Proclama del campamento de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular

Nos juntamos en la capital en este mayo de 2022 organizaciones, comunidades, colectivos y personas de reconocida trayectoria de lucha popular; convertimos en nuestra casa y espacio de debates los bajos del Congreso Nacional, nos movilizamos ante funcionarios e instituciones para demandarles que asuman la responsabilidad histórica de servir al pueblo y no ser instrumento de los opresores.

Acudimos, como siempre, para seguir asumiendo el rol que le corresponde al movimiento popular desde su inquebrantable autonomía.

Nos mueve la vergüenza, la dignidad y la certeza que la lucha popular es constructora indetenible del proceso refundacional que está en marcha en el país.

Llegamos y nos declaramos en ayuno como expresión genuina de la resistencia pacífica activa de los pueblos.

Reivindicamos la vergüenza que nos causa el hecho de haber sido sometidos al imperio de una élite política y económica que convirtió a Honduras en un narcoestado y produjo niveles de pobreza y corrupción indignantes, con la agravante que el narco-presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de su notorios crímenes, nunca fue juzgado en el país, mientras la justicia de los Estados Unidos le imputa un historial criminal por narcotráfico y corrupción de 18 años consecutivos, extremo que produjo su extradición, que fue ejecutada por las mismas instancias hondureñas que debieron investigarlo, acusarlo, juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo en el país.

Ayunamos porque nos da vergüenza la institucionalidad del Estado hondureño y sus funcionarios, su cobardía y su servilismo a la corrupción y al imperio de los Estados Unidos. Reconocemos, con profunda vergüenza, que la extradición, juzgamiento y segura condena del narco-presidente es la única justicia posible contra un criminal de su calaña, porque en nuestro país la institucionalidad y sus funcionarios no tienen la fuerza, la valentía y el patriotismo básico para juzgar a un verdugo como JOH y su estructura.

Reconocemos que como parte del pueblo organizado dignamente resistimos diez años de régimen golpista, corrupto y narcotraficante y que finalmente lo derrotamos popularmente en el campo electoral en una alianza de múltiples sectores de nuestro pueblo. Ayunamos también para fortalecer nuestras convicciones, nuestra dignidad y la certeza de que es posible la construcción de una Honduras de la que todos y todas nos sintamos orgullosas.

Ayunamos para que no se borre de nuestra memoria el hecho que durante una década al menos, militares, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios se dedicaron a proteger y perpetuar en el poder al cartel liderado por Juan Orlando Hernández, y en contraste, perseguían, acusaban y encarcelaban a nuestros hermanos y hermanas por defender la voluntad popular, por defender los bosques, los ríos, minerales, la educación, salud pública y todos los bienes estratégicos de la nación.

Nuestra acción de resistencia pacífica es para no olvidar la inmoralidad de la DEA, el Pentágono, el Comando Sur y distintas estructuras de poder de Estados Unidos, quienes en varias ocasiones, en los últimos 10 años, felicitaban a JOH y su cartel por su supuesta lucha contra el narcotráfico, pero hoy reconocen y hacen público que  desde 2004 a 2022, introdujo, al menos, 500 mil kilos de cocaína a su territorio y paralelamente llenaba al pueblo hondureño de violencia, masacres, luto, vergüenza y convirtió a la institucionalidad pública en su centro de operaciones y por lo tanto a Honduras en un narcoestado.

Nos rebasa la indignación y la vergüenza el hecho de confirmar que, mientras el cuerpo diplomático asentado en Honduras y sectores de la comunidad y la cooperación internacional compartían espacios de gala con Juan Orlando Hernández y su cartel, las carreteras, puertos, aeropuertos, empresas públicas, zonas protegidas, ríos, bosques y minerales, el territorio y gran parte de la riqueza nacional eran entregadas a la banca privada, empresas privadas nacionales y transnacionales corruptas y violadoras de derechos del pueblo hondureño.

Y para colmo, hoy pretenden imponer un borrón y cuenta nueva, dejando intactas las concesiones y el saqueo de la riqueza de la nación.

Desde nuestra vergüenza y determinada lucha, haremos todo para que se revoque todo el modelo corrupto de concesiones y robo de la riqueza nacional.

Ayunamos y luchamos para que se grabe en nuestras memorias que, mientras ONGs oficialistas, dirigencias políticas, grupos religiosos y económicos, corporaciones de medios de comunicación celebraban con Juan Orlando Hernández y su cartel, miles de hermanos y hermanas nuestras salieron huyendo del país en una ruta migratoria que los aleje de todas las violencias directas e indirectas generadas por el cartel de Juan Hernández.

Sin embargo, hoy, como siempre, nuestra vergüenza la convertimos en dignidad y lucha popular y acudimos a denunciar y exigir que se investigue, enjuicie y castigue a los funcionarios que por acción u omisión permitieron, participaron y aseguraron impunidad a los crímenes de Juan Orlando Hernández y su estructura.

Acudimos también a demandar que se revise y se revoque la personalidad jurídica al Partido Nacional de Honduras, porque su dirigencia lo convirtió en una estructura criminal que atentó contra la democracia, el orden jurídico, los derechos y la dignidad de todos los hondureños y hondureñas.

Con dignidad y desde una perspectiva política popular, una vez más, como lo hicimos en abril y mayo de 2008, convertimos los bajos de este Congreso Nacional en el escenario de nuestra Asamblea Popular, en dónde debatimos y aportamos nuestro pensamiento, propuesta y práctica sobre los roles del movimiento popular en su relación con las distintas estructuras sociales y de gobierno, nos pensamos el sistema de administración de justicia, el modelo económico, los nefastos efectos de las industrias extractivas, el modelo energético y todos los temas centrales relacionados con el proceso de refundación de nuestro país.

Con la fuerza y legitimidad que nos da nuestra lucha sostenida, en medio de este ayuno por la vergüenza y la dignidad, nos sentamos y debatimos con funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados del Congreso Nacional para que las violaciones a los derechos de los distintos territorios y organizaciones representadas en esta acampada sean restituidas y el Estado y gobierno de Honduras, asuma para siempre su deber de respetar y garantizar los derechos de nuestro pueblo.

Inauguramos una jornada más de resistencia pacífica y ciudadana, felices de encontrarnos con hombres y mujeres unidos por el más grande amor al país y por una práctica de lucha popular honesta y constante y hoy nos despedimos con la certeza de que como pueblo ya vamos venciendo, porque siempre estamos y hemos estado en Movimiento, fundando la patria digna y justa que nos merecemos.

Desde los bajos del Congreso Nacional – Tegucigalpa, Honduras / del 9 al 11 de mayo, 2022

¡Desde la dignidad siempre!

Comunicado: “No más criminalización y despojo contra los pueblos indígenas de Honduras”

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu indígena Tolupan de Luquigüe, San Francisco Locomapa, ubicados en el Departamento de Yoro; integrantes del Pueblo Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad nos hemos movilizado el día de hoy desde distintos puntos del país para pronunciarnos ante el Ministerio Público, instituciones del gobierno Central y a la población en general de la forma siguiente;

PRIMERO: Las comunidades indígenas en resistencia al despojo de nuestros bienes naturales ejecutado por el sistema extractivista que impera en nuestro país, constantemente hemos denunciado ante el Ministerio Público las amenazas, agresiones, corrupción y asesinatos de las que hemos y continuamos siendo víctimas, sin que hasta la fecha se haya presentado requerimiento fiscal en contra de nuestros victimarios.

SEGUNDO: Denunciamos que el actuar del Ministerio Público siempre ha sido diligente para presentar acusaciones contra nuestra, y muchas veces estas acciones se realizan con una simple y deliberada denuncia del empresariado y personas afines, es decir nuestros victimarios.

TERCERO: Repudiamos la falta de diligencias investigativas y el actuar abusivo de las y los funcionarios que nos han condenado en los últimos años múltiples procesos judiciales, limitando nuestros derechos a la organización, movilización y resistencia comunitaria, más daños psicológicos, sociales, económicos y morales.

CUARTO: Denunciamos que la Fiscalía Especial de Etnias nuevamente pretende abrir un proceso judicial en contra de nuestros compañeros de la Tribu Tolupan de Luquigüe, a quienes citó a comparecer este día, en calidad de investigados, sin indicar con precisión los hechos y el delito por cual supuestamente están siendo sometidos a investigación.

La Fiscalía de Etnias, conoce al menos de 10 denuncias que el pueblo Tolupan ha interpuesto en catorce años de existencia del MADJ, en los que la fiscalía ha presentado únicamente un requerimiento fiscal. Se ha convertido en parte del círculo de impunidad e inoperancia del Ministerio Público, incapaz de satisfacer de justicia y perseguir a los responsables de las agresiones al pueblo Tolupan. Para la Fiscalía de Etnias, el pueblo Tolupán no existe. Repudiamos que aparezca ahora investigando a hermanos tolupanes de Luquigüe que dignamente defienden los derechos de su tribu.

QUINTO: Denunciamos que el Ministerio Público y en Especial esta Fiscalía de Etnias ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa producto de las detonaciones realizadas por la empresa MINOSA  y la destrucción del cerro del Cementerio, no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí, permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals.

SEXTO: Manifestamos que es una obligación del Estado garantizar los derechos a todos los ciudadanos y especialmente a los pueblos indígenas que históricamente hemos sido víctimas de la violencia, el saqueo de nuestros recursos y el olvido institucional.

SEPTIMO: En atención a lo anterior solicitamos al Ministerio Público y gobierno central:

1. Que cesen las acciones de criminalización y persecución de las y los líderes en nuestras comunidades.

2. Se nos brinde información exacta sobre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Etnias, y en general por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas desde nuestros territorios ante las violaciones de las que hemos sido objeto.

3. Se nos dé respuesta ante los asesinatos de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute y nuestros compañeros Ricardo Soto, Armando Fúnez, Salomón Matute, Samael Matute, Milgen Soto, Erásimo Vieda y demás asesinatos sobre los cuales no existen procesos judiciales en contra de los autores intelectuales y materiales.  Exigimos justicia, memoria y verdad en el esclarecimiento de estos hechos y se garantice por el Estado de Honduras la no repetición de los mismos.

4. Exigimos a MIAMBIENTE, INHGEOMIN y demás instituciones del gobierno, así como al Ministerio Público se investigue y sancione inmediata y diligentemente las violaciones cometidas por la empresa MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, en el territorio maya chortí de la comunidad de Azacualpa.

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022. 

¡Hasta la Dignidad siempre!

Manifiesto: Día Mundial del Agua. Asamblea Permanente del Poder Popular

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

  1. El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
    en alianzas públicas privadas.
  2. Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
    Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
    es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
    familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
  3. Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
    las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
    en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
    municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
    servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
  4. Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
    desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
    beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
    dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
    de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
    se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
    1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
  5. Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
    diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
    producción de agua a perpetuidad.
  6. Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
    para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
    empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
    aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
    con el consumo de las familias.
  7. Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
    finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
    aguas.
  8. Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
    que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
    abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
    agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
    pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
    estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
    quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
    privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
    huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
    de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
    represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
    concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
    narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
    interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
    estado vinculadas con la élite política de Honduras.
  9. Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
    otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
    sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
    garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
    usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
    ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
    genera una forma de privatización del bien común.
  10. Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
    Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
    a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
    mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
  11. Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
    al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
    empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
    de los pueblos.

Carta Pública: Urge la intervención del Ministro de MiAmbiente para detener la violencia contra el pueblo indígena Maya Chortí

Honduras, 23 de febrero de 2022

Señor Lucky Medina Estrada

Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE)

En 2014 tras una marcada historia de resistencia comunitaria frente a la violencia ejercida por la empresa minera Aura Minerals/MINOSA, la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, La Unión, Copán, inició un proceso de defensa de su cementerio comunitario. En 2015 mediante Cabildo Abierto se determinó que el cementerio comunitario es patrimonio cultural y, por tanto, no se permitirían las exhumaciones, ni su destrucción. Pese a esto, la empresa minera junto con la Municipalidad de La Unión y la Secretaría de Salud iniciaron procesos de exhumación en el cementerio.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) asumieron, en conjunto con la comunidad Maya Chortí, la dirección política y jurídica de la defensa del territorio y del cementerio. Así, se instaron recursos legales que culminaron en dos sentencias judiciales[1] que protegen el cementerio de la destrucción e implican su reparación.

Pese a dos sentencias judiciales, la minera junto con funcionarios regionales y nacionales de diferentes instituciones han impulsado la destrucción del cementerio al punto casi de su total desaparición. En los últimos días ingresó maquinaria pesada de la minera en el cementerio y, según reportes, esto corresponde a la preparación de detonaciones/voladuras en el camposanto, lo que consumaría su destrucción y se avanzaría hacia la devastación del caserío de la comunidad que está inmediatamente a la par.

Señor Lucky Medina,

A 27 días del anuncio de su nombramiento como ministro de MIAMBIENTE, la empresa Aura Minerals/MINOSA avanza impunemente hacia la destrucción acelerada del cementerio maya chortí de Azacualpa y hacia la devastación de toda vida natural en la zona. Frente a lo que ocurre, desconocemos su postura y, por tanto, le instamos públicamente a que, en representación del Estado y amparado en dos resoluciones judiciales, de manera urgente intervenga para detener la violencia y devastación que provoca la transnacional minera al territorio y al pueblo Maya Chortí de Azacualpa.

Aguardamos su respuesta pronta, conforme a la urgencia de intervención estatal que ha padecido la comunidad maya chortí de Azacualpa por casi cuatro décadas.

Comité de Afectados por MINOSA

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Bufete Estudios para la Dignidad (BED)

En histórica sentencia CSJ reconoce la violación de derechos a la niñez en calle por parte del Estado de Honduras

(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero, 2022). La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, mediante Sentencia de Amparo, la violación de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia – COVID 19, a más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en condición de calle, sin embargo, a pesar del fallo, la sentencia adolece de un mandato explícito a la institucionalidad pública que obligue a un cambio de esta realidad.

La sentencia, que otorga de manera parcial la Acción de Amparo, reconoce que el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, la Dirección de la Niñez y Adolescencia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) omitieron adoptar medidas reales y constatables de protección integral y resguardo para la niñez y adolescentes sobreviviendo en calle en el marco del estado de emergencia y suspensión de derechos decretado por el gobierno en el marco de la pandemia, por lo que demanda de estas instancias que “materialicen de manera constante y permanente” acciones que atiendan de manera eficaz los derechos de este grupo vulnerable.

Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, una de las cinco organizaciones que en abril de 2020 presentaron la Acción de Amparo, señaló que la importancia de este fallo radica en tres elementos: “porque es la primera vez que se reconoce judicialmente que el Estado de Honduras violenta los derechos de los más de 15 mil niños/as y adolescentes que sobreviven en calle, segundo porque se demuestra que el Estado de Honduras ha normalizado e institucionalizado la violación a los derechos de este sector pese a que están obligados a respetar y garantizarlos y tercero por la intervención realizada  por el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo demandando que se revierta esta conducta vergonzosa en contra de la niñez”.

Sin embargo, pese al reconocimiento judicial, señala Fernández, la sentencia carece de un mandato expreso al Poder Ejecutivo a partir del cual definir una ruta de cambio que permita establecer una política de atención integral de la niñez que sobrevive en calle. Por esta razón, agrega Fernández, se ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional con el fin de clarificar dos aspectos centrales: a) las formas que por acción u omisión han incurrido las autoridades y que vulneran los derechos de la niñez en calle y, b) que se establezcan las conductas a cumplir por las autoridades para salvaguardar los derechos de la niñez en calle.

Ante la dimensión de la sentencia, los amparistas también exhortaron a la comunidad internacional a revisar el fallo emitido la CSJ  con el fin de verificar cómo todo el andamiaje legal internacional suscrito por el Estado de Honduras ha sido incumplido y de la posibilidad que se abre, a partir del fallo, de exigir el respeto y la aplicación de los mismos por parte de la institucionalidad pública.

El Bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), COIPRODEN, Casa Alianza y FUNDAMBIENTE presentaron desde abril de 2020 una Acción de Amparo para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la integridad personal y a la dignidad humana violentados por el Estado de Honduras al omitir su obligación de protección a los niños y niñas sobreviviendo en calle en el marco de la urgencia de la pandemia covid-19.  20 meses después la CSJ se pronunció otorgando un amparo parcial, pero sigue sin instruir acciones concretas que deban ser cumplidas por el Poder Ejecutivo para respetar y garantizar los derechos de estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que sobreviven en la calle.   

Celebramos los cuatro años del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán.

“La resistencia es no solo la habilidad de soportar, sino de convertirlo en gloria” William Barday.

Hoy cumplimos junto al pueblo Tolupán 4 años de instalación del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, este espacio de lucha y resistencia pacífica, propositiva y unida, ha sido el fiel guardián que ha sostenido la Tribu San Francisco Locomapa en su intensión de proteger los bienes comunes y naturales.

El pueblo Tolupán que enfrenta una lucha milenaria ante el despojo, el saqueo y la discriminación, ha encontrado en el Campamento un espacio de debate, conocimiento, crecimiento colectivo, resistencia organizada y creación de proyectos para beneficio comunitario.

El Campamento digno se instaló en un primer intento en el año 2017, pero producto de la crisis política provocada por el fraude electoral suspendió las actividades, reinstalándose el 17 de febrero de 2018 en uno de los sitios más simbólicos y representativos para la Tribu San Francisco Locomapa, en este sitio fueron asesinados tres luchadores sociales en el año 2013 cuando de manera violenta se pretendía cortar madera e imponer la industria minera en las comunidades indígenas.

Desde el Campamento Digno se han librado duras batallas, ha habido momentos de alegría, momentos de tristeza, pero esto no ha hecho desmayar en la lucha a nuestros hermanos indígenas. Ramón Matute, Secretario del Consejo Preventivo nos cuenta que ha significado el Campamento para ellos y ellas. “El campamento ha sido importantísimo porque hemos logrado trascender a nivel nacional como internacional por la lucha de la Tribu en defensa del bosque, nuestro título ancestral, por defender todas estas injusticias a las que hemos sido sometidos por parte de los gobiernos, hemos logrado que la lucha sea visibilizada a través del Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia”.

Sobre el proceso de lucha librada desde el Campamento Digno desde 2018 a la fecha nuestro compañero la resume de la siguiente manera. “Estamos cumpliendo 4 años de la reinstalación del Campamento Digno aquí en la comunidad de Locomapa, la verdad que ha sido muy difícil estos cuatro años, hemos perdido seres queridos durante el proceso, hemos sufrido represión de parte de la policía, de las autoridades, hemos recibido represión de parte de hermanos indígenas de la zona, ha sido bien difícil estos cuatro años, pero a pesar que ha habido momentos difíciles esta lucha no ha podido parar, esta lucha sigue, estamos aquí vivos”.

“Hay cosas buenas y cosas malas, en el Campamento hemos sido amenazados, ahí me mandaron a amenazar a mí que me iban a dar donde más me doliera y al día siguiente asesinaron a mi papá y a mi hermano, también recordamos al compañero Milgen que estuvo al pie de la bandera, de frente en el campamento, también fue amenazado el compañero José María”.

Entre las cosas buenas que destacan están: La celebración por la libertad de los nueve indígenas criminalizados por la empresa Inmare, se logró ganar una clínica médica mediante una acción de amparo que además dio la oportunidad de reivindicar derechos como la alimentación.

También en el campamento se han celebrado encuentros con organizaciones nacionales e internacionales.

Ahora tenemos contacto con las autoridades que antes no los teníamos, ha sido productiva la lucha de la Tribu San Francisco Locomapa.

Actualmente se trabaja en la reconstrucción de la radio comunitaria que fue dañada por un grupo de personas afines a la empresa Inmare del empresario Wilder Dominguez.

Una de las grandes apuestas actuales y a futuro desde el Campamento Digno por la Defensa del bosque y el territorio Tolupán es seguir exigiendo justicia y dignidad para el pueblo Tolupán y poner un alto a la impunidad que ha sido uno de los factores más importantes para alimentar las injusticias contra este pueblo originario.

En libertad indígena Tolupán criminalizado durante 4 años por militar hondureño.

Cuatro años tuvo que esperar nuestro compañero Carlos Hernán Rivera Murillo, un indígena Tolupán habitante de la Tribu San Francisco Locomapa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que los juzgados de Yoro reconocieran que no había cometido delito contra el militar en condición de retiro Oscar Filander Armijo Ucles quien lo acusó de robo en el año 2018.

“El 31 de octubre de 2018 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Carlos Hernán Rivera Murillo, por el delito de robo (de café) en perjuicio del terrateniente Oscar Filander Armijo Ucles”, manifestó la abogada Koritza Ortez, coordinadora del Área legal del MADJ.

“En audiencia inicial llevada a cabo el 22 de abril de 2019, el Juzgado de Yoro resolvió decretar auto de formal procesamiento y continuar con la imposición de medidas no privativas de la libertad consistentes en obligar a Carlos Hernán a firmar el libro correspondiente 2 veces al mes ante el Juzgado de Letras de Yoro, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir al lugar de los supuestos hechos, es decir a su propia tierra, y prohibición de acercarse a la vivienda o lugar de trabajo del militar que lo acusaba. En dicha audiencia el MP no pudo acreditar que Hernán fuera responsable del delito que se le imputaba y la resolución se realizó sin la debida motivación por lo cual fue objeto de apelación, que se declaró con lugar mandando la Corte de Apelaciones a dictar nueva sentencia, continuó diciendo la abogada Ortez.

Durante este tiempo nuestro compañero no pudo trabajar, ni cosechar en la parcela de tierra a pesar de ser de su propiedad.

“El 31 de enero de 2020 el Juzgado de Letras de Yoro, emite resolución confirmando el auto de formal procesamiento. Ante esta acción se presenta en fecha 05 de febrero de 2020 un recurso de apelación, celebrándose el 10 de enero de 2022 la audiencia respectiva ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, resolviendo declarar con lugar el recurso planteado por la defensa y dictando sobreseimiento definitivo en favor de Hernán Rivera” cerró diciendo la actual coordinadora del Área legal del MADJ que organización que representó en todo al proceso al compañero indígena .

Este es uno solo de los problemas que ha generado el desconocimiento del título ancestral por parte del Estado de Honduras, el otorgamiento por parte del Instituto Nacional Agrario de títulos de propiedad supletorios ha puesto en mayor riesgo a las y los indígenas del pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios de Honduras

El general en condición de retiro desde la década de los ochentas ha venido ocupando grandes extensiones de terrenos que les pertenecen a las y los indígenas, producto de esto y de sus acciones violentas varias familias han tenido que abandonar la Tribu y denunciarlo ante la justicia hondureña, gran parte de la ocupación de las parcelas las hizo valiéndose de su investidura como militar.

Por uno de estos casos el militar ya fue condenado por un juzgado en Yoro, pero no ha ido a prisión debido que su defensa legal presentó un recurso de casación que aún no ha sido resuelto, mientras la familia afectada continúa en el exilio.

Por el respeto a los derechos del pueblo Tolupán seguimos en pie de lucha.

El Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa (CPT), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente hemos sostenido una reunión con las nuevas autoridades de la Municipalidad de Yoro para encontrar puntos de encuentro que permitan respetar y reivindicar los derechos del pueblo Tolupán que habita el municipio de Yoro.

Entre algunos de los puntos planteados en esta reunión por parte de nuestros compañeros y compañeras del CPT están: El respeto a la sentencia del Recurso de Amparo que reconoce el derecho a la Salud y Alimentación de la Tribu San Francisco de Locomapa, la clínica médica Tolupana que debe tener nombrado un médico permanente, estar ubicada, abierta y abastecida dentro de la Tribu y poner un alto a la explotación indiscriminada de los bosques y de los bienes comunes y naturales que son los generadores de todas las muertes y violencias hacia las y los indígenas.

“Nosotros no queremos que nos regalen nada, solo que se cumpla la ley”, le dijo nuestro compañero José María Pineda coordinador del Consejo Preventivo de Tribu a la alcaldesa Martha Puentes a quien además le mencionó que estas peticiones se hacen sin comprometer los bienes de la Tribu.

Este primer encuentro finalizó con la promesa de las autoridades municipales de sostener una segunda reunión donde la corporación municipal deberá dar respuesta a las peticiones de la Tribu, cumplir con el derecho a la salud es garantizar la vida del pueblo Tolupán. 

La Clínica Médica Tolupana fue ganada mediante acción legal interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que ordenó a la Municipalidad de Yoro tutelar el derecho a la salud y alimentación del pueblo Tolupán, esta acción legal pasó consulta a la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero esta instancia no se ha pronunciado y su silencio pone en riesgo la vida de las y los indígenas.

Por la dignificación del sistema de justicia en Honduras

Después de los acontecimientos suscitados este nueve de febrero cuando la estructura corrupta que mantiene secuestrado el sistema de justicia hondureño atacó violentamente los territorios indígenas de Azacualpa, Copán, la comunidad Lenca de las Tierras del Padre en Francisco Morazán y logró condenar injustamente a seis de los ocho luchadores sociales del rio Guapinol, nosotros y nosotras, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos pronunciamos de la siguiente manera.

  1. Condenamos el violento desalojo contra los y las habitantes de las comunidades Lencas que habitan la zona denominada Tierras del Padre en Francisco Morazán.
  2. Repudiamos la invasión a la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, por parte de algunos integrantes de la municipalidad de la zona, incluido su alcalde que junto a empleados de la empresa minera Aura Minerals violentaron una orden judicial que ordena detener las exhumaciones y todo lo que conlleve a dañar al cementerio histórico de la comunidad.
  3. Deploramos la nefasta resolución del poder Judicial contra los luchadores sociales del rio Guapinol, sin más fundamento que seguir beneficiando a la clase empresarial extractivista y su proyecto que a todas luces es nocivo para las comunidades aun cuando desde su origen está plasmado en ilegalidades.

Ante lo expuesto:

Denunciamos: El actuar servil de los operadores de justicia de Honduras que se han envalentonado contra las comunidades y los luchadores y luchadoras sociales en todo el territorio nacional y sincronizadamente ha optado por asestar golpes bajos contra las luchas por la vida y el territorio.

Con estas acciones, no solo han violentado el derecho legítimo de las comunidades y las leyes hondureñas, sino que también han desconocido los convenios internacionales que Honduras ha suscrito y adoptado como parte de su normativa legal.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia enviamos nuestro respaldo y solidaridad a las luchas de estas comunidades y convocamos a todo el pueblo y organizaciones populares en general a continuar la resistencia y protesta permanente contra las élites corruptas que, en su agonía y desesperación por la pérdida del poder oscuro y criminal tras doce años de narcodictadura, recurren a la violencia acompañados de actores estatales igualmente corruptos y criminales.

Instamos al pueblo a seguir en lucha para liberar el Poder Judicial que actualmente está secuestrado por esta élite corrupta y minoritaria que pretende seguir manteniendo privilegios a costa del pueblo y las grandes mayorías.

Llamamos a no desmayar y a no retroceder por la liberación de la patria-matria. Honduras: te luchamos o te perdemos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

San Pedro Sula 09 de febrero de 2022.

Indígenas Tolupanes demandan permanencia de clínica dentro de la Tribu.

La Tribu San Francisco de Locomapa de Yoro nuevamente es sometida al despojo, la discriminación y condenada a no tener acceso a salud de calidad, la Secretaría de Salud y la negligencia de las autoridades salientes de la municipalidad de Yoro han puesto en riesgo el funcionamiento de la clínica que fue ganada mediante sentencia judicial en el año 2021.

Las y los indígenas lograron obtener este centro asistencial después de una acción legal interpuesta por organizaciones de Derechos Humanos como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad, Fundambiente y el Consejo Preventivo de Tribu, estructura indígena de la Tribu encargada de velar por el bienestar colectivo de la comunidad.

Hoy la clínica está siendo atacada y pretende ser removida de la Tribu indígena para ubicarla en una comunidad habitada por personas ajenas a la Tribu (ladinas) sin el consentimiento de las y los indígenas que presentaron la acción legal que fue resuelta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que ordenó a la Municipalidad anterior que: “Defina un Plan de Acción Permanente para que todos los integrantes de la Tribu San Francisco de Locomapa sean satisfechos en su derecho a la Alimentación, debiendo integrarse como Parte de este Plan al Presidente del Consejo Preventivo de Tribu, e incorporar, en el desarrollo del mismo, los estándares internacionales sobre Derecho de las Personas y de los Pueblos Indígenas”.

Además, la resolución dicta que se “Presente un informe que describa la cantidad de familias que integran la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, y el tipo y cantidad de alimentos proporcionados a cada uno”.

En la segunda cláusula de la resolución el juez ordena “Que, de manera inmediata, la Municipalidad de Yoro, Departamento de Yoro, facilite asistencia medica integral a todos los miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa, para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. La atención medica debe ser conforme al respeto a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, la vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID-19; y se deberá acreditar el tipo de asistencia Médica brindada a cada persona”.

También el juez resolvió delegar la tarea de vigilancia al cumplimiento de esta a instancias como el Ministerio Público.  “Que el Ministerio Público vigile el estricto cumplimiento de la Autoridad Recurrida a este amparo, velando por que esta asuma la Responsabilidad durante la emergencia sanitaria y que mantenga la obligación de respetar y garantizar los derechos invocados en este Amparo al Pueblo Indígena Tolupán, procediendo conforme a Derecho en caso de incumplimiento en el presente fallo.

La reubicación del doctor que atendía la Cínica Medica Tolupana se hizo sin consensuar con las y los integrantes del Consejo Preventivo de Tribu que fue una de las instancias que presentó la acción legal y que además en su resolución el juez ordenó que cualquier diligencia en relación al centro asistencial debía coordinarse con esta estructura tribal. 

La clínica funcionó desde el 30 de marzo del año 2021 hasta el mes de enero de 2022 en la comunidad de San Francisco Campo donde se atendían un promedio de 70 pacientes al día que presentaban enfermedades como la epilepsia, el asma y la hipertensión en los adultos, en niños las infecciones respiratorias agudas y diarreicas que podría generarlos el agua que ingieren, especialmente los que habitan en las comunidades más postergadas de la Tribu.

Ahora las y los indígenas deberán caminar entre seis y siete horas para llegar a la clínica a donde la Secretaría de Salud nombró el medico que antes atendía en la Tribu, creando un perjuicio de salud y económico para las y los habitantes de las comunidades tribales.

La exigencia para las nuevas autoridades municipales y del gobierno central es que la clínica siga funcionando en la Tribu y así garantizar el derecho a la salud de la población indígena de la zona de Locomapa.