría del río Jilamito ha significado procesos de criminalización, vigilancias, persecución y  amenazas de toda índole hacia compañeros/as por parte de las estructuras represivas del Estado y gobierno hondureño y del sector empresarial que está al frente del proyecto hidroeléctrico y que, por su perfil, genera serios temores e inseguridades en la zona.

En resumen, para el MADJ, que la DFC revoque el financiamiento, refirma la inviabilidad humana, la corrupción y la notoria violación de derechos que este tipo de proyectos plantean. Fundamentalmente, Reafirma la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y materializan la defensa de sus derechos, en este caso el derecho a la participación democrática de manera decisiva, derecho a un ambiente sano, derecho a la información y el vital derecho humano al agua potable para las personas.

La consulta que surge, luego del anuncio de la DFC es ¿Cuándo renunciará o revocará el BID-Invest el financiamiento de estos proyectos de muerte?

Por la memoria de los mártires de las luchas del MADJ

Por la memoria de Ramón Fiallos y Argentina Gonzales y Santos.

Los pueblos venceremos y sabremos hacer justicia ante la voracidad y la corrupción del capital.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡

A 13 años de lucha, seguimos en pie de lucha

Desde aquella majestuosa e icónica lucha que inició como un movimiento de fiscales del Ministerio Público, desde aquella huelga de hambre que nos sigue pasando factura, desde aquellos hombres y mujeres que desde sus posibilidades se sumaron a nuestra acción de protesta, desde aquel pueblo que nos cobijó en los bajos del Congreso Nacional aquel 7 de abril de 2008 y que culminó con el nacimiento del Movimiento Amplio un 24 de mayo de ese mismo año, hoy queremos decirles que seguimos en pie de lucha.

Por un mejor país, por un mejor futuro, por el respeto a nuestra dignidad, en búsqueda de justicia, en defensa de la soberanía, en defensa de los derechos humanos y muchos más ejes de trabajo, seguimos caminando, seguimos construyendo dignidad y soberanía desde los territorios.

Hoy que es 24 de mayo de 2021, en nuestro 13 aniversario ratificamos nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestro quehacer a favor de las grandes mayorías, a favor de las y los afectados por las malas decisiones de quienes nos mal gobiernan, en nuestro 13 aniversario reafirmamos nuestro compromiso con Honduras.

Agradecemos a cada persona, a cada territorio, a cada comunidad, a cada región del país que ha confiado en nuestro trabajo que nos ha permitido buscar respeto y dignidad para la población.

A la comunidad nacional e internacional que ha seguido, acompañado y edificado nuestros procesos, les decimos, gracias, pero también les anunciamos que seguimos fortalecidos y fortalecidas en todos los proyectos que buscan devolver justicia y dignidad a la población.

Queremos invitar a nuestra gente a seguir en lucha organizada y pacífica, adquiriendo formación desde todos los puntos de vista, formación que nos permita defender nuestros territorios, nuestros bienes comunes y naturales y los derechos humanos a nivel general.

Finalmente, Convocamos a nuestro pueblo a proseguir la lucha de resistencia desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.
Convocamos a convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política. Que proclamamos nuestro repudio a la clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

¡Hasta la dignidad siempre!

36 meses de impunidad para Ramón Fiallos

Hoy recordamos la vida, las enseñanzas, el trabajo, el compromiso y el aporte de Ramón Gabriel Fiallos Siria, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

La lucha en defensa del agua, de la amenaza que representa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, propiedad de la empresa Ingelsa lo pusieron como blanco de la violencia que acabó con su vida.

El compa Moncho como se le conocía, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por los intereses comunes. Un hombre trabajador, proveedor para su familia, dedicó sus últimos años de vida al Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, lugar que vigila y protege esta fuente de agua que ha sido destinada para uso y consumo humano.

Al momento de su asesinato militaba activamente en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participaba en las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017 que dejaron como presidente impuesto por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a Juan Orlando Hernández.

La noche del 22 de enero de 2018 emprendió el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba para unirse a los miles de ciudadanos que exigían el respeto a la voluntad popular en las inmediaciones del puente sobre el río Arizona.

Hasta allí llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación, al menos uno de esos disparos impactó a Ramón Fiallos. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En vida, el compañero Ramón Fiallos también colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas. Fue parte de los campesinos organizados que luchó por la recuperación de la tierra en el valle de Lean, fue uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito, su compromiso con las luchas se lo inculcó su abuelo durante su infancia.

A 36 meses de su asesinato, el pacto entre las instituciones del Estado hace que el crimen siga en total impunidad, las diligencias investigativas no presentan avances y el Ministerio Público guarda un misterioso pero cómplice e inmóvil silencio que favorece a quienes le quitaron la vida.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como muestra de unidad entre los territorios en lucha.

Las comunidades MADJ recordamos a Ramón Fiallos y su característica frase que perdura en el tiempo. “Lo que se empieza, se termina, sino, no sirve”.