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COMUNICADO PÚBLICO

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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad en conjunto con el Consejo Indígena Maya Chortí de Azacualpa, comunica a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Hoy, martes 3 de noviembre de 2026, la Municipalidad de La Unión, Copán, celebra un cabildo abierto cuyo propósito es aprobar la continuidad del proyecto minero de la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (MINOSA), subsidiaria de Aura Minerals.

2. Denunciamos que este cabildo no puede considerarse bajo ninguna circunstancia una expresión libre de la voluntad popular. Hemos recibido información de que la asistencia de las personas se condiciono por parte de la empresa a que las personas conserven su empleo en la mina.

3. Azacualpa es una comunidad indígena Maya Chortí, ha sido reconocido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SCO-0122-2019, y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Sin embargo, tanto la Municipalidad y MINOSA insisten en desconocer esta condición para evadir las obligaciones especiales que impone el derecho internacional de los Pueblos Indígenas.

4. En territorio indígena, la consulta previa, libre e informada es obligatoria para los funcionarios del Estado, tal como se establece en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida la sentencia en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras. La propia Ley General de Minería (art. 67-A) exige esta consulta además del cabildo cuando un proyecto afecta a pueblos indígenas. Por tanto, un Cabildo Abierto jamás puede sustituir a la realización de un proceso de consulta.

5. Recordamos que el 11 de enero de 2015 la comunidad de Azacualpa ya decidió en cabildo abierto, convocado y certificado por esta misma Municipalidad, rechazar el cierre de su cementerio, decisión que fue ignorada. Permitiendo a MINOSA exhumar los restos de personas y que hasta la fecha las familias aún no saben dónde están. Esto ocurrió a pesar de que la Sala de lo Constitucional ordenó en 2019 rechazar las exhumaciones.

6. La concesión minera de 40 años otorgada a MINOSA se encuentra vencida y el INHGEOMIN no ha resuelto la solicitud de prórroga presentado por la empresa ni  la oposición formal presentado por el Consejo Indígena Maya Chortí. Asimismo, se ha presentado una acción de amparo por la destrucción del Cerro Los Hornillos que aun no se ha resuelto.

7. Este cabildo se celebra en un territorio militarizado. Desde agosto, unos 200 efectivos policiales y militares resguardan el corte de bosque de la empresa. El 26 de agosto lanzaron bombas lacrimógenas contra pobladores, entre ellos un niño y una mujer embarazada, y provocaron un incendio en el Cerro Los Hornillos. Bajo ese contexto de miedo y criminalización no existen condiciones para una decisión libre.

Por todo lo anterior, EXIGIMOS:

  1. A la Municipalidad de La Unión, Copán se abstenga de continuar realizando acciones que atentan contra la preservación del territorio Maya Chortí, permitiendo la destrucción de montañas, suelos, bosques y desplazamiento de comunidades.
  2. Al INHGEOMIN que resuelva las nulidades presentadas por la comunidad Maya Chortí y garantice los derechos a consulta previa libre e informada en la decisión sobre su territorio.
  3. A las Secretarías de Seguridad y Defensa abstenerse de continuar apoyando a MINOSA brindándole seguridad para que pueda realizar trabajos en la zona sin oposición, violentando el derecho de asociación y autodeterminación de la población.
  4. A la comunidad nacional e internacional de los derechos humanos a estar atentas a las violaciones cometidas por autoridades municipales y funcionarios del Estado de Honduras para favorecer los intereses de la empresa y expresar muestras de solidaridad con las y los defensores de su territorio.

¡Azacualpa no está en venta! ¡Sin consulta previa no hay consentimiento!

La Unión, Copán, 3 de noviembre de 2026.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO AGRECASA: Contradicción de supuesto bienestar con la contaminación ambiental.

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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Dignidad y el Campamento Digno René Aleman y Pedrina Melgar desde el Sector Medina de Puerto Cortés, departamento de Cortés, emitimos el presente pronunciamiento público para denunciar las graves contradicciones, operaciones ilegales y prácticas impulsadas por la empresa Agregados del Caribe S. de R.L. de C.V. (AGRECASA).

Pese a los graves impactos ambientales y a la evidente inviabilidad de continuar operando en la zona, AGRECASA publicó un comunicado informando sobre la interposición de denuncias. Como consecuencia de ello, el martes 13 de octubre de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ingresaron a las instalaciones de la empresa bajo el argumento de realizar diligencias de inspección.
Ante estas posturas públicas realizadas por AGRECASA nos pronunciamos en los siguientes términos:

  1. Acciones que realiza el Campamento Digno René Alemán y Pedrina Melgar. En el marco de la labor de defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente que realizan las comunidades a través del Campamento Digno se han presentado múltiples denuncias ante el Ministerio Público, la Procuraduría General, por los delitos de Explotación Ilegal de Recursos Naturales, y por la Contaminación del Medio Ambiente, ocasionados por el “Proyecto Minero Sapadril”. Así como, solicitar el Cierre Definitivo de dicho proyecto en SERNA e INHGEOMIN, por las constatadas contaminaciones realizadas y por su inviabilidad de continuar operando.
  2. Contradicción de su discurso de bienestar en contraste con la devastación al ambiente. AGRECASA manifestó que la vida, la salud y el bienestar son su prioridad, sin embargo, esta narrativa se desvanece y contradice con la realidad de sus acciones:
  • Inexistencia de permisos para operar. La empresa carece de permisos legales vigentes y de Licencia Ambiental válida para operar, debido a los reiterados y constatados daños ambientales y sociales provocados al ecosistema. Ninguna persona integrante del Campamento Digno ha participado en agresiones a terceros; por el contrario, su accionar se limita a la legítima protección y defensa de los bienes comunes de la naturaleza.
  • Graves impactos ambientales y sociales. Esta empresa ha realizado impactos graves de contaminación hídrica, ambiental y social que ha sido documentada por instituciones del Estado, entre ellas, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto de Conservación Forestal (ICF), COPECO, Instituto Nacional de Geología y Minas (INHGEOMIN), Secretaría de Salud.
  • Criminalización de la comunidad. Contrario a las declaraciones de responsabilidad social, AGRECASA se ha convertido en un actor de persecución, criminalización y amenazas sistemáticas en contra de las personas defensoras del Campamento Digno, quienes han alzado la voz para evidenciar las ilegalidades, irregularidades y violencias realizadas por la empresa en la zona.

Denunciamos también, que resulta alarmante y condenable la actuación de los operadores de justicia al atender de manera expedita supuestas inspecciones peticionadas por AGRECASA. Mientras tanto, las diligencias de investigación derivadas de las denuncias por contaminación ambiental permanecen paralizadas. Esto ocurre a pesar de que existen informes y dictámenes de la SERNA que dictaminan la inviabilidad absoluta de este proyecto minero por el daño irreversible causado.

Instamos a las instituciones del Estado, en especial al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República a actuar con coherencia y estricta responsabilidad institucional. Exigimos que se actúe en consonancia con los principios constitucionales de justicia, para que se deduzcan las responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes a las empresas que destruyen el ecosistema y los bienes comunes y naturales, garantizando que estos actos no queden en la impunidad.

San Pedro Sula, Cortés, 27 de octubre del 2026.

¡Fuera AGRECASA de nuestra casa!

¿Qué viene después de esta nueva vergüenza?

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El regreso de un delincuente-narcotraficante de la talla de Juan Orlando Hernández nuevamente coloca a Honduras como el epicentro de un hecho que nos llena de vergüenza nacional e internacional.

La vergüenza más inmediata es por el espectáculo mediático montado por familiares, por la estructura criminal que promovió y patrocinó sus delitos: el Partido Nacional y que hoy convertido en gobierno negocia y paga con dignidad, bienes y recursos públicos el regreso de un ex presidente que puso toda la institucionalidad pública al servicio del crimen organizado para su beneficio personal.

Desde el MADJ no queremos caer en la tentación de limitar nuestro análisis en la “apoteósica bienvenida a JOH” como la catalogaron algunos medios de comunicación, pero nos parece necesario elevar la voz para dejar claro que nuestra defensa por Honduras no inicia, ni terminará con Juan Orlando Hernández, porque nuestro país es mucho, pero muchísimo más esperanzador que este grupo delincuencial narcotraficante al que pertenece JOH. 

Por eso, no queremos sumarnos a las opiniones quejosas que únicamente critican a la gente que, pagada o no, se congregó para recibir a JOH… cuánta gente llegó en comparación a los 10.5 millones de personas que somos, ¿son más los delincuentes que nosotros los que trabajamos y luchamos diariamente por salir adelante?… Jamás serán más que nosotros, lo que toca es que los honestos nos organicemos y que en conjunto tengamos la determinación de creer y hacer lo siguiente:

  1. Que JOH sigue siendo un criminal independientemente del discurso que nos quieran imponer y la soberbia infinita de esa familia y de ese partido. Es decir, JOH esun delincuente que fue investigado, procesado y condenado por narcotraficante. El indulto no borra la culpabilidad de los cargos, solo le quita la sentencia. Y es importante recordar que el indulto fue otorgado por otro delincuente, hecho presidente de EEUU, que también ha sido condenado por falsificación y abuso sexual. Es decir, es un perdón otorgado por un delincuente a otro delincuente para que este último le haga los mandados.
  2. Vamos a seguir demandando la apertura de nuevos juicios contra JOH y toda su pandilla (la vieja y la nueva). A nosotros no se nos olvidan ninguno de los 13 casos presentados por la MACIH, el robo al IHSS, la corrupción descomunal en el marco de la pandemia, pero tampoco olvidaremos los testimonios en el juicio de EEUU que dieron el detalle de los asesinatos, los negocios, el uso de toda la institucionalidad, especialmente La Policía y las Fuerzas Armadas, para facilitar el negocio del tráfico de la droga. La impunidad no es infinita y JOH lo sabe y lo sufrió en carne propia. Su familia (hermanos, primos), amigos y secuaces permanecen presos y se mantiene latente el odio de otros narcotraficantes a los cuales delató.      
  3. No vamos a pagar el indulto, ni con soberanía, ni con dignidad. No daremos una lucha fácil al gobierno, a los gringos, a Israel o a cualquier país, empresa o conglomerado que crea que, por arreglos entre políticos delincuentes, la población y las comunidades permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales, territoriales o cederemos nuestra soberanía. No somos colonia, ni patio trasero de nadie… ni Honduras, ni América Latina, lo que hagan en contra de nuestras comunidades, también tendrá un impacto directo en ustedes y en sus posesiones.
  4. Hoy más que nunca debemos reinventar la democracia. El retorno de JOH, el pacto de impunidad electoral firmado por TODOS los partidos, las pugnas de control y poder a lo interno de los partidos, especialmente en el Nacional, deben obligarnos a entender que requerimos de nuevos mecanismos y apuestas políticas que no tengan el olor rancio y de acomodo de los viejos liderazgos políticos y sociales. Estamos a tiempo para organizarnos y permitirle a la desvencijada democracia actual un aire de esperanza.
  5. El retorno de JOH es un revés moral para la población justa y honesta, pero no puede ser una derrota permanente. El regreso de Juan Orlando, es el regreso de un ex presidiario que fue hallado culpable de narcotráfico, más que un ex presidente, es decir, JOH a la luz de la justicia es y debe seguir siendo visto como un hombre derrotado y a nosotros eso debemos convertirlo en una fuerza movilizadora que siga luchando porque sea la justicia hondureña la que juzgue, condene y sentencie a JOH y a todos los delincuentes de su talla.

Lo peor que puede ocurrir es que la llegada de JOH sume a la perdida de la esperanza, el rumbo y la tenacidad de nuestro trabajo por una Honduras libre de la plaga delincuencial que la tiene estancada.

Insistimos una vez más que debemos ver el show del retorno del innombrable como un hecho que nos sacude de esta normalidad oprobiosa con la que a veces hablamos sobre a dimensión de la corrupción y del narcotráfico que hay en Honduras, no seamos analistas de cafetín o de redes sociales …. Organicémonos, defendamos con honestidad, con lógica estratégica al país, pero sobre todo revivamos la pasión y el compromiso por luchar y defender lo que nos pertenece a todos/as, por el bienestar colectivo… por la justicia, a la dignidad.

Solidaridad con la ciudadania movilizada de El Progreso

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Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresamos nuestro total respaldo y solidaridad con los taxistas, transportistas y las diversas organizaciones de la sociedad civil que, desde el 3 de julio, se han tomado las calles de El Progreso.

Su protesta es una respuesta legítima y necesaria contra el grosero e injustificado aumento de hasta un 300% en la tasa vehicular, aprobado de forma arbitraria por la Corporación Municipal que encabeza el alcalde Alexander López Orellana. Este incremento desproporcionado no es más que otra extorsión institucionalizada y un mecanismo de saqueo contra los bolsillos de la clase trabajadora que sufre la crisis económica generalizada

Condenamos el uso desmedido de la fuerza y la represión desatada por la Policía Nacional, que ha utilizado bombas lacrimógenas y tanquetas para dispersar a los manifestantes. Les recordamos a las autoridades que la protesta ciudadana es un derecho constitucional y humano inalienable.

El Progreso es la cuna histórica de las grandes gestas de transformación, como la Gran Huelga Bananera de 1954, Esa memoria no está muerta; vive y se moviliza hoy en las calles para frenar los abusos del presente . Instamos a la ciudadanía Progreseño a mantenerse firme, organizada y en permanente movilización hasta lograr el revocatorio total de este trancazo vehicular.

Esta lucha debe ser el inicio para desmontar los cacicazgos locales, la violencia, el abuso desmedido y la corrupción que por décadas han secuestrado al municipio. Es urgente avanzar hacia un modelo de gestión popular, participativo y transparente, donde las decisiones se tomen con el pueblo y para el pueblo, y no a espaldas de la ciudadanía.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía del país a estar expectante y a presionar a sus respectivos gobiernos locales. No podemos seguir tolerando políticas públicas basadas en el despojo y la profundización de la crisis.


¡Ya basta de tanto abuso con el pueblo! ¡Hasta la Dignidad siempre!

Lo incoherente de las “buenas” noticias del Ministro de Finanzas con respecto al FMI

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Una buena noticia sería que Honduras hubiera cancelado la totalidad de la deuda con el FMI como lo acaba de hacer Colombia, o que este organismo en lugar de garantizar la estabilidad macroeconómica de las élites del mundo, se preocupara, como mínimo, por los 200 millones de pobres que hay en America Latina…esas serían buenas noticias.

Lo que hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, anunció como “buena noticia” o como un “logro” de la administración Asfura simplemente es la continuidad de una serie de condicionalidades que apuntan a más privatización, menos apoyo a proyectos sociales y mayor apertura y seguridades macroeconómicas para los inversores externos, especialmente en temas de energía.

Cada vez que el FMI se pronuncia o nos “revisa” le quita la posibilidad a Honduras a decidir, a partir de las necesidades y las desigualdades, lo que realmente hay que hacer con los recursos económicos que genera el país.

¿Qué se destaca del comunicado publicado ayer?,¿cómo se contraponen los anuncios con la realidad?. Veamos:

  1. EL FMI anunció que al “pasar” Honduras sus revisiones macroeconómicas se hace posible un desembolso de USD 242 millones. El Ministro Hércules dijo que este recurso iría a “apoyo presupuestario” es decir para cualquier cosa, a cualquier necesidad que identifique el gobierno, menos a temas sociales.
  2. “La economía hondureña se ha mantenido resiliente”… en parte por “las reformas estructurales que se han afianzado en los últimos meses”. Seguro estamos que el FMI no revisa el estado de la economía del 80% de los hogares pobres que hay en Honduras o le pregunta al 67% de la PEA que es informal cómo se las ingenian sus trabajadores para llegar al fin de mes.
  3. El Fondo dice que la economía de Honduras creció en un 3.8% y que una buena parte se lo debemos al incremento de las remesas. Dicho de otra manera, la economía crece a partir de la pobreza y la expulsión que hemos hecho de nuestros propios compatriotas
  4. Se asegura que el único problema con la inflación que rondará el 5.7 este año es el incremento del precio del petróleo, seguro que nadie les dijo que el precio de la canasta básica de una familia promedio es mayor que el salario mínimo y que solo en este año ese precio ha tenido un crecimiento de 700 lempiras, puesto que el 62% de los productos han registrado aumentos de precio.
  5. “El desempeño fiscal sigue siendo sólido” …”tiene una política fiscal prudente” dice el FMI, es decir que omiten una verdad oprobiosa: el 10% de la población con menores ingresos paga hasta el 50% de lo que percibe en tributos indirectos y claro el Fondo también se hace de la vista gorda porque sabe que el 92% de los privilegios fiscales se concentra en apenas el 10% de las empresas.
  6. “Es fundamental reimpulsar las reformas en el sector energético para limitar los riesgos fiscales y respaldar el crecimiento económico a mediano plazo”, en otras palabras, la mafia energética internacional, se une a la nacional y justifican aún más la privatización de la ENEE y la multiplicación de negocios hiper rentables a expensas de la pobreza de la gente y de la explotación de los recursos naturales.
  7.  La situación económica, advierte que la inflación en alimentos básicos es «insostenible» para los hogares, en cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los hondureños tienen una mala calidad de vida.
  8. La deuda externa en Honduras crece cada día más, y supera los 10,742 millones de dólares, estas obligaciones consumen cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional, lo que limita fuertemente la inversión en desarrollo social y productivo.

Nada de esto son buenas noticias y menos son anuncios esperanzadores para Honduras

Desde el MADJ reiteramos que es urgente redefinir nuestras prioridades, pero a partir de nuestras necesidades y a la medida de nuestras posibilidades. No podemos seguir cumpliendo a pie juntillas un listado de condicionalidades que nos provocan más pobreza y desigualdad y además agradecerlo y sentirnos alegres con esto.

Contrario al gobierno actual, y en general a todos los gobiernos, nosotros si tenemos dignidad y nunca seremos serviles a países u organismos que ven en países como Honduras una veta para sus negocios.

LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

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Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.

Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.

Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.

La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.

Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

ENCUENTRO NACIONAL DE TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES EN LUCHA CONTRA LA MINERIA

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CONTRA LA MINERIA

“Contra la minería, contra el extractivismo, por la vida, por la justicia y la soberanía territorial”

Nosotros y nosotras, organizaciones en lucha contra la minería y el extractivismo, reunidas en la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Nos autoconvocamos desde La Paz, Yoro, Cortes, Santa Barbara, Atlántida en encuentro nacional del 02 al 04 de agosto de 2024, para celebrar la lucha victoriosa del Sector Florida, articularnos, fortalecernos y reafirmar nuestro compromiso por Honduras en favor de la vida.

Compañeros, compañeras y sociedad:

NUESTRA LUCHA contra la Minería es la lucha por la vida, por la soberanía, comunitaria, territorial y nacional; es contra un modelo económico Político y cultural generador de muerte, dolor y sufrimiento que convierte nuestros bienes comunes y nuestra gente en mercancía; motor de pobreza y desigualdad. Por eso, NO entrará en nuestros territorios ningún proyecto de muerte, ni una concesión más.

CELEBRAMOS el triunfo popular organizado de las 16 comunidades del sector Florida Tela sobre sobre cuatro proyectos mineros, expresión del sistema capitalista opresor y violento.  Su triunfo es clave para las luchas territoriales de Honduras y la región. Con ustedes hemos vencido, vencemos y venceremos.

NOS DECLARAMOS en contra de toda iniciativa económica y política que privatice, saquee y explote nuestras riquezas, que empobrezca a nuestros pueblos y divida nuestras comunidades y familias. Nosotros apostamos por un desarrollo integral comunitario y popular que respete la vida en todas sus formas, nuestras cosmovisiones, nuestra madre tierra y nuestra propia forma de organización comunitaria y social.

 RECONOCEMOS en la espiritualidad el motor de nuestros procesos, pues la auténtica fe es aquella que nos compromete a repudiar la injusticia, el abuso y la miseria movilizándonos a transformar el mundo para que todos y todas tengamos vida en abundancia con justicia y dignidad. Nuestra militancia y compromiso social se alimenta en la fe, la religión y espiritualidad.

 ANIMAMOS a todos los territorios, comunidades y organizaciones en el territorio nacional a permanecer movilizados, recuperar espacios y asumir la movilización como herramienta efectiva para revertir el extractivismo, la minería, el atropello y la impunidad. Las calles siempre serán siempre nuestras trincheras y nuestras escuelas.

 ACORDAMOS avanzar nivel nacional como frente anti minero junto al Movimiento Popular y Social hondureño [MPSH], para articular las luchas en todo el pais y construir desde la base, la alternativa que nuestro país necesita. Avanzaremos desde nuestra autonomía de acción para el bien de todos y todas. ¡Solo unidos/as, solo juntos/as podremos avanzar!

LLAMAMOS al gobierno central, los gobiernos municipales y diputados, a desandar el camino de las excusas y las negociaciones con los enemigos del pueblo. Exigimos coherencia y respetos a los procesos populares y comunitarios. Refundar este país no es posible sino estamos nosotros » el pueblo» como el centro.

Compañeros y compañeras, proclamamos un nuevo tiempo para avanzar con ánimo renovado, con urgencia y sin demoras hasta ver nuestros territorios y toda nuestra Honduras liberada de los males estructurales.

Dado en Nueva Esperanza, Sector Florida, Tela, Atlántida, territorio libre de minería.

¡Del 2 al 04 de agosto de 2024! ¡Toda mina contamina! ¡Honduras sin minería vale más! ¡Agua, tierra territorios y energía no son mercancía!

Juan Orlando Hernández es culpable y está condenado, pero… ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que deja este caso para Honduras?

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Juan Orlando Hernández, el narcotraficante respaldado por los Estados Unidos, gobernó Honduras desde el 2014 al 2021 y convirtió el país en un narcoestado, por lo cual ahora ha sido sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. 

Se puede pensar que con esa condena no se genera ningún escarmiento a la sociedad, ya que cualquier joven aventurero, necesitado de algo de dinero, seguro que le es tentadora la idea de ser narco, aun con el riesgo de ser condenado, con tal de volverse multimillonario unas décadas después. Porque tras el cumplimiento de tales penas tiene garantizado salir libre y con suficiente vida y dinero, contando con una tercera edad que le permite disfrutar de lo añorado. Con penas así, Estados Unidos se asegura que Honduras continuará atada a la narcodelincuencia y nos tendrá eternamente en sus manos. Y es que de alguna manera se repite la traición de Heide Fulton al legitimar el golpe de Estado de 2017 y ahora Castell haciendo del narcotráfico una actividad peligrosa y al mismo tiempo atrayente en el contexto de un pueblo que se disputa el primer lugar en pobreza y miseria a nivel continental.

 En su pasado mes de marzo, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad expresamos diariamente nuestros puntos de vista mientras avanzaba el juicio contra JOH y nos cansamos de preguntarnos ¿Qué pasará con Honduras después del juicio y la condena? ¿Qué papel debe asumir la actual administración del país? ¿qué acciones debe asumir inmediatamente el movimiento social popular para hacer prevalecer la dignidad y derechos del pueblo?

Ahora, a dos meses después del juicio y frente a la sentencia dictada, demandamos del Estado de Honduras, desde los tres poderes constitucionales, acciones contundentes y cambios reales que permitan recuperar plenamente el carácter soberano de la nación hondureña, lo cual debe pasar obviamente porque  se juzgue a cada uno de los funcionarios de la banda de JOH que se constituyeron en narcogobierno y se castigue a las diferentes estructuras criminales que fomentaron el odio y el desprecio por la vida en todo el territorio nacional.

Es lamentable que los medios de comunicación social reaccionan a esta condena desde una perspectiva meramente sensacionalista, enfatizando más el posible regreso de JOH tras la apelación anunciada inmediatamente después de la sentencia; dejando de lado lo que de verdad importa, como ser el significado que tiene para Honduras y su población esta condena. Y pese a que no era la condena que muchos esperaban, se juzgó al cabecilla de esa estructura criminal que ha hundido el país y faltan muchos más. Sin embargo, los medios de comunicación siguen fabricando cortinas de distracción con noticias irrelevantes, llevando a la población a la ignorancia y desinformación. A estos periodistas y medios de prensa les hacemos un llamado a ejercer con dignidad su profesión, a que sean fuente de información para que se pueda hacer justicia para Honduras y a la vez sacarla de donde la dejó JOH y su banda.

En ese sentido declaramos que a pesar de que la condena no nos deja satisfechos en nuestro afán de lograr mínima justicia, lo menos que debe suceder en Honduras es lo siguiente:

  1. Desmontar y enjuiciar la estructura criminal -incrustada en todos los poderes del Estado- que respaldó y se benefició del accionar criminal del clan Hernández Alvarado y, por otro lado, que el gobierno de la refundación se comprometa con no continuar premiando con dádivas y nuevas funciones a los adláteres del narcodictador, como vergonzosamente está ocurriendo. ¿Tenemos un actual gobierno distinto radicalmente del narcogobierno de JOH o la estructura narco criminal de JOH va a continuar intacta en el actual gobierno?
  2. Perseguir penalmente, por los delitos que por acción u omisión cometieron militares, policías, ministros, diputados, magistrados y todos los funcionarios a diferentes niveles que tuvieron el deber legal y constitucional de detener el avance criminal de la estructura de los Hernández Alvarado.
  3. Cancelar aquellas organizaciones, como Iglesias y ONG´s que funcionaron como fachada para asaltar el Estado de Honduras y maquillar la narcodictadura; y, al mismo tiempo, inhabilitar la estructura legal político partidaria que facilitó la llegada al poder a JOH para que operara y saqueara el Estado.  La pervivencia de estas instituciones amenaza con el retorno a un nuevo narcoestado como posibilidad bastante grande y peligrosa.
  4. Erradicar toda la estructura de corrupción e impunidad (leyes, instituciones, figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad creado en 2011 cuando JOH fungió como Presidente del Congreso Nacional) que se construyó durante los 12 años de narcodictadura y profundizó una lógica de corrupción que saqueó las arcas del Estado, entregó concesiones a diestra y siniestra de nuestros territorios y bienes comunes, colaboró para que nuestro país se convirtiera en narcogobierno y asesinó a nuestros compañeros y compañeras durante las luchas contra los fraudes electorales de 2013-2014 y 2017-2018.
  5. Incautar y asegurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos producto de las acciones criminales del clan Hernández Alvarado y sus allegados, incluyendo funcionarios, familiares y amigos.
  6. Iniciar cuanto antes en Honduras y contra JOH, la persecución penal por los delitos que haya cometido como ciudadano y como funcionario público.
  7. Reclamar oficial y formalmente a la embajada de los Estados Unidos de América su culpabilidad ante el reconocimiento y sostenimiento del falso triunfo de JOH en los procesos electorales de 2013 y 2017, y se le exija una disculpa ante la población hondureña y el mundo.
  8. Dar trámite a nuestras peticiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que fomentan los delitos de corrupción en el país, que fuera aprobado en el gobierno del narcotraficante JOH.
  9. Llamamos a las organizaciones de lucha social, a nuestros territorios y comunidades a continuar en el proceso de resistencia, articulación y construcción de cambios estructurales para impulsar una nación en dignidad y justicia.

Finalmente, como organizaciones que durante muchos años hemos denunciado los abusos y violaciones que Juan Orlando y su clan realizaron en contra de la soberanía del país; hoy, a la luz de la condena del narcodictador, exigimos al actual gobierno que si en verdad quiere refundar el país, pase del discurso a la acción, iniciando por hacer posibles los cambios que la institucionalidad hondureña necesita para acabar con años de corrupción y terminar de una vez con lo que JOH y su hermano crearon, un narcoestado.