De la Plataforma Agraria del Aguán: Ministerio Público evidencia su compadrazgo e irresponsabilidad al no presentarse a la audiencia de dirigente campesino que exige el cese a la criminalización contra el campesinado

Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado

Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal  Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.

Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para: 

  1. Enfrentar y rechazar una abusiva acusación presentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas. 
  2. Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.

En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.

“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.

Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del  fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.

Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.

Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:

  1. El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
  2. Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
  3. El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
  4. Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
  5. Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.

Bloque Popular Campesino e Indígena

¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUEPERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

  

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta
indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas
muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte
del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros
penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario
nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones
emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de
incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta
masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es
igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de
expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando
tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.


¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres
carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de
abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un
incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de
2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo
de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro
Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba
con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel
de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de
Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van
muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.


El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de
centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las
cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la
mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes
representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además,
demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera
desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la
población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.


Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de
militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia
técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se
Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias
que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno
de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe
optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al
igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y
desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad
diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad
de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en
Honduras.


Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la
responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este
tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran
discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el
reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe
deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.


A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y
nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas
en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo
sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se
comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los
dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.


Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo
doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023