A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia

Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.

Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…

Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.

Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.

Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.

Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.

El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas. 

En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.

Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.

Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.

Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país. 

Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.

En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..

El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.

En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.

Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…

 Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.

Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…

En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.

Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.

Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.

Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.

Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización

En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.

Tegucigalpa, 24 de mayo, 2024

Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual

Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares
condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes
de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica
Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de
las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e
integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración
de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.


Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López,
Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron
encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la
obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron
nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima,
obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.


El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La
Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia
de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no
inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a
ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación
propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados.
Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su
condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima,
por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.


“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas
las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los
grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá
siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández.
Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que
cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación
sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir
con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que
genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo
que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos
de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.


En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos
de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad
del Estado.

San Pedro Sula, Honduras, 17 de mayo de 2024.

Carta a magistrados de Sala de lo Penal para que confirmen sentencias que condenan a parte de los autores del crimen contra Berta Cáceres

Tegucigalpa, Francisco Morazán,
02 de abril de 2024


Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Mario Díaz Flores,
Magistrado Walter Miranda Sabio
Magistrado Nelson Mairena Franco

Ref.: Resolución de casación sobre Causa Berta Cáceres

Estimados Magistrados;
Saludos cordiales esperando que se encuentren desempeñando sus funciones plenamente.
Me dirijo a ustedes en mi condición de apoderado legal de MARÍA AUSTRA FLORES LÓPEZ, OLIVIA MARCELA ZUNIGA CACERES, LAURA YOLANDA ZÚNIGA CÁCERES Y BERTHA ISABEL ZÚNIGA CÁCERES, madre e hijas de Berta Isabel Cáceres Flores, quien fue asesinada el 02 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

El motivo de la presente es en torno a la búsqueda de justicia por este crimen, para que esta sala emita una pronta resolución sobre los recursos de casación interpuestos en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia. Lo anterior, en virtud que este día se cumplen 97 meses de este crimen.

Los responsables de su crimen fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, procesos que se siguen en esta sala bajo el expediente No. 172-2020 y expediente 567-2022. El primero, sentencia condenatoria dictada el 02 de diciembre de 2019 en contra de los autores materiales; el segundo, en contra de Roberto David Castillo, presidente del Consejo de Administración de la empresa DESA, dictada el 20 de junio de 2022.

Los procesos penales en cuestión, a pesar de contar con la sentencia condenatoria, a la fecha, no se ha emitido resolución alguna por parte de esta Sala Penal respecto a los recursos de casación interpuestos por las defensas privadas de los condenados.

Es menester mencionar a esta Sala que el derecho al debido proceso legal, en su garantía de plazo razonable, es un principio fundamental en el sistema jurídico hondureño y en el marco de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que el acceso a la justicia implica que los procesos judiciales deben ser resueltos en un plazo razonable. Asimismo, el Código Procesal Penal establece términos para la emisión de fallos, los cuales ya han sido ampliamente superados en el presente caso.

En vista de lo expuesto, solicito respetuosamente a ustedes, como magistrados de esta Sala Penal que, en aras de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, se emita prontamente la resolución correspondiente en los casos de mérito; confirmando las sentencias condenatorias sometidas a conocimiento de la Sala que ustedes integran desde el mes de febrero de 2023

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud.
Atentamente,
Víctor Antonio Fernández Guzmán
CAH 07134

El Juicio a JOH en Nueva York ¿Se juzga a un narcotraficante o se juzga a una forma de hacer política?

La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.

El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.

La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.

Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.

Nuestra gratitud inmensa al movimiento popular latinoamericano

Apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del movimiento popular latinoamericano, un saludo combativo y revolucionario para ustedes desde el corazón del movimiento popular hondureño.

Hace unas semanas [24-26 de enero] se desarrolló el encuentro nacional del movimiento popular de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula, también conocida como la capital industrial. Desde este espacio hemos reafirmado nuestro compromiso con Honduras y con todas las fuerzas populares del continente, con ustedes y con quienes estamos en la travesía de la dignidad, la
justicia social y la construcción del poder popular.

En el marco de los dos años del triunfo de Xiomara Castro, convencidos de arreciar la
lucha, reafirmamos la autonomía del campo popular, nos declaramos en movilización permanente y en proceso para construir nuestro el instrumento político para arrancar de tajo los vicios estructurales que impiden un nuevo pacto social y político en el país.

Este momento fortalece nuestras subjetividades revolucionarias y otorga claridad política al campo popular hondureño, que desde el golpe de 2009 había entrado en un horizonte de monotonía. Estamos
profundamente convencidos que avanzamos con firmeza hacia el fortalecimiento de la agenda propia del movimiento popular y que acudimos al nacimiento de una expresión popular cargada de novedad, fuerza y creatividad para responder a los desafíos de este momento histórico.

Junto al buen sentir que nos ha dejado el encuentro hacemos expreso nuestro agradecimiento a ustedes por su cálida presencia que a través de la virtualidad se hizo manifiesta y que reafirmó nuestro sentido de pertenencia al inmenso racimo del movimiento popular latinoamericano y de los distintos proyectos de emancipación de la patria grande.

Agradecemos profundamente sus muestras de cercanía, la solidaridad y su compromiso que trasciende las fronteras. En el ajetreado escenario que nos movemos las organizaciones populares- un breve video de saludo y de motivación-es también un acto de subversión, es fuerza que revitaliza los vínculos, es sinónimo de la polifonía que recorre nuestro continente abriéndose paso para que eso que llamamos la Vida siga aconteciendo.

Les abrazamos fervorosamente y reafirmamos el compromiso y deseo de seguir coincidiendo en la tenacidad y en la alegría que nos otorga la lucha único camino para construir otros mundos posibles.

Organizaciones convocantes del Encuentro:
° Plataforma Agraria del Aguan
° Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
° Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
° Plataforma Lenca de la Paz- PALAGUA
° Central Nacional de Trabajadores del campo CNTC-El Progreso

Carta agradecimiento al Mov Popular Latinoamericano Fin corregido de Acssa Flores

LA HISTORIA DE UNA LIDERESA DE JILAMITO Y DEL MADJ, MAGDA DÍAZ

“Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón” 

“Soy Magdalena Díaz, de Arizona, Atlántida, pertenezco al Movimiento Amplio y tengo el cargo de conducción política en el Campamento de la Dignidad de Jilamito”.

Así de escueta es la presentación que de si misma hace Magdalena Díaz, pero que de alguna manera sintetiza un recorrido intenso en sus poco más de 40 años de vida.

Menuda, con la piel trigueña de mestizaje y de sol, Magdalena tiene mucha historia que contar. Hija de campesinos, esposa de un campesino educador que fue asesinado por reclamar democracia y campesina ella misma, de las que no teme labrar la dureza de la tierra para sembrar el sustento de su familia.

Hoy es una dirigente reconocida del movimiento popular en Atlántida, de la misma estirpe de mujeres defensoras de los ríos y de la justicia, como lo fue Berta Cáceres o Margarita Murillo, para citar unos cuantos nombres.

Magdalena, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la defensa del Río Jilamito?

Bueno, es bien difícil, porque en el gobierno anterior que tuvimos, del dictador, se pusieron a vender todos los ríos para hacer proyectos extractivos y nosotros confiábamos en que el gobierno actual que tenemos con la presidenta Xiomara nos apoyaría en la defensa de los bienes comunes y naturales, que nos respaldaría activamente en esta lucha digna que tenemos, pero ya va sobre dos años y no tenemos ninguna respuesta concreta…

Entonces siempre vivimos un conflicto bien difícil en las comunidades. En 2024 vamos a cumplir siete años de estar en esa lucha y aún no la hemos solucionado. Como Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad se logró la liberación de los compañeros y compañeras que estaban criminalizados, pero el conflicto de fondo no se resuelve porque la concesión del río no ha sido anulada y siempre hay bancos nacionales e internacionales financiando a estas empresas para su proyecto hidroeléctrico en Jilamito.

¿Cuáles son las principales lecciones de estos siete años de lucha?

En estos siete años de existencia del Campamento de la Dignidad hemos pasado alegrías y tristezas. También hemos convivido bien bonito entre los compañeros y compañeras, somos como una familia compartiendo un espacio donde se medita, se reflexiona, se toman decisiones y acuerdos para fortalecer la lucha…

Pero es bien difícil al mismo tiempo porque tenemos compañeros asesinados en el camino, entre ellos mi esposo. Son muertes que siguen impunes.

Como movimiento social y popular sabemos bien que instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no están para el pueblo, ellos están para los empresarios, ellos son los que nos criminalizan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Siento que ahora seguimos en la misma temática. En estos dos años, como le dije, seguimos en la misma porque miramos que los funcionarios públicos siguen igual, gobernando como lo han hecho los gobiernos anteriores.

Seguir adelante en la vida
Magdalena tiene muy presente el compromiso social de su esposo, Ramón Gabriel Fiallos, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

Ramón fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a luchar por los intereses comunes. Fue parte de los campesinos organizados que reclamó el derecho a la tierra en el valle de Lean y también uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito. Ramón o “Moncho”, como también se le conocía, colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas.

“El venía de una familia con tradición de lucha”, recuerda Magdalena. “Mi suegra me cuenta que él siempre defendía sus derechos”.

Por esas razones no fue extraño que la noche del 22 de enero de 2018 se despidiera de su familia para emprender el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba y unirse a los centenares de ciudadanos que a inmediaciones del puente sobre el río Arizona exigían el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El derecho a la protesta era legítimo, pero no para los usurpadores del poder, y hasta el sitio de la protesta llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación. Al menos una de esas balas impactó a Ramón. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde poco después se confirmó su muerte.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como reconocimiento a su sacrificio. Un honor social que a su familia, como es natural, no compensa la ausencia de justicia que rodea su crimen.

A Magdalena le duele “no tener ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades de nuestro gobierno; su caso es como el de muchos compañeros asesinados por defender los derechos del pueblo”.

¿Cómo ha sido la vida después de su muerte?

Cuando él murió, recuerda Magdalena, me quedaron tres hijos menores de edad y en esas circunstancias es duro seguir adelante, pero la misma injusticia que vivimos en este país nos impulsa a seguir. Indigna ver que nos asesinan compañeros por defender nuestros derechos. Los matan para meternos miedo, pero tanto yo como mis hijos y mi organización hemos demostrado a los empresarios corruptos y a los gobiernos que estamos más fuertes, más valientes y más firmes en la defensa de nuestros derechos. Y sé que la única manera de seguir adelante es con mucha valentía”.

Ahora, prosiguió, estamos organizando un bloque popular en reclamo de que nos devuelvan la reforma agraria. Durante décadas han atropellado nuestro derecho a tener tierras para trabajar. Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón. 

Desde que tengo uso de razón sé que los campesinos no somos prioridad de los gobiernos y por eso es que se mantiene la pobreza en este país, porque la prioridad de los gobiernos son las empresas privadas y no los pequeños productores, enfatizó.

¿Cómo se mantiene? ¿Cómo ha logrado salir adelante con su familia?

“Trabajando; trabajando duramente. Tengo una parcela de tierra, son como tres manzanas y en ellas trabajo, y mis hijos donde encuentran trabajo lo hacen porque saben que siempre han crecido a base de esfuerzo y sacrificio”.

Magdalena, ¿y de dónde le nace la conciencia para defender el derecho a la vida y los recursos naturales?

Mi padre era un campesino revolucionario, y luego mi esposo igual. Me cuenta su mamá que desde joven odiaba la injusticia y siempre le gustó defender los derechos del pueblo. La última noche que él salió de mi casa mientras estaba agachado, amarrándose los zapatos, mientras yo le decía que no se fuera, él me dijo que debemos estar decididos a cualquier sacrificio para que el país cambie, que de lo contrario siempre nos mantendremos así, en la pobreza.

¿Cuál es el objetivo prioritario de lucha que tienen?

Magdalena no vacila en contestar porque tiene clara su respuesta:

“Son varios los objetivos, pero lo más importante para nosotros es lograr que se cancele definitivamente el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en Jilamito y la concesión sobre el rio, que se cancelen también los proyectos de minería que acaban con nuestros recursos naturales y que nos devuelvan la reforma agraria a los campesinos. Pido esto como defensora de derechos humanos no solo para el municipio de Arizona, sino que para todo el país, porque es a nivel nacional que nos están matando a muchos compañeros”.

Con esas metas que animan su vida, Magdalena sabe que no está sola. “Cuando empecé a conocer el Movimiento Amplio supe que debíamos apoyarle, entrarle de lleno y seguir su compromiso social. Así empezamos a organizar las comunidades y por medio de eso es que logramos parar el proyecto hidroeléctrico de Jilamito. Organizados ya miramos como son las cosas y ya sabemos que proyectos como el de Jilamito no traen nada de bueno para nuestra comunidad porque lo único que realmente dejan es la división entre familias y las personas y la destrucción de nuestras fuentes de vida, como el agua que es vital para todos. Yo no tengo ninguna duda; organizados saldremos adelante en esta lucha. Tarde o temprano, pero lograremos que se nos haga justicia”.

Pueblos indígenas de Honduras piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atender impactos diferenciados de emergencia climática en sus comunidades

  • Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
  • Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática. 

En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.

Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.

Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.

Amicus Oral

Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas. 

También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones. 

Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.

Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de  Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.

En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas. 

Contacto para prensa:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

  • Ileana Morales

ileanamorales2003@yahoo.com.mx

  • Víctor Fernández

sanjuanvic@yahoo.com