No más despojo, no más criminalización, no más asesinatos exige el Bloque Popular Campesino e Indígena.

La caminata en defensa de la tierra y el territorio convocada por el Bloque Popular Campesino e Indígena duró aproximadamente 12 horas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, a donde organizaciones indígenas y campesinas nos dimos cita para seguir ejerciendo nuestro reclamo por el derecho a la tierra y el territorio.

El recorrido tuvo varias estaciones en las cuales plasmamos nuestras exigencias ante tanta indiferencia y parcialización del actual gobierno y sus instituciones. Iniciamos nuestra jornada desarrollando un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia donde presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra algunas leyes que fomentan el latifundio y permiten el despojo a los campesinos e indígenas de sus tierras y territorios y que son contrarias a la Constitución.

Seguidamente nos movilizamos a Casa Presidencial a donde la política gubernamental sigue siendo esconderse y no dar soluciones a los problemas del pueblo, allí se esperaba que la Presidenta Xiomara Castro atendiera a las organizaciones que de más de 12 departamentos nos habíamos movilizado para exigir respuestas ante las acciones de la fallida Comisión Nacional de Seguridad Agraria. Nuestra petición no fue escuchada.

Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) donde al igual que en Casa Presidencial no se quería recibir el reclamo campesino e indígena que exige respuestas a los más de 40 desalojos perpetrados hasta hoy y la parcialización que esta institución tiene para con los empresarios a nivel nacional, el Bloque Popular Campesino e indígena exigió la renuncia de quienes están al frente del INA, cerramos nuestra visita a instancia con el acuerdo de sostener una reunión entre ambas partes en los próximos días.

Nuestra cuarta estación fueron los Juzgados de Jurisdicción Nacional, lugar a donde la justicia hondureña está incoando los procesos de criminalización contra los campesinos e indígenas de Honduras acusándoles de delitos que figuran en el Código Penal aprobado durante el último año de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (decreto 93-2021), este Código Penal tiene al menos dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la actual Corte Suprema de Justicia interpuestos por varias de las organizaciones integrantes del Bloque Popular Campesino e Indígena.

Esta movilización también sirvió para desarrollar nuestra jornada de solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente los masacrados por la defensa de su territorio, nuestra quinta estación fue frente a la Embajada de los Estados Unidos a donde exigimos un alto al genocidio contra el pueblo Palestino, exigimos un alto a la injerencia norteamericana en los temas internos del país y demandamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Cerramos nuestra movilización en los bajos del Congreso Nacional a donde los territorios recordamos que las comunidades no han olvidado que “fuimos, somos y seguiremos siendo la verdadera resistencia de Honduras, resistimos a la criminalización, resistimos al despojo, resistimos a los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, resistimos a la indiferencia de este y otros Gobiernos, resistimos todo” cerró diciendo la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional El Progreso organización integrante del Bloque Popular Campesino e indígena.

En libertad se defenderá líder campesino del Aguán falsamente acusado por el Ministerio Público de Honduras.

Jaime Cabrera se presentó voluntariamente ante los juzgados para responder por los delitos que el fiscal del Ministerio Público Beyron Salinas le imputó falsamente para beneficiar a Corporación Dinant en la zona del Aguán en Honduras, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares por lo que el proceso de criminalización continúa abierto.

Cabrera es un líder campesino, defensor de la tierra y el territorio, actualmente es el Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, organización campesina que tiene al menos dos procesos de dialogo con el Gobierno actual para buscar una solución pacífica a la violencia generada en el Aguán por las empresas agroindustriales.

Jaime ha sido falsamente acusado de Usurpación Agravada, Asociación para Delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa que ha sido y es el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.

Por segunda ocasión consecutiva, Jaime se presentó de manera voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional y este día el juez que conoce la causa determinó otorgarle medidas distintas a la prisión y que pueda defenderse en libertad.

Cabrera deberá presentarse el 15 de agosto a una nueva audiencia donde se espera que la justicia desestime todos los cargos falsamente imputados y que este pueda gozar del derecho a la libertad que fue coartado en los últimos meses por la orden de captura que existía en su contra.

Los campesinos y campesinas en la zona del Aguán y en Honduras, mantienen una ardua lucha por recuperar la tierra contra las empresas que a base de violencia les han despojado de miles de parcelas que fueron destinadas por el Estado de Honduras para la reforma agraria desde hace décadas.

Desde las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos celebramos esta victoria popular y agradecemos la solidaridad nacional e internacional que se ha tenido con esta causa que involucra la criminalización de la lucha social en Honduras.

CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

  • Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
  • Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
  • Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
  • Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
  • Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
  • Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

  1. Jury Fernando Melara
  2. Any Belinda Ochoa
  3. Daniel Sibrián
  4. José María Díaz
  5. Luis Alonso Discua
  6. Danelia Ferrera
  7. Roy Pineda Castro 

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

  1. Maribel Espinoza
  2. Rasel Tomé 
  3. Mauricio Rivera
  4. Gladys Aurora
  5. Alberto Chedrani
  6. Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más,  la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.  Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura[1]:

  1. Garantía contra presiones externas;
  2. Adecuado proceso de nombramiento; y,
  3. Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

  1. Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad 


El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia Participó en Encuentro Internacional Sobre “Transiciones Socio Ecológicas Justas: Fronteras y Horizontes Comunes”

El encuentro se llevó a cabo en Cholula, Puebla, México, del 24 al 26 de octubre, convocado por la “Fundación Rosa Luxemburgo”. Participaron representaciones de organizaciones sociales y populares del caribe, norte, centro y sur América, para debatir sobre la transición energética justa que necesitan los pueblos y no la que impone el capital.

El objetivo del encuentro fue, Construir una mirada crítica latinoamericana, desde el campo popular. Según los organizadores, este debate constituye un reto porque nuestros análisis suelen tener el límite metodológico de estar anclados en experiencias locales y/o nacionales, que se relaciona también con el problema de la escala en la que proyectamos y construimos alternativas.

En el encuentro se debatió sobre los escenarios energéticos actuales, el ensanchamiento o imposición del litio y el hidrógeno y se respondieron interrogantes sobre la naturaleza, desafíos y los múltiples efectos sobre la forma de extracción de estas fuentes de energía. también se profundizó sobre los procesos de transformación de la matriz, planes energéticos de transición y adaptación al cambio climático, proyectos mineros, los cambios políticos, el aumento de hidrocarburos, y las perspectivas feministas, antipatriarcales, anti extractivistas y anticapitalistas en la lucha por una transición energética justa.

En este espacio también se aprovechó para advertir y seguir asumiendo la responsabilidad que tienen las organizaciones y movimientos sociales en relación al modelo energético hegemónico y la necesidad de seguir apostando por la construcción popular en el campo de la energía.

Sobre Honduras, nuestra representación destacó que lo que podemos llamar transición energética andatransita por la recuperación de la soberanía del Estado  en el control del modelo energético privatizado, el impulso de una política nacional de energía, las iniciativas de electrificación rural, el subsidio de la energía, la revisión y recisión de contratos a generadores privados, el impulso de nuevas represas y el reclamo de espacios como el MADJ para que en el tema energéticos se respete la autodeterminación de los pueblos y que la democratización implique la participación popular decisisa en todas las fases del proceso energético (Geneación, transmisión, comercialización, facturación; incluyendo el debate micro y macroeconómico de la energía)

Desde el Movimiento Amplio reconocemos y agradecemos a la Fundación Rosa Luxemburgo y las demás organizaciones participantes por la invitación a este encuentro y por haber desarrollado una serie de temas y discusiones que nos actualizan y nos recuerdan la responsabilidad inmediata que tenemos en relación con la transición energética desde una perspectiva popular.

Queremos energía para nuestras comunidades, pero con justicia y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza

Reunidos hoy, 29 de octubre de 2022, a la rivera del Río Jilamito, en el marco del Cabildo Abierto y de la Asamblea Popular convocada en este municipio de Arizona, departamento de Atlántida por sus máximas autoridades municipales y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y nutrida con la presencia de hombres y mujeres de todas las comunidades que conforman este municipio y con presencia de representantes de organizaciones sociales de distintas partes del país; planteamos, declaramos y mandamos, especialmente ante el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía presente hoy en este evento, y a todas las instituciones, públicas y privadas, involucradas en el tema de energía, lo siguiente:

1. Que reivindicamos el derecho a nuestra autodeterminación como comunidades en el marco de cualquier iniciativa energética que se piense sobre nuestros bienes naturales y territoriales. Este debe ser un elemento fundamental que marque la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual.

2. El deber de respeto a nuestra autonomía y autodeterminación obliga al gobierno central y a todos los gobiernos locales a acatar la voluntad de nosotros/as como comunidades, cuando hemos decidido que no queremos comprometer nuestra riqueza natural ante proyectos que, en lugar de desarrollo, generan violaciones a derechos humanos. De igual forma, cuando como comunidad decidimos aceptar la instalación de proyectos de energía, la prioridad la tendremos las mismas comunidades y los proyectos deben operar bajo los principios básicos de distribución equitativa de la riqueza que se genera y se permita la participación y la veeduría de nosotras las comunidades para salvaguardar nuestros bienes naturales.

3. El gobierno que administra el Estado hondureño debe dar muestras claras que el tema energético, en el discurso y en la práctica, se maneja bajo criterios que ponen un alto a la corrupción, al endeudamiento, a la privatización de servicios públicos y sobre todo que no se permitirá la entrega del país y sus bienes naturales y territoriales a sectores empresariales nacionales e internacionales, que no tienen otro interés más que el lucro a cualquier costo.

4. Mandamos a la Secretaría de Energía y a la ENEE la cancelación formal del contrato para la generación de energía que afecta las aguas del Río Jilamito. Mandamos también la revocación de todos los actos administrativos que dieron lugar a la criminal concesión sobre este río y mandamos igualmente que el Estado asuma la responsabilidad por todas las afectaciones sufridas en el marco de este proyecto y se establezca desde ya un mecanismo para la reparación de estos daños.

5. Mandamos, una vez más, que las aguas Río Jilamito son patrimonio nuestro y por tanto serán usadas para el proyecto de agua potable para la mayoría de nosotros como pueblo. Reiterando el rechazo a la corrupta y violenta concesión a INGELSA.

6. Saludamos y respaldamos la recuperación del tema de energía como un bien público que debe estar en manos del gobierno y Estado hondureño. Entendemos que este cambio significa un equilibrio frente al abuso que por décadas ha tenido el sector privado y que hoy gracias a la corrupción, la usura y su impunidad se mantiene una deuda que es prácticamente impagable.

7. Saludamos y respaldamos la creación de una Política Pública en el campo energético, sin embargo, para llegar a un consenso en el país, primero debemos conocer la situación real del sector a través de todas sus aristas, una de ellas la económica.

Por ejemplo, ¿nos vamos a seguir endeudando para el pago de los intereses de la deuda con los generadores térmicos?, ¿cuáles son las garantías técnicas, económicas y de transparencia que se están proponiendo en las nuevas licitaciones para la compra de energía… se harán a tiempo?, ¿cuál es la lógica de interconexión con los países vecinos y cómo y a qué costo se financiará? Es decir, para nosotros/as la creación de la Política Pública es un medio, no un fin en sí misma y de nada servirá tenerla si en la práctica el sector energético seguirá siendo el “hoyo fiscal” y con unas cuantas familias más ingresando al negocio de la energía.

8. Las comunidades que hoy estamos presentes en este Cabildo Abierto/ Asamblea Popular DECLARAMOS que nuestra participación no debe verse únicamente a partir de los proyectos de generación de energía presentes en nuestros territorios, sino participar y decidir en todo el proceso energético: generación, transmisión, distribución, facturación y en las responsabilidades macro y microeconómicas que este tema genera en el país.

9. Determinamos que en Honduras una “transición energética justa” tiene que combatir el abuso y la impunidad que existe en este tema, razón por la cual, como Asamblea Popular MANDAMOS, como acto de justicia, la cancelación de todos los contratos de generación de energía manchados de violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos. La justicia implica el enjuiciamiento a todos los actores públicos y privados participes de esa corrupción y otros crímenes. También mandamos y asumimos la responsabilidad de iniciar el proceso de reparación de todos los perjuicios causados a las comunidades en lucha.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán

La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:

1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.

2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.

3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público

4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.

5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.

6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:

a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.

b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.

c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.

Organizaciones de derechos humanos presentan “recomendaciones de acciones temáticas” al Gobierno de Honduras

El Consorcio de organizaciones defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, aglutinadas en el programa “Defender derechos humanos en tiempos de covid19” respaldado por la Unión Europea en Honduras, presentó al gobierno una serie de recomendaciones de acciones temáticas en el marco de la defensa y promoción al respeto a los derechos humanos en el país.

Aquí el comunicado:

Honduras atraviesa una profunda crisis de derechos humanos, visible en todos los ámbitos, particularmente en la situación de mujeres y niñas, pueblos originarios y personas defensoras de la tierra y el territorio. Esta crisis históricamente ha estado determinada por la herencia de la ausencia del Estado, la generalizada corrupción y en el último período, por factores como la pandemia del COVID-19 y los fenómenos climáticos Eta e Iota, que impactaron directamente en las poblaciones más vulnerabilizadas en un contexto de continuos fracasos de las políticas neoliberales excluyentes, patriarcales y racistas.

En el contexto de instalación del nuevo gobierno, la Presidenta Xiomara Castro anunció en el “Plan de Gobierno para Refundar Honduras” una serie de medidas prioritarias a implementar para atender las demandas de las mujeres, los pueblos originarios y de las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra y el territorio; que durante décadas de implementación de políticas neoliberales han emprendido procesos de resistencia y construcción de propuestas de transformación, en la lucha por la garantía y el acceso a derechos humanos y derechos territoriales.

Desde una perspectiva general, se puede sostener que las acciones gubernamentales apuntan a atender las demandas históricas de las organizaciones y movimientos sociales y populares. No obstante, los retos del Gobierno siguen siendo grandes, ante los bloqueos de las élites extractivistas y el poder que ejercen los sectores conservadores y religiosos en el Estado.  Asimismo, las acciones realizadas deberán reforzar el enfoque de Derechos Humanos en los esfuerzos de impulsar políticas públicas, programas y proyectos que garanticen la inclusión y la democratización de la sociedad hondureña.

Por lo antes mencionado, el consorcio DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE COVID-19 EN HONDURAS, con base en el informe Balance general sobre la gestión inicial del gobierno de Xiomara Castro en materia de derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios y derechos de las personas defensoras de la tierra y el territorio” insiste en las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar e implementar las recomendaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En el marco del examen periódico universal (EPU), se establecen una serie de recomendaciones para que el Estado de Honduras avance en la solución a problemas sustanciales de las comunidades rurales, indígenas y campesinas, con énfasis en el acceso a un sistema de protección social que garantice la salud integral como un derecho humano fundamental para todas las personas.
  • Aprobar leyes, protocolos y presupuestos para la protección de las mujeres y niñas en situaciones de violencia, a través de:

a) Crear protocolos de recepción y atención de denuncias para evitar la revictimización y garantizar el trato digno hacia las víctimas,

b) Aumentar el presupuesto al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial,

c) Fortalecer la institucionalidad de la mujer como la Secretaria de Asuntos de la Mujer,

d) Aprobar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que ha sido presentado por las organizaciones de mujeres con el Secretario de Salud,

e) Revisar e incrementar las penas por los delitos de violencia contra la mujer como femicidio y violencia sexual y esclarecer aquellos artículos del Código Penal que crean confusión en la aplicación como el delito de parricidio y maltrato familiar,

f) Armonizar e implementar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género,

g) Debatir, discutir y aprobar la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres,

h) Aprobar leyes en materia de educación sexual integral para incluir dentro de la malla curricular de las distintas instituciones educativas públicas y privadas del país y que esto sea consultado con expertas garantizando un enfoque de laicidad e información científica.

i) Ratificación del protocolo facultativo de la Convención Contra Toda las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW)

  • Modernizar la institucionalidad de derechos humanos. La institucionalidad heredada de 12 años de narcodictadura se distingue por su carácter centralizador y burocrático, lo cual impide una gestión democrática de los diferentes servicios. Modernizar la institucionalidad de Derechos Humanos permitirá avanzar en la revisión e implementación de la Política Pública en Derechos Humanos, así como en la desconcentración  del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, y el establecimiento de observatorios regionales de derechos humanos y derechos territoriales, permitiendo monitorear el estado de las conflictividades y brindar respuestas efectivas e información de primera mano para la toma de decisiones estratégicas a nivel local y nacional.
  • Reformar o desmontar la normativa extractivista. En Honduras coexisten diversas modalidades extractivistas: minería (metálica y no metálica), forestal, turismo de masas, agroindustria, generación de energía y las Zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE). Las diversas modalidades extractivistas han generado una serie de ecocidios territoriales (destrucción de la naturaleza), mediante acciones que provienen exclusivamente de la extrahección (extraer con violencia) minera, bosque y agroindustria. A través de los relatos de las comunidades, se puede sostener que estos ecocidios han elevado la pobreza, exclusiones, desigualdades y desplazamientos, en un contexto de despojo acelerado y privatización de los bienes comunes naturales, que por siglos y décadas han estado en las manos de las comunidades.  Lo anterior confirma la importancia de avanzar en la revisión del marco regulatorio extractivista y los contratos vigentes, y con base en análisis técnicos, decidir si se establece su derogación o su reforma, colocando el enfoque de los derechos humanos y de la tierra y territorio como punto central de una nueva normativa.
  • Derogar o reformar artículos del nuevo Código Penal. Con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, libertad de organización y protesta  de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio, que en el marco de dicho Código ven limitados sus derechos a través de los Artículo 28, Artículo 378, Artículo 592, Artículo 574 del actual Código Penal.
  • Aprobar una nueva ley de transformación agraria con enfoque de género. Con el objetivo de avanzar estratégicamente en el acceso a la tierra para las comunidades y poblaciones históricamente excluidas de este derecho, además de promover el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, el financiamiento agrícola, la asistencia técnica y el mercado interno.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

El grupo venezolano “Los Guaraguao” visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Sentencia de la corte: Una victoria del pueblo Tolupán, de beneficio para todos los pueblos originarios de Honduras

13 de julio,2022 – San Pedro Sula. La comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa (SFL), Yoro, logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo emitido en febrero 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS en donde se reconoce la violación a sus derechos por parte de las autoridades municipales de Yoro al negarles, por motivos de discriminación y sectarismo político, acceso a recursos de alimentación y salud.

El 28 de abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu SFL, el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE interpusieron una Acción de Amparo para que las autoridades de la Municipalidad de Yoro restituyeran el derecho a la alimentación y a la salud de toda la población de SFL sin ningún tipo de discriminación, luego de comprobarse que la municipalidad llegó a la Tribu, en los primeros meses de la pandemia del COVID, a distribuir alimentos y servicios de salud en el marco del programa Honduras Solidaria, pero lo hicieron únicamente a  personas y familias afines políticamente a la Corporación Municipal, discriminando a todos los liderazgos que tienen una historia de lucha por sus derechos humanos y por sus bienes naturales y territoriales.

El 5 de febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula falló a favor del amparo presentado por el pueblo Tolupán y ordenó, entre otras cosas, que la municipalidad debía elaborar un Plan de Acción Permanente para garantizar el derecho a la alimentación y facilitar de manera inmediata asistencia médica a todos los miembros de la Tribu para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. Además, obliga a reconocer al Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa como un actor válido en la comunidad.

En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa revocó dicha sentencia indicando que no había indicios suficientes para la presunción de que las entregas de ayuda alimentaria y servicios médicos integrales se hubieran realizado de manera selectiva y discriminatoria. El 4 de junio de 2021, a petición del pueblo Tolupán, se solicitó consulta sobre este fallo a la Sala de lo Constitucional.

Un año después, el 10 de mayo de 2022, la Sala de lo Constitucional falla e indica que es procedente otorgar la garantía de Amparo al pueblo Tolupán y ordena nuevamente a la Corporación Municipal de Yoro a “respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa y particularmente, la garantía al derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria”.

La importancia de la sentencia

La Acción de Amparo y la confirmación del fallo por parte de la Sala de lo Constitucional es importante porque genera un precedente en la exigencia pública para que termine la historia de hambre, discriminación y de abandono generalizado que vive la Tribu San Francisco de Locomapa, el pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios en Honduras.

Es un fallo trascendental porque no permite seguir viendo como “normal” la historia de exclusión que, por décadas, sino son siglos, viven los pueblos originarios en Honduras y genera un precedente para que otros pueblos puedan también exigir el cumplimiento de sus derechos por parte de sus autoridades locales y nacionales.

En el marco del trabajo planteado desde el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS, los tolupanes de SFL, junto a las organizaciones que respaldaron el Amparo: Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, realizaron un pequeño censo socio económico en Locomapa que comprueban la realidad del marginamiento histórico y entre otras cifras nos indica lo siguiente:

  1. Que el 95% de la tribu SFL se encuentra en condiciones de pobreza
  2. El 43% de las familias en SFL, que son hogares en promedio con 5 personas, tienen ingresos mensuales menores a mil lempiras. En contraste el 93% de estos indica que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de los programas de seguridad social del gobierno.
  3. El 68% de su población no sabe leer ni, escribir, y solamente 6 personas de toda la tribu registran estudios universitarios, y solo 26 personas (adultos mayores) hablan su lengua originaria el Tol.
  1. El 62% de los menores en edad de estudiar no lo hacen y el 73% de ellos refiere que no lo hace por falta de recursos y la necesidad de contribuir, a partir del trabajo, con ingresos para sus familias.
  2. SFL no cuenta con energía eléctrica, manejan su propio sistema de agua y el 51% de las viviendas tiene piso de tierra.

Es un fallo importante porque obliga a las autoridades a no discriminar, a no utilizar los recursos y los servicios públicos para hacer propaganda y satisfacer las necesidades únicamente de sus activistas políticos o con organizaciones afines a sus intereses.

Finalmente, la sentencia es importante porque, aunque el problema de hambre no se resuelve a partir de un fallo judicial y tampoco a partir de los proyectos asistencialistas del gobierno, si es un paso importante para valorar la dignidad y la tenacidad que existe en la lucha diaria de los pueblos originarios por defender sus derechos humanos, naturales y territoriales y en general por mantener la identidad cultural de todo un país.

Dado en San Pedro Sula a los 13 días del mes de julio de 2022.