No más despojo, no más criminalización, no más asesinatos exige el Bloque Popular Campesino e Indígena.

La caminata en defensa de la tierra y el territorio convocada por el Bloque Popular Campesino e Indígena duró aproximadamente 12 horas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, a donde organizaciones indígenas y campesinas nos dimos cita para seguir ejerciendo nuestro reclamo por el derecho a la tierra y el territorio.

El recorrido tuvo varias estaciones en las cuales plasmamos nuestras exigencias ante tanta indiferencia y parcialización del actual gobierno y sus instituciones. Iniciamos nuestra jornada desarrollando un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia donde presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra algunas leyes que fomentan el latifundio y permiten el despojo a los campesinos e indígenas de sus tierras y territorios y que son contrarias a la Constitución.

Seguidamente nos movilizamos a Casa Presidencial a donde la política gubernamental sigue siendo esconderse y no dar soluciones a los problemas del pueblo, allí se esperaba que la Presidenta Xiomara Castro atendiera a las organizaciones que de más de 12 departamentos nos habíamos movilizado para exigir respuestas ante las acciones de la fallida Comisión Nacional de Seguridad Agraria. Nuestra petición no fue escuchada.

Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) donde al igual que en Casa Presidencial no se quería recibir el reclamo campesino e indígena que exige respuestas a los más de 40 desalojos perpetrados hasta hoy y la parcialización que esta institución tiene para con los empresarios a nivel nacional, el Bloque Popular Campesino e indígena exigió la renuncia de quienes están al frente del INA, cerramos nuestra visita a instancia con el acuerdo de sostener una reunión entre ambas partes en los próximos días.

Nuestra cuarta estación fueron los Juzgados de Jurisdicción Nacional, lugar a donde la justicia hondureña está incoando los procesos de criminalización contra los campesinos e indígenas de Honduras acusándoles de delitos que figuran en el Código Penal aprobado durante el último año de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (decreto 93-2021), este Código Penal tiene al menos dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la actual Corte Suprema de Justicia interpuestos por varias de las organizaciones integrantes del Bloque Popular Campesino e Indígena.

Esta movilización también sirvió para desarrollar nuestra jornada de solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente los masacrados por la defensa de su territorio, nuestra quinta estación fue frente a la Embajada de los Estados Unidos a donde exigimos un alto al genocidio contra el pueblo Palestino, exigimos un alto a la injerencia norteamericana en los temas internos del país y demandamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Cerramos nuestra movilización en los bajos del Congreso Nacional a donde los territorios recordamos que las comunidades no han olvidado que “fuimos, somos y seguiremos siendo la verdadera resistencia de Honduras, resistimos a la criminalización, resistimos al despojo, resistimos a los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, resistimos a la indiferencia de este y otros Gobiernos, resistimos todo” cerró diciendo la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional El Progreso organización integrante del Bloque Popular Campesino e indígena.

Bloque Popular Campesino e Indígena

¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUEPERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

  

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta
indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas
muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte
del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros
penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario
nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones
emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de
incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta
masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es
igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de
expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando
tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.


¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres
carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de
abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un
incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de
2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo
de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro
Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba
con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel
de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de
Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van
muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.


El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de
centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las
cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la
mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes
representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del Estado y, además,
demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera
desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la
población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.


Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de
militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia
técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se
Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias
que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno
de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe
optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.
Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al
igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y
desesperación. Sin embargo, demandamos también al gobierno evite desviar su responsabilidad
diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad
de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en
Honduras.


Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la
responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este
tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran
discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el
reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe
deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.


A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y
nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas
en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo
sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se
comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los
dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.


Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo
doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

ESTAMOS HARTOS DE TANTAS MATANZAS DE PERSONAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA DEL ESTADO DE HONDURAS

       El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en conjunto con el Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para el Desarrollo y el Medio Ambiente manifestamos nuestra más absoluta indignación ante la nueva masacre de más de 41 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara; unas muertas por el incendio y otras acribilladas a tiros. Deploramos la falta de responsabilidad de parte del Estado de Honduras por garantizar la vida de la población carcelaria de los diferentes centros penales. Desde el 1 de marzo de 2022, el gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo PCM 03-2022. Sin embargo, el impacto que las acciones emprendidas o atenuadas ha tenido en vidas, tiempo y recursos desperdiciados no es un asunto de incumbencia limitada a la secretaría de Seguridad, sino responsabilidad general del gobierno y esta masacre en el penal de Támara sólo es parte del fracaso que se tiene en materia de seguridad. Y es igualmente responsable el Poder Judicial por mantener en eterna mora una enorme cantidad de expedientes judiciales, cuya resultante es el hacinamiento de los centros penales facilitando tragedias masivas como la ocurrida en Támara y muchas más.

       ¿Hasta cuándo dejarán de repetirse estas masacres? Entre 2003 y 2023 las diferentes masacres carcelarias han consumido la vida de 648 personas y otras 252 heridas y con daños físicos. El 5 de abril de 2003 mueren 69 reclusos en la cárcel de El Porvenir, Atlántida. El 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula acaba con la vida de 107 reclusos. El 5 de enero de 2006 una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara ciega la vida de 13 reclusos. El 3 de mayo de 2008 otra masacre arroja 18 muertos. El 14 de octubre de 2011 de nuevo en la cárcel de San Pedro Sula fallecen 9 reos. El 14 de febrero de 2012 un incendio provocado en la cárcel de Comayagua acaba con la vida de 360 presidiarios. El 29 de marzo del mismo año otro incendio provocado en la cárcel de San Pedro Sula provoca el fallecimiento de 13 reclusos. El 20 de diciembre de 2019 en la cárcel de Tela mueren 18 presidiarios en una reyerta. Y, ahora, 20 de junio de 2023, al menos 41 mujeres van muriendo en la penitenciaría de Támara entre el incendio y disparos de armas de fuego.

       El Estado de Honduras no aprende de sus repetidos errores en materia de gestión humana de centros penitenciarios. No ha hecho caso a los diferentes llamados a atender con seguridad a las cerca de 22 mil personas recluidas en estos centros penitenciarios, de las cuales un poco más de la mitad, 53.7%, solamente cumplen prisión preventiva. De ahí que estas masacres recurrentes representan el fracaso de la política de reinserción social obligatorio por parte del  Estado y, además, demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública frente al crimen organizado que aún opera desde dentro. Pese a haberse construido sendos y multi millonarios complejos carcelarios, la población recluida continúa viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria.

       Tanto las oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH/OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, han señalado insistentemente las debilidades del Estado en gestión carcelaria, como ser el proceso de militarización de las cárceles, a la vez que han expresado sus intenciones de apoyo en asistencia técnica para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero el Estado se Honduras se empecina en continuar manejando las cárceles con estructuras de dirección carcelarias que más bien fomentan la ocurrencia de más y más masacres. Y es que la opción viciada del gobierno de decantamiento hacia enfoques de seguridad nacional ha demostrado ser un fracaso y se debe optar por una visión popular, garante de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Reconocemos que las estructuras criminales de maras y mafias con poder político y económico al igual que la narcoestructura corrupta y apátrida desean llevar al pueblo hondureño al caos y desesperación. Sin embargo, demandamos también al  gobierno evite desviar su responsabilidad diciendo que esto es parte de una campaña de desestabilización; sino que reconozca la incapacidad de cortar el sistema de corrupción que gobierna el sistema penitenciario y la institución armada en Honduras.

       Enmedio del dolor que hoy sufren estas familias, el gobierno está obligado a asumir la responsabilidad de definir una verdadera política penitenciaria que garantice la no repetición de este tipo de hechos y cualquier trato inhumano a personas detenidas y presas; que nunca más sufran discriminación y maltrato personas privadas de libertad producto de persecución política como en el reciente pasado de la narcodictadura. Asimismo, el Estado, cada vez que sea condenado, debe deducir responsabilidades en los encargados de estas funciones.

       A las familias dolientes sumidas en angustia y desesperación expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las exigencias de justicia para las mujeres que hoy les han sido arrebatadas sus vidas en Támara. Y ofrecemos desde ya nuestro concurso para apoyarles con un enfoque jurídico sobre lo sucedido para que el Estado de Honduras se responsabilice por haber permitido esta tragedia, se comprometa a castigar a los funcionarios culpables de la misma y proceda a reparar y resarcir los dolores, daños y privaciones a los familiares de las víctimas.

       Con dolor, pero también con dignidad y solidaridad, estamos con ustedes familias y pueblo doliente.

San Pedro Sula. 21 de junio de 2023

En el 15 aniversario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia:

PROCLAMA DEL MAYO POPULAR

El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.

La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.

En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.

La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.

En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:

1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.

2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.

3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.

4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como un privilegio al servicio de la dignidad.

5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.

6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.

15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:

A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.

B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.

C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.

D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.

E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.

F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.

G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño

H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.

I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.

J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.

Compañeros y compañeras,

El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.

24 de mayo de 2023.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Seminario Internacional “Alternativas Energéticas Populares”

30 de marzo de 2023

Tegucigalpa, Honduras

La vulnerabilidad de Centroamérica de sufrir los estragos del cambio climático global y de la

variabilidad de precios de los energéticos, en especial la tarifa eléctrica que depende del precio

internacional del petróleo, sitúa a Honduras en la necesidad de actuar con celeridad en la

transformación del modelo energético prevalente por medio de un proceso de construcción de

iniciativas populares como parte fundamental de la Transición Energética Justa en el que la

participación de las comunidades, las organizaciones sociales, academia y sindicatos se hace

necesario y urgente.

Es así que tras una jornada intensa de intercambio de conocimientos entre organizaciones de

Honduras y otros países del MAR como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba y Chile donde

se ha trabajado por la construcción de un modelo energético popular y de diálogo con

representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, el Alcalde de

Arizona, Carlos Chacón y la Congresista de la república, Ligia Ramos, concluimos y afirmamos

que:

➢ La necesidad de transformar el modelo energético corresponde a la necesidad de

garantizar que el 19% de la población hondureña tenga acceso a la energía como bien

común y atender el modelo ineficiente que hoy tiene más del 38 % de pérdidas.

➢ Confiamos en los proyectos alternativos populares que atienden de manera efectiva las

necesidades de los pueblos.

➢ Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno por desmercantilizar el sector eléctrico,

iniciativa que respaldamos y abrazamos. Se debe revertir lo que le pertenece al pueblo.

➢ Se debe democratizar el modelo energético. Debemos debatir entre todos los sectores

la transmisión, la distribución y la generación. Ocupamos participación para que los

pueblos decidan su futuro.

➢ Otro modelo energético si es posible y ya se está construyendo porque tenemos la

voluntad, la sabiduría y la organización comunitaria.

➢ Ese modelo energético popular se basa en la soberanía, la autonomía y las necesidades

reales de los pueblos.

➢ Nuestra lucha también es por una tarifa justa de la energía y la garantía de establecer

un mínimo vital de energía como lo estableció el proceso constituyente en Chile.➢ Demandamos la revisión de todas las concesiones de nuestros bienes comunes y

naturales y de ser encontradas irregularidades en sus adjudicaciones urgimos la

suspensión y cancelación.

➢ Solicitamos desde nuestros territorios que se empiecen a crear las bases para una

asamblea nacional constituyente que nos permita crear y tener un nuevo pacto social

construido desde los pueblos y comunidades.

➢ Reconocemos la diversidad de nuestras resistencias, que somos muchas voces y

experiencias y nos comprometemos por seguir tejiéndolas y juntándolas como ríos en

el MAR. Seguiremos avanzando en el proceso de articulación e internacionalización de

nuestras luchas.

➢ Nos autoconvocamos para el IV Encuentro Mundial de Comunidades Afectadas por

Represas que tendrá lugar en la Amazonía Brasileña en 2025.

Seguimos en resistencia en salvaguarda de los derechos comunes, la lucha por la dignidad

del pueblo cubano y la defensa de la democracia del pueblo peruano nos siguen anunciando

la necesidad construir autonomías en las que la energía es el elemento central.

¡Mujer, Agua y Energía: no son mercancías!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!

VICTORIA POPULAR TOLUPÁN: NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE TRIBU EN SAN FRANCISCO LOCOMPA

COMUNICADO PÚBLICO

Por este medio la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, del municipio de Yoro, departamento de Yoro, hace del conocimiento a las instituciones gubernamentales, entidades públicas y privadas, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo Tolupán y a la población en general, lo siguiente:

  1.  La Asamblea Tribal de la tribu San Francisco de Locomapa (en adelante TSFL), en el año 2011 eligió al señor José Alberto Alonzo Vieda presidente del Consejo Directivo para un periodo vigente de dos años. Sin embargo, pese a que el mandato de la asamblea tribal sólo le facultó para ejercer sus funciones hasta el año 2013, este se mantuvo ejerciendo la representación de la tribu de manera inconsulta e ilegal, violentando la voluntad de la asamblea y negándose a convocar a las comunidades para elegir nuevos representantes.
  • Que durante esta década en que se mantuvo de facto el señor José Alberto Vieda, en confabulación con la junta directiva corrupta de la FETRIXY, empresas madereras, mineras, fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios judiciales, ejecutaron actos de violencia, violación de derechos, saqueo y enajenación del territorio ancestral y asesinatos de compañeros indígenas que se opusieron a sus prácticas corruptas.
  • Que la anterior administración del Consejo Directivo de Tribu siempre benefició a un reducido grupo de indígenas a costa de la riqueza de la tribu, mientras que el resto de nuestros hermanos y hermanas han vivido en condiciones de pobreza y miseria.
  • Pese a las solicitudes realizadas por miembros de la tribu para convocar a elección del Consejo Directivo y recibir respuestas negativas, la Asamblea General en un ejercicio legitimo de autodeterminación de su pueblo decidió convocar a todas las comunidades indígenas tolupanes para elegir a sus nuevos representantes del Consejo Directivo de Tribu.
  • Es así que, reunidos las y los asambleístas en la comunidad de Cabeza de Vaca 2 el domingo 26 de marzo de 2023, se procedió a elegir al nuevo Consejo Directivo de la TSFL para el periodo vigente del 26 de marzo de 2023 al 26 de marzo de 2025. Quedando conformado el Consejo Directivo de la siguiente manera:

Presidente: Ramón Santiago Matute.

Vicepresidenta: Rosa Adilia Vieda.

Secretaria: Yuma Lizzeth Gutiérrez Soto.

Tesorero: Ojer Neptalí Ávila Romero.

Fiscal: Luis Mario Vieda.

Vocal 1: Celso Alberto Cabrera,

Vocal 2: Oscar Armando Vieda Romero.

  • Por tanto, cualquier acción administrativa, judicial y contractual que realice el señor José Alberto Alonzo Vieda en nombre de la TSFL carece de legalidad y será objeto de nulidad, por actuar fuera del mandato de la asamblea tribal.
  • El Consejo Directivo de la TSFL reafirma su compromiso por la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de la tribu San Francisco de Locomapa, así como la protección de los bienes y recursos comunes. Y nuestra gestión se compromete a actuar en apego a los deberes y derechos que nos competen como pueblo indígena en el marco de los deberes y derechos contenidos en la Constitución de la república, así como el Convenio 169 de pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Honduras.

San Francisco de Locomapa, Yoro, Yoro. 26 días del mes de marzo de 2023

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO TOLUPÁN DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA

Agua para la vida y no para el capital nacional y extranjero

¿Qué queremos hacer con nuestras fuentes de agua en Atlántida?

Este mes de marzo, en el marco del Día Mundial de Acción por los ríos y el Día Mundial del Agua desde nuestra memoria viva y el compromiso presente de nuestros pueblos, comunidades y territorios, actualizamos la decisión impostergable de resistir de manera colectiva, soberana y propositiva ante el modelo económico y político ,basado en la acumulación por desposesión, ecocida y empobrecedor; movidos por la justicia del libre acceso al agua para beneficio de todos y todas como derecho humano y principio del bien común.

Avanzaremos en nuestro trabajo organizativo, formativo y político para declarar los bienes hídricos 1del departamento de Atlántida para consumo humano y bien común y no para el voraz capital. Nos enfocaremos en declarar zonas productoras de agua para consumo humano a perpetuidad. Nuestros territorios serán los administradores para garantizar su democratización y acceso equitativo para todos y todas. Involucraremos en nuestra propuesta departamental de agua a organizaciones, patronatos, juntas de agua, iglesias, alcaldías, la institucionalidad estatal y colectivos para que de manera articulada ejerzamos la soberanía y la autoderminación sobre los bienes comunes naturales, en especial el agua.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos, constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

El agua es elemento vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares 1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el grupo financiero CME.

Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y ausente en las periferias y zonas rurales. Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias, mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio.

En casi todo el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.

En el departamento de Atlántida existen municipios como Esparta donde, a pesar de tener varias fuentes de agua, más de un tercio de sus comunidades sufren sequía, mientras el Grupo Terra se lucra del rio san Juancito para generación de energía eléctrica. El inadmisible que en sectores como el Porvenir la contaminación del agua por venenos agroindustriales utilizados en las piñeras y la palma africana, este acabando con la vida acuática y de la reserva de vida silvestre. Además, Pico Bonito y la Sierra nombre de Dios están siendo devastadas por la deforestación, el avance de la palma africana y la ganadería sin que las autoridades competentes implementen políticas y protocolos de protección. En el Municipio de Tela las plantas extractoras de aceite de palma contaminan ríos, riachuelos, lagunas y playas con desechos tóxicos, hasta el momento estas acciones permanecen en la impunidad.

En Arizona y la Másica donde operan centrales hidroeléctricas en las principales fuentes de agua que por años protegieron las comunidades, mientras sus dueños generan ganancias millonarias anuales, a los municipios y las comunidades les dejan migajas, ruina, saqueo y pobreza.

El rechazo por la privatización del agua, desde la organizaciones populares y comunitarias como el MADJ son acciones que se unen a la demanda global de colectivizar este bien natural común, para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.

Nosotros como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, desde los territorios organizados en el departamento de Atlántida hemos enfrentado la oleada y avance del capital transnacional que a través del extractivismo, la minería, las hidroeléctricas, las térmicas y los monocultivos han pretendido la privatización del agua, su mercantilización y explotación para la generación de capital y no como bien común.

El modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua. La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, ha generado dentro de nuestras comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa. Nuestro territorio organizado en defensa de los bienes comunes se suma a las exigencias y propuestas colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital. Somos parte de los miles de personas comprometidas, que dedican su vida y esfuerzo en defender el agua, la vida, el territorio para el sostenimiento de la vida, desde una posición política radicalmente asentada en el bien común, enfocada en garantizar el agua como derecho humano para los pueblos y no para el capital.

¡Los bienes hídricos de Atlántida y de Honduras serán para consumo humano y no para el capital!

Señora Presidenta… en sus manos esta la decisión de frenar la masacre de campesinos en El Aguan…

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) condenamos el vil asesinato del compañero Santos Hipólito Rivas, líder y defensor campesino, fundador de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez y de su hijo Javier Riva; acto consumado el pasado domingo 12 de febrero de 2023, en Ilanga, Trujillo, Colon.

Tan vergonzoso acto criminal nos indigna y llena de luto, nuestra solidaridad, nuestro reclamo de Justicia lo elevamos junto a ustedes compañeros y compañeras de lucha de La Plataforma Agraria y COPA, familiares, amigos y cooperativistas. Ante lo ocurrido nos pronunciamos en los términos siguientes:

  1. Santos Hipólito Rivas era miembro activo en la reivindicación de los derechos de los campesinos por la recuperación de la tierra de la reforma agraria. Debido a su compromiso sufrió agresiones y amenazas a su vida e integridad personal, producto de ello, desde el 28 de marzo de 2019 contaba con medidas de protección interna del Mecanismo de Protección. El estado de Honduras tenía la obligación de proteger su vida. ¿Quién lo asesino? O ¿Este caso pasará a engrosar la enorme lista de personas asesinadas sin que sus victimarios sean castigados por la justicia de la nación?
  2. A la institucionalidad impartidora de justicia le exigimos investigación inmediata de los móviles y aplicación de justicia. Basta ya de su papel servil y cómplice ante los poderes agroempresariales que usurpan las tierras campesinas del valle del Aguán, quienes desde la década de los ochentas hasta la fecha son los responsables del derramamiento de sangre campesina. Ante el crimen del compañero Santos Hipólito Rivas y todos los crímenes cometidos contra los campesinos en El Agua actúen de oficio, cumplan con su obligada responsabilidad.
  3. Recordamos al Estado de Honduras y al gobierno de Xiomara Castro que este es el Séptimo asesinato de líderes campesinos en el transcurso de dos meses, bajo un acuerdo firmado en febrero de 2022 y bajo la responsabilidad de un gobierno que se supone del pueblo y que enarbola la bandera de la refundación de la patria. NO existe gobierno, ni patria ni refundación sin justicia ¿Quién decide el destino del Aguan, el Estado o un grupo criminal? Garantice con hechos concretos la vida y la integridad de las familias campesinas.
  4. Denunciamos a los empresarios responsables directos de la crítica situación criminal del Bajo Aguán. Si la narco-dictadura tuvo capacidad para movilizar tantos efectivos militares y policiales para proteger las fincas privadas ¿Porqué el gobierno de la refundación no puede frenar la persecución, los asesinatos y la violación de derechos humanos que perpetúan los agroindustriales y sus bandas de matones que operan en la zona con total impunidad?

 Hacer Justicia a Santos Hipólito Rivas y demás compañeros campesinos asesinados debe ser la muestra más palpable de su voluntad por devolverle al país su rostro de dignidad.

¡Justicia para Santos Hipólito Rivas!

San Pedro Sula, a los 13 días del mes de febrero de 2023

Conducción Política Nacional del MADJ

De cara a la elección de magistrados /as en la CSJ: Se impuso la corrupción y la impunidad en el Congreso Nacional

No cabe duda que en la recta final del proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia se volvió a imponer la dupla criminal de la corrupción y la impunidad.

Volvemos a presenciar, en el marco de un gobierno cargado de esperanzas, un espectáculo vergonzoso, que, a un día de vencerse el plazo para la instalación de la nueva CSJ, de lo único que habla es de la distribución de cuotas de poder, entre los partidos políticos y al interior de las facciones de cada uno de estos.

A escasas horas de instalarse el pleno, podemos constatar que es una elección en clave política y de poder, no de derecho ni de sociedad. De hecho, como lo analizamos internamente en nuestras organizaciones, la Corte Suprema de Justicia es la batalla política que decidirá en buena medida el rumbo del gobierno de Manuel Zelaya, ni siquiera de Xiomara Castro, y menos de la justicia en Honduras.

La negociación de esta Corte pondrá “en orden” la relación de poder con el Partido Nacional, Liberal y del Salvador de Hondurasy sus liderazgos corruptos, y por supuesto,  con los dueños económicos del país. Eso es lo que se juega en esta elección.

De cara a la población, el Congreso lo que nos ofrece son temas distractores, como la reciente propuesta de nombramiento de seis magistrados/as suplentes, una acción que simplemente es imposible legal y constitucionalmente y que si se hiciera sería una prueba más de los contundentes niveles de impunidad que se están negociando.

¿Señores y señoras de la Junta Nominadora ustedes qué dicen sobre estos puntos … ya no tienen, o no quieren decir nada?

Es difícil encontrar posturas contrapuestas a esta “lógica de negociación” en el Congreso. Todos, hasta los que dicen tener posiciones más independientes apelan a tener uno o tres magistrados/as que “representen y defiendan sus intereses”, que “sean abogados de nuestra confianza” o “que sean fieles militantes de nuestro partido” … entonces, ¿cuáles son esos intereses, a quién o a quiénes representarán estos nuevos funcionarios judiciales? Con seguridad a los intereses de la población y de la patria no.

Por eso hoy – señores y señoras diputados -, los 15 espacios territoriales, junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad, que hemos venido dando un seguimiento activo y propositivo a este proceso, quisiéramos no unirnos a los ya varios sectores sociales que han declarado como fracasado este nuevo proceso de elección, y exigirles, una vez más, que no dilaten más este proceso, convoquen al pleno y elijan, pero háganlo sin ese cálculo político de comprar impunidad, lean las hojas de vida de los notarios y notarias y fundamenten su voto en las capacidades profesionales de cada uno, pensando en los temas de fondo que les tocará enfrentar a estos funcionarios y en los que se decidirá el futuro del país.

Demuestren que estamos equivocados/as y que sus votos jamás contribuirán a que personajes nefastos y ligados a la corrupción y a la impunidad, por acción u omisión, como Yury Fernando Melara, Any Belinda Ochoa, Daniel Sibrián, José María Díaz, Luis Alonso Discua, Danelia Ferrera o Roy Pineda Castro, lleguen a ocupar una magistratura.

Queremos que los magistrados y magistradas nuevos arriben a una Corte sin entender que se deben a un partido político, a un conglomerado de empresarios, que llegaron para limpiar expedientes o para favorecer o condenar a “amistades” a través de sus fallos. Queremos magistrados de pensamiento independiente, con cualidades profesionales que sirvan para adecentar la justicia, para que la población, frente a las violaciones a sus derechos, tenga justicia.

Sabemos que eliminar la corrupción y los corruptos es una tarea casi imposible porque estos tienen una capacidad evolutiva de regenerar a sus miembros perdidos, pero la impunidad si podemos eliminarla y ese, es el objetivo político que nuestras organizaciones perseguimos. Nuestra lucha es por adecentar la justicia, distinta a la que estamos viendo en el Congreso, porque la de ellos es conservar o alcanzar la impunidad de sus actos.

Honduras necesita encontrar un camino justo y civilizado para dirimir los conflictos y la violencia que actualmente nos mantiene capturados. Diputados y diputadas no sigan traicionando al país, porque el precio de la traición tarde o temprano lo pagamos todos/as y el nombre de cada uno/una de ustedes en esta elección clave, quedará siempre fresco en nuestra memoria. Están avisados.  

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad