A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia

Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.

Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…

Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.

Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.

Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.

Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.

El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas. 

En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.

Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.

Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.

Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país. 

Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.

En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..

El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.

En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.

Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…

 Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.

Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…

En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.

Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.

Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.

Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.

Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización

En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.

Tegucigalpa, 24 de mayo, 2024

Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual

Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares
condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes
de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica
Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de
las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e
integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración
de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.


Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López,
Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron
encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la
obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron
nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima,
obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.


El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La
Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia
de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no
inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a
ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación
propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados.
Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su
condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima,
por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.


“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas
las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los
grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá
siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández.
Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que
cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación
sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir
con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que
genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo
que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos
de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.


En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos
de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad
del Estado.

San Pedro Sula, Honduras, 17 de mayo de 2024.

La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras

Dicen que el que espera, se desespera y el país se encuentra hoy en una larga angustia debatiendo sobre las posibilidades que tiene Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable o no en el juicio que se le sigue en New York. Sin embargo, pensar en el impacto que debe tener esta sentencia debe ser la prioridad para los millones y millones que exigíamos el Fuera JOH.

Los 12 miembros del jurado, que por más de diez días escucharon testimonios sobre cómo se asesina, se trafica, se compran voluntades, se ordena el sometimiento de instituciones públicas para que estén al servicio de los cárteles de la droga, parecen estar en una compleja discusión y revisión de documentos que aseguren que las pruebas presentadas, sobrepasen las dudas razonables, y permitan que un hombre, que fue presidente de un país, sea declarado culpable.

Sin embargo, los que nacimos en este país no necesitamos de un juicio o jurados internacionales para saber a cabalidad la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por los delitos que le imputa Estados Unidos y de otro montón de delitos que debieron imputársele aquí en Honduras y que aún hoy existen instituciones y estructuras que están empeñadas en que continúen en la impunidad para no ser salpicadas.  

Es decir, estamos seguros de que a JOH, de una u otra manera, será declarado culpable en EEUU porque lo es, y porque cada argumento presentado por la fiscalía estadounidense era correcto, aunque para quienes conocemos y hemos padecido la “narcodictadura” la gravedad de los delitos cometidos por JOH es mucho más grande y profunda que lo expuesto en ese tribunal.

Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que entendemos que el juicio y la sentencia va mucho más allá de Juan Orlando…, el juzgamiento y la sentencia son también para Honduras y nos impacienta que hasta el momento no observamos ningún tipo de diligencias por parte de las principales autoridades del país, de institucionales o sectores económicos que nos permita pensar que existirán cambios que adecenten el funcionamiento público.

Dicho de otro modo, la sentencia de culpabilidad de JOH no marca de manera automática que Honduras pase de un estado de “narcodictadura” a un estado democrático y deploramos que desde las actuales autoridades quiera imponerse esta idea, sin ordenar los procesos investigativos y judiciales que se requieren para sanear la institucionalidad pública.  

Como mínimo requerimos en esta coyuntura un Poder Judicial independiente que impulse esta dinámica … pero, ¿es esto de su interés?, ¿tienen la libertad para hacerlo?  

Bajo este contexto, por ejemplo, desde el MADJ / BED nos preguntamos:

1.      ¿qué va a pasar con la dirigencia del Partido Nacional, con su equipo de gobierno, con la estructura policial y militar que “respaldó” sus actividades ilícitas?

2.      ¿qué pasará con los bancos lavadores del dinero sucio, con el BCH que en todo este tiempo se ha hecho de la vista gorda?, ¿qué pasará con la CNBS que no reguló nada?

3.      ¿Qué pasará con el COHEP y el grupo de “empresarios narcotraficantes” que seguramente están afiliados a su organización y que blanquean capitales?, ¿qué vamos a hacer con los prestanombres?, ¿con las concesiones y todos los proyectos financiados para lavar dinero?

4.      ¿qué vamos a hacer con ex magistrados o actuales magistradas, jueces y juezas que sabemos que venden sus fallos para favorecer la corrupción y el narcotráfico?, ¿qué haremos con los ex Fiscales Generales, Adjuntos, directores de Fiscales, pero también contra todos los fiscales a nivel nacional que no permitieron o no quisieron presentar ningún requerimiento en contra de narcos o funcionarios ligados a estos?

5.      ¿qué vamos a hacer para que pare la violencia que nos genera el narcotráfico, esa que se vive en los barrios, as colonias, y hasta e las comunidades más lejanas? ¿Qué vamos a hacer con la impunidad que cobija a todas esas muertes?

6.      ¿qué vamos a hacer para que los familiares de delincuentes no se queden disfrutando de los bienes y recursos que se han obtenido con sangre en este país a partir del narcotráfico y su corrupción? ¿qué mecanismos de reparación para las víctimas directas deben establecerse?

Reiteramos, y con letras mayúsculas que los PACTOS DE IMPUNIDAD, NO PUEDEN SIGNIFICAR PACTOS PARA EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS, creer que podemos seguir funcionando en este país como sino pasa nada, es condenarnos a pasar de mano en mano por los capos de la droga, convertidos en presidentes o altos funcionarios.   

Tampoco los PACTOS DE IMPUNIDAD deben servir para levantar banderas de ningún tipo y adjudicarse triunfos en este caso de JOH que no les corresponde y menos cuando siguen sin hacer nada concreto por el presente y el futuro del país.  

Finalmente volvemos a hacer el llamado de responsabilidad a todos los liderazgos nacionales políticos, económicos, eclesiásticos, sociales, medios de comunicación para que asuman la responsabilidad que le queda al país para que hechos tan vergonzosos y dolorosos como este juicio no vuelvan a repetirse. 

La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.

En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.

En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos,  secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.

Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública. 

Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.  

Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales? 

También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.

Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.

Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?

Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.

Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte. 

El Juicio a JOH en Nueva York ¿Se juzga a un narcotraficante o se juzga a una forma de hacer política?

La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.

El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.

La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.

Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.

COMUNICADO PÚBLICO “Un ataque más en contra de la vida y del movimiento campesino”

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, El Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente condenan el atentado perpetrado en contra del compañero Franklin Izaguirre Melgar, presidente de la Cooperativa Campesina Camarones, aglutinada en la Plataforma Agraria del Aguan.


El hecho sucedió en el municipio de Tocoa, Colón. El compañero se conducía en su vehículo cuando fue atacado a balazos por personas fuertemente armadas a bordo de dos motocicletas.
El compañero Franklin es un líder campesino que ha impulsado la reivindicación del derecho a las tierras de reforma agraria pertenecientes a la Cooperativa Camarones, que fueron despojadas por Corporación Dinant.


El compañero Franklin Izaguirre participó en el reciente encuentro de organizaciones populares, en el que se destacó el reclamo al gobierno por el fracaso en la implementación de políticas eficaces para la protección de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.


La cooperativa Campesina Camarones es suscriptora de los acuerdos del 22 de febrero de 2022. Casi dos años después, la Comisión Tripartita no ha sido instalada y la violencia en contra del movimiento campesino persiste. Se ha denunciado la inactividad, desalojos, criminalización y aquiescencia del gobierno ante toda la violencia ejecutada por las bandas criminales que operan en el Aguan, las cuales, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad ya conocen.


Hacemos un llamado al Gobierno para que de una vez por todas implemente las acciones necesarias para desarticular las bandas criminales que operan en la zona en confabulación con las empresas agroindustriales e, incluso, con la policía nacional y los fiscales de la zona. Además qué, en medio del caótico funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, implemente la protección idónea y urgente para garantizar la vida e integridad de las familias campesinas.


Desde el Movimiento Amplio, El Bufete Dignidad y Fundambiente nos sumamos en solidaridad para con el compañero Franklin Melgar y esperamos su pronta recuperación, con su familia, la cooperativa campesina y la Plataforma Agraria, junto a quienes seguiremos trabajando y exigiendo justicia para las familias campesinas.


San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2024.