Opinión

Respeto y diálogo inclusivo ante la imposición de la cárcel en la Isla del Cisne

Publicada el 12/07/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

¿Volvemos al estilo autoritario de la narcodictadura? Esta es una pregunta cada vez más reiterativa que nos hacemos organizaciones como el MADJ y el BED ante las actuaciones de la administración de Xiomara Castro. El último ejemplo lo tenemos a partir de la falta de participación, diálogo y toma de decisión de la población con respecto a la ubicación, en la isla del Cisne, de una nueva cárcel de “máxima seguridad” y al autoritarismo, escasez de argumentos técnicos y éticos demostrado por funcionarios del presente gobierno.

El ministro de la secretaría del Ambiente, Lucky Medina, ha afirmado que el archipiélago Islas del Cisne no es área protegida (porque no está publicada como tal en el Diario La Gaceta) y pese a cualquier oposición la isla cárcel El Cisne nadie la detiene. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ha salido ante los medios de comunicación anotando que se fía del criterio del ministro del Ambiente, garantizando que no habrá violaciones a los derechos humanos y ambientales de ningún tipo. Finalmente, el Procurador General, Manuel Díaz, afirmó que en el asunto de la isla cárcel El Cisne no tienen cabida “aquellos a los que les es funcional un Estado sin soberanía” … y todos han apuntado que los que deseamos el respeto a la biodiversidad y al arrecife coralino ubicado en esa zona, somos “cachurecos” y narcotraficantes.

Nada más falso en esta comparsa letal.

El ministro del Ambiente no está por encima de la ley. Al archipiélago Islas del Cisne se le declaró Parque Nacional Marino mediante Acuerdo Ejecutivo No. 3056-91, el 30 de octubre de 1991. Luego se le dio el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante decreto N° 128-94, publicado en La Gaceta N° 27,477 del 17 de octubre de 1994. Finalmente, en el año 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAPH, consideró que la categoría de manejo más acertada para este archipiélago es la correspondiente a Reserva Marina.

Que este último cambio de estatus de área protegida no haya sido publicado en La Gaceta no anula los dos nombramientos anteriores, como lo pretende el ministro del Ambiente para justificar la devastación a que sería sometido el archipiélago para satisfacer quien sabe qué intereses y propósitos. Y en lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos y el Procurador General, como Movimiento Amplio consideramos que, ciertamente, la dignidad y derechos de muchas personas y pueblos está en juego y no es cierto que por mantener una actitud crítica ante un proyecto como el que nos ocupa seamos promotores de “un Estado sin soberanía”, seamos cachurecos o narcotraficantes.

El MADJ es una organización digna, con independencia política- electoral, que reconoce nuestros derechos soberanos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a las acciones autoritarias de un puñado de funcionarios que pretenden someter al pueblo conculcando sus más elementales derechos y atribuciones.

¿Qué se esconde tras el obstinado capricho por construir una mega cárcel en Islas del Cisne?

Desde el Movimiento Amplio consideramos la pretendida conversión del archipiélago Islas del Cisne en isla cárcel como un ecocidio, etnocidio, obra inútil para los efectos que se persiguen y afrenta radical a la vida y demás derechos humanos de futuros presos y personal militar y policial de menores rangos.

En primer lugar, la isla cárcel El Cisne es ecocida. Así lo ha señalado el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) pues “este archipiélago alberga ecosistemas marinos y costeros con características biológicas y ecológicas muy especiales”. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras ha manifestado su oposición en tanto que Islas del Cisne posee 73 especies de flora y 51 especies de fauna presente de mucha importancia para la conservación con características particulares. Y también el Colegio Químico – Farmaceútico de Honduras ha pedido se haga un mejor uso de los fondos nacionales junto a otras medidas más reales en el sistema carcelario nacional.

Más todavía, el Archipiélago Islas del Cisne, sobresale por presentar un ecosistema único en Honduras denominado Arbustal semideciduo con cactus que, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de la UNESCO, presenta un estatus único aumentando de 71 a 72 los ecosistemas nacionales. De ahí que, en virtud de la aplicación del principio de precautoriedad incorporado al derecho internacional ambiental desde 1992 y luego incorporado al derecho positivo hondureño, cualquier intervención a desarrollar en el sitio debe contemplar el impacto potencial que podría desencadenar.

¿Valdrá la pena poner en riesgo un ecosistema peculiar pero endeble y único que se presenta en el archipiélago de Islas del Cisne como consecuencia inmediata del impacto de la devastación y contaminación a producirse tras el levantamiento de edificaciones y el manejo consecuente de desechos de la cárcel de máxima seguridad?

En segundo lugar, la isla cárcel El Cisne es etnocida. Las islas y los más de sesenta cayos que integran el departamento de Islas de la Bahía, entre los cuales se halla el archipiélago Islas del Cisne, registran movimientos humanos que datan de 1,500 años y se ha registrado el establecimiento de grupos humanos desde el 600 a.C. Estas islas e islotes han sido territorios transitados por varios pueblos originarios de la plataforma continental hondureña que se han dedicado al intercambio de productos y demás interrelaciones con los pueblos vecinos.

Es comprensible, entonces, que la organización del pueblo misquito, MASTA, mantenga un rotundo NO a la construcción de cárceles en Islas del Cisne, porque temen que con ello se afecte la pesca, que es el sustento de muchos de los que viven en el Caribe de Honduras. Sería lamentable enterrar esta historia tan dinámica, llena de vida y de experiencias de resistencia soberana, del archipiélago Islas del Cisne para dar paso hacia su conversión en una isla cárcel con acceso prohibido para la población.

El archipiélago vecino de los Cayos Zapotillos fue clasificado como Reserva Biológica, y el archipiélago Cayos Cochinos declarado Monumento Natural Marino; convertidos ambos archipiélagos en escenarios de vida en su mayor amplitud natural, que los hondureños y hondureñas pueden visitar y disfrutar de su riqueza natural y belleza escénica. ¿Por qué, entonces, esas acciones no se complementan haciendo del archipiélago Islas del Cisne un museo de historia natural y cultural del Caribe hondureño donde los pueblos del Atlántico puedan encontrarse con su historia más inédita, en vez de condenarlo a la devastación natural y desfiguramiento histórico cultural?

En tercer lugar, la isla cárcel El Cisne deviene obra costosa e inútil. La crisis carcelaria hondureña no tiene su origen principalmente en la falta de presupuestos ni la falta de edificaciones; es una crisis derivada directamente por la corrupción y abuso de autoridad de muchos de los oficiales de policía y militares que, por un lado, han convertido los centros penitenciarios en lujosas suites para los presos de alto calado y, por otro lado, han permitido el trasiego de drogas y armas dentro de los recintos penitenciarios, facilitando el asesinato dentro de los mismas.

Es un disparate presentar la Isla Cárcel El Cisne como un espacio absolutamente necesario, sin el cual las fuerzas del orden –militares y policías- no podrían dar cumplimiento definitivo a su responsabilidad de acabar con el crimen organizado. O, ¿acaso se trata de una cortina de humo para esconder las causas verdaderas que mantienen en crisis al sistema carcelario de Honduras y a la sociedad en general? ¿Qué garantías tiene la población que las Fuerzas Armadas y Policía administrarán correctamente la isla cárcel El Cisne si ni siquiera han podido gestionar eficientemente las bodegas de sus batallones, donde es común que “desaparezcan” sus armas, aviones y drogas depositadas por el Ministerio Público?, ¿Hay nuevos grupos de narcotráfico negociando nuevas rutas?

Podrán invertirse miles de millones de Lempiras en la construcción de la Isla Cárcel El Cisne, pero el sistema carcelario nacional continuará con los mismos problemas; porque no se corrige la razón de fondo del por qué hay trasiego de armas dentro de los recintos carcelarios, por qué hay suites especiales para reos adinerados y miseria para los reos pobres, por qué hay mercado de drogas y celulares, etc. Eso no se arregla con una nueva cárcel, sino con un renovado personal, con sus equipos y protocolos de acción.

En cuarto lugar, la isla cárcel El Cisne supone una afrenta radical a la vida de presidiarios que vayan a ser destinados a ese posible recinto penitenciario, como también lo será para el personal militar y policial de menores rangos, muchas veces violentados y ultrajados por mandos superiores sin control y castigo alguno. La sociedad hondureña espera castigos ejemplares para todas las personas que delinquen, antes que una carnicería brutal que sea mayor que la brutalidad que se pretende subsanar. ¿Qué garantía se tiene que las Fuerzas Armadas y Policía van a responsabilizarse y respetar cabalmente las vidas y condiciones humanas de los presidiarios como de los policías y militares de los más bajos rangos destacados en un lugar tan recóndito y de nulas vías de acceso normales y rutinarias? En realidad, ninguna cárcel por hacer va a servir de mucho cuando queda evidenciado que el problema de la violencia contra reclusos y efectivos policiales o militares de menor rango viene de las mismas fuerzas del orden.

En lo más profundo de las fuerzas del orden subyace una estructura sustentada en una lógica criminal que lleva a que todo lo que pueda ser robado con impunidad se traslade a las FFAA o la PN y seguramente será robado sin ningún aspaviento. Si hay que deshacerse de alguna persona que pueda hacer daño a alguna estructura criminal o narcodelincuente, esta persona es puesta en manos de una u otra de las fuerzas del orden y ellos se encargarán con seguridad de asesinarlas creando escenarios que vuelven inocentes a quienes mandan a ajusticiar. De igual forma, si se trata de delincuentes de alto nivel que ya han sido capturados, se les pasa a celdas especiales donde viven con tratamientos especiales y finalmente, si es necesario se finge una fuga y así los maleantes recuperan su más oscura libertad.

Y mientras esto sucede al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los hombres y mujeres honorables dentro de ambas instituciones se juegan la vida a diario luchando por recuperar la honestidad, transparencia y profesionalismo de ambas instituciones desde todos sus niveles jerárquicos. ¿Qué hace el gobierno y el pueblo para respaldar y legitimar las acciones de estos efectivos policiales y militares probos? El ministro Héctor Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad, ha manifestado que han sancionado al menos dos mil policías y otros cuarenta están presos por faltas a la ley, aduciendo que realmente no son policías, sino infiltrados en la policía. Si como pueblo no exigimos y acompañamos esta depuración real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estas corren el riesgo de ser cooptadas y subsumidas por los carteles y demás grupos criminales que ya se disputan el Estado hondureño.

La práctica histórica violatoria de los derechos humanos generalizada en las islas cárcel resta credibilidad a las afirmaciones de la ministra de derechos humanos

La experiencia histórica fatídica de las islas cárcel en materia de derechos humanos desenmascara la aparente inocuidad de estos centros de reclusión que pretende evidenciar la ministra de derechos humanos cuando manifiesta que con la isla cárcel El Cisne la presidenta Xiomara Castro respeta los derechos humanos y el ambiente. Nada más lejos de la realidad manifiesta de las islas cárcel. Por ejemplo:

La isla cárcel Robben, en Sudáfrica, emblema donde el régimen del apartheid terminó concentrando en tres de los cuatro pabellones de celdas a prisioneros políticos de la estatura de Nelson Mandela, quién ocupó una celda durante 18 años y los presidentes sudafricanos Kgalema Motlante y Jacob Zuma que permanecieron presos en la isla por más de diez años cada uno.
La isla cárcel Tiburón, en Namibia, fue el epicentro del proceso de exterminio de las poblaciones nama y herero por parte del gobierno colonial alemán, a razón de un promedio de ocho muertes diarias en esta isla cárcel, más conocida como la “isla de la Muerte”.
La isla Martin García, en Argentina, se construyó para albergar a los presos más conflictivos de Buenos Aires. Sin embargo, terminó siendo la sede penitenciaria de prisioneros políticos, como es el caso de Juan Domingo Perón hasta su cierre definitivo en 1962.
La isla cárcel Gorgona, en Colombia, creada como casi todas las islas cárcel para los criminales más temibles y los presos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrarse ya que los prisioneros fueron sometidos durante 24 años a torturas y violaciones de derechos humanos más crueles como castigos severos, torturas y muerte por inanición hasta llegar a convertirse entre los penales más siniestros de la historia del mundo. La presión permanente de defensores de derechos humanos, ecologistas y científicos condujo a su cierre en 1984.
La isla cárcel de Coiba, en Panamá, destinada como el infierno para 3 mil criminales desde 1919, terminó siendo el lugar adonde también se enviaba a los prisioneros políticos, cerrando sus funciones en 2004 por las continuas denuncias de sus tratos crueles e inhumanos.
La isla cárcel más recientemente clausurada en América Latina, la isla cárcel Marías, en México, funcionó desde 1905 hasta el 2019 que fue clausurada por Andrés López Obrador debido a su historial cargado de crueldad contra reos comunes, así como prisioneros políticos.

Si la mayoría de islas cárcel nunca han funcionado, y muy particularmente en América Latina ya han sido canceladas debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los presidiarios y de manera especial de los presos inocentes encarcelados por diferencias políticas con los regímenes de turno, ¿cómo es que la ministra de derechos humanos de Honduras, Angélica Álvarez, puede afirmar tan categórica como ingenuamente que la ingeniería de la Isla Cárcel El Cisne garantiza ser una cárcel amigable con el ambiente y libre de violaciones a los derechos humanos?

Si la historia demuestra que las islas cárcel terminan en horrendas violaciones a la vida, al resto de derechos humanos y al ambiente, ¿de qué se vale la ministra para asegurar que en la isla cárcel El Cisne va a suceder lo contrario, cuando que estará en manos de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional muy penetradas por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y los grupos de poder?

Nos asiste el derecho a ser escuchados y a participar en el estudio de impacto ambiental

Al Procurador General y a quienes piensan como él, el Movimiento Amplio denuncia la ilegalidad de la Licencia Ambiental presentada por el ministro del Ambiente porque el ministerio del Ambiente no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque el ministro del Ambiente no convocó a un SINEIA tal como manda la ley y porque ignoró deliberadamente la participación ciudadana contemplada en la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la LGA y el Reglamento del SINEIA. La substancia del SINEIA es justamente la garantía del derecho ciudadano a la participación en asuntos medioambientales.

“Presidenta Xiomara Castro: con participación de 40 profesionales certificados, aprobamos Licencia Ambiental “Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne”, apuntó Lucky Medina en las redes sociales. Si en verdad estos 40 profesionales certificados de que habla el ministro del Ambiente poseen estatura ética, ellos mismos sabrán que lo que ha hecho será a título propio, pero no pueden apropiarse de la palabra y la voluntad de la población hondureña. Podrán constituirse legalmente en consejo científico asesor pero nunca ser exclusivos en un SINEIA. Además, el equipo que conforma el SINEIA no lo nombra la empresa o parte que solicita el licenciamiento ambiental. Definitivamente Lucky Medina actúa como asaltante de la voluntad de la nación hondureña. Presenten los 40 nombres de estos profesionales para asegurar su existencia y aceptación técnica.

Ante tan despótica acción, el Movimiento Amplio demanda una evaluación de impacto ambiental democrática, participativa, inclusiva, con carácter sobradamente social y técnico; que cuente con la participación del pueblo misquito involucrado en la historia del archipiélago Islas del Cisne, la participación de los entes profesionales vinculados a la ecología como ser el Colegio de Biólogos de Honduras, Colegio de Profesionales Forestales, facultades de biología, recursos naturales y afines de la UNAH, UNAG y UNACIFOR, y la participación de organizaciones de derechos humanos entre las que nos contamos y exigimos involucramiento.

De igual manera, el Movimiento Amplio solicita urgentemente a la OACNUDH una manifestación en la que exprese la valoración particular sobre las consecuencias inmediatas posibles tras la construcción de la isla cárcel El Cisne en perspectiva de la vigencia de los derechos humanos.

Finalmente les indicamos a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos salidos de las filas de las organizaciones sociales, a que defiendan desde el gobierno que las decisiones se tomen sobre bases técnicas, no se sumen ciegamente a la línea política institucional, que, como lo hemos indicado en otro momento, no permite el disenso con la elite política de LIBRE. Les exigimos que no sigan más preocupados por no crear fisuras en el gobierno, cuidar su “chamba” y no afectar la próxima contienda electoral de la candidata oficialista.

A la presidenta, Xiomara Castro, le pedimos, que si no es una instrucción de su gobierno, que ponga freno a las desmedidas actuaciones de extremo autoritarismo con el que actúan sus funcionarios faltando al respeto, la dignidad y el derecho a la participación que el Estado de derecho confiere a cada ciudadana y ciudadano.

San Pedro Sula, Honduras. julio de 2024

15 años del golpe y 100 meses del crimen contra Berta Cáceres

Publicada el 02/07/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

¡Claras y caras deudas con la Justicia que reclama el pueblo!

El pasado 28 de junio de 2024, conmemoramos los 15 años del nefasto golpe de Estado militar empresarial, made in USA, contra el pueblo hondureño, hoy, 02 de julio, sumamos 100 meses de impunidad del asesinato contra la compañera Berta Cáceres. El golpe, acontecimiento fatídico para la vida de la gente y de la nación, contribuyó sustancialmente a consolidar el narcoestado, la avanzada del voraz modelo neoliberal extractivista sobre las tierras del campesinado, los territorios de los pueblos originarios, la demolición del ya decrépito Estado social de derecho, la persecución y el asesinato nuestros liderazgos.

Después de 15 años, la herida del golpe sigue supurando dolor, impunidad, corrupción, desplazamiento, violencia y muerte. Después de 100 meses, Berta sigue padeciendo impunidad, el Gualcarque sigue concesionado como lo está el territorio indígena y nacional y se sigue consumiendo la vida de los obreros y obreras por la avaricia empresarial. Bajo el gobierno refundacional, Honduras continúa navegando entre las incertidumbres institucionales, la continuidad de la lógica del mercado y las mafias enquistadas en el poder económico, político y militar del país.

A 15 años, hay preguntas obligadas que debemos hacernos, ¿cómo o dónde se refleja la superación de la herencia golpista? ¿Dónde está la justicia para los asesinados y desaparecidos en el marco del golpe, de la crisis electoral 2017 y las protestas por el derecho a la salud y la educación pública en 2018? ¿Dónde está el castigo para las cúpulas militares, mandos medios y otros gatilleros del ejército que ejecutaron a nuestros hermanos.as en las movilizaciones? A tres años del ascenso al poder del partido Libertad y Refundación, hijo del Frente Nacional de Resistencia Popular ¿Por dónde avanza realmente la refundación del país? ¿Qué rol tienen las organizaciones que hicieron frente al golpe de Estado y al narcogobierno nacionalista ahora que Libre tomó control del gobierno? ¿Cuándo serán castigados los autores materiales e intelectuales del crimen de Berta Cáceres?

El pueblo hondureño necesita renovar su indignación. Distintas organizaciones populares junto a liderazgos como el de Berta Cáceres, luchamos por instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, refundacional y plenipotenciaria para arrancar de tajo las distintas necrosis que nos consumen y renovar las esperanzas de un futuro digno y común en esta tierra a través de un nuevo pacto político de gobernanza. Pero, después de 3 años en el poder, nos llaman al conformismo bajo la excusa de que “No hay condiciones”. ¿Entonces para qué están en el poder, si no es para crear las condiciones y las avenidas que hagan posible la ruta hacia la verdadera democracia en el país? Aceptar que no hay condiciones es decidir, adrede, continuar por el camino del fracaso, de la ingobernabilidad, de la crisis, perpetuar el modelo y vivir en las condiciones de injusticia, inequidad e impunidad.

En plena narcodictacura, amplios sectores sociales, populares, gremiales y civiles nos movilizamos para desmontar la corrupción e instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) para que, con amplitud de poder y legitimidad, investigue la descomunal corrupción e impunidad que opera en el país. Esta lucha del pueblo, la convirtieron en su promesa de campaña y tres años después nos dicen que no pueden hacer las reformas legales para su llegada. Entonces, ¿bajo qué pactos de impunidad opera el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público? ¿A quiénes están protegiendo a expensas del presente y el futuro de las mayorías de este golpeado país?

En la CELAC Social, en un complejo hotelero capitalino, discursaron altos funcionarios del gobierno refundacional, al margen de una realidad inobjetable. La población cada vez es más pobre, la violencia no cesa, bajo asesinatos, secuestros masivos, desapariciones, etc. La ambición del sector energético, bancario y agroindustrial no retrocede y el rol de la institucionalidad pública no se percibe ni con fuerza ni voluntad para someterlos a la justicia. Después de tres años las comunidades en resistencia y los pueblos originarios de Honduras no tienen ni una sola cancelación de concesiones en sus territorios, los campesinos no han recibido en adjudicación y retorno, un solo metro de tierra de la reforma agraria que fueron corrupta y violentamente arrebatadas por la agroindustria.

Estamos acudiendo a una constante erosión de la memoria de nuestro pueblo. Mientras se domestica a las organizaciones sociales y populares del país se premia los militares y brazos armados con 19 mil millones de lempiras para controlar el medio ambiente; se crean comisiones castrenses para abordar la crisis del agro, se recibe con euforia la visita del Comando Sur de EE. UU. y se les inviste de funciones que perpetúan la remilitarización del país. Estas acciones aplastan la memoria, impiden el acceso a la justicia y ponen en peligro los derechos de nuestra población. Históricamente, los fusiles del ejército hondureño han apuntado hacia el pueblo, el fortalecimiento del poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como estandarte para abordar la crisis de seguridad, la crisis agraria y la crisis ambiental, es un error que no podemos ni debemos callar jamás. La militarización profundiza y consolida la relación entre los sectores criminales y el aparato armado en el país, y pone en precario la defensa de los derechos humanos de la población.

Tres años después tenemos la certeza de que las estructuras del narcoestado siguen intactas y perviven simbióticamente con el gobierno refundacional, leyes, decretos, instituciones, personas, ongs, iglesias, empresas, alianzas y figuras como el Consejo de defensa y Seguridad, creadas por el Cartel Hernández Alvarado para sostener la criminalidad.

Como organización responsable no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances importantes, como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs”, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, los subsidios a las tarifas de energía, la apertura al diálogo por algunos de sus ministros y el compromiso funcionarios que siguen creyendo firmemente en la posibilidad de recuperar este país. Pero estos esfuerzos aún son cortos comparados con los apoteósicos desafíos que enfrenta la nación.

El nuestro es un llamado a la coherencia de la dirigencia de este país, a la rebeldía y la autoconciencia de los actores y actoras sociales y populares. Es un llamado a renovar la indignación, porque no es posible que mientras su discurso entona las más populares y revolucionarias consignas, sus acciones repiten el modelo político, económico y cultural capitalista.

Nuestra posición nace de la memoria de nuestro pueblo, del legado de Berta Cáceres y de miles de compañeros y compañeras que entregaron su vida para revertir el golpismo y el narco estado. No se puede refundar, conviviendo, pactando y negociando con el enemigo. La solución a nuestras crisis no puede venir de quienes nos hundieron, no puede sanar la herida del golpe sin romper con las lógicas golpistas, narcodictariales, imperialistas y neocolonialistas.

Compañeros y compañeras, no es posible conformarnos con parches o remiendos a esta mal llamada democracia. Honduras está obligada a emprender el camino de la transformación verdadera, no es posible que el pueblo tenga como únicas opciones huir del país o quedarse a sobrevivir en el mar de incertidumbre.

Nuestra propuesta es que desandemos el camino golpista, volvamos a la memoria, hagamos justicia, reconstruyamos el camino para un nuevo pacto político, un nuevo orden jurídico que como Berta lo decía “solo puede venir de una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación ciudadana”

Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transitando la ruta hacia la consolidación del movimiento popular y social hondureño y su proyecto político autónomo. Avanzar con coherencia bajo el legado de Berta Cáceres y exigiendo justicia, respaldando todas las causas justas por la Dignidad de cualquier territorio, comunidad u organización en el país, y sosteniendo el llamado para comunidades en resistencia, colectivos, organizaciones, movimientos para que nos conjuntemos y construyamos el país, digno y justo que nos merecemos.

LA REFUNDACIÓN ES AHORA O NUNCA

BERTA VIVE Y LA LUCHA SIGUE DESDE LA DIGNIDAD Y CON EL PUEBLO SIEMPRE

FRACASO TOTAL: A un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, el sector campesino sigue sin soluciones sobre su tierra

Publicada el 07/06/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

A un año de la Comisión de Seguridad Agraria, el Bloque Popular Campesino e Indígena denuncia el fracaso total de esta comisión y evidencia el nuevo período de violencia y despojo al que ha sido sometido el sector campesino, cuya problemática NO es una prioridad para el actual gobierno.

Distintas organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al movimiento social y popular del país que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena denunciamos y continuamos sufriendo las consecuencias de la política de intervención en el agro por parte del gobierno, que a un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos pronunciamos en los términos siguientes:

1. Fracaso de la Comisión: Ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones

2. Desalojos Violentos y Criminalización: En lugar de garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas, el gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos. Son más de 50 desalojos desarrollados en este año de la comisión y eso ha significado miles de familias que han sido brutalmente expulsadas de sus tierras, sin respetar sus derechos humanos ni ofrecer alternativas de reubicación.

Esta política represiva solo demuestra el desprecio del gobierno hacia el campesinado y los pueblos indígenas, priorizando los intereses de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales. No hay ningún proceso de investigación hacia las formas corruptas en que estas empresas se han adueñado de las mejores tierras, que eran y son de reforma agraria. Los desalojos han sido una herramienta de terror para despojar a las comunidades de sus tierras, han destruido centenares de manzanas de tierra trabajadas perpetuando la injusticia, la inseguridad alimentaria de estas familias y la desigualdad en el campo.

Nos solidarizamos con el Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra de Yoro, quienes el día de ayer, sufrieron un desalojo violento por un contingente policial y militar de más de 500 efectivos, los cuales destruyeron sus cultivos y pertenencias.

Señora Presidenta, cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?

Señora Presidenta, no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras.

3. Sin Resultados Concretos: Las acciones del gobierno, mediante la creación de comisiones, no han sido más que una estrategia de contención y mediatización para aplacar las demandas legítimas de nuestras organizaciones, sin ofrecer soluciones reales, concretas y duraderas. El gobierno sigue actuando como cómplice de la élite corrupta que perpetúa la injusticia en el campo. Esta Comisión no han producido los resultados esperados y han demostrado ser completamente ineficaces en resolver los conflictos agrarios.

No se ha avanzado en la entrega de tierras al movimiento campesino, ni en el reconocimiento de los territorios ancestrales a pueblos indígenas. Además, una de las promesas clave, la investigación sobre la legitimidad de las tierras en manos de empresas agroindustriales, ha quedado en el olvido. Esto muestra claramente la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses económicos y corruptos que controlan el sector agrario.

4. Desatención del Gobierno: A un año de la creación de la Comisión y 2 años y medio de gobierno, el tema de la tierra sigue sin ser una prioridad. Este desprecio hacia el movimiento social, campesino e indígena evidencia la profunda desconexión y desinterés del gobierno en resolver las verdaderas necesidades del movimiento social y popular.

5. Enfoque de Seguridad: Como cuestionamos hace un año, la forma en que nació esta comisión, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, profundizó el enfoque militarista y de seguridad en nuestras comunidades. Este origen revela claramente una perspectiva de control y represión, en lugar de una verdadera intención de resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y las reivindicaciones históricas. Esos efectivos militares y policiales deberían estar sirviendo para desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestros territorios y que son parte de los “negocios” de estas empresas o investigando los asesinatos de, al menos 13 líderes campesinos, que han caído en la lucha durante el presente gobierno.

6. Exigimos una Respuesta Clara y Decisiva: Rechazamos la política de desalojos impulsada bajo la justificación de “salvaguardar la gobernabilidad del país”, que es exactamente la misma lógica del narco gobierno anterior. Esta medida ha intensificado la crisis en el campo, despojando a miles de familias campesinas e indígenas de sus tierras legítimas. Exigimos un cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación exhaustiva sobre las prácticas fraudulentas y violentas con las que las empresas agroindustriales han acaparado tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a las familias campesinas.

7. Dignidad Campesina e Indígena: Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria. Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias.

Todavía tiene tiempo para rectificar el rumbo de su gobierno Señora Presidente, todavía es posible que usted se decida a estar con los verdaderos intereses de la población. Entendemos que este es un proceso, pero de muestras claras y concretas de que esta es su decisión.

Desde las organizaciones que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena, reafirmamos nuestro compromiso de animar y fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas que han sufrido las consecuencias de las políticas de desalojos ejecutadas por el gobierno. Reafirmamos que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras que rectifique y desarrolle una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.

Honduras, 07 de junio de 2024

El día de la tierra se celebra luchando, no hay tierra sin lucha digna

Publicada el 22/04/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.

Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.

Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.

Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber la riqueza de nuestras costas, desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia. Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua.

Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía.

Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.

Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.

¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!

A 16 años de la huelga de fiscales y la lucha contra la corrupción no hay solución más eficaz que la CICIH para erradicar la corrupción en Honduras

Publicada el 11/04/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Contexto

El 15 de diciembre de 2022, las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras firmaron un memorándum de entendimiento que contenía los principales pasos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Esta se convirtió en una promesa de campaña de la actual administración y hoy a más de la mitad del periodo de gobierno, esa promesa no se ha cumplido. Incluso, es vergonzoso que de los 26 requisitos que se necesitan para instalar la CICIH, el gobierno solo haya cumplido con siete.

De la primera parte del memorándum de entendimiento, consistente en cinco acuerdos, sólo uno se ha cumplido y dos de ellos muestran tenues avances. Mientras que en la segunda etapa existen dos acuerdos, de los cuales ninguno se ha cumplido hasta ahora.

Expertos internacionales han visitado el país cuatro veces para evaluar las condiciones del país y hacer recomendaciones antes de la instalación. La segunda prórroga del memorando expira en junio, hasta el momento no se ve la voluntad política real para cumplir con una de las principales promesas de la presidenta Xiomara Castro en la lucha real contra la corrupción en Honduras.

Antecedentes institucionales

Tras los hechos ocurridos en el juicio contra JOH y la evidente inoperancia de la institucionalidad hondureña, nos preguntamos si la el poder judicial está en capacidad de impartir justicia por sí mismo, sabiendo además que es evidente que el Ministerio Público no es capaz de enjuiciar a los múltiples personajes vinculados a la corrupción. Por otro lado, las autoridades se están esmerando es desbaratar, debilitar o desaparecer la institución que por años ha luchado contra la corrupción en el país, la UFERCO.

Frente a este contexto y en el marco de la celebración de nuestros 16 años de vida, cabe recordar que nuestra organización nace al calor de la huelga de hambre de los fiscales en 2008 y que luego de 38 gloriosos días en resistencia, exigiendo el fin de los múltiples actos de corrupción, se dio vida al Movimiento Amplio para continuar con la lucha contra la corrupción y que durante estos 16 años hemos acompañado procesos de lucha en diferentes territorios del país de la mano de gente digna y determinada que quiere un verdadero cambio para el sistema de justicia, para el país.

La instalación de la CICIH es una demanda de la población que nace el 2015 en el marco del desfalco realizado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); justamente cuando la población decide organizarse, movilizarse y salir a las calles en las “Marchas de las Antorchas” para exigir un combate frontal a la corrupción.

Ante la exigencia de la población llega y se instala la MACIH en abril de 2016, bajo un tratado firmado entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). De este tratado también nace la UFECIC, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción, que posteriormente se convertiría en la UFERCO, Unidad Fiscal Especial contra las redes de Corrupción. Los resultados fueron deprimentes. En los 3 años y 8 meses de gestión de la MACCIH no se logró avanzar como se esperaba en la lucha contra la corrupción en el país y desde entonces organizaciones populares como el MADJ luchan por obtener justicia y dignidad para los territorios más vulnerados por estas élites de poder.

El actual gobierno lleva dos años en el poder y aun no se observa un cambio radical o un avance notable para erradicar la corrupción en el país, pese a que se han realizado acciones para eliminar este legado que nos dejó la narcodictadura, como ser la derogación de varios de los decretos implantados por Partido Nacional para favorecer la corrupción. No obstante, aún queda pendiente la abolición de otros acuerdos denominados “pactos de impunidad”, entre ellos el decreto 117-2019, el Código Penal, y el Código Procesal Penal, como tampoco se ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz.

En el Norte de Honduras: La soberanía hídrica avanza a ritmo popular de justicia y dignidad

Publicada el 10/04/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El Día Internacional del Agua ha sido motivo para reivindicar la soberanía hídrica de los pueblos en la zona norte de Honduras. Comunidades históricamente abundantes en aguas corrientes y subterráneas pasaron de un momento a otro a ser amedrentadas, perseguidas, despojadas y hasta desalojadas de sus fuentes de agua porque los empresarios de la hidroenergía, las empresas de la mega agricultura extractivista y las empresas mineras se creyeron que al tenor de la narcodictadura se les haría fácil despojar a los pueblos de lo que naturalmente les pertenece. No lo lograron. Las comunidades se organizaron y enfrentaron cada una de las situaciones en las diferentes microregiones del departamento de Atlántida y parte del departamento de Colón. Ahora celebran sus triunfos redoblando los cuidados de sus bienes naturales y demás medios de vida.

No puede ser menos la respuesta de las comunidades. Los bosques tropicales húmedos como los de la costa norte hondureña que por sus dinamismos propios son capaces de retener hasta 800 mm de aguas lluvias, ahora muchos de ellos apenas retienen entre 8 a 14 mm de lluvia, agrandando las tragedias naturales de origen hídrico. Y al mismo tiempo, las áreas secas se expanden al extremo que de seguir el actual ritmo se espera que para el 2040 el 50% del territorio nacional estará convertido en áreas secas y el 50% del territorio será desértico o semidesértico para 2050.

¿Qué hacer? Estos pueblos muestran el camino.

Jutiapa es uno más de entre los municipios de Atlántida que han celebrado con mucho entusiasmo el Día Internacional del Agua. Las Juntas de Agua comunitarias integradas en la AJAJUTIA, diferentes servicios de pastoral social de la Iglesia Católica, ONG´s con presencia en el municipio de Jutiapa, instituciones públicas como el ICF y la corporación municipal, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la presencia siempre alegre, entusiasta y comprometida de la juventud del municipio hicieron de esta celebración un evento cultural y educativo de enorme y digno atrevimiento popular. Y es que con esta acción se trasciende la normalidad del diario vivir en un municipio tan rico ecológicamente y tan depredado a la vez; y, sin embargo, comprometido con la defensa del presente y futuro hídrico de Jutiapa, determinados a hacer prevalecer el derecho humano de acceso al agua potable para toda la población.

La AJAJUTIA y la Iglesia Católica hicieron gala de sus excelentes capacidades de articulación de las Juntas de Agua comunitarias, avanzando en una línea de compromiso social por hacer de los bienes hídricos un regalo de la naturaleza que debe cuidarse y manejarse de forma sostenible e inclusiva. Mientras tanto, al Movimiento Amplio le fue asignada la responsabilidad de poner al día el estado actual de los bienes hídricos del departamento y la organización por la defensa del acceso permanente al agua, partiendo de la Declaratoria Departamental del Agua que tuvo lugar en 2023.

En el municipio de Atlántida, la celebración de la defensa del agua se conmemoró al tenor del séptimo aniversario del Campamento Digno de Pajuiles, durante la jornada se hizo memoria viva de la lucha colectiva en defensa de los bienes comunes naturales desde el formato del poder local comunitario. Pajuiles es un símbolo de resistencia, de acción colectiva contra el extractivismo y frente a la explotación desmedida de los bienes naturales, principalmente sus ríos y manos subterráneos de agua.

La celebración fue un acto de reafirmación de la lucha por la preservación del agua y la protección de los ríos, en medio de constantes amenazas y desafíos. Una caminata nutrida de participantes de las comunidades vecinas sirvió para hacer hincapié en los desafíos que enfrentan estas comunidades, incluida la presencia de empresas como Honduras Tilapias Farm, cuyas prácticas amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la seguridad hídrica de la región. La resistencia contra el extractivismo y la defensa de los bienes naturales se mantienen como prioridades fundamentales para las personas involucradas y fieles en estos procesos gestados desde la mística MADJ. Esta jornada sociocultural y político popular sirvió para retomar la vida política en el campamento con los mercaditos comunitarios, reestructurar los núcleos comunitarios, consolidar las juntas de agua y patronatos en un solo bloque de acción, convocar al encuentro nacional de territorios contra el extractivismo y seguir con las jornadas de inspección en la parte alta de la cordillera Nombre de Dios. Fue, pues, un recordatorio poderoso de la resistencia y la acción colectiva organizada en la defensa de los bienes comunes naturales, así como un llamado a la acción continua contra el extractivismo, el capitalismo, la violencia y la búsqueda de un mundo mas digno y justo.

La Asociación de Juntas de Agua del municipio de Sabá, AJASA, también ha mostrado su unidad y poder de convocatoria popular para llevar a cabo esta movilización en defensa del medio ambiente y el agua, en una tradición que se ha mantenido durante los últimos diez años. Esta movilización, involucró diversos sectores de la sociedad, desde las juntas de agua locales, centros educativos, organizaciones comunitarias, Iglesias y patronatos con el objetivo principal de concienciar sobre la importancia de la protección del agua y los ecosistemas acuáticos en la región.

Durante la jornada de movilización, se han destacado diversas demandas y preocupaciones ambientales que aquejan a la comunidad de Sabá. En primer lugar, se ha hecho un llamado enérgico al gobierno para que tome medidas concretas destinadas a proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos, un área de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos de la región. Las comunidades exigen una mayor vigilancia y acción para prevenir la deforestación y la degradación ambiental en esta área protegida.

Además, se ha exigido al gobierno una respuesta clara y efectiva a las acciones legales interpuestas en nombre de la comunidad por el Bufete Estudios para la Dignidad. Estas acciones legales buscan garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades frente a las actividades mineras de la empresa Canteras y Más S. de R. L. que amenaza su entorno natural y sus fuentes de agua que abastecen a más de 30mil personas en el municipio de Sabá.

La movilización por el Día Mundial del Agua en Sabá no solo es una muestra de la preocupación y el compromiso de la comunidad con la protección del medio ambiente, sino también un recordatorio para las autoridades de gobierno sobre la urgente necesidad de tomar medidas concretas para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la región. La participación activa y la voz unida de la comunidad son fundamentales para lograr un cambio positivo y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.

En definitiva, las comunidades del norte de Honduras se aprestan a dialogar en un espacio multidisciplinario e interinstitucional para consensuar un entendimiento que dé paso a la puesta en marcha de un plan audaz ante la crisis climática que se está dejando venir y garantizar en medio de la misma la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Y es aquí donde el esfuerzo realizado por las comunidades organizadas en el MADJ por abrir este diálogo desde la proclama departamental del agua está acrecentándose desde varias instancias y lugares.

Señora embajadora de EEUU: ¿Cómo repararán el daño causado a Honduras en su lucha mezquina contra el narcotráfico?

Publicada el 06/03/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2024

Sra. Laura Dogu. Embajadora de Estados Unidos en Honduras

Ref: Responsabilidad de EE.UU. en el narcotráfico, violencia y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado hondureño por respaldo al régimen de Juan Orlando Hernández.

Señora Dogu,

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del análisis y la reflexión que ha hecho sobre el proceso judicial en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández por su participación privilegiada en el tráfico de drogas, reconocemos la importancia de su juzgamiento, pero tenemos la certeza que también debe juzgarse a los actores que han participado de manera directa en la construcción de este modelo de líder político, en el crecimiento del “negocio del narcotráfico” y en la cooptación / destrucción de las instituciones públicas en Honduras , y en ese sentido el Gobierno de los Estados Unidos y la embajada que usted dirige han tenido y tienen una responsabilidad clara e ineludible.

Bajo la tutela de Estados Unidos Juan Orlando Hernández fundó en nuestro país una forma de hacer política ligada al narcotráfico como garantía de financiamiento y éxito, convirtió a Honduras de un país de tránsito de la droga a un país productor y consumidor de la misma, permitió que el lavado de dinero sucio inundara nuestra economía y comprometiera la entrega y concesionamiento de nuestro territorio a carteles, clanes, prestanombres… y lo que es peor, permitieron y financiaron la violencia que se genera a partir de este negocio y contra los que denunciamos y le hacemos frente a este problema.

Obviamente, la responsabilidad primaria y mayúscula la tenemos los hondureños y hondureñas, las autoridades de nuestros gobiernos, pero ustedes, en su afán de hacer justicia y mostrarse al mundo como actores morales universales, validaron, por ejemplo, una reelección ilegal e inconstitucional, y han mantenido, como principal área de financiamiento a un cuerpo policial y militar encargado de hacer la logística a los capos de la droga, nacionales e internacionales. JOH y su grupo criminal lograron, con el respaldo y apoyo directo de su gobierno, imponer un estilo de hacer política, un estilo de “negocios”, que a pesar de declararlo a él como culpable, como es seguro, permanece inalterable en la Honduras de hoy.

Estados Unidos ahora puede darse el crédito de decir que triunfó su justicia porque investigó durante 20 años a JOH, lo capturó, extraditó, procesó y seguramente lo declarará culpable por haber afectado los intereses de su país y su gente, pero tenga claro que su justicia tiene éxito a costa del hundimiento de Honduras, y puesto así, eso no es justicia.

Y esto que le decimos no es retórica, ni queremos evadir las responsabilidades de nuestro país, pero repetimos su gobierno respaldó el Golpe de Estado de 2009, el evento más destructivo para la institucionalidad hondureña en los últimos tiempos, y aplaudieron las elecciones “populares” del 2009 que colocaron fraudulentamente a Pepe Lobo, también ligado al narcotráfico y a la corrupción, y a JOH como presidente del Congreso Nacional, primero y después como presidente fraudulento en las elecciones de 2013 y del 2017, en donde se sostuvo en el poder únicamente por el respaldo político que su gobierno le otorgó y por la fuerza y violencia que los militares y policías hondureños ejercieron en contra del pueblo que protestaba.

En todos esos eventos violentos, las balas financiadas por su gobierno y en manos de militares y policías “capacitados” por su Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC), Comando Sur, DEA.. o por cualquiera de sus instituciones asesinó a muchos de nuestros compañeros y compañeras …

Señora Embajadora … qué le puede responder, por ejemplo, a nuestra compañera Magda Díaz, cuyo esposo, Ramón Fiallos, fue asesinado por militares en el departamento de Atlántida cuando protestaba por el fraude electoral que su gobierno respaldó en 2017…. Esos mismos militares y policías que asesinaron a nuestra gente, son los mismos que sirvieron de socios del narcotráfico a JOH, los mismos que fueron adiestrados en sus escuelas de formación militar y considerados honestos tras un proceso de depuración policial que su gobierno respaldó.

¿Cómo reconstruimos un país con estas heridas?, ¿Cómo podemos pensar en procesos de cambio reales, cuando un gobierno como el de ustedes antepone una investigación al descalabro de un país?, ¿Qué posibilidad real tenemos de transformar esta nuestra Honduras si ustedes siguen financiando a militares y policías que sofocan con violencia los procesos que, organizaciones como la nuestra, desarrolla para adecentar el manejo público?

Todo lo que le hemos descrito anteriormente, constata que su gobierno tiene una responsabilidad profunda en la tragedia institucional y humana que significó el período de JOH en la presidencia de nuestro país. Frente a esto, como representante política de Estados Unidos le instamos a asumir la responsabilidad de su gobierno, a abstenerse de continuar con la misma forma de “cooperación diplomática” que les permite respaldar a cualquier criminal siempre y cuando ellos respalden su proyecto capitalista en nuestro país.

Señora Embajadora,

Consideramos que su gobierno debe pedir perdón a las miles de víctimas de los políticos, policías y militares amaestrados y respaldados por ustedes, por dejar crecer el narcotráfico en Honduras solo para enjuiciar en su territorio a estos criminales y eregirse como falsos salvadores de nuestros pueblos y nuestras democracias…

Nuestro llamado a la población hondureña es para que no le de mayores créditos a un gobierno como el suyo que enjuició a un expresidente de la calaña JOH, pero que lo hizo a costa de nuestro país. Siempre llamamos a que la esperanza y el genuino amor que transforme a Honduras venga de los y las que nacimos en este país y que todos los días trabajamos por su bienestar colectivo.

Este escenario oscuro al que nos arrastró la clase política criminal de nuestro país, con la complicidad de ustedes, debe servir para que surja una nueva forma de relacionarse entre los pueblos, y los Estados, una que emane de los valores y principios que procuran garantizar un mayor respeto, dignidad y sobre todo de humanidad. Sino es así, muchas gracias, pero no queremos su ayuda.

¿Cuáles son los cambios que deben generarse a partir del juicio contra JOH… específicamente en áreas como Seguridad y Defensa?

Publicada el 04/03/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El juicio contra JOH es un juicio en contra del modelo de gestión del Estado y bajo esa premisa es básico preguntar y pujar por cambios concretos en el manejo del ámbito público para ponerle fin a la historia de abuso tras abuso, especialmente en las últimas dos décadas.

Si la magnitud del narcotráfico que se exhibe en Nueva York es muestra del nivel de contaminación de las instituciones y deja clara la inoperancia institucional en cuanto a combatir el crimen, nos cuestionamos, ¿Qué sentido tiene seguir dotando de presupuesto, de capacidad logística a unas estructuras que hoy se mantienen intactas?, ¿están previstos cambios en estas estructuras, investigaciones, deducción de responsabilidades o qué se está pensando desde las actuales autoridades de los tres poderes del Estado?

Desde el MADJ siempre hemos denunciado la confabulación de este sector con el crímen organizado, la militarización del Estado y la normalización de un “Estado Policiaco” y queda demostrado en este juicio que lo que hemos venido financiando con nuestros impuestos es una gran empresa logística al servicio del narcotráfico, una agencia para “limpiar” a la competencia del “cartel oficial”, para sembrar el miedo en barrios, colonias, comunidades y para facilitar la impunidad de asesinatos como el de Landaverde o el Fiscal contra el Narcotráfico.

Nada más terrible y nefasto que saber que desde nuestros impuestos hemos financiado instituciones y personas terriblemente violentas… asesinas. Estamos obligados a cambiar esto, ojalá que el gobierno recupere su coherencia y cumpla con su promesa de limitar el poderío que los militares y policías han tenido en el país.

Solo para decirlo con cifras. El presupuesto de la Seguridad aumentó en un poco más de una década (2010 – 2024) en un 145% y la Secretaría de Defensa, en el mismo período incrementó en 136%….NINGÚN presupuesto ha aumentado tanto en términos porcentuales, ni salud, ni educación que son supuestamente prioridades. Actualmente cada una de estas dependencias tiene un presupuesto de un poco más de 11 mil millones, y esta es una realidad en gobiernos nacionalistas, liberales y ahora de libres.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos seguía una investigación que terminó “exitosa” para defender sus intereses y quebrar una estructura del narcotráfico que traficaba en su territorio, a nosotros nos dejó una ausencia total de una institucionalidad creíble….pero insistimos que esto debe convertirse en el punto de cambio que debe generar este juicio contra JOH, caso contrario solo estaríamos modificando el nombre de los nuevos capos de la droga en Honduras.

¿Hasta qué punto el narcotráfico y el lavado de recursos están metidos en la economía hondureña?

Publicada el 01/03/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Por mucho que nos parezca, la danza de millones de dólares mencionada en el juicio contra JOH, otorgadas por los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, “para apoyar las campañas políticas”, es una cifra mínima si la dimensionamos con los verdaderos montos de las ganancias que deja el tráfico de droga y el proceso de lavado que esta tiene en la maltrecha economía hondureña.

Si el juicio contra JOH estuviera sirviendo para impulsar procesos de adecentamiento, ya varios sectores deberían haber nombrado, como mínimo, comisiones que investigaran a fondo todos los contratos que el Estado de Honduras firmó con narcotraficantes y sus testaferros y así podríamos tener un listado extenso de proyectos financiados con recursos del narcotráfico que van desde la construcción de carreteras y aeropuertos locales, concesiones para la explotación de minas y ríos como las que hay en Colón y Atlántida o todo tipo de proyectos en el marco de las Alianzas Público – Pivadas…

Pero también, si se investigara a fondo, podríamos saber quiénes están detrás de la construcción de altas torres de edificios, de centros comerciales, de proyectos turísticos de lujo, de un montón de tiendas en las que nunca se ve a un solo cliente, pero perduran por años…

Qué queremos decir… pues que además del secuestro del sistema de justicia y en general de toda la institucionalidad pública, el narcotráfico también tiene secuestrada a nuestra economía ….

El sector bancario que es el sector económico que más crece en el país no termina de explicar bien (independientemente de sus estados financieros), cuál es la base de su crecimiento, cómo justifican que al menos el nombre de tres bancos ya hayan sido nombrados en el juicio contra JOH… y cómo instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) nunca se dan cuenta de nada…

¿Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Banco Central de Honduras… está regulando algo, evita que el dinero del narcotráfico entre a la economía hondureña o es el principal agente lavador de estos recursos…?

Pero la verdadera pregunta de oro es… ¿qué pasaría con la economía hondureña si se retirara todo el dinero que circula a partir del narcotráfico? La respuesta no la tenemos con exactitud, porque es difícil sumar y multiplicar todo lo que esto significa… aunque algunos calculan que puede representar entre el 30 y el 40% del PIB… podría aguantar la economía hondureña el retiro de estos recursos? Es ético hacernos de la vista gorda en este tema? Existe algún plan por parte del gobierno o de los empresarios/as honestos (que los hay) para revertir esta dependencia?

Ciertamente estamos hablando de mucha, pero mucha plata que distorsiona todo en este país desde el rol de un gobierno y sus instituciones, el rumbo de su crecimiento económico, pero también provoca que el país se vuelva más inequitativo, puesto que los narcotraficantes generan guetos sociales, e invaden con una especie de lujo lugares, servicios, tiendas exclusivas.

Pero de otro lado tenemos una población que se divide entre los que quieren disfrutar de estos placeres aunque sean momentáneos y otros, como nuestros jóvenes migrantes que huyen del país para que no los atrape una mara y los obligue a traficar.

Esos son los extremos que sustentan la economía hondureña: 1) el narcotráfico y su lavado y 2) las remesas… no hay punto de discusión en esto, pero debiera existir un punto para el cambio… ¿será que el gobierno de la presidente Xiomara Castro se plantea este cambio?

Pero como en todo, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, los sectores sociales debemos reflexionar y actuar sobre cómo nos organizamos para revertir esta realidad que también es herencia del modelo neoliberal-corrupto ….¿cómo, por ejemplo, le damos seguimiento a las actuaciones del BCH, de la CNBS que también son esenciales y marcan el presente y futuro del país?

Como Movimiento Amplio y como parte del Movimiento Popular tenemos como desafío exigir a los dirigentes de estas instituciones y a los nuevos representantes que hagan un cambio para que el futuro económico descanse sobre la base de negocios legales, humanos, responsables con la naturaleza, que mejoren las condiciones de seguridad del país. Tenemos que asumir un papel más beligerante que proponga alternativas para salir de este modelo narcoeconómico que ha quedado evidenciado en el juicio en Nueva York.

De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales

Publicada el 29/02/2024 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos:

¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado?

¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña?

Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país?

Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur.

Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.