Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Organizaciones presentamos acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que restringe y discrimina la participación política en el marco del extractivismo y el uso de poderes de emergencia en Honduras

La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, OFRANEH, COPINH, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.

Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).

También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.

Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.

Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente  y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.

A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.

¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas

y no una herramienta más para el saqueo!

La resurrección es vida cuando los pueblos se unen y resisten a la muerte

A los integrantes del Movimiento Amplio y al pueblo hondureño que confiesa la fe cristiana el MADJ les desea felices pascuas de resurrección, sobre todo para los Núcleos Comunitarios y comunidades en resistencia que se resisten a morir junto con sus ríos, bosques y montañas. La resurrección del carpintero de Nazaret ha demostrado que la muerte nunca tiene la última palabra.

Los signos de muerte sobreabundan. En este momento el Banco Interamericano de Desarrollo junto a empresarios voraces, militares y funcionarios corruptos intenta despojar a las comunidades de Atlántida de sus bienes naturales. En el pueblo Tolupán los madereros condenan a muerte a las familias indígenas al saquearles sus bosques, secar sus fuentes de agua y destruir la biodiversidad de sus territorios. En Copán la empresa minera MINOSA continúa destruyendo las comunidades del municipio de La Unión. Es ahora cuando el profetismo social y revolucionario de Jesús de Nazaret es ejemplo vivo que nos mueve a luchar incansablemente por defender las vidas de nuestros pueblos  protegiendo todo aquello que nos permite vivir.

Jesús, nuestro Compañero Dios Resucitado, denunció a los criminales de sotana, ladrones biblia en mano, funcionarios corruptos, personas avarientas y demás seres perversos de su mundo. Jesús perteneció al pueblo rebelde en defensa permanente de la vida y la dignidad de toda persona. Siempre fue más allá de los convencionalismos religiosos, políticos, jurídicos, sociales e imperiales que por siglos han obligado a los pobres a callar y someterse pacientemente a los caprichos de los poderosos.

A su Comunidad en Resistencia Jesús la llamó “Pueblo de Dios”. Resistían a todo mandato que fuera en contra de la dignidad de las personas y violentara la justicia de sí mismo y del prójimo. En ella había mujeres, niños y niñas, ancianos, pescadores, jóvenes, agricultores y pastores, y todos eran iguales y tenían los mismos derechos y deberes. Ahora nos sentimos convocados desde los Núcleos Comunitarios a fortalecer nuestras Comunidades en Resistencia sabiendo que la experiencia de resurrección toma rostros concretos en nuestras luchas.

Resucitemos como Movimiento Amplio con nuevos dinamismos, nuevas fuerzas, con nuevas iniciativas dignas y humanizadoras de nuestras comunidades, venciendo todo aquello que signifique despojo y muerte para nuestros pueblos y territorios.

El Movimiento Amplio, aun siendo una organización sin credo religioso o político partidista oficial, reconoce la valiosa participación de hombres y mujeres, de manera especial nuestros mártires, que movidos por su espiritualidad cristiana lucharon comunitariamente reafirmando el derecho a la vida con dignidad y justicia para todo ser humano. Resucita Jesús-Ramón Fiallos en las comunidades de Jilamito y Atlántida defendiendo el derecho a la dignidad de todo ser humano. Resucita Jesús-Enriqueta, Jesús-Ricardo, Jesús-Armando, Jesús-Salomón, Jesús-Samael, Jesús-Milhem en el pueblo Tolupán defendiendo la Creación sustentadora de la vida del pueblo Tolupán. Son estos compañeros y compañeras creyentes que desde su fe hacen posible sentir la experiencia del Resucitado en nuestros territorios.

¡Jesús resucita en jilamito, en Pajuiles, en Lombardía, en el sector Florida, en San Juan, en Azacualpa, en Locomapa y en las 31 tribus del pueblo Tolupán!

Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

De la corrupción sistemática, al desastre natural.

El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.

El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.

En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.

Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.

El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.

Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.


Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

Abastecer de alimentos en 24 horas a tribu tolupana ordena juzgado por amparo

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.

Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.

Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.

También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.

El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.