Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán

La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:

1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.

2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.

3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público

4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.

5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.

6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:

a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.

b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.

c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

El grupo venezolano “Los Guaraguao” visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Milgen Soto y tres años de impunidad

Milgen Idan Soto Ávila es el último de los indígenas asesinado por defender el bosque y el territorio Tolupán como integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hoy se cumplen tres años de su desaparición forzada que culminó con el asesinato y entierro en una fosa clandestina justamente en el lugar a donde el empresario Wilder Domínguez desarrollaba el corte ilegal del bosque en la tribu San Francisco Locomapa.

Milgen fue asesinado por oponerse al saqueo del bosque en su tribu ubicada en el departamento de Yoro, Honduras. Unos días antes había asistido a la audiencia contra nueve de sus compañeros y compañeras indígenas al juzgado de su comunidad, donde con pancarta en mano, denunció el crimen ambiental que se estaba cometiendo en una de las comunidades de la tribu.

Su clamor por Justicia hacia sus hermanos y hermanas indígenas no fue escuchado por la parcializada justicia yoreña y mucho menos a su denuncia les prestaron importancia.

Tras cinco días de desaparición Milgen fue encontrado enterrado en una fosa común el 28 de septiembre de 2019, su cuerpo presentaba un disparo que le causó daños en su corazón y pulmones, de sus homicidas no hay paradero, se han presentado diferentes acciones legales solicitando avances en las investigaciones, pero el Ministerio Público y las demás instituciones parece que no tienen el más mínimo interés en resolver el caso.

En memoria de Milgen la lucha continua en la tribu San Francisco Locomapa donde a pesar de la parcialización de los funcionarios públicos, la resistencia indígena no se rinde, ni se detiene, confiando en que la construcción de la verdadera soberanía nacerá del pueblo y para el pueblo.

En este tercer año de impunidad, desde el MADJ exigimos a los funcionarios, respuestas por este y otros crímenes contra luchadores y luchadoras sociales, pero en especial para los luchadores y luchadoras indígenas.

Sentencia de la corte: Una victoria del pueblo Tolupán, de beneficio para todos los pueblos originarios de Honduras

13 de julio,2022 – San Pedro Sula. La comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa (SFL), Yoro, logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo emitido en febrero 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS en donde se reconoce la violación a sus derechos por parte de las autoridades municipales de Yoro al negarles, por motivos de discriminación y sectarismo político, acceso a recursos de alimentación y salud.

El 28 de abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu SFL, el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE interpusieron una Acción de Amparo para que las autoridades de la Municipalidad de Yoro restituyeran el derecho a la alimentación y a la salud de toda la población de SFL sin ningún tipo de discriminación, luego de comprobarse que la municipalidad llegó a la Tribu, en los primeros meses de la pandemia del COVID, a distribuir alimentos y servicios de salud en el marco del programa Honduras Solidaria, pero lo hicieron únicamente a  personas y familias afines políticamente a la Corporación Municipal, discriminando a todos los liderazgos que tienen una historia de lucha por sus derechos humanos y por sus bienes naturales y territoriales.

El 5 de febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula falló a favor del amparo presentado por el pueblo Tolupán y ordenó, entre otras cosas, que la municipalidad debía elaborar un Plan de Acción Permanente para garantizar el derecho a la alimentación y facilitar de manera inmediata asistencia médica a todos los miembros de la Tribu para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. Además, obliga a reconocer al Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa como un actor válido en la comunidad.

En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa revocó dicha sentencia indicando que no había indicios suficientes para la presunción de que las entregas de ayuda alimentaria y servicios médicos integrales se hubieran realizado de manera selectiva y discriminatoria. El 4 de junio de 2021, a petición del pueblo Tolupán, se solicitó consulta sobre este fallo a la Sala de lo Constitucional.

Un año después, el 10 de mayo de 2022, la Sala de lo Constitucional falla e indica que es procedente otorgar la garantía de Amparo al pueblo Tolupán y ordena nuevamente a la Corporación Municipal de Yoro a “respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa y particularmente, la garantía al derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria”.

La importancia de la sentencia

La Acción de Amparo y la confirmación del fallo por parte de la Sala de lo Constitucional es importante porque genera un precedente en la exigencia pública para que termine la historia de hambre, discriminación y de abandono generalizado que vive la Tribu San Francisco de Locomapa, el pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios en Honduras.

Es un fallo trascendental porque no permite seguir viendo como “normal” la historia de exclusión que, por décadas, sino son siglos, viven los pueblos originarios en Honduras y genera un precedente para que otros pueblos puedan también exigir el cumplimiento de sus derechos por parte de sus autoridades locales y nacionales.

En el marco del trabajo planteado desde el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS, los tolupanes de SFL, junto a las organizaciones que respaldaron el Amparo: Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, realizaron un pequeño censo socio económico en Locomapa que comprueban la realidad del marginamiento histórico y entre otras cifras nos indica lo siguiente:

  1. Que el 95% de la tribu SFL se encuentra en condiciones de pobreza
  2. El 43% de las familias en SFL, que son hogares en promedio con 5 personas, tienen ingresos mensuales menores a mil lempiras. En contraste el 93% de estos indica que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de los programas de seguridad social del gobierno.
  3. El 68% de su población no sabe leer ni, escribir, y solamente 6 personas de toda la tribu registran estudios universitarios, y solo 26 personas (adultos mayores) hablan su lengua originaria el Tol.
  1. El 62% de los menores en edad de estudiar no lo hacen y el 73% de ellos refiere que no lo hace por falta de recursos y la necesidad de contribuir, a partir del trabajo, con ingresos para sus familias.
  2. SFL no cuenta con energía eléctrica, manejan su propio sistema de agua y el 51% de las viviendas tiene piso de tierra.

Es un fallo importante porque obliga a las autoridades a no discriminar, a no utilizar los recursos y los servicios públicos para hacer propaganda y satisfacer las necesidades únicamente de sus activistas políticos o con organizaciones afines a sus intereses.

Finalmente, la sentencia es importante porque, aunque el problema de hambre no se resuelve a partir de un fallo judicial y tampoco a partir de los proyectos asistencialistas del gobierno, si es un paso importante para valorar la dignidad y la tenacidad que existe en la lucha diaria de los pueblos originarios por defender sus derechos humanos, naturales y territoriales y en general por mantener la identidad cultural de todo un país.

Dado en San Pedro Sula a los 13 días del mes de julio de 2022.

Foro/asamblea popular, decidamos: la energía como derecho humano

En el marco del #DiaMundialDelAmbiente y del seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Ayuno de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular realizado en los bajos del Congreso Nacional, este domingo 5 de junio desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizamos y desarrollamos el foro/asamblea popular, Decidamos: La energía como derecho humano en el que abordamos junto a las comunidades el impacto de la nueva ley de energía eléctrica que se aprobó recientemente en el país y del camino que nos queda por seguir en nuestras luchas.

Esta actividad fue respaldada por habitantes de más de 20 comunidades organizadas para la defensa de los bienes comunes y naturales a nivel nacional, indígenas Lencas y Tolupanes de los pueblos originarios del Honduras, por diputados del departamento de Atlántida y Francisco Morazán integrantes de varias comisiones del Congreso Nacional entre ellas, la comisión de energía y la Comisión de Derechos Humanos, alcaldes de varios municipios de Atlántida y representaciones municipales de Colón.

También estuvieron presentes representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quienes expusieron la difícil y cruda realidad de saqueo que enfrentó la ENEE en los últimos 12 años y el plan de rescate que pretenden poner en marcha, Tomás Rodríguez vice ministro de la Secretaría de energía y Ninoska Alonso, asesora de la ENEE presentaron una radiografía completa de la institución. “En la Empresa Nacional de Energía Electica, ENEE encontramos lo que en la presidencia, el poder ejecutivo llaman el gran agujero fiscal del país, hay una catástrofe financiera sin precedentes, una deuda setenta y cinco mil millones de lempiras que equivale a tres Secretarías de Salud, un déficit fiscal para 2022 de veintidós mil millones de lempiras y fundamentalmente lo que encontramos fue el enriquecimiento exagerado de los generadores privados a costa de los recursos de la ENEE en los últimos 12 años”.

A la actividad asistió también el Gobernador Político y otros funcionarios del Estado originarios del departamento de Atlántida.

Nuestro compañero y coordinador de Asunto Políticos del MADJ, Víctor Fernández manifestó: “En el MADJ estuvimos en asamblea popular. Debatiendo sobre la necesidad de un modelo energético popular; de la gente y para la gente… Respetuoso del “medio ambiente”.

Destacó también, la ausencia de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente. “Los de MIAMBIENTE fueron convocados y no llegaron… Pero sobre todo llegó el PUEBLO que no solo defiende el ambiente; sobre todo ejerce y construye poder y soberanía comunitaria en contra del sector económico depredador del ambiente y de la vida… También el PUEBLO ORGANIZADO sigue denunciando la corrupción histórica, la negligencia y la pereza de funcionarios e institucionalidad ambiental de estas Honduras”.

Las comunidades y territorios concluimos que, aunque la ley plantee dialogo y negociaciones entre los empresarios y el Estado, las comunidades no nos sentaremos a dialogar y mucho menos a negociar mientras no exista justicia integral por los daños causados y los delitos cometidos contra nuestros territorios y nuestra gente.

¡Sin justicia no hay dialogo y mucho menos negociación!

Proclama del campamento de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular

Nos juntamos en la capital en este mayo de 2022 organizaciones, comunidades, colectivos y personas de reconocida trayectoria de lucha popular; convertimos en nuestra casa y espacio de debates los bajos del Congreso Nacional, nos movilizamos ante funcionarios e instituciones para demandarles que asuman la responsabilidad histórica de servir al pueblo y no ser instrumento de los opresores.

Acudimos, como siempre, para seguir asumiendo el rol que le corresponde al movimiento popular desde su inquebrantable autonomía.

Nos mueve la vergüenza, la dignidad y la certeza que la lucha popular es constructora indetenible del proceso refundacional que está en marcha en el país.

Llegamos y nos declaramos en ayuno como expresión genuina de la resistencia pacífica activa de los pueblos.

Reivindicamos la vergüenza que nos causa el hecho de haber sido sometidos al imperio de una élite política y económica que convirtió a Honduras en un narcoestado y produjo niveles de pobreza y corrupción indignantes, con la agravante que el narco-presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de su notorios crímenes, nunca fue juzgado en el país, mientras la justicia de los Estados Unidos le imputa un historial criminal por narcotráfico y corrupción de 18 años consecutivos, extremo que produjo su extradición, que fue ejecutada por las mismas instancias hondureñas que debieron investigarlo, acusarlo, juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo en el país.

Ayunamos porque nos da vergüenza la institucionalidad del Estado hondureño y sus funcionarios, su cobardía y su servilismo a la corrupción y al imperio de los Estados Unidos. Reconocemos, con profunda vergüenza, que la extradición, juzgamiento y segura condena del narco-presidente es la única justicia posible contra un criminal de su calaña, porque en nuestro país la institucionalidad y sus funcionarios no tienen la fuerza, la valentía y el patriotismo básico para juzgar a un verdugo como JOH y su estructura.

Reconocemos que como parte del pueblo organizado dignamente resistimos diez años de régimen golpista, corrupto y narcotraficante y que finalmente lo derrotamos popularmente en el campo electoral en una alianza de múltiples sectores de nuestro pueblo. Ayunamos también para fortalecer nuestras convicciones, nuestra dignidad y la certeza de que es posible la construcción de una Honduras de la que todos y todas nos sintamos orgullosas.

Ayunamos para que no se borre de nuestra memoria el hecho que durante una década al menos, militares, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios se dedicaron a proteger y perpetuar en el poder al cartel liderado por Juan Orlando Hernández, y en contraste, perseguían, acusaban y encarcelaban a nuestros hermanos y hermanas por defender la voluntad popular, por defender los bosques, los ríos, minerales, la educación, salud pública y todos los bienes estratégicos de la nación.

Nuestra acción de resistencia pacífica es para no olvidar la inmoralidad de la DEA, el Pentágono, el Comando Sur y distintas estructuras de poder de Estados Unidos, quienes en varias ocasiones, en los últimos 10 años, felicitaban a JOH y su cartel por su supuesta lucha contra el narcotráfico, pero hoy reconocen y hacen público que  desde 2004 a 2022, introdujo, al menos, 500 mil kilos de cocaína a su territorio y paralelamente llenaba al pueblo hondureño de violencia, masacres, luto, vergüenza y convirtió a la institucionalidad pública en su centro de operaciones y por lo tanto a Honduras en un narcoestado.

Nos rebasa la indignación y la vergüenza el hecho de confirmar que, mientras el cuerpo diplomático asentado en Honduras y sectores de la comunidad y la cooperación internacional compartían espacios de gala con Juan Orlando Hernández y su cartel, las carreteras, puertos, aeropuertos, empresas públicas, zonas protegidas, ríos, bosques y minerales, el territorio y gran parte de la riqueza nacional eran entregadas a la banca privada, empresas privadas nacionales y transnacionales corruptas y violadoras de derechos del pueblo hondureño.

Y para colmo, hoy pretenden imponer un borrón y cuenta nueva, dejando intactas las concesiones y el saqueo de la riqueza de la nación.

Desde nuestra vergüenza y determinada lucha, haremos todo para que se revoque todo el modelo corrupto de concesiones y robo de la riqueza nacional.

Ayunamos y luchamos para que se grabe en nuestras memorias que, mientras ONGs oficialistas, dirigencias políticas, grupos religiosos y económicos, corporaciones de medios de comunicación celebraban con Juan Orlando Hernández y su cartel, miles de hermanos y hermanas nuestras salieron huyendo del país en una ruta migratoria que los aleje de todas las violencias directas e indirectas generadas por el cartel de Juan Hernández.

Sin embargo, hoy, como siempre, nuestra vergüenza la convertimos en dignidad y lucha popular y acudimos a denunciar y exigir que se investigue, enjuicie y castigue a los funcionarios que por acción u omisión permitieron, participaron y aseguraron impunidad a los crímenes de Juan Orlando Hernández y su estructura.

Acudimos también a demandar que se revise y se revoque la personalidad jurídica al Partido Nacional de Honduras, porque su dirigencia lo convirtió en una estructura criminal que atentó contra la democracia, el orden jurídico, los derechos y la dignidad de todos los hondureños y hondureñas.

Con dignidad y desde una perspectiva política popular, una vez más, como lo hicimos en abril y mayo de 2008, convertimos los bajos de este Congreso Nacional en el escenario de nuestra Asamblea Popular, en dónde debatimos y aportamos nuestro pensamiento, propuesta y práctica sobre los roles del movimiento popular en su relación con las distintas estructuras sociales y de gobierno, nos pensamos el sistema de administración de justicia, el modelo económico, los nefastos efectos de las industrias extractivas, el modelo energético y todos los temas centrales relacionados con el proceso de refundación de nuestro país.

Con la fuerza y legitimidad que nos da nuestra lucha sostenida, en medio de este ayuno por la vergüenza y la dignidad, nos sentamos y debatimos con funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados del Congreso Nacional para que las violaciones a los derechos de los distintos territorios y organizaciones representadas en esta acampada sean restituidas y el Estado y gobierno de Honduras, asuma para siempre su deber de respetar y garantizar los derechos de nuestro pueblo.

Inauguramos una jornada más de resistencia pacífica y ciudadana, felices de encontrarnos con hombres y mujeres unidos por el más grande amor al país y por una práctica de lucha popular honesta y constante y hoy nos despedimos con la certeza de que como pueblo ya vamos venciendo, porque siempre estamos y hemos estado en Movimiento, fundando la patria digna y justa que nos merecemos.

Desde los bajos del Congreso Nacional – Tegucigalpa, Honduras / del 9 al 11 de mayo, 2022

¡Desde la dignidad siempre!

Comunicado: “No más criminalización y despojo contra los pueblos indígenas de Honduras”

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu indígena Tolupan de Luquigüe, San Francisco Locomapa, ubicados en el Departamento de Yoro; integrantes del Pueblo Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad nos hemos movilizado el día de hoy desde distintos puntos del país para pronunciarnos ante el Ministerio Público, instituciones del gobierno Central y a la población en general de la forma siguiente;

PRIMERO: Las comunidades indígenas en resistencia al despojo de nuestros bienes naturales ejecutado por el sistema extractivista que impera en nuestro país, constantemente hemos denunciado ante el Ministerio Público las amenazas, agresiones, corrupción y asesinatos de las que hemos y continuamos siendo víctimas, sin que hasta la fecha se haya presentado requerimiento fiscal en contra de nuestros victimarios.

SEGUNDO: Denunciamos que el actuar del Ministerio Público siempre ha sido diligente para presentar acusaciones contra nuestra, y muchas veces estas acciones se realizan con una simple y deliberada denuncia del empresariado y personas afines, es decir nuestros victimarios.

TERCERO: Repudiamos la falta de diligencias investigativas y el actuar abusivo de las y los funcionarios que nos han condenado en los últimos años múltiples procesos judiciales, limitando nuestros derechos a la organización, movilización y resistencia comunitaria, más daños psicológicos, sociales, económicos y morales.

CUARTO: Denunciamos que la Fiscalía Especial de Etnias nuevamente pretende abrir un proceso judicial en contra de nuestros compañeros de la Tribu Tolupan de Luquigüe, a quienes citó a comparecer este día, en calidad de investigados, sin indicar con precisión los hechos y el delito por cual supuestamente están siendo sometidos a investigación.

La Fiscalía de Etnias, conoce al menos de 10 denuncias que el pueblo Tolupan ha interpuesto en catorce años de existencia del MADJ, en los que la fiscalía ha presentado únicamente un requerimiento fiscal. Se ha convertido en parte del círculo de impunidad e inoperancia del Ministerio Público, incapaz de satisfacer de justicia y perseguir a los responsables de las agresiones al pueblo Tolupan. Para la Fiscalía de Etnias, el pueblo Tolupán no existe. Repudiamos que aparezca ahora investigando a hermanos tolupanes de Luquigüe que dignamente defienden los derechos de su tribu.

QUINTO: Denunciamos que el Ministerio Público y en Especial esta Fiscalía de Etnias ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa producto de las detonaciones realizadas por la empresa MINOSA  y la destrucción del cerro del Cementerio, no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí, permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals.

SEXTO: Manifestamos que es una obligación del Estado garantizar los derechos a todos los ciudadanos y especialmente a los pueblos indígenas que históricamente hemos sido víctimas de la violencia, el saqueo de nuestros recursos y el olvido institucional.

SEPTIMO: En atención a lo anterior solicitamos al Ministerio Público y gobierno central:

1. Que cesen las acciones de criminalización y persecución de las y los líderes en nuestras comunidades.

2. Se nos brinde información exacta sobre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Etnias, y en general por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas desde nuestros territorios ante las violaciones de las que hemos sido objeto.

3. Se nos dé respuesta ante los asesinatos de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute y nuestros compañeros Ricardo Soto, Armando Fúnez, Salomón Matute, Samael Matute, Milgen Soto, Erásimo Vieda y demás asesinatos sobre los cuales no existen procesos judiciales en contra de los autores intelectuales y materiales.  Exigimos justicia, memoria y verdad en el esclarecimiento de estos hechos y se garantice por el Estado de Honduras la no repetición de los mismos.

4. Exigimos a MIAMBIENTE, INHGEOMIN y demás instituciones del gobierno, así como al Ministerio Público se investigue y sancione inmediata y diligentemente las violaciones cometidas por la empresa MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, en el territorio maya chortí de la comunidad de Azacualpa.

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022. 

¡Hasta la Dignidad siempre!

Manifiesto: Día Mundial del Agua. Asamblea Permanente del Poder Popular

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

  1. El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
    en alianzas públicas privadas.
  2. Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
    Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
    es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
    familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
  3. Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
    las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
    en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
    municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
    servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
  4. Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
    desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
    beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
    dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
    de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
    se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
    1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
  5. Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
    diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
    producción de agua a perpetuidad.
  6. Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
    para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
    empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
    aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
    con el consumo de las familias.
  7. Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
    finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
    aguas.
  8. Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
    que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
    abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
    agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
    pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
    estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
    quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
    privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
    huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
    de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
    represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
    concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
    narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
    interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
    estado vinculadas con la élite política de Honduras.
  9. Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
    otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
    sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
    garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
    usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
    ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
    genera una forma de privatización del bien común.
  10. Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
    Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
    a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
    mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
  11. Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
    al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
    empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
    de los pueblos.

Carta Pública: Urge la intervención del Ministro de MiAmbiente para detener la violencia contra el pueblo indígena Maya Chortí

Honduras, 23 de febrero de 2022

Señor Lucky Medina Estrada

Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE)

En 2014 tras una marcada historia de resistencia comunitaria frente a la violencia ejercida por la empresa minera Aura Minerals/MINOSA, la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, La Unión, Copán, inició un proceso de defensa de su cementerio comunitario. En 2015 mediante Cabildo Abierto se determinó que el cementerio comunitario es patrimonio cultural y, por tanto, no se permitirían las exhumaciones, ni su destrucción. Pese a esto, la empresa minera junto con la Municipalidad de La Unión y la Secretaría de Salud iniciaron procesos de exhumación en el cementerio.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) asumieron, en conjunto con la comunidad Maya Chortí, la dirección política y jurídica de la defensa del territorio y del cementerio. Así, se instaron recursos legales que culminaron en dos sentencias judiciales[1] que protegen el cementerio de la destrucción e implican su reparación.

Pese a dos sentencias judiciales, la minera junto con funcionarios regionales y nacionales de diferentes instituciones han impulsado la destrucción del cementerio al punto casi de su total desaparición. En los últimos días ingresó maquinaria pesada de la minera en el cementerio y, según reportes, esto corresponde a la preparación de detonaciones/voladuras en el camposanto, lo que consumaría su destrucción y se avanzaría hacia la devastación del caserío de la comunidad que está inmediatamente a la par.

Señor Lucky Medina,

A 27 días del anuncio de su nombramiento como ministro de MIAMBIENTE, la empresa Aura Minerals/MINOSA avanza impunemente hacia la destrucción acelerada del cementerio maya chortí de Azacualpa y hacia la devastación de toda vida natural en la zona. Frente a lo que ocurre, desconocemos su postura y, por tanto, le instamos públicamente a que, en representación del Estado y amparado en dos resoluciones judiciales, de manera urgente intervenga para detener la violencia y devastación que provoca la transnacional minera al territorio y al pueblo Maya Chortí de Azacualpa.

Aguardamos su respuesta pronta, conforme a la urgencia de intervención estatal que ha padecido la comunidad maya chortí de Azacualpa por casi cuatro décadas.

Comité de Afectados por MINOSA

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Bufete Estudios para la Dignidad (BED)

En histórica sentencia CSJ reconoce la violación de derechos a la niñez en calle por parte del Estado de Honduras

(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero, 2022). La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, mediante Sentencia de Amparo, la violación de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia – COVID 19, a más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en condición de calle, sin embargo, a pesar del fallo, la sentencia adolece de un mandato explícito a la institucionalidad pública que obligue a un cambio de esta realidad.

La sentencia, que otorga de manera parcial la Acción de Amparo, reconoce que el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, la Dirección de la Niñez y Adolescencia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) omitieron adoptar medidas reales y constatables de protección integral y resguardo para la niñez y adolescentes sobreviviendo en calle en el marco del estado de emergencia y suspensión de derechos decretado por el gobierno en el marco de la pandemia, por lo que demanda de estas instancias que “materialicen de manera constante y permanente” acciones que atiendan de manera eficaz los derechos de este grupo vulnerable.

Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, una de las cinco organizaciones que en abril de 2020 presentaron la Acción de Amparo, señaló que la importancia de este fallo radica en tres elementos: “porque es la primera vez que se reconoce judicialmente que el Estado de Honduras violenta los derechos de los más de 15 mil niños/as y adolescentes que sobreviven en calle, segundo porque se demuestra que el Estado de Honduras ha normalizado e institucionalizado la violación a los derechos de este sector pese a que están obligados a respetar y garantizarlos y tercero por la intervención realizada  por el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo demandando que se revierta esta conducta vergonzosa en contra de la niñez”.

Sin embargo, pese al reconocimiento judicial, señala Fernández, la sentencia carece de un mandato expreso al Poder Ejecutivo a partir del cual definir una ruta de cambio que permita establecer una política de atención integral de la niñez que sobrevive en calle. Por esta razón, agrega Fernández, se ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional con el fin de clarificar dos aspectos centrales: a) las formas que por acción u omisión han incurrido las autoridades y que vulneran los derechos de la niñez en calle y, b) que se establezcan las conductas a cumplir por las autoridades para salvaguardar los derechos de la niñez en calle.

Ante la dimensión de la sentencia, los amparistas también exhortaron a la comunidad internacional a revisar el fallo emitido la CSJ  con el fin de verificar cómo todo el andamiaje legal internacional suscrito por el Estado de Honduras ha sido incumplido y de la posibilidad que se abre, a partir del fallo, de exigir el respeto y la aplicación de los mismos por parte de la institucionalidad pública.

El Bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), COIPRODEN, Casa Alianza y FUNDAMBIENTE presentaron desde abril de 2020 una Acción de Amparo para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la integridad personal y a la dignidad humana violentados por el Estado de Honduras al omitir su obligación de protección a los niños y niñas sobreviviendo en calle en el marco de la urgencia de la pandemia covid-19.  20 meses después la CSJ se pronunció otorgando un amparo parcial, pero sigue sin instruir acciones concretas que deban ser cumplidas por el Poder Ejecutivo para respetar y garantizar los derechos de estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que sobreviven en la calle.