Carta Pública. Nos comprometemos a organizar todos los sectores, barrios, colonias y aldeas: Darle un alma honesta y digna a la candidatura independiente por San Pedro Sula

Sampedranos, sampedranas,

 amigos y amigas,

Anunciamos nuestro férreo compromiso de darle alma a la revolución de la dignidad en San Pedro Sula por medio de la consolidación de equipos de trabajo en todos los sectores, colonias, barrios y aldeas de la ciudad, a los cuales todos y todas están convocados a formar parte. Este fue nuestro gran acuerdo y la principal tarea que hemos pactado en asamblea en la que participamos múltiples representaciones de los sectores poblacionales en que se divide nuestra ciudad.  

Tenemos la certeza que el proyecto sociopolítico y la candidatura independiente a la alcaldía de SPS representa la esperanza para transformar la política, a través de la cual, por primera vez, sean prioridad los sectores sociales, la clase trabajadora, los emprendedores y emprendedoras, los empobrecidos y empobrecidas de nuestra ciudad. Ese es objetivo principal de nuestra candidatura municipal por San Pedro Sula que representa el abogado Víctor Fernández, un hombre cuya vida y liderazgo se respalda en diferentes luchas contra la corrupción y la injusticia, es por eso que ahora le confiamos el liderazgo de este proyecto colectivo. 

Nosotros y nosotras nos declaramos hartos que históricamente los políticos y los diferentes alcaldes que han pasado por la municipalidad de San Pedro Sula atiendan al pueblo con migajas y deploramos que esta característica se refuerce cuando se acercan los procesos electorales, en donde nunca son una  prioridad nuestros derechos humanos más sensibles como el acceso a una vivienda digna, a la seguridad de nuestra vida, a un trabajo que asegure la alimentación de nuestra familia… 

Realmente estamos hartos y hartas de que nuestros hijos e hijas no tengan acceso a un colegio, que las calles de nuestros barrios y colonias prácticamente no existan y que por lo tanto el transporte sea un servicio altamente deficitario… 

Nos pudre que las ventajas y oportunidades se le otorguen únicamente al gran empresariado y que cuando estos  abusan y violan los derechos de los obreros y obreras no se haga nada, nos indigna que la alcaldía municipal sea un espectador y gestor de los intereses de una pequeña élite corrupta y mafiosa, y no asuma la defensa de la dignidad de todos y todas. 

Por estas razones, declaramos que renunciamos al tradicionalismo político partidario que han probado estando en el poder su incapacidad y falta de voluntad, renunciamos a seguir eligiendo por resignación, por el que creemos menos malo, renunciamos a conformarnos con la realidad de país y de una ciudad que tenemos porque no queremos seguir viviendo de esta manera. 

Declaramos que no dejaremos que nuestros barrios, colonias y aldeas sean instrumentalizados por políticos que nunca asumen nuestros principales problemas pero creen que con asistencialismo compraran nuestro voto y conciencia. 

Ratificamos, con el compromiso más profundo, que continuaremos reivindicando la dignidad y la garantía de los derechos de todos y todas como prioridad permanente e inmediata de nuestro proyecto sociopolítico y de nuestra candidatura independiente.

Nos comprometemos a hacer de San Pedro Sula una ciudad con dignidad… 

Suscriben participantes de los 10  distritos en los que está dividido San Pedro Sula. 

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Víctor Fernández, tras anunciar candidatura a alcalde de San Pedro Sula: «Lo que hay al otro lado de esta candidatura independiente son proyectos políticos partidarios financiados por la corrupción, narcotráfico y crimen organizado”

San Pedro Sula, Honduras.

Este miércoles se hizo el lanzamiento público del “Proyecto Socio Político Independiente por San Pedro Sula”, que lleva al abogado Víctor Fernández, reconocido defensor de derechos humanos, como aspirante a candidato independiente a la alcaldía de esta ciudad para las elecciones generales de 2025.

El lanzamiento tuvo lugar en el Salón de la STIBYS, ubicado en la Colonia Las Acacias de la ciudad.  Su aspiración forma parte del proyecto socio-político independiente para buscar un mejor futuro y con dignidad para los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro Sula.

La candidatura de Fernández no surgió como una aspiración personal, sino como mandato de la colectividad que decidió impulsarlo dada la coyuntura actual del país y de San Pedro Sula. El abogado decidió asumir el reto y se comprometió a luchar por San Pedro Sula en aras de convertirla en una ciudad más justa e inclusiva, centrada en la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

¿Qué dijo Víctor Fernández en su discurso?

Fernández dejó claro su rechazo hacia los partidos políticos tradicionales, acusándolos de no representar a los sectores sociales y populares del país. Criticó además la instrumentalización histórica sufrida por las dirigencias sociales por parte de estos partidos políticos tradicionales y su falta de transparencia y compromiso con la justicia y la dignidad.

Fernández denunció la corrupción y las vinculaciones de ciertos partidos con el narcotráfico, argumentando que estos proyectos políticos están financiados por el crimen organizado.

Víctor Fernández explicó que, aunque se carezca de una estructura corrupta, pagada con dineros oscuros, este proyecto socio-político posee una estructura ética y organizada que representa una alternativa genuina para el pueblo. Su discurso se centró en la lucha por un futuro más justo que romperá con la clase política tradicional.

“Las dirigencias sociales de este país hemos sido históricamente instrumentalizadas por partidos políticos que no nos representan, ¿representan los partidos políticos de hoy y de siempre a los sectores sociales y populares?, No, no nos representan”, dijo Fernández, quien agregó que con este proyecto se está ocupando un rol que el tradicionalismo político ha arrebatado históricamente a los movimientos sociales y populares.

Fernández reveló que fue tentado en algunas ocasiones para ser candidato, faltando pocos días antes de inscribirse. Él explicó que no aceptó esa candidatura porque se trata de un instituto político que nunca hace consultas para la toma de decisiones colectivas.

“Entonces comenzamos una discusión, y dijimos, nosotros no vamos a hacer eso, somos gente organizada, gente con capacidad para construir”, precisó el aspirante a alcalde de San Pedro Sula.

Luego, Fernández, con mucho ímpetu, apuntó contra los partidos tradicionales: “Ustedes, partidos verticales, corruptos, vinculados con narcotráfico, no pueden tener dirigentes sociales que tengan un mayor compromiso con la causa, la dignidad y la justicia de este país”.

Fernández expuso que este proyecto está planteando la derrota y el quiebre a la clase política de este país que creen tener la varita mágica para domesticarnos.

“Vamos a derrotar las falsedades, ¿cuáles son esas falsedades? Esa que nos dicen: ´ustedes no pueden participar en política´, ¿por qué no podemos participar en política? ¿Pero… qué nos han dicho?, ´no pueden participar porque no tienen estructuras´, ¿y qué es esta asamblea?, ¿saben qué es lo que sí no tenemos? No tenemos una estructura corrupta”, expuso.

“Fácilmente la gente que tiene plata en este país y que la tiene a cualquier costo, ligada a la corrupción, al crimen y al narcotráfico, fácilmente pone plata a estos proyectos, como ya ha sido visto, ponen plata para financiar, para pagar los activistas de los 21 sectores de San Pedro Sula, ¿le sirve al pueblo tener una estructura en un partido político que esté financiada por el crimen organizado y la corrupción?, pues eso es lo que hay al otro lado”, manifestó Fernández.

Reafirmó el anterior comentario, diciendo: “con certeza lo que hay al otro lado de esta candidatura independiente son proyectos políticos partidarios financiados por la corrupción, por el narcotráfico y por todas las formas del crimen organizado”.

“Sí tenemos estructura, tenemos una estructura ética y coherente a la que la estamos consolidando”, manifestó.

El proyecto sociopolítico independiente, aunque esta vez se anuncia para la municipalidad de San Pedro Sula, tiene perspectiva y respaldo a nivel nacional. De igual manera, la propuesta sociopolítica está vinculada y respaldada con otros movimientos sociopolíticos de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil y otros.   

Fernández cerró su participación diciendo: “estamos proponiendo la revolución de la dignidad para San Pedro Sula, la revolución de la dignidad para Honduras; la revolución de la dignidad y la justicia. San Pedro Sula, sus colonias, barrios, caseríos, aldeas, tenemos que convertirla en la ciudad, en el municipio de la dignidad”.

¿Quién es Víctor Fernández?

Víctor Fernández es originario de San Juan Pueblo, Atlántida, pero se radicó en San Pedro Sula desde 1996. Es un abogado que logró especializarse en derecho constitucional, penal y procesal penal, con estudios adicionales en modelos energéticos y transición energética justa. A lo largo de su carrera, ha defendido derechos humanos, laborales, ambientales y comunitarios, especialmente en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Copán, Francisco Morazán y otras regiones de Honduras.

Entre los años 2004 y 2008, Fernández fue presidente y vicepresidente de la Asociación de Fiscales de Honduras. Como fiscal del Ministerio Público, impulsó la histórica Huelga de la Dignidad en 2008, dando origen al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Actualmente, dirige el “Bufete Estudios para la Dignidad”, donde continúa la defensa de derechos humanos y su trabajo con comunidades vulnerables.

Ha sido el principal abogado en la lucha por justicia en el caso de Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016; Víctor Fernández apoya derechos laborales de trabajadores de maquilas en el norte de Honduras y defiende a familias en riesgo de desalojo en el Valle de Sula. También ha trabajado con comunidades indígenas, como los pueblos Tolupanes, Lencas, Maya Chortí y Misquitos, además ha sido un firme opositor a la corrupción pública en Honduras.

Más sobre el aspirante a candidato independiente de San Pedro Sula

Víctor Fernández nació el 28 de septiembre de 1975 en San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida. Con 49 años, está casado y tiene una hija. Es hijo de Alicia Guzmán y Gregorio Fernández, y pasó su niñez en su querido pueblo, pero se trasladó a Tegucigalpa para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En 1996, estableció su residencia en San Pedro Sula. Durante su infancia y adolescencia, trabajó para ayudar a sostener a su familia, que sufrió la pérdida temprana de su padre y estaba compuesta por 8 hermanos.

En sus primeros trabajos, se desempeñó como canillita, repartidor de leche y expendedor en una gasolinera, lo que le permitió forjar un carácter fuerte y comprometido con el trabajo honesto.

A nivel profesional, Fernández se graduó de abogado y tiene un postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Además, tiene estudios especializados en Derecho Constitucional, derechos humanos y ha cursado estudios sobre Energía en la Sociedad Capitalista Contemporánea.

Su carrera comenzó como escribiente y auxiliar en el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Tegucigalpa, luego fue profesor universitario y, en 1999, se incorporó como fiscal al Ministerio Público, institución que marcaría su vida social y pública.

Allí se vinculó más directamente con la población, dimensionando la necesidad de justicia y aborreciendo la impunidad prevalente en las instituciones del país.

En 2008, junto a otros tres fiscales, impulsó la Huelga de la Dignidad (también conocida como la Huelga de los Fiscales), en la que, durante 38 días, denunciaron la corrupción dentro del Ministerio Público y llamaron a la población a unirse a la denuncia.

Esta huelga movilizó a la ciudadanía a nivel nacional y dio origen al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una de las principales organizaciones del movimiento popular hondureño.

A lo largo de su carrera, Fernández ha liderado numerosas luchas sociales. Ha defendido el derecho al agua y al medio ambiente, enfrentándose a poderosos intereses económicos, como en el caso de Berta Cáceres, en el que él fue el abogado principal.

Además, ha luchado contra la imposición de empresas mineras en diversas regiones del país, como en Copán, Atlántida, Colón y Yoro. También ha representado a grupos campesinos en su derecho a la tierra y ha defendido incansablemente los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los Tolupanes, luchando por su derecho a la alimentación, salud y protección de sus bosques.

Fernández ha sido un defensor de los sectores invisibilizados de la sociedad, como la niñez en condición de calle y la diversidad sexual. También ha enfrentado a empresas que violan el derecho a la vivienda en el Valle de Sula y ha representado a cientos de trabajadoras despedidas injustamente en el sector de las maquilas, así como a trabajadores de las carretas de caballos de los mercados sampedranos.

Con la mirada puesta en la transformación de San Pedro Sula, Víctor Fernández ha decidido entrar a la arena política con un claro propósito: cambiar la política tradicional. Su visión se basa en un compromiso personal de luchar por un mundo mejor y ayudar a que todos vivan dignamente, ofreciendo lo mínimo básico de dignidad. Fernández afirma que su candidatura no es individual, sino que se siente parte y representante de una colectividad, lo que considera su principal fortaleza.

Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción

En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.

Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los  mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.

En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.

Los mártires de la resistencia popular:

Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.

Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.

El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.

Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.

Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar  los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.

El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos  resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.

MADJ propone la cancelación del Partido Nacional por corrupto, violador de derechos humanos y su vínculo con el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras. Junio, 2024.

Cancelar de inmediato la personalidad jurídica del Partido Nacional de Honduras (PNH), por la constatación de la participación de su dirigencia en actividades ilícitas que van desde el narcotráfico, actos de corrupción y las múltiples violaciones a derechos humanos en contra de la población, fue la solicitud presentada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).


El planteo fue hecho por el MADJ en el marco de la conmemoración de su 16 aniversario y en su petición se indica que desde el 2010 que inician las administraciones del Partido Nacional, altos funcionarios estatales y del PNH, incluidos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han estado involucrados en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Este hecho está comprobado con las sentencias de culpabilidad de ambos hermanos por delitos de criminalidad organizada transnacional por los tribunales de Estados Unidos.


También se suma a este listado otros miembros del PNH, como Hilda Hernández, hermana del ex presidente Hernández, quien solicitaba dinero para proyectos por medio del Fondo de Desarrollo Departamental, que posteriormente eran utilizados para financiar las campañas políticas de su hermano. Asimismo, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue señalado por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico; su esposa, Rosa Elena Bonilla, fue condenada por apropiación indebida de fondos públicos destinados a programas sociales durante la presidencia de su esposo, su hijo Fabio Lobo, fue sentenciado en Nueva York a 24 años de cárcel, por tráfico de drogas, el hermano del ex presidente Lobo, Ramón Lobo, también fue acusado por el delito de fraude y malversación de caudales públicos.


Ricardo Álvarez, ex vicepresidente de la República y Mauricio Oliva, ex presidente del Congreso Nacional también fueron denunciados por el desfalco del IHSS junto con diputados y diputadas del PNH quienes aprobaron los contratos para la adquisición de medicamentos. Nasry Asfura, otro prominente líder del PNH fue acusado por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.


El PNH a través de sus liderazgos violentó los artículos 58 y 83 de la Ley Electoral y las Organizaciones Políticas que establecen las obligaciones y deberes de los partidos políticos de respetar y cumplir con el sistema democrático y la legislación vigente, por lo tanto, según la ley, el CNE se puede cancelar la inscripción de un partido político que haya obtenido su registro de manera fraudulenta o que no cumpla con sus obligaciones legales.


El PNH, según los datos presentados por el MADJ ante el CNE, incurrió en acciones que contradicen los principios de justicia, libertad y bienestar, establecidos en los estatutos de ese instituto político y el ordenamiento jurídico nacional. Estas acciones han socavado el Estado de Derecho y la democracia en Honduras. La solicitud argumenta que las prácticas corruptas y las violaciones de derechos humanos por parte del PNH han usurpado la voluntad del pueblo hondureño, manipulando el proceso democrático y representativo. Por esta razón, el CNE debe asumir iniciativa para supervisar, investigar y revisar las acciones de todos los partidos políticos, comportamiento que hasta hoy no ha realizado ese órgano colegiado.


“Los actos del Partido han socavado la soberanía popular al imponer un gobierno basado en la corrupción y la violencia en lugar de la representación legítima del pueblo durante la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, cuando las protestas masivas contra el fraude electoral fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado. Estas acciones violentas, incluyendo asesinatos y detenciones arbitrarias, violaron el derecho al sufragio libre y la participación democrática de los ciudadanos hondureños. La represión estatal impidió que los ciudadanos ejercieran sus derechos democráticos de manera plena y libre”, establece de manera exacta la denuncia.


Concretamente la petición del MADJ al CNE es que se cancele la personalidad jurídica e inscripción del PNH por haber cometido actos contrarios a la Constitución de la República, convenios internacionales y las leyes electorales, que constituyen un atentado en contra de la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho, para ellos piden que se revisen las pruebas documentales, como las resoluciones judiciales sobre las extradiciones de dirigentes del partido nacional y sentencias judiciales que les condenan en tribunales extranjeros, que el CNE inspeccione los archivos de la secretaría del partido para revisar los procesos sancionatorios en contra de sus integrantes, entre otras diligencias.

El día de la tierra se celebra luchando, no hay tierra sin lucha digna

Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.

Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.

Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.

Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber  la riqueza de nuestras costas,  desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia.  Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua. 

Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía. 

Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.

Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.

¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!

Lilian Borjas, voz y compromiso de las mujeres campesinas

A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.

Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”

Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.

La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.

En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.

Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.

“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?

Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.

Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.

Mujeres al frente

Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.

No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.

Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.

“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”

Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.

Conviviendo con el riesgo

La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.

“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.

“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.

Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.

De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.

Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.

¡Todas y todos a votar por la dignidad!

En este momento histórico de enorme trascendencia para la vida democrática y republicana de la nación hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) llama a la ciudadanía en general a elegir honestamente a sus gobernantes. Hay que acudir a votar sin desperdiciar nuestro voto. Hoy, como nunca en nuestra historia, más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular.

Luego del golpe de Estado en 2009, la dictadura de la élite empresarial y política del Partido Nacional, Liberal y otros, han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina. 

Hondureños y hondureñas; es prohibido que olvidemos nuestra historia inmediata sobre el robo y saqueo de los fondos para la atención de la pandemia por COVID, entre ellos los destinados para la construcción de los 95 hospitales regionales y 7 móviles, el saqueo del Seguro Social, del PANI, el INJUPEMP, el IMPREMA, el INFOP, la SAG, COPECO, la ENEE, la expulsión de la MACCIH, la aprobación del Código Penal de la impunidad y sus reformas, el fraude electoral de 2017 y todos los crímenes durante las manifestaciones y protestas populares, entre infinidad de atracos ejecutado por las distintas estructuras del actual régimen.

Es condenable la campaña violenta y de odio que ha desplegado el Partido Nacional y las fuerzas ultraconservadoras encabezadas por las instituciones financieras, corporaciones de medios de comunicación, iglesias, y algunos miembros de cuerpos diplomáticos contra la oposición, pretendiendo desmovilizar y desestabilizar el país, generando terror y polarización en la sociedad hondureña. 

Desde nuestra inquebrantable autonomía, en el actual contexto electoral, derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula. Ante cualquier posibilidad de fraude, nosotras y nosotros llamamos a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.

Desde nuestras modestas pero sostenidas experiencias de lucha, incluyendo la electoral en municipios del departamento de Atlántida, llamamos también a las organizaciones populares y sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro imperecedero compromiso por continuar en la disputa por el poder y por la construcción de una nueva sociedad y un nuevo Estado guiados por el Buen Vivir y el respeto a la Dignidad humana.

¡Acudamos a las urnas desde la dignidad siempre!

La base del partido Libre y la alianza en SPS: Un voto de esperanza.

Desde mi militancia en el MADJ y en el movimiento de derechos humanos, reconozco mi simpatía por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y siendo parte activa de la oposición al golpe de Estado de 2009 que finalmente parió a LIBRE, me atrevo a reivindicar mi condición de fundador “periférico” de ese instituto político.

También conozco a Omar Menjivar y conozco el surgimiento y parte del desarrollo de su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula en el actual proceso electoral. La Alternativa Unificada de libre por SPS, espacio que dentro de LIBRE promovió su candidatura, se propuso trabajar y proponer un proyecto unitario para SPS tomando en cuenta a liderazgos honestos de la ciudad para el gobierno local. La alternativa es o era un espacio de gente con pensamiento, propuesta y buenísimas intenciones y logró motivar a muchas personas al juntar el liderazgo de Omar con el de la joven y dinámica Abogada Alexa Solorzano.

La candidatura de Omar Menjivar se aprobó en una asamblea de organizaciones sociales, como el mismo Omar lo destacaba durante la campaña interna. Es decir, Omar no se postuló, fueron varias organizaciones y personas (no todas las deseadas, pero al final fue un colectivo el que lo postuló) las que aprobaron su candidatura a la alcaldía Sampedrana.

En SPS, Libre carga un pesado desprestigio por un grupo de regidores, diputados y dirigentes locales que por sus prácticas parecen auténticos cachurecos. Por eso, el perfil de la candidatura de Omar (persona honesta, inteligente y valiente) y la forma de legitimarse constituyen un salto cualitativo desde la perspectiva moral y ética del quehacer político. Además, fomenta el espíritu democrático-antigolpista de LIBRE.

Actualmente, quien tiene un mínimo de vergüenza y honestidad está claro que es un deber impostergable sacar del gobierno, local y nacional, a la mafia narco-cachureca. En ese propósito, la idea-bulla de alianzas de la oposición suenan desde que pasaron las elecciones internas de marzo 2021. Las negociaciones que sorprendieron a última hora a la gente más noble e ingenua, venían moviéndose hace varios meses.

Más allá de cualquier subjetividad, con certeza Omar era el mejor candidato a la alcaldía de SPS y desde mi perspectiva una de las mejores a nivel nacional. Igual, dicen que, para octubre de 2021, según las encuestas, él no era el candidato de la oposición con mayor simpatía del electorado sampedrano, se afirma que era el señor Roberto Contreras.

Sin embargo, asumido el propósito sustancial de sacar a los narcos y corruptos que tomaron control del gobierno desde el golpe de 2009, las alianzas entre los actores de la oposición política electoral no solo son válidas, son una responsabilidad patria-matria. No es fácil la decisión de votar por un señor como Roberto Contreras, animador del golpista Micheletti en 2009, pero muchos lo haremos confiando en que el nuevo gobierno local derrotará a la mafia que controla la alcaldía más importante del país y en la integración de la nueva gestión municipal estará Omar Menjivar, sus equipos y su programa de gobierno que prioriza a la gente empobrecida y honesta de SPS.

La historia determinará el acierto o error de las actuales alianzas. Pero, ojalá, las futuras convergencias las definan las bases (en este caso de LIBRE) o el pueblo y que la idea de cualquier alianza de actores políticos la defina un programa de gobierno de largo aliento, orientado por el fomento y respeto a la Dignidad Humana. Ojalá, Omar Menjivar, hubiera tenido la oportunidad de renunciar o negociar su candidatura a la alcaldía, así como le fue aprobada en Asamblea Popular de organizaciones y de personas, y no por acuerdo de la élite partidaria que finalmente le impuso el acuerdo. ¡Ojalá!

¡Desde la Dignidad Siempre!

Víctor Fernández

Coordinación política MADJ.