FRACASO TOTAL: A un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, el sector campesino sigue sin soluciones sobre su tierra

A un año de la Comisión de Seguridad Agraria, el Bloque Popular Campesino e Indígena denuncia el fracaso total de esta comisión y evidencia el nuevo período de violencia y despojo al que ha sido sometido el sector campesino, cuya problemática NO es una prioridad para el actual gobierno.

Distintas organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al movimiento social y popular del país que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena denunciamos y continuamos sufriendo las consecuencias de la política de intervención en el agro por parte del gobierno, que a un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos pronunciamos en los términos siguientes:

1. Fracaso de la Comisión: Ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones

2. Desalojos Violentos y Criminalización: En lugar de garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas, el gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos. Son más de 50 desalojos desarrollados en este año de la comisión y eso ha significado miles de familias que han sido brutalmente expulsadas de sus tierras, sin respetar sus derechos humanos ni ofrecer alternativas de reubicación.

Esta política represiva solo demuestra el desprecio del gobierno hacia el campesinado y los pueblos indígenas, priorizando los intereses de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales. No hay ningún proceso de investigación hacia las formas corruptas en que estas empresas se han adueñado de las mejores tierras, que eran y son de reforma agraria. Los desalojos han sido una herramienta de terror para despojar a las comunidades de sus tierras, han destruido centenares de manzanas de tierra trabajadas perpetuando la injusticia, la inseguridad alimentaria de estas familias y la desigualdad en el campo.

Nos solidarizamos con el Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra de Yoro, quienes el día de ayer, sufrieron un desalojo violento por un contingente policial y militar de más de 500 efectivos, los cuales destruyeron sus cultivos y pertenencias.

Señora Presidenta, cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?

Señora Presidenta, no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras.

3. Sin Resultados Concretos: Las acciones del gobierno, mediante la creación de comisiones, no han sido más que una estrategia de contención y mediatización para aplacar las demandas legítimas de nuestras organizaciones, sin ofrecer soluciones reales, concretas y duraderas. El gobierno sigue actuando como cómplice de la élite corrupta que perpetúa la injusticia en el campo. Esta Comisión no han producido los resultados esperados y han demostrado ser completamente ineficaces en resolver los conflictos agrarios.

No se ha avanzado en la entrega de tierras al movimiento campesino, ni en el reconocimiento de los territorios ancestrales a pueblos indígenas. Además, una de las promesas clave, la investigación sobre la legitimidad de las tierras en manos de empresas agroindustriales, ha quedado en el olvido. Esto muestra claramente la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses económicos y corruptos que controlan el sector agrario.

4. Desatención del Gobierno: A un año de la creación de la Comisión y 2 años y medio de gobierno, el tema de la tierra sigue sin ser una prioridad. Este desprecio hacia el movimiento social, campesino e indígena evidencia la profunda desconexión y desinterés del gobierno en resolver las verdaderas necesidades del movimiento social y popular.

5. Enfoque de Seguridad: Como cuestionamos hace un año, la forma en que nació esta comisión, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, profundizó el enfoque militarista y de seguridad en nuestras comunidades. Este origen revela claramente una perspectiva de control y represión, en lugar de una verdadera intención de resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y las reivindicaciones históricas. Esos efectivos militares y policiales deberían estar sirviendo para desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestros territorios y que son parte de los “negocios” de estas empresas o investigando los asesinatos de, al menos 13 líderes campesinos, que han caído en la lucha durante el presente gobierno.

6. Exigimos una Respuesta Clara y Decisiva: Rechazamos la política de desalojos impulsada bajo la justificación de “salvaguardar la gobernabilidad del país”, que es exactamente la misma lógica del narco gobierno anterior. Esta medida ha intensificado la crisis en el campo, despojando a miles de familias campesinas e indígenas de sus tierras legítimas. Exigimos un cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación exhaustiva sobre las prácticas fraudulentas y violentas con las que las empresas agroindustriales han acaparado tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a las familias campesinas.

7. Dignidad Campesina e Indígena: Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria. Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias.

Todavía tiene tiempo para rectificar el rumbo de su gobierno Señora Presidente, todavía es posible que usted se decida a estar con los verdaderos intereses de la población. Entendemos que este es un proceso, pero de muestras claras y concretas de que esta es su decisión.

Desde las organizaciones que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena, reafirmamos nuestro compromiso de animar y fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas que han sufrido las consecuencias de las políticas de desalojos ejecutadas por el gobierno. Reafirmamos que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras que rectifique y desarrolle una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.

Honduras, 07 de junio de 2024

A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia

Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.

Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…

Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.

Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.

Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.

Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.

El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas. 

En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.

Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.

Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.

Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país. 

Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.

En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..

El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.

En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.

Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…

 Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.

Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…

En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.

Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.

Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.

Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.

Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización

En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.

Tegucigalpa, 24 de mayo, 2024

Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual

Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares
condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes
de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica
Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de
las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e
integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración
de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.


Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López,
Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron
encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la
obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron
nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima,
obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.


El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La
Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia
de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no
inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a
ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación
propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados.
Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su
condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima,
por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.


“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas
las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los
grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá
siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández.
Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que
cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación
sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir
con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que
genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo
que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos
de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.


En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos
de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad
del Estado.

San Pedro Sula, Honduras, 17 de mayo de 2024.

Pronunciamiento Público: 01 DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que aglutina a trabajadores del campo, indigenas, obreros y muchas otras expresiones de lucha y resistencia del país. En el marco del día del trabajador hondureño, lo conemmoramos en los siguientes terminos: 

1. Que Los pueblos originarios, la clase campesina nacional y las obreras y obreros de las maquilas, son en el presente los actores de la verdadera lucha proletaria de la sociedad hondureña. Ellos y ellas representan la dignidad de la clase trabajadora nacional por ser quienes sufren a diario, en carne propia, los embates de la clase empresarial extractivista y explotadora, quienes, junto a los gobiernos de turno, se han sumado a la opresión en contra de los y las trabajadoras.

2. Desde las comunidades rurales, pueblos indigenas y afrodescendientes que han sido agredidos y asesinados con participación activa de la clase empresarial extractivista, en confabulación con las fuerzas de seguridad del Estado, rechazamos el falso discurso de llevar “trabajo y desarrollo” a nuestras comunidades, a costa de nuestras territorios, nuestos bienes naturales comunes, lucharemos en contra de cualquier iniciativa que vulnere nuestras dignidad como pueblo y que favorezca unicamente a los intereses economicos de la calse empresarial.

3. En los ultimos años, mientras se asesinan a campesinos, indigenas y lideres sindicales, vergonzosamente las grandes federaciones y confederaciones de sindicatos y obreros han permanecido bajo negociaciones con el regimen de la Narcodictadura. A estas dirigencias les decimos que son la vergüenza de la clase trabajadora hondureña, los traidores de las clases obrera y campesina de esta Honduras que exige más respeto de parte del Estado de Honduras.

4. Junto al movimiento campesino, pueblos indígenas y afrodescendientes exigimos la devolución de las tierras y territorios ancestrales de quienes los han detentado y usufructuado indebidamente los territorios. No necesitan convertirse en esclavos disfrazados de obreros de la empresa privada para vivir una vida digna, basta con que sus tierras y demás medios de vida les sean devueltos.

5. Nos unimos a la clase trabajadora y legítima dueña de sus medios de producción a mantener una lucha tenaz contra los saqueadores de los medios de vida de los pueblos, contra los que se benefician de nuestros esfuerzo.

6. Reiteramos que, esta conmemoración no debe convertirse en una celebración exclusiva de los empleados y empleadas del gobierno, ni tampoco debe circunscribirse a la población militante de un determinado partido político. Este día es de los y las trabajadoras que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales.

7. A 16 años de lucha permanente el Movimiento Amplio continua haciendo suya la causa de la clase trabajadora de Honduras. Con los obreros y obreras de las maquilas y demás empresas demandamos un trato justo, salarios dignos y respeto a cada persona que presta su fuerza de trabajo en las empresas del gran capital que florece a espaldas del dolor y la miseria de quienes son explotados y explotadas.

San Pedro Sula, Cortés 01 de mayo de 2024

El día de la tierra se celebra luchando, no hay tierra sin lucha digna

Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.

Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.

Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.

Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber  la riqueza de nuestras costas,  desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia.  Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua. 

Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía. 

Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.

Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.

¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!

De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales 

Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos: 

¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado? 

¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña? 

 Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país? 

Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur. 

Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.

El Juicio contra JOH: una institucionalidad al servicio del narcotráfico y del lavado de activos

Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.

En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.

Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.

Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.

122 Aniversario del Partido Nacional, entre liderazgos presos enjuiciados y prófugos

El Partido Nacional celebra su 122 aniversario sin ningún liderazgo visible ni en el país ni a lo interno de sus estructuras… su dirigencia se encuentra encarcelada, prófuga, procesada penalmente y reducida en liderazgo social frente a la condena moral que les impone la sociedad hondureña. Pese a la vergüenza pública que significa el juicio de JOH y sus vínculos con los cárteles de la droga, la dirigencia cachureca no está reflexionando sobre el cambio de rumbo que debería estar tomando su partido. Esta dirigencia parece estar determinada a seguir la misma ruta política de vinculación al crimen, a la corrupción y al servilismo político para intentar reponerse de la derrota electoral del año 2021. Frente a esto, la militancia de base y sus juventudes tienen la posibilidad de sentir vergüenza de su partido político y fundar una forma honesta de hacer política. 

En el 2022, el Movimiento Amplio solicitó la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Nacional por ser una estructura conformada por su dirigencia para favorecer sus negocios criminales y la corrupción desde el Estado, no obstante, la justicia electoral desestimó la petición sin adoptar ninguna decisión orientada a que no vuelvan a cometer los mismos actos de perversión partidaria. Este panorama sitúa como la mayor preocupación que enfrenta nuestro país que ni la institucionalidad pública ni los demás partidos políticos están desarrollando procesos relevantes para erradicar las causas estructurales que permitieron la existencia de un Partido Nacional como el de JOH y, en consecuencia, se estaría alentando la repetición de esta tragedia política si no existe un proceso de justicia y transformación profunda del país y de su sistema democrático. 

En este contexto, los partidos políticos, fundamentalmente LIBRE como partido de gobierno, deben asumir un compromiso con romper la forma de hacer política electoral que fundó el Partido Nacional sobre la base del vínculo con el crimen organizado, impunidad para militares y policías dedicados al narcotráfico, concentración de poder en el sistema de justicia, entre otras. Es imperativo que sea un proyecto popular y auténtico, sobre la base de los principios democráticos, el que se configure como el horizonte de la nueva forma de hacer política que necesita Honduras. 

El juicio de JOH en los EE. UU. no es una narco telenovela más de las que despierta simpatía o rechazo del público hacia el gran protagonista. Ni es un pasatiempo útil para aliviar las crisis emocionales permanentes de nuestro pueblo. Desde el movimiento popular y la ciudadanía honesta debemos asumir el seguimiento de este juicio reconociendo que es el retrato más nefasto de la forma en qué se hace política en el país y de cómo el crimen organizado mundial se hizo de la dirigencia del Partido Nacional y del mismo Estado hondureño, siempre con el propósito de transformar esa realidad. 

¡Queremos paz con justicia y dignidad!