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Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:

1. Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
   con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
   cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
   ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son.
2. Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
   demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
   miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
   entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
   vigente con EEUU.
3. Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
   familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
   Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
   que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
   sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
   extradición.
4. Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
   por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
   responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
   Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
   deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
   Hernández y su estructura.
5. Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
   a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
   puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
   narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
   a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
   organizado.
6. Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
   siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
   su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
   coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico.
7. Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
   costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
   orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
   campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
   de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
   a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
   hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia.
8. Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
   la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
   de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
   SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
   responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
   obliguemos a hacerlo.
   Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.
   

San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024