Compromiso por una gestión legislativa digna.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), una organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas comunidades rurales, urbanas, estudiantes, profesionales, campesinos, agricultores, indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes naturales y estratégicos del país, la promoción y defensa de derechos humanos de  colectivos especialmente los más vulnerabilizados[1].

Somos conscientes que, en este crucial momento, nuestro país está marcado por el nefasto imperio de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado hecho gobierno lo que provoca mayores tensiones, desesperación y frustración en una buena parte de la población, pero en contraste, también es un tiempo de esperanzas fincadas en el cambio que deben producir los resultados de las elecciones del próximo 28 de noviembre de 2021.

En el marco del desarrollo del proceso electoral convocamos a todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la alcaldía de San Pedro Sula a la Firma del compromiso por una San Pedro Sula DIGNA y a todos los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés a la Firma del compromiso por una GESTIÓN LEGISLATIVA DIGNA.

Estos compromisos, en el caso de San Pedro Sula consta de 12 peticiones ciudadanas que abarcan temas como la defensa y rescate de la cordillera de El Merendón, combate a la corrupción a lo interno de la Municipalidad, declarar el municipio libre de ZEDE´S y peajes, revocar el proyecto siglo XXI que tanto daño hace al pueblo sampedrano, liderar el proceso por recuperar el sistema de manejo del agua potable, revocar el sistema de grúas en la ciudad e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y relación directa con la ciudadanía rindiendo informes en asambleas populares y con participación ciudadana.

En el caso de las y los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés el documento contiene 10 puntos que tienen visión de país, el primero, liderar y revocar el decreto que dio vida a las ZEDE´S, derogación de leyes penales que garantizan la impunidad de quienes están vinculados a corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, revisión y revocación de contratos de concesión de la riqueza natural, liderar una gestión legislativa que priorice la plena satisfacción de los derechos de la población, liderar e implementar una práctica legislativa de rendición de cuentas, crear una estructura jurídica y liderar una práctica de CERO TOLERANCIA a la corrupción pública, asegurar que la elección de los próxima Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros cargos se desarrollen de manera ejemplar y transparente, pero que sobre todo sean con participación popular, impulsar mecanismos que permitan la discusión sobre el uso y manejo de los recursos públicos, hacer que la función legislativa se rija bajo los principios de transparencia, justicia y bien común e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y de relación directa con la ciudadanía.

Por un modelo de gestión pública transparente, justo, con participación ciudadana y respeto a la dignidad del pueblo. 

San Pedro Sula 23 de noviembre de 2021.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡


 

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.

Saludamos el Día Internacional de la mujer indígena honrando la memoria de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute

Hoy, cinco de septiembre, el Movimiento Amplio, Bufete Estudios para la Dignidad, FUNDAMBIENTE y el Consejo Preventivo Tolupán celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena rememorando el martirio de nuestra compañera Enriqueta Matute, asesinada hace ocho años por oponerse al saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa. Desde la lucha y valentía mantenidas hasta el final de su vida visibilizamos los retos que las mujeres indígenas enfrentan en todos los pueblos indígenas de Honduras y valoramos el rol clave que desempeñan como portadoras y emisoras de saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos; a la vez que constructoras y defensoras de una nueva sociedad más digna y justa para todos los pueblos  indígenas como para toda nuestra Honduras.

A pesar de afrontar grandes amenazas y ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural aun al interior de sus propios pueblos, las mujeres indígenas tolupanas de diferentes tribus se han sumado proactivamente al Movimiento Amplio para actuar denodadamente en la defensa de sus territorios, bienes naturales y comunidades. Son ellas quienes enlazando y uniendo la comunidad custodian y protegen cuanto les pertenece. La solidaridad, la subsidiariedad y la capacidad creativa de resiliencia son las claves desde las cuales las mujeres indígenas tolupanas impregnan de dignidad y justicia todas sus comunidades, volviéndose imprescindibles en la producción y reproducción de valiosos saberes y acciones necesarias para afrontar las consecuencias negativas que los actuales modelos económicos dejan en sus territorios.

El liderazgo activo de la mujer  tolupana puesto al servicio de toda la comunidad constituye una enorme ventaja en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos en general. Y es que la lucha de la mujer tolupana es la lucha por su propia dignidad a la vez que es la lucha por la tierra, por el agua, por la vida, que en definitiva nos favorece a todas y todos en nuestra Honduras necesitada de nuevos valores y nuevos estilos de liderazgos,

Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que encabezó en el Alto Perú la rebelión contra los españoles, quienes la asesinaron en 1782. Es así como nos sumamos a esta celebración rindiendo homenaje a Enriqueta Matute, mujer que encabezó la lucha contra los saqueadores de las minas y los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa, siendo asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a dos compañeros tolupanes. Al mismo tiempo, el Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para  solidarizarnos una vez más con las compañeras tolupanas de Locomapa, María Ángela  Murillo, Wendy Pineda y Allison Pineda, criminalizadas por el Estado y sectores corruptos de Yoro y aun de las mismas estructuras ilegales que en nombre del pueblo Tolupán se benefician del saqueo de los bienes naturales que pertenecen a todo el pueblo Tolupán.  Y condenamos enérgicamente el atentado contra la compañera tolupana Norma Ávila, sobreviviente de un intento de asesinato ocurrido el pasado mes de mayo por pistoleros y turbas dirigidas por miembros del Consejo Directivo corrupto y trabajadores de la empresa INMARE

Desde el martirio de nuestra compañera Enriqueta extendemos nuestra solidaridad siempre fraterna a Berta Cáceres y muchas otras mujeres indígenas a quienes también les han sido arrebatadas sus vidas en nombre de un neoliberalismo y un patriarcado tan despóticos como criminales y cobardes cuando se enfrentan al poderío de las mujeres indígenas de nuestros pueblos.

¡ENRIQUETA VIVE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

San Pedro Sula, 5 de diciembre de 2021.     

A ocho años del asesinato de Enriqueta, Armado y Ricardo; Aquí nadie se rinde.

El 25 de agosto del año 2013, los y las indígenas Tolupanes, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados en la comunidad de San Francisco Campo, perteneciente a la tribu indígena Tolupana de San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro.

María, Ricardo y Armando, militantes y dirigentes del MADJ en territorio Tolupan, en conjunto con el Consejo Preventivo de Tribu, tras de 12 días de resistencia para la protección de sus recursos naturales, oponiéndose a la tala ilegal de madera, así como, la explotación ilegal de antimonio en las comunidades Tolupanas de Lagunita, Bambú, Las Minas, Las Brisas y El portillo, procurando la conservación de los bienes, recursos e intereses de las y los indígenas Tolupanes, quienes conservan su título ancestral emitido en 1864 por el Estado de Honduras.

Cabe resaltar que la Constitución de Honduras, tiene una sola mención sobre derechos que corresponden a los pueblos indígenas, en su artículo 346, que establece el deber del Estado de “dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.

Seis años tardó el Ministerio Público en condenar a uno de los ejecutores de los asesinatos, Carlos Roberto Luque (asesinado en San Francisco de Locomapa en el año 2018). Dando el Poder Judicial una muestra más de impunidad para el pueblo Tolupan al absolver al otro asesino, Selin Eleazar Fúnez por el asesinato de nuestros compañeros. Cabe destacar que, en esos 6 años de impunidad garantizada por el Estado de Honduras, no se abrieron líneas de investigación ni acciones encaminadas en la búsqueda de las autorías que ordenaron el asesinato.

A pesar de los múltiples intentos de los empresarios, funcionarios públicos vinculados a la criminalidad y la corrupción, instituciones públicas y el Estado en detener la justa lucha por la defensa del pueblo Tolupan, han sido ocho años de permanente resistencia, denuncia y construcción de alternativas por la dignificación, la justicia y la mejoría en la calidad de vida del Pueblo Tolupan.

En esta octava conmemoración del asesinato de nuestras y nuestros compañeros, elevamos y rescatamos su memoria en nuestra identidad orgánica desde el MADJ, como punta angular en el valor de la resistencia y en la búsqueda implacable de la justicia en medio de un sistema judicial enraizado en el crimen organizado, la corrupción y la sistemática impunidad, en beneficio de unos pocos y cuyos beneficios financieros y de influencia en el poder, condenan al empobrecimiento, a la desigualdad profunda y a estadios de violencia a las población Tolupana.

Es de recordarles a aquellas y aquellos que operativizan al modelo extractivo, al crimen organizado, a las y los funcionarios públicos, empresarios y aquellos indígenas que decidieron tomar el lugar del opresor, que aquí estamos y aquí seguiremos, construyendo verdadera participación, dignidad y justicia para que nuestro pueblo indígena Tolupan logre las mejores condiciones de vida, a la justicia y a una distribución integral y equitativa de la riqueza que conforma su territorio.

No permitiremos, por la memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo, así como los otros compañero y compañeras asesinadas por luchar en contra del saqueo de nuestra bienes naturales que se concentra la riqueza en unas pocas manos, por el contrario, trabajaremos y construiremos verdadera participación, inclusión y acceso a condiciones reales y fundamentales de dignidad, libertad, justicia y poder para las y los herederos ancestrales de la tierra, sus recursos y la administración de los mismos.

Porque la tierra es de quien la trabaja,
Porque el derecho es de quien lo exige,
Y porque la memoria es de quien no la olvida,

 María Enriqueta Matute, ¡Vive!
Ricardo Soto Fúnez, ¡Vive!
Armando Fúnez Media, ¡Vive!

¡Hasta la Dignidad Siempre!

No más concesiones extractivistas y no a las zedes en los pueblos indígenas: Nuevo contrato social.

Este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Estudios para la Dignidad saludan a los pueblos indígenas de Honduras, de manera especial a los líderes y lideresas que día a día organizan y promueven luchas de resistencia en sus territorios con la dignidad y justicia como valores inalienables.

Saludamos al pueblo misquito luchando por defender sus territorios y biodiversidad en contra de la voracidad de empresarios vinculados a carteles de narcotraficantes que operan con total impunidad. Saludamos al pueblo Tawahka sobreviviendo en medio del arrebato de su sagrado y glorioso río Patuca, única vía que unía a todos sus pueblos; río ahora convertido en mercancía hidroeléctrica generando riquezas para unos pocos empresarios y miseria para el pueblo tawahka. Nuestro saludo al pueblo Nahoa, urgido de mayor atención en materia de salud, educación e infraestructura básica. Saludamos al pueblo Lenca sediento de justicia para nuestra compañera Bertha, convertida en Nuestra Madre Tierra, ahora brotando desde  los más diversos manantiales llevando vida y exigiendo justicia para los pueblos. Saludamos con honor al pueblo Chortí eternamente despojado de sus tierras, condenado a ser peón en sus propios territorios convertidos en haciendas, esperando eternamente promesas agrarias que nunca les han sido cumplidas. Hacemos causa fraterna con los pueblos afrodescendientes de Honduras y junto a ellos luchamos contra el despojo de sus bienes naturales y sus territorios.

Y nuestro permanente saludo solidario al valiente pueblo Tolupán, que, ahora asumido como un pueblo en Movimiento Amplio, se encuentra en lucha frontal contra las empresas madereras que siempre les han despojado de sus bienes naturales, y que a pesar de los múltiples ataques continúan defendiendo la vida y sus territorios.

A pesar de los intentos del Estado y los empresarios de detener las luchas organizadas,   estos pueblos siguen siendo referentes de dignidad y justicia para nuestra Honduras, hoy urgida de estos valores. No se puede ignorar que quienes todavía están resistiendo y levantando la voz son mujeres y hombres indígenas que desde sus limitaciones poseen extraordinarios dones  espirituales que se materializan en la construcción de nuevos apoyos comunitarios o  tribales importantes a la hora de respaldarse, cuidarse, producir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos difíciles como suelen hacerlo cuando son fieles a sus cosmovisiones.

De manera muy especial, expresamos nuestra admiración y solidaridad militante y popular al pueblo Tolupán y su Consejo Preventivo, milenariamente caracterizado por ser un pueblo de gente amiga, servicial, pero también inteligentemente huidizo, tenaz e inclaudicable cuando lucha por lo suyo. Este día rememoramos con especial admiración a Enriqueta Matute y sus compañeros mártires, a Samael Matute y su padre, a Milgen Soto y los más de 117 tolupanes asesinados por defender sus tierras y sus bosques sin que el Estado y sus órganos de justicia hayan castigado a sus asesinos.

El Movimiento Amplio y el Bufete Dignidad renueva este día la alianza de nuestras organizaciones con el pueblo indígena Tolupán que nos da lecciones heroicas e inteligentes de esa dignidad y justicia que proclamamos cada día.

Ante la sociedad hondureña y haciendo causa común con las dirigencias honestas de los pueblos indígenas, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad se manifiestan de la siguiente manera:

  1. Exigimos poner fin al manoseo descarado y sucio con que el Estado ha pretendido neutralizar los objetivos del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, exigimos se inicie el tan cobardemente postergado saneamiento agrario de los pueblos indígenas.
  2. Demandamos la apertura de procesos de educación indígena con inclusividad.
  3. Urgimos la necesidad de centros de salud y atención especial en los hospitales regionales para las personas indígenas que acuden en busca de salud.
  4. Denunciamos la ausencia de castigos a quienes abusan de las mujeres indígenas y nos unimos en busca de propuestas económicas y profesionales para las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas en sí mismos y por tanto tan hondureños como cualquiera del resto de la población.

La ONU ha pedido que este año la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas avance hacia un nuevo contrato social que no deje atrás a ningún pueblo Indígena. Por nuestra parte, consideramos que las exigencias planteadas deben asumirse desde la más grande determinación:

¡No más concesiones extractivistas y no ZEDEs en territorios indígenas!

Gobierno de los Estados Unidos retira apoyo financiero al proyecto hidroeléctrico Jilamito.

Después de más de 4 años de lucha de las comunidades de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y de haber resistido todos los procesos de violencia institucional por preservar el río Jilamito para uso y consumo humano, surgen las buenas noticias, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el retiro del apoyo financiero a este proyecto que ha generado violencia y división.

El financiamiento se otorgaría a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado.

Según señala el sitio vice.com. “La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”.

Esta noticia supone una alegría para las personas que han luchado por su río en la comunidad y reaviva los procesos de lucha por los bienes comunes y naturales en Honduras a pesar de todos los ataques que reciben y los homicidios que están en la impunidad, en el caso del proyecto hidroeléctrico Jilamito, dos personas ligadas a la lucha contra la represa han sido asesinadas y sus crímenes están en total impunidad.

Recientemente más de 60 organizaciones de Honduras y el mundo firmaron dos cartas para pedir se retirará el apoyo al proyecto y denunciando los vínculos de los desarrolladores de la represa con el blanqueo de dinero.

“Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto. Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar”.

Por ahora el acuerdo de financiación se centra entre la empresa y el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que ha intentado desconocer todo el proceso de resistencia y lucha que han desarrollado las comunidades a lo largo de este tiempo.

En la comunidad las personas siguen su proceso de resistencia en el sitio que han denominado Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito.

Leer carta completa a continuación:

Biden acaba de matar la financiación de una controvertida presa que Trump intentó construir en Honduras

La comunidad local luchó contra el proyecto y dos opositores fueron asesinados, pero Estados Unidos había prometido millones de todos modos..

El gobierno de Estados Unidos retiró el apoyo financiero esta semana de una presa propuesta en Honduras que se encuentra en el centro de un conflicto latente entre los residentes locales y los desarrolladores. Dos opositores al proyecto han sido asesinados. 

La decisión de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, (DFC), que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado, marcó una victoria para los grupos de activistas en Honduras y Estados Unidos que habían instado a la agencia a abandonar el proyecto. En una carta reciente a funcionarios estadounidenses, establecieron paralelismos con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres , una destacada activista que lideró la oposición a un proyecto similar de represa en Honduras.

La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”. 

Pero la revocación de la aprobación otorgada por la Administración Trump se produce cuando la Administración Biden está revisando políticas hacia Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar de reducir la pobreza, la corrupción y la violencia que impulsan a decenas de miles de personas a intentar llegar a Estados Unidos. cada mes. 

Un golpe de estado en 2009 en Honduras envió al país, que ya era uno de los más pobres del hemisferio, a una espiral de violencia. Desde entonces, la clase política del país se ha visto envuelta en repetidos escándalos, incluidas condenas por narcotráfico en Estados Unidos de familiares cercanos de los dos presidentes electos desde el golpe.

El cambio radical de la Administración de Biden eliminó casi la mitad de los fondos para el proyecto de la presa de $ 75,6 millones de dólares. Una división del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución financiera multilateral, prometió otro 27 por ciento del costo de la represa en préstamos. La división, BID Invest, no hizo comentarios sobre el retiro de la DFC. 

La inversión restante proviene de una empresa hondureña, Ingelsa, que inició el proyecto hace unos 15 años. En los últimos años, la oposición ha crecido a medida que la comunidad local se unió a un grupo nacional, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, conocido por sus siglas en español como MADJ.

Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto.

“Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar.

Ingelsa, sin embargo, dijo que sus planes seguirán adelante. La empresa dijo esta semana que “estaba construyendo el proyecto Jilamito” y señaló lo que dijo era un récord de “hacer cambios positivos en las comunidades rurales”. 

El respaldo inicial de la DFC y el BID, anunciado el año pasado, restó importancia a la evidencia de resistencia local y las amenazas generalizadas de violencia que enfrentan los ambientalistas en Honduras. Global Witness, una ONG internacional que rastrea las amenazas a los activistas de todo el mundo, ha calificado a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra. 

El asesinato de Cáceres, que había ganado el Premio Goldman , un premio internacional para activistas de base, demostró que ni siquiera el reconocimiento mundial era suficiente para proteger a los defensores de la tierra en Honduras. El presidente de la empresa que está detrás del proyecto de la presa contra la que luchó está siendo juzgado por planear su asesinato. 

Al menos un activista que lucha directamente contra la represa de Jilamito ha sido asesinado. En 2018, Carlos Hernández , un abogado que representaba a un funcionario local opuesto a la represa, fue asesinado por atacantes desconocidos en su oficina. Como ocurre con la gran mayoría de homicidios en Honduras, su caso sigue sin resolverse.  

Hernández era un exfiscal contratado para defender a Arnoldo Chacón, alcalde del municipio denominado Arizona, por donde discurre el río Jilamito, en el departamento de Atlántida. Chacón había sido acusado junto con cuatro miembros del MADJ por delitos relacionados con un campamento que protestaba por el proyecto de la presa. Los cinco esperan juicio. 

Unos meses antes de que Hernández fuera asesinado en la primavera de 2018, dos organizadores del MADJ fueron asesinados, presuntamente por las fuerzas de seguridad hondureñas. Ramón Fiallos, que también era de Arizona, recibió un disparo en el brazo de la policía y murió desangrado durante una protesta en enero contra la reelección impugnada del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Los activistas sospechan que Fiallos fue atacado por su oposición a la presa Jilamito y otros proyectos durante la ola de disturbios que siguió a las elecciones. 

Otro miembro del MADJ fue asesinado por la policía horas después de que dispararan a Fiallos. Geovanny Díaz fue sacado a rastras de su casa en Pajuiles, a sesenta kilómetros al oeste de Arizona, y disparado al estilo de una ejecución por hombres vestidos con uniformes de policía, según informes de testigos presenciales . Díaz se opuso a la represa de otro río cerca de su pueblo.

Global Witness nombró a los tres en su informe de 2018 sobre defensores del medio ambiente que habían sido asesinados por su activismo. 

Ingelsa dijo que nunca había cometido ningún acto de violencia y que la empresa trabajaba a través del diálogo para enfrentar lo que llamó acusaciones falsas. La comunidad había brindado un amplio apoyo al proyecto, dijo la compañía en un comunicado a VICE World News. 

Los partidarios de la represa dicen que impulsaría las fuentes de energía renovable de Honduras, mejoraría el servicio de electricidad en las ciudades de la costa norte del país y generaría cientos de empleos en la región durante la fase de construcción. Para abordar las preocupaciones sobre el suministro de agua, Ingelsa desarrolló una estrategia para asegurar el suministro de agua potable al área. 

Pero el cofundador de MADJ, Martín Fernández, dijo que la represa propuesta privaría a unas 30.000 personas de agua potable y señaló proyectos de represas similares que, según él, privatizaron el acceso al agua. Acusó a Ingelsa de criminalizar la oposición a la represa y agregó que los residentes de Arizona habían acordado dos veces en asambleas comunitarias formales revocar la concesión de su río. 

MADJ dijo que otros proyectos hidroeléctricos en la región no habían mejorado el acceso a la energía para las comunidades locales y que, en cambio, los precios de la electricidad habían aumentado. 

Aparte de la violencia que rodea al proyecto, DFC puede haber estado preocupada por uno de los principales accionistas de Ingelsa. Ingelsa es propiedad de una empresa manufacturera llamada Hermacasa, controlada por un empresario hondureño, Emin Abufele Marcos. 

El padre de Emin Abufele, Emin Abufele Salomon, propietario minoritario de Hermacasa, podría haber levantado una bandera roja. En 2003, diplomáticos estadounidenses recomendaron que a Abufele Salomon y Omar Abufele Salomon, otro propietario minoritario de Hermacasa, se les negara la entrada a Estados Unidos porque supuestamente “participaron en un patrón y práctica de prácticas financieras fraudulentas” que involucraban a un banco hondureño. 

Un fabricante de herramientas de Massachusetts, Simonds International, posee casi el 40 por ciento de Hermacasa. David J. Miles, presidente de Simonds Saw, dijo en un correo electrónico que la oposición a la presa era política y “sin mérito” y que estaba involucrada en conversaciones para “encontrar el mejor camino a seguir en función del clima de inversión actual”.

Con un éxito en su lucha contra la represa, la oposición continuará. “La gente de Arizona no quiere más migajas, ni mentiras, ni promesas incumplidas”, dijo en un correo electrónico Juan Antonio Mejía Guerra, coordinador de investigación del MADJ, refiriéndose al proyecto de agua potable propuesto.

“Arizona ha decidido que el agua del río Jilamito debe ser exclusivamente para consumo humano”.

Corrección: Esta historia originalmente decía que la DFC había prometido préstamos por $ 35,7 mil millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, cuando en realidad se trataba de préstamos por $ 35,7 millones. Lamentamos el error.

A 13 años de lucha, seguimos en pie de lucha

Desde aquella majestuosa e icónica lucha que inició como un movimiento de fiscales del Ministerio Público, desde aquella huelga de hambre que nos sigue pasando factura, desde aquellos hombres y mujeres que desde sus posibilidades se sumaron a nuestra acción de protesta, desde aquel pueblo que nos cobijó en los bajos del Congreso Nacional aquel 7 de abril de 2008 y que culminó con el nacimiento del Movimiento Amplio un 24 de mayo de ese mismo año, hoy queremos decirles que seguimos en pie de lucha.

Por un mejor país, por un mejor futuro, por el respeto a nuestra dignidad, en búsqueda de justicia, en defensa de la soberanía, en defensa de los derechos humanos y muchos más ejes de trabajo, seguimos caminando, seguimos construyendo dignidad y soberanía desde los territorios.

Hoy que es 24 de mayo de 2021, en nuestro 13 aniversario ratificamos nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestro quehacer a favor de las grandes mayorías, a favor de las y los afectados por las malas decisiones de quienes nos mal gobiernan, en nuestro 13 aniversario reafirmamos nuestro compromiso con Honduras.

Agradecemos a cada persona, a cada territorio, a cada comunidad, a cada región del país que ha confiado en nuestro trabajo que nos ha permitido buscar respeto y dignidad para la población.

A la comunidad nacional e internacional que ha seguido, acompañado y edificado nuestros procesos, les decimos, gracias, pero también les anunciamos que seguimos fortalecidos y fortalecidas en todos los proyectos que buscan devolver justicia y dignidad a la población.

Queremos invitar a nuestra gente a seguir en lucha organizada y pacífica, adquiriendo formación desde todos los puntos de vista, formación que nos permita defender nuestros territorios, nuestros bienes comunes y naturales y los derechos humanos a nivel general.

Finalmente, Convocamos a nuestro pueblo a proseguir la lucha de resistencia desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.
Convocamos a convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política. Que proclamamos nuestro repudio a la clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

¡Hasta la dignidad siempre!

Otra victoria popular en la causa Berta Cáceres, Banco holandés retira financiamiento a Banco Ficohsa en Honduras.

En el juicio contra Roberto David Castillo por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres ha abierto el panorama que confirma que las luchas de las comunidades son legitimas y que los pueblos en Honduras también saben hacer justicia sin la violencia que caracteriza al modelo extractivo.

Entre los logros de lucha que ha implicado el no desmayar en la búsqueda de justicia para Berta destacan: La persistencia de la lucha de las comunidades de Río Blanco, lugar a donde intentó imponerse violentamente el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que finalmente sucumbió ante la resistencia del pueblo Lenca.

El otro fruto de esta lucha que aún no termina, es el poder descubrir la colusión entre empresarios, funcionarios y las fuerzas de seguridad del país, es la vinculación de la corrupción en el sistema hondureño y entonces “se ha puesto al sistema de justicia a debatir sobre sus propias corrupciones, sus propios delitos” dijo nuestro compañero Víctor Fernández, director del equipo legal de la causa Berta Cáceres.

Y el otro triunfo en la causa Berta Cáceres hasta este momento, es el que hoy se ha hecho público y oficial, el FMO retira financiamiento a banco FICOHSA.

Así lo ha comunicado el Copinh.

FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción, así como graves violaciones de Derechos Humanos.

1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Átala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.

2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.

3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.

4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.

5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.

6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.

Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

Barbarie y terrorismo de Estado contra el pueblo Tolupán de Locomapa: la vida digna del pueblo Tolupán no puede valer menos que una troza de madera.

La barbarie de la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la tribu, nuevamente quedaron evidenciadas en San Francisco de Locomapa al perpetrarse diferentes actos de violencia que dejaron como saldo una persona herida de bala, varias personas heridas de arma blanca, una casa incendiada y el muro perimetral en construcción de Radio Dignidad Tolupana totalmente destruido.

De manera concreta, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE denunciamos que el pasado 10 de mayo se realizaron los siguientes actos delictivos:

  1. Alrededor de las 7:30 de la mañana, unos 60 indígenas, trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en compañía de dirigentes del Consejo de Tribu se dirigieron hacia la sede del Consejo Preventivo, situado en el caserío de San Francisco Campo, y procedieron, sin ningún tipo de mediación, a destruir el cerco perimetral y la construcción que hasta ahora se ha realizado de las instalaciones de la radio comunitaria “Dignidad Tolupana”. Kristian Donely Medina, miembro del CDT, almágana en mano, inició la demolición de paredes y destrucción de implementos.
  2. A las acciones de destrucción de la infraestructura le siguió un ataque por parte de los indígenas obreros de INMARE, quienes, armados con machetes y armas de fuego, procedieron a atacar a los miembros del Consejo Preventivo y demás pobladores indígenas que se encontraban en las instalaciones del campamento.
  3. Entre las principales personas que atacaron a la población y destruyeron el inmueble se encuentran: José Alberto Vieda, Presidente del CDT, Kristian Donely Medina, Secretario del CDT, Yeri Adalid Córdova, fiscal del CDT, Melvin Antonio Cabrera, Nicolás Córdova, Jaime Matute y unos sesenta trabajadores de la empresa maderera INMARE, dedicada a arrasar los bosques de la tribu.
  4. Ante la dimensión de las agresiones, el Consejo Preventivo de la tribu, el Bufete Estudios para la Dignidad y el MADJ solicitamos la inmediata intervención del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y de la Policía Nacional, pero ambas instituciones guardaron un silencio tan criminal como las acciones realizadas por los trabajadores de INMARE y el Consejo Directivo.
  5. Al medio día se hizo presente la patrulla PN-952, con seis miembros policiales bajo la dirección del clase Pineda. Se creyó que la presencia de los efectivos serviría para combatir la violencia desatada por INMARE y el CDT y la detención de sus agresores, no obstante, la policía decidió utilizar su tiempo para dar paso los camiones cargados de trozas de madera explotadas de manera irregular por parte de INMARE, para lo cual contando con el acompañamiento del CDT, comenzaron a disparar contra la población para abrir el paso a los camiones.
  • En un acto de indignación, la indígena fiscal del Consejo Preventivo, Adilia Vieda, enfrentó a los camiones gritando: “Mátenme si quieren. Por defender mis derechos doy la vida”, e inmediatamente fue atacada por Kristian Medina, del CDT, con un machete y le hirió los dedos de una de sus manos. Mientras tanto, Jaime Matute continuaba disparando a la población logrando herir en una de sus piernas, a la indígena Norma Jakelin Ávila, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

De igual manera, la menor de edad Gabriela Ávila, hija de Norma Jakelin Avila, resultó herida tras recibir una pedrada en su cabeza, igual que Joel Fúnez, que también fue alcanzado por una piedra en su cuello, y Enia Ávila, que resultó con una luxación de su pie derecho.

  • Luego del paso de los camiones cargados de madera la patrulla policial abandonó la tribu sin importarle la condición de los heridos. Para el 11 de mayo, la misma patrulla policial [PN-952] volvió a hacerse presente en San Francisco de Locomapa, con 7 policías encapuchados y cuatro militares. Llegaron para conseguir que saliera uno de los camiones madereros que se había dañado el día anterior, y abandonaron la tribu tan pronto como el camión salió de la zona.
  • Hacia las 3 de la tarde, Kristian Medina, del CDT y otros trabajadores de INMARE, ingresaron a la casa del indígena Celso Alberto Cabrera, dirigente del Consejo Preventivo y miembro del MADJ, derramaron gasolina y prendieron fuego. La esposa de Celso Cabrera y sus dos hijos, que estaban dentro de la vivienda lograron evacuar la vivienda en último momento.  La casa fue consumida en su totalidad. Adicionalmente. También provocaron destrozos en la casa de habitación de Antonia Cabrera, a quien se le destruyó una pequeña planta eléctrica que servía al Consejo Preventivo para cargar sus celulares y comunicarse entre los más de 20 caseríos de la tribu y con el exterior. Celso y Antonia son hijo e hija de la mártir Enriqueta Matute, asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a otros dos indígenas que luchaban contra empresarios mineros y madereros que con el aval de la FETRIXY y el CDT devastaban los territorios tribales en ese momento.
  • Durante el ataque, las y los indígenas relatan que los agresores no dejaban de proferir insultos y amenazas de muerte en contra de actual presidente del Consejo Preventivo, José María Pineda, Angela Murillo, actual secretaria del CPT y en contra de todas y todos los miembros del MADJ en Locomapa. Proferían frases groseras como “aquí va a rodar sangre”, “Los que están procesados los vamos a matar para que dejen de joder”.
  • La indígena Ángela Murillo, fue amenazada directamente por Kristian Medina con que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar”, inmediatamente, Ángela se movilizó a los juzgados de Yoro a interponer una denuncia por daños, incendios, amenazas y lesiones. La DPI y el Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir la denuncia, pero, tras la presión del grupo de indígenas que acompañaba a Ángela y los reclamos del defensor de derechos humanos del MADJ que acompañaba en ese momento a los tolupanes se consiguió finalmente que la DPI tomara la denuncia.

Frente a esta descripción de hechos, para el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y     FUNDAMBIENTE queda claro que:

  1. La policía y las fuerzas armadas llegaron para garantizar que el empresario maderero Wilder Domínguez sacara sus camiones cargados de trozas de pino, en una clara y evidente alianza, que denota la corrupción existente y el “acompañamiento” que existe entre la policía, DPI, FFAA, ICF, empresariado, terratenientes, Ministerio Público y el Poder Judicial, contra indígenas organizados y en resistencia.
  2. La dinámica de los hechos expuestos demuestra que se trata de un acto de terror de Estado y del capital privado en contra del pueblo Tolupán que ha optado por resistir al saqueo de su territorio. Los empresarios de la madera y sus testaferros dentro de la tribu nuevamente quieren imponer el miedo, terror a fin de desmovilizar a la población que defiende sus bienes naturales.
  3. Señalamos a Wilder Domínguez, propietario de INMARE, como responsable principal de este nuevo hecho de violencia y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la Tribu.
  4. Condenamos la complicidad del Estado de Honduras que desde sus instituciones como el ICF, Ministerio Público, Policía Nacional, INA, MIAMBIENTE y municipalidad de Yoro se preocupan más por satisfacer la avaricia del empresario Wilder Domínguez y su empresa INMARE antes que buscar una solución que devuelva la paz a una tribu que busca defender sus derechos naturales y territoriales.
  5. Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a condenar estos actos en los que se pone en grave riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas tolupanes beneficiarios de medidas cautelares, mismas que en reiteradas audiencias de la CIDH se han expuesto. Estas medidas, son irrespetadas por el Estado de Honduras cada vez que la empresa INMARE necesita devastar los bosques de la tribu y atentar contra la integridad física y emocional de indígenas tolupanes.

Finalmente, solicitamos, como un acto de permanente solidaridad que dignifique al pueblo Tolupán, que la sociedad hondureña, las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estudiantes, organizaciones feministas, ambientalistas, pueblos negros e indígenas, LGTBIQ, unidades académicas, artistas y a la comunidad internacional se pronuncien públicamente para exigir justicia para los tolupanes de San Francisco de Locomapa y para que este hecho no quede en la impunidad.

Les invitamos a pronunciarse a través de los hashtag #LocomapaResiste, #ResistenciaTolupana y #DignidadyJusticia, a través de sus perfiles en redes sociales, así como el acompañamiento a próximas acciones legales y de movilización por la justicia y la dignidad del pueblo Tolupán. 

A los terroristas del CDT al servicio de INMARE les decimos que ningún acto de barbarie similar al de los últimos días harán desistir a quienes somos parte del Movimiento Amplio de nuestra lucha, pacífica, justa y legítima en territorio Tolupán, como en el resto de territorios en el país.

San Pedro Sula. 12 de mayo de 2021

Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito