21 organizaciones, representadas por más de 150 liderazgos de la región centro-occidental de Honduras, (La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, La Esperanza) y representaciones importantes de los departamentos de Colon, Atlántida y Cortes, aglutinadas en el Movimiento Popular y Social hondureño (MPSH) desarrollaron el II Encuentro regional, el 22 de junio, en la sede del Consejo Lenca Indígena Renacer (CIL), Marcala, La Paz.
Desde distintas voces se remarcó que las organizaciones de la región y del país somos importantes, pero lo somos más, en la medida que asumimos la articulación en perspectiva nacional y reafirmamos el compromiso de consolidar cada organización, profundizar la articulación nacional e internacional.
Determinamos que es prioridad seguir impulsando la unidad de la región, sin mezquindad y sin privilegios. Desde la autonomía del pueblo lenca. Asumimos la defensa de nuestros territorios, los bienes comunes y la lucha por el acceso a la tierra, en especial para las mujeres, como garantía de la soberanía alimentaria y desarrollo comunitario popular.
Hoy, más que nunca, nos asiste la claridad de que no queremos ser subordinados de ningún partido, en particular de aquellos que instrumentalizan nuestros espacios, usurpan nuestro discurso, mientras sus acciones revestidas de militarismo se distancian del pueblo y del campo popular. Rechazamos el retorno de los grupos conservadores y políticos tradicionales orquestadores de la profunda crisis del país, que entregaron el territorio nacional y dieron la institucionalidad a grupos criminales para delinquir desde el estado.
Nos llamamos a continuar exigiendo respuestas concretas y contundentes ante las diferentes reivindicaciones sociales, económicas y ambientales y acordamos discutir, hasta lograr un consenso, sobre instrumento político del campo popular, que guíe el avance de las demandas, establezca con claridad el posicionamiento ante el nuevo proceso electoral y profundice la lucha para lograr los cambios estructurales que el país necesita. Desde enero de 2024, venimos avanzado en un trabajo sostenido y creciente, articulando distintos espacios para dar vida al proyecto político del campo popular con autonomía de pensamiento y acción. En este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir empujando la historia para que el movimiento popular hondureño, digno, autónomo y fuerte sea el protagonista de las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Anunciamos nuestro tercer encuentro en el término de dos meses para la región sur del país y urgimos a las distintas organizaciones a que nos encontremos para pensar y construir propuestas de país desde la unidad popular, estratégica y a largo plazo.
Luego de que el 23 de mayo del 2024 la presidenta Xiomara Castro a través de un discurso, junto al Consejo Nacional de Defensa y Soberanía anunciaran el nuevo plan de “Cero Deforestación al 2029”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos cuestionamos si este nuevo proyecto en verdad favorecerá a la situación ambiental del país. Teniendo en cuenta el deplorable estado de los bosques nacionales y la permanente denuncia de las organizaciones, pueblos indígenas, garífunas y territorios campesinos sin lograr hasta el presente acciones urgentes y contundentes de parte del Estado.
Ahora se ha declarado en emergencia ambiental por la situación alarmante de la deforestación y su impacto sobre las cuencas productoras de agua. Esto a causa de los proyectos de generación de energía que quieren instalarse en territorios sin consultar a las comunidades, ejemplo de ello son, el sector Pajuiles con el proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP que contaminó el río Mezapa, produciendo afectaciones en la salud de las personas y pretendía dejar sin agua a las comunidades del sector. Así mismo, en Jilamito, la empresa INGELSA y su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, hasta ahora el único no explotado por la empresa privada gracias a la organización de la comunidades, este proyecto además de contaminar las fuentes de agua y dejar sin el derecho al agua a las comunidades, generó una ola de violencia en el territorio y provocó una ruptura en el tejido social.
Es por esto que nos cuestionamos si esta iniciativa va en línea de detener la deforestación y proteger lo que nos queda de boques y las fuentes de agua; es posible que esta sea una medida correcta para combatir la emergencia ambiental, pero solo si sus proyecciones se acompañan de procedimientos técnicos y políticos adecuados, y se abre a la participación activa y proactiva de la ciudadanía. De lo contrario se quedará como en muchas ocasiones, en discurso y en un show mediático.
Contrariamente a lo que se señala en el documento “Cero Deforestación al 2029”, son los grandes empresarios madereros que deforestan, no las familias “campesinas marginales” que expanden la frontera agrícola, tal como lo afirma Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esas familias campesinas no son responsables ni siquiera de la décima parte de la deforestación nacional. ¿Por qué esconder ante la población el verdadero rostro y nombre de quienes nos dejan sin bosques? ¿Por qué esconder a los responsables de los incendios forestales como los de La Tigra y El Merendón o los que talan un cerro completo para sus proyectos habitacionales? El gobierno no podrá ocultar los grandes depredadores de los bosques y las cuencas de agua porque desde nuestros pueblos nos enfrentamos a ellos casi a diario, aun a costa de ser criminalizados por defender la vida.
Y, por otro lado, el problema de las familias campesinas marginales se solucionaría en cuanto el gobierno recupere los cientos de miles de hectáreas de tierras (ya destinadas constitucionalmente para fines de reforma agraria) y emprenda inmediatamente una política agraria que beneficie a los cientos de miles de familias campesinas sin tierras. ¿Quién detendrá los verdaderos asesinos de los bosques de Honduras si el gobierno de Xiomara Castro ni siquiera se atreve a nombrarlos?
Cabe mencionar que bajo la tutela del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha estructurado una red de representantes de instituciones de gobierno que, por supuesto, deben dar cuenta a los generales, y dispondrán de 19 mil millones de lempiras para hacer reverdecer los bosques de Honduras de ahora al 2029. Nos parece mucho más importante que no sean los militares, sino las mismas comunidades rurales insertas en geografías boscosas quienes sean determinantes y protagónicas en la recuperación de los bosques y cuencas; ya que, al acabarse los fondos dispuestos, los militares volverán a sus barracas, pero las comunidades continuarán aplicando todo lo aprendido en manejo y conservación de bosques aún más allá del 2029. No deja de ser lamentable que el brazo de lucha y construcción de la refundación nacional haya dejado de ser el pueblo y sus organizaciones sociales populares, y en su lugar haya sido entregado por el gobierno actual a los militares.
En el marco del desarrollo del programa de “Cero Deforestación al 2029”, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia designarán 3 fiscales y 3 jueces con carácter de jurisdicción nacional para atender las situaciones que ameriten un tratamiento legal. Consideramos esta medida como buena pero insuficiente. El pueblo hondureño no se merece crear pequeños islotes de justicia, sino que estas instituciones se renueven a nivel nacional para acabar con la impunidad ambiental de los entes devastadores de los bosques, pero también de todos aquellos que violentan los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana vinculados a los bosques y, sobre todo, que asuman el honor de hacer justicia a todos los pueblos originarios de Honduras y no solamente a los que se mencionan en el documento “Cero Deforestación al 2029”. Los pueblos originarios son los que más tiempo llevan gritando el despojo de sus tierras y la consecuente devastación ambiental provocada por empresarios madereros, terratenientes, mineros y más recientemente los empresarios vinculados a la captura de carbono utilizando los bosques de los pueblos indígenas y garífunas.
En este contexto, nos cuestionamos, que cambiará con esta iniciativa ya que durante años se ha denunciado la deforestación ejecutada por particulares, madereros, empresas en complicidad con los funcionarios de gobierno e instituciones como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e Instituto de Conservación Forestal (ICF) y su papel omisivo ante el saqueo y la quema del bosque. Por otra parte, los fiscales no investigan, no acusan y el poder judicial no condena. ¿Por qué debería cambiar ahora, con relación a estas fiscalías y juzgados especializados? ¿Por qué deberíamos confiar en que estas fiscalías no seguirán permitiendo la destrucción de los bosques y las cuencas de agua? Ya que han sido estos fiscales los que han permitido la criminalizaron de nuestros compañeros y compañeras por defender el bosque en Locomapa.
Al ICF se le instruye para que (contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) anule jurídicamente cualquier autorización para devastar las zonas Núcleo de las áreas protegidas. Esto que se faculta hacer al ICF en conjunto con las fuerzas del orden en las áreas protegidas (ley secundaria) debe atenderse, con mucha más obligatoriedad, en los territorios de los pueblos originarios amparados en el convenio 169 de la OIT, convertido en ley primaria desde el momento de su ratificación en 1994. Las 75 áreas protegidas a nivel nacional son solo una muestra de la riqueza natural de Honduras que ciertamente deberán perpetuarse como lugares santuario. Sin embargo, es urgente sanear los territorios de los pueblos originarios, acabando con el saqueo mediante deforestación, destrucción de ríos, demolición de montañas, etc. para recuperar la salud geoambiental de las regiones donde están insertos.
Al MADJ, BED y FUNDAMBIENTE nos parece insensato que la Comisión de “Cero Deforestación al 2029” esté integrada únicamente por personal de las secretarías de Estado, autocomprendiéndose de forma autoritariamente omnisciente, donde la toma de decisiones es un asunto exclusivo de funcionarios de Estado. Es por esto por lo que pedimos la mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a cada una de las instituciones. La sociedad debe seguir de cerca el manejo y ejecución de los fondos para evitar el desvío o mal uso de estos. Por otro lado, sería idóneo que se presente un plan de distribución de los fondos para que no se conviertan en otro apetito de funcionarios del gobierno, ni que el dinero sirva como moneda de cambio para pagar favores políticos a grupos empresariales que puedan beneficiarse con contratos en el marco de estos fondos.
Es necesario que a esta Comisión se sumen representantes cualificados de las principales universidades y centros de investigación nacionales. Igualmente es importante sumar a representantes de organizaciones sociales y movimientos populares que de antemano han construido aprendizajes significativos (teóricos y prácticos) en asuntos de defensa de la soberanía ambiental de los pueblos y diseño de tecnologías populares de preservación, conservación, y desarrollo sostenible en territorios de vocación forestal integrando acciones sociales y técnicas de carácter agrosilvopastoril eficaces, sostenibles y con alto grado de justicia social.
Respecto del mandato otorgado al Poder Legislativo, de reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales, consideramos importante endurecer algunas penas y reconocer nuevos delitos ambientales. Pero de nada servirán tales reformas si antes no hay compromiso por hacer justicia ambiental a quienes delinquen impunemente y en mayor calado, como lo hace el sector empresarial de Honduras.
Valoramos la iniciativa de combatir la emergencia ambiental del país, pero nos resulta insuficiente que el documento contemple la asignación aislada de algunos incentivos para las personas que voluntariamente colaboren con el programa de la “Cero Deforestación al 2029”. Nos preocupa el nacimiento de estas iniciativas con enfoque militarista y que suceda como con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, que se esperaba ayudará a solucionar el conflicto agrario pero lo único que ha hecho es ponerse de lados de los empresarios y desalojar a cientos de familias campesinas. Nos preocupa que esta línea militarista sea una política de gobierno, un gobierno que criticó tanto el modelo de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ahora se puede decir que no hay muchas diferencias entre uno y otro, nos cambiaron las bombas lacrimógenas por tanquetas con chorros de agua para reprimirnos.
Finalmente, el MADJ, BED y FUNDAMBIENTE llamamos a los pueblos originarios, organizaciones populares y pueblos en general a sumarse a la lucha por combatir la emergencia ambiental del país. Se impone hacerlo no como peones, sino como agentes, autores y actores dueños plenos de nuestra propia historia. Frente a los empresarios extractivistas que no denuncia el gobierno de Xiomara Castro en el documento “Cero Deforestación al 2029”, vamos a ejercer soberanía ambiental en todos nuestros territorios. Nadie puede despojarnos y marginarnos de nuestra ciudadanía ambiental. Pero esto implica organizarnos para preservar y conservar nuestros bienes naturales, al mismo tiempo que delatar y someter a la justicia a quienes depredan los entornos ambientales de las comunidades y pueblos, que saquean nuestros bosques y destruyen nuestras cuencas proveedoras del agua que necesitamos y se roban los bienes naturales que pertenecen a todos y todas.
Cuando se lucha con dignidad la victoria está asegurada. No importa cuánto nos cueste. La dignidad y la justicia siempre se imponen.
Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.
Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…
Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.
Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.
Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.
Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.
El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas.
En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.
Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.
Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.
Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país.
Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.
En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..
El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.
En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.
Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…
Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.
Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…
En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.
Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.
Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.
Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.
Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización
En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.
El Día Internacional del Agua ha sido motivo para reivindicar la soberanía hídrica de los pueblos en la zona norte de Honduras. Comunidades históricamente abundantes en aguas corrientes y subterráneas pasaron de un momento a otro a ser amedrentadas, perseguidas, despojadas y hasta desalojadas de sus fuentes de agua porque los empresarios de la hidroenergía, las empresas de la mega agricultura extractivista y las empresas mineras se creyeron que al tenor de la narcodictadura se les haría fácil despojar a los pueblos de lo que naturalmente les pertenece. No lo lograron. Las comunidades se organizaron y enfrentaron cada una de las situaciones en las diferentes microregiones del departamento de Atlántida y parte del departamento de Colón. Ahora celebran sus triunfos redoblando los cuidados de sus bienes naturales y demás medios de vida.
No puede ser menos la respuesta de las comunidades. Los bosques tropicales húmedos como los de la costa norte hondureña que por sus dinamismos propios son capaces de retener hasta 800 mm de aguas lluvias, ahora muchos de ellos apenas retienen entre 8 a 14 mm de lluvia, agrandando las tragedias naturales de origen hídrico. Y al mismo tiempo, las áreas secas se expanden al extremo que de seguir el actual ritmo se espera que para el 2040 el 50% del territorio nacional estará convertido en áreas secas y el 50% del territorio será desértico o semidesértico para 2050.
¿Qué hacer? Estos pueblos muestran el camino.
Jutiapa es uno más de entre los municipios de Atlántida que han celebrado con mucho entusiasmo el Día Internacional del Agua. Las Juntas de Agua comunitarias integradas en la AJAJUTIA, diferentes servicios de pastoral social de la Iglesia Católica, ONG´s con presencia en el municipio de Jutiapa, instituciones públicas como el ICF y la corporación municipal, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la presencia siempre alegre, entusiasta y comprometida de la juventud del municipio hicieron de esta celebración un evento cultural y educativo de enorme y digno atrevimiento popular. Y es que con esta acción se trasciende la normalidad del diario vivir en un municipio tan rico ecológicamente y tan depredado a la vez; y, sin embargo, comprometido con la defensa del presente y futuro hídrico de Jutiapa, determinados a hacer prevalecer el derecho humano de acceso al agua potable para toda la población.
La AJAJUTIA y la Iglesia Católica hicieron gala de sus excelentes capacidades de articulación de las Juntas de Agua comunitarias, avanzando en una línea de compromiso social por hacer de los bienes hídricos un regalo de la naturaleza que debe cuidarse y manejarse de forma sostenible e inclusiva. Mientras tanto, al Movimiento Amplio le fue asignada la responsabilidad de poner al día el estado actual de los bienes hídricos del departamento y la organización por la defensa del acceso permanente al agua, partiendo de la Declaratoria Departamental del Agua que tuvo lugar en 2023.
En el municipio de Atlántida, la celebración de la defensa del agua se conmemoró al tenor del séptimo aniversario del Campamento Digno de Pajuiles, durante la jornada se hizo memoria viva de la lucha colectiva en defensa de los bienes comunes naturales desde el formato del poder local comunitario. Pajuiles es un símbolo de resistencia, de acción colectiva contra el extractivismo y frente a la explotación desmedida de los bienes naturales, principalmente sus ríos y manos subterráneos de agua.
La celebración fue un acto de reafirmación de la lucha por la preservación del agua y la protección de los ríos, en medio de constantes amenazas y desafíos. Una caminata nutrida de participantes de las comunidades vecinas sirvió para hacer hincapié en los desafíos que enfrentan estas comunidades, incluida la presencia de empresas como Honduras Tilapias Farm, cuyas prácticas amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la seguridad hídrica de la región. La resistencia contra el extractivismo y la defensa de los bienes naturales se mantienen como prioridades fundamentales para las personas involucradas y fieles en estos procesos gestados desde la mística MADJ. Esta jornada sociocultural y político popular sirvió para retomar la vida política en el campamento con los mercaditos comunitarios, reestructurar los núcleos comunitarios, consolidar las juntas de agua y patronatos en un solo bloque de acción, convocar al encuentro nacional de territorios contra el extractivismo y seguir con las jornadas de inspección en la parte alta de la cordillera Nombre de Dios. Fue, pues, un recordatorio poderoso de la resistencia y la acción colectiva organizada en la defensa de los bienes comunes naturales, así como un llamado a la acción continua contra el extractivismo, el capitalismo, la violencia y la búsqueda de un mundo mas digno y justo.
La Asociación de Juntas de Agua del municipio de Sabá, AJASA, también ha mostrado su unidad y poder de convocatoria popular para llevar a cabo esta movilización en defensa del medio ambiente y el agua, en una tradición que se ha mantenido durante los últimos diez años. Esta movilización, involucró diversos sectores de la sociedad, desde las juntas de agua locales, centros educativos, organizaciones comunitarias, Iglesias y patronatos con el objetivo principal de concienciar sobre la importancia de la protección del agua y los ecosistemas acuáticos en la región.
Durante la jornada de movilización, se han destacado diversas demandas y preocupaciones ambientales que aquejan a la comunidad de Sabá. En primer lugar, se ha hecho un llamado enérgico al gobierno para que tome medidas concretas destinadas a proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos, un área de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos de la región. Las comunidades exigen una mayor vigilancia y acción para prevenir la deforestación y la degradación ambiental en esta área protegida.
Además, se ha exigido al gobierno una respuesta clara y efectiva a las acciones legales interpuestas en nombre de la comunidad por el Bufete Estudios para la Dignidad. Estas acciones legales buscan garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades frente a las actividades mineras de la empresa Canteras y Más S. de R. L. que amenaza su entorno natural y sus fuentes de agua que abastecen a más de 30mil personas en el municipio de Sabá.
La movilización por el Día Mundial del Agua en Sabá no solo es una muestra de la preocupación y el compromiso de la comunidad con la protección del medio ambiente, sino también un recordatorio para las autoridades de gobierno sobre la urgente necesidad de tomar medidas concretas para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la región. La participación activa y la voz unida de la comunidad son fundamentales para lograr un cambio positivo y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
En definitiva, las comunidades del norte de Honduras se aprestan a dialogar en un espacio multidisciplinario e interinstitucional para consensuar un entendimiento que dé paso a la puesta en marcha de un plan audaz ante la crisis climática que se está dejando venir y garantizar en medio de la misma la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Y es aquí donde el esfuerzo realizado por las comunidades organizadas en el MADJ por abrir este diálogo desde la proclama departamental del agua está acrecentándose desde varias instancias y lugares.
Apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del movimiento popular latinoamericano, un saludo combativo y revolucionario para ustedes desde el corazón del movimiento popular hondureño.
Hace unas semanas [24-26 de enero] se desarrolló el encuentro nacional del movimiento popular de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula, también conocida como la capital industrial. Desde este espacio hemos reafirmado nuestro compromiso con Honduras y con todas las fuerzas populares del continente, con ustedes y con quienes estamos en la travesía de la dignidad, la justicia social y la construcción del poder popular.
En el marco de los dos años del triunfo de Xiomara Castro, convencidos de arreciar la lucha, reafirmamos la autonomía del campo popular, nos declaramos en movilización permanente y en proceso para construir nuestro el instrumento político para arrancar de tajo los vicios estructurales que impiden un nuevo pacto social y político en el país.
Este momento fortalece nuestras subjetividades revolucionarias y otorga claridad política al campo popular hondureño, que desde el golpe de 2009 había entrado en un horizonte de monotonía. Estamos profundamente convencidos que avanzamos con firmeza hacia el fortalecimiento de la agenda propia del movimiento popular y que acudimos al nacimiento de una expresión popular cargada de novedad, fuerza y creatividad para responder a los desafíos de este momento histórico.
Junto al buen sentir que nos ha dejado el encuentro hacemos expreso nuestro agradecimiento a ustedes por su cálida presencia que a través de la virtualidad se hizo manifiesta y que reafirmó nuestro sentido de pertenencia al inmenso racimo del movimiento popular latinoamericano y de los distintos proyectos de emancipación de la patria grande.
Agradecemos profundamente sus muestras de cercanía, la solidaridad y su compromiso que trasciende las fronteras. En el ajetreado escenario que nos movemos las organizaciones populares- un breve video de saludo y de motivación-es también un acto de subversión, es fuerza que revitaliza los vínculos, es sinónimo de la polifonía que recorre nuestro continente abriéndose paso para que eso que llamamos la Vida siga aconteciendo.
Les abrazamos fervorosamente y reafirmamos el compromiso y deseo de seguir coincidiendo en la tenacidad y en la alegría que nos otorga la lucha único camino para construir otros mundos posibles.
Organizaciones convocantes del Encuentro: ° Plataforma Agraria del Aguan ° Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ° Bufete Estudios para la Dignidad (BED) ° Plataforma Lenca de la Paz- PALAGUA ° Central Nacional de Trabajadores del campo CNTC-El Progreso
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, El Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente condenan el atentado perpetrado en contra del compañero Franklin Izaguirre Melgar, presidente de la Cooperativa Campesina Camarones, aglutinada en la Plataforma Agraria del Aguan.
El hecho sucedió en el municipio de Tocoa, Colón. El compañero se conducía en su vehículo cuando fue atacado a balazos por personas fuertemente armadas a bordo de dos motocicletas. El compañero Franklin es un líder campesino que ha impulsado la reivindicación del derecho a las tierras de reforma agraria pertenecientes a la Cooperativa Camarones, que fueron despojadas por Corporación Dinant.
El compañero Franklin Izaguirre participó en el reciente encuentro de organizaciones populares, en el que se destacó el reclamo al gobierno por el fracaso en la implementación de políticas eficaces para la protección de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
La cooperativa Campesina Camarones es suscriptora de los acuerdos del 22 de febrero de 2022. Casi dos años después, la Comisión Tripartita no ha sido instalada y la violencia en contra del movimiento campesino persiste. Se ha denunciado la inactividad, desalojos, criminalización y aquiescencia del gobierno ante toda la violencia ejecutada por las bandas criminales que operan en el Aguan, las cuales, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad ya conocen.
Hacemos un llamado al Gobierno para que de una vez por todas implemente las acciones necesarias para desarticular las bandas criminales que operan en la zona en confabulación con las empresas agroindustriales e, incluso, con la policía nacional y los fiscales de la zona. Además qué, en medio del caótico funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, implemente la protección idónea y urgente para garantizar la vida e integridad de las familias campesinas.
Desde el Movimiento Amplio, El Bufete Dignidad y Fundambiente nos sumamos en solidaridad para con el compañero Franklin Melgar y esperamos su pronta recuperación, con su familia, la cooperativa campesina y la Plataforma Agraria, junto a quienes seguiremos trabajando y exigiendo justicia para las familias campesinas.
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
“Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón”
“Soy Magdalena Díaz, de Arizona, Atlántida, pertenezco al Movimiento Amplio y tengo el cargo de conducción política en el Campamento de la Dignidad de Jilamito”.
Así de escueta es la presentación que de si misma hace Magdalena Díaz, pero que de alguna manera sintetiza un recorrido intenso en sus poco más de 40 años de vida.
Menuda, con la piel trigueña de mestizaje y de sol, Magdalena tiene mucha historia que contar. Hija de campesinos, esposa de un campesino educador que fue asesinado por reclamar democracia y campesina ella misma, de las que no teme labrar la dureza de la tierra para sembrar el sustento de su familia.
Hoy es una dirigente reconocida del movimiento popular en Atlántida, de la misma estirpe de mujeres defensoras de los ríos y de la justicia, como lo fue Berta Cáceres o Margarita Murillo, para citar unos cuantos nombres.
Magdalena, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la defensa del Río Jilamito?
Bueno, es bien difícil, porque en el gobierno anterior que tuvimos, del dictador, se pusieron a vender todos los ríos para hacer proyectos extractivos y nosotros confiábamos en que el gobierno actual que tenemos con la presidenta Xiomara nos apoyaría en la defensa de los bienes comunes y naturales, que nos respaldaría activamente en esta lucha digna que tenemos, pero ya va sobre dos años y no tenemos ninguna respuesta concreta…
Entonces siempre vivimos un conflicto bien difícil en las comunidades. En 2024 vamos a cumplir siete años de estar en esa lucha y aún no la hemos solucionado. Como Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad se logró la liberación de los compañeros y compañeras que estaban criminalizados, pero el conflicto de fondo no se resuelve porque la concesión del río no ha sido anulada y siempre hay bancos nacionales e internacionales financiando a estas empresas para su proyecto hidroeléctrico en Jilamito.
¿Cuáles son las principales lecciones de estos siete años de lucha?
En estos siete años de existencia del Campamento de la Dignidad hemos pasado alegrías y tristezas. También hemos convivido bien bonito entre los compañeros y compañeras, somos como una familia compartiendo un espacio donde se medita, se reflexiona, se toman decisiones y acuerdos para fortalecer la lucha…
Pero es bien difícil al mismo tiempo porque tenemos compañeros asesinados en el camino, entre ellos mi esposo. Son muertes que siguen impunes.
Como movimiento social y popular sabemos bien que instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no están para el pueblo, ellos están para los empresarios, ellos son los que nos criminalizan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Siento que ahora seguimos en la misma temática. En estos dos años, como le dije, seguimos en la misma porque miramos que los funcionarios públicos siguen igual, gobernando como lo han hecho los gobiernos anteriores.
Seguir adelante en la vida Magdalena tiene muy presente el compromiso social de su esposo, Ramón Gabriel Fiallos, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.
Ramón fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a luchar por los intereses comunes. Fue parte de los campesinos organizados que reclamó el derecho a la tierra en el valle de Lean y también uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito. Ramón o “Moncho”, como también se le conocía, colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas.
“El venía de una familia con tradición de lucha”, recuerda Magdalena. “Mi suegra me cuenta que él siempre defendía sus derechos”.
Por esas razones no fue extraño que la noche del 22 de enero de 2018 se despidiera de su familia para emprender el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba y unirse a los centenares de ciudadanos que a inmediaciones del puente sobre el río Arizona exigían el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El derecho a la protesta era legítimo, pero no para los usurpadores del poder, y hasta el sitio de la protesta llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación. Al menos una de esas balas impactó a Ramón. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde poco después se confirmó su muerte.
Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como reconocimiento a su sacrificio. Un honor social que a su familia, como es natural, no compensa la ausencia de justicia que rodea su crimen.
A Magdalena le duele “no tener ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades de nuestro gobierno; su caso es como el de muchos compañeros asesinados por defender los derechos del pueblo”.
¿Cómo ha sido la vida después de su muerte?
Cuando él murió, recuerda Magdalena, me quedaron tres hijos menores de edad y en esas circunstancias es duro seguir adelante, pero la misma injusticia que vivimos en este país nos impulsa a seguir. Indigna ver que nos asesinan compañeros por defender nuestros derechos. Los matan para meternos miedo, pero tanto yo como mis hijos y mi organización hemos demostrado a los empresarios corruptos y a los gobiernos que estamos más fuertes, más valientes y más firmes en la defensa de nuestros derechos. Y sé que la única manera de seguir adelante es con mucha valentía”.
Ahora, prosiguió, estamos organizando un bloque popular en reclamo de que nos devuelvan la reforma agraria. Durante décadas han atropellado nuestro derecho a tener tierras para trabajar. Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón.
Desde que tengo uso de razón sé que los campesinos no somos prioridad de los gobiernos y por eso es que se mantiene la pobreza en este país, porque la prioridad de los gobiernos son las empresas privadas y no los pequeños productores, enfatizó.
¿Cómo se mantiene? ¿Cómo ha logrado salir adelante con su familia?
“Trabajando; trabajando duramente. Tengo una parcela de tierra, son como tres manzanas y en ellas trabajo, y mis hijos donde encuentran trabajo lo hacen porque saben que siempre han crecido a base de esfuerzo y sacrificio”.
Magdalena, ¿y de dónde le nace la conciencia para defender el derecho a la vida y los recursos naturales?
Mi padre era un campesino revolucionario, y luego mi esposo igual. Me cuenta su mamá que desde joven odiaba la injusticia y siempre le gustó defender los derechos del pueblo. La última noche que él salió de mi casa mientras estaba agachado, amarrándose los zapatos, mientras yo le decía que no se fuera, él me dijo que debemos estar decididos a cualquier sacrificio para que el país cambie, que de lo contrario siempre nos mantendremos así, en la pobreza.
¿Cuál es el objetivo prioritario de lucha que tienen?
Magdalena no vacila en contestar porque tiene clara su respuesta:
“Son varios los objetivos, pero lo más importante para nosotros es lograr que se cancele definitivamente el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en Jilamito y la concesión sobre el rio, que se cancelen también los proyectos de minería que acaban con nuestros recursos naturales y que nos devuelvan la reforma agraria a los campesinos. Pido esto como defensora de derechos humanos no solo para el municipio de Arizona, sino que para todo el país, porque es a nivel nacional que nos están matando a muchos compañeros”.
Con esas metas que animan su vida, Magdalena sabe que no está sola. “Cuando empecé a conocer el Movimiento Amplio supe que debíamos apoyarle, entrarle de lleno y seguir su compromiso social. Así empezamos a organizar las comunidades y por medio de eso es que logramos parar el proyecto hidroeléctrico de Jilamito. Organizados ya miramos como son las cosas y ya sabemos que proyectos como el de Jilamito no traen nada de bueno para nuestra comunidad porque lo único que realmente dejan es la división entre familias y las personas y la destrucción de nuestras fuentes de vida, como el agua que es vital para todos. Yo no tengo ninguna duda; organizados saldremos adelante en esta lucha. Tarde o temprano, pero lograremos que se nos haga justicia”.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
