Tripartidismo hondureño figura en Lista Engel divulgada por Estados Unidos

El Departamento de Estados de los Estados Unidos reveló este 1 de julio de la “Lista Engel” que es el documento donde se identifica a las personas vinculadas a actos de corrupción en los países del denominado Triángulo Norte, el nombre oficial de este documento es: La lista de Actores Corruptos y antidemocráticos.

Para ser incluidos o aparecer en la “Lista Engel”, los funcionarios deben cumplir al menos uno de los cuatro criterios que a continuación se enumeran: Haber estado vinculado a corrupción relacionada a contratos con el gobierno, soborno y extorsión, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales y facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero y actos de violencia.

En la lista publicada figuran reconocidos políticos y empresarios de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en el caso de Honduras, la mayoría de ellos y ellas ligados actualmente a las estructuras de poder del Estado, un ex presidente de la República, una ex primera Dama, 13 congresistas de tres diferentes partidos políticos, funcionarios de INVEST-H y cinco ex diputados.

Entre los nombres que más destacan por Honduras en este listado están reconocidos integrantes de los Partidos Nacional, LIBRE y Liberal, una de ellas es: Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional y una de las mujeres que impulsa proyectos hidroeléctricos en el país, figura en la lista por haber sido investigada en el caso de corrupción, Arca Abierta que desarrolló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH.

También figura el nombre del actual diputado por el departamento de Colón, Óscar Nájera a quien se le vincula con acciones relacionadas con actores del narcotráfico. Nájera ya fue sancionado e incluido por otros países en una lista similar por las mismas acusaciones, recientemente el congresista hondureño dio a conocer su postura a favor de la venta de la soberanía de nuestro país.

Otros de los diputados mencionados en la lista están vinculados a actos de corrupción ventilados en los tribunales hondureños son.

Gustavo Alberto Pérez

Actual diputado al Congreso, se ha involucrado en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Marco Antonio Bográn Corrales

Exdirector de INVEST-H, dedicado a corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante el COVID-19 pandemia.

Rosa Elena Bonilla de Lobo

Ex primera dama, involucrada en corrupción significativa mediante fraude y malversación de fondos públicos.

Augusto Domingo Cruz Asensio

Ex congresista, comprometido en corrupción significativa por malversación de fondos del público Generación programa de empleo a cuentas personales.

José Celín Discua Elvir

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Rodolfo Irías Navas

Actual diputado al Congreso, participó en importante corrupción cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.

Eleazar Alexander Juárez Sarabia

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen del Valle a sus cuentas personales.

José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa

Ex presidente de Honduras, comprometido en corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.

Miguel Edgardo Martínez Pineda

Actual representante del Congreso comprometido en corrupción significativa. Fue acusado de corrupción de Pandora MACCIH, caso en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos del Secretaría de Agricultura a campañas políticas en beneficio personal.

Sara Ismela Medina Galo

Diputada al Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de Secretaria del Congreso.

Héctor Enrique Padilla Hernández

Ex congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de los fondos públicos Proyecto urbanístico, Limpieza de Solares y Calles en su departamento de origen de Choluteca a sus cuentas personales.

Milton Jesús Puerto Oseguera

Actual diputado al Congreso, comprometido en corrupción significativa. Fue imputado en Arca Abierta MACCIH-investigado caso de corrupción por malversación de $ 800.000 de varias agencias gubernamentales.

Audelia Rodríguez Rodrigo

Actual congresista, realizó importante corrupción mediante la malversación de fondos de la Limpieza de Proyecto de desarrollo de Solares y Calles a sus cuentas personales.

Dennys Antonio Sánchez Fernández

Actual congresista, participa en corrupción significativa por malversación de fondos de un control público de plagas programa en su departamento de origen de Santa Bárbara a sus cuentas personales.

Elvin Ernesto Santo Ordóñez

Actual diputado al Congreso, participa en corrupción significativa cuando se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas.

Juan Carlos Valenzuela Molina

Actual diputado al Congreso. Él era acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.

Elden Vásquez

Actual representante del Congreso, participó en importante corrupción a través de la apropiación indebida de $ 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado en el Caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.

Welsy Milena Vásquez López

Actual representante del Congreso, participa en corrupción significativa, incluida la malversación y la apropiación indebida de público fondos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversación de $ 800,000 de varios gobiernos agencias.

Román Villeda Aguilar

Diputado, obstaculizó las investigaciones sobre corrupción, que resultó en la desestimación de un caso de malversación contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero a una falsificación ONG.

En la mayoría de casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios, la justicia hondureña ha otorgado sobreseimientos, ya sean provisionales o definitivos, en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo se ordenó que se repitiera el juicio pues había sido condenada a 58 años de prisión.

Entre las sanciones a las que se exponen quienes sean incluidos en la lista Engel están: No poder obtener visa para ingresar a los Estados Unidos, revocación de la vigencia de la visa, estas sanciones tendrán una duración de tres años.

Las ZEDES atentan contra la soberanía y biodiversidad ambiental y cultural del departamento de Atlántida

Ante el anunciado despojo de los territorios del departamento de Atlántida, el Movimiento Amplio se posiciona en los siguientes términos:

La narcodictadura dirigida por Juan Orlando Hernández ha instituido las “zonas de empleo y desarrollo” más conocidas como ZEDEs entre las que se incluye el departamento de Atlántida. Aprobadas desde el 2013 inicialmente como “ciudades modelo”, fueron decretadas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de ese período en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones del movimiento social popular y político de la nación. Ante este fallo, de manera virulenta se provocó la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del régimen del que ya era parte Juan Orlando Hernández. Y el único magistrado que estuvo a favor de las tales ciudades modelo, Oscar Fernando Chinchilla, fue premiado nombrándosele ilegalmente como fiscal general de la república, reelegido nuevamente de manera ilegal en el mismo cargo, que ostenta hasta este momento. Es así como las ZEDEs intentan avanzar en el departamento de Atlántida como un cáncer que carcome, contamina y destruye todo a su paso al carecer de asideros legales que limiten la expansión de las mismas.

Atlántida, el departamento más rico en biodiversidad agrícola y silvestre continua condenado a su devastación ambiental como nunca antes. No se respetan áreas protegidas, zonas de reserva de las comunidades, humedales, zonas productoras de agua, campos de cultivos, etc. Con las ZEDEs, se abren las puertas para entregar todo el departamento sin derecho alguno por parte de la población para garantizar su existencia con dignidad y justicia.

Las ZEDEs implican en primer lugar, el despojo de nuestros territorios y demás bienes comunes. En segundo lugar, la humillación hasta la desaparición de los pueblos originarios que hacen del departamento de Atlántida un verdadero crisol de culturas del pueblo hondureño. Las tradiciones de origen Lenca que han pervivido en nuestras comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente. Las comunidades del pueblo Garífuna y sus particulares cosmovisiones. La cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras que han reproducido su cultura con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Todo está condenado a desaparecer, paradójicamente, justo cuando otras culturas y pueblos en otras latitudes de la tierra se aferran a sus tradiciones para subsistir y recrear sus vidas en el contexto de la globalización que nos convoca a todos y todas.

Atlántida no cede a las ZEDEs.

Si los grupos políticos y empresariales se comportan como estamentos de indignidad vendiendo el territorio al mejor postor, Atlántida tiene la obligación de juzgarlos y condenarlos. Estamos llamados a apoyar nuevos liderazgos no contaminados por las mafias que han asaltado los partidos políticos y demás organizaciones alineadas con propósitos similares.

Si las Fuerzas Armadas y policiales se sienten incapaces de detener la clase corrupta y narcotraficante que vende nuestro departamento, la juventud y las generaciones actuales estamos llamados a ser fieles a aquellos que han luchado por nuestra soberanía; desde Morazán y Cabañas hasta el mártir Ramón Fiallos y muchos otros luchadores y luchadoras que han abonado con su sangre la dignificación de nuestro departamento.

Que este cabildo no se quede en una protesta más que choca contra la sordera de quienes nos desgobiernan y sirva para fortalecer el frente común contra las ZEDEs y, más todavía, llamar a la unidad de las organizaciones populares para construir la Honduras que todos y todas anhelamos.

DE LA RESISTENCIA A LA SOBERANÍA CON DIGNIDAD

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

La Ceiba. 18 de junio de 2021

Preocupación en la ONU por los riesgos que podrían generar las ZEDE en Honduras

A través de un comunicado el Sistema de Naciones Unidas dio a conocer su preocupación por los riesgos que generarán las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y que ha tenido el rechazo generalizado de la población y de diferentes sectores del país.

Tegucigalpa, 8 de junio de 2021. El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación respecto al marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.

Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal.

En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE[1]. Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales. 

En este sentido, es de especial preocupación, por ejemplo, la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación. 

Entre otras, las comunidades afectadas por la ZEDE Próspera han denunciado la falta de participación y consulta, así como la falta de acceso a la información sobre el proyecto, generando incertidumbre entre las personas de la zona y afectando en mayor medida a las comunidades afrodescendientes, quienes se encuentran entre los colectivos históricamente más desfavorecidos del país. 

El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.

¡SI SE PUDO! Banca estadounidense renuncia a Financiar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) anunció la cancelación de su financiamiento, por US$ 35.7 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y cuya concesión es manejada por la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), propiedad Emin Abufele y HERMACASA, de esta última es accionista la empresa estadounidense Simonds Internacional Corporatión.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado sobre el rio Jilamito, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida; territorio en el que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) tiene más de una década de lucha sostenida contra la corrupción y violaciones de derechos que implican concesiones como la otorgada a INGELSA. La concesión de dicho proyecto se concretó en 2010 y teóricamente produciría 14 MW de energía, a un costo de US$ 75,5 millones y cuyos financistas serían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Invest, DFC y un porcentaje por los socios de INGELSA.

¿Por qué renuncia el DFC?

En el anuncio de su decisión, la DFC no brindó causales específicas, simplemente se limitó a señalar que “la decisión se tomó después de un período prolongado de debida diligencia”.

No obstante, para el MADJ la decisión de esta instancia financiera está motivada en la férrea oposición de la población de la zona que ha denunciado el enorme daño que este proyecto ha provocado en la Reserva de Texiguat y el impacto negativo, por el no acceso al agua de al menos 16 comunidades, que albergan a alrededor de 25 mil personas.

Desde hace más de 4 años, la población de Arizona y organizada en el MADJ profundizó su lucha pacífica por la defensa del río Jilamito, instalando de manera ininterrumpida, el Campamento Digno por el Agua y por la Vida desde donde: 

  • Se profundiza el proceso de organización popular y se tejen alianzas con personas y organizaciones en lucha por la defensa de la Dignidad Humana en otros territorios de Honduras y en distintas partes del mundo.
  • Se han desarrollado tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto en donde las comunidades. De forma unánime y reiterada, han expresado su rechazo al proyecto y declararon al municipio de Arizona como un TERRITORIO LIBRE de proyectos extractivos.
  • La alcaldía de Arizona ha asumido como suya la decisión de la comunidad y por lo tanto, se ha mostrado opuesta al proyecto, que adicionalmente lesiona su autonomía municipal.
  • Se han presentado diversas denuncias y acciones legales ante la institucionalidad pública por actos de corrupción cometidos en el proceso de concesionamiento, sin que, hasta el momento, ninguna de estas acciones tenga una respuesta por las instancias correspondientes, especialmente la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
  • La defensoría del río Jilamito ha significado procesos de criminalización, vigilancias, persecución y  amenazas de toda índole hacia compañeros/as por parte de las estructuras represivas del Estado y gobierno hondureño y del sector empresarial que está al frente del proyecto hidroeléctrico y que, por su perfil, genera serios temores e inseguridades en la zona.

En resumen, para el MADJ, que la DFC revoque el financiamiento, refirma la inviabilidad humana, la corrupción y la notoria violación de derechos que este tipo de proyectos plantean. Fundamentalmente, Reafirma la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y materializan la defensa de sus derechos, en este caso el derecho a la participación democrática de manera decisiva, derecho a un ambiente sano, derecho a la información y el vital derecho humano al agua potable para las personas.

La consulta que surge, luego del anuncio de la DFC es ¿Cuándo renunciará o revocará el BID-Invest el financiamiento de estos proyectos de muerte?

Por la memoria de los mártires de las luchas del MADJ

Por la memoria de Ramón Fiallos y Argentina Gonzales y Santos.

Los pueblos venceremos y sabremos hacer justicia ante la voracidad y la corrupción del capital.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡

¿Quiénes son los asesinos del pueblo tolupán?

Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.

¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS  DEL PUEBLO TOLUPAN?

Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña en el pueblo indígena tolupán.

Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.

Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.

Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los  crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.

A apenas siete meses de ese doble asesinato de los familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero, la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la  tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en defensa de sus bosques ancestrales.  

Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos sistemáticos. 

¿Cuándo el Ministerio Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la indiferencia sistemática del Estado.

Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros crímenes.

La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y nacional para el saqueo y la sociedad hondureña.  Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en el ejercicio de las empresas privadas? 

Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos? 

Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.

30 de septiembre de 2019

¡Desde la dignidad siempre!

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

El fondo del conflicto que motivó la presentación del amparo radica en que el 15 de julio de 1980 entró en vigencia la Ley de INPREMA que reguló la prestación de los beneficios para todos los y las docentes que ingresaron al sistema hasta el 19 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia la nueva Ley que derogó la ley anterior, sus reformas y sus reglamentos.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA:

  1. Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley;
  2. Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.
  3. Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley.
  4. Que el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia