De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales 

Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos: 

¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado? 

¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña? 

 Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país? 

Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur. 

Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.

El Juicio contra JOH: una institucionalidad al servicio del narcotráfico y del lavado de activos

Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.

En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.

Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.

Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.

122 Aniversario del Partido Nacional, entre liderazgos presos enjuiciados y prófugos

El Partido Nacional celebra su 122 aniversario sin ningún liderazgo visible ni en el país ni a lo interno de sus estructuras… su dirigencia se encuentra encarcelada, prófuga, procesada penalmente y reducida en liderazgo social frente a la condena moral que les impone la sociedad hondureña. Pese a la vergüenza pública que significa el juicio de JOH y sus vínculos con los cárteles de la droga, la dirigencia cachureca no está reflexionando sobre el cambio de rumbo que debería estar tomando su partido. Esta dirigencia parece estar determinada a seguir la misma ruta política de vinculación al crimen, a la corrupción y al servilismo político para intentar reponerse de la derrota electoral del año 2021. Frente a esto, la militancia de base y sus juventudes tienen la posibilidad de sentir vergüenza de su partido político y fundar una forma honesta de hacer política. 

En el 2022, el Movimiento Amplio solicitó la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Nacional por ser una estructura conformada por su dirigencia para favorecer sus negocios criminales y la corrupción desde el Estado, no obstante, la justicia electoral desestimó la petición sin adoptar ninguna decisión orientada a que no vuelvan a cometer los mismos actos de perversión partidaria. Este panorama sitúa como la mayor preocupación que enfrenta nuestro país que ni la institucionalidad pública ni los demás partidos políticos están desarrollando procesos relevantes para erradicar las causas estructurales que permitieron la existencia de un Partido Nacional como el de JOH y, en consecuencia, se estaría alentando la repetición de esta tragedia política si no existe un proceso de justicia y transformación profunda del país y de su sistema democrático. 

En este contexto, los partidos políticos, fundamentalmente LIBRE como partido de gobierno, deben asumir un compromiso con romper la forma de hacer política electoral que fundó el Partido Nacional sobre la base del vínculo con el crimen organizado, impunidad para militares y policías dedicados al narcotráfico, concentración de poder en el sistema de justicia, entre otras. Es imperativo que sea un proyecto popular y auténtico, sobre la base de los principios democráticos, el que se configure como el horizonte de la nueva forma de hacer política que necesita Honduras. 

El juicio de JOH en los EE. UU. no es una narco telenovela más de las que despierta simpatía o rechazo del público hacia el gran protagonista. Ni es un pasatiempo útil para aliviar las crisis emocionales permanentes de nuestro pueblo. Desde el movimiento popular y la ciudadanía honesta debemos asumir el seguimiento de este juicio reconociendo que es el retrato más nefasto de la forma en qué se hace política en el país y de cómo el crimen organizado mundial se hizo de la dirigencia del Partido Nacional y del mismo Estado hondureño, siempre con el propósito de transformar esa realidad. 

¡Queremos paz con justicia y dignidad!

Nuestra gratitud inmensa al movimiento popular latinoamericano

Apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del movimiento popular latinoamericano, un saludo combativo y revolucionario para ustedes desde el corazón del movimiento popular hondureño.

Hace unas semanas [24-26 de enero] se desarrolló el encuentro nacional del movimiento popular de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula, también conocida como la capital industrial. Desde este espacio hemos reafirmado nuestro compromiso con Honduras y con todas las fuerzas populares del continente, con ustedes y con quienes estamos en la travesía de la dignidad, la
justicia social y la construcción del poder popular.

En el marco de los dos años del triunfo de Xiomara Castro, convencidos de arreciar la
lucha, reafirmamos la autonomía del campo popular, nos declaramos en movilización permanente y en proceso para construir nuestro el instrumento político para arrancar de tajo los vicios estructurales que impiden un nuevo pacto social y político en el país.

Este momento fortalece nuestras subjetividades revolucionarias y otorga claridad política al campo popular hondureño, que desde el golpe de 2009 había entrado en un horizonte de monotonía. Estamos
profundamente convencidos que avanzamos con firmeza hacia el fortalecimiento de la agenda propia del movimiento popular y que acudimos al nacimiento de una expresión popular cargada de novedad, fuerza y creatividad para responder a los desafíos de este momento histórico.

Junto al buen sentir que nos ha dejado el encuentro hacemos expreso nuestro agradecimiento a ustedes por su cálida presencia que a través de la virtualidad se hizo manifiesta y que reafirmó nuestro sentido de pertenencia al inmenso racimo del movimiento popular latinoamericano y de los distintos proyectos de emancipación de la patria grande.

Agradecemos profundamente sus muestras de cercanía, la solidaridad y su compromiso que trasciende las fronteras. En el ajetreado escenario que nos movemos las organizaciones populares- un breve video de saludo y de motivación-es también un acto de subversión, es fuerza que revitaliza los vínculos, es sinónimo de la polifonía que recorre nuestro continente abriéndose paso para que eso que llamamos la Vida siga aconteciendo.

Les abrazamos fervorosamente y reafirmamos el compromiso y deseo de seguir coincidiendo en la tenacidad y en la alegría que nos otorga la lucha único camino para construir otros mundos posibles.

Organizaciones convocantes del Encuentro:
° Plataforma Agraria del Aguan
° Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
° Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
° Plataforma Lenca de la Paz- PALAGUA
° Central Nacional de Trabajadores del campo CNTC-El Progreso

Carta agradecimiento al Mov Popular Latinoamericano Fin corregido de Acssa Flores

Lilian Borjas, voz y compromiso de las mujeres campesinas

A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.

Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”

Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.

La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.

En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.

Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.

“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?

Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.

Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.

Mujeres al frente

Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.

No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.

Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.

“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”

Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.

Conviviendo con el riesgo

La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.

“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.

“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.

Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.

De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.

Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.

De la Plataforma Agraria del Aguán: Ministerio Público evidencia su compadrazgo e irresponsabilidad al no presentarse a la audiencia de dirigente campesino que exige el cese a la criminalización contra el campesinado

Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado

Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal  Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.

Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para: 

  1. Enfrentar y rechazar una abusiva acusación presentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas. 
  2. Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.

En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.

“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.

Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del  fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.

Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.

Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:

  1. El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
  2. Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
  3. El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
  4. Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
  5. Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.

EL RIESGO QUE REPRESENTA EXPULSAR A LUIS JAVIER SANTOS DE LA ELECCIÓN  A FISCAL GENERAL

Carta dirigida a:

Junta Proponente para la Selección de
Nómina de Candidatos y Candidatas a
Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto
Tegucigalpa, 21 de julio

El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH) y Abogados sin Fronteras Canadá, como organizaciones sociales legalmente registradas en Honduras y con mandatos relativos a la plena realización de los derechos humanos en el país, nos dirigimos a ustedes en seguimiento a la comunicación pública de la lista de candidatos que han superado la fase de tachas, y, en particular a la situación del Fiscal Luis Javier Santos.

Las observaciones formuladas respecto a la situación del fiscal Luis Javier Santos, vienen ligadas a la existencia de una denuncia contra él por parte de la Procuraduría General de la República en relación con el caso Jeannete Kawas, donde el Fiscal Santos fue el único fiscal que logró orden de captura contra uno de los perpetradores del asesinato de la ambientalista. . Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de tal proceso, a la fecha el mismo no sólo carece de resolución, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación no habiendo sido siquiera emplazado para contestar la demanda el Fiscal Luis Javier Santos hasta el momento, lo que limita sus posibilidades de conocer de la acción y ejercer su derecho de defensa. En dicho expediente, más allá del cambio de representantes legales, la procuraduría no ha realizado ninguna acción de impulso procesal desde 2016 para emplazar a ningún otro demandado.

Dicha inusual duración del proceso no puede justificarse razonablemente en la complejidad de la causa o en la conducta procesal del investigado, constituyendo una demora principalmente atribuible a la actuación estatal.

Siendo el factor temporal un elemento clave de la garantía del debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el proceso iniciado contra el abogado. Luis Javier Santos podría representar una conculcación al derecho a una justicia pronta y eficaz reconocido por normas como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras hace propias y ha incorporado a su derecho interno.

Consideramos igualmente relevante para la valoración de la prolongada tramitación de la causa y, en último término, de su propia existencia, tomar en consideración las funciones de lucha contra la corrupción que viene desempeñando el fiscal Luis Javier Santos, como director de la UFERCO.

Los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que luchan contra la corrupción son frecuentemente objeto de procesos legales, incluyendo procesos penales, como lo han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Tales situaciones persiguen intimidarles y disuadirles del desarrollo de sus funciones y son frecuentemente realizadas por actores estatales o sus propios pares con el objeto de controlar su actuación, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Estos actos de violencia frente a los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción de estos operadores y operadoras de justicia, son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos“.


Como lo demuestra la experiencia de Guatemala, operadores de justicia que han asumido responsabilidades similares a las asumidas por el señor Luis Javier Santos en Honduras , han sido objeto de diferentes amenazas y represalias. Como parte de las mismas, se incluyen el uso indebido de recursos y herramientas legales como requerimientos, procedimientos disciplinarios y solicitudes de habeas corpus… , tal y como lo constató el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos.

La ausencia de cualquier resolución de fondo en la denuncia, la demora excepcional de su tramitación y la imposibilidad de poder testimoniar y ejercer su derecho de defensa en la misma por más de diez años, podrían llegar a constituir irregularidades relevantes que afecten la legitimidad de la misma y sugerir su naturaleza instrumental y política como herramienta de presión contra el abogado Luis Javier Santos por su actuación como fiscal responsable de la principal unidad de combate a la corrupción organizada en el país.

Ante tales circunstancias, y dado el riesgo que de que la exclusión del proceso del fiscal Luis Javier Santos represente una afectación grave irreparable no sólo a sus derechos a la presunción de inocencia y ocupar posiciones públicas sino, además, al derecho de la sociedad a contar con funcionarios públicos elegidos en función de mérito y por procesos transparentes.

Como organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos la reconsideración de la decisión relativa a la continuidad del fiscal Luis Javier Santos en el proceso de selección para la Fiscalía General de la República.

Fdo:
Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH):
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD);
Bufete Estudios para la Dignidad (BED),
Bufete Justicia para los Pueblos (BJP);
Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH);
Abogados sin Fronteras Canadá

CC: Isabel Albadalejo, Representante en Honduras de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos; y Comisión interamericana de derechos humanos

Ante próxima elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto ¿avanzaremos oretrocederemos como país?

  • A la Presidenta de la República, Xiomara Castro
  • A las magistradas /os de la CSJ
  • A los diputados /as al Congreso Nacional
  • A los y las fiscales del Ministerio Público
  • Al Consejo Ciudadano del Ministerio Público
  • A cada sector social que intervendrá en el proceso
    de selección del nuevo Fiscal General
  • A las comunidades, mujeres y colectividades que
    luchan por sus derechos
  • A la ciudadanía en general
  • A los medios de comunicación


¿Por qué presentamos esta propuesta?
Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”.
Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el
decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista
y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto
orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público
y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos
de corrupción pública.

Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un
cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los
expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando
finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se
compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de
nuestro pueblo.
Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la
dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria,
contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los
que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra
riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho.
Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya
la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año
fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir
en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público.
Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta
Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de
las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público
(MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad.
Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para
refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos
o retrocederemos como país?
Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la
espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y
gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal.
En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo
lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra
del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe
de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras
señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro
interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la
intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014
de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso
de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad
a la que por mandato legal le corresponde representar.
¿Qué pasó con el MP estos años?
¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?

Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta
Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de
los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y
en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos
y sus financiadores.
Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus
instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará
varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto.
La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés
oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El
Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado.
Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente
su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o
debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión
popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión
popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance.
En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas
jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era
demasiado peligrosa para la clase política.
La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios
que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a
reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue
liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema
de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar.
Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de
iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos.
Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175
lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros
de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes,
empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia.
Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama
Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra
fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta
barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan
a ser condenados.
La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son
constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen
organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el
país víctimas de desplazamientos forzados.
Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen
organizado.
En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para
que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan.
Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la
población.
La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de
fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los
intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a
recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan
los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el
caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores
de la impunidad para estos sectores.
Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos
jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves
como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras.
La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan
cuentas por sus acciones

Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera
cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la
agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a
una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio
Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos
de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%.
En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un
pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el
acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro
del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es
precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses
radicalmente contrarios a sus propósitos de creación.
El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado,
libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades
del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar,
defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y
eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación
de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la
aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y
cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución
y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar,
verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público.
así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido
cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6.
Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación
del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”.
Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En
el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto
en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma
que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera.
El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993
en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia
penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización
del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su
autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que
parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se
advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal
funcionamiento, ineficiencia y corrupción.
La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación
Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional,
manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha
convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más
del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el
2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su
función.
Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado,
acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e
investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el
debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen.
Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación
del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese
reclamo social de cambio.
Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP
para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política
necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su
mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas.
El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido
permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto.
La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la
credibilidad del sector justicia.
¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de
descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.

Nuestra propuesta de reforma
Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o
si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad ….

Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía
judicial.
En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará
la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que
asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP
sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad.
Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve
ejes fundamentales:

  1. La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén
    sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por
    supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien
    controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas.
    Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la
    confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento
    precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal,
    indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue
    diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal
    justo.
    La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus
    operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad.
    De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.
  2. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo
    más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados.
    La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra
    absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección
    Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien
    determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección
    en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente
    para fundamentar los requerimientos fiscales.
    Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público
  3. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación
    de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los
    mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos
    financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no.
    Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de
    Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan.
  4. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera
    haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos
    adscritos al MP.
  5. Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que
    defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender
    sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente.
    Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP
  6. Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente
    de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución
    verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para
    cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un
    órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas.
    Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los
    principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la
    producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.
  7. Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes
    trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia
    actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo.
  8. El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como
    la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de
    cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la
    práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen
    en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la
    oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
  9. Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso.
    Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus
    habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y
    respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para
    suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada.
    No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio
    Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir
    denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como
    acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las
    víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y
    transcurren perpetuamente en la impunidad.

¿A dónde queremos llegar con el MP?

Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo
ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio
Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los
próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de
reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de
justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las
necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada
debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir
el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.

Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional:
En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del
sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre
el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.


Tegucigalpa, Julio de 2023.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Bufete Estudios para la Dignidad

CARTA

Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023
Abogado
Félix Coca

Candidato a Fiscal General del Estado
Asunto: Remisión de propuestas de cambio
a la institucionalidad del Ministerio Público

Abogado Coca,
Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social
de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de
la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea
de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la
pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y
representativa de los intereses de la sociedad.
La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero,
asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores,
especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en
un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad.
Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos
fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía:
a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su
adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un
partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su
nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas.
b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un
compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que
seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo
que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar
de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura
que este cargo exige?
Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las
actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo
si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público
y si está dispuesto a asumirlos.
Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de
existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo
desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se
vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han
convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces,
policías y militares igualmente corruptos.
Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en
día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene
comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos
esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a
estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos
básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra
sociedad. Estos son:
a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo
de cualquier Fiscalía.
b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación
de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la
mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y
Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país.
c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la
conforman.
d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados
indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los
atentados contra defensores de los derechos humanos.
e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las
fiscales, como garantía para la sociedad.
f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP.
g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder
Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía.
h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso.
Abogado Coca,
Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP
para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos,
nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro
de la institución, tratan de cumplir su mandato.
Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente,
especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la
posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se
decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la
justicia.
Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su
alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más
cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal
General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere
al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de
rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los
hondureños/as.
Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera
permanente por nuestras organizaciones,

Atentamente,
Víctor Fernández Martín Fernández
Director del BED Coordinación General MADJ
Ileana Morales
Presidenta JD FUNDAMBIENTE

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUEPERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

  

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta
indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas
muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte
del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros
penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario
nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones
emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de
incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta
masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es
igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de
expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando
tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.


¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres
carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de
abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un
incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de
2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo
de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro
Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba
con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel
de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de
Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van
muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.


El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de
centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las
cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la
mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes
representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además,
demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera
desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la
población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.


Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de
militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia
técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se
Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias
que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno
de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe
optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al
igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y
desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad
diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad
de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en
Honduras.


Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la
responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este
tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran
discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el
reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe
deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.


A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y
nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas
en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo
sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se
comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los
dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.


Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo
doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

       El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.

       ¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.

       El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del  Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.

       Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al  gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.

       Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.

       A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.

       Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023