Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Pronunciamiento Público: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

A las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, territorios en resistencia, y al pueblo en general;

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos sumamos a las exigencias de justicia por el feminicidio de Keyla Patricia Martínez, enfermera de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, ocurrido en la Estación Policial de dicha ciudad, el pasado 07 de febrero en horas de la madrugada. 

Como si, la Narcodictadura, la pandemia global de COVID19, el paso de las tormentas Eta e Iota y la desprotección sanitaria y de bioseguridad no fuesen suficiente, el asesinato y feminicidio de Keyla Patricia Martínez nos obliga a realmente cuestionarnos, si en Honduras la vida de las y los pobres no vale nada – ¿cómo esperan realmente que no quememos todo?

A 11 años de narcodictadura, las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales asumen desde sus cortas ideas, que, a través de un comunicado en la página oficial de la Policía Nacional, que Keyla Patricia Martínez cometió suicidio, desvinculando la responsabilidad del Estado y su Gobierno

Han sido 11 largos años de narcodictadura, en donde las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales han sido instrumentalizadas para el trasiego de cocaína, armas y personas, en donde las violaciones de derechos humanos, han puesto entre dicho la capacidad operativa de administrar la justicia por parte del partido de gobierno y sus diversos aliados económicos y militares.

El feminicidio de Keyla Patricia Martínez, es una demostración más, de que en Honduras la policía, asesina, viola, trafica y extorsiona porque existe un Estado y un Gobierno que garantiza la impunidad. El caso de Keyla, es la máxima expresión de las múltiples violencias que afrontan mujeres y niñas en un país con una narcodictadura y cuyas garantías constitucionales son expuestas debido, al abuso de autoridad de policías y militares, por ello y en profunda solidaridad con las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, nos pronunciamos y exigimos:

  1. Denunciamos y condenamos la represión policial perpetrada por la Policía Nacional contra las y los manifestantes, entre ellos, familiares, luchadores sociales, organizaciones sociales, políticos y defensores de derechos humanos que pacíficamente exigen justicia frente a la estación policial en La Esperanza, Intibucá.
  2. Exigimos una investigación independiente, con rigor técnico y científico, que garantice un proceso transparente y óptimo de los hechos, enjuiciando y encarcelando los responsables materiales e intelectuales de Keyla Patricia Martínez.
  3. Condenamos el comportamiento cómplice del Ministerio Público que a más de 48 horas de haberse cometido el crimen no ha ordenado la detención de los sospechosos del crimen, garantizando la impunidad sistemática contra mujeres y niñas.

Por último, hacemos un llamado a la población hondureña, que, en medio de la tragedia, nos sumemos a toda acción de protesta por la recuperación de la justicia y la dignidad de nuestras familias.

¡Hasta la dignidad, Siempre!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Código penal contiene disposiciones permisivas para diversos delitos.

Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.

En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.

Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.

Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.

A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.  

La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.

Comunidades denuncian presiones del BID en Arizona para el desarrollo de hidroeléctrica

¡FUERA INGELSA, FUERA BID! ¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!

Nosotras, las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, condenamos la visita de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro territorio, quien por segunda vez está sirviendo de intermediario de los intereses de empresas extractivas y sus proyectos nocivos para nuestras vidas y nuestros entornos irrespetando nuestra decisión soberana de declararnos libres de extractivismo.

El 20 de noviembre de 2015, a pesar de la pretensión de manipular el cabildo abierto por parte de las autoridades locales en ese momento, decidimos por mayoría declarar nuestro territorio libre de minería e hidroeléctricas frente a la amenaza que constituía el proyecto hidroeléctrico Jilamito propiedad de la empresa INGELSA. Esa decisión la ratificamos el pasado 24 de marzo de 2019. Estamos inamoviblemente claros: ¡Arizona es territorio libre de proyectos extractivos!

Es condenable que a pesar de esa decisión y al mejor estilo de las instituciones nacionales e internacionales coludidas con el capital extractivo y dedicadas a blanquear el rostro de estas empresas criminales, el BID pretenda venir a nuestro territorio a generar influencias y presiones para que el proyecto pueda ser construido sobre nuestra única fuente de agua, nuestro río Jilamito.

Conocemos perfectamente este patrón de comportamiento y dinámica de funcionamiento del gran engranaje trasnacional del extractivismo, en donde desarrollan un papel instancias como el BID. Está clara su intención de pretender legitimar los intereses de INGELSA haciendo uso de maniobras corruptas como solicitar reuniones a nombre de SEMSA y posteriormente a nombre de INGELSA, así como su interés en reunirse siempre con sectores comunitarios coludidos con la empresa, que han traicionado la voluntad soberana producto de la descomposición del tejido social que provocan estas empresas como herramienta para entrar en los territorios que les interesa saquear.

Denunciamos que este día, domingo 15 de marzo de 2020, la consultora Rebecca Reibers de Monkey Forest Consulting sostiene reunión con habitantes de Mezapita a espaldas del conocimiento de toda la comunidad, seleccionando para dicha reunión a personas abierta y reconocidamente afines a la empresa.

Para nosotros SEMSA e INGELSA son lo mismo, sinónimos y prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El desarrollo de nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotros mismos mediante el proyecto comunitario que ya está en marcha y con el cual haremos del derecho humano al agua una realidad, con la alegría de no estar engordándole los bolsillos a empresas criminales.

¿De qué “desarrollo sostenible y respetuoso con el clima” habla el BID cuando además de desconocer nuestra voluntad popular expresada en la declaratoria y en la ratificación, pretende seguir impulsando empresas y proyectos con los cuales se pondría en riesgo nuestro esfuerzo de trabajo en el proyecto comunitario de agua que ya está en curso? 

Responsabilizamos al BID y la presencia de sus consultores de cualquier brote de conflictividad en nuestra zona, como parte de la polarización que provocan estas empresas como herramienta para llevarse nuestra riqueza. Reafirmamos que no estamos solas, que somos parte de procesos a lo largo del territorio nacional, de nuestros hermanos y hermanas de Pajuiles, Sector Florida, Guapinol, de las comunidades de la zona Sur, de COPINH, Reitoca, Azacualpa, entre otras. Que los pueblos sabemos hacer justicia y hemos decidido soberanamente vivir libres de extractivismo y así nos mantendremos, luchando por dignidad y justicia para nuestras comunidades y para Honduras.

15 de marzo, 2020. Atlántida, Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Navidad con dignidad, en comunidad

Navidad con dignidad, en comunidad

(…) estás aquí futuro / hay que ampararte
los emboscados en la amanecida
quieren acribillarte desde el miedo

Mañana/Mario Benedetti

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia desde Honduras saludamos en navidad a todos los pueblos de Honduras y América Latina. De manera muy especial a aquellos que construyen nuevas comunidades y las defienden para hacer posible desde ellas el nacimiento de una sociedad donde ya no hayan niños y niñas naciendo en el abandono, donde no hayan mujeres huyendo de una sociedad que les humilla y mata y donde existan hombres que se cuestionan sus privilegios, coherentes, comprometidos y valientes que apoyan el nacimiento de esa sociedad digna y justa que anhelamos de forma permanente e inclaudicable.

Feliz navidad a los hombres y mujeres que, expulsados de sus tierras o condenados a vivir en lenta agonía en la miseria de sus pueblos, no les queda más que abrirse camino hacia otros destinos donde puedan trabajar para ganar el sustento de sus seres queridos. A los compañeros privados de libertad injustamente, convertidos en presos políticos por la narcodictadura. A las mujeres y hombres de nuestros pueblos, cuyas luchas encarnan y anuncian el nacimiento de una nueva sociedad donde se pueda vivir con dignidad y justicia.

A los pueblos en resistencia, apostados en veredas; defendiendo bosques, ríos y montañas porque son suyos; les pertenecen porque son bienes naturales que la vida les ha prodigado y ahora los avarientos y perversos señores capitalistas los pretenden como suyos en nombre de un desarrollo económico que nunca llega a las comunidades.

Y en medio de la alegría de la navidad hacemos causa común y expresamos nuestra rabia y dolor esperanzador y solidario a los cientos de familias que en este año han sido víctimas de la narcodictadura en Honduras, arrebatándoles sus hijas, padres y demás familiares. Nuestro dolor solidario con las familias que en 2019 vieron a sus hijas, madres y esposas asesinadas por hombres crueles que en nombre del más burdo patriarcado se asignan el derecho de decidir sobre la vida y muerte de las mujeres.

Nuestra solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes que continúan luchando contra el colonialismo depredador que ahora opera bajo la máscara de un extractivismo ecocida y humanicida. Nuestro dolor nos une a las familias de Brumadinho, Brasil, que este año vieron sus comunidades, hogares y familiares extinguirse a causa de la locura extractivista que mancha de sangre nuestra América Latina.

Nuestra solidaridad con los pueblos de Haití, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y Nicaragua que están luchando en contra de los embates del neoliberalismo y el capitalismo. Nuestra rabia incontenible y solidaria con las familias de los cientos de luchadores y luchadoras de los pueblos asesinados en nuestro continente.

El Movimiento Amplio llama a construir la navidad del pueblo hondureño y latinoamericano. Sobre el dolor a que nos condenan narcodictaduras, tiranías crueles y gobiernos impuestos por el imperio, nuestras luchas posibilitan el nacimiento del nuevo hombre y la nueva mujer que, en nuevas relaciones sociales, representa la dignidad de una nueva humanidad hondureña y latinoamericana.

Con justa razón proclamamos que en Honduras y en América Latina no puede haber navidad sin dignidad, navidad sin comunidad. Desde nuestras luchas comunitarias somos el nuevo rostro de la navidad hondureña y latinoamericana. Vamos, pues, a construir esa navidad en Guapinol, en Pajuiles, Locomapa, Reitoca, Azacualpa, Namasigue, en las calles de Santiago de Chile, en Jilamito, en la gran Colombia, mujeres y hombres, con todos los pueblos indígenas y afrodescendientes.

¡Feliz Navidad con Dignidad en Comunidad!

San Juan Pueblo, Honduras. 24 de diciembre de 2019

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Declaratoria encuentro de mujeres MADJ 2019

DECLARATORIA ENCUENTRO DE MUJERES MADJ 2019

“MARÍA ENRIQUETA MATUTE”

¡Construyendo dignidad y justicia!

Nosotras, mujeres integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, pertenecientes a diferentes núcleos comunitarios y procedentes de distintos  territorios donde sostenemos resistencias dignas y pacíficas en defensa de nuestros bienes naturales,  contra el extractivismo, la corrupción e impunidad que trae el modelo de muerte. Nos juntamos durante un día y medio para reconocernos, para aprender y desaprender, para compartir sobre la vida, y rendir memoria en especial a una de nuestras Ancestras, María Enriqueta Matute, asesinada en la lucha del pueblo tolupán en defensa del bosque y la dignidad.

Declaramos estar contentas por haber tenido nuestro momento y espacio como mujeres porque fue armonioso en la palabra. Hablamos con confianza y respeto porque son distintas las vidas de cada una, desde las costumbres, las creencias y  lo que nos ha tocado por vida. Unas muy jóvenes y otras con muchos años, unas apenas llegadas a las luchas y otras iniciadoras de campamentos, de caminatas, convocantes de otras, unas madres, otras decididas a no serlo, celebrando nuestras diferencias como principio político de nuestra organización y de la vida.

Declaramos que valoramos nuestro espacio mixto organizativo y que el habernos encontrado sólo entre mujeres y pensado desde ser mujeres, por primera vez dentro de nuestro  MADJ, nos alegró mucho y decidimos que se instale como una práctica política periódica de nuestra organización, pero además que profundizar en el conocimiento, la reflexión y el debate sobre la interseccionalidad y la relación entre los sistemas de opresión sea una práctica permanente en nuestros campamentos, núcleos, asambleas y en las calles.

Declaramos sentir que hemos abierto una brecha con el entendimiento que la lucha contra el capitalismo  es al mismo tiempo que la lucha contra el patriarcado y el racismo, que es tanto en nuestras vidas como dentro de nuestra organización, de nuestra comunidad y por supuesto del país, porque nos falta reconocer en nosotras las secuelas del patriarcado y a veces manifestamos actitudes machistas, clasistas o racistas, porque mujeres y hombres debemos comprenderlo bien para caminar de la declaración a las acciones organizativas concretas y honestas que nos hagan desmontar estas opresiones en lo individual y lo colectivo para avanzar en nuestras luchas emancipatorias en el marco de la apuesta política integral del MADJ.

Declaramos que somos mujeres importantes, determinantes en el sostenimiento de las luchas y desde esta certeza reiteramos nuestro compromiso en los territorios, en cada campamento digno, en cada calle caminada en la que gritamos consignas, con la alegría de sabernos iguales y codo a codo con nuestros compañeros. Vamos a seguir poniendo en valor nuestro aporte y nuestro poder en la toma de decisiones para refundar por adelantado al tiempo que declaramos en libertad los ríos, los bosques, nuestros territorios vida y nuestros cuerpos que son territorio pero también son tejido.

Llamamos a todas, en las tribus, comunidades, en las ciudades de Honduras y de los países de nuestra América a luchar organizadamente, a construir y echar a andar procesos de liberación que se ajusten a nuestras condiciones y realidades concretas, que se hermanen con los del resto de mujeres del mundo que luchan por todas. Llamamos a seguir encarnando la dignidad y la lucha por la justicia, porque creemos y entendemos que los sueños se construyen cada día en comunidad.

Arena Blanca, El Progreso Yoro, Honduras. 1 de Diciembre 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!