Pronunciamiento: No financien más la violencia y el despojo hacia nuestras comunidades

Las comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo en Honduras organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en relación a la visita que desarrolla en nuestro país el señor Scott Nathan, Director Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) nos pronunciamos de la siguiente manera:

  1. Informarle que las y los habitantes de Arizona, Atlántida tenemos 1880 días (al día de hoy 08-07-2022) de permanecer en Campamento Digno por la Defensa del Rio Jilamito, lugar desde el cual las comunidades nos hemos unido para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito que la DFC ha financiado y que ha venido a poner en mayor riesgo el acceso al agua para casi 30 mil habitantes de este sector.
  2. Informar que, hemos hecho uso de las formas legales y legitimas de participación ciudadana y a través de cabildos abiertos desarrollados desde el año 2015 las comunidades determinamos que el río Jilamito es para uso y consumo humano, decisiones que ratificamos en el año 2018 y 2019.
  3. Lamentar la postura y decisión de la Embajada Americana en Honduras y del señor Nathan de excluir o no tomar en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que ha venido financiando y que hasta la fecha sigue generando conflicto y criminalización hacia luchadores, luchadoras sociales y sus comunidades en Honduras.
  4. Notificar que como organización que aglutina comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo, especialmente de Arizona, Atlántida, hemos recurrido a su institución mediante cartas firmadas por congresistas norteamericanos y organizaciones hondureñas, para pedir que la DFC detenga el financiamiento en específico del Proyecto Hidroeléctrico sobre el río Jilamito que pretende imponer la empresa Ingelsa.
  5. Denunciar los vicios de corrupción con los que fueron adjudicadas las concesiones para generación de energía y en especial la concesión del rio Jilamito para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Jilamito y que hasta la fecha los funcionarios hondureños no han investigado ni mucho menos han deducido las responsabilidades por estos actos, pero, además, por las violaciones a derechos humanos que este proyecto ha generado en la zona donde pretende construirse con ayuda de la DFC.
  6. Proponemos, financiar el proyecto alternativo de agua potable que las comunidades estamos impulsando como medida de mitigación a la sequía generada por otros proyectos hidroeléctricos en el municipio y la devastación generada por los fenómenos naturales de 2020, nuestro proyecto alternativo de agua potable está en fase de estudios topográficos, beneficiará a 16 comunidades y tendrá su principal fuente de abastecimiento en el rio Jilamito.

No financien más la violencia, el despojo, la criminalización, el hostigamiento e inmigración porque eso es lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico Jilamito para nuestras comunidades.

Dado en Atlántida, Honduras a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Foro/asamblea popular, decidamos: la energía como derecho humano

En el marco del #DiaMundialDelAmbiente y del seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Ayuno de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular realizado en los bajos del Congreso Nacional, este domingo 5 de junio desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizamos y desarrollamos el foro/asamblea popular, Decidamos: La energía como derecho humano en el que abordamos junto a las comunidades el impacto de la nueva ley de energía eléctrica que se aprobó recientemente en el país y del camino que nos queda por seguir en nuestras luchas.

Esta actividad fue respaldada por habitantes de más de 20 comunidades organizadas para la defensa de los bienes comunes y naturales a nivel nacional, indígenas Lencas y Tolupanes de los pueblos originarios del Honduras, por diputados del departamento de Atlántida y Francisco Morazán integrantes de varias comisiones del Congreso Nacional entre ellas, la comisión de energía y la Comisión de Derechos Humanos, alcaldes de varios municipios de Atlántida y representaciones municipales de Colón.

También estuvieron presentes representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quienes expusieron la difícil y cruda realidad de saqueo que enfrentó la ENEE en los últimos 12 años y el plan de rescate que pretenden poner en marcha, Tomás Rodríguez vice ministro de la Secretaría de energía y Ninoska Alonso, asesora de la ENEE presentaron una radiografía completa de la institución. “En la Empresa Nacional de Energía Electica, ENEE encontramos lo que en la presidencia, el poder ejecutivo llaman el gran agujero fiscal del país, hay una catástrofe financiera sin precedentes, una deuda setenta y cinco mil millones de lempiras que equivale a tres Secretarías de Salud, un déficit fiscal para 2022 de veintidós mil millones de lempiras y fundamentalmente lo que encontramos fue el enriquecimiento exagerado de los generadores privados a costa de los recursos de la ENEE en los últimos 12 años”.

A la actividad asistió también el Gobernador Político y otros funcionarios del Estado originarios del departamento de Atlántida.

Nuestro compañero y coordinador de Asunto Políticos del MADJ, Víctor Fernández manifestó: “En el MADJ estuvimos en asamblea popular. Debatiendo sobre la necesidad de un modelo energético popular; de la gente y para la gente… Respetuoso del “medio ambiente”.

Destacó también, la ausencia de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente. “Los de MIAMBIENTE fueron convocados y no llegaron… Pero sobre todo llegó el PUEBLO que no solo defiende el ambiente; sobre todo ejerce y construye poder y soberanía comunitaria en contra del sector económico depredador del ambiente y de la vida… También el PUEBLO ORGANIZADO sigue denunciando la corrupción histórica, la negligencia y la pereza de funcionarios e institucionalidad ambiental de estas Honduras”.

Las comunidades y territorios concluimos que, aunque la ley plantee dialogo y negociaciones entre los empresarios y el Estado, las comunidades no nos sentaremos a dialogar y mucho menos a negociar mientras no exista justicia integral por los daños causados y los delitos cometidos contra nuestros territorios y nuestra gente.

¡Sin justicia no hay dialogo y mucho menos negociación!

Comunicado: “No más criminalización y despojo contra los pueblos indígenas de Honduras”

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu indígena Tolupan de Luquigüe, San Francisco Locomapa, ubicados en el Departamento de Yoro; integrantes del Pueblo Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad nos hemos movilizado el día de hoy desde distintos puntos del país para pronunciarnos ante el Ministerio Público, instituciones del gobierno Central y a la población en general de la forma siguiente;

PRIMERO: Las comunidades indígenas en resistencia al despojo de nuestros bienes naturales ejecutado por el sistema extractivista que impera en nuestro país, constantemente hemos denunciado ante el Ministerio Público las amenazas, agresiones, corrupción y asesinatos de las que hemos y continuamos siendo víctimas, sin que hasta la fecha se haya presentado requerimiento fiscal en contra de nuestros victimarios.

SEGUNDO: Denunciamos que el actuar del Ministerio Público siempre ha sido diligente para presentar acusaciones contra nuestra, y muchas veces estas acciones se realizan con una simple y deliberada denuncia del empresariado y personas afines, es decir nuestros victimarios.

TERCERO: Repudiamos la falta de diligencias investigativas y el actuar abusivo de las y los funcionarios que nos han condenado en los últimos años múltiples procesos judiciales, limitando nuestros derechos a la organización, movilización y resistencia comunitaria, más daños psicológicos, sociales, económicos y morales.

CUARTO: Denunciamos que la Fiscalía Especial de Etnias nuevamente pretende abrir un proceso judicial en contra de nuestros compañeros de la Tribu Tolupan de Luquigüe, a quienes citó a comparecer este día, en calidad de investigados, sin indicar con precisión los hechos y el delito por cual supuestamente están siendo sometidos a investigación.

La Fiscalía de Etnias, conoce al menos de 10 denuncias que el pueblo Tolupan ha interpuesto en catorce años de existencia del MADJ, en los que la fiscalía ha presentado únicamente un requerimiento fiscal. Se ha convertido en parte del círculo de impunidad e inoperancia del Ministerio Público, incapaz de satisfacer de justicia y perseguir a los responsables de las agresiones al pueblo Tolupan. Para la Fiscalía de Etnias, el pueblo Tolupán no existe. Repudiamos que aparezca ahora investigando a hermanos tolupanes de Luquigüe que dignamente defienden los derechos de su tribu.

QUINTO: Denunciamos que el Ministerio Público y en Especial esta Fiscalía de Etnias ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa producto de las detonaciones realizadas por la empresa MINOSA  y la destrucción del cerro del Cementerio, no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí, permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals.

SEXTO: Manifestamos que es una obligación del Estado garantizar los derechos a todos los ciudadanos y especialmente a los pueblos indígenas que históricamente hemos sido víctimas de la violencia, el saqueo de nuestros recursos y el olvido institucional.

SEPTIMO: En atención a lo anterior solicitamos al Ministerio Público y gobierno central:

1. Que cesen las acciones de criminalización y persecución de las y los líderes en nuestras comunidades.

2. Se nos brinde información exacta sobre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Etnias, y en general por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas desde nuestros territorios ante las violaciones de las que hemos sido objeto.

3. Se nos dé respuesta ante los asesinatos de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute y nuestros compañeros Ricardo Soto, Armando Fúnez, Salomón Matute, Samael Matute, Milgen Soto, Erásimo Vieda y demás asesinatos sobre los cuales no existen procesos judiciales en contra de los autores intelectuales y materiales.  Exigimos justicia, memoria y verdad en el esclarecimiento de estos hechos y se garantice por el Estado de Honduras la no repetición de los mismos.

4. Exigimos a MIAMBIENTE, INHGEOMIN y demás instituciones del gobierno, así como al Ministerio Público se investigue y sancione inmediata y diligentemente las violaciones cometidas por la empresa MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, en el territorio maya chortí de la comunidad de Azacualpa.

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022. 

¡Hasta la Dignidad siempre!

Pronunciamiento Publico: Asamblea Permanente del Poder Popular.

Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, espacio político que aglutina organizaciones de base, feministas, campesinas, indígenas, estudiantiles y diversidades, ante los hechos suscitados el día de ayer 09 de febrero del 2022 en las comunidades de Tierras del Padre, Azacualpa y Guapinol nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.         Condenamos el actuar de las fuerzas armadas y policiales, en conjunto con el Poder Judicial que respondiendo a los intereses de la oligarquía y los grupos de poder económico han concentrado sus capitales en dichas comunidades para la explotación, desplazando a decenas de familias, contaminando su entorno y medio ambiente, así como generando condiciones de violencia y empobrecimiento, instrumentalizando el derecho penal y procesal para criminalizar a las personas y los pueblos.

2.         Reconocemos que estas acciones judiciales, constituyen una arremetida del capital transnacional y de la construcción institucional de la narcodictadura durante 12 años, que han proporcionado las condiciones de corrupción e impunidad del modelo de desarrollo extractivista en el país, consolidando las relaciones constitutivas propias del capitalismo y de la colonialidad. 

3.         Queda evidenciado que la narcodictadura nos dejó un Estado con profundas relaciones con el crimen organizado, corrupción y empresas transnacionales. Como pueblos sabemos que esta alianza entre poderes y suprapoderes busca imponer los intereses de los patrones y los capitales por sobre la vida misma, generando un contexto de violencia y zozobra que no nos permite vivir bien en nuestras comunidades, barrios y territorios. Ellos son los responsables de una distribución injusta de la riqueza y la violencia contra nuestros bienes comunes.

4.         Saludamos la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque en la comunidad indígena lenca de Tierras del Padre durante el intento de desalojo suscitado ayer. Con cautela, confiamos en la posibilidad de facilitar canales de comunicación interinstitucionales para que hechos como los de ayer no se repitan, lo cual constituye parte de la responsabilidad de estas instituciones.

5.         Exigimos que se creen las condiciones para la justicia y reparación de los pueblos que han sido sistemáticamente violentados en los últimos doce años.  

6.         Recordamos la promesa del Poder Ejecutivo para la exigencia, de libertad para los presos políticos de Guapinol, amnistía para los presos políticos y no más concesiones de proyectos mineros a cielo abierto, de generación de energía y la no renovación de proyectos. El cumplimiento de estas promesas es vital para abrir una nueva etapa en la reconstrucción del país y en las luchas territoriales. Sabemos que estas decisiones no solo recaen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, exigimos que como mínimo se paralicen todos los proyectos extractivos en curso, cuya existencia ha significado la violencia contra los pueblos originarios y poblaciones campesinas.

7.         Demandamos el reconocimiento estatal, principalmente del Poder Judicial, de los títulos ancestrales de la comunidad de Tierras del Padre y de los pueblos originarios en general, así como los fallos judiciales enfocados a la no exhumación y traslado del cementerio en Azacualpa. A estos poderes y a las empresas les recordamos la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

8.         Reclamamos que se investigue y deduzcan responsabilidades a los empresarios Lenir Pérez y Mario Facussé, así como a las empresas, Minerales de Occidente (MINOSA) e Inversiones Los Pinares S.A. De igual manera, exigimos que se investigue a las autoridades municipales de La Unión (Copán), Tocoa (Colón) y Santa Ana (Francisco Morazán) y deducir responsabilidades en los crímenes cometidos ayer contra las comunidades de Azacualpa, Guapinol y Tierras del Padre.

9.         Exhortamos al movimiento social y popular a convocarnos de manera inmediata, activa y permanente a acciones en todo el territorio nacional para continuar exigiendo un alto a la represión y el respeto a la dignidad de los pueblos.

10.       Incentivamos a las organizaciones políticas y sociales a generar espacios de articulación para la defensa territorial y soberana del país, encaminada a la refundación de las estructuras políticas y la construcción de un nuevo Estado enfocado en el buen vivir y vivir bien de las personas.

Asamblea Permanente del Poder Popular Honduras,
 10 de febrero del 2022

Por la dignificación del sistema de justicia en Honduras

Después de los acontecimientos suscitados este nueve de febrero cuando la estructura corrupta que mantiene secuestrado el sistema de justicia hondureño atacó violentamente los territorios indígenas de Azacualpa, Copán, la comunidad Lenca de las Tierras del Padre en Francisco Morazán y logró condenar injustamente a seis de los ocho luchadores sociales del rio Guapinol, nosotros y nosotras, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos pronunciamos de la siguiente manera.

  1. Condenamos el violento desalojo contra los y las habitantes de las comunidades Lencas que habitan la zona denominada Tierras del Padre en Francisco Morazán.
  2. Repudiamos la invasión a la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, por parte de algunos integrantes de la municipalidad de la zona, incluido su alcalde que junto a empleados de la empresa minera Aura Minerals violentaron una orden judicial que ordena detener las exhumaciones y todo lo que conlleve a dañar al cementerio histórico de la comunidad.
  3. Deploramos la nefasta resolución del poder Judicial contra los luchadores sociales del rio Guapinol, sin más fundamento que seguir beneficiando a la clase empresarial extractivista y su proyecto que a todas luces es nocivo para las comunidades aun cuando desde su origen está plasmado en ilegalidades.

Ante lo expuesto:

Denunciamos: El actuar servil de los operadores de justicia de Honduras que se han envalentonado contra las comunidades y los luchadores y luchadoras sociales en todo el territorio nacional y sincronizadamente ha optado por asestar golpes bajos contra las luchas por la vida y el territorio.

Con estas acciones, no solo han violentado el derecho legítimo de las comunidades y las leyes hondureñas, sino que también han desconocido los convenios internacionales que Honduras ha suscrito y adoptado como parte de su normativa legal.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia enviamos nuestro respaldo y solidaridad a las luchas de estas comunidades y convocamos a todo el pueblo y organizaciones populares en general a continuar la resistencia y protesta permanente contra las élites corruptas que, en su agonía y desesperación por la pérdida del poder oscuro y criminal tras doce años de narcodictadura, recurren a la violencia acompañados de actores estatales igualmente corruptos y criminales.

Instamos al pueblo a seguir en lucha para liberar el Poder Judicial que actualmente está secuestrado por esta élite corrupta y minoritaria que pretende seguir manteniendo privilegios a costa del pueblo y las grandes mayorías.

Llamamos a no desmayar y a no retroceder por la liberación de la patria-matria. Honduras: te luchamos o te perdemos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

San Pedro Sula 09 de febrero de 2022.

Más allá del Gobierno de Xiomara Por una verdadera transformación política, social y económica de nuestra Patria.

Ante la transición y asunción del gobierno de la presidente Xiomara Castro, el MADJ plantea y propone:

1. Ratificar el respaldo a la alianza de oposición electoral liderada por Xiomara Castro Sarmiento, a través de la cual, el pueblo hondureño derrotó a la golpista, corrupta y multipartidaria narco dictadura cachureca.

2. La crisis generada a propósito de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional constituye un intento de la élite golpista y corrupta por arrebatar la agenda popular que debe avanzar hacia la refundación de la sociedad y el Estado hondureño.

3. El debate y la solución a ésta y a cualquier crisis, nunca más debe ser un juego de cúpulas de la nefasta élite, mucho menos de la embajada de Estados Unidos, ni de ningún gobierno o poder transnacional. Las soluciones a las crisis de Honduras siempre debe ser tarea del pueblo hondureño directamente y a través de sus legítimas representaciones.

4. Respaldamos su plan de gobierno que incluye la refundación del país, el desmontaje de la estructura económica, política y jurídica que hasta ahora garantizó el crimen, la corrupción, la narcoactividad, la violación de derechos humanos y su impunidad. Nuestro respaldo no es ciego, ni acrítico; tampoco incluye la entrega, ni siquiera simbólicamente, de nuestro pasado y presente como organización en lucha permanente contra la mafia económica, política y multipartidaria que avergüenza a nuestro amado país.

5. Faltando pocas horas para que asuma el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lamentamos que como pueblo no tengamos información sobre quiénes integran su gobierno. Conocer, con suficiente antelación, los nombres, los perfiles, capacidades y peso ético de las personas que integrarán su gabinete y permitir que la ciudadanía se pronuncie al respecto, es también una forma contundente de legitimación.

6. Llamamos, una vez más, a las organizaciones del Movimiento Popular y Social hondureño a asumir, en bloque y con autonomía, en convergencia con otros actores, nuestro rol de sujetos políticos y sociales, impulsores del gran proyecto liberador y refundacional del campo popular hondureño. Y no nos cansaremos de llamar a la Constituyente como el más grande compromiso del nuevo gobierno, ya que es la única y verdadera salida a la crisis política que continúa oscureciendo el presente y futuro de Honduras.

Dado en San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida a los 26 días del mes de enero del año 2022.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Carta de la Asamblea Permanente del Popular a la presidenta electa de Honduras

Carta a la Presidenta Electa

                                                                                                              Tegucigalpa, Honduras 11 de enero, 2022

Sra. Xiomara Castro

Presidenta Electa de Honduras 2022 – 2026

Señora Presidenta,

Le saludamos como Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), una articulación integrada hasta el momento por 50 organizaciones de base de los 4 puntos cardinales del país, donde nos integramos múltiples resistencias y disidencias populares, que a lo largo de los 12 años de narcodictadura también supimos arrancar victorias defendiendo derechos y liberando nuestros territorios mediante ejercicios directos de soberanía popular comunitaria. Los espacios que integramos la APPP nos sentimos parte directa de la victoria electoral del 28 de noviembre de 2021 que derrotó a la nefasta, criminal y corrupta narcodictadura del Partido Nacional.

Con la autonomía que irreductiblemente nos corresponde como Movimientos Sociales y Populares y en el marco del afianzamiento del proyecto político del campo popular, saludamos la iniciativa de su gobierno de abrir un canal de comunicación para el relacionamiento con las organizaciones sociales del país. Al respecto, considere que varios de los espacios que integramos la APPP hemos asistido a presentar algunas demandas puntuales para que sean incorporadas a su plan de gobierno, especialmente en los primeros 100 días de su gestión gubernamental.

En este marco a la APPP nos mueve además la responsabilidad de trasladarle la decisión de mantener un relacionamiento político en bloque con su gobierno, en el cuál procesaríamos y daríamos seguimiento a las demandas que de manera individual han hecho las organizaciones y las que como espacio articulado, a nivel de políticas, programas y proyectos  se presenten al Estado a través de su gobierno.

Nos interesa también que su gestión tenga claro que la APPP comprende el hecho que su gobierno es y debe ser para toda la hondureñidad y que está integrado por una coalición de fuerzas políticas y parte de ellas representan estructuras económicas histórica y actualmente antagónicas a los intereses y derechos del pueblo hondureño,  en particular al movimiento popular. En ese sentido, confiamos en que su administración se decante por priorizar una gestión en favor del pueblo, pero además confiamos en que Usted y su administración entiendan que en la APPP encontrarán respaldo popular para esa gestión, siempre que la misma promueva y defienda los grandes anhelos del pueblo hondureño y no de los sectores económicos nacionales o internacionales que han llenado de vergüenza y despojo y corrupción a nuestro pueblo.

Igual es importante que Usted y su gestión tengan certeza en que, si en su gobierno se lograrán imponer los intereses de los grupos económicos nacionales o trasnacionales, de otros países o imperios, indudablemente la APPP, con rigor militante, asumiremos la defensa de los intereses del país y del pueblo hondureño.

Finalmente, para operativizar lo planteado en esta misiva, considere nuestra disposición para encontrarnos con Usted y sus equipos de trabajo, en el tiempo y espacio que usted considere adecuado, para procesar nuestras propuestas y los términos de una relación política de complementariedad para la construcción de la Honduras digna y soberana.

Desde nuestra dignidad, nos suscribimos

Asamblea Permanente del Poder Popular

Organizaciones integrantes:                                                       

1.     Organización Caminante.

2.     Plataforma ambiental.

3.     Pueblo Tolupan.

4.     COPA.

5.     Patronato de Castaños de Choloma.

6.     EAC Jardines del Valle.

7.     Escuela de Educación Popular Roger Bados.

8.     CNTC – El Progreso.

9.     CNTC – Fco. Morazan.

10.   CNTC – La Paz.

11.   AJAAS.

12.   Colectivo de Hombres Trans de Honduras.

13.   Mesa de Incidencia para la Gestión de Riesgos.

14.   MADJ.

15.   Bufete Estudios para la Dignidad.

16.   MUNI

17.   MEP-VS

18.   Puras Mujeres

19.   Colectivo Culturas Vivas

20.   Asociación de Estudiantes de Antropología UNAH-CU

21.   Violetas de Maché.

22.   Colectivos Ambientalista.

23.   Campamento Digno por el Agua y por la Vida – Pajuiles.

24.   Campamento Digno por la defensa del Agua – Jilamito

25.   Radio Dignidad.

26.   Consejo Indígena Lenca de Reitoca.

27.   Colectiva Cimarrón.

28.   C.L. Unión y Fuerza.

29.   ADEPZA.

30.   ARCAH.

31.   ENPJ.

32.   MDR.

33.   Trabajo Social – UNAH -CU.

34.   Comunidad de Tacamiche.

35.   MESCAE-UNAH-CU.

36.   Comisión La Tigra.

37.   Escuela de Sociología – UNAH-CU.

38.   MAS

39.   Colectivo de Pueblo y Barrio

40.   Mariposas Libres.

41.   RedComal.

42.   Comité de Afectados por MINOSA

43.   Plataforma Agraria.

44.   Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

45.   El Remolino.

46.   SITRAINA-COPA

47.   FUNDAMBIENTE

48. Coop. Laureles.

49.   Personas independientes.

50.   Trabajadorxs del Arte.

Compromiso por una gestión legislativa digna.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), una organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas comunidades rurales, urbanas, estudiantes, profesionales, campesinos, agricultores, indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes naturales y estratégicos del país, la promoción y defensa de derechos humanos de  colectivos especialmente los más vulnerabilizados[1].

Somos conscientes que, en este crucial momento, nuestro país está marcado por el nefasto imperio de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado hecho gobierno lo que provoca mayores tensiones, desesperación y frustración en una buena parte de la población, pero en contraste, también es un tiempo de esperanzas fincadas en el cambio que deben producir los resultados de las elecciones del próximo 28 de noviembre de 2021.

En el marco del desarrollo del proceso electoral convocamos a todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la alcaldía de San Pedro Sula a la Firma del compromiso por una San Pedro Sula DIGNA y a todos los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés a la Firma del compromiso por una GESTIÓN LEGISLATIVA DIGNA.

Estos compromisos, en el caso de San Pedro Sula consta de 12 peticiones ciudadanas que abarcan temas como la defensa y rescate de la cordillera de El Merendón, combate a la corrupción a lo interno de la Municipalidad, declarar el municipio libre de ZEDE´S y peajes, revocar el proyecto siglo XXI que tanto daño hace al pueblo sampedrano, liderar el proceso por recuperar el sistema de manejo del agua potable, revocar el sistema de grúas en la ciudad e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y relación directa con la ciudadanía rindiendo informes en asambleas populares y con participación ciudadana.

En el caso de las y los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés el documento contiene 10 puntos que tienen visión de país, el primero, liderar y revocar el decreto que dio vida a las ZEDE´S, derogación de leyes penales que garantizan la impunidad de quienes están vinculados a corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, revisión y revocación de contratos de concesión de la riqueza natural, liderar una gestión legislativa que priorice la plena satisfacción de los derechos de la población, liderar e implementar una práctica legislativa de rendición de cuentas, crear una estructura jurídica y liderar una práctica de CERO TOLERANCIA a la corrupción pública, asegurar que la elección de los próxima Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros cargos se desarrollen de manera ejemplar y transparente, pero que sobre todo sean con participación popular, impulsar mecanismos que permitan la discusión sobre el uso y manejo de los recursos públicos, hacer que la función legislativa se rija bajo los principios de transparencia, justicia y bien común e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y de relación directa con la ciudadanía.

Por un modelo de gestión pública transparente, justo, con participación ciudadana y respeto a la dignidad del pueblo. 

San Pedro Sula 23 de noviembre de 2021.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡


 

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.