Boletín Informativo MADJ sptiembre 2024
Boletín MADJ Septiembre 2024 Final de Acssa Flores
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Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema
Tegucigalpa, Honduras.
Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.
Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.
El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.
“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.
El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.
Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.
El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.
“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.
Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.
Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.
“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.
Propuesta de trabajo para el Poder Judicial
En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ, en el que se detallaron las líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.
“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.
El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.
Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos
Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.
También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.
Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia
En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.
“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.
En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.
En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.
“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.
Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.
Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.
“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.
Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.
La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.
Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción
En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.
Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.
En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.
Los mártires de la resistencia popular:
Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.
Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.
El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.
Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.
Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.
El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.
LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN
Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.
Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.
Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.
La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.
Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.
¡Hasta la Dignidad Siempre!
Pese a sentencia, Estado Hondureño sigue en deuda con al menos 15 mil niños en condición de calle
San Pedro Sula, Honduras.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, desarrollaron este martes un foro denominado “La niñez y calle que sobrevive en calle continúa desprotegida” en donde se reveló que más de 15 mil niños y niñas continúan siendo vulnerados a pesar de que el Estado tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar derechos fundamentales a la población.
El equipo legal del MADJ/BED introdujo un amparo a favor de la niñez hondureña, recibiendo en el 2022 una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional.
El abogado Walter Díaz, integrante del BED, lamentó que la sentencia no se ha ejecutado y criticó que el Estado hondureño no cuente siquiera con un dato actualizado y real en donde se pueda identificar la cantidad de niños que se encuentran sobreviviendo en condición de calle.
Juan Mejía, integrante del MADJ, manifestó que existen al menos unos 15 mil niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Lamentó además que miles los niños y niñas hondureñas son además víctimas de asesinatos, abuso sexual, condiciones de extrema pobreza y otras violencias. Señaló que muchos de los niños están siendo orillados a abandonar el país.
“No queremos que a estos 15 mil niños se les interne y se les mate”, dijo Mejía, que puso como ejemplo a dos niños que fueron asesinados y torturados en centros de detención de menores.
Mejía criticó también la poca respuesta a la salud mental de la población menor en Honduras. “En una Honduras en donde solamente hay 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, difícilmente se pueda pensar en que se va a atender a un sector como la niñez”, sostuvo.
Ileana Morales, presidenta de FUNDAMBIENTE, subrayó que a nivel presupuestario se entendería que la niñez se vuelve una prioridad cuando su nuevo ente rector, la SENAF, tenga el presupuesto que corresponda, sin embargo durante el 2024 y en la propuesta de presupuesto para el 2025 sigue teniendo el mismo monto que se manejaba cuando era DINAF, unos 230 millones de lempiras de los cuales el 90 por ciento es para cubrir sueldos y salarios.
Víctor Fernández, director del BED, manifestó que el Bufete se suma a la conmemoración del Día del Niño haciendo una reflexión crítica que tensione al gobierno para que pase del discurso a los hechos concretos que protejan los derechos de la niñez, especialmente en condición de calle.
Fernández dijo que el amparo fue presentado porque existe una emergencia en el tema de la niñez, Honduras está en deuda con la niñez, la sentencia confirmó que a la niñez en condición de calle se le violentaron todos sus derechos, en especial su derecho a la vida y a la integridad.
“No queremos dudar de las buenas intenciones de los tomadores de decisión, de los que tienen por política institucional de velar por los derechos de la niñez… pedimos al Poder Judicial que controle decisiones del Poder Ejecutivo”, expusó Fernández quien concluyó que en este Día del Niño y la Niña no podemos celebrar que en las calles de Honduras no exista un solo niño o una sola niña en la calle…lograr esto sería un verdadero avance social para Honduras.
¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:
- Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son. - Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
vigente con EEUU. - Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
extradición. - Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
Hernández y su estructura. - Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
organizado. - Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico. - Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia. - Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
obliguemos a hacerlo.
Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.
San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024
Afectados de 4 continentes deciden construir el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática
Con más de setenta representantes de diversos movimientos populares que organizan y apoyan a las poblaciones afectadas en el continente americano, de África, Asia y Europa, se realizó en La Habana, Cuba, una importante reunión para impulsar el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y por la Crisis Climática, que ocurrirá en noviembre de 2025 en Brasil. El Encuentro se llevará a cabo en paralelo a la COP 30, en la Amazonía brasileña.
En esta etapa, las jornadas incluyeron mesas de trabajo, estudios, intercambio de experiencias, debates y definiciones estratégicas que el Movimiento de Afectados (MAR) debe cumplir hasta el próximo Encuentro Internacional de Afectados. La delegación internacional también participó, junto a diversas autoridades del país, en el acto de conmemoración del 26 de julio durante el 71° aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el municipio de El Cotorro, provincia de La Habana. Además, realizaron diferentes recorridos y visitas a experiencias productivas y culturales, con el objetivo de enriquecer conocimientos e intercambiar aprendizajes.
La Coordinación Provisional del MAR destaca que este encuentro de representantes de 4 continentes fue una reunión histórica, pues inaugura un amplio y democrático proceso de preparación para el IV Encuentro Internacional de Afectados y fortalece importantes puntos de unidad para que las poblaciones afectadas por represas, por los crímenes socioambientales, y por la crisis climática, se constituyan como un sujeto internacional relevante, ya que todos los pronósticos indican que millones de familias podrían verse afectadas por estos fenómenos extremos en los próximos años.
Los casos de crímenes ocurridos en Mariana y Brumadinho en Brasil, las grandes inundaciones en África y Asia, así como las olas de calor extremo y sequías en Europa y la Amazonía son grandes preocupaciones para las poblaciones afectadas. Para mitigar estas consecuencias y construir verdaderas soluciones, solo será posible con nuevos paradigmas sociales y un mayor protagonismo de las poblaciones afectadas, en lo que confía la Coordinación del MAR.
Marilin Peña Pérez, educadora popular, miembro del MAR y del Centro Memorial Martin Luther King, destaca que el hecho de que Cuba sea el país anfitrión de este evento pone de manifiesto “la solidaridad internacional en un presente de enormes desafíos para nuestro país” y demuestra que Cuba sigue siendo un faro de inspiración revolucionaria y de resistencia para todos aquellos que creen que es posible construir sociedades basadas en la justicia social.
En palabras de Érika Mendes de Mozambique, Irene González y Lucía Aller de España: Participar en este espacio intercontinental como es el MAR nos ha formado mucho y también nos ha hecho crecer como movimiento desde la perspectiva de organizar un encuentro europeo y africano para conocer las luchas del territorio, partiendo de la participación colectiva de la masa crítica y de los movimientos populares y la importancia de la solidaridad internacionalista. Seguimos movilizándonos por la justicia ambiental, social, económica, climática y la soberanía de los pueblos. ¡La lucha continúa!
El desafío asumido por todos los participantes fue persistir y ampliar la organización de las poblaciones afectadas en todos los continentes para construir un fuerte movimiento internacional.
Contacto: equipocomunicacionmar@gmail.com
ENCUENTRO NACIONAL DE TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES EN LUCHA CONTRA LA MINERIA
CONTRA LA MINERIA
“Contra la minería, contra el extractivismo, por la vida, por la justicia y la soberanía territorial”
Nosotros y nosotras, organizaciones en lucha contra la minería y el extractivismo, reunidas en la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Nos autoconvocamos desde La Paz, Yoro, Cortes, Santa Barbara, Atlántida en encuentro nacional del 02 al 04 de agosto de 2024, para celebrar la lucha victoriosa del Sector Florida, articularnos, fortalecernos y reafirmar nuestro compromiso por Honduras en favor de la vida.
Compañeros, compañeras y sociedad:
NUESTRA LUCHA contra la Minería es la lucha por la vida, por la soberanía, comunitaria, territorial y nacional; es contra un modelo económico Político y cultural generador de muerte, dolor y sufrimiento que convierte nuestros bienes comunes y nuestra gente en mercancía; motor de pobreza y desigualdad. Por eso, NO entrará en nuestros territorios ningún proyecto de muerte, ni una concesión más.
CELEBRAMOS el triunfo popular organizado de las 16 comunidades del sector Florida Tela sobre sobre cuatro proyectos mineros, expresión del sistema capitalista opresor y violento. Su triunfo es clave para las luchas territoriales de Honduras y la región. Con ustedes hemos vencido, vencemos y venceremos.
NOS DECLARAMOS en contra de toda iniciativa económica y política que privatice, saquee y explote nuestras riquezas, que empobrezca a nuestros pueblos y divida nuestras comunidades y familias. Nosotros apostamos por un desarrollo integral comunitario y popular que respete la vida en todas sus formas, nuestras cosmovisiones, nuestra madre tierra y nuestra propia forma de organización comunitaria y social.
RECONOCEMOS en la espiritualidad el motor de nuestros procesos, pues la auténtica fe es aquella que nos compromete a repudiar la injusticia, el abuso y la miseria movilizándonos a transformar el mundo para que todos y todas tengamos vida en abundancia con justicia y dignidad. Nuestra militancia y compromiso social se alimenta en la fe, la religión y espiritualidad.
ANIMAMOS a todos los territorios, comunidades y organizaciones en el territorio nacional a permanecer movilizados, recuperar espacios y asumir la movilización como herramienta efectiva para revertir el extractivismo, la minería, el atropello y la impunidad. Las calles siempre serán siempre nuestras trincheras y nuestras escuelas.
ACORDAMOS avanzar nivel nacional como frente anti minero junto al Movimiento Popular y Social hondureño [MPSH], para articular las luchas en todo el pais y construir desde la base, la alternativa que nuestro país necesita. Avanzaremos desde nuestra autonomía de acción para el bien de todos y todas. ¡Solo unidos/as, solo juntos/as podremos avanzar!
LLAMAMOS al gobierno central, los gobiernos municipales y diputados, a desandar el camino de las excusas y las negociaciones con los enemigos del pueblo. Exigimos coherencia y respetos a los procesos populares y comunitarios. Refundar este país no es posible sino estamos nosotros » el pueblo» como el centro.
Compañeros y compañeras, proclamamos un nuevo tiempo para avanzar con ánimo renovado, con urgencia y sin demoras hasta ver nuestros territorios y toda nuestra Honduras liberada de los males estructurales.
Dado en Nueva Esperanza, Sector Florida, Tela, Atlántida, territorio libre de minería.
¡Del 2 al 04 de agosto de 2024! ¡Toda mina contamina! ¡Honduras sin minería vale más! ¡Agua, tierra territorios y energía no son mercancía!
Boletín Informativo MADJ Julio
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Boletín semetral: El accionar del MADJ durante la primera mitad del 2024
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