La justicia viene, nadie la detiene.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para la salvaguarda del Ambiente nos sumamos a la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto, ocurrida el 25 de agosto de 2013.

Tras nueve años de esperar una justicia que no acaba por llegar a nuestros hermanos y hermanas tolupanes, nos pronunciamos enardecidamente, con la dignidad muy en alto, con la sed más grande de justicia, pero con la determinación inclaudicable de luchar hasta siempre por la dignificación soberana de cada ser humano del pueblo Tolupán.

Nos arrebataron nuestros hermanos y nuestra hermana tolupana. Les asesinaron por oponerse a una minería clandestina e ilegal que despoja a la tribu del usufructo de sus bienes naturales, envenena sus fuentes de agua y contamina su ambiente.

Sus vidas les fueron cortadas con violencia, de la misma manera que los empresarios madereros arrancan los bosques de la tribu y condenan a muerte a la población indígena y toda la comunidad viviente de sus territorios.

 Nos avergüenza la pusilanimidad con que actúa el Estado de Honduras cuando la población exige justicia. La lentitud con que operan el Ministerio Público, la ATIC y los juzgados cuando se trata de hacer justicia a los sectores sociales más desfavorecidos provoca espanto e indignación.

Llamamos al pueblo Tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa a construir la unidad justa y solidaria de las 27 aldeas y caseríos y no hacer caso a las empresas madereras y mineros clandestinos que tratan de dividirles para quedarse con las riquezas de los territorios tribales.

Ha llegado el momento que los corruptos, ladrones y asesinos tienen que rendir cuentas. Una nueva unidad se viene construyendo en las 31 tribus del pueblo Tolupán que va creciendo a la vez que exigiendo rendición de cuentas y castigo para los traidores y traidoras del pueblo Tolupán.

Esta ola de dignidad que recorre el pueblo Tolupán ha sido abonada con la sangre martirial de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto y el resto de compañeros nuestros asesinados cobardemente. Continuaremos nuestras luchas abonadas con sus sangres derramadas siguiendo como ejemplo el recuerdo de cómo enfrentaban a los cobardes y asesinos con valor, dignidad y determinación.

Los corruptos, los judas de la tribu San Francisco de Locomapa, serán alcanzados por la justicia y deberán dar cuenta, con la debida transparencia que emana de las leyes, de cada uno de los Lempiras percibidos en los años anteriores.

Para la tribu San Francisco de Locomapa, organizada en el Consejo Preventivo de Tribu, llamamos a honrar la lucha de los mártires construyendo la unidad, trabajando organizadamente para engrandecernos como pueblo Tolupán.

Juntos construimos la paz con justicia y dignidad.

San Francisco Campo, 25 de agosto de 2022

Comunicado: “No más criminalización y despojo contra los pueblos indígenas de Honduras”

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu indígena Tolupan de Luquigüe, San Francisco Locomapa, ubicados en el Departamento de Yoro; integrantes del Pueblo Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad nos hemos movilizado el día de hoy desde distintos puntos del país para pronunciarnos ante el Ministerio Público, instituciones del gobierno Central y a la población en general de la forma siguiente;

PRIMERO: Las comunidades indígenas en resistencia al despojo de nuestros bienes naturales ejecutado por el sistema extractivista que impera en nuestro país, constantemente hemos denunciado ante el Ministerio Público las amenazas, agresiones, corrupción y asesinatos de las que hemos y continuamos siendo víctimas, sin que hasta la fecha se haya presentado requerimiento fiscal en contra de nuestros victimarios.

SEGUNDO: Denunciamos que el actuar del Ministerio Público siempre ha sido diligente para presentar acusaciones contra nuestra, y muchas veces estas acciones se realizan con una simple y deliberada denuncia del empresariado y personas afines, es decir nuestros victimarios.

TERCERO: Repudiamos la falta de diligencias investigativas y el actuar abusivo de las y los funcionarios que nos han condenado en los últimos años múltiples procesos judiciales, limitando nuestros derechos a la organización, movilización y resistencia comunitaria, más daños psicológicos, sociales, económicos y morales.

CUARTO: Denunciamos que la Fiscalía Especial de Etnias nuevamente pretende abrir un proceso judicial en contra de nuestros compañeros de la Tribu Tolupan de Luquigüe, a quienes citó a comparecer este día, en calidad de investigados, sin indicar con precisión los hechos y el delito por cual supuestamente están siendo sometidos a investigación.

La Fiscalía de Etnias, conoce al menos de 10 denuncias que el pueblo Tolupan ha interpuesto en catorce años de existencia del MADJ, en los que la fiscalía ha presentado únicamente un requerimiento fiscal. Se ha convertido en parte del círculo de impunidad e inoperancia del Ministerio Público, incapaz de satisfacer de justicia y perseguir a los responsables de las agresiones al pueblo Tolupan. Para la Fiscalía de Etnias, el pueblo Tolupán no existe. Repudiamos que aparezca ahora investigando a hermanos tolupanes de Luquigüe que dignamente defienden los derechos de su tribu.

QUINTO: Denunciamos que el Ministerio Público y en Especial esta Fiscalía de Etnias ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa producto de las detonaciones realizadas por la empresa MINOSA  y la destrucción del cerro del Cementerio, no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí, permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals.

SEXTO: Manifestamos que es una obligación del Estado garantizar los derechos a todos los ciudadanos y especialmente a los pueblos indígenas que históricamente hemos sido víctimas de la violencia, el saqueo de nuestros recursos y el olvido institucional.

SEPTIMO: En atención a lo anterior solicitamos al Ministerio Público y gobierno central:

1. Que cesen las acciones de criminalización y persecución de las y los líderes en nuestras comunidades.

2. Se nos brinde información exacta sobre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Etnias, y en general por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas desde nuestros territorios ante las violaciones de las que hemos sido objeto.

3. Se nos dé respuesta ante los asesinatos de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute y nuestros compañeros Ricardo Soto, Armando Fúnez, Salomón Matute, Samael Matute, Milgen Soto, Erásimo Vieda y demás asesinatos sobre los cuales no existen procesos judiciales en contra de los autores intelectuales y materiales.  Exigimos justicia, memoria y verdad en el esclarecimiento de estos hechos y se garantice por el Estado de Honduras la no repetición de los mismos.

4. Exigimos a MIAMBIENTE, INHGEOMIN y demás instituciones del gobierno, así como al Ministerio Público se investigue y sancione inmediata y diligentemente las violaciones cometidas por la empresa MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, en el territorio maya chortí de la comunidad de Azacualpa.

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022. 

¡Hasta la Dignidad siempre!

Celebramos los cuatro años del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán.

“La resistencia es no solo la habilidad de soportar, sino de convertirlo en gloria” William Barday.

Hoy cumplimos junto al pueblo Tolupán 4 años de instalación del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, este espacio de lucha y resistencia pacífica, propositiva y unida, ha sido el fiel guardián que ha sostenido la Tribu San Francisco Locomapa en su intensión de proteger los bienes comunes y naturales.

El pueblo Tolupán que enfrenta una lucha milenaria ante el despojo, el saqueo y la discriminación, ha encontrado en el Campamento un espacio de debate, conocimiento, crecimiento colectivo, resistencia organizada y creación de proyectos para beneficio comunitario.

El Campamento digno se instaló en un primer intento en el año 2017, pero producto de la crisis política provocada por el fraude electoral suspendió las actividades, reinstalándose el 17 de febrero de 2018 en uno de los sitios más simbólicos y representativos para la Tribu San Francisco Locomapa, en este sitio fueron asesinados tres luchadores sociales en el año 2013 cuando de manera violenta se pretendía cortar madera e imponer la industria minera en las comunidades indígenas.

Desde el Campamento Digno se han librado duras batallas, ha habido momentos de alegría, momentos de tristeza, pero esto no ha hecho desmayar en la lucha a nuestros hermanos indígenas. Ramón Matute, Secretario del Consejo Preventivo nos cuenta que ha significado el Campamento para ellos y ellas. “El campamento ha sido importantísimo porque hemos logrado trascender a nivel nacional como internacional por la lucha de la Tribu en defensa del bosque, nuestro título ancestral, por defender todas estas injusticias a las que hemos sido sometidos por parte de los gobiernos, hemos logrado que la lucha sea visibilizada a través del Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia”.

Sobre el proceso de lucha librada desde el Campamento Digno desde 2018 a la fecha nuestro compañero la resume de la siguiente manera. “Estamos cumpliendo 4 años de la reinstalación del Campamento Digno aquí en la comunidad de Locomapa, la verdad que ha sido muy difícil estos cuatro años, hemos perdido seres queridos durante el proceso, hemos sufrido represión de parte de la policía, de las autoridades, hemos recibido represión de parte de hermanos indígenas de la zona, ha sido bien difícil estos cuatro años, pero a pesar que ha habido momentos difíciles esta lucha no ha podido parar, esta lucha sigue, estamos aquí vivos”.

“Hay cosas buenas y cosas malas, en el Campamento hemos sido amenazados, ahí me mandaron a amenazar a mí que me iban a dar donde más me doliera y al día siguiente asesinaron a mi papá y a mi hermano, también recordamos al compañero Milgen que estuvo al pie de la bandera, de frente en el campamento, también fue amenazado el compañero José María”.

Entre las cosas buenas que destacan están: La celebración por la libertad de los nueve indígenas criminalizados por la empresa Inmare, se logró ganar una clínica médica mediante una acción de amparo que además dio la oportunidad de reivindicar derechos como la alimentación.

También en el campamento se han celebrado encuentros con organizaciones nacionales e internacionales.

Ahora tenemos contacto con las autoridades que antes no los teníamos, ha sido productiva la lucha de la Tribu San Francisco Locomapa.

Actualmente se trabaja en la reconstrucción de la radio comunitaria que fue dañada por un grupo de personas afines a la empresa Inmare del empresario Wilder Dominguez.

Una de las grandes apuestas actuales y a futuro desde el Campamento Digno por la Defensa del bosque y el territorio Tolupán es seguir exigiendo justicia y dignidad para el pueblo Tolupán y poner un alto a la impunidad que ha sido uno de los factores más importantes para alimentar las injusticias contra este pueblo originario.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

9 crímenes sin respuesta para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.

Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.

Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.

Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.

La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.

Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.

Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán.

A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.

La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.

Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.

Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.

Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.

Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.

El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.

Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Pueblo Tolupán en Honduras a punto de morir de hambre

En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.

Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.

Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.

En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.

Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.

En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”

La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.

Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.

Reportan desaparición de indígena Tolupán integrante del movimiento amplio en San Francisco Locomapa, Yoro. Honduras

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.

Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.

También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.

Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.

Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.