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¿Volvemos al estilo autoritario de la narcodictadura? Esta es una pregunta cada vez más reiterativa que nos hacemos organizaciones como el MADJ y el BED ante las actuaciones de la administración de Xiomara Castro. El último ejemplo lo tenemos a partir de la falta de participación, diálogo y toma de decisión de la población con respecto a la ubicación, en la isla del Cisne, de una nueva cárcel de “máxima seguridad” y al autoritarismo, escasez de argumentos técnicos y éticos demostrado por funcionarios del presente gobierno.

El ministro de la secretaría del Ambiente, Lucky Medina, ha afirmado que el archipiélago Islas del Cisne no es área protegida (porque no está publicada como tal en el Diario La Gaceta) y pese a cualquier oposición la isla cárcel El Cisne nadie la detiene. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ha salido ante los medios de comunicación anotando que se fía del criterio del ministro del Ambiente, garantizando que no habrá violaciones a los derechos humanos y ambientales de ningún tipo. Finalmente, el Procurador General, Manuel Díaz, afirmó que en el asunto de la isla cárcel El Cisne no tienen cabida “aquellos a los que les es funcional un Estado sin soberanía” … y todos han apuntado que los que deseamos el respeto a la biodiversidad y al arrecife coralino ubicado en esa zona, somos “cachurecos” y narcotraficantes.

Nada más falso en esta comparsa letal.

El ministro del Ambiente no está por encima de la ley. Al archipiélago Islas del Cisne se le declaró Parque Nacional Marino mediante Acuerdo Ejecutivo No. 3056-91, el 30 de octubre de 1991. Luego se le dio el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante decreto N° 128-94, publicado en La Gaceta N° 27,477 del 17 de octubre de 1994. Finalmente, en el año 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAPH, consideró que la categoría de manejo más acertada para este archipiélago es la correspondiente a Reserva Marina.

Que este último cambio de estatus de área protegida no haya sido publicado en La Gaceta no anula los dos nombramientos anteriores, como lo pretende el ministro del Ambiente para justificar la devastación a que sería sometido el archipiélago para satisfacer quien sabe qué intereses y propósitos. Y en lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos y el Procurador General, como Movimiento Amplio consideramos que, ciertamente, la dignidad y derechos de muchas personas y pueblos está en juego y no es cierto que por mantener una actitud crítica ante un proyecto como el que nos ocupa seamos promotores de “un Estado sin soberanía”, seamos cachurecos o narcotraficantes.

El MADJ es una organización digna, con independencia política- electoral, que reconoce nuestros derechos soberanos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a las acciones autoritarias de un puñado de funcionarios que pretenden someter al pueblo conculcando sus más elementales derechos y atribuciones.

¿Qué se esconde tras el obstinado capricho por construir una mega cárcel en Islas del Cisne?

Desde el Movimiento Amplio consideramos la pretendida conversión del archipiélago Islas del Cisne en isla cárcel como un ecocidio, etnocidio, obra inútil para los efectos que se persiguen y afrenta radical a la vida y demás derechos humanos de futuros presos y personal militar y policial de menores rangos.

En primer lugar, la isla cárcel El Cisne es ecocida. Así lo ha señalado el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) pues “este archipiélago alberga ecosistemas marinos y costeros con características biológicas y ecológicas muy especiales”. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras ha manifestado su oposición en tanto que Islas del Cisne posee 73 especies de flora y 51 especies de fauna presente de mucha importancia para la conservación con características particulares. Y también el Colegio Químico – Farmaceútico de Honduras ha pedido se haga un mejor uso de los fondos nacionales junto a otras medidas más reales en el sistema carcelario nacional.

Más todavía, el Archipiélago Islas del Cisne, sobresale por presentar un ecosistema único en Honduras denominado Arbustal semideciduo con cactus que, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de la  UNESCO, presenta un estatus único aumentando de 71 a 72 los ecosistemas nacionales. De ahí que, en virtud de la aplicación del principio de precautoriedad incorporado al derecho internacional ambiental desde 1992 y luego incorporado al derecho positivo hondureño, cualquier intervención a desarrollar en el sitio debe contemplar el impacto potencial que podría desencadenar.

¿Valdrá la pena poner en riesgo un ecosistema peculiar pero endeble y único que se presenta en el archipiélago de Islas del Cisne como consecuencia inmediata del impacto de la devastación y contaminación a producirse tras el levantamiento de edificaciones y el manejo consecuente  de desechos de la cárcel de máxima seguridad?

En segundo lugar, la isla cárcel El Cisne es etnocida. Las islas y los más de sesenta cayos que integran el departamento de Islas de la Bahía,  entre los cuales se halla el archipiélago Islas del Cisne, registran movimientos humanos que datan de 1,500 años y se ha registrado el establecimiento de grupos humanos desde el 600 a.C.  Estas islas e islotes han sido territorios transitados por varios pueblos originarios de la plataforma continental hondureña que se han dedicado al intercambio de productos y demás interrelaciones con los pueblos vecinos.

Es comprensible, entonces, que la organización del pueblo misquito, MASTA, mantenga un rotundo NO a la construcción de cárceles en Islas del Cisne, porque temen que con ello se afecte la pesca, que es el sustento de muchos de los que viven en el Caribe de Honduras. Sería lamentable enterrar esta historia tan dinámica, llena de vida y de  experiencias de resistencia soberana, del archipiélago Islas del Cisne para dar paso hacia su conversión en una isla cárcel con acceso prohibido para la población.

El archipiélago vecino de los Cayos Zapotillos fue  clasificado como Reserva Biológica, y el archipiélago Cayos Cochinos declarado Monumento Natural Marino; convertidos ambos archipiélagos en escenarios de vida en su mayor amplitud natural, que los hondureños y hondureñas pueden visitar y disfrutar de su riqueza natural y belleza escénica. ¿Por qué, entonces, esas acciones no se complementan haciendo del archipiélago Islas del Cisne un museo de historia natural y cultural del Caribe hondureño donde los pueblos del Atlántico puedan encontrarse con su historia más inédita, en vez de condenarlo a la devastación natural y desfiguramiento histórico cultural?

En tercer lugar, la isla cárcel El Cisne deviene obra costosa e inútil. La crisis carcelaria hondureña no tiene su origen principalmente en la falta de presupuestos ni la falta de edificaciones; es una crisis derivada directamente por la corrupción y abuso de autoridad de muchos de los oficiales de policía y militares que, por un lado, han convertido los centros penitenciarios en lujosas suites para los presos de alto calado y, por otro lado, han permitido el trasiego de drogas y armas dentro de los recintos penitenciarios, facilitando el asesinato dentro de los mismas.

Es un disparate presentar la Isla Cárcel El Cisne como un espacio absolutamente necesario, sin el cual las fuerzas del orden –militares y policías-  no podrían dar cumplimiento definitivo a su responsabilidad de acabar con el crimen organizado. O, ¿acaso  se trata de una cortina de humo para esconder las causas verdaderas que mantienen en crisis al sistema carcelario de Honduras y a la sociedad en general? ¿Qué garantías tiene la población que las Fuerzas Armadas y Policía administrarán correctamente la isla cárcel  El Cisne si ni siquiera han podido gestionar eficientemente las bodegas de sus batallones, donde es común que “desaparezcan” sus armas, aviones y drogas depositadas por el Ministerio Público?, ¿Hay nuevos grupos de narcotráfico negociando nuevas rutas?

Podrán invertirse miles de millones de Lempiras en la construcción de la Isla Cárcel El Cisne, pero el sistema carcelario nacional continuará con los mismos problemas; porque no se corrige la razón de fondo del por qué hay trasiego de armas dentro de los recintos carcelarios, por qué hay suites especiales para reos adinerados y miseria para los reos pobres, por qué hay mercado de drogas y celulares, etc. Eso no se arregla con una nueva cárcel, sino con un renovado personal, con sus equipos y protocolos de acción.

En cuarto lugar, la isla cárcel El Cisne supone una afrenta radical a la vida de presidiarios que vayan a ser destinados a ese posible recinto penitenciario, como también lo será para el personal militar y policial de menores rangos, muchas veces violentados y ultrajados por mandos superiores sin control y castigo alguno. La sociedad hondureña espera castigos ejemplares para todas las personas que delinquen, antes que una carnicería brutal que sea mayor que la brutalidad que se pretende subsanar. ¿Qué garantía se tiene que las Fuerzas Armadas y Policía van a responsabilizarse y respetar cabalmente las vidas y condiciones humanas de los presidiarios como de los policías y militares de los más bajos rangos destacados en un lugar tan recóndito y de nulas vías de acceso normales y rutinarias? En realidad, ninguna cárcel por hacer va a servir de mucho cuando queda evidenciado que el problema de la violencia contra reclusos y efectivos policiales o militares de menor rango viene de las mismas fuerzas del orden.

En lo más profundo de las fuerzas del orden subyace una estructura sustentada en una lógica criminal que lleva a que todo lo que pueda ser robado con impunidad se traslade a las FFAA o la PN y seguramente será robado sin ningún aspaviento. Si hay que deshacerse de alguna persona que pueda hacer daño a alguna estructura criminal o narcodelincuente, esta persona es puesta en manos de una u otra de las fuerzas del orden y ellos se encargarán con seguridad de asesinarlas creando escenarios que vuelven inocentes a quienes mandan a ajusticiar. De igual forma, si se trata de delincuentes de alto nivel que ya han sido capturados, se les pasa a celdas especiales donde viven con tratamientos especiales y  finalmente, si es necesario se finge una fuga y así los maleantes recuperan su más oscura libertad.

Y mientras esto sucede al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los hombres y mujeres honorables dentro de ambas instituciones se juegan la vida a diario luchando por recuperar la honestidad, transparencia y profesionalismo de ambas instituciones desde todos sus niveles jerárquicos. ¿Qué hace el gobierno y el pueblo  para respaldar y legitimar las acciones de estos efectivos policiales y militares probos?  El ministro Héctor Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad, ha manifestado que han sancionado al menos dos mil policías y otros cuarenta están presos por faltas a la ley, aduciendo que realmente no son policías, sino infiltrados en la policía. Si como pueblo no exigimos y acompañamos esta depuración real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estas corren el riesgo de ser cooptadas y subsumidas por los carteles y demás grupos criminales que ya se disputan el Estado hondureño.

La práctica histórica violatoria de los derechos humanos generalizada en las islas cárcel resta credibilidad a las afirmaciones de la ministra de derechos humanos

La experiencia histórica fatídica de las islas cárcel en materia de derechos humanos desenmascara la aparente inocuidad de estos centros de reclusión que pretende evidenciar la ministra de derechos humanos cuando manifiesta que con la isla cárcel El Cisne la presidenta Xiomara Castro respeta los derechos humanos y el ambiente. Nada más lejos de la realidad manifiesta de las islas cárcel. Por ejemplo:

• La isla cárcel Robben, en Sudáfrica, emblema donde el régimen del apartheid terminó concentrando en tres de los cuatro pabellones de celdas a prisioneros políticos de la estatura de Nelson Mandela, quién ocupó una celda durante 18 años y los presidentes sudafricanos Kgalema Motlante y Jacob Zuma que permanecieron presos en la isla por más de diez años cada uno.
• La isla cárcel Tiburón, en Namibia, fue el epicentro del proceso de exterminio de las poblaciones nama y herero por parte del gobierno colonial alemán, a razón de un promedio de ocho muertes diarias en esta isla cárcel, más conocida como la “isla de la Muerte”.
• La isla Martin García, en Argentina, se construyó para albergar a los presos más conflictivos de Buenos Aires. Sin embargo, terminó siendo la sede penitenciaria de prisioneros políticos, como es el caso de Juan Domingo Perón hasta su cierre definitivo en 1962.
• La isla cárcel Gorgona, en Colombia, creada como casi todas las islas cárcel para los criminales más temibles y los presos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrarse ya que los prisioneros fueron sometidos durante 24 años a torturas y violaciones de derechos humanos más crueles como castigos severos, torturas y muerte por inanición hasta llegar a convertirse entre los penales más siniestros de la historia del mundo. La presión permanente de defensores de derechos humanos, ecologistas y científicos condujo a su cierre en 1984.
• La isla cárcel de Coiba, en Panamá, destinada como el infierno para 3 mil criminales desde 1919, terminó siendo el lugar adonde también se enviaba a los prisioneros políticos, cerrando sus funciones en 2004 por las continuas denuncias de sus tratos crueles e inhumanos.
• La isla cárcel más recientemente clausurada en América Latina, la isla cárcel Marías, en México, funcionó desde 1905 hasta el 2019 que fue clausurada por Andrés López Obrador debido a su historial cargado de crueldad contra reos comunes, así como prisioneros políticos.    

Si la mayoría de islas cárcel nunca han funcionado, y muy particularmente en América Latina ya han sido canceladas debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los presidiarios y de manera especial de los presos inocentes encarcelados por diferencias políticas con los regímenes de turno, ¿cómo es que la ministra de derechos humanos de Honduras, Angélica Álvarez, puede afirmar tan categórica como ingenuamente que la ingeniería de la Isla Cárcel El Cisne garantiza ser una cárcel amigable con el ambiente y libre de violaciones a los derechos humanos?

Si la historia demuestra que las islas cárcel terminan en horrendas violaciones a la vida, al resto de derechos humanos y al ambiente, ¿de qué se vale la ministra para asegurar que en la isla cárcel El Cisne va a suceder lo contrario, cuando que estará en manos de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional muy penetradas por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y los grupos de poder?

Nos asiste el derecho a ser escuchados y a participar en el estudio de impacto ambiental

Al Procurador General y a quienes piensan como él, el Movimiento Amplio denuncia la ilegalidad de la Licencia Ambiental presentada por el ministro del Ambiente porque el ministerio del Ambiente no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque el ministro del Ambiente no convocó a un SINEIA tal como manda la ley y porque ignoró deliberadamente la participación ciudadana contemplada en la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la LGA y el Reglamento del SINEIA. La substancia del SINEIA es justamente la garantía del derecho ciudadano a la participación en asuntos medioambientales.

“Presidenta Xiomara Castro: con participación de 40 profesionales certificados, aprobamos Licencia Ambiental «Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne», apuntó Lucky Medina en las redes sociales. Si en verdad estos 40 profesionales certificados de que habla el ministro del Ambiente poseen estatura ética, ellos mismos sabrán que lo que ha hecho será a título propio, pero no pueden apropiarse de la palabra y la voluntad de la población hondureña. Podrán constituirse legalmente en consejo científico asesor pero nunca ser exclusivos en un SINEIA. Además, el equipo que conforma el SINEIA no lo nombra la empresa o parte que solicita el licenciamiento ambiental. Definitivamente Lucky Medina actúa como asaltante de la voluntad de la nación hondureña.  Presenten los 40 nombres de estos profesionales para asegurar su existencia y aceptación técnica.

Ante tan despótica acción, el Movimiento Amplio demanda una evaluación de impacto ambiental democrática, participativa, inclusiva, con carácter sobradamente social y técnico; que cuente con la participación del pueblo misquito involucrado en la historia del archipiélago Islas del Cisne, la participación de los entes profesionales vinculados a la ecología como ser el Colegio de Biólogos de Honduras, Colegio de Profesionales Forestales, facultades de biología, recursos naturales y afines de la UNAH, UNAG y UNACIFOR, y la participación de organizaciones de derechos humanos entre las que nos contamos y exigimos involucramiento.

De igual manera, el Movimiento Amplio solicita urgentemente a la OACNUDH una manifestación en la que exprese la valoración particular sobre las consecuencias inmediatas posibles tras la construcción de la isla cárcel El Cisne en perspectiva de la vigencia de los derechos humanos.

Finalmente les indicamos a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos salidos de las filas de las organizaciones sociales, a que defiendan desde el gobierno que las decisiones se tomen sobre bases técnicas, no se sumen ciegamente a la línea política institucional, que, como lo hemos indicado en otro momento, no permite el disenso con la elite política de LIBRE. Les exigimos que no sigan más preocupados  por no crear fisuras en el gobierno, cuidar su “chamba” y no afectar la próxima contienda electoral de la candidata oficialista.

A la presidenta, Xiomara Castro, le pedimos, que si no es una instrucción de su gobierno,  que ponga freno a las desmedidas actuaciones de extremo autoritarismo con el que actúan sus funcionarios faltando al respeto, la dignidad y el derecho a la participación que el Estado de derecho confiere a cada ciudadana y ciudadano.

San Pedro Sula, Honduras. julio de 2024