CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

  • Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
  • Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
  • Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
  • Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
  • Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
  • Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

  1. Jury Fernando Melara
  2. Any Belinda Ochoa
  3. Daniel Sibrián
  4. José María Díaz
  5. Luis Alonso Discua
  6. Danelia Ferrera
  7. Roy Pineda Castro 

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

  1. Maribel Espinoza
  2. Rasel Tomé 
  3. Mauricio Rivera
  4. Gladys Aurora
  5. Alberto Chedrani
  6. Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más,  la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.  Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura[1]:

  1. Garantía contra presiones externas;
  2. Adecuado proceso de nombramiento; y,
  3. Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

  1. Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad 


Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción


San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023


Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.


Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.


Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.


El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.


El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.


En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.


Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.


Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.


También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.


Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.


La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.


El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.


No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.


Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.


Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?


Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.


Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.


Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.


Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.


La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.


Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.


Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.


Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…


Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.


En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.


El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

“ETA y Narcodictadura, el matrimonio del desastre”

El Huracán ETA fue identificado como depresión tropical desde el viernes 31 de octubre, las alertas se hicieron notar en el Caribe y en Centroamérica, a excepción de Honduras, pues el narcogobierno del partido nacional y del partido liberal, de las fuerzas armadas, del COHEP y de la banca comercial se encontraban en trabajos preparativos en la apertura económica del sector turismo para el feriado de la semana morazánica.

Esta premisa nos hace cuestionarnos ¿Qué tan poco le importamos a quienes usurpan el poder? ¿Acaso su avaricia, sus cuentas bancarias y empresas están por encima de las vidas de las y los hondureños? – luego de 4 días de intensas lluvias, múltiples estructuras dañadas o destruidas, personas en los techos de sus casas, desplazados, desaparecidos e incomunicados y cultivos perdidos, nos da la respuesta, pues se puede leer en los ojos de la gente, un grito permanente e histórico de auxilio traducido en un silencio sostenido, ¿Ahora que vamos a hacer?

Han transcurrido 22 años desde el paso del Huracán MITCH; tiempo en el cual la clase política y económica corrupta y criminal, han impedido el desarrollo integral, justo y digno para las grandes mayorías, campesinas/os, indígenas, obreras/os, estudiantes y mujeres. En 22 años, el “desarrollo” solo ha tenido dos grandes beneficiarios, las empresas y los bancos, aquellos que construyen proyectos residenciales para sus lujos en zonas de amortiguamiento, proyectos mineros e hidroeléctricos en zonas de reserva de agua para uso y consumo humano, proyectos turísticos en tierras garífunas, tala ilegal del bosque en tierras Tolupanas y las pretensiosas ZEDES.

Con tal destrucción sistemática y con mayor intensidad desde el golpe de Estado en 2009 y su Honduras Open for Bussisnes ¿Que esperaban que sucediera? – pues el modelo extractivo y el capitalismo irracional de la élite hondureña son la pandemia y el huracán permanente para nuestro país y su gente.

Durante años diversas organizaciones a nivel nacional, entre ellas el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, han denunciado permanentemente ante la comunidad nacional e internacional las consecuencias de dichos proyectos, sus concesiones, licencias y permisos ambientales ilegales y corruptos, instrumentalizando el sistema para encarcelar, desplazar o asesinar a quienes defienden su territorio de los invasores nacionales y del capital transnacional. Estas organizaciones hoy demuestran tener razón en sus posturas políticas y criterios anticapitalistas, las comunidades en resistencia tuvieron y tienen la razón; son proyectos de muerte y no de desarrollo. Existe una realidad, las montañas ya no retienen las aguas, pues en lugar de flora y fauna, hay proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y residenciales, cuyos dueños pasean libremente por nuestro país con total impunidad.

El amanecer del 05 de noviembre nos traduce que no es ni Dios ni la naturaleza quien castiga, pues estos son los resultados de la imposición de un narcogobierno, dedicados rigurosamente a hacer funcionar un complejo sistema corruptos, traficante y de lavado de dinero, que crea desigualdad, empobrecimiento y violencia en nuestros territorios, comunidades y barrios.

El camino a la salida de la crisis puede ser diverso, pero debe tener el alcance de la justicia de los pueblos, el comportamiento del régimen dictatorial es criminal y lesa humanidad, todas las muertes y las pérdidas materiales son su responsabilidad, todas estas eran evitables si existieran gobiernos en favor de las grandes mayorías.

Ese debe ser nuestro compromiso, hacer justicia popular y buscar la dignidad de los pueblos en cada uno de los frentes y de acuerdo a la altura histórica y política que nos atañe. Podemos ver como nuestras familias pierden todo o podemos surgir como otra Honduras refundada, tal cual la han planteado por años Pajuiles, Guapinol, Reitoca, Utopia, Zacate Grande, Río Blanco, Jilamito, Vallecito, Locomapa, entre otras; las alternativas siempre nacen desde el pueblo, que de manera organizada hace lo que la narcodictadura es incapaz en su moralidad y su ética, pues en tiempos de crisis y sosobra, solo el pueblo salva a el pueblo.

Hasta la dignidad, siempre.

La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra

“Si uno cree en la libertad. Si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido. Si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo en un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo a nuestro pueblo, que se aplica el genocidio de día a día, destruir al enemigo es salvar la Patria.” Filiberto Ojeda Ríos.

En la mañana del 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el palacio de la Capitanía General de Guatemala, Gabino Gaínza, José Cecilio del Valle, Pedro Molina, Mariano de Aycinena, José Santiago Milla, Mariano de Beltranena, Miguel Larreynaga, Mariano Gálvez y José Matías Delgado. Todos hombres, blancos y criollos eran quienes discutían la posibilidad de proclamar la independencia de los pueblos centroamericanos.

El documento llegó a las comunidades más importantes en Honduras en el transcurso de septiembre y octubre de 1821. Gracias, fue la primera comunidad en recibirlas el 22 de septiembre. Para el viernes 28 de septiembre, los pliegos llegaron a las ciudades ahora conocidas como Comayagua y Tegucigalpa. En el transcurso del mes octubre, recibieron también los pliegos: Santa Rosa, Omoa, Trujillo, Juticalpa, Danlí y Santa Bárbara.

Honduras, un país pluricultural fundado por criollos, militares e intelectuales, cuyo  nombre se encuentra más al filo de su realidad, una hondura profunda, cuya historia popular, mal contada, radica en el rechazo y odio del territorio expresada por el invasor Cristobal Colón “gracias a Dios salimos de estas honduras”, un país cuyas heridas de la independencia, el fracaso de la unión centroamericana, la reforma liberal y la tan odiada república bananera aún pesa en nuestra sociedad, nuestra política y nuestra economía.

Un país donde el retorno a la democracia aún no es realidad y en donde hacer golpes de Estado o instalar un Narco Estado es determinado por una larga historia de corrupción, de intervenciones militares y económicas, del empobrecimiento, la violencia y la desigualdad. Luego de 199 años del grito de independencia de los países centroamericanos frente a la Corona Española, en Honduras y en la región aún nos cuestionamos la paradoja de ¿cuál independencia?

No puede existir independencia cuando el interés de sus gobernantes es distinto a la dignificación de su pueblo. Cuando las mujeres, campesinos, indígenas, afro hondureños, estudiantes, diversidades sexuales, obreras y obreros están aislados del poder y del acceso a la justicia. por medio de vallas militares y el crimen organizado.

La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra y más si está en manos de banqueros, narcotraficantes, explotadores de recursos naturales, empresarios, militares y políticos que empobrecen y que les vemos marchar con total impunidad en compañía del imperialismo de Estados Unidos, la banca financiera internacional, la Unión Europea y ahora China.

En Honduras hacemos independencia y soberanía de múltiples formas, casi todas con amor y trabajo, cuando las y los estudiantes luchan por la educación pública, laica y de calidad, las y los obreros por la dignificación laboral, las mujeres por la decisión de sus cuerpos y el cese a los feminicidios, campesinos, indígenas y afro hondureños, por la repartición de la tierra, el reconocimiento ancestral y la inclusión de un modelo pluricultural, todas y todos aquellos hondureños en general, que día a día hacen del reto de llevar pan a la casa, una realidad.

Ante esta realidad en la historia inmediata, las y los hondureños durante 11 años nos hemos sostenido en las calles, luchando por una verdadera independencia, la democracia, la autonomía de los pueblos, la adquisición y defensa de derechos, por la educación y la salud gratuita y de calidad, el rechazo a proyectos mineros, energéticos y turísticos de la élite, fraudes electorales, criminalización y asesinatos. En pocas palabras; nosotras y nosotros mediante el trabajo, la resistencia, el amor, la dignidad y la justicia hacemos independencia de forma permanente, sin tutela y por la libertad de los pueblos.

En este 199 aniversario de supuesta independencia llamamos a nuestro pueblo a continuar en lucha organizada, resistiendo al modelo extractivo, neoliberal y criminal que estructuralmente pretende despojarnos de nuestra patria-matria.

¡Hasta la dignidad siempre!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.