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La memoria es un martillo en la mano del presente

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28 de junio de 2026

Aquel 28 de junio de 2009 no fue un accidente institucional; fue la irrupción violenta de un proyecto de dominación cuyos efectos siguen marcando la vida del pueblo hondureño. Diecisiete años después, la memoria no es un ejercicio de nostalgia: es una fuerza viva que nos exige recuperar la indignación para que la historia no se repita. Porque el golpe de Estado aún no termina; cabalga impune bajo banderas partidarias, decretos, masacres, privatizaciones, despojos y entreguismo a las fuerzas de la ultraderecha y el neofascismo. El golpe también nos recuerda la crudeza y la determinación de unas élites violentas que, ayer como hoy, persisten en la apropiación de la riqueza colectiva y en el sometimiento del pueblo hondureño.

Hoy vivimos la continuidad del golpe como despojo cotidiano. Las élites económicas y sus socios transnacionales, alineados con la agenda neofascista del norte, han profundizado la captura del Estado, la mercantilización de la vida y la criminalización de quienes defienden los bienes comunes. Seguimos siendo una pieza de intercambio en el tablero geopolítico del gran capital, que enajena nuestra soberanía y nos subordina a intereses económicos y corporativos genocidas, guerreristas y ecocidas.

A diecisiete años del golpe de Estado, desde el pueblo hondureño digno y organizado hacemos memoria por responsabilidad histórica y necesidad política. La memoria también nos devuelve al camino de la resistencia honesta, con un profundo y genuino énfasis popular. En los valles, las montañas y los barrios populares, la organización comunitaria continúa siendo el principal antídoto contra el miedo y la resignación. En quienes tienen memoria, en quienes resisten y luchan, habita la esperanza como práctica colectiva, construida cada día en la defensa de la tierra, el territorio, la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda incansable de justicia.

Este día nos reafirma la necesidad de construir un verdadero proyecto político del pueblo: uno que no se acomode, que no se parezca a aquello que combate, que no se vuelva mediocre ni se acobarde cuando llegue el momento de consensuar e impulsar un modelo de sociedad y de Estado donde imperen, sin vacilaciones, la justicia, la dignidad y la soberanía para todas y todos.
El enemigo tiene nombre, color, partido, rostro y dirección: el gran capital transnacional, sus políticos lacayos, sus empresarios mesquinos, sus operadores locales y el imperialismo que continúa pretendiendo diseñar el destino de Honduras desde su lógica invasora, extractivista y guerrerista. Frente a esa ofensiva, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar el modelo neoliberal con organización popular, soberanía, democracia participativa y justicia social. Estamos convencidos de que la memoria nos da identidad; la indignación nos da la fuerza para resistir; pero solo la organización consciente del pueblo hará posible transformar la historia y abrir paso a un país donde la vida esté por encima del capital.

¡No más golpes de Estado! ¡No más golpes al pueblo! ¡No más despojo, desalojos, persecución ni servilismo al poder económico y geopolítico! La Honduras de 2026 no puede seguir siendo la prolongación de 2009. El futuro que merecemos no será una concesión de las élites; será una conquista de un pueblo indignado, organizado y movilizado. La memoria nos convoca, la lucha nos hermana y la dignidad nos señala el camino.


¡Hasta la dignidad, siempre!

Nasry Asfura justifica el regalo de 100 mil lempiras a diputados:

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“La ley me lo otorga…y es una potestad del presidente poder ayudar”

Pareciera que la entrega, por no decir el regalo, de 100 mil lempiras a los disputados/as al Congreso Nacional el miércoles de Semana Santa, es un tema superado, al menos, en los medios de comunicación, a varios de los cuales, seguramente, también les “cayó” de sorpresa un bono para la compra del “pescadito” veraniego.

Sin embargo, para quienes entendemos y dimensionamos la gravedad de este asunto, el tema evidencia, por lo menos, dos cosas básicas: a. que es una práctica normalizada de las autoridades regalar dinero público y que este sirva para “comprar voluntades” de la diz que oposición y b. que las autoridades creen que, a partir de sus cargos, son los dueños de Honduras y que pueden cometer todo tipo de abusos y seguir gobernando en total impunidad.

Son deplorables y criminales las declaraciones de Nasry Asura que al ser consultado sobre la entrega de los 100 mil lempiras dijo, sin inmutarse, que “la ley me lo otorga…y es una potestad del presidente poder ayudar”. A estas se suman a las brindadas por Tomás Zambrano y Jorge Cálix los primeros en justificar la entrega de estos recursos a los parlamentarios/as para atender las peticiones “sociales” de sus comunidades y un Roberto Contreras, más burdo, que explicó que los recursos eran parte de un fondo de apoyo a las actividades políticas de ellos, que funcionan como un incentivo que ayuda a las actividades de “rose” político que deben tener con la población.

Lo justifiquen como quieran justificarlo, pero la entrega de 100 mil lempiras a diputados/as es un acto de corrupción y punto. Y contrario a lo que creen no pueden regalar, como si fuera suyo, los recursos que nos pertenecen a todos/as.

Sin embargo, pese a la claridad de este abuso, igual es importante que el mandatario, los funcionarios de finanzas y sobre todo, los diputados/as, den respuesta a las siguientes interrogantes:

  1. ¿Cuál es la partida presupuestaria desde la cual el presidente adjudicó los recursos a los diputados/as?, ¿qué otro tipo de fondos, parecidos a este, se encuentran en el nuevo proyecto de Presupuesto General de la República 2026?
  2. ¿Se entregó el “bono” a los 128 diputados? ¿a los suplentes y cuánto?, ¿De cuánto fue el bono a los diputados/as del Partido Nacional?
  3. ¿Qué tipo de proceso administrativo se sigue para la adjudicación de este tipo de recursos? ¿Dónde está el listado de proyectos o requerimiento de recursos solicitados por los diputados/as que “justifican” la adjudicación de recursos
  4. Si los recursos son “liquidables” en 15 o 20 días ….en base a qué serán liquidados?, ¿qué tipo de comprobantes deben presentarse?, ¿cómo se garantiza el uso “transparente” de estos recursos?
  5. ¿Cada cuánto se estarán adjudicando estos recursos a los diputados/as?
  6. ¿El TSC va a decir algo al respecto de estos “bonos” ?, ¿el MP inició una investigación de oficio?
  7.  ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Finanzas?, ¿para este tipo de gastos se pagan impuestos?, ¿estos “bonos” se pagan con recursos nacionales o internacionales?
  8. ¿Esto es parte de la gran inversión pública de la que habla el gobierno?

Sabemos de antemano que ninguna de estas preguntas tiene una respuesta lógica y menos honesta, pero exigimos que las respondan como un mínimo de vergüenza.

Señores/as del gobierno: Estamos hartos de tanto delincuente hecho gobierno y un pueblo cansado tarde o temprano despertará.

Carta Publica a Donald Trump, Presidente de EEUU

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MÉTASE EN SUS PROBLEMAS Y DEJE A HONDURAS EN PAZ

Señor Trump,

Se lo aclaramos de entrada: Honduras no es un estado federado de Estados Unidos, tampoco una empresa que forme parte de su conglomerado económico y menos aún integramos parte de su familia o de su “exclusivo” círculo de amistades, por lo cual le exigimos que se meta en sus problemas y deje a Honduras en paz.

Desde nuestra organización, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y seguramente en nombre de millones de hondureños y hondureñas que si tenemos DIGNIDAD le exigimos que pare su injerencia brutal y desproporcionada en contra de nuestro país, y que en los últimos días se tradujo en ordenarnos, bajo amenaza, a votar por el candidato del Partido Nacional y dejar en libertad, vía indulto, al ex presidente Juan Orlando Hernández, un delincuente, que estaba preso en EEUU por narcotráfico.

Sabemos que la injerencia siempre ha formado parte de la diplomacia hipócrita utilizada históricamente por su país para ejecutar todo tipo de vejámenes en Honduras, desde la ejecución de la Doctrina de Seguridad Nacional hasta el financiamiento de Golpes de Estado, cuando algo no les gusta o no está acorde a sus intereses, sin embargo, hoy sus “órdenes públicas”  para que votemos de determinada forma o para anunciarnos la liberación de uno de los peores delincuentes, solo evidencian la dimensión de su avaricia y clarifica la visión imperialista que tiene de Honduras, de América Latina y del Mundo.

A usted la lucha por la democracia, el desarrollo y contra el narcotráfico no le importa, para usted y para su grupito de amigos a nivel mundial cada uno de los países, especialmente de América Latina, debiéramos existir solo para estar a disposición de sus intereses económicos y políticos. A ustedes les importan nuestros territorios, recursos naturales, la mano de obra de nuestra gente y hasta nuestras instituciones públicas para someterlas y alinearlas a sus negocios al mejor estilo neocolonial, aunque su imperio esté cada vez más decadente y carguen con el enorme desprecio que se les tiene desde todos los rincones de este planeta.

¿Cuál es el negocio detrás del apoyo al candidato del Partido Nacional y de la libertad de Hernández?, ¿Cuál es el nuevo pacto que se está gestando con nuestras también odiosas élites económicas presentes en todos los partidos políticos ?, ¿qué quieren de nosotros… usar nuestro territorio para sus jueguitos bélicos en la región… nuestros recursos naturales? Seguro que el tiempo lo dirá, pero sepa desde ahora, que siempre tendrá la oposición digna, honesta y soberana de millones de hondureños/as.

Por lo pronto, queda claro, que ante la burla que usted le hace a su propio sistema de justicia, al indultar a Hernández, que fue investigado por su país desde el 2002, juzgado y condenado él y varios miembros de su familia por una corte estadounidense por ser un narco, es imposible que siga argumentando que su intervención y violencia en contra de Venezuela y Colombia está motivado en la lucha contra del narcotráfico.

Es usted un farsante, un hombre sin honor, ni escrúpulos que utiliza el poder de su puesto para mandar a matar aquí en América Latina para quedarse con el petróleo y allá en Palestina para poder construir complejos hoteleros de lujo. ¡Que vida más miserable la suya!.

Sobre Juan Orlando, le animamos a que su gobierno se quede con él, porque son de la misma calaña y de algo le servirá. Aquí en Honduras su perdón a los crímenes cometidos por este delincuente ha revivido una especie de patriotismo llamado “ANTIJOH”, que no descansará hasta que pague por la corrupción, el abuso, la violencia y por su notable contribución, junto a otros políticos de todos los partidos políticos, para que Honduras sea hoy un territorio que produce, trafica y consume droga.

Su doble moral no tiene límite, persigue o mejor dicho “caza” y encarcela a nuestros migrantes que buscan una vida mejor, trabajando intensamente y a un delincuente, narcotraficante que les introdujo no menos de 400 toneladas de droga, por la cual pudieron morir decenas de estadounidenses, lo perdona y lo excarcela.

Quisiéramos ser ilusos y pedirle que cambie, que respete, que se comprometa con un mundo y una civilización que haga culto a la vida, a la dignidad, al progreso y no al grosero y cruel retroceso al que la está conduciendo e imponiendo, pero sabemos, por sus hechos, que esto es imposible.

Finalmente, sepa que esta nueva agresión contra Honduras nos permite afianzarnos como organización, como sociedad y país en valores como la dignidad, la honradez y a tener una convicción mucho más fuerte para defender nuestra autodeterminación y soberanía. Seguro que con el gobierno que quede usted va a gozar de la pleitesía normalizada que han tenido TODOS los gobiernos de Honduras, pero el pueblo, pueblo reitera su verdadero amor por este país y nuestro compromiso inquebrantable, que todo su dinero no puede comprar, de siempre, siempre defenderlo de personas como usted.

Hasta la Dignidad… SIEMPRE!

Honduras, 2 de diciembre, 2025

MASACRE DE LOS HORCONES: UNA ESCUELA DE CRIMEN E IMPUNIDAD QUE SIGUE REPRODUCIENDOSE EN LA ACTUALIDAD

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Hace cincuenta años, el 25 de junio de 1975, un puñado de militares y ganaderos olanchanos,  liderados por Mel Zelaya Ordóñez, asesinaron en la hacienda Los Horcones a 14 personas: diez campesinos: Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz, cinco de ellos  quemados vivos y sus cuerpos  lanzados a un pozo de malacate. Junto a ellos también fueron asesinados dos sacerdotes: Casimiro Cypher e Iván Betancourt, quienes fueron castrados y desmembrados antes de ser arrojados al mismo pozo y dos mujeres María Elena Bolívar y Ruth García Mallorquín, lanzadas vivas al mismo pozo de malacate. El pozo fue rellenado con varios quintales de cal y dinamitado  con la pretensión de borrar cualquier rastro  todo tipo de huellas de su más abominable acción.

Los asesinados eran líderes de varios grupos campesinos, formados en la Doctrina Social de la Iglesia, que buscaban salir de su miseria disponiendo de tierras para hacerlas producir. Los sacerdotes, a su vez, eran pastores de la Iglesia Católica que al tenor del Vaticano II y la Conferencia de Medellín se volcaron a atender el clamor de los pobres y empobrecidos;  las mujeres víctimas, una era estudiante universitaria y la otra pariente del padre Iván Betancourt, todos/as pagaron con su vida haberse atrevido a desenmascarar y denunciar a quienes se han hecho dueños, a punta de violencia y corrupción, de las tierras y sus recursos.

Del lado de los asesinos estaban los militares adoctrinados bajo los principios Doctrina de Seguridad Nacional, liderados por José Enrique Chinchilla, y los terratenientes olanchanos, con Mel Zelaya Ordóñez a la cabeza. Militares y terratenientes asesinos fueron apresados, condenados, encarcelados y, en el caso de Mel Zelaya Ordóñez, con derecho a poseer vehículo estacionado en la penitenciaría para viajar los fines de semana a su hacienda Los Horcones. Y al poco tiempo de su condena fueron objeto de indulto.

De entre todas las masacres campesinas acontecidas en Honduras, ninguna ha sido, en un ámbito colectivo,  tan brutal en sus actos y  numerosa en cantidad de víctimas como la masacre de Los Horcones. Recordada por ello como la más grande orgía de horror provocada por el espanto que producían los militares, asistidos con la mayor crueldad e inhumanidad por una clase terrateniente perversa, que sin lugar a dudas, permanece en el país  y sigue perpetuando centenares de asesinatos contra campesinos y campesinas que siguen reclamando su derecho a un pedazo de tierra..

Es decir, a cincuenta años de tan despreciable masacre, ni las Fuerzas Armadas, ni las familias terratenientes olanchanas -sobre todo las más involucradas en tal asesinato colectivo- han tenido que pagar ante la justicia sus delitos, ni han tenido la decencia de pedir perdón al pueblo hondureño, a la clase campesina y a la feligresía católica. Las familias de los mártires campesinos se merecen una disculpa y ser retribuidas con las tierras que constitucionalmente están consagradas a fines de reforma agraria.

Como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia permanecemos solidarios con la clase campesina hondureña, con quien nos honramos en el presente de caminar juntos muchos trechos de las luchas dignamente populares a nivel nacional. Y de igual manera, expresamos nuestra solidaridad a la Iglesia Pueblo de Dios, que, con el martirio de los padres Casimiro Cypher e Iván Betancourt, han aportado su propia sangre de pastores, sumándola al río de sangre martirial de nuestro pueblo.

A cinco décadas de esta masacre, constatamos que en los campos de Honduras se reduplica a escala nacional una especie de ideologización tenebrosa refinada en Los Horcones. Actualmente, militares policías, terratenientes, junto a empresarios extractivistas y sus propios escuadrones de la muerte privados, siguen arrebatando tierras  y bienes naturales de las comunidades, y a quienes se oponen a su intereses los criminalizan, arrasan con sus cultivos, los desalojan, los amenazan y terminan por asesinarlos. Los ejemplos los tenemos en todos los departamentos, pero de manera particular Colón, Yoro, Cortés, La Paz, Comayagua.

En cada valle, llanura o montaña se van multiplicando los Mel Zelaya Ordóñez, a la manera de síndrome de letalidad selectiva pero igualmente asesino y cruel, como ha enseñado la escuela olanchana de Los Horcones y sus secuaces protegidos con la más grande impunidad.

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Se trata, ahora, de una acción continuada y deliberada de aniquilación de quienes luchan por la tierra y sus bienes naturales mediante el asesinato selectivo y progresivo. Asesinatos con saña para dejar claro el destino de quienes continúen defendiendo sus tierras y territorios; evidenciando la crueldad con que actúan al consumar sus crímenes, contando con la participación activa o solapada de las fuerzas del orden, pero sobre todo de una institucionalidad como el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, el Sistema Judicial quienes siguen estando bajo las órdenes de los terratenientes y empresarios.

Ni una sola vez, en tres años y medio, el gobierno del Socialismo Democrático, de Xiomara Castro, se reunió con el sector campesino y su famosa Comisión de Seguridad Agraria y de acceso a la Tierra se quedó, como en todos los gobiernos, en reuniones y reuniones .

Resulta deplorable que el Estado de Honduras no haya castigado, ni castigue como se debe a los terratenientes,  militares y empresarios que antes y hoy asesinan a campesinos/as.  Y, peor ahora, que el gobierno actual ha premiado sin ningún mérito a los militares con el oficio de ser ¿mediadores? en las disputas agrarias entre campesinos y empresarios agroindustriales. Los resultados son claros y lamentables: Honduras convertida en un río de sangre campesina, indígena, afrodescendiente y comunitaria de hombres y mujeres siendo asesinados por defender su tierra, sus ríos, bosques y comunidades.

            El acceso a la tierra con respeto y dignidad es un derecho propio de cada ciudadano y ciudadana, que no debe ser arrebatado por empresarios y terratenientes asesinos, y tampoco ser conculcado por militares y otros funcionarios actuando al margen de la Constitución de Honduras.

San Pedro Sula. 25 de junio de 2025

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

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Tegucigalpa M.D.C. noviembre 2024

El 24 al 26 de septiembre del 2024, en Tegucigalpa, se llevó a cabo una masiva movilización popular, indígena y campesina para reivindicar el derecho a la tierra, la justicia y reclamar que el poder legislativo, el ejecutivo y el sistema de justicia asuman el mandato constitucional de hacer una Honduras donde impere la justicia, el derecho y el bienestar de la población. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) participamos activamente en la movilización junto a decenas de organizaciones integradas en el Bloque Popular Campesino e Indígena (BPCI) y el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPS-H). La Corte Suprema de Justicia, al recibir la propuesta de 10 puntos del campo popular para lograr una reforma judicial justa, nombró una comisión integrada por tres magistrados y se constituyó una mesa de seguimiento y solución a las demandas populares.

Este 13 de noviembre se produjo la reunión de seguimiento entre la Comisión del Poder Judicial y la representación de las organizaciones populares. Este encuentro, celebrado en la Presidencia de la CSJ, permitió escuchar los informes sobre los compromisos previos, también fue un espacio para presentar nuevas propuestas y reforzar la demanda de un Poder Judicial transparente y comprometido con la justicia social.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la selección de jueces y juezas, remarcando la necesidad de que estos procesos sean conocidos y evaluados por el pueblo. Se destacó la importancia de que las comunidades tengan voz en el nombramiento de los jueces, pudiendo conocer sus perfiles y antecedentes, así como objetar sus nombramientos cuando sea pertinente.

La discusión también planteo acuerdos sobre la capacitación de jueces y magistrados en derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales en materia de pueblos indígenas, derecho agrario, ambiental y otros instrumentos relacionados con aspectos especializados que se requieren varios territorios en lucha. Se planteó que el MPSH participe en los procesos de sensibilización para asegurar que el sistema judicial comprenda y respete las particularidades culturales y legales de los pueblos originarios. También se discutió y revisó el estado y la necesidad de resolver de manera expedita varios recursos de inconstitucionalidad y amparo radicados por las organizaciones populares en contra de actos y normas que atentan contra el orden constitucional y convencional y los derechos del pueblo y las personas organizadas, la representación de la CSJ se comprometió a establecer plazos perentorios para presentar soluciones definitivas expresadas en sentencias y mandatos claros y determinantes.

El magistrado Felipe Speer y las magistradas Martha Merino y Patricia Martínez, asumieron compromisos significativos con relación a establecer mecanismos que eviten desalojos arbitrarios y abusos en el marco de su ejecución; también presentaron informes sobre jueces y juezas que habrían sido sancionados por abusos en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas buscan reducir la violencia y la criminalización que enfrentan los defensores de derechos y líderes comunitarios.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de continuar el diálogo, precisando que la próxima reunión se desarrollará el 28 de enero de 2025, donde se revisarán los avances de los acuerdos y se debatirán nuevas propuestas planteadas por el MPS-H. Este seguimiento busca garantizar que las voces populares sigan presentes y activas en la lucha por la democratización de la tierra y la justicia en Honduras.

Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema

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Tegucigalpa, Honduras.

Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.

Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.

El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.

“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.

El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.

Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.

El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.

“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.

Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.

Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.

“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.

Propuesta de trabajo para el Poder Judicial

En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ,  en el que se detallaron las  líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.

“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.

El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.

Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos

Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.

También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.

Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia

En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.

“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.

En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.

En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.

“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.

Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.

Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.

“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.

Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.

La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.

LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

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Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.

Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.

Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.

La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.

Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.

¡Hasta la Dignidad Siempre!