Pueblos indígenas de Honduras piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atender impactos diferenciados de emergencia climática en sus comunidades

  • Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
  • Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática. 

En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.

Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.

Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.

Amicus Oral

Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas. 

También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones. 

Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.

Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de  Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.

En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas. 

Contacto para prensa:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

  • Ileana Morales

ileanamorales2003@yahoo.com.mx

  • Víctor Fernández

sanjuanvic@yahoo.com

LA TIERRA Y EL TERRITORIO ES NUESTRO DERECHO

Señoras y señores del Gobierno,

Hoy centenares de familias campesinas e indígenas de diversos territorios a nivel nacional hemos venido nuevamente a Tegucigalpa a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde… somos sus legítimos dueños y no las empresas agroindustriales que ustedes defienden.

Hoy venimos a exigir a nombre de los centenares de compañeros /as campesinos /as que han sido asesinados por defender su tierra, cuyas muertes TODAS siguen impunes, que pasen de sus discursos bonitos y de sus nuevos actos proselitistas a acciones concretas…queremos que este gobierno que se dice ser del “Socialismo Democrático” cumpla de una vez por todas con su promesa de dar y asegurar la tierra para el sector campesino.

La única iniciativa integral para el sector agrario ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, bajo una lógica policial y militar, que finalmente confirma a la luz de los más de 40 desalojos que se han realizado a lo largo de este año, se convirtió en una comisión de represión a las familias campesinas y de aseguramiento de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.   

Para nosotros es evidente que es la cúpula del gobierno la que direcciona la problemática de tierras en el país, y que el papel nefasto de instituciones como el INA tiene la venia de Casa Presidencial,  que hoy en día es la responsable directa de los desalojos, de los centenares de familias que no solo han sido desterradas, sino desechadas, tiradas a cualquier lugar, campos llenos de alimentos han sido arrasados sin importarles el hambre de nuestras familias, nos tienen con decenas de órdenes de captura, con campesinos y campesinas con medidas cautelares huyendo de su entorno….

Y un hecho básico e inicial para recomponer el campo agrario pasa por la separación del cargo y de esa comisión del Director del INA por su complicidad y favoritismo con los sectores industriales, y en el caso de las disputas de tierras en territorio indígena simplemente rehuir el tema… necesitamos mínimamente que esta Comisión de Seguridad Agraria funcione para sentir que avanzamos.

Sabemos que la obligación de respetar nuestro derecho a la tierra es un trabajo que debe ser garantizado por diversas instituciones, por esta razón nos dirigimos a algunas de ellas en los siguientes términos:

A la Corte Suprema de Justicia/:

Le exigimos resolver los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y derogar la utilización de figuras penales como el desalojo preventivo y la usurpación como mecanismo para criminalizar la protesta pública y para desmovilizar y castigar a quienes defendemos la tierra, el territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.

Indicamos que el silencio de la Corte en este tema es un silencio cómplice que esta provocando que decenas de compañeros/as se nos criminalice, tengamos órdenes de prisión y que llenemos los juzgados del país, solo por seguir las órdenes de empresas y empresarios, nacionales e internacionales, violentos y corruptos.

De igual forma les exigimos que dejen de criminalizarnos y llevarnos ante los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia Penal exhibiéndonos como si nuestra lucha por la tierra fuera un delito del crimen organizado.

La gestión de esta nueva CSJ ya avanzó, sin embargo, al igual que en el Poder Ejecutivo, las actuaciones, los fallos y las reformas impulsadas hasta el momento se limitan a la superficialidad de los problemas de justicia que tiene nuestra Honduras, los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de figuras penales que favorecen el uso abusivo del derecho penal y la criminalización de la protesta simplemente no se aborda.

A Casa Presidencial:

Señora Presidente …. qué debemos esperar de usted y en general de su gobierno?

Muchos de nuestros compañeros y compañeras votaron por usted y sus promesas de campaña, confiamos en su programa de gobierno, pero a la mitad de su mandato, el sector campesino en lugar de avanzar, hemos retrocedido.

Al sector campesino, en estos dos años y medio de su gobierno, nos han seguido asesinando compañeros. Solo al Aguán en este 2023 le han asesinado 10 líderes, en el país se han ejecutado más de 40 desalojos y son aproximadamente 3000 familias las que se han quedado sin nada: sin tierra, sin cultivo, sin casa, sin enseres domésticos…

Los que defendemos la tierra y territorio seguimos poniendo el pecho y la sangre frente a los grupos de poder y las élites económicas que siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector agroindustrial.

Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento, pero ya es tiempo de superar este discurso y asumir con acciones reales la nueva realidad del país…ya tienen mayoría en todas las instituciones, por lo tanto, ya no tienen ninguna excusa para no actuar. 

Al Instituto Nacional Agrario

Denunciamos el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria en manos del director del INA, Francisco Funes, sobre el cual exigimos su inmediata destitución como cabeza de esa institución y de la comisión.

Creemos que los espacios de encuentro, investigación y análisis como la Comisión de Seguridad Agraria aún pueden cumplir un papel importante para hacer justicia en el tema de tierras, pero es indispensable que no existan presiones, favoritismos, negociaciones ocultas entre la institucionalidad y los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales.

El objetivo principal de la comisión es investigar la tenencia de la tierra, no tramitar las solicitudes de desalojo de parte de las empresas agroindustriales, este y ningún otro debe ser énfasis del trabajo a desarrollar. 

Las familias campesinas, los indígenas NO SOMOS EL PROBLEMA en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente. Ya hemos demostrado y seguiremos demostrando que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos los que han querido desconocerlos.

A la Embajada de EEUU

Denunciamos la presión y el poder que ejerce la embajada de los Estados Unidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial para favorecer a las empresas que están atacando a los sectores populares y a nuestro sector campesino e indígena.

Puntualmente denunciamos a cuatro estructuras corporativas que sabemos que tienen el respaldo de la embajada estadounidense: Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA), Standard Fruit Company, Azucarera del Norte (AZUNOZA), Aura Minerals Inc./Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) y LACHANSA.

Todas estas empresas son las que verdaderamente se están apropiando de nuestro territorio y ordenando la ejecución de desalojos y se oponen a que se investigue el procedimiento mediante el cual obtuvieron las tierras que ocupan y que están llenas de abuso y corrupción.

Al Congreso Nacional  

Desde el inicio de la instalación de este congreso, hemos exigido de los diputados y las diputadas decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan los abordajes personal-político- partidarios, frente a temas como la justicia, la credibilidad institucional y la legislación honesta, que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

De diversos modos hemos alzado la voz para que eliminen los cálculos personales, de grupos y partidos para que puedan marcar una diferencia real con el Congreso anterior y brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria, pero no, acudimos a un espacio que profundiza la crisis de gobernabilidad en Honduras.

Señores diputados y señoras diputadas, así como han demostrado habilidad y determinación para hacerse de las instituciones que son de su interés, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los sectores populares, campesinos e indígenas que hoy concurrimos a este Congreso del Pueblo.

Bloque Popular, Campesino e Indígena.

Plataforma Dignidad

Plataforma Agraria del Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad

Asociación de Desarrollo en Defensa del Territorio y Sociedad Civil del municipio de Namasigüe

Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)

Pueblo Indígena Lenca de Reitoca

Patronato de la Residencial “Los Castaños de Choloma”

Radio Dignidad

Central Nacional de Trabajadores del Campo-El Progreso

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del Departamento de Yoro

Asociación Nacional de Campesinos de Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH)

Consejo Indígena Lenca Renacer de Marcala, La Paz.

Pueblo Tolupán de Honduras en Resistencia

Asociación de Juntas de Agua de Sabá

Se denuncia al Estado de Honduras por incumplimientode sentencia que protege los derechos de 15 mil menores de edad en situación de calle

El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.


La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:

  1. El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y
    COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15
    mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula
    y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a
    la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional,
    tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
  2. Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ
    emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el
    Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia
    y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han
    vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de
    15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el
    cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de
    estos derechos.
  3. Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de
    una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los
    derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones
    del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la
    niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas
    ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
  4. A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional
    de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan
    vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples
    acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha
    sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del
    presente.
  5. Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y
    FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
    presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar
    obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo
    ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e
    integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
  6. En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida
    provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en
    el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata
    hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales
    se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera
    se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
  7. También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones
    contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de
    cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que
    sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física,
    psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo
    de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno
    cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos
    fundamentales.

Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.


Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.


¡Hasta la Dignidad Siempre!


San Pedro Sula, Cortés, 12 de septiembre de 2023.

De la Plataforma Agraria del Aguán: Ministerio Público evidencia su compadrazgo e irresponsabilidad al no presentarse a la audiencia de dirigente campesino que exige el cese a la criminalización contra el campesinado

Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado

Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal  Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.

Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para: 

  1. Enfrentar y rechazar una abusiva acusación presentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas. 
  2. Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.

En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.

“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.

Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del  fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.

Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.

Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:

  1. El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
  2. Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
  3. El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
  4. Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
  5. Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.

EL RIESGO QUE REPRESENTA EXPULSAR A LUIS JAVIER SANTOS DE LA ELECCIÓN  A FISCAL GENERAL

Carta dirigida a:

Junta Proponente para la Selección de
Nómina de Candidatos y Candidatas a
Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto
Tegucigalpa, 21 de julio

El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH) y Abogados sin Fronteras Canadá, como organizaciones sociales legalmente registradas en Honduras y con mandatos relativos a la plena realización de los derechos humanos en el país, nos dirigimos a ustedes en seguimiento a la comunicación pública de la lista de candidatos que han superado la fase de tachas, y, en particular a la situación del Fiscal Luis Javier Santos.

Las observaciones formuladas respecto a la situación del fiscal Luis Javier Santos, vienen ligadas a la existencia de una denuncia contra él por parte de la Procuraduría General de la República en relación con el caso Jeannete Kawas, donde el Fiscal Santos fue el único fiscal que logró orden de captura contra uno de los perpetradores del asesinato de la ambientalista. . Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de tal proceso, a la fecha el mismo no sólo carece de resolución, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación no habiendo sido siquiera emplazado para contestar la demanda el Fiscal Luis Javier Santos hasta el momento, lo que limita sus posibilidades de conocer de la acción y ejercer su derecho de defensa. En dicho expediente, más allá del cambio de representantes legales, la procuraduría no ha realizado ninguna acción de impulso procesal desde 2016 para emplazar a ningún otro demandado.

Dicha inusual duración del proceso no puede justificarse razonablemente en la complejidad de la causa o en la conducta procesal del investigado, constituyendo una demora principalmente atribuible a la actuación estatal.

Siendo el factor temporal un elemento clave de la garantía del debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el proceso iniciado contra el abogado. Luis Javier Santos podría representar una conculcación al derecho a una justicia pronta y eficaz reconocido por normas como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras hace propias y ha incorporado a su derecho interno.

Consideramos igualmente relevante para la valoración de la prolongada tramitación de la causa y, en último término, de su propia existencia, tomar en consideración las funciones de lucha contra la corrupción que viene desempeñando el fiscal Luis Javier Santos, como director de la UFERCO.

Los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que luchan contra la corrupción son frecuentemente objeto de procesos legales, incluyendo procesos penales, como lo han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Tales situaciones persiguen intimidarles y disuadirles del desarrollo de sus funciones y son frecuentemente realizadas por actores estatales o sus propios pares con el objeto de controlar su actuación, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Estos actos de violencia frente a los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción de estos operadores y operadoras de justicia, son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos“.


Como lo demuestra la experiencia de Guatemala, operadores de justicia que han asumido responsabilidades similares a las asumidas por el señor Luis Javier Santos en Honduras , han sido objeto de diferentes amenazas y represalias. Como parte de las mismas, se incluyen el uso indebido de recursos y herramientas legales como requerimientos, procedimientos disciplinarios y solicitudes de habeas corpus… , tal y como lo constató el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos.

La ausencia de cualquier resolución de fondo en la denuncia, la demora excepcional de su tramitación y la imposibilidad de poder testimoniar y ejercer su derecho de defensa en la misma por más de diez años, podrían llegar a constituir irregularidades relevantes que afecten la legitimidad de la misma y sugerir su naturaleza instrumental y política como herramienta de presión contra el abogado Luis Javier Santos por su actuación como fiscal responsable de la principal unidad de combate a la corrupción organizada en el país.

Ante tales circunstancias, y dado el riesgo que de que la exclusión del proceso del fiscal Luis Javier Santos represente una afectación grave irreparable no sólo a sus derechos a la presunción de inocencia y ocupar posiciones públicas sino, además, al derecho de la sociedad a contar con funcionarios públicos elegidos en función de mérito y por procesos transparentes.

Como organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos la reconsideración de la decisión relativa a la continuidad del fiscal Luis Javier Santos en el proceso de selección para la Fiscalía General de la República.

Fdo:
Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH):
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD);
Bufete Estudios para la Dignidad (BED),
Bufete Justicia para los Pueblos (BJP);
Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH);
Abogados sin Fronteras Canadá

CC: Isabel Albadalejo, Representante en Honduras de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos; y Comisión interamericana de derechos humanos

Bloque Popular Campesino e Indígena

¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUEPERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

  

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta
indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas
muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte
del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros
penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario
nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones
emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de
incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta
masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es
igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de
expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando
tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.


¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres
carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de
abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un
incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de
2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo
de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro
Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba
con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel
de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de
Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van
muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.


El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de
centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las
cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la
mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes
representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además,
demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera
desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la
población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.


Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de
militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia
técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se
Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias
que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno
de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe
optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al
igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y
desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad
diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad
de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en
Honduras.


Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la
responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este
tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran
discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el
reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe
deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.


A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y
nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas
en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo
sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se
comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los
dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.


Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo
doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

       El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.

       ¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.

       El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del  Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.

       Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al  gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.

       Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.

       A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.

       Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

En el 15 aniversario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia:

PROCLAMA DEL MAYO POPULAR

El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.

La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.

En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.

La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.

En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:

1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.

2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.

3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.

4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como un privilegio al servicio de la dignidad.

5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.

6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.

15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:

A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.

B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.

C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.

D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.

E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.

F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.

G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño

H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.

I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.

J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.

Compañeros y compañeras,

El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.

24 de mayo de 2023.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

VICTORIA POPULAR TOLUPÁN: NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE TRIBU EN SAN FRANCISCO LOCOMPA

COMUNICADO PÚBLICO

Por este medio la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, del municipio de Yoro, departamento de Yoro, hace del conocimiento a las instituciones gubernamentales, entidades públicas y privadas, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo Tolupán y a la población en general, lo siguiente:

  1.  La Asamblea Tribal de la tribu San Francisco de Locomapa (en adelante TSFL), en el año 2011 eligió al señor José Alberto Alonzo Vieda presidente del Consejo Directivo para un periodo vigente de dos años. Sin embargo, pese a que el mandato de la asamblea tribal sólo le facultó para ejercer sus funciones hasta el año 2013, este se mantuvo ejerciendo la representación de la tribu de manera inconsulta e ilegal, violentando la voluntad de la asamblea y negándose a convocar a las comunidades para elegir nuevos representantes.
  • Que durante esta década en que se mantuvo de facto el señor José Alberto Vieda, en confabulación con la junta directiva corrupta de la FETRIXY, empresas madereras, mineras, fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios judiciales, ejecutaron actos de violencia, violación de derechos, saqueo y enajenación del territorio ancestral y asesinatos de compañeros indígenas que se opusieron a sus prácticas corruptas.
  • Que la anterior administración del Consejo Directivo de Tribu siempre benefició a un reducido grupo de indígenas a costa de la riqueza de la tribu, mientras que el resto de nuestros hermanos y hermanas han vivido en condiciones de pobreza y miseria.
  • Pese a las solicitudes realizadas por miembros de la tribu para convocar a elección del Consejo Directivo y recibir respuestas negativas, la Asamblea General en un ejercicio legitimo de autodeterminación de su pueblo decidió convocar a todas las comunidades indígenas tolupanes para elegir a sus nuevos representantes del Consejo Directivo de Tribu.
  • Es así que, reunidos las y los asambleístas en la comunidad de Cabeza de Vaca 2 el domingo 26 de marzo de 2023, se procedió a elegir al nuevo Consejo Directivo de la TSFL para el periodo vigente del 26 de marzo de 2023 al 26 de marzo de 2025. Quedando conformado el Consejo Directivo de la siguiente manera:

Presidente: Ramón Santiago Matute.

Vicepresidenta: Rosa Adilia Vieda.

Secretaria: Yuma Lizzeth Gutiérrez Soto.

Tesorero: Ojer Neptalí Ávila Romero.

Fiscal: Luis Mario Vieda.

Vocal 1: Celso Alberto Cabrera,

Vocal 2: Oscar Armando Vieda Romero.

  • Por tanto, cualquier acción administrativa, judicial y contractual que realice el señor José Alberto Alonzo Vieda en nombre de la TSFL carece de legalidad y será objeto de nulidad, por actuar fuera del mandato de la asamblea tribal.
  • El Consejo Directivo de la TSFL reafirma su compromiso por la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de la tribu San Francisco de Locomapa, así como la protección de los bienes y recursos comunes. Y nuestra gestión se compromete a actuar en apego a los deberes y derechos que nos competen como pueblo indígena en el marco de los deberes y derechos contenidos en la Constitución de la república, así como el Convenio 169 de pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Honduras.

San Francisco de Locomapa, Yoro, Yoro. 26 días del mes de marzo de 2023

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO TOLUPÁN DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA