Sra. Laura Dogu. Embajadora de Estados Unidosen Honduras
Ref: Responsabilidad de EE.UU. en el narcotráfico, violencia y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado hondureño por respaldo al régimen de Juan Orlando Hernández.
Señora Dogu,
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del análisis y la reflexión que ha hecho sobre el proceso judicial en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández por su participación privilegiada en el tráfico de drogas, reconocemos la importancia de su juzgamiento, pero tenemos la certeza que también debe juzgarse a los actores que han participado de manera directa en la construcción de este modelo de líder político, en el crecimiento del “negocio del narcotráfico” y en la cooptación / destrucción de las instituciones públicas en Honduras , y en ese sentido el Gobierno de los Estados Unidos y la embajada que usted dirige han tenido y tienen una responsabilidad clara e ineludible.
Bajo la tutela de Estados Unidos Juan Orlando Hernández fundó en nuestro país una forma de hacer política ligada al narcotráfico como garantía de financiamiento y éxito, convirtió a Honduras de un país de tránsito de la droga a un país productor y consumidor de la misma, permitió que el lavado de dinero sucio inundara nuestra economía y comprometiera la entrega y concesionamiento de nuestro territorio a carteles, clanes, prestanombres… y lo que es peor, permitieron y financiaron la violencia que se genera a partir de este negocio y contra los que denunciamos y le hacemos frente a este problema.
Obviamente, la responsabilidad primaria y mayúscula la tenemos los hondureños y hondureñas, las autoridades de nuestros gobiernos, pero ustedes, en su afán de hacer justicia y mostrarse al mundo como actores morales universales, validaron, por ejemplo, una reelección ilegal e inconstitucional, y han mantenido, como principal área de financiamiento a un cuerpo policial y militar encargado de hacer la logística a los capos de la droga, nacionales e internacionales. JOH y su grupo criminal lograron, con el respaldo y apoyo directo de su gobierno, imponer un estilo de hacer política, un estilo de “negocios”, que a pesar de declararlo a él como culpable, como es seguro, permanece inalterable en la Honduras de hoy.
Estados Unidos ahora puede darse el crédito de decir que triunfó su justicia porque investigó durante 20 años a JOH, lo capturó, extraditó, procesó y seguramente lo declarará culpable por haber afectado los intereses de su país y su gente, pero tenga claro que su justicia tiene éxito a costa del hundimiento de Honduras, y puesto así, eso no es justicia.
Y esto que le decimos no es retórica, ni queremos evadir las responsabilidades de nuestro país, pero repetimos su gobierno respaldó el Golpe de Estado de 2009, el evento más destructivo para la institucionalidad hondureña en los últimos tiempos, y aplaudieron las elecciones “populares” del 2009 que colocaron fraudulentamente a Pepe Lobo, también ligado al narcotráfico y a la corrupción, y a JOH como presidente del Congreso Nacional, primero y después como presidente fraudulento en las elecciones de 2013 y del 2017, en donde se sostuvo en el poder únicamente por el respaldo político que su gobierno le otorgó y por la fuerza y violencia que los militares y policías hondureños ejercieron en contra del pueblo que protestaba.
En todos esos eventos violentos, las balas financiadas por su gobierno y en manos de militares y policías “capacitados” por su Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC), Comando Sur, DEA.. o por cualquiera de sus instituciones asesinó a muchos de nuestros compañeros y compañeras …
Señora Embajadora … qué le puede responder, por ejemplo, a nuestra compañera Magda Díaz, cuyo esposo, Ramón Fiallos, fue asesinado por militares en el departamento de Atlántida cuando protestaba por el fraude electoral que su gobierno respaldó en 2017…. Esos mismos militares y policías que asesinaron a nuestra gente, son los mismos que sirvieron de socios del narcotráfico a JOH, los mismos que fueron adiestrados en sus escuelas de formación militar y considerados honestos tras un proceso de depuración policial que su gobierno respaldó.
¿Cómo reconstruimos un país con estas heridas?, ¿Cómo podemos pensar en procesos de cambio reales, cuando un gobierno como el de ustedes antepone una investigación al descalabro de un país?, ¿Qué posibilidad real tenemos de transformar esta nuestra Honduras si ustedes siguen financiando a militares y policías que sofocan con violencia los procesos que, organizaciones como la nuestra, desarrolla para adecentar el manejo público?
Todo lo que le hemos descrito anteriormente, constata que su gobierno tiene una responsabilidad profunda en la tragedia institucional y humana que significó el período de JOH en la presidencia de nuestro país. Frente a esto, como representante política de Estados Unidos le instamos a asumir la responsabilidad de su gobierno, a abstenerse de continuar con la misma forma de “cooperación diplomática” que les permite respaldar a cualquier criminal siempre y cuando ellos respalden su proyecto capitalista en nuestro país.
Señora Embajadora,
Consideramos que su gobierno debe pedir perdón a las miles de víctimas de los políticos, policías y militares amaestrados y respaldados por ustedes, por dejar crecer el narcotráfico en Honduras solo para enjuiciar en su territorio a estos criminales y eregirse como falsos salvadores de nuestros pueblos y nuestras democracias…
Nuestro llamado a la población hondureña es para que no le de mayores créditos a un gobierno como el suyo que enjuició a un expresidente de la calaña JOH, pero que lo hizo a costa de nuestro país. Siempre llamamos a que la esperanza y el genuino amor que transforme a Honduras venga de los y las que nacimos en este país y que todos los días trabajamos por su bienestar colectivo.
Este escenario oscuro al que nos arrastró la clase política criminal de nuestro país, con la complicidad de ustedes, debe servir para que surja una nueva forma de relacionarse entre los pueblos, y los Estados, una que emane de los valores y principios que procuran garantizar un mayor respeto, dignidad y sobre todo de humanidad. Sino es así, muchas gracias, pero no queremos su ayuda.
En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.
En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos, secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.
Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública.
Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.
Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales?
También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.
Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.
Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?
Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.
Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte.
Por mucho que nos parezca, la danza de millones de dólares mencionada en el juicio contra JOH, otorgadas por los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, “para apoyar las campañas políticas”, es una cifra mínima si la dimensionamos con los verdaderos montos de las ganancias que deja el tráfico de droga y el proceso de lavado que esta tiene en la maltrecha economía hondureña.
Si el juicio contra JOH estuviera sirviendo para impulsar procesos de adecentamiento, ya varios sectores deberían haber nombrado, como mínimo, comisiones que investigaran a fondo todos los contratos que el Estado de Honduras firmó con narcotraficantes y sus testaferros y así podríamos tener un listado extenso de proyectos financiados con recursos del narcotráfico que van desde la construcción de carreteras y aeropuertos locales, concesiones para la explotación de minas y ríos como las que hay en Colón y Atlántida o todo tipo de proyectos en el marco de las Alianzas Público – Pivadas…
Pero también, si se investigara a fondo, podríamos saber quiénes están detrás de la construcción de altas torres de edificios, de centros comerciales, de proyectos turísticos de lujo, de un montón de tiendas en las que nunca se ve a un solo cliente, pero perduran por años…
Qué queremos decir… pues que además del secuestro del sistema de justicia y en general de toda la institucionalidad pública, el narcotráfico también tiene secuestrada a nuestra economía ….
El sector bancario que es el sector económico que más crece en el país no termina de explicar bien (independientemente de sus estados financieros), cuál es la base de su crecimiento, cómo justifican que al menos el nombre de tres bancos ya hayan sido nombrados en el juicio contra JOH… y cómo instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) nunca se dan cuenta de nada…
¿Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Banco Central de Honduras… está regulando algo, evita que el dinero del narcotráfico entre a la economía hondureña o es el principal agente lavador de estos recursos…?
Pero la verdadera pregunta de oro es… ¿qué pasaría con la economía hondureña si se retirara todo el dinero que circula a partir del narcotráfico? La respuesta no la tenemos con exactitud, porque es difícil sumar y multiplicar todo lo que esto significa… aunque algunos calculan que puede representar entre el 30 y el 40% del PIB… podría aguantar la economía hondureña el retiro de estos recursos? Es ético hacernos de la vista gorda en este tema? Existe algún plan por parte del gobierno o de los empresarios/as honestos (que los hay) para revertir esta dependencia?
Ciertamente estamos hablando de mucha, pero mucha plata que distorsiona todo en este país desde el rol de un gobierno y sus instituciones, el rumbo de su crecimiento económico, pero también provoca que el país se vuelva más inequitativo, puesto que los narcotraficantes generan guetos sociales, e invaden con una especie de lujo lugares, servicios, tiendas exclusivas.
Pero de otro lado tenemos una población que se divide entre los que quieren disfrutar de estos placeres aunque sean momentáneos y otros, como nuestros jóvenes migrantes que huyen del país para que no los atrape una mara y los obligue a traficar.
Esos son los extremos que sustentan la economía hondureña: 1) el narcotráfico y su lavado y 2) las remesas… no hay punto de discusión en esto, pero debiera existir un punto para el cambio… ¿será que el gobierno de la presidente Xiomara Castro se plantea este cambio?
Pero como en todo, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, los sectores sociales debemos reflexionar y actuar sobre cómo nos organizamos para revertir esta realidad que también es herencia del modelo neoliberal-corrupto ….¿cómo, por ejemplo, le damos seguimiento a las actuaciones del BCH, de la CNBS que también son esenciales y marcan el presente y futuro del país?
Como Movimiento Amplio y como parte del Movimiento Popular tenemos como desafío exigir a los dirigentes de estas instituciones y a los nuevos representantes que hagan un cambio para que el futuro económico descanse sobre la base de negocios legales, humanos, responsables con la naturaleza, que mejoren las condiciones de seguridad del país. Tenemos que asumir un papel más beligerante que proponga alternativas para salir de este modelo narcoeconómico que ha quedado evidenciado en el juicio en Nueva York.
Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos:
¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado?
¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña?
Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país?
Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur.
Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.
Nosotras, organizaciones populares representantes de sectores campesinos, de pueblos originarios, mujeres, defensores de bienes naturales y territoriales, no cerramos bien el 2023, y, lamentablemente, el 2024 no presenta un horizonte político diferente, claro y concreto. El año anterior, más de una decena de liderazgos populares de los cuatro puntos cardinales del país fueron asesinados, centenas han sido víctimas de una criminalización que no cesa.
Promesas como la de avanzar en la refundación del país, la reconstrucción comunitaria, o la participación amplia del pueblo en la toma de decisiones son promesas del Partido Libre pero que ya no se mencionan mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición clara de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo. Eso es el centro de nuestra preocupación y de la ocupación en la que coincidimos de manera colectiva.
Es decir, la violencia e intimidación continúan siendo una constante para los sectores populares que mantenemos la independencia de pensamiento y de acción y en contra de quienes hacemos una crítica constructiva al accionar del gobierno, los que nos oponemos a los proyectos extractivistas, los violatorios a derechos humanos que permiten la acumulación de poder político y económico que asolan nuestras comunidades campesinas e indígenas. Tenemos muchas pruebas al respecto porque, aunque el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección, tienen nuevas autoridades, no han logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los líderes populares.
Es cierto que nuestras manifestaciones ya nos son irrumpidas por policías y militares a punta de toletazos y gases, pero denunciamos que el poderío de la institución armada en Honduras no ha cedido. Persiste el resguardo de esta institución a los intereses privados, como claramente podemos verlo en sectores como el campesino en donde la seguridad sigue estando a favor de los de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
El saldo de esa contrarreforma, por ejemplo, en el tema de tierra, son miles de familias campesinas desalojadas y desplazadas el año anterior en acciones policiales en todo el país. Fueron operativos despiadados, con tractores arrasando sembradíos y destruyendo viviendas. A ningún funcionario le importó que esas familias quedaran a la intemperie y pasaran hambre.
Es evidente para nosotros que en la política oficial persiste el privilegio del manejo, entrega, concesión de los recursos que nos pertenecen a todos / todas a un pequeño puñado de empresarios, y el gobierno con toda su discurso e institucionalidad se limita a a legitimar estos hechos, con la consecuencia evidente de la expansión de la pobreza y la migración forzada.
Pero el 2023 también nos dejó lecciones de solidaridad, de rebeldía y lucha, de construcción de alianzas y propuestas, de defensa de la vida, la tierra, el agua y la soberanía, de afirmación de nuestra identidad, cultura y autodeterminación. Aunque los hechos digan lo contrario, queremos creer que aún hay posibilidad de una visión presidencial que transforme el país, que devuelva la tierra a los campesinos/as, que respete los bienes naturales de nuestras comunidades, que proteja los derechos de los pueblos originarios y ancestrales y pueda crear condiciones para superar la pobreza y la marginalidad social. Como organizaciones populares queremos contribuir a que esa ansiada refundación nacional ocurra, aportando nuestro esfuerzo a favor de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas de cultivos no reñidos con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, de bosques y fuentes de agua.
Estamos convencidos que si logramos cambiar el modelo de explotación extractivista, de acumulación, a como de lugar de riquezas por un puñado de familias, si la justicia le gana a la impunidad, no sólo habrá estabilidad y paz en nuestras comunidades Y EN TODO EL TERRITORIO sino que aportaremos significativamente al desarrollo nacional. Ese propósito es el que anima nuestro Plan de Acción 2024, como una guía que nos permita CONSOLIDAR LA LUCHA POPULAR Y SOCIAL ARTICULADA y definir nuestro instrumento político centrado en el respeto de nuestros derechos.
¿Es ese un objetivo que se alcanzará de la noche a la mañana? Evidentemente no, pero tanto el gobierno como la ciudadanía podemos sentar bases firmes para impulsar una transición que nos permita salir de este modelo neoliberal – extractivista a una sociedad más democrática y participativa, donde prevalezcan la justicia en todos sus ámbitos: justicia ambiental, la justicia agraria y la justicia social.
En ese sentido, no podemos, ni debemos cruzarnos de brazos. El compromiso de no desmayar se lo debemos a todos los caídos de esta lucha POPULAR, así que no renunciaremos a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde, a exigir una política pública que nos garantice a nosotros seguridad jurídica, créditos y asistencia técnica, la seguridad de que ningún operativo policial o militar nos matará o destruirá nuestras plantaciones, apoyo para la comercialización justa de nuestros productos, que haya buenas escuelas y centros de salud, que superemos las limosnas convertidas en bonos y votos y terminar con la indefensión de nuestras vidas y bienes. Esas son las aspiraciones que recoge nuestro plan de acción 2004.
Consensos básicos alrededor de nuestro Plan de Acción
Un plan de acción por sí mismo no es una varita mágica; con frecuencia son guías complejas de formular y rápidas de olvidar. El día a día exige tanto que nos anula la mirada larga y recluye a cada una de nuestras organizaciones en su propia inmediatez. Esa es una trampa que queremos evadir, por eso queremos dejar en claro los consensos que nos unen y que son el paraguas de las acciones que nos proponemos realizar:
● Estamos convencidos que en nuestro país se necesitan cambios estructurales y que el camino neoliberal emprendido por anteriores gobiernos no es la salida a la crisis que vivimos.
● Tanto es así que la situación de los sectores populares que representamos no ha ido mejorando, sino que empeora cada vez más. El neoliberalismo extractivista avanza, se profundiza, arrebata derechos y reprime, empujándonos a la disyuntiva de optar por quedarnos para sobrevivir o emigrar, dejando atrás todo a lo que tenemos derecho.
●Respecto al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro tenemos la experiencia de que cada vez es más difícil que nos reciba y que cuando lo hace sus funcionarios aceptan verbalmente nuestras demandas, pero luego toman o mantienen acciones contradictorias y todo queda en el aire, sin seguimiento, sometiéndonos a un desgaste que promueve el desencanto y la desesperanza en nuestras bases.
● Por ello estamos convencidos que la organización, la movilización, la presión y la conciencia colectiva son la única posibilidad real de alcanzar nuestras metas, sin que esa posición signifique que tengamos una visión confrontativa. Nosotros no renunciaremos al diálogo, pero queremos resultados.
● En esa perspectiva, creemos firmemente que será a partir de nuestra autonomía de lucha que podremos alcanzar los cambios que aspiramos. Esos cambios no llegarán por concesiones dictadas desde arriba, sino que los SEGUIREMOS CONQUISTANDO desde abajo.
● Queremos dejar en claro que las acciones que impulsemos las haremos con la voluntad mayoritaria de las bases de nuestras organizaciones, no al margen de ellas o, mucho menos, en contra de ellas. Estamos conscientes que sin su apoyo, no tendríamos éxito.
● Para nosotros el 2024 debe ser un año de resistencia ampliada, articulando nuestra lucha con otras organizaciones y sectores sociales, con demandas que cuestionen no sólo la inacción gubernamental, sino al sistema de dominación extractivista. Queremos que nuestras luchas comunitarias y territoriales trasciendan a nivel nacional.
● Finalmente, ante la perspectiva electoral que se inicia en 2024 y culminará el 2025 ratificamos nuestra voluntad y rechazo al retorno de los grupos conservadores que hundieron al país en una profunda crisis, que vendieron el territorio nacional y entregaron el poder a las bandas criminales, pero con igual claridad enfatizamos que no queremos ser subordinados políticos de ningún partido; acompañamos la gestión del cambio, pero no pediremos permiso para movilizarnos, expresarnos y actuar. No somos neutrales, pero defenderemos siempre nuestra credibilidad y autonomía. EN EL ORDEN ELECTORAL, ANUNCIAMOS NUESTRO ABORDAJE ARTICULADO Y HOY EN ESTE ENCUENTRO, INAUGURAMOS EL DEBATE Y NUESTRO CONSENSO PORQUE COMO CAMPO POPULAR HONDURENO CONTEMOS CON NUESTRO PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO.
Al cumplirse la mitad del mandato, nosotras organizaciones representativas del movimiento popular de Honduras creemos necesario un reencuentro de su gobierno con los ciudadanos y ciudadanas del país que mantenemos nuestra independencia de pensamiento y somos fieles a nuestras luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado. Justo ahora a las puertas de un juicio histórico en Nueva York, es importante recordar que en el banquillo de los acusados no está sentado únicamente el derrotado narcodictador hondureño, sino todo el modelo de poder que representó y que profundizó el atraso, la depredación, la corrupción, el abuso empresarial y la desesperanza, con un grave impacto sobre el medio ambiente y la vida de nuestras poblaciones. No se debe obviar que el resultado de las elecciones de noviembre de 2021 no sólo hizo posible el juicio a un JOH, sino que significó abrir la esperanza en 1.8 millones de hondureños y hondureñas que creímos en un presente y un futuro de Honduras que podía ser distinto, que podía tener semillas de justicia, de equidad y dignidad. No tenemos ninguna duda de que el fraude electoral de 2017 se hubiera repetido, con todo su saldo de dolor y luto, sino es por la movilización masiva del pueblo, de un movimiento popular que dijo “hasta aquí” y que respaldó un programa de gobierno que se comprometió a dar pasos firmes para cambiar el modelo “neoliberal” que ha profundizado nuestras desigualdades internas y que ha llegado al cinismo de considerar que los hondureños/as somos más rentables fuera, como migrantes, que adentro, como ciudadanos/as con plenos derechos. Dos años después pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra, por defender el derecho al agua, al bosque, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, por incumplir las recomendaciones de instancias internacionales al Estado, o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad.
Seguimos viviendo momentos de mucha tensión en los escenarios regionales, Yoro, Colón, el Valle de Sula, La Paz, para mencionar apenas un par de casos. Nuestros líderes campesinos y comunitarios permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas, pero lo que es peor es que se evidencia que al gobierno actual, simplemente no le importa. Hay una brecha que se profundiza entre el gobierno y nuestro pueblo porque no nos estamos sintiendo priorizados nosotros/as, ni nuestras luchas. Por ejemplo, existe un comportamiento errático y difuso de la Secretaría del Ambiente o Energía, la presencia invisible de cambios en instituciones como salud, educación o el trabajo caótico de la Secretaría de Derechos Humanos, por mencionar algunos. Estamos profundamente insatisfechos, por ejemplo, con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario (INA), y nos entra la duda de si los desalojos de campesinos que ordena —llamándoles “invasores”— son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del gobierno a los reclamos del sector campesino. Al movimiento popular autónomo en general se le acusa de intolerante y de atentar contra el “desarrollo”, como lo expresa siempre la élite económica, reafirmamos que estamos en favor de una dinámica económica que priorice la humanidad, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone y no arrase con el derecho a la vida digna de nuestro pueblo. Para nosotros/as el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos, que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos. Hoy, además de la violencia que nos acecha, lo que tenemos es una situación económica y social muy precaria. Si usted Presidenta Castro o sus funcionarios/as visitaran las comunidades sin hacer llegadas aparatosas de corte nuevamente proselitistas confirmaría los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroboraría cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al “norte”… también coincidiría en que la respuesta de su gobierno se parece mucho, mejor dicho demasiado, a la de todos los gobiernos que la han precedido y que se limitan a la entrega de bonos, que sirven más para la compra de votos, que para encontrar verdaderas rutas de desarrollo. A dos años sabemos que el país es imposible que supere la profunda crisis en la que se encuentra y que es la nefasta herencia de TODOS los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía. Hablamos de títulos de propiedad, de programas efectivos, de inversión pública en la economía social, de ampliación y fortalecimiento real de los sistemas de educación y salud, de facilitar el acceso a la vivienda digna, de garantizar justicia para los pueblos indígenas, de promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres… Hablamos de dejar de traficar con los favores que otorga la impunidad del sistema judicial, y permitir que la esperanza de reformar al sector judicial y al Ministerio Público muera, de combatir eficazmente la corrupción, dejando el cálculo de si conviene o no una Comisión Internacional de Naciones Unidas, de dar cuentas claras sobre el cobro y uso de los impuestos que paga nuestra gente, de garantizar la soberanía nacional sobre los ríos y bosques y sobre todo el territorio nacional. En noviembre del próximo año se vuelve a las urnas y desde ahora sentimos la preocupación electoral de los funcionarios públicos; podemos entenderlo, pero no queremos escuchar de nuevo las mismas promesas porque eso significaría que no fueron cumplidas. Libre no es que aspire a gobernar; es que ya gobierna. La mejor manera de que la vieja política no retorne es concretando un buen gobierno. Entonces concretamente …. Presidenta Xiomara, si de verdad usted y su gabinete continúan con la aspiración de transformar Honduras, de refundar desde los cimientos a nuestro país tan golpeado por el modelo neoliberal y por todos los anteriores gobiernos, debe renovar y priorizar su compromiso con el pueblo. Muchos de nosotros le votamos por usted y lo hicimos porque creímos que su administración combatiría la inseguridad, provocaría la desmilitarización, reconocer y sanear los territorios indígenas, porque ordenaría no más explotación minera a cielo abierto, la revisión y derogación de contratos de proyectos energéticos y de infraestructura. Acceso a la tierra para familias campesinas e impulso de la reforma agraria, derogación definitiva de las zede´s y, en resumen, la protección de los derechos humanos de la manera más integral; sin cálculos políticos. Honduras necesita de una política ambiental concreta, radical y determinante. Que se distancie de las lógicas mercantiles neoliberales basadas en la sobreexplotación de los bienes naturales. Señora presidenta, rompa de una vez con este paradigma y garantice un desarrollo que respete los límites de la naturaleza y promueva la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, asuma esta tarea y contribuya de esta forma a una Honduras más resiliente y sostenible, real y concreta, más allá de los grandes foros mundiales en donde se dice que internamente avanzamos, pero que en la práctica no se ven resultados. A dos años de su mandato, nos asalta la imperiosa urgencia de tomar la senda de la refundación, que establezca un renovado pacto de gobernanza que abarque a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente hemos sido subyugados, lo cual pasa de forma ineludible por la asamblea nacional constituyente. Señora presidenta, así como su gobierno y su partido, han asumido liderazgo en el Congreso Nacional y han demostrado determinación para hacerse de las instituciones que entienden prioridad para su administración, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los intereses del campo popular. Demandamos de su bancada decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, porque tener la dirección de las instituciones nos les da un cheque en blanco para hacer y deshacer. Le exhortamos, considere el diálogo con el campo popular, este que se expresa con sinceridad al respaldar las coincidencias que aún tenemos y que asume la responsabilidad de señalar de manera franca las distancias que percibimos, particularmente en acciones como las negociaciones y la preferencia por establecer relaciones con entidades como la embajada estadounidense, sectores empresariales y expresiones antagónicas al campo popular. Señora Presidenta, tiene a su favor dos años más de mandato, pero el tiempo avanza y tenemos un país en donde el 80% vive en pobreza y las opciones siguen siendo el de diariamente buscar cómo sobrevivir o ponerse en la fila de los que migran y siguen siendo la fuerza que sostiene económicamente a Honduras y que hasta ahora lo hacen sin condiciones. Como movimiento popular proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando frente a la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, reafirmamos nuestro compromiso, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y sepa usted, Señora Presidenta, que finalmente llamamos a todas las organizaciones populares a retomar la ruta autónoma y articulada del campo popular que impulse la verdadera refundación de la patria, en alianza con todos los sectores de la sociedad hondureña.
El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.
La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:
El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional, tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.
Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del presente.
Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos fundamentales.
Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.
Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.
A cada sector social que intervendrá en el proceso de selección del nuevo Fiscal General
A las comunidades, mujeres y colectividades que luchan por sus derechos
A la ciudadanía en general
A los medios de comunicación
¿Por qué presentamos esta propuesta? Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”. Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos de corrupción pública.
Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de nuestro pueblo. Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria, contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho. Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público. Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público (MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad. Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos o retrocederemos como país? Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal. En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014 de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad a la que por mandato legal le corresponde representar. ¿Qué pasó con el MP estos años? ¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?
Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos y sus financiadores. Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto. La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado. Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance. En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era demasiado peligrosa para la clase política. La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar. Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos. Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. ¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175 lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes, empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia. Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan a ser condenados. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el país víctimas de desplazamientos forzados. Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen organizado. En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan. Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la población. La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores de la impunidad para estos sectores. Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras. La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses radicalmente contrarios a sus propósitos de creación. El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público. así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”. Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera. El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993 en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal funcionamiento, ineficiencia y corrupción. La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional, manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el 2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su función. Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado, acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen. Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese reclamo social de cambio. Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas. El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto. La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la credibilidad del sector justicia. ¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.
Nuestra propuesta de reforma Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad …. Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía judicial. En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve ejes fundamentales:
La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas. Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal, indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal justo. La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad. De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.
Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente para fundamentar los requerimientos fiscales. Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público
Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no. Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan.
La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP.
Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP
Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas. Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.
Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo.
El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada. No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y transcurren perpetuamente en la impunidad.
¿A dónde queremos llegar con el MP?
Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.
Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional: En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.
Tegucigalpa, Julio de 2023. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Bufete Estudios para la Dignidad
CARTA
Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023 Abogado Félix Coca
Candidato a Fiscal General del Estado Asunto: Remisión de propuestas de cambio a la institucionalidad del Ministerio Público
Abogado Coca, Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y representativa de los intereses de la sociedad. La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero, asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores, especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad. Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía: a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas. b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura que este cargo exige? Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público y si está dispuesto a asumirlos. Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces, policías y militares igualmente corruptos. Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Estos son: a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país. c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos. e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad. f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Abogado Coca, Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos, nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato. Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente, especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la justicia. Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los hondureños/as. Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera permanente por nuestras organizaciones,
Atentamente, Víctor Fernández Martín Fernández Director del BED Coordinación General MADJ Ileana Morales Presidenta JD FUNDAMBIENTE
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.
¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.
El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.
Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.
Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.
A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.
Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.
La vulnerabilidad de Centroamérica de sufrir los estragos del cambio climático global y de la
variabilidad de precios de los energéticos, en especial la tarifa eléctrica que depende del precio
internacional del petróleo, sitúa a Honduras en la necesidad de actuar con celeridad en la
transformación del modelo energético prevalente por medio de un proceso de construcción de
iniciativas populares como parte fundamental de la Transición Energética Justa en el que la
participación de las comunidades, las organizaciones sociales, academia y sindicatos se hace
necesario y urgente.
Es así que tras una jornada intensa de intercambio de conocimientos entre organizaciones de
Honduras y otros países del MAR como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba y Chile donde
se ha trabajado por la construcción de un modelo energético popular y de diálogo con
representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, el Alcalde de
Arizona, Carlos Chacón y la Congresista de la república, Ligia Ramos, concluimos y afirmamos
que:
➢ La necesidad de transformar el modelo energético corresponde a la necesidad de
garantizar que el 19% de la población hondureña tenga acceso a la energía como bien
común y atender el modelo ineficiente que hoy tiene más del 38 % de pérdidas.
➢ Confiamos en los proyectos alternativos populares que atienden de manera efectiva las
necesidades de los pueblos.
➢ Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno por desmercantilizar el sector eléctrico,
iniciativa que respaldamos y abrazamos. Se debe revertir lo que le pertenece al pueblo.
➢ Se debe democratizar el modelo energético. Debemos debatir entre todos los sectores
la transmisión, la distribución y la generación. Ocupamos participación para que los
pueblos decidan su futuro.
➢ Otro modelo energético si es posible y ya se está construyendo porque tenemos la
voluntad, la sabiduría y la organización comunitaria.
➢ Ese modelo energético popular se basa en la soberanía, la autonomía y las necesidades
reales de los pueblos.
➢ Nuestra lucha también es por una tarifa justa de la energía y la garantía de establecer
un mínimo vital de energía como lo estableció el proceso constituyente en Chile.➢ Demandamos la revisión de todas las concesiones de nuestros bienes comunes y
naturales y de ser encontradas irregularidades en sus adjudicaciones urgimos la
suspensión y cancelación.
➢ Solicitamos desde nuestros territorios que se empiecen a crear las bases para una
asamblea nacional constituyente que nos permita crear y tener un nuevo pacto social
construido desde los pueblos y comunidades.
➢ Reconocemos la diversidad de nuestras resistencias, que somos muchas voces y
experiencias y nos comprometemos por seguir tejiéndolas y juntándolas como ríos en
el MAR. Seguiremos avanzando en el proceso de articulación e internacionalización de
nuestras luchas.
➢ Nos autoconvocamos para el IV Encuentro Mundial de Comunidades Afectadas por
Represas que tendrá lugar en la Amazonía Brasileña en 2025.
Seguimos en resistencia en salvaguarda de los derechos comunes, la lucha por la dignidad
del pueblo cubano y la defensa de la democracia del pueblo peruano nos siguen anunciando
la necesidad construir autonomías en las que la energía es el elemento central.
¡Mujer, Agua y Energía: no son mercancías!
¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
