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“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.
A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

1. El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
   en alianzas públicas privadas.
2. Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
   Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
   es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
   familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
3. Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
   las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
   en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
   municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
   servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
4. Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
   desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
   beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
   dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
   de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
   se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
   1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
5. Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
   diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
   producción de agua a perpetuidad.
6. Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
   para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
   empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
   aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
   con el consumo de las familias.
7. Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
   finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
   aguas.
8. Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
   que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
   abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
   agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
   pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
   estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
   quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
   privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
   huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
   de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
   represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
   concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
   narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
   interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
   estado vinculadas con la élite política de Honduras.
9. Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
   otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
   sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
   garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
   usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
   ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
   genera una forma de privatización del bien común.
10. Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
    Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
    a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
    mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
11. Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
    al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
    empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
    de los pueblos.