Hace cincuenta años, el 25 de junio de 1975, un puñado de militares y ganaderos olanchanos, liderados por Mel Zelaya Ordóñez, asesinaron en la hacienda Los Horcones a 14 personas: diez campesinos: Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz, cinco de ellos quemados vivos y sus cuerpos lanzados a un pozo de malacate. Junto a ellos también fueron asesinados dos sacerdotes: Casimiro Cypher e Iván Betancourt, quienes fueron castrados y desmembrados antes de ser arrojados al mismo pozo y dos mujeres María Elena Bolívar y Ruth García Mallorquín, lanzadas vivas al mismo pozo de malacate. El pozo fue rellenado con varios quintales de cal y dinamitado con la pretensión de borrar cualquier rastro todo tipo de huellas de su más abominable acción.
Los asesinados eran líderes de varios grupos campesinos, formados en la Doctrina Social de la Iglesia, que buscaban salir de su miseria disponiendo de tierras para hacerlas producir. Los sacerdotes, a su vez, eran pastores de la Iglesia Católica que al tenor del Vaticano II y la Conferencia de Medellín se volcaron a atender el clamor de los pobres y empobrecidos; las mujeres víctimas, una era estudiante universitaria y la otra pariente del padre Iván Betancourt, todos/as pagaron con su vida haberse atrevido a desenmascarar y denunciar a quienes se han hecho dueños, a punta de violencia y corrupción, de las tierras y sus recursos.
Del lado de los asesinos estaban los militares adoctrinados bajo los principios Doctrina de Seguridad Nacional, liderados por José Enrique Chinchilla, y los terratenientes olanchanos, con Mel Zelaya Ordóñez a la cabeza. Militares y terratenientes asesinos fueron apresados, condenados, encarcelados y, en el caso de Mel Zelaya Ordóñez, con derecho a poseer vehículo estacionado en la penitenciaría para viajar los fines de semana a su hacienda Los Horcones. Y al poco tiempo de su condena fueron objeto de indulto.
De entre todas las masacres campesinas acontecidas en Honduras, ninguna ha sido, en un ámbito colectivo, tan brutal en sus actos y numerosa en cantidad de víctimas como la masacre de Los Horcones. Recordada por ello como la más grande orgía de horror provocada por el espanto que producían los militares, asistidos con la mayor crueldad e inhumanidad por una clase terrateniente perversa, que sin lugar a dudas, permanece en el país y sigue perpetuando centenares de asesinatos contra campesinos y campesinas que siguen reclamando su derecho a un pedazo de tierra..
Es decir, a cincuenta años de tan despreciable masacre, ni las Fuerzas Armadas, ni las familias terratenientes olanchanas -sobre todo las más involucradas en tal asesinato colectivo- han tenido que pagar ante la justicia sus delitos, ni han tenido la decencia de pedir perdón al pueblo hondureño, a la clase campesina y a la feligresía católica. Las familias de los mártires campesinos se merecen una disculpa y ser retribuidas con las tierras que constitucionalmente están consagradas a fines de reforma agraria.
Como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia permanecemos solidarios con la clase campesina hondureña, con quien nos honramos en el presente de caminar juntos muchos trechos de las luchas dignamente populares a nivel nacional. Y de igual manera, expresamos nuestra solidaridad a la Iglesia Pueblo de Dios, que, con el martirio de los padres Casimiro Cypher e Iván Betancourt, han aportado su propia sangre de pastores, sumándola al río de sangre martirial de nuestro pueblo.
A cinco décadas de esta masacre, constatamos que en los campos de Honduras se reduplica a escala nacional una especie de ideologización tenebrosa refinada en Los Horcones. Actualmente, militares policías, terratenientes, junto a empresarios extractivistas y sus propios escuadrones de la muerte privados, siguen arrebatando tierras y bienes naturales de las comunidades, y a quienes se oponen a su intereses los criminalizan, arrasan con sus cultivos, los desalojan, los amenazan y terminan por asesinarlos. Los ejemplos los tenemos en todos los departamentos, pero de manera particular Colón, Yoro, Cortés, La Paz, Comayagua.
En cada valle, llanura o montaña se van multiplicando los Mel Zelaya Ordóñez, a la manera de síndrome de letalidad selectiva pero igualmente asesino y cruel, como ha enseñado la escuela olanchana de Los Horcones y sus secuaces protegidos con la más grande impunidad.
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Se trata, ahora, de una acción continuada y deliberada de aniquilación de quienes luchan por la tierra y sus bienes naturales mediante el asesinato selectivo y progresivo. Asesinatos con saña para dejar claro el destino de quienes continúen defendiendo sus tierras y territorios; evidenciando la crueldad con que actúan al consumar sus crímenes, contando con la participación activa o solapada de las fuerzas del orden, pero sobre todo de una institucionalidad como el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, el Sistema Judicial quienes siguen estando bajo las órdenes de los terratenientes y empresarios.
Ni una sola vez, en tres años y medio, el gobierno del Socialismo Democrático, de Xiomara Castro, se reunió con el sector campesino y su famosa Comisión de Seguridad Agraria y de acceso a la Tierra se quedó, como en todos los gobiernos, en reuniones y reuniones .
Resulta deplorable que el Estado de Honduras no haya castigado, ni castigue como se debe a los terratenientes, militares y empresarios que antes y hoy asesinan a campesinos/as. Y, peor ahora, que el gobierno actual ha premiado sin ningún mérito a los militares con el oficio de ser ¿mediadores? en las disputas agrarias entre campesinos y empresarios agroindustriales. Los resultados son claros y lamentables: Honduras convertida en un río de sangre campesina, indígena, afrodescendiente y comunitaria de hombres y mujeres siendo asesinados por defender su tierra, sus ríos, bosques y comunidades.
El acceso a la tierra con respeto y dignidad es un derecho propio de cada ciudadano y ciudadana, que no debe ser arrebatado por empresarios y terratenientes asesinos, y tampoco ser conculcado por militares y otros funcionarios actuando al margen de la Constitución de Honduras.
San Pedro Sula. 25 de junio de 2025
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
