Boletín Informativo MADJ sptiembre 2024
Boletín MADJ Septiembre 2024 Final de Acssa Flores
Etiqueta: Honduras
Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema
Tegucigalpa, Honduras.
Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.
Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.
El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.
“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.
El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.
Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.
El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.
“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.
Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.
Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.
“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.
Propuesta de trabajo para el Poder Judicial
En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ, en el que se detallaron las líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.
“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.
El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.
Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos
Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.
También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.
Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia
En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.
“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.
En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.
En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.
“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.
Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.
Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.
“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.
Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.
La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.
Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción
En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.
Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.
En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.
Los mártires de la resistencia popular:
Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.
Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.
El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.
Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.
Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.
El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.
LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN
Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.
Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.
Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.
La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.
Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.
¡Hasta la Dignidad Siempre!
¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:
- Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son. - Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
vigente con EEUU. - Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
extradición. - Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
Hernández y su estructura. - Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
organizado. - Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico. - Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia. - Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
obliguemos a hacerlo.
Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.
San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024
Afectados de 4 continentes deciden construir el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática
Con más de setenta representantes de diversos movimientos populares que organizan y apoyan a las poblaciones afectadas en el continente americano, de África, Asia y Europa, se realizó en La Habana, Cuba, una importante reunión para impulsar el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y por la Crisis Climática, que ocurrirá en noviembre de 2025 en Brasil. El Encuentro se llevará a cabo en paralelo a la COP 30, en la Amazonía brasileña.
En esta etapa, las jornadas incluyeron mesas de trabajo, estudios, intercambio de experiencias, debates y definiciones estratégicas que el Movimiento de Afectados (MAR) debe cumplir hasta el próximo Encuentro Internacional de Afectados. La delegación internacional también participó, junto a diversas autoridades del país, en el acto de conmemoración del 26 de julio durante el 71° aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el municipio de El Cotorro, provincia de La Habana. Además, realizaron diferentes recorridos y visitas a experiencias productivas y culturales, con el objetivo de enriquecer conocimientos e intercambiar aprendizajes.
La Coordinación Provisional del MAR destaca que este encuentro de representantes de 4 continentes fue una reunión histórica, pues inaugura un amplio y democrático proceso de preparación para el IV Encuentro Internacional de Afectados y fortalece importantes puntos de unidad para que las poblaciones afectadas por represas, por los crímenes socioambientales, y por la crisis climática, se constituyan como un sujeto internacional relevante, ya que todos los pronósticos indican que millones de familias podrían verse afectadas por estos fenómenos extremos en los próximos años.
Los casos de crímenes ocurridos en Mariana y Brumadinho en Brasil, las grandes inundaciones en África y Asia, así como las olas de calor extremo y sequías en Europa y la Amazonía son grandes preocupaciones para las poblaciones afectadas. Para mitigar estas consecuencias y construir verdaderas soluciones, solo será posible con nuevos paradigmas sociales y un mayor protagonismo de las poblaciones afectadas, en lo que confía la Coordinación del MAR.
Marilin Peña Pérez, educadora popular, miembro del MAR y del Centro Memorial Martin Luther King, destaca que el hecho de que Cuba sea el país anfitrión de este evento pone de manifiesto “la solidaridad internacional en un presente de enormes desafíos para nuestro país” y demuestra que Cuba sigue siendo un faro de inspiración revolucionaria y de resistencia para todos aquellos que creen que es posible construir sociedades basadas en la justicia social.
En palabras de Érika Mendes de Mozambique, Irene González y Lucía Aller de España: Participar en este espacio intercontinental como es el MAR nos ha formado mucho y también nos ha hecho crecer como movimiento desde la perspectiva de organizar un encuentro europeo y africano para conocer las luchas del territorio, partiendo de la participación colectiva de la masa crítica y de los movimientos populares y la importancia de la solidaridad internacionalista. Seguimos movilizándonos por la justicia ambiental, social, económica, climática y la soberanía de los pueblos. ¡La lucha continúa!
El desafío asumido por todos los participantes fue persistir y ampliar la organización de las poblaciones afectadas en todos los continentes para construir un fuerte movimiento internacional.
Contacto: equipocomunicacionmar@gmail.com
ENCUENTRO NACIONAL DE TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES EN LUCHA CONTRA LA MINERIA
CONTRA LA MINERIA
“Contra la minería, contra el extractivismo, por la vida, por la justicia y la soberanía territorial”
Nosotros y nosotras, organizaciones en lucha contra la minería y el extractivismo, reunidas en la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Nos autoconvocamos desde La Paz, Yoro, Cortes, Santa Barbara, Atlántida en encuentro nacional del 02 al 04 de agosto de 2024, para celebrar la lucha victoriosa del Sector Florida, articularnos, fortalecernos y reafirmar nuestro compromiso por Honduras en favor de la vida.
Compañeros, compañeras y sociedad:
NUESTRA LUCHA contra la Minería es la lucha por la vida, por la soberanía, comunitaria, territorial y nacional; es contra un modelo económico Político y cultural generador de muerte, dolor y sufrimiento que convierte nuestros bienes comunes y nuestra gente en mercancía; motor de pobreza y desigualdad. Por eso, NO entrará en nuestros territorios ningún proyecto de muerte, ni una concesión más.
CELEBRAMOS el triunfo popular organizado de las 16 comunidades del sector Florida Tela sobre sobre cuatro proyectos mineros, expresión del sistema capitalista opresor y violento. Su triunfo es clave para las luchas territoriales de Honduras y la región. Con ustedes hemos vencido, vencemos y venceremos.
NOS DECLARAMOS en contra de toda iniciativa económica y política que privatice, saquee y explote nuestras riquezas, que empobrezca a nuestros pueblos y divida nuestras comunidades y familias. Nosotros apostamos por un desarrollo integral comunitario y popular que respete la vida en todas sus formas, nuestras cosmovisiones, nuestra madre tierra y nuestra propia forma de organización comunitaria y social.
RECONOCEMOS en la espiritualidad el motor de nuestros procesos, pues la auténtica fe es aquella que nos compromete a repudiar la injusticia, el abuso y la miseria movilizándonos a transformar el mundo para que todos y todas tengamos vida en abundancia con justicia y dignidad. Nuestra militancia y compromiso social se alimenta en la fe, la religión y espiritualidad.
ANIMAMOS a todos los territorios, comunidades y organizaciones en el territorio nacional a permanecer movilizados, recuperar espacios y asumir la movilización como herramienta efectiva para revertir el extractivismo, la minería, el atropello y la impunidad. Las calles siempre serán siempre nuestras trincheras y nuestras escuelas.
ACORDAMOS avanzar nivel nacional como frente anti minero junto al Movimiento Popular y Social hondureño [MPSH], para articular las luchas en todo el pais y construir desde la base, la alternativa que nuestro país necesita. Avanzaremos desde nuestra autonomía de acción para el bien de todos y todas. ¡Solo unidos/as, solo juntos/as podremos avanzar!
LLAMAMOS al gobierno central, los gobiernos municipales y diputados, a desandar el camino de las excusas y las negociaciones con los enemigos del pueblo. Exigimos coherencia y respetos a los procesos populares y comunitarios. Refundar este país no es posible sino estamos nosotros » el pueblo» como el centro.
Compañeros y compañeras, proclamamos un nuevo tiempo para avanzar con ánimo renovado, con urgencia y sin demoras hasta ver nuestros territorios y toda nuestra Honduras liberada de los males estructurales.
Dado en Nueva Esperanza, Sector Florida, Tela, Atlántida, territorio libre de minería.
¡Del 2 al 04 de agosto de 2024! ¡Toda mina contamina! ¡Honduras sin minería vale más! ¡Agua, tierra territorios y energía no son mercancía!
Boletín Informativo MADJ Julio
Boletín MADJ Julio de Acssa Flores
Boletín semetral: El accionar del MADJ durante la primera mitad del 2024
Boletín semestral MADJ de Acssa Flores
Respeto y diálogo inclusivo ante la imposición de la cárcel en la Isla del Cisne
¿Volvemos al estilo autoritario de la narcodictadura? Esta es una pregunta cada vez más reiterativa que nos hacemos organizaciones como el MADJ y el BED ante las actuaciones de la administración de Xiomara Castro. El último ejemplo lo tenemos a partir de la falta de participación, diálogo y toma de decisión de la población con respecto a la ubicación, en la isla del Cisne, de una nueva cárcel de “máxima seguridad” y al autoritarismo, escasez de argumentos técnicos y éticos demostrado por funcionarios del presente gobierno.
El ministro de la secretaría del Ambiente, Lucky Medina, ha afirmado que el archipiélago Islas del Cisne no es área protegida (porque no está publicada como tal en el Diario La Gaceta) y pese a cualquier oposición la isla cárcel El Cisne nadie la detiene. Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, ha salido ante los medios de comunicación anotando que se fía del criterio del ministro del Ambiente, garantizando que no habrá violaciones a los derechos humanos y ambientales de ningún tipo. Finalmente, el Procurador General, Manuel Díaz, afirmó que en el asunto de la isla cárcel El Cisne no tienen cabida “aquellos a los que les es funcional un Estado sin soberanía” … y todos han apuntado que los que deseamos el respeto a la biodiversidad y al arrecife coralino ubicado en esa zona, somos “cachurecos” y narcotraficantes.
Nada más falso en esta comparsa letal.
El ministro del Ambiente no está por encima de la ley. Al archipiélago Islas del Cisne se le declaró Parque Nacional Marino mediante Acuerdo Ejecutivo No. 3056-91, el 30 de octubre de 1991. Luego se le dio el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, mediante decreto N° 128-94, publicado en La Gaceta N° 27,477 del 17 de octubre de 1994. Finalmente, en el año 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAPH, consideró que la categoría de manejo más acertada para este archipiélago es la correspondiente a Reserva Marina.
Que este último cambio de estatus de área protegida no haya sido publicado en La Gaceta no anula los dos nombramientos anteriores, como lo pretende el ministro del Ambiente para justificar la devastación a que sería sometido el archipiélago para satisfacer quien sabe qué intereses y propósitos. Y en lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos y el Procurador General, como Movimiento Amplio consideramos que, ciertamente, la dignidad y derechos de muchas personas y pueblos está en juego y no es cierto que por mantener una actitud crítica ante un proyecto como el que nos ocupa seamos promotores de “un Estado sin soberanía”, seamos cachurecos o narcotraficantes.
El MADJ es una organización digna, con independencia política- electoral, que reconoce nuestros derechos soberanos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a las acciones autoritarias de un puñado de funcionarios que pretenden someter al pueblo conculcando sus más elementales derechos y atribuciones.
¿Qué se esconde tras el obstinado capricho por construir una mega cárcel en Islas del Cisne?
Desde el Movimiento Amplio consideramos la pretendida conversión del archipiélago Islas del Cisne en isla cárcel como un ecocidio, etnocidio, obra inútil para los efectos que se persiguen y afrenta radical a la vida y demás derechos humanos de futuros presos y personal militar y policial de menores rangos.
En primer lugar, la isla cárcel El Cisne es ecocida. Así lo ha señalado el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) pues “este archipiélago alberga ecosistemas marinos y costeros con características biológicas y ecológicas muy especiales”. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras ha manifestado su oposición en tanto que Islas del Cisne posee 73 especies de flora y 51 especies de fauna presente de mucha importancia para la conservación con características particulares. Y también el Colegio Químico – Farmaceútico de Honduras ha pedido se haga un mejor uso de los fondos nacionales junto a otras medidas más reales en el sistema carcelario nacional.
Más todavía, el Archipiélago Islas del Cisne, sobresale por presentar un ecosistema único en Honduras denominado Arbustal semideciduo con cactus que, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de la UNESCO, presenta un estatus único aumentando de 71 a 72 los ecosistemas nacionales. De ahí que, en virtud de la aplicación del principio de precautoriedad incorporado al derecho internacional ambiental desde 1992 y luego incorporado al derecho positivo hondureño, cualquier intervención a desarrollar en el sitio debe contemplar el impacto potencial que podría desencadenar.
¿Valdrá la pena poner en riesgo un ecosistema peculiar pero endeble y único que se presenta en el archipiélago de Islas del Cisne como consecuencia inmediata del impacto de la devastación y contaminación a producirse tras el levantamiento de edificaciones y el manejo consecuente de desechos de la cárcel de máxima seguridad?
En segundo lugar, la isla cárcel El Cisne es etnocida. Las islas y los más de sesenta cayos que integran el departamento de Islas de la Bahía, entre los cuales se halla el archipiélago Islas del Cisne, registran movimientos humanos que datan de 1,500 años y se ha registrado el establecimiento de grupos humanos desde el 600 a.C. Estas islas e islotes han sido territorios transitados por varios pueblos originarios de la plataforma continental hondureña que se han dedicado al intercambio de productos y demás interrelaciones con los pueblos vecinos.
Es comprensible, entonces, que la organización del pueblo misquito, MASTA, mantenga un rotundo NO a la construcción de cárceles en Islas del Cisne, porque temen que con ello se afecte la pesca, que es el sustento de muchos de los que viven en el Caribe de Honduras. Sería lamentable enterrar esta historia tan dinámica, llena de vida y de experiencias de resistencia soberana, del archipiélago Islas del Cisne para dar paso hacia su conversión en una isla cárcel con acceso prohibido para la población.
El archipiélago vecino de los Cayos Zapotillos fue clasificado como Reserva Biológica, y el archipiélago Cayos Cochinos declarado Monumento Natural Marino; convertidos ambos archipiélagos en escenarios de vida en su mayor amplitud natural, que los hondureños y hondureñas pueden visitar y disfrutar de su riqueza natural y belleza escénica. ¿Por qué, entonces, esas acciones no se complementan haciendo del archipiélago Islas del Cisne un museo de historia natural y cultural del Caribe hondureño donde los pueblos del Atlántico puedan encontrarse con su historia más inédita, en vez de condenarlo a la devastación natural y desfiguramiento histórico cultural?
En tercer lugar, la isla cárcel El Cisne deviene obra costosa e inútil. La crisis carcelaria hondureña no tiene su origen principalmente en la falta de presupuestos ni la falta de edificaciones; es una crisis derivada directamente por la corrupción y abuso de autoridad de muchos de los oficiales de policía y militares que, por un lado, han convertido los centros penitenciarios en lujosas suites para los presos de alto calado y, por otro lado, han permitido el trasiego de drogas y armas dentro de los recintos penitenciarios, facilitando el asesinato dentro de los mismas.
Es un disparate presentar la Isla Cárcel El Cisne como un espacio absolutamente necesario, sin el cual las fuerzas del orden –militares y policías- no podrían dar cumplimiento definitivo a su responsabilidad de acabar con el crimen organizado. O, ¿acaso se trata de una cortina de humo para esconder las causas verdaderas que mantienen en crisis al sistema carcelario de Honduras y a la sociedad en general? ¿Qué garantías tiene la población que las Fuerzas Armadas y Policía administrarán correctamente la isla cárcel El Cisne si ni siquiera han podido gestionar eficientemente las bodegas de sus batallones, donde es común que “desaparezcan” sus armas, aviones y drogas depositadas por el Ministerio Público?, ¿Hay nuevos grupos de narcotráfico negociando nuevas rutas?
Podrán invertirse miles de millones de Lempiras en la construcción de la Isla Cárcel El Cisne, pero el sistema carcelario nacional continuará con los mismos problemas; porque no se corrige la razón de fondo del por qué hay trasiego de armas dentro de los recintos carcelarios, por qué hay suites especiales para reos adinerados y miseria para los reos pobres, por qué hay mercado de drogas y celulares, etc. Eso no se arregla con una nueva cárcel, sino con un renovado personal, con sus equipos y protocolos de acción.
En cuarto lugar, la isla cárcel El Cisne supone una afrenta radical a la vida de presidiarios que vayan a ser destinados a ese posible recinto penitenciario, como también lo será para el personal militar y policial de menores rangos, muchas veces violentados y ultrajados por mandos superiores sin control y castigo alguno. La sociedad hondureña espera castigos ejemplares para todas las personas que delinquen, antes que una carnicería brutal que sea mayor que la brutalidad que se pretende subsanar. ¿Qué garantía se tiene que las Fuerzas Armadas y Policía van a responsabilizarse y respetar cabalmente las vidas y condiciones humanas de los presidiarios como de los policías y militares de los más bajos rangos destacados en un lugar tan recóndito y de nulas vías de acceso normales y rutinarias? En realidad, ninguna cárcel por hacer va a servir de mucho cuando queda evidenciado que el problema de la violencia contra reclusos y efectivos policiales o militares de menor rango viene de las mismas fuerzas del orden.
En lo más profundo de las fuerzas del orden subyace una estructura sustentada en una lógica criminal que lleva a que todo lo que pueda ser robado con impunidad se traslade a las FFAA o la PN y seguramente será robado sin ningún aspaviento. Si hay que deshacerse de alguna persona que pueda hacer daño a alguna estructura criminal o narcodelincuente, esta persona es puesta en manos de una u otra de las fuerzas del orden y ellos se encargarán con seguridad de asesinarlas creando escenarios que vuelven inocentes a quienes mandan a ajusticiar. De igual forma, si se trata de delincuentes de alto nivel que ya han sido capturados, se les pasa a celdas especiales donde viven con tratamientos especiales y finalmente, si es necesario se finge una fuga y así los maleantes recuperan su más oscura libertad.
Y mientras esto sucede al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los hombres y mujeres honorables dentro de ambas instituciones se juegan la vida a diario luchando por recuperar la honestidad, transparencia y profesionalismo de ambas instituciones desde todos sus niveles jerárquicos. ¿Qué hace el gobierno y el pueblo para respaldar y legitimar las acciones de estos efectivos policiales y militares probos? El ministro Héctor Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad, ha manifestado que han sancionado al menos dos mil policías y otros cuarenta están presos por faltas a la ley, aduciendo que realmente no son policías, sino infiltrados en la policía. Si como pueblo no exigimos y acompañamos esta depuración real de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estas corren el riesgo de ser cooptadas y subsumidas por los carteles y demás grupos criminales que ya se disputan el Estado hondureño.
La práctica histórica violatoria de los derechos humanos generalizada en las islas cárcel resta credibilidad a las afirmaciones de la ministra de derechos humanos
La experiencia histórica fatídica de las islas cárcel en materia de derechos humanos desenmascara la aparente inocuidad de estos centros de reclusión que pretende evidenciar la ministra de derechos humanos cuando manifiesta que con la isla cárcel El Cisne la presidenta Xiomara Castro respeta los derechos humanos y el ambiente. Nada más lejos de la realidad manifiesta de las islas cárcel. Por ejemplo:
- La isla cárcel Robben, en Sudáfrica, emblema donde el régimen del apartheid terminó concentrando en tres de los cuatro pabellones de celdas a prisioneros políticos de la estatura de Nelson Mandela, quién ocupó una celda durante 18 años y los presidentes sudafricanos Kgalema Motlante y Jacob Zuma que permanecieron presos en la isla por más de diez años cada uno.
- La isla cárcel Tiburón, en Namibia, fue el epicentro del proceso de exterminio de las poblaciones nama y herero por parte del gobierno colonial alemán, a razón de un promedio de ocho muertes diarias en esta isla cárcel, más conocida como la “isla de la Muerte”.
- La isla Martin García, en Argentina, se construyó para albergar a los presos más conflictivos de Buenos Aires. Sin embargo, terminó siendo la sede penitenciaria de prisioneros políticos, como es el caso de Juan Domingo Perón hasta su cierre definitivo en 1962.
- La isla cárcel Gorgona, en Colombia, creada como casi todas las islas cárcel para los criminales más temibles y los presos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrarse ya que los prisioneros fueron sometidos durante 24 años a torturas y violaciones de derechos humanos más crueles como castigos severos, torturas y muerte por inanición hasta llegar a convertirse entre los penales más siniestros de la historia del mundo. La presión permanente de defensores de derechos humanos, ecologistas y científicos condujo a su cierre en 1984.
- La isla cárcel de Coiba, en Panamá, destinada como el infierno para 3 mil criminales desde 1919, terminó siendo el lugar adonde también se enviaba a los prisioneros políticos, cerrando sus funciones en 2004 por las continuas denuncias de sus tratos crueles e inhumanos.
- La isla cárcel más recientemente clausurada en América Latina, la isla cárcel Marías, en México, funcionó desde 1905 hasta el 2019 que fue clausurada por Andrés López Obrador debido a su historial cargado de crueldad contra reos comunes, así como prisioneros políticos.
Si la mayoría de islas cárcel nunca han funcionado, y muy particularmente en América Latina ya han sido canceladas debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los presidiarios y de manera especial de los presos inocentes encarcelados por diferencias políticas con los regímenes de turno, ¿cómo es que la ministra de derechos humanos de Honduras, Angélica Álvarez, puede afirmar tan categórica como ingenuamente que la ingeniería de la Isla Cárcel El Cisne garantiza ser una cárcel amigable con el ambiente y libre de violaciones a los derechos humanos?
Si la historia demuestra que las islas cárcel terminan en horrendas violaciones a la vida, al resto de derechos humanos y al ambiente, ¿de qué se vale la ministra para asegurar que en la isla cárcel El Cisne va a suceder lo contrario, cuando que estará en manos de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional muy penetradas por el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y los grupos de poder?
Nos asiste el derecho a ser escuchados y a participar en el estudio de impacto ambiental
Al Procurador General y a quienes piensan como él, el Movimiento Amplio denuncia la ilegalidad de la Licencia Ambiental presentada por el ministro del Ambiente porque el ministerio del Ambiente no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque el ministro del Ambiente no convocó a un SINEIA tal como manda la ley y porque ignoró deliberadamente la participación ciudadana contemplada en la Ley General del Ambiente, el Reglamento de la LGA y el Reglamento del SINEIA. La substancia del SINEIA es justamente la garantía del derecho ciudadano a la participación en asuntos medioambientales.
“Presidenta Xiomara Castro: con participación de 40 profesionales certificados, aprobamos Licencia Ambiental «Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne», apuntó Lucky Medina en las redes sociales. Si en verdad estos 40 profesionales certificados de que habla el ministro del Ambiente poseen estatura ética, ellos mismos sabrán que lo que ha hecho será a título propio, pero no pueden apropiarse de la palabra y la voluntad de la población hondureña. Podrán constituirse legalmente en consejo científico asesor pero nunca ser exclusivos en un SINEIA. Además, el equipo que conforma el SINEIA no lo nombra la empresa o parte que solicita el licenciamiento ambiental. Definitivamente Lucky Medina actúa como asaltante de la voluntad de la nación hondureña. Presenten los 40 nombres de estos profesionales para asegurar su existencia y aceptación técnica.
Ante tan despótica acción, el Movimiento Amplio demanda una evaluación de impacto ambiental democrática, participativa, inclusiva, con carácter sobradamente social y técnico; que cuente con la participación del pueblo misquito involucrado en la historia del archipiélago Islas del Cisne, la participación de los entes profesionales vinculados a la ecología como ser el Colegio de Biólogos de Honduras, Colegio de Profesionales Forestales, facultades de biología, recursos naturales y afines de la UNAH, UNAG y UNACIFOR, y la participación de organizaciones de derechos humanos entre las que nos contamos y exigimos involucramiento.
De igual manera, el Movimiento Amplio solicita urgentemente a la OACNUDH una manifestación en la que exprese la valoración particular sobre las consecuencias inmediatas posibles tras la construcción de la isla cárcel El Cisne en perspectiva de la vigencia de los derechos humanos.
Finalmente les indicamos a todos los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos salidos de las filas de las organizaciones sociales, a que defiendan desde el gobierno que las decisiones se tomen sobre bases técnicas, no se sumen ciegamente a la línea política institucional, que, como lo hemos indicado en otro momento, no permite el disenso con la elite política de LIBRE. Les exigimos que no sigan más preocupados por no crear fisuras en el gobierno, cuidar su “chamba” y no afectar la próxima contienda electoral de la candidata oficialista.
A la presidenta, Xiomara Castro, le pedimos, que si no es una instrucción de su gobierno, que ponga freno a las desmedidas actuaciones de extremo autoritarismo con el que actúan sus funcionarios faltando al respeto, la dignidad y el derecho a la participación que el Estado de derecho confiere a cada ciudadana y ciudadano.
San Pedro Sula, Honduras. julio de 2024