Categoría: Uncategorized

Juan Orlando Hernández es culpable y está condenado, pero… ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que deja este caso para Honduras?

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en Juan Orlando Hernández es culpable y está condenado, pero… ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que deja este caso para Honduras?

Juan Orlando Hernández, el narcotraficante respaldado por los Estados Unidos, gobernó Honduras desde el 2014 al 2021 y convirtió el país en un narcoestado, por lo cual ahora ha sido sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. 

Se puede pensar que con esa condena no se genera ningún escarmiento a la sociedad, ya que cualquier joven aventurero, necesitado de algo de dinero, seguro que le es tentadora la idea de ser narco, aun con el riesgo de ser condenado, con tal de volverse multimillonario unas décadas después. Porque tras el cumplimiento de tales penas tiene garantizado salir libre y con suficiente vida y dinero, contando con una tercera edad que le permite disfrutar de lo añorado. Con penas así, Estados Unidos se asegura que Honduras continuará atada a la narcodelincuencia y nos tendrá eternamente en sus manos. Y es que de alguna manera se repite la traición de Heide Fulton al legitimar el golpe de Estado de 2017 y ahora Castell haciendo del narcotráfico una actividad peligrosa y al mismo tiempo atrayente en el contexto de un pueblo que se disputa el primer lugar en pobreza y miseria a nivel continental.

 En su pasado mes de marzo, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad expresamos diariamente nuestros puntos de vista mientras avanzaba el juicio contra JOH y nos cansamos de preguntarnos ¿Qué pasará con Honduras después del juicio y la condena? ¿Qué papel debe asumir la actual administración del país? ¿qué acciones debe asumir inmediatamente el movimiento social popular para hacer prevalecer la dignidad y derechos del pueblo?

Ahora, a dos meses después del juicio y frente a la sentencia dictada, demandamos del Estado de Honduras, desde los tres poderes constitucionales, acciones contundentes y cambios reales que permitan recuperar plenamente el carácter soberano de la nación hondureña, lo cual debe pasar obviamente porque  se juzgue a cada uno de los funcionarios de la banda de JOH que se constituyeron en narcogobierno y se castigue a las diferentes estructuras criminales que fomentaron el odio y el desprecio por la vida en todo el territorio nacional.

Es lamentable que los medios de comunicación social reaccionan a esta condena desde una perspectiva meramente sensacionalista, enfatizando más el posible regreso de JOH tras la apelación anunciada inmediatamente después de la sentencia; dejando de lado lo que de verdad importa, como ser el significado que tiene para Honduras y su población esta condena. Y pese a que no era la condena que muchos esperaban, se juzgó al cabecilla de esa estructura criminal que ha hundido el país y faltan muchos más. Sin embargo, los medios de comunicación siguen fabricando cortinas de distracción con noticias irrelevantes, llevando a la población a la ignorancia y desinformación. A estos periodistas y medios de prensa les hacemos un llamado a ejercer con dignidad su profesión, a que sean fuente de información para que se pueda hacer justicia para Honduras y a la vez sacarla de donde la dejó JOH y su banda.

En ese sentido declaramos que a pesar de que la condena no nos deja satisfechos en nuestro afán de lograr mínima justicia, lo menos que debe suceder en Honduras es lo siguiente:

  1. Desmontar y enjuiciar la estructura criminal -incrustada en todos los poderes del Estado- que respaldó y se benefició del accionar criminal del clan Hernández Alvarado y, por otro lado, que el gobierno de la refundación se comprometa con no continuar premiando con dádivas y nuevas funciones a los adláteres del narcodictador, como vergonzosamente está ocurriendo. ¿Tenemos un actual gobierno distinto radicalmente del narcogobierno de JOH o la estructura narco criminal de JOH va a continuar intacta en el actual gobierno?
  2. Perseguir penalmente, por los delitos que por acción u omisión cometieron militares, policías, ministros, diputados, magistrados y todos los funcionarios a diferentes niveles que tuvieron el deber legal y constitucional de detener el avance criminal de la estructura de los Hernández Alvarado.
  3. Cancelar aquellas organizaciones, como Iglesias y ONG´s que funcionaron como fachada para asaltar el Estado de Honduras y maquillar la narcodictadura; y, al mismo tiempo, inhabilitar la estructura legal político partidaria que facilitó la llegada al poder a JOH para que operara y saqueara el Estado.  La pervivencia de estas instituciones amenaza con el retorno a un nuevo narcoestado como posibilidad bastante grande y peligrosa.
  4. Erradicar toda la estructura de corrupción e impunidad (leyes, instituciones, figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad creado en 2011 cuando JOH fungió como Presidente del Congreso Nacional) que se construyó durante los 12 años de narcodictadura y profundizó una lógica de corrupción que saqueó las arcas del Estado, entregó concesiones a diestra y siniestra de nuestros territorios y bienes comunes, colaboró para que nuestro país se convirtiera en narcogobierno y asesinó a nuestros compañeros y compañeras durante las luchas contra los fraudes electorales de 2013-2014 y 2017-2018.
  5. Incautar y asegurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos producto de las acciones criminales del clan Hernández Alvarado y sus allegados, incluyendo funcionarios, familiares y amigos.
  6. Iniciar cuanto antes en Honduras y contra JOH, la persecución penal por los delitos que haya cometido como ciudadano y como funcionario público.
  7. Reclamar oficial y formalmente a la embajada de los Estados Unidos de América su culpabilidad ante el reconocimiento y sostenimiento del falso triunfo de JOH en los procesos electorales de 2013 y 2017, y se le exija una disculpa ante la población hondureña y el mundo.
  8. Dar trámite a nuestras peticiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que fomentan los delitos de corrupción en el país, que fuera aprobado en el gobierno del narcotraficante JOH.
  9. Llamamos a las organizaciones de lucha social, a nuestros territorios y comunidades a continuar en el proceso de resistencia, articulación y construcción de cambios estructurales para impulsar una nación en dignidad y justicia.

Finalmente, como organizaciones que durante muchos años hemos denunciado los abusos y violaciones que Juan Orlando y su clan realizaron en contra de la soberanía del país; hoy, a la luz de la condena del narcodictador, exigimos al actual gobierno que si en verdad quiere refundar el país, pase del discurso a la acción, iniciando por hacer posibles los cambios que la institucionalidad hondureña necesita para acabar con años de corrupción y terminar de una vez con lo que JOH y su hermano crearon, un narcoestado. 

POR UNA HONDURAS VERDE, SOSTENIBLE, JUSTA Y DIGNA

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en POR UNA HONDURAS VERDE, SOSTENIBLE, JUSTA Y DIGNA

Luego de que el 23 de mayo del 2024 la presidenta Xiomara Castro a través de un discurso, junto al Consejo Nacional de Defensa y Soberanía anunciaran el nuevo plan de “Cero Deforestación al 2029”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos cuestionamos si este nuevo proyecto en verdad favorecerá a la situación ambiental del país. Teniendo en cuenta el deplorable estado de los bosques nacionales y la permanente denuncia de las organizaciones, pueblos indígenas, garífunas y territorios campesinos sin lograr hasta el presente acciones urgentes y contundentes de parte del Estado.

Ahora se ha declarado en emergencia ambiental por la situación alarmante de la deforestación y su impacto sobre las cuencas productoras de agua. Esto a causa de los proyectos de generación de energía que quieren instalarse en territorios sin consultar a las comunidades, ejemplo de ello son, el sector Pajuiles con el proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP que contaminó el río Mezapa, produciendo afectaciones en la salud de las personas y pretendía dejar sin agua a las comunidades del sector. Así mismo, en Jilamito, la empresa INGELSA y su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, hasta ahora el único no explotado por la empresa privada gracias a la organización de la comunidades, este proyecto además de contaminar las fuentes de agua y dejar sin el derecho al agua a las comunidades, generó una ola de violencia en el territorio y provocó una ruptura en el tejido social.

Es por esto que nos cuestionamos si esta iniciativa va en línea de detener la deforestación y proteger lo que nos queda de boques y las fuentes de agua; es posible que esta sea una medida correcta para combatir la emergencia ambiental, pero solo si sus proyecciones se acompañan de procedimientos técnicos y políticos adecuados, y se abre a la participación activa y proactiva de la ciudadanía. De lo contrario se quedará como en muchas ocasiones, en discurso y en un show mediático.

Contrariamente a lo que se señala en el documento “Cero Deforestación al 2029”, son los grandes empresarios madereros que deforestan, no las familias “campesinas marginales” que expanden la frontera agrícola, tal como lo afirma Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esas familias campesinas no son responsables ni siquiera de la décima parte de la deforestación nacional. ¿Por qué esconder ante la población el verdadero rostro y nombre de quienes nos dejan sin bosques? ¿Por qué esconder a los responsables de los incendios forestales como los de La Tigra y El Merendón o los que talan un cerro completo para sus proyectos habitacionales? El gobierno no podrá ocultar los grandes depredadores de los bosques y las cuencas de agua porque desde nuestros pueblos nos enfrentamos a ellos casi a diario, aun a costa de ser criminalizados por defender la vida.

Y, por otro lado, el problema de las familias campesinas marginales se solucionaría en cuanto el gobierno recupere los cientos de miles de hectáreas de tierras (ya destinadas constitucionalmente para fines de reforma agraria) y emprenda inmediatamente una política agraria que beneficie a los cientos de miles de familias campesinas sin tierras. ¿Quién detendrá los verdaderos asesinos de los bosques de Honduras si el gobierno de Xiomara Castro ni siquiera se atreve a nombrarlos?

Cabe mencionar que bajo la tutela del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha estructurado una red de representantes de instituciones de gobierno que, por supuesto, deben dar cuenta a los generales, y dispondrán de 19 mil millones de lempiras para hacer reverdecer los bosques de Honduras de ahora al 2029. Nos parece mucho más importante que no sean los militares, sino las mismas comunidades rurales insertas en geografías boscosas quienes sean determinantes y protagónicas en la recuperación de los bosques y cuencas; ya que, al acabarse los fondos dispuestos, los militares volverán a sus barracas, pero las comunidades continuarán aplicando todo lo aprendido en manejo y conservación de bosques aún más allá del 2029. No deja de ser lamentable que el brazo de lucha y construcción de la refundación nacional haya dejado de ser el pueblo y sus organizaciones sociales populares, y en su lugar haya sido entregado por el gobierno actual a los militares.

En el marco del desarrollo del programa de “Cero Deforestación al 2029”, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia designarán 3 fiscales y 3 jueces con carácter de jurisdicción nacional para atender las situaciones que ameriten un tratamiento legal. Consideramos esta medida como buena pero insuficiente. El pueblo hondureño no se merece crear pequeños islotes de justicia, sino que estas instituciones se renueven a nivel nacional para acabar con la impunidad ambiental de los entes devastadores de los bosques, pero también de todos aquellos que violentan los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana vinculados a los bosques y, sobre todo, que asuman el honor de hacer justicia a todos los pueblos originarios de Honduras y no solamente a los que se mencionan en el documento “Cero Deforestación al 2029”. Los pueblos originarios son los que más tiempo llevan gritando el despojo de sus tierras y la consecuente devastación ambiental provocada por empresarios madereros, terratenientes, mineros y más recientemente los empresarios vinculados a la captura de carbono utilizando los bosques de los pueblos indígenas y garífunas.

En este contexto, nos cuestionamos, que cambiará con esta iniciativa ya que durante años se ha denunciado la deforestación ejecutada por particulares, madereros, empresas en complicidad con los funcionarios de gobierno e instituciones como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e Instituto de Conservación Forestal (ICF) y su papel omisivo ante el saqueo y la quema del bosque. Por otra parte, los fiscales no investigan, no acusan y el poder judicial no condena. ¿Por qué debería cambiar ahora, con relación a estas fiscalías y juzgados especializados? ¿Por qué deberíamos confiar en que estas fiscalías no seguirán permitiendo la destrucción de los bosques y las cuencas de agua? Ya que han sido estos fiscales los que han permitido la criminalizaron de nuestros compañeros y compañeras por defender el bosque en Locomapa.

Al ICF se le instruye para que (contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) anule jurídicamente cualquier autorización para devastar las zonas Núcleo de las áreas protegidas. Esto que se faculta hacer al ICF en conjunto con las fuerzas del orden en las áreas protegidas (ley secundaria) debe atenderse, con mucha más obligatoriedad, en los territorios de los pueblos originarios amparados en el convenio 169 de la OIT, convertido en ley primaria desde el momento de su ratificación en 1994. Las 75 áreas protegidas a nivel nacional son solo una muestra de la riqueza natural de Honduras que ciertamente deberán perpetuarse como lugares santuario. Sin embargo, es urgente sanear los territorios de los pueblos originarios, acabando con el saqueo mediante deforestación, destrucción de ríos, demolición de montañas, etc. para recuperar la salud geoambiental de las regiones donde están insertos.

Al MADJ, BED y FUNDAMBIENTE nos parece insensato que la Comisión de “Cero Deforestación al 2029” esté integrada únicamente por personal de las secretarías de Estado, autocomprendiéndose de forma autoritariamente omnisciente, donde la toma de decisiones es un asunto exclusivo de funcionarios de Estado. Es por esto por lo que pedimos la mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a cada una de las instituciones. La sociedad debe seguir de cerca el manejo y ejecución de los fondos para evitar el desvío o mal uso de estos. Por otro lado, sería idóneo que se presente un plan de distribución de los fondos para que no se conviertan en otro apetito de funcionarios del gobierno, ni que el dinero sirva como moneda de cambio para pagar favores políticos a grupos empresariales que puedan beneficiarse con contratos en el marco de estos fondos.

Es necesario que a esta Comisión se sumen representantes cualificados de las principales universidades y centros de investigación nacionales. Igualmente es importante sumar a representantes de organizaciones sociales y movimientos populares que de antemano han construido aprendizajes significativos (teóricos y prácticos) en asuntos de defensa de la soberanía ambiental de los pueblos y diseño de tecnologías populares de preservación, conservación, y desarrollo sostenible en territorios de vocación forestal integrando acciones sociales y técnicas de carácter agrosilvopastoril eficaces, sostenibles y con alto grado de justicia social.

Respecto del mandato otorgado al Poder Legislativo, de reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales, consideramos importante endurecer algunas penas y reconocer nuevos delitos ambientales. Pero de nada servirán tales reformas si antes no hay compromiso por hacer justicia ambiental a quienes delinquen impunemente y en mayor calado, como lo hace el sector empresarial de Honduras.

Valoramos la iniciativa de combatir la emergencia ambiental del país, pero nos resulta insuficiente que el documento contemple la asignación aislada de algunos incentivos para las personas que voluntariamente colaboren con el programa de la “Cero Deforestación al 2029”. Nos preocupa el nacimiento de estas iniciativas con enfoque militarista y que suceda como con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, que se esperaba ayudará a solucionar el conflicto agrario pero lo único que ha hecho es ponerse de lados de los empresarios y desalojar a cientos de familias campesinas. Nos preocupa que esta línea militarista sea una política de gobierno, un gobierno que criticó tanto el modelo de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ahora se puede decir que no hay muchas diferencias entre uno y otro, nos cambiaron las bombas lacrimógenas por tanquetas con chorros de agua para reprimirnos.

Finalmente, el MADJ, BED y FUNDAMBIENTE llamamos a los pueblos originarios, organizaciones populares y pueblos en general a sumarse a la lucha por combatir la emergencia ambiental del país. Se impone hacerlo no como peones, sino como agentes, autores y actores dueños plenos de nuestra propia historia. Frente a los empresarios extractivistas que no denuncia el gobierno de Xiomara Castro en el documento “Cero Deforestación al 2029”, vamos a ejercer soberanía ambiental en todos nuestros territorios. Nadie puede despojarnos y marginarnos de nuestra ciudadanía ambiental. Pero esto implica organizarnos para preservar y conservar nuestros bienes naturales, al mismo tiempo que delatar y someter a la justicia a quienes depredan los entornos ambientales de las comunidades y pueblos, que saquean nuestros bosques y destruyen nuestras cuencas proveedoras del agua que necesitamos y se roban los bienes naturales que pertenecen a todos y todas.

Cuando se lucha con dignidad la victoria está asegurada. No importa cuánto nos cueste. La dignidad y la justicia siempre se imponen.

A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia

Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.

Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…

Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.

Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.

Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.

Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.

El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas. 

En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.

Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.

Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.

Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país. 

Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.

En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..

El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.

En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.

Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…

 Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.

Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…

En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.

Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.

Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.

Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.

Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización

En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.

Tegucigalpa, 24 de mayo, 2024

Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual

Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares
condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes
de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica
Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de
las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e
integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración
de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.


Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López,
Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron
encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la
obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron
nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima,
obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.


El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La
Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia
de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no
inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a
ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación
propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados.
Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su
condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima,
por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.


“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas
las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los
grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá
siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández.
Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que
cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación
sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir
con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que
genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo
que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos
de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.


En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos
de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad
del Estado.

San Pedro Sula, Honduras, 17 de mayo de 2024.

La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras

Dicen que el que espera, se desespera y el país se encuentra hoy en una larga angustia debatiendo sobre las posibilidades que tiene Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable o no en el juicio que se le sigue en New York. Sin embargo, pensar en el impacto que debe tener esta sentencia debe ser la prioridad para los millones y millones que exigíamos el Fuera JOH.

Los 12 miembros del jurado, que por más de diez días escucharon testimonios sobre cómo se asesina, se trafica, se compran voluntades, se ordena el sometimiento de instituciones públicas para que estén al servicio de los cárteles de la droga, parecen estar en una compleja discusión y revisión de documentos que aseguren que las pruebas presentadas, sobrepasen las dudas razonables, y permitan que un hombre, que fue presidente de un país, sea declarado culpable.

Sin embargo, los que nacimos en este país no necesitamos de un juicio o jurados internacionales para saber a cabalidad la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por los delitos que le imputa Estados Unidos y de otro montón de delitos que debieron imputársele aquí en Honduras y que aún hoy existen instituciones y estructuras que están empeñadas en que continúen en la impunidad para no ser salpicadas.  

Es decir, estamos seguros de que a JOH, de una u otra manera, será declarado culpable en EEUU porque lo es, y porque cada argumento presentado por la fiscalía estadounidense era correcto, aunque para quienes conocemos y hemos padecido la “narcodictadura” la gravedad de los delitos cometidos por JOH es mucho más grande y profunda que lo expuesto en ese tribunal.

Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que entendemos que el juicio y la sentencia va mucho más allá de Juan Orlando…, el juzgamiento y la sentencia son también para Honduras y nos impacienta que hasta el momento no observamos ningún tipo de diligencias por parte de las principales autoridades del país, de institucionales o sectores económicos que nos permita pensar que existirán cambios que adecenten el funcionamiento público.

Dicho de otro modo, la sentencia de culpabilidad de JOH no marca de manera automática que Honduras pase de un estado de “narcodictadura” a un estado democrático y deploramos que desde las actuales autoridades quiera imponerse esta idea, sin ordenar los procesos investigativos y judiciales que se requieren para sanear la institucionalidad pública.  

Como mínimo requerimos en esta coyuntura un Poder Judicial independiente que impulse esta dinámica … pero, ¿es esto de su interés?, ¿tienen la libertad para hacerlo?  

Bajo este contexto, por ejemplo, desde el MADJ / BED nos preguntamos:

1.      ¿qué va a pasar con la dirigencia del Partido Nacional, con su equipo de gobierno, con la estructura policial y militar que “respaldó” sus actividades ilícitas?

2.      ¿qué pasará con los bancos lavadores del dinero sucio, con el BCH que en todo este tiempo se ha hecho de la vista gorda?, ¿qué pasará con la CNBS que no reguló nada?

3.      ¿Qué pasará con el COHEP y el grupo de “empresarios narcotraficantes” que seguramente están afiliados a su organización y que blanquean capitales?, ¿qué vamos a hacer con los prestanombres?, ¿con las concesiones y todos los proyectos financiados para lavar dinero?

4.      ¿qué vamos a hacer con ex magistrados o actuales magistradas, jueces y juezas que sabemos que venden sus fallos para favorecer la corrupción y el narcotráfico?, ¿qué haremos con los ex Fiscales Generales, Adjuntos, directores de Fiscales, pero también contra todos los fiscales a nivel nacional que no permitieron o no quisieron presentar ningún requerimiento en contra de narcos o funcionarios ligados a estos?

5.      ¿qué vamos a hacer para que pare la violencia que nos genera el narcotráfico, esa que se vive en los barrios, as colonias, y hasta e las comunidades más lejanas? ¿Qué vamos a hacer con la impunidad que cobija a todas esas muertes?

6.      ¿qué vamos a hacer para que los familiares de delincuentes no se queden disfrutando de los bienes y recursos que se han obtenido con sangre en este país a partir del narcotráfico y su corrupción? ¿qué mecanismos de reparación para las víctimas directas deben establecerse?

Reiteramos, y con letras mayúsculas que los PACTOS DE IMPUNIDAD, NO PUEDEN SIGNIFICAR PACTOS PARA EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS, creer que podemos seguir funcionando en este país como sino pasa nada, es condenarnos a pasar de mano en mano por los capos de la droga, convertidos en presidentes o altos funcionarios.   

Tampoco los PACTOS DE IMPUNIDAD deben servir para levantar banderas de ningún tipo y adjudicarse triunfos en este caso de JOH que no les corresponde y menos cuando siguen sin hacer nada concreto por el presente y el futuro del país.  

Finalmente volvemos a hacer el llamado de responsabilidad a todos los liderazgos nacionales políticos, económicos, eclesiásticos, sociales, medios de comunicación para que asuman la responsabilidad que le queda al país para que hechos tan vergonzosos y dolorosos como este juicio no vuelvan a repetirse. 

La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.

Publicada el | por comunicaciones | Dejar un comentario en La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.

En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.

En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos,  secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.

Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública. 

Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.  

Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales? 

También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.

Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.

Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?

Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.

Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte.