Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción


San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023


Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.


Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.


Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.


El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.


El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.


En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.


Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.


Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.


También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.


Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.


La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.


El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.


No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.


Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.


Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?


Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.


Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.


Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.


Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.


La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.


Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.


Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.


Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…


Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.


En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.


El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

Queremos energía para nuestras comunidades, pero con justicia y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza

Reunidos hoy, 29 de octubre de 2022, a la rivera del Río Jilamito, en el marco del Cabildo Abierto y de la Asamblea Popular convocada en este municipio de Arizona, departamento de Atlántida por sus máximas autoridades municipales y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y nutrida con la presencia de hombres y mujeres de todas las comunidades que conforman este municipio y con presencia de representantes de organizaciones sociales de distintas partes del país; planteamos, declaramos y mandamos, especialmente ante el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía presente hoy en este evento, y a todas las instituciones, públicas y privadas, involucradas en el tema de energía, lo siguiente:

1. Que reivindicamos el derecho a nuestra autodeterminación como comunidades en el marco de cualquier iniciativa energética que se piense sobre nuestros bienes naturales y territoriales. Este debe ser un elemento fundamental que marque la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual.

2. El deber de respeto a nuestra autonomía y autodeterminación obliga al gobierno central y a todos los gobiernos locales a acatar la voluntad de nosotros/as como comunidades, cuando hemos decidido que no queremos comprometer nuestra riqueza natural ante proyectos que, en lugar de desarrollo, generan violaciones a derechos humanos. De igual forma, cuando como comunidad decidimos aceptar la instalación de proyectos de energía, la prioridad la tendremos las mismas comunidades y los proyectos deben operar bajo los principios básicos de distribución equitativa de la riqueza que se genera y se permita la participación y la veeduría de nosotras las comunidades para salvaguardar nuestros bienes naturales.

3. El gobierno que administra el Estado hondureño debe dar muestras claras que el tema energético, en el discurso y en la práctica, se maneja bajo criterios que ponen un alto a la corrupción, al endeudamiento, a la privatización de servicios públicos y sobre todo que no se permitirá la entrega del país y sus bienes naturales y territoriales a sectores empresariales nacionales e internacionales, que no tienen otro interés más que el lucro a cualquier costo.

4. Mandamos a la Secretaría de Energía y a la ENEE la cancelación formal del contrato para la generación de energía que afecta las aguas del Río Jilamito. Mandamos también la revocación de todos los actos administrativos que dieron lugar a la criminal concesión sobre este río y mandamos igualmente que el Estado asuma la responsabilidad por todas las afectaciones sufridas en el marco de este proyecto y se establezca desde ya un mecanismo para la reparación de estos daños.

5. Mandamos, una vez más, que las aguas Río Jilamito son patrimonio nuestro y por tanto serán usadas para el proyecto de agua potable para la mayoría de nosotros como pueblo. Reiterando el rechazo a la corrupta y violenta concesión a INGELSA.

6. Saludamos y respaldamos la recuperación del tema de energía como un bien público que debe estar en manos del gobierno y Estado hondureño. Entendemos que este cambio significa un equilibrio frente al abuso que por décadas ha tenido el sector privado y que hoy gracias a la corrupción, la usura y su impunidad se mantiene una deuda que es prácticamente impagable.

7. Saludamos y respaldamos la creación de una Política Pública en el campo energético, sin embargo, para llegar a un consenso en el país, primero debemos conocer la situación real del sector a través de todas sus aristas, una de ellas la económica.

Por ejemplo, ¿nos vamos a seguir endeudando para el pago de los intereses de la deuda con los generadores térmicos?, ¿cuáles son las garantías técnicas, económicas y de transparencia que se están proponiendo en las nuevas licitaciones para la compra de energía… se harán a tiempo?, ¿cuál es la lógica de interconexión con los países vecinos y cómo y a qué costo se financiará? Es decir, para nosotros/as la creación de la Política Pública es un medio, no un fin en sí misma y de nada servirá tenerla si en la práctica el sector energético seguirá siendo el “hoyo fiscal” y con unas cuantas familias más ingresando al negocio de la energía.

8. Las comunidades que hoy estamos presentes en este Cabildo Abierto/ Asamblea Popular DECLARAMOS que nuestra participación no debe verse únicamente a partir de los proyectos de generación de energía presentes en nuestros territorios, sino participar y decidir en todo el proceso energético: generación, transmisión, distribución, facturación y en las responsabilidades macro y microeconómicas que este tema genera en el país.

9. Determinamos que en Honduras una “transición energética justa” tiene que combatir el abuso y la impunidad que existe en este tema, razón por la cual, como Asamblea Popular MANDAMOS, como acto de justicia, la cancelación de todos los contratos de generación de energía manchados de violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos. La justicia implica el enjuiciamiento a todos los actores públicos y privados participes de esa corrupción y otros crímenes. También mandamos y asumimos la responsabilidad de iniciar el proceso de reparación de todos los perjuicios causados a las comunidades en lucha.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán

La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:

1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.

2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.

3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público

4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.

5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.

6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:

a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.

b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.

c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.

Organizaciones de derechos humanos presentan “recomendaciones de acciones temáticas” al Gobierno de Honduras

El Consorcio de organizaciones defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, aglutinadas en el programa “Defender derechos humanos en tiempos de covid19” respaldado por la Unión Europea en Honduras, presentó al gobierno una serie de recomendaciones de acciones temáticas en el marco de la defensa y promoción al respeto a los derechos humanos en el país.

Aquí el comunicado:

Honduras atraviesa una profunda crisis de derechos humanos, visible en todos los ámbitos, particularmente en la situación de mujeres y niñas, pueblos originarios y personas defensoras de la tierra y el territorio. Esta crisis históricamente ha estado determinada por la herencia de la ausencia del Estado, la generalizada corrupción y en el último período, por factores como la pandemia del COVID-19 y los fenómenos climáticos Eta e Iota, que impactaron directamente en las poblaciones más vulnerabilizadas en un contexto de continuos fracasos de las políticas neoliberales excluyentes, patriarcales y racistas.

En el contexto de instalación del nuevo gobierno, la Presidenta Xiomara Castro anunció en el “Plan de Gobierno para Refundar Honduras” una serie de medidas prioritarias a implementar para atender las demandas de las mujeres, los pueblos originarios y de las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra y el territorio; que durante décadas de implementación de políticas neoliberales han emprendido procesos de resistencia y construcción de propuestas de transformación, en la lucha por la garantía y el acceso a derechos humanos y derechos territoriales.

Desde una perspectiva general, se puede sostener que las acciones gubernamentales apuntan a atender las demandas históricas de las organizaciones y movimientos sociales y populares. No obstante, los retos del Gobierno siguen siendo grandes, ante los bloqueos de las élites extractivistas y el poder que ejercen los sectores conservadores y religiosos en el Estado.  Asimismo, las acciones realizadas deberán reforzar el enfoque de Derechos Humanos en los esfuerzos de impulsar políticas públicas, programas y proyectos que garanticen la inclusión y la democratización de la sociedad hondureña.

Por lo antes mencionado, el consorcio DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE COVID-19 EN HONDURAS, con base en el informe Balance general sobre la gestión inicial del gobierno de Xiomara Castro en materia de derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios y derechos de las personas defensoras de la tierra y el territorio” insiste en las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar e implementar las recomendaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En el marco del examen periódico universal (EPU), se establecen una serie de recomendaciones para que el Estado de Honduras avance en la solución a problemas sustanciales de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, con énfasis en el acceso a un sistema de protección social que garantice la salud integral como un derecho humano fundamental para todas las personas.
  • Aprobar leyes, protocolos y presupuestos para la protección de las mujeres y niñas en situaciones de violencia, a través de:

a) Crear protocolos de recepción y atención de denuncias para evitar la revictimización y garantizar el trato digno hacia las víctimas,

b) Aumentar el presupuesto al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial,

c) Fortalecer la institucionalidad de la mujer como la Secretaria de Asuntos de la Mujer,

d) Aprobar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que ha sido presentado por las organizaciones de mujeres con el Secretario de Salud,

e) Revisar e incrementar las penas por los delitos de violencia contra la mujer como femicidio y violencia sexual y esclarecer aquellos artículos del Código Penal que crean confusión en la aplicación como el delito de parricidio y maltrato familiar,

f) Armonizar e implementar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género,

g) Debatir, discutir y aprobar la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres,

h) Aprobar leyes en materia de educación sexual integral para incluir dentro de la malla curricular de las distintas instituciones educativas públicas y privadas del país y que esto sea consultado con expertas garantizando un enfoque de laicidad e información científica.

i) Ratificación del protocolo facultativo de la Convención Contra Toda las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW)

  • Modernizar la institucionalidad de derechos humanos. La institucionalidad heredada de 12 años de narcodictadura se distingue por su carácter centralizador y burocrático, lo cual impide una gestión democrática de los diferentes servicios. Modernizar la institucionalidad de Derechos Humanos permitirá avanzar en la revisión e implementación de la Política Pública en Derechos Humanos, así como en la desconcentración  del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, y el establecimiento de observatorios regionales de derechos humanos y derechos territoriales, permitiendo monitorear el estado de las conflictividades y brindar respuestas efectivas e información de primera mano para la toma de decisiones estratégicas a nivel local y nacional.
  • Reformar o desmontar la normativa extractivista. En Honduras coexisten diversas modalidades extractivistas: minería (metálica y no metálica), forestal, turismo de masas, agroindustria, generación de energía y las Zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE). Las diversas modalidades extractivistas han generado una serie de ecocidios territoriales (destrucción de la naturaleza), mediante acciones que provienen exclusivamente de la extrahección (extraer con violencia) minera, bosque y agroindustria. A través de los relatos de las comunidades, se puede sostener que estos ecocidios han elevado la pobreza, exclusiones, desigualdades y desplazamientos, en un contexto de despojo acelerado y privatización de los bienes comunes naturales, que por siglos y décadas han estado en las manos de las comunidades.  Lo anterior confirma la importancia de avanzar en la revisión del marco regulatorio extractivista y los contratos vigentes, y con base en análisis técnicos, decidir si se establece su derogación o su reforma, colocando el enfoque de los derechos humanos y de la tierra y territorio como punto central de una nueva normativa.
  • Derogar o reformar artículos del nuevo Código Penal. Con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, libertad de organización y protesta  de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio, que en el marco de dicho Código ven limitados sus derechos a través de los Artículo 28, Artículo 378, Artículo 592, Artículo 574 del actual Código Penal.
  • Aprobar una nueva ley de transformación agraria con enfoque de género. Con el objetivo de avanzar estratégicamente en el acceso a la tierra para las comunidades y poblaciones históricamente excluidas de este derecho, además de promover el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, el financiamiento agrícola, la asistencia técnica y el mercado interno.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

El grupo venezolano “Los Guaraguao” visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos:  El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.  

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

  1. Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
  2. Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
  3. Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.   

La justicia viene, nadie la detiene.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para la salvaguarda del Ambiente nos sumamos a la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto, ocurrida el 25 de agosto de 2013.

Tras nueve años de esperar una justicia que no acaba por llegar a nuestros hermanos y hermanas tolupanes, nos pronunciamos enardecidamente, con la dignidad muy en alto, con la sed más grande de justicia, pero con la determinación inclaudicable de luchar hasta siempre por la dignificación soberana de cada ser humano del pueblo Tolupán.

Nos arrebataron nuestros hermanos y nuestra hermana tolupana. Les asesinaron por oponerse a una minería clandestina e ilegal que despoja a la tribu del usufructo de sus bienes naturales, envenena sus fuentes de agua y contamina su ambiente.

Sus vidas les fueron cortadas con violencia, de la misma manera que los empresarios madereros arrancan los bosques de la tribu y condenan a muerte a la población indígena y toda la comunidad viviente de sus territorios.

 Nos avergüenza la pusilanimidad con que actúa el Estado de Honduras cuando la población exige justicia. La lentitud con que operan el Ministerio Público, la ATIC y los juzgados cuando se trata de hacer justicia a los sectores sociales más desfavorecidos provoca espanto e indignación.

Llamamos al pueblo Tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa a construir la unidad justa y solidaria de las 27 aldeas y caseríos y no hacer caso a las empresas madereras y mineros clandestinos que tratan de dividirles para quedarse con las riquezas de los territorios tribales.

Ha llegado el momento que los corruptos, ladrones y asesinos tienen que rendir cuentas. Una nueva unidad se viene construyendo en las 31 tribus del pueblo Tolupán que va creciendo a la vez que exigiendo rendición de cuentas y castigo para los traidores y traidoras del pueblo Tolupán.

Esta ola de dignidad que recorre el pueblo Tolupán ha sido abonada con la sangre martirial de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto y el resto de compañeros nuestros asesinados cobardemente. Continuaremos nuestras luchas abonadas con sus sangres derramadas siguiendo como ejemplo el recuerdo de cómo enfrentaban a los cobardes y asesinos con valor, dignidad y determinación.

Los corruptos, los judas de la tribu San Francisco de Locomapa, serán alcanzados por la justicia y deberán dar cuenta, con la debida transparencia que emana de las leyes, de cada uno de los Lempiras percibidos en los años anteriores.

Para la tribu San Francisco de Locomapa, organizada en el Consejo Preventivo de Tribu, llamamos a honrar la lucha de los mártires construyendo la unidad, trabajando organizadamente para engrandecernos como pueblo Tolupán.

Juntos construimos la paz con justicia y dignidad.

San Francisco Campo, 25 de agosto de 2022

Pronunciamiento: No financien más la violencia y el despojo hacia nuestras comunidades

Las comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo en Honduras organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en relación a la visita que desarrolla en nuestro país el señor Scott Nathan, Director Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) nos pronunciamos de la siguiente manera:

  1. Informarle que las y los habitantes de Arizona, Atlántida tenemos 1880 días (al día de hoy 08-07-2022) de permanecer en Campamento Digno por la Defensa del Rio Jilamito, lugar desde el cual las comunidades nos hemos unido para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito que la DFC ha financiado y que ha venido a poner en mayor riesgo el acceso al agua para casi 30 mil habitantes de este sector.
  2. Informar que, hemos hecho uso de las formas legales y legitimas de participación ciudadana y a través de cabildos abiertos desarrollados desde el año 2015 las comunidades determinamos que el río Jilamito es para uso y consumo humano, decisiones que ratificamos en el año 2018 y 2019.
  3. Lamentar la postura y decisión de la Embajada Americana en Honduras y del señor Nathan de excluir o no tomar en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que ha venido financiando y que hasta la fecha sigue generando conflicto y criminalización hacia luchadores, luchadoras sociales y sus comunidades en Honduras.
  4. Notificar que como organización que aglutina comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo, especialmente de Arizona, Atlántida, hemos recurrido a su institución mediante cartas firmadas por congresistas norteamericanos y organizaciones hondureñas, para pedir que la DFC detenga el financiamiento en específico del Proyecto Hidroeléctrico sobre el río Jilamito que pretende imponer la empresa Ingelsa.
  5. Denunciar los vicios de corrupción con los que fueron adjudicadas las concesiones para generación de energía y en especial la concesión del rio Jilamito para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Jilamito y que hasta la fecha los funcionarios hondureños no han investigado ni mucho menos han deducido las responsabilidades por estos actos, pero, además, por las violaciones a derechos humanos que este proyecto ha generado en la zona donde pretende construirse con ayuda de la DFC.
  6. Proponemos, financiar el proyecto alternativo de agua potable que las comunidades estamos impulsando como medida de mitigación a la sequía generada por otros proyectos hidroeléctricos en el municipio y la devastación generada por los fenómenos naturales de 2020, nuestro proyecto alternativo de agua potable está en fase de estudios topográficos, beneficiará a 16 comunidades y tendrá su principal fuente de abastecimiento en el rio Jilamito.

No financien más la violencia, el despojo, la criminalización, el hostigamiento e inmigración porque eso es lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico Jilamito para nuestras comunidades.

Dado en Atlántida, Honduras a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

En libertad indígena Tolupán criminalizado durante 4 años por militar hondureño.

Cuatro años tuvo que esperar nuestro compañero Carlos Hernán Rivera Murillo, un indígena Tolupán habitante de la Tribu San Francisco Locomapa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que los juzgados de Yoro reconocieran que no había cometido delito contra el militar en condición de retiro Oscar Filander Armijo Ucles quien lo acusó de robo en el año 2018.

“El 31 de octubre de 2018 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Carlos Hernán Rivera Murillo, por el delito de robo (de café) en perjuicio del terrateniente Oscar Filander Armijo Ucles”, manifestó la abogada Koritza Ortez, coordinadora del Área legal del MADJ.

“En audiencia inicial llevada a cabo el 22 de abril de 2019, el Juzgado de Yoro resolvió decretar auto de formal procesamiento y continuar con la imposición de medidas no privativas de la libertad consistentes en obligar a Carlos Hernán a firmar el libro correspondiente 2 veces al mes ante el Juzgado de Letras de Yoro, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir al lugar de los supuestos hechos, es decir a su propia tierra, y prohibición de acercarse a la vivienda o lugar de trabajo del militar que lo acusaba. En dicha audiencia el MP no pudo acreditar que Hernán fuera responsable del delito que se le imputaba y la resolución se realizó sin la debida motivación por lo cual fue objeto de apelación, que se declaró con lugar mandando la Corte de Apelaciones a dictar nueva sentencia, continuó diciendo la abogada Ortez.

Durante este tiempo nuestro compañero no pudo trabajar, ni cosechar en la parcela de tierra a pesar de ser de su propiedad.

“El 31 de enero de 2020 el Juzgado de Letras de Yoro, emite resolución confirmando el auto de formal procesamiento. Ante esta acción se presenta en fecha 05 de febrero de 2020 un recurso de apelación, celebrándose el 10 de enero de 2022 la audiencia respectiva ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, resolviendo declarar con lugar el recurso planteado por la defensa y dictando sobreseimiento definitivo en favor de Hernán Rivera” cerró diciendo la actual coordinadora del Área legal del MADJ que organización que representó en todo al proceso al compañero indígena .

Este es uno solo de los problemas que ha generado el desconocimiento del título ancestral por parte del Estado de Honduras, el otorgamiento por parte del Instituto Nacional Agrario de títulos de propiedad supletorios ha puesto en mayor riesgo a las y los indígenas del pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios de Honduras

El general en condición de retiro desde la década de los ochentas ha venido ocupando grandes extensiones de terrenos que les pertenecen a las y los indígenas, producto de esto y de sus acciones violentas varias familias han tenido que abandonar la Tribu y denunciarlo ante la justicia hondureña, gran parte de la ocupación de las parcelas las hizo valiéndose de su investidura como militar.

Por uno de estos casos el militar ya fue condenado por un juzgado en Yoro, pero no ha ido a prisión debido que su defensa legal presentó un recurso de casación que aún no ha sido resuelto, mientras la familia afectada continúa en el exilio.