Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

En libertad indígena Tolupán criminalizado durante 4 años por militar hondureño.

Cuatro años tuvo que esperar nuestro compañero Carlos Hernán Rivera Murillo, un indígena Tolupán habitante de la Tribu San Francisco Locomapa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que los juzgados de Yoro reconocieran que no había cometido delito contra el militar en condición de retiro Oscar Filander Armijo Ucles quien lo acusó de robo en el año 2018.

“El 31 de octubre de 2018 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Carlos Hernán Rivera Murillo, por el delito de robo (de café) en perjuicio del terrateniente Oscar Filander Armijo Ucles”, manifestó la abogada Koritza Ortez, coordinadora del Área legal del MADJ.

“En audiencia inicial llevada a cabo el 22 de abril de 2019, el Juzgado de Yoro resolvió decretar auto de formal procesamiento y continuar con la imposición de medidas no privativas de la libertad consistentes en obligar a Carlos Hernán a firmar el libro correspondiente 2 veces al mes ante el Juzgado de Letras de Yoro, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir al lugar de los supuestos hechos, es decir a su propia tierra, y prohibición de acercarse a la vivienda o lugar de trabajo del militar que lo acusaba. En dicha audiencia el MP no pudo acreditar que Hernán fuera responsable del delito que se le imputaba y la resolución se realizó sin la debida motivación por lo cual fue objeto de apelación, que se declaró con lugar mandando la Corte de Apelaciones a dictar nueva sentencia, continuó diciendo la abogada Ortez.

Durante este tiempo nuestro compañero no pudo trabajar, ni cosechar en la parcela de tierra a pesar de ser de su propiedad.

“El 31 de enero de 2020 el Juzgado de Letras de Yoro, emite resolución confirmando el auto de formal procesamiento. Ante esta acción se presenta en fecha 05 de febrero de 2020 un recurso de apelación, celebrándose el 10 de enero de 2022 la audiencia respectiva ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, resolviendo declarar con lugar el recurso planteado por la defensa y dictando sobreseimiento definitivo en favor de Hernán Rivera” cerró diciendo la actual coordinadora del Área legal del MADJ que organización que representó en todo al proceso al compañero indígena .

Este es uno solo de los problemas que ha generado el desconocimiento del título ancestral por parte del Estado de Honduras, el otorgamiento por parte del Instituto Nacional Agrario de títulos de propiedad supletorios ha puesto en mayor riesgo a las y los indígenas del pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios de Honduras

El general en condición de retiro desde la década de los ochentas ha venido ocupando grandes extensiones de terrenos que les pertenecen a las y los indígenas, producto de esto y de sus acciones violentas varias familias han tenido que abandonar la Tribu y denunciarlo ante la justicia hondureña, gran parte de la ocupación de las parcelas las hizo valiéndose de su investidura como militar.

Por uno de estos casos el militar ya fue condenado por un juzgado en Yoro, pero no ha ido a prisión debido que su defensa legal presentó un recurso de casación que aún no ha sido resuelto, mientras la familia afectada continúa en el exilio.

Carta de la Asamblea Permanente del Popular a la presidenta electa de Honduras

Carta a la Presidenta Electa

                                                                                                              Tegucigalpa, Honduras 11 de enero, 2022

Sra. Xiomara Castro

Presidenta Electa de Honduras 2022 – 2026

Señora Presidenta,

Le saludamos como Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), una articulación integrada hasta el momento por 50 organizaciones de base de los 4 puntos cardinales del país, donde nos integramos múltiples resistencias y disidencias populares, que a lo largo de los 12 años de narcodictadura también supimos arrancar victorias defendiendo derechos y liberando nuestros territorios mediante ejercicios directos de soberanía popular comunitaria. Los espacios que integramos la APPP nos sentimos parte directa de la victoria electoral del 28 de noviembre de 2021 que derrotó a la nefasta, criminal y corrupta narcodictadura del Partido Nacional.

Con la autonomía que irreductiblemente nos corresponde como Movimientos Sociales y Populares y en el marco del afianzamiento del proyecto político del campo popular, saludamos la iniciativa de su gobierno de abrir un canal de comunicación para el relacionamiento con las organizaciones sociales del país. Al respecto, considere que varios de los espacios que integramos la APPP hemos asistido a presentar algunas demandas puntuales para que sean incorporadas a su plan de gobierno, especialmente en los primeros 100 días de su gestión gubernamental.

En este marco a la APPP nos mueve además la responsabilidad de trasladarle la decisión de mantener un relacionamiento político en bloque con su gobierno, en el cuál procesaríamos y daríamos seguimiento a las demandas que de manera individual han hecho las organizaciones y las que como espacio articulado, a nivel de políticas, programas y proyectos  se presenten al Estado a través de su gobierno.

Nos interesa también que su gestión tenga claro que la APPP comprende el hecho que su gobierno es y debe ser para toda la hondureñidad y que está integrado por una coalición de fuerzas políticas y parte de ellas representan estructuras económicas histórica y actualmente antagónicas a los intereses y derechos del pueblo hondureño,  en particular al movimiento popular. En ese sentido, confiamos en que su administración se decante por priorizar una gestión en favor del pueblo, pero además confiamos en que Usted y su administración entiendan que en la APPP encontrarán respaldo popular para esa gestión, siempre que la misma promueva y defienda los grandes anhelos del pueblo hondureño y no de los sectores económicos nacionales o internacionales que han llenado de vergüenza y despojo y corrupción a nuestro pueblo.

Igual es importante que Usted y su gestión tengan certeza en que, si en su gobierno se lograrán imponer los intereses de los grupos económicos nacionales o trasnacionales, de otros países o imperios, indudablemente la APPP, con rigor militante, asumiremos la defensa de los intereses del país y del pueblo hondureño.

Finalmente, para operativizar lo planteado en esta misiva, considere nuestra disposición para encontrarnos con Usted y sus equipos de trabajo, en el tiempo y espacio que usted considere adecuado, para procesar nuestras propuestas y los términos de una relación política de complementariedad para la construcción de la Honduras digna y soberana.

Desde nuestra dignidad, nos suscribimos

Asamblea Permanente del Poder Popular

Organizaciones integrantes:                                                       

1.     Organización Caminante.

2.     Plataforma ambiental.

3.     Pueblo Tolupan.

4.     COPA.

5.     Patronato de Castaños de Choloma.

6.     EAC Jardines del Valle.

7.     Escuela de Educación Popular Roger Bados.

8.     CNTC – El Progreso.

9.     CNTC – Fco. Morazan.

10.   CNTC – La Paz.

11.   AJAAS.

12.   Colectivo de Hombres Trans de Honduras.

13.   Mesa de Incidencia para la Gestión de Riesgos.

14.   MADJ.

15.   Bufete Estudios para la Dignidad.

16.   MUNI

17.   MEP-VS

18.   Puras Mujeres

19.   Colectivo Culturas Vivas

20.   Asociación de Estudiantes de Antropología UNAH-CU

21.   Violetas de Maché.

22.   Colectivos Ambientalista.

23.   Campamento Digno por el Agua y por la Vida – Pajuiles.

24.   Campamento Digno por la defensa del Agua – Jilamito

25.   Radio Dignidad.

26.   Consejo Indígena Lenca de Reitoca.

27.   Colectiva Cimarrón.

28.   C.L. Unión y Fuerza.

29.   ADEPZA.

30.   ARCAH.

31.   ENPJ.

32.   MDR.

33.   Trabajo Social – UNAH -CU.

34.   Comunidad de Tacamiche.

35.   MESCAE-UNAH-CU.

36.   Comisión La Tigra.

37.   Escuela de Sociología – UNAH-CU.

38.   MAS

39.   Colectivo de Pueblo y Barrio

40.   Mariposas Libres.

41.   RedComal.

42.   Comité de Afectados por MINOSA

43.   Plataforma Agraria.

44.   Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

45.   El Remolino.

46.   SITRAINA-COPA

47.   FUNDAMBIENTE

48. Coop. Laureles.

49.   Personas independientes.

50.   Trabajadorxs del Arte.

Compromiso por una gestión legislativa digna.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), una organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas comunidades rurales, urbanas, estudiantes, profesionales, campesinos, agricultores, indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes naturales y estratégicos del país, la promoción y defensa de derechos humanos de  colectivos especialmente los más vulnerabilizados[1].

Somos conscientes que, en este crucial momento, nuestro país está marcado por el nefasto imperio de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado hecho gobierno lo que provoca mayores tensiones, desesperación y frustración en una buena parte de la población, pero en contraste, también es un tiempo de esperanzas fincadas en el cambio que deben producir los resultados de las elecciones del próximo 28 de noviembre de 2021.

En el marco del desarrollo del proceso electoral convocamos a todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la alcaldía de San Pedro Sula a la Firma del compromiso por una San Pedro Sula DIGNA y a todos los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés a la Firma del compromiso por una GESTIÓN LEGISLATIVA DIGNA.

Estos compromisos, en el caso de San Pedro Sula consta de 12 peticiones ciudadanas que abarcan temas como la defensa y rescate de la cordillera de El Merendón, combate a la corrupción a lo interno de la Municipalidad, declarar el municipio libre de ZEDE´S y peajes, revocar el proyecto siglo XXI que tanto daño hace al pueblo sampedrano, liderar el proceso por recuperar el sistema de manejo del agua potable, revocar el sistema de grúas en la ciudad e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y relación directa con la ciudadanía rindiendo informes en asambleas populares y con participación ciudadana.

En el caso de las y los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés el documento contiene 10 puntos que tienen visión de país, el primero, liderar y revocar el decreto que dio vida a las ZEDE´S, derogación de leyes penales que garantizan la impunidad de quienes están vinculados a corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, revisión y revocación de contratos de concesión de la riqueza natural, liderar una gestión legislativa que priorice la plena satisfacción de los derechos de la población, liderar e implementar una práctica legislativa de rendición de cuentas, crear una estructura jurídica y liderar una práctica de CERO TOLERANCIA a la corrupción pública, asegurar que la elección de los próxima Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros cargos se desarrollen de manera ejemplar y transparente, pero que sobre todo sean con participación popular, impulsar mecanismos que permitan la discusión sobre el uso y manejo de los recursos públicos, hacer que la función legislativa se rija bajo los principios de transparencia, justicia y bien común e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y de relación directa con la ciudadanía.

Por un modelo de gestión pública transparente, justo, con participación ciudadana y respeto a la dignidad del pueblo. 

San Pedro Sula 23 de noviembre de 2021.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡


 

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

¿Guerra contra quienes?

La guerra contra las drogas y el crimen organizado, recae en la caravana migrante.

Entre la oscuridad de la noche y el cansancio de una narcodictadura; la Policía Nacional y el Ejército se apostan en el paso fronterizo de El Florido, en el departamento de Copán, en horas de la noche del 15 de enero del 2021. Se ubicaron frente a la 4ta Caravana de Migrantes que ya sumaban más de 5,000 personas en menos de 24 horas de haber iniciado. La Policía Nacional, ante la crítica situación, confirmo de qué lado se encuentran en esta disputa profunda por la liberación del país, pues ya no se trata de una cuestión de “seguir o no seguir órdenes” o “que ese es su trabajo y deben hacerlo aunque no les guste”, es que su provocación fue de guerra contra las y los migrantes, en donde oficiales y elementos policiales cantaron el himno de la Policía Nacional y cantos de entrenamientos, de forma intimidatoria y como señales preparativas para un combate entre Policías y Migrantes, dejando en claro la acumulada crisis histórica en la que se encuentra el país, acciones vistas a través de la historia en guerras civiles y largos períodos de ingobernabilidad.

Con miradas fijas y concentradas, agitaron los toletes en sus escudos, marchaban con tal violencia, que podía escucharse como su respiración se aceleraba por la adrenalina. Alumbraron con sus focos de mano a los rostros, y mientras avanzaban contra la caravana, de un lado se escuchaban, gritos agitados y cansados que entonaban el himno nacional de Honduras “[…] serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor” y, por otro lado, oficiales gritándole a sus elementos “avancen”,” firmes”, “[…] por la patria, por la vida, policía”.

Para el 16 de enero, sobrevolaban helicópteros en el puesto fronterizo, se movilizaban decenas de militares y policías de Honduras y Guatemala, la primera fila, principalmente de mujeres jóvenes y madres, se arrodillaron, con sus manos al aire, oraban y pedían a Dios, que les dejasen pasar. En el transcurso del día, gracias a las plegarias, pero principalmente a la organización, hicieron lo suyo – para el 17 de enero, la caravana avanzó superando militares y policías de los puestos fronterizos con destino a Vado Hondo, Guatemala.

Entre el 17 y 18 de enero, los diálogos entre migrantes, fuerzas armadas y algunos “cónsules”, se perdieron cuando las fuerzas armadas y la policía de Guatemala, desalojaron a la caravana migrante, utilizando gas lacrimógeno y persiguiéndoles entre zonas residenciales, zacateras y el paso carretero, pues las autoridades alegaron que la caravana paralizó y afectó la economía de Guatemala por su inmovilización en la carretera y el paso fronterizo en Vado Hondo. 

¿Quiénes son los responsables que provocaron semejante éxodo?

Los medios de comunicación corporativos de la élite económica y militar, señalan a la crisis mundial del COVID19 y el paso de los huracanes Eta e Iota como los principales responsables, además de vincular la caravana como una acción del crimen organizado para traficar personas, drogas y desestabilizar el país, según declaraciones brindadas por el Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, el comisionado Julián Hernández.

Por su parte Nelly Jerez, vicecanciller de la Republica, brindaba declaraciones a los medios de comunicación, que los esfuerzos entre el gobierno y la empresa privada para evitar la migración irregular se centraba en el corte de café y caña de azúcar, pero que las personas querían más y que, por ende, tomaban la decisión de irse del país.

El gobierno central de Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva y Oscar Chinchilla, el partido nacional y liberal, las fuerzas armadas y asociaciones de empresas privadas, vinculan la caravana de migrantes con el crimen organizado y la oposición política, cuyas pretensiones son la desestabilización del país. Cabe resaltar, que quienes tienen el control pleno de todas las instituciones del Estado, así como el control de las fronteras, puertos y aeropuertos, es la narcodictadura; misma que en el año 2014 aprobó la Ley de protección de la soberanía del espacio aéreo que da la facultad a las Fuerzas Armadas, a derribar aviones y avionetas bajo sospecha de transporte de droga provenientes de sur américa, y así de esta manera contrarrestar el flujo de narcóticos y de redes del crimen organizado, deslegitiman las declaraciones de ambos funcionarios, pues los resultados y datos de la narcodictadura, dicen lo contrario.

Las caravanas son el resultado de la violencia, el empobrecimiento y desigualdad provocadas por las intervenciones militares, la militarización de la sociedad, el crimen organizado y la corrupción e impunidad por parte del gobierno, el partido Nacional y Liberal, la cooperación internacional y las fuerzas militares.

Estos actores son los grandes responsables de la mayor crisis humanitaria y de derechos humanos en la historia del país, pues su respaldo y reconocimiento a gobiernos vinculados al narcotráfico, han oxigenado a las élites criminales por más de 11 años desde el periodo post golpe de Estado. Este es el resultado de múltiples intervenciones políticas, económicas y militares, con el silencio cómplice de la OEA, ONU, entre otros organismos internacionales, que en todo momento han legitimado las acciones criminales de la narcodictadura, del partido nacional y liberal, de la intervención norteamericana en la Mosquitia y de la corrupción e impunidad.

No es acaso Estados Unidos la principal bóveda de información del mundo – lo que los medios de comunicación corporativa y funcionarios públicos, nos intentan decir es que ¿Un par de sujetos con limitantes económicas, formativas y logísticas pueden superar el aparato de inteligencia de las fuerzas armadas de Honduras y de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo en Palmerola para conformar una caravana de migrantes y así facilitar el tráfico de drogas en beneficio del crimen organizado para desestabilizar el país? – o las élites económicas y militares, al mejor estilo de guerra fría, acatan a cabalidad las ordenes imperiales de EEUU – la caravana no sale del triángulo norte, cueste lo que cueste.

Simple y sencillamente, es poco racional e irrisorio la opinión de los medios y funcionarios, pues el narco Estado, también es creación de la embajada de EEUU y FTC-Bravo en Palmerola, que desde su creación en 1983 ha tenido influencia en Ahuas, en Gracias a Dios, hasta la actualidad, sin mayores resultados para la mejoría de calidad de vida de las y los hondureños y el país en general.

Vivir y sobrevivir en Honduras, definitivamente no es para cualquier ser humano, las caravanas migrantes representan la más legitima de las voces de resistencia, de dignidad y de búsqueda de justicia para mejorar la calidad de vida de las personas. Son el recuerdo permanente que existe un territorio (112,492 km2) por recuperar que se llama Honduras, sus instituciones y la esperanza de construir un país multicultural, justo, digno, donde las personas puedan desarrollarse (humana y económicamente) en plenitud. Un país que enorgullezca a sus hijos e hijas, y con la suficiente fuerza para luchar contra todos los males que hemos tenido que soportar a través de tanto tiempo y de tantos malos gobiernos

Convocamos permanentemente a nuestro pueblo, el más hermoso, al que tiene una sola cara de dignidad, a organizar la caída de la narcodictadura y de las intervenciones extranjeras, para así edificar un país y un territorio, donde todo sea para todos y todas.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Agua para la vida, no para el comercio.

El agua deja de ser un bien de consumo público y pasa a ser un bien privado cotizado en la bolsa de valores de Wall Street. Esta acción “repentina” ha sido señalada y denunciada por décadas por poblaciones campesinas, indígenas y afros a nivel mundial, pues a finales del siglo XX, múltiples acuerdos con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros muchos más, patrocinaron iniciativas de legislativas para la privatización del agua a través de nuevas Leyes marco del sector de Agua y Acueductos, como fue el caso de Cochabamba en Bolivia o Aguas de San Pedro en Honduras.

Mediante la ley marco, inicio el proceso de privatización del agua potable, esta, impuso al SANAA que tenía hasta el 2007 para trasladar la responsabilidad estatal a las municipalidades, este proceso también se le conoció como la municipalización de las aguas. Así de esta manera las municipalidades tienen según ley, la potestad de entregar los servicios de agua a empresas particulares y privadas del servicio de agua para que asuman la responsabilidad de infraestructura, distribución y facturación del vital líquido, anulando la responsabilidad del Estado para con la población en general y otorgándoselas a manos privadas.

En primer lugar, toda la infraestructura de acueductos que fue construida y constituida con fondos públicos en el período entre 1960 a 1999, fue traspasado bajo concesión y consorcio a empresas de inversión privada, que no invirtieron ni un décimo de dólar en la edificación del sistema de acueductos, casos como San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortes, El Progreso, La Lima entre otros municipios a nivel nacional, sufrieron está lógica de traspasar empresas y recursos públicos a manos privadas.

En segundo lugar, el proceso de privatización tuvo su aceleración justo después del golpe de Estado y aprobación proyectos de generación de energía con recursos renovables, entre ellos las hidroeléctricas, pues para el periodo post golpe de Estado de Honduras se preparó y desarrolló la Licitación pública internacional No. 100-1293-2009 “compra de potencia y su energía asociada generada con recursos renovable”, el 05 de octubre, el gerente general de la ENEE[1] nombro el comité y sub comités de evaluación, el 18 de diciembre de 2009 se aperturo el mercado de ofertas y el 25 de enero del 2010 se remitió un informe final indicado que los proyectos de generación son inviables por su impacto en el medio ambiente.

Y el tercer lugar, es la cotización de valores del agua como recurso y no como servicio, para hacer una analogía, el agua puede cotizarse como un bien material tal cual lo es una empresa como Facebook (comunicaciones), GMC (transporte), Chevron (combustible) o Newmont Goldcorp (minerales/oro).

Pero, ¿cuál es el precio del agua? ¿quién determina su precio y cómo? – existe una realidad absoluta en el mundo, el agua dulce es un recurso limitado y se está agotando, entonces, ¿cómo creamos un mundo donde no hay suficiente recurso vital para todas y todos? – Según el mercado global y la expansión imperialista; colocándole un precio y que este sea accesible para aquellos que puedan pagarlo, en ese sentido, ¿cómo será el nuevo mundo en el periodo post pandemia?

La crisis mundial del agua, es una crisis del modelo civilizatorio y con ello, del sistema capitalista global. Parece impensable, pero ha sucedido y seguirá sucediendo, el agua se privatizará y solo será para aquellos que puedan comprarle, de no ser que exista una defensa férrea como la que existe en Pajuiles, Arizona, Río Blanco, Reitoca, entre otros a nivel nacional y regional, en constituir el agua como un derecho humano y universal, por encima de las perversas intenciones del capitalismo global y las empresas transnacionales.

Hoy el tiempo y los hechos nos vuelven a dar la razón, el bien y recurso más importante y vital del planeta para que exista vida, no puede ser administrado y ser beneficio para unos cuantos, el impulso que nos debe motivar a luchar por el agua, es reconocer lo valiosa que es para el desarrollo de la vida. Es importante e imperante recuperar nuestra relación histórica con el agua, pues la industria global del siglo XXI responsabiliza a los seres humanos por individual, y no a ellos como grandes responsables de semejante catástrofe.

Cambiar el modelo y el sistema, es salvar la vida.

Hasta la dignidad siempre.