Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Organizaciones presentamos acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que restringe y discrimina la participación política en el marco del extractivismo y el uso de poderes de emergencia en Honduras

La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, OFRANEH, COPINH, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.

Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).

También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.

Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.

Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente  y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.

A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.

¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas

y no una herramienta más para el saqueo!

¿Quiénes son los asesinos del pueblo tolupán?

Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.

¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS  DEL PUEBLO TOLUPAN?

Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña en el pueblo indígena tolupán.

Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.

Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.

Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los  crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.

A apenas siete meses de ese doble asesinato de los familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero, la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la  tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en defensa de sus bosques ancestrales.  

Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos sistemáticos. 

¿Cuándo el Ministerio Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la indiferencia sistemática del Estado.

Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros crímenes.

La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y nacional para el saqueo y la sociedad hondureña.  Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en el ejercicio de las empresas privadas? 

Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos? 

Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.

30 de septiembre de 2019

¡Desde la dignidad siempre!

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

El fondo del conflicto que motivó la presentación del amparo radica en que el 15 de julio de 1980 entró en vigencia la Ley de INPREMA que reguló la prestación de los beneficios para todos los y las docentes que ingresaron al sistema hasta el 19 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia la nueva Ley que derogó la ley anterior, sus reformas y sus reglamentos.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA:

  1. Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley;
  2. Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.
  3. Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley.
  4. Que el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia