Boletín Informativo MADJ sptiembre 2024
Boletín MADJ Septiembre 2024 Final de Acssa Flores
Etiqueta: analisis y opinion
Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema
Tegucigalpa, Honduras.
Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.
Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.
El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.
“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.
El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.
Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.
El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.
“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.
Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.
Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.
“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.
Propuesta de trabajo para el Poder Judicial
En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ, en el que se detallaron las líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.
“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.
El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.
Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos
Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.
También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.
Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia
En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.
“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.
En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.
En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.
“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.
Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.
Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.
“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.
Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.
La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.
LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN
Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.
Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.
Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.
La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.
Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.
¡Hasta la Dignidad Siempre!
Respeto y diálogo inclusivo ante la imposición de la cárcel en la Isla del Cisne
¿Volvemos al estilo autoritario de la narcodictadura? Esta es una pregunta cada vez más reiterativa que nos hacemos organizaciones como el MADJ y el BED ante las actuaciones de la administración de Xiomara Castro. El último ejemplo lo tenemos a partir de la falta de participación, diálogo y toma de decisión de la población con respecto a la ubicación, en la isla del Cisne, de una nueva cárcel de “máxima seguridad” y al autoritarismo, escasez de argumentos técnicos y éticos demostrado por funcionarios del presente gobierno.
El ministro de la secretaría del Ambiente, Lucky Medina, ha afirmado que el archipiélago Islas del Cisne no es área protegida (porque no está publicada como tal en el Diario La Gaceta) y pese a cualquier oposición la isla cárcel El Cisne nadie la detiene. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ha salido ante los medios de comunicación anotando que se fía del criterio del ministro del Ambiente, garantizando que no habrá violaciones a los derechos humanos y ambientales de ningún tipo. Finalmente, el Procurador General, Manuel Díaz, afirmó que en el asunto de la isla cárcel El Cisne no tienen cabida “aquellos a los que les es funcional un Estado sin soberanía” … y todos han apuntado que los que deseamos el respeto a la biodiversidad y al arrecife coralino ubicado en esa zona, somos “cachurecos” y narcotraficantes.
Nada más falso en esta comparsa letal.
El ministro del Ambiente no está por encima de la ley. Al archipiélago Islas del Cisne se le declaró Parque Nacional Marino mediante Acuerdo Ejecutivo No. 3056-91, el 30 de octubre de 1991. Luego se le dio el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante decreto N° 128-94, publicado en La Gaceta N° 27,477 del 17 de octubre de 1994. Finalmente, en el año 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAPH, consideró que la categoría de manejo más acertada para este archipiélago es la correspondiente a Reserva Marina.
Que este último cambio de estatus de área protegida no haya sido publicado en La Gaceta no anula los dos nombramientos anteriores, como lo pretende el ministro del Ambiente para justificar la devastación a que sería sometido el archipiélago para satisfacer quien sabe qué intereses y propósitos. Y en lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos y el Procurador General, como Movimiento Amplio consideramos que, ciertamente, la dignidad y derechos de muchas personas y pueblos está en juego y no es cierto que por mantener una actitud crítica ante un proyecto como el que nos ocupa seamos promotores de “un Estado sin soberanía”, seamos cachurecos o narcotraficantes.
El MADJ es una organización digna, con independencia política- electoral, que reconoce nuestros derechos soberanos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a las acciones autoritarias de un puñado de funcionarios que pretenden someter al pueblo conculcando sus más elementales derechos y atribuciones.
¿Qué se esconde tras el obstinado capricho por construir una mega cárcel en Islas del Cisne?
Desde el Movimiento Amplio consideramos la pretendida conversión del archipiélago Islas del Cisne en isla cárcel como un ecocidio, etnocidio, obra inútil para los efectos que se persiguen y afrenta radical a la vida y demás derechos humanos de futuros presos y personal militar y policial de menores rangos.
En primer lugar, la isla cárcel El Cisne es ecocida. Así lo ha señalado el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) pues “este archipiélago alberga ecosistemas marinos y costeros con características biológicas y ecológicas muy especiales”. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras ha manifestado su oposición en tanto que Islas del Cisne posee 73 especies de flora y 51 especies de fauna presente de mucha importancia para la conservación con características particulares. Y también el Colegio Químico – Farmaceútico de Honduras ha pedido se haga un mejor uso de los fondos nacionales junto a otras medidas más reales en el sistema carcelario nacional.
Más todavía, el Archipiélago Islas del Cisne, sobresale por presentar un ecosistema único en Honduras denominado Arbustal semideciduo con cactus que, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de la UNESCO, presenta un estatus único aumentando de 71 a 72 los ecosistemas nacionales. De ahí que, en virtud de la aplicación del principio de precautoriedad incorporado al derecho internacional ambiental desde 1992 y luego incorporado al derecho positivo hondureño, cualquier intervención a desarrollar en el sitio debe contemplar el impacto potencial que podría desencadenar.
¿Valdrá la pena poner en riesgo un ecosistema peculiar pero endeble y único que se presenta en el archipiélago de Islas del Cisne como consecuencia inmediata del impacto de la devastación y contaminación a producirse tras el levantamiento de edificaciones y el manejo consecuente de desechos de la cárcel de máxima seguridad?
En segundo lugar, la isla cárcel El Cisne es etnocida. Las islas y los más de sesenta cayos que integran el departamento de Islas de la Bahía, entre los cuales se halla el archipiélago Islas del Cisne, registran movimientos humanos que datan de 1,500 años y se ha registrado el establecimiento de grupos humanos desde el 600 a.C. Estas islas e islotes han sido territorios transitados por varios pueblos originarios de la plataforma continental hondureña que se han dedicado al intercambio de productos y demás interrelaciones con los pueblos vecinos.
Es comprensible, entonces, que la organización del pueblo misquito, MASTA, mantenga un rotundo NO a la construcción de cárceles en Islas del Cisne, porque temen que con ello se afecte la pesca, que es el sustento de muchos de los que viven en el Caribe de Honduras. Sería lamentable enterrar esta historia tan dinámica, llena de vida y de experiencias de resistencia soberana, del archipiélago Islas del Cisne para dar paso hacia su conversión en una isla cárcel con acceso prohibido para la población.
El archipiélago vecino de los Cayos Zapotillos fue clasificado como Reserva Biológica, y el archipiélago Cayos Cochinos declarado Monumento Natural Marino; convertidos ambos archipiélagos en escenarios de vida en su mayor amplitud natural, que los hondureños y hondureñas pueden visitar y disfrutar de su riqueza natural y belleza escénica. ¿Por qué, entonces, esas acciones no se complementan haciendo del archipiélago Islas del Cisne un museo de historia natural y cultural del Caribe hondureño donde los pueblos del Atlántico puedan encontrarse con su historia más inédita, en vez de condenarlo a la devastación natural y desfiguramiento histórico cultural?
En tercer lugar, la isla cárcel El Cisne deviene obra costosa e inútil. La crisis carcelaria hondureña no tiene su origen principalmente en la falta de presupuestos ni la falta de edificaciones; es una crisis derivada directamente por la corrupción y abuso de autoridad de muchos de los oficiales de policía y militares que, por un lado, han convertido los centros penitenciarios en lujosas suites para los presos de alto calado y, por otro lado, han permitido el trasiego de drogas y armas dentro de los recintos penitenciarios, facilitando el asesinato dentro de los mismas.
Es un disparate presentar la Isla Cárcel El Cisne como un espacio absolutamente necesario, sin el cual las fuerzas del orden –militares y policías- no podrían dar cumplimiento definitivo a su responsabilidad de acabar con el crimen organizado. O, ¿acaso se trata de una cortina de humo para esconder las causas verdaderas que mantienen en crisis al sistema carcelario de Honduras y a la sociedad en general? ¿Qué garantías tiene la población que las Fuerzas Armadas y Policía administrarán correctamente la isla cárcel El Cisne si ni siquiera han podido gestionar eficientemente las bodegas de sus batallones, donde es común que “desaparezcan” sus armas, aviones y drogas depositadas por el Ministerio Público?, ¿Hay nuevos grupos de narcotráfico negociando nuevas rutas?
Podrán invertirse miles de millones de Lempiras en la construcción de la Isla Cárcel El Cisne, pero el sistema carcelario nacional continuará con los mismos problemas; porque no se corrige la razón de fondo del por qué hay trasiego de armas dentro de los recintos carcelarios, por qué hay suites especiales para reos adinerados y miseria para los reos pobres, por qué hay mercado de drogas y celulares, etc. Eso no se arregla con una nueva cárcel, sino con un renovado personal, con sus equipos y protocolos de acción.
En cuarto lugar, la isla cárcel El Cisne supone una afrenta radical a la vida de presidiarios que vayan a ser destinados a ese posible recinto penitenciario, como también lo será para el personal militar y policial de menores rangos, muchas veces violentados y ultrajados por mandos superiores sin control y castigo alguno. La sociedad hondureña espera castigos ejemplares para todas las personas que delinquen, antes que una carnicería brutal que sea mayor que la brutalidad que se pretende subsanar. ¿Qué garantía se tiene que las Fuerzas Armadas y Policía van a responsabilizarse y respetar cabalmente las vidas y condiciones humanas de los presidiarios como de los policías y militares de los más bajos rangos destacados en un lugar tan recóndito y de nulas vías de acceso normales y rutinarias? En realidad, ninguna cárcel por hacer va a servir de mucho cuando queda evidenciado que el problema de la violencia contra reclusos y efectivos policiales o militares de menor rango viene de las mismas fuerzas del orden.
En lo más profundo de las fuerzas del orden subyace una estructura sustentada en una lógica criminal que lleva a que todo lo que pueda ser robado con impunidad se traslade a las FFAA o la PN y seguramente será robado sin ningún aspaviento. Si hay que deshacerse de alguna persona que pueda hacer daño a alguna estructura criminal o narcodelincuente, esta persona es puesta en manos de una u otra de las fuerzas del orden y ellos se encargarán con seguridad de asesinarlas creando escenarios que vuelven inocentes a quienes mandan a ajusticiar. De igual forma, si se trata de delincuentes de alto nivel que ya han sido capturados, se les pasa a celdas especiales donde viven con tratamientos especiales y finalmente, si es necesario se finge una fuga y así los maleantes recuperan su más oscura libertad.
Y mientras esto sucede al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los hombres y mujeres honorables dentro de ambas instituciones se juegan la vida a diario luchando por recuperar la honestidad, transparencia y profesionalismo de ambas instituciones desde todos sus niveles jerárquicos. ¿Qué hace el gobierno y el pueblo para respaldar y legitimar las acciones de estos efectivos policiales y militares probos? El ministro Héctor Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad, ha manifestado que han sancionado al menos dos mil policías y otros cuarenta están presos por faltas a la ley, aduciendo que realmente no son policías, sino infiltrados en la policía. Si como pueblo no exigimos y acompañamos esta depuración real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estas corren el riesgo de ser cooptadas y subsumidas por los carteles y demás grupos criminales que ya se disputan el Estado hondureño.
La práctica histórica violatoria de los derechos humanos generalizada en las islas cárcel resta credibilidad a las afirmaciones de la ministra de derechos humanos
La experiencia histórica fatídica de las islas cárcel en materia de derechos humanos desenmascara la aparente inocuidad de estos centros de reclusión que pretende evidenciar la ministra de derechos humanos cuando manifiesta que con la isla cárcel El Cisne la presidenta Xiomara Castro respeta los derechos humanos y el ambiente. Nada más lejos de la realidad manifiesta de las islas cárcel. Por ejemplo:
- La isla cárcel Robben, en Sudáfrica, emblema donde el régimen del apartheid terminó concentrando en tres de los cuatro pabellones de celdas a prisioneros políticos de la estatura de Nelson Mandela, quién ocupó una celda durante 18 años y los presidentes sudafricanos Kgalema Motlante y Jacob Zuma que permanecieron presos en la isla por más de diez años cada uno.
- La isla cárcel Tiburón, en Namibia, fue el epicentro del proceso de exterminio de las poblaciones nama y herero por parte del gobierno colonial alemán, a razón de un promedio de ocho muertes diarias en esta isla cárcel, más conocida como la “isla de la Muerte”.
- La isla Martin García, en Argentina, se construyó para albergar a los presos más conflictivos de Buenos Aires. Sin embargo, terminó siendo la sede penitenciaria de prisioneros políticos, como es el caso de Juan Domingo Perón hasta su cierre definitivo en 1962.
- La isla cárcel Gorgona, en Colombia, creada como casi todas las islas cárcel para los criminales más temibles y los presos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrarse ya que los prisioneros fueron sometidos durante 24 años a torturas y violaciones de derechos humanos más crueles como castigos severos, torturas y muerte por inanición hasta llegar a convertirse entre los penales más siniestros de la historia del mundo. La presión permanente de defensores de derechos humanos, ecologistas y científicos condujo a su cierre en 1984.
- La isla cárcel de Coiba, en Panamá, destinada como el infierno para 3 mil criminales desde 1919, terminó siendo el lugar adonde también se enviaba a los prisioneros políticos, cerrando sus funciones en 2004 por las continuas denuncias de sus tratos crueles e inhumanos.
- La isla cárcel más recientemente clausurada en América Latina, la isla cárcel Marías, en México, funcionó desde 1905 hasta el 2019 que fue clausurada por Andrés López Obrador debido a su historial cargado de crueldad contra reos comunes, así como prisioneros políticos.
Si la mayoría de islas cárcel nunca han funcionado, y muy particularmente en América Latina ya han sido canceladas debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los presidiarios y de manera especial de los presos inocentes encarcelados por diferencias políticas con los regímenes de turno, ¿cómo es que la ministra de derechos humanos de Honduras, Angélica Álvarez, puede afirmar tan categórica como ingenuamente que la ingeniería de la Isla Cárcel El Cisne garantiza ser una cárcel amigable con el ambiente y libre de violaciones a los derechos humanos?
Si la historia demuestra que las islas cárcel terminan en horrendas violaciones a la vida, al resto de derechos humanos y al ambiente, ¿de qué se vale la ministra para asegurar que en la isla cárcel El Cisne va a suceder lo contrario, cuando que estará en manos de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional muy penetradas por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y los grupos de poder?
Nos asiste el derecho a ser escuchados y a participar en el estudio de impacto ambiental
Al Procurador General y a quienes piensan como él, el Movimiento Amplio denuncia la ilegalidad de la Licencia Ambiental presentada por el ministro del Ambiente porque el ministerio del Ambiente no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque el ministro del Ambiente no convocó a un SINEIA tal como manda la ley y porque ignoró deliberadamente la participación ciudadana contemplada en la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la LGA y el Reglamento del SINEIA. La substancia del SINEIA es justamente la garantía del derecho ciudadano a la participación en asuntos medioambientales.
“Presidenta Xiomara Castro: con participación de 40 profesionales certificados, aprobamos Licencia Ambiental «Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne», apuntó Lucky Medina en las redes sociales. Si en verdad estos 40 profesionales certificados de que habla el ministro del Ambiente poseen estatura ética, ellos mismos sabrán que lo que ha hecho será a título propio, pero no pueden apropiarse de la palabra y la voluntad de la población hondureña. Podrán constituirse legalmente en consejo científico asesor pero nunca ser exclusivos en un SINEIA. Además, el equipo que conforma el SINEIA no lo nombra la empresa o parte que solicita el licenciamiento ambiental. Definitivamente Lucky Medina actúa como asaltante de la voluntad de la nación hondureña. Presenten los 40 nombres de estos profesionales para asegurar su existencia y aceptación técnica.
Ante tan despótica acción, el Movimiento Amplio demanda una evaluación de impacto ambiental democrática, participativa, inclusiva, con carácter sobradamente social y técnico; que cuente con la participación del pueblo misquito involucrado en la historia del archipiélago Islas del Cisne, la participación de los entes profesionales vinculados a la ecología como ser el Colegio de Biólogos de Honduras, Colegio de Profesionales Forestales, facultades de biología, recursos naturales y afines de la UNAH, UNAG y UNACIFOR, y la participación de organizaciones de derechos humanos entre las que nos contamos y exigimos involucramiento.
De igual manera, el Movimiento Amplio solicita urgentemente a la OACNUDH una manifestación en la que exprese la valoración particular sobre las consecuencias inmediatas posibles tras la construcción de la isla cárcel El Cisne en perspectiva de la vigencia de los derechos humanos.
Finalmente les indicamos a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos salidos de las filas de las organizaciones sociales, a que defiendan desde el gobierno que las decisiones se tomen sobre bases técnicas, no se sumen ciegamente a la línea política institucional, que, como lo hemos indicado en otro momento, no permite el disenso con la elite política de LIBRE. Les exigimos que no sigan más preocupados por no crear fisuras en el gobierno, cuidar su “chamba” y no afectar la próxima contienda electoral de la candidata oficialista.
A la presidenta, Xiomara Castro, le pedimos, que si no es una instrucción de su gobierno, que ponga freno a las desmedidas actuaciones de extremo autoritarismo con el que actúan sus funcionarios faltando al respeto, la dignidad y el derecho a la participación que el Estado de derecho confiere a cada ciudadana y ciudadano.
San Pedro Sula, Honduras. julio de 2024
Boletín Informativo Abril MADJ
Boletín MADJ abril 2024 de Acssa Flores
Señora embajadora de EEUU: ¿Cómo repararán el daño causado a Honduras en su lucha mezquina contra el narcotráfico?
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2024
Sra. Laura Dogu. Embajadora de Estados Unidos en Honduras
Ref: Responsabilidad de EE.UU. en el narcotráfico, violencia y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado hondureño por respaldo al régimen de Juan Orlando Hernández.
Señora Dogu,
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del análisis y la reflexión que ha hecho sobre el proceso judicial en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández por su participación privilegiada en el tráfico de drogas, reconocemos la importancia de su juzgamiento, pero tenemos la certeza que también debe juzgarse a los actores que han participado de manera directa en la construcción de este modelo de líder político, en el crecimiento del “negocio del narcotráfico” y en la cooptación / destrucción de las instituciones públicas en Honduras , y en ese sentido el Gobierno de los Estados Unidos y la embajada que usted dirige han tenido y tienen una responsabilidad clara e ineludible.
Bajo la tutela de Estados Unidos Juan Orlando Hernández fundó en nuestro país una forma de hacer política ligada al narcotráfico como garantía de financiamiento y éxito, convirtió a Honduras de un país de tránsito de la droga a un país productor y consumidor de la misma, permitió que el lavado de dinero sucio inundara nuestra economía y comprometiera la entrega y concesionamiento de nuestro territorio a carteles, clanes, prestanombres… y lo que es peor, permitieron y financiaron la violencia que se genera a partir de este negocio y contra los que denunciamos y le hacemos frente a este problema.
Obviamente, la responsabilidad primaria y mayúscula la tenemos los hondureños y hondureñas, las autoridades de nuestros gobiernos, pero ustedes, en su afán de hacer justicia y mostrarse al mundo como actores morales universales, validaron, por ejemplo, una reelección ilegal e inconstitucional, y han mantenido, como principal área de financiamiento a un cuerpo policial y militar encargado de hacer la logística a los capos de la droga, nacionales e internacionales. JOH y su grupo criminal lograron, con el respaldo y apoyo directo de su gobierno, imponer un estilo de hacer política, un estilo de “negocios”, que a pesar de declararlo a él como culpable, como es seguro, permanece inalterable en la Honduras de hoy.
Estados Unidos ahora puede darse el crédito de decir que triunfó su justicia porque investigó durante 20 años a JOH, lo capturó, extraditó, procesó y seguramente lo declarará culpable por haber afectado los intereses de su país y su gente, pero tenga claro que su justicia tiene éxito a costa del hundimiento de Honduras, y puesto así, eso no es justicia.
Y esto que le decimos no es retórica, ni queremos evadir las responsabilidades de nuestro país, pero repetimos su gobierno respaldó el Golpe de Estado de 2009, el evento más destructivo para la institucionalidad hondureña en los últimos tiempos, y aplaudieron las elecciones “populares” del 2009 que colocaron fraudulentamente a Pepe Lobo, también ligado al narcotráfico y a la corrupción, y a JOH como presidente del Congreso Nacional, primero y después como presidente fraudulento en las elecciones de 2013 y del 2017, en donde se sostuvo en el poder únicamente por el respaldo político que su gobierno le otorgó y por la fuerza y violencia que los militares y policías hondureños ejercieron en contra del pueblo que protestaba.
En todos esos eventos violentos, las balas financiadas por su gobierno y en manos de militares y policías “capacitados” por su Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC), Comando Sur, DEA.. o por cualquiera de sus instituciones asesinó a muchos de nuestros compañeros y compañeras …
Señora Embajadora … qué le puede responder, por ejemplo, a nuestra compañera Magda Díaz, cuyo esposo, Ramón Fiallos, fue asesinado por militares en el departamento de Atlántida cuando protestaba por el fraude electoral que su gobierno respaldó en 2017…. Esos mismos militares y policías que asesinaron a nuestra gente, son los mismos que sirvieron de socios del narcotráfico a JOH, los mismos que fueron adiestrados en sus escuelas de formación militar y considerados honestos tras un proceso de depuración policial que su gobierno respaldó.
¿Cómo reconstruimos un país con estas heridas?, ¿Cómo podemos pensar en procesos de cambio reales, cuando un gobierno como el de ustedes antepone una investigación al descalabro de un país?, ¿Qué posibilidad real tenemos de transformar esta nuestra Honduras si ustedes siguen financiando a militares y policías que sofocan con violencia los procesos que, organizaciones como la nuestra, desarrolla para adecentar el manejo público?
Todo lo que le hemos descrito anteriormente, constata que su gobierno tiene una responsabilidad profunda en la tragedia institucional y humana que significó el período de JOH en la presidencia de nuestro país. Frente a esto, como representante política de Estados Unidos le instamos a asumir la responsabilidad de su gobierno, a abstenerse de continuar con la misma forma de “cooperación diplomática” que les permite respaldar a cualquier criminal siempre y cuando ellos respalden su proyecto capitalista en nuestro país.
Señora Embajadora,
Consideramos que su gobierno debe pedir perdón a las miles de víctimas de los políticos, policías y militares amaestrados y respaldados por ustedes, por dejar crecer el narcotráfico en Honduras solo para enjuiciar en su territorio a estos criminales y eregirse como falsos salvadores de nuestros pueblos y nuestras democracias…
Nuestro llamado a la población hondureña es para que no le de mayores créditos a un gobierno como el suyo que enjuició a un expresidente de la calaña JOH, pero que lo hizo a costa de nuestro país. Siempre llamamos a que la esperanza y el genuino amor que transforme a Honduras venga de los y las que nacimos en este país y que todos los días trabajamos por su bienestar colectivo.
Este escenario oscuro al que nos arrastró la clase política criminal de nuestro país, con la complicidad de ustedes, debe servir para que surja una nueva forma de relacionarse entre los pueblos, y los Estados, una que emane de los valores y principios que procuran garantizar un mayor respeto, dignidad y sobre todo de humanidad. Sino es así, muchas gracias, pero no queremos su ayuda.
La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.
En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.
En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos, secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.
Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública.
Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.
Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales?
También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.
Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.
Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?
Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.
Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte.
¿Hasta qué punto el narcotráfico y el lavado de recursos están metidos en la economía hondureña?
Por mucho que nos parezca, la danza de millones de dólares mencionada en el juicio contra JOH, otorgadas por los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, “para apoyar las campañas políticas”, es una cifra mínima si la dimensionamos con los verdaderos montos de las ganancias que deja el tráfico de droga y el proceso de lavado que esta tiene en la maltrecha economía hondureña.
Si el juicio contra JOH estuviera sirviendo para impulsar procesos de adecentamiento, ya varios sectores deberían haber nombrado, como mínimo, comisiones que investigaran a fondo todos los contratos que el Estado de Honduras firmó con narcotraficantes y sus testaferros y así podríamos tener un listado extenso de proyectos financiados con recursos del narcotráfico que van desde la construcción de carreteras y aeropuertos locales, concesiones para la explotación de minas y ríos como las que hay en Colón y Atlántida o todo tipo de proyectos en el marco de las Alianzas Público – Pivadas…
Pero también, si se investigara a fondo, podríamos saber quiénes están detrás de la construcción de altas torres de edificios, de centros comerciales, de proyectos turísticos de lujo, de un montón de tiendas en las que nunca se ve a un solo cliente, pero perduran por años…
Qué queremos decir… pues que además del secuestro del sistema de justicia y en general de toda la institucionalidad pública, el narcotráfico también tiene secuestrada a nuestra economía ….
El sector bancario que es el sector económico que más crece en el país no termina de explicar bien (independientemente de sus estados financieros), cuál es la base de su crecimiento, cómo justifican que al menos el nombre de tres bancos ya hayan sido nombrados en el juicio contra JOH… y cómo instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) nunca se dan cuenta de nada…
¿Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Banco Central de Honduras… está regulando algo, evita que el dinero del narcotráfico entre a la economía hondureña o es el principal agente lavador de estos recursos…?
Pero la verdadera pregunta de oro es… ¿qué pasaría con la economía hondureña si se retirara todo el dinero que circula a partir del narcotráfico? La respuesta no la tenemos con exactitud, porque es difícil sumar y multiplicar todo lo que esto significa… aunque algunos calculan que puede representar entre el 30 y el 40% del PIB… podría aguantar la economía hondureña el retiro de estos recursos? Es ético hacernos de la vista gorda en este tema? Existe algún plan por parte del gobierno o de los empresarios/as honestos (que los hay) para revertir esta dependencia?
Ciertamente estamos hablando de mucha, pero mucha plata que distorsiona todo en este país desde el rol de un gobierno y sus instituciones, el rumbo de su crecimiento económico, pero también provoca que el país se vuelva más inequitativo, puesto que los narcotraficantes generan guetos sociales, e invaden con una especie de lujo lugares, servicios, tiendas exclusivas.
Pero de otro lado tenemos una población que se divide entre los que quieren disfrutar de estos placeres aunque sean momentáneos y otros, como nuestros jóvenes migrantes que huyen del país para que no los atrape una mara y los obligue a traficar.
Esos son los extremos que sustentan la economía hondureña: 1) el narcotráfico y su lavado y 2) las remesas… no hay punto de discusión en esto, pero debiera existir un punto para el cambio… ¿será que el gobierno de la presidente Xiomara Castro se plantea este cambio?
Pero como en todo, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, los sectores sociales debemos reflexionar y actuar sobre cómo nos organizamos para revertir esta realidad que también es herencia del modelo neoliberal-corrupto ….¿cómo, por ejemplo, le damos seguimiento a las actuaciones del BCH, de la CNBS que también son esenciales y marcan el presente y futuro del país?
Como Movimiento Amplio y como parte del Movimiento Popular tenemos como desafío exigir a los dirigentes de estas instituciones y a los nuevos representantes que hagan un cambio para que el futuro económico descanse sobre la base de negocios legales, humanos, responsables con la naturaleza, que mejoren las condiciones de seguridad del país. Tenemos que asumir un papel más beligerante que proponga alternativas para salir de este modelo narcoeconómico que ha quedado evidenciado en el juicio en Nueva York.
De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales
Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos:
¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado?
¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña?
Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país?
Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur.
Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.
Movimiento Popular Hondureño: Un Plan de Acción 2024 que reimpulse la lucha popular y funde nuestro instrumento políticoMovimiento Popular Hondureño:
Nosotras, organizaciones populares representantes de sectores campesinos, de pueblos originarios, mujeres, defensores de bienes naturales y territoriales, no cerramos bien el 2023, y, lamentablemente, el 2024 no presenta un horizonte político diferente, claro y concreto. El año anterior, más de una decena de liderazgos populares de los cuatro puntos cardinales del país fueron asesinados, centenas han sido víctimas de una criminalización que no cesa.
Promesas como la de avanzar en la refundación del país, la reconstrucción comunitaria, o la participación amplia del pueblo en la toma de decisiones son promesas del Partido Libre pero que ya no se mencionan mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición clara de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo. Eso es el centro de nuestra preocupación y de la ocupación en la que coincidimos de manera colectiva.
Es decir, la violencia e intimidación continúan siendo una constante para los sectores populares que mantenemos la independencia de pensamiento y de acción y en contra de quienes hacemos una crítica constructiva al accionar del gobierno, los que nos oponemos a los proyectos extractivistas, los violatorios a derechos humanos que permiten la acumulación de poder político y económico que asolan nuestras comunidades campesinas e indígenas. Tenemos muchas pruebas al respecto porque, aunque el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección, tienen nuevas autoridades, no han logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los líderes populares.
Es cierto que nuestras manifestaciones ya nos son irrumpidas por policías y militares a punta de toletazos y gases, pero denunciamos que el poderío de la institución armada en Honduras no ha cedido. Persiste el resguardo de esta institución a los intereses privados, como claramente podemos verlo en sectores como el campesino en donde la seguridad sigue estando a favor de los de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
El saldo de esa contrarreforma, por ejemplo, en el tema de tierra, son miles de familias campesinas desalojadas y desplazadas el año anterior en acciones policiales en todo el país. Fueron operativos despiadados, con tractores arrasando sembradíos y destruyendo viviendas. A ningún funcionario le importó que esas familias quedaran a la intemperie y pasaran hambre.
Es evidente para nosotros que en la política oficial persiste el privilegio del manejo, entrega, concesión de los recursos que nos pertenecen a todos / todas a un pequeño puñado de empresarios, y el gobierno con toda su discurso e institucionalidad se limita a a legitimar estos hechos, con la consecuencia evidente de la expansión de la pobreza y la migración forzada.
Pero el 2023 también nos dejó lecciones de solidaridad, de rebeldía y lucha, de construcción de alianzas y propuestas, de defensa de la vida, la tierra, el agua y la soberanía, de afirmación de nuestra identidad, cultura y autodeterminación. Aunque los hechos digan lo contrario, queremos creer que aún hay posibilidad de una visión presidencial que transforme el país, que devuelva la tierra a los campesinos/as, que respete los bienes naturales de nuestras comunidades, que proteja los derechos de los pueblos originarios y ancestrales y pueda crear condiciones para superar la pobreza y la marginalidad social. Como organizaciones populares queremos contribuir a que esa ansiada refundación nacional ocurra, aportando nuestro esfuerzo a favor de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas de cultivos no reñidos con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, de bosques y fuentes de agua.
Estamos convencidos que si logramos cambiar el modelo de explotación extractivista, de acumulación, a como de lugar de riquezas por un puñado de familias, si la justicia le gana a la impunidad, no sólo habrá estabilidad y paz en nuestras comunidades Y EN TODO EL TERRITORIO sino que aportaremos significativamente al desarrollo nacional. Ese propósito es el que anima nuestro Plan de Acción 2024, como una guía que nos permita CONSOLIDAR LA LUCHA POPULAR Y SOCIAL ARTICULADA y definir nuestro instrumento político centrado en el respeto de nuestros derechos.
¿Es ese un objetivo que se alcanzará de la noche a la mañana? Evidentemente no, pero tanto el gobierno como la ciudadanía podemos sentar bases firmes para impulsar una transición que nos permita salir de este modelo neoliberal – extractivista a una sociedad más democrática y participativa, donde prevalezcan la justicia en todos sus ámbitos: justicia ambiental, la justicia agraria y la justicia social.
En ese sentido, no podemos, ni debemos cruzarnos de brazos. El compromiso de no desmayar se lo debemos a todos los caídos de esta lucha POPULAR, así que no renunciaremos a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde, a exigir una política pública que nos garantice a nosotros seguridad jurídica, créditos y asistencia técnica, la seguridad de que ningún operativo policial o militar nos matará o destruirá nuestras plantaciones, apoyo para la comercialización justa de nuestros productos, que haya buenas escuelas y centros de salud, que superemos las limosnas convertidas en bonos y votos y terminar con la indefensión de nuestras vidas y bienes. Esas son las aspiraciones que recoge nuestro plan de acción 2004.
Consensos básicos alrededor de nuestro Plan de Acción
Un plan de acción por sí mismo no es una varita mágica; con frecuencia son guías complejas de formular y rápidas de olvidar. El día a día exige tanto que nos anula la mirada larga y recluye a cada una de nuestras organizaciones en su propia inmediatez. Esa es una trampa que queremos evadir, por eso queremos dejar en claro los consensos que nos unen y que son el paraguas de las acciones que nos proponemos realizar:
● Estamos convencidos que en nuestro país se necesitan cambios estructurales y que el camino neoliberal emprendido por anteriores gobiernos no es la salida a la crisis que vivimos.
● Tanto es así que la situación de los sectores populares que representamos no ha ido mejorando, sino que empeora cada vez más. El neoliberalismo extractivista avanza, se profundiza, arrebata derechos y reprime, empujándonos a la disyuntiva de optar por quedarnos para sobrevivir o emigrar, dejando atrás todo a lo que tenemos derecho.
●Respecto al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro tenemos la experiencia de que cada vez es más difícil que nos reciba y que cuando lo hace sus funcionarios aceptan verbalmente nuestras demandas, pero luego toman o mantienen acciones contradictorias y todo queda en el aire, sin seguimiento, sometiéndonos a un desgaste que promueve el desencanto y la desesperanza en nuestras bases.
● Por ello estamos convencidos que la organización, la movilización, la presión y la conciencia colectiva son la única posibilidad real de alcanzar nuestras metas, sin que esa posición signifique que tengamos una visión confrontativa. Nosotros no renunciaremos al diálogo, pero queremos resultados.
● En esa perspectiva, creemos firmemente que será a partir de nuestra autonomía de lucha que podremos alcanzar los cambios que aspiramos. Esos cambios no llegarán por concesiones dictadas desde arriba, sino que los SEGUIREMOS CONQUISTANDO desde abajo.
● Queremos dejar en claro que las acciones que impulsemos las haremos con la voluntad mayoritaria de las bases de nuestras organizaciones, no al margen de ellas o, mucho menos, en contra de ellas. Estamos conscientes que sin su apoyo, no tendríamos éxito.
● Para nosotros el 2024 debe ser un año de resistencia ampliada, articulando nuestra lucha con otras organizaciones y sectores sociales, con demandas que cuestionen no sólo la inacción gubernamental, sino al sistema de dominación extractivista. Queremos que nuestras luchas comunitarias y territoriales trasciendan a nivel nacional.
● Finalmente, ante la perspectiva electoral que se inicia en 2024 y culminará el 2025 ratificamos nuestra voluntad y rechazo al retorno de los grupos conservadores que hundieron al país en una profunda crisis, que vendieron el territorio nacional y entregaron el poder a las bandas criminales, pero con igual claridad enfatizamos que no queremos ser subordinados políticos de ningún partido; acompañamos la gestión del cambio, pero no pediremos permiso para movilizarnos, expresarnos y actuar. No somos neutrales, pero defenderemos siempre nuestra credibilidad y autonomía. EN EL ORDEN ELECTORAL, ANUNCIAMOS NUESTRO ABORDAJE ARTICULADO Y HOY EN ESTE ENCUENTRO, INAUGURAMOS EL DEBATE Y NUESTRO CONSENSO PORQUE COMO CAMPO POPULAR HONDURENO CONTEMOS CON NUESTRO PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO.