PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA

“A las comunidades en resistencia, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional” El Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), en coherencia con nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la democracia, los bienes comunes naturales, la justicia social y la dignidad de los pueblos, nos dirigimos al sector social, a los actores políticos y económicos, a los medios de comunicación y al pueblo hondureño en general, en cierre del tercer año de Gobierno de Xiomara Castro [Libre] y en el contexto del proceso electoral de 2025,  para expresar lo siguiente:

1.       Al cumplir el tercer año de gobierno el inicio del cierre de la administración del Partido Libre, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia [MADJ] volvemos a señalar con claridad, contundencia y con experiencias vividas, que esta administración ha quedado en deuda con las grandes demandas de justicia social, defensa del territorio y transformaciones estructurales que movilizan al pueblo hondureño. Reconocemos que han avanzado en la asimilación de discursivos cercanos al pueblo, y acciones dispersas como paliativos a emergencias coyunturales pero las promesas reales de cambio no han logrado materializarse en una mejora tangible para las mayorías empobrecidas de este país. Lejos estamos de una justicia real que condene a las estructuras del crimen enquistadas en partidos políticos, instituciones de gobierno, actores económicos. No hay ni en un freno efectivo a las políticas extractivistas y de explotación desmedida de la naturaleza. Las políticas militarescas para resolver crisis sociales una vez más bajo su gobierno han demostrado que no son el camino. Otra vez, les llamamos, en la recta final de su mandato, a que desanden el camino de la comodidad y la negociación y que asuman su responsabilidad con el pueblo.

2.       Desde nuestro compromiso y lucha por una Democracia radical, llamamos a la sociedad hondureña, a los actores políticos y económicos que tiene amor por este país, a adecentar la política; para que el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino. Reconocemos los procesos electorales son un componente fundamental de la vida democrática de un país, pero una verdadera democracia no puede limitarse únicamente a las urnas, especialmente cuando estas son controladas por las élites, el crimen y el capital manchado de sangre. Por eso, urgimos al pueblo hondureño a participar de manera crítica y activa en este proceso electoral, evaluando propuestas, denunciando prácticas clientelistas, fraudulentas y exigiendo transparencia. Conscientes que más allá del acto de votar, el verdadero poder está en la organización, la vigilancia ciudadana y la construcción de alternativas desde las bases.

3.       Denunciamos con firmeza el pacto de impunidad que se refleja en las papeletas electorales, donde personajes con procesos legales pendientes y vínculos con actos de corrupción y violencia figuran como candidatos a la presidencia y otros cargos públicos. Este escenario no solo perpetúa la desconfianza hacia el sistema electoral, sino que además evidencia que las instituciones han sido capturadas por quienes son el rostro del crimen organizado y la injusticia en Honduras.

4.       Saludamos el surgimiento de Proyectos Sociopolíticos bajo la figura de Candidaturas Independientes expresiones de resistencia política frente a un sistema dominado por partidos tradicionales que han perdido legitimidad ante el pueblo y perpetuado la crisis. Les llamamos a que asuman con responsabilidad, catadura moral y ética estas iniciativas, para que las candidaturas sean una oportunidad para rescatar el verdadero sentido de la política y replantear un proyecto social y económico comprometido con los intereses de las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, enfatizamos que las candidaturas independientes, aunque necesarias, no son en sí mismas la solución definitiva. El movimiento popular y Social de Honduras, tiene el deber de continuar debatiendo y construyendo un Instrumento Político representativo, autónomo y profundamente arraigado en las luchas sociales. Esta búsqueda es un camino que debe mantenerse en debate, abierto, honesto y colectivo.

5.       Como movimiento territorial popular y social, nuestra misión está profundamente arraigada en las resistencias territoriales, la construcción del poder popular y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Por ello, reafirmamos nuestra independencia frente a los partidos políticos, las candidaturas independientes y cualquier esfuerzo político-electoral del momento. Mantenemos nuestra postura crítica y de denuncia hacia las prácticas de la política tradicional partidista y una crítica constructiva hacia los esfuerzos políticos independientes que merecen nuestro apoyo, siempre que estos se enmarquen dentro de la coherencia con nuestros principios de dignidad, justicia, participación ciudadana y la emancipación de nuestro pueblo.

6.       Llamamos a las organizaciones representativas de diversos sectores sociales y populares de Honduras para fortalecer la articulación nacional frente a la incertidumbre electoral. Asumamos nuestro rol como sujeto político colectivo, con autonomía de palabra y acción, para irrumpir en el escenario de las hegemonías perpetuadoras de la dominación con propuestas concretas que combinan la resistencia territorial rural y urbana, con la formulación de un horizonte político más amplio, capaz de articular las luchas locales y nacionales que permita encontrar soluciones audaces para sectores sociales más postergados, humillados y empobrecidos del Honduras.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con Honduras, en vínculo solidario con los pueblos del mundo, que luchan, resisten y construyen alternativas ante la opresión.  El pueblo vencerá, porque la dignidad no se rinde, la esperanza no muere, y la justicia llegará. ¡Con el pueblo, Hasta la Dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

22 de enero de 2025

Carta Pública. Nos comprometemos a organizar todos los sectores, barrios, colonias y aldeas: Darle un alma honesta y digna a la candidatura independiente por San Pedro Sula

Sampedranos, sampedranas,

 amigos y amigas,

Anunciamos nuestro férreo compromiso de darle alma a la revolución de la dignidad en San Pedro Sula por medio de la consolidación de equipos de trabajo en todos los sectores, colonias, barrios y aldeas de la ciudad, a los cuales todos y todas están convocados a formar parte. Este fue nuestro gran acuerdo y la principal tarea que hemos pactado en asamblea en la que participamos múltiples representaciones de los sectores poblacionales en que se divide nuestra ciudad.  

Tenemos la certeza que el proyecto sociopolítico y la candidatura independiente a la alcaldía de SPS representa la esperanza para transformar la política, a través de la cual, por primera vez, sean prioridad los sectores sociales, la clase trabajadora, los emprendedores y emprendedoras, los empobrecidos y empobrecidas de nuestra ciudad. Ese es objetivo principal de nuestra candidatura municipal por San Pedro Sula que representa el abogado Víctor Fernández, un hombre cuya vida y liderazgo se respalda en diferentes luchas contra la corrupción y la injusticia, es por eso que ahora le confiamos el liderazgo de este proyecto colectivo. 

Nosotros y nosotras nos declaramos hartos que históricamente los políticos y los diferentes alcaldes que han pasado por la municipalidad de San Pedro Sula atiendan al pueblo con migajas y deploramos que esta característica se refuerce cuando se acercan los procesos electorales, en donde nunca son una  prioridad nuestros derechos humanos más sensibles como el acceso a una vivienda digna, a la seguridad de nuestra vida, a un trabajo que asegure la alimentación de nuestra familia… 

Realmente estamos hartos y hartas de que nuestros hijos e hijas no tengan acceso a un colegio, que las calles de nuestros barrios y colonias prácticamente no existan y que por lo tanto el transporte sea un servicio altamente deficitario… 

Nos pudre que las ventajas y oportunidades se le otorguen únicamente al gran empresariado y que cuando estos  abusan y violan los derechos de los obreros y obreras no se haga nada, nos indigna que la alcaldía municipal sea un espectador y gestor de los intereses de una pequeña élite corrupta y mafiosa, y no asuma la defensa de la dignidad de todos y todas. 

Por estas razones, declaramos que renunciamos al tradicionalismo político partidario que han probado estando en el poder su incapacidad y falta de voluntad, renunciamos a seguir eligiendo por resignación, por el que creemos menos malo, renunciamos a conformarnos con la realidad de país y de una ciudad que tenemos porque no queremos seguir viviendo de esta manera. 

Declaramos que no dejaremos que nuestros barrios, colonias y aldeas sean instrumentalizados por políticos que nunca asumen nuestros principales problemas pero creen que con asistencialismo compraran nuestro voto y conciencia. 

Ratificamos, con el compromiso más profundo, que continuaremos reivindicando la dignidad y la garantía de los derechos de todos y todas como prioridad permanente e inmediata de nuestro proyecto sociopolítico y de nuestra candidatura independiente.

Nos comprometemos a hacer de San Pedro Sula una ciudad con dignidad… 

Suscriben participantes de los 10  distritos en los que está dividido San Pedro Sula. 

  • marcadaNor-Oeste
  • marcadaNor-Este 
  • marcadaSur-Oeste
  • marcadaSur-Este 
  • marcadaCarmen 
  • marcadaRivera Hernandez 
  • marcadaSatélite
  • marcadaChamelecon
  • marcadaCofradía 
  • Merendón 

LA MUERTE DE JESÚS EN NAVIDAD

Por jose morales

En la ciudad, los más maltratados luchan, día a día, luchan para sobrevivir. Halan carretas, cargadas con la basura de la sociedad que solo los mira cuando necesita deshacerse de las inmundicias que no cargan ni los carros de basura. A veces comen, y otras veces se atraviesan lo que encuentren en el camino. Así, a lento trote, van los maltratados.

Van los maltratados, los vemos de reojo, van debajo del sol, van debajo de la lluvia, pero van haciendo muecas de sonrisas cansadas, van con la piel herida y la pansa vacía, van sobrellevando la vida día con día. Van con su hemoglobina baja, con anemias profundas, famélicos, enfermos por la indiferencia y la discriminación.

En la cima de la ciudad, un obeso rey cara rosada hace payasadas, como un bufón, hace reír a la gente, nos hace voltear a ver para otro lado, mientras los maltratados pasan a nuestro lado, como el prójimo golpeado por la realidad. El auto percibido rey de la ciudad no descansa, siempre bufón, siempre irreverente. Mira a los maltratados y ordena que les retiren sus pobres caballos, exclama soberbio que no permitirá que se siga maltratando estos pobres animales. Gran parte de la ciudad lo aplaude.

En las bodegas de la ciudad, los caballos mueren de hambre, lo que nunca hubiera pasado si este rey bufón no les hubiera quitado sus caballos a los verdaderos maltratados de esta sociedad, a los dignos carreteros que a pesar de toda la indiferencia y el abandono que viven deciden ganarse la vida luchando, halando sus carretas con sus caballos, debajo del sol, de la lluvia, ayudando al que los necesita para botar sus inmundicias.

Jesús fue víctima del bufón, le quitaron su caballo, muchos vieron al caballo como digno de protección y los es, sin duda, pero es mas digno ver al ser humano que con esfuerzo alimentaba su caballo y que no lo dejó morir de hambre. Con ese mismo esfuerzo alimentaba a su hija y a su esposa, pero él, a veces comía, a veces no.

Jesús murió crucificado por la indiferencia nuestra, pero sobre todo por la indiferencia de las autoridades de la ciudad, la apatía del gobierno. Somos resistencia dice la presidente, pero se le olvidó que Jesús estaba en la cruz. Se les olvido a los gobernantes que la dignidad del ser humano es inviolable, y que todos tenemos la obligación de respetar y proteger, se les olvidó que el fin supremo de la sociedad y el Estado es el ser humano. Se nos olvidó como sociedad que nuestro contrato social nos obliga a respetarnos y protegernos.   

Jesús Ramírez murió con su hemoglobina a cinco, lo que indica que sufría una grave anemia, provocada por una desnutrición severa, en palabra simple, Jesús muchas veces no tenía ni para comer. Jesús bajaba de su cruz todos los días, con sus manos heridas, se montaba en su carreta y salía a trabajar, con su desnutrición a cuestas, con el dolor y el cansancio que representa esta condición de salud, y al alcalde lo que se le ocurrió es que tenía que quitarle su caballo, su medio de trabajo, su forma de sobrevivir.    

Hoy nos reunimos aquí para despedir a Jesús Ramírez, paradójico, hermanos, Jesús muere en navidad, deja una esposa en agonía y una pequeña, lamentablemente, se convirtió en víctima de una injusticia cruel e inhumana: la muerte por hambre. Su vida fue arrebatada por la indiferencia, por un sistema que permitió que el acceso a lo más básico, el derecho a la alimentación, fuera un privilegio de unos pocos y no un derecho universal. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo nos impulsa a seguir luchando con más fuerza que nunca. Que su muerte no sea en vano. Que cada uno de nosotros, alzando nuestras voces, se convierta en un defensor incansable de los derechos humanos, exigiendo que el hambre sea erradicada, que cada ser humano tenga acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad. En su nombre, no permitiremos que más vidas se apaguen por una causa que debería ser impensable en el siglo XXI. La lucha continúa, porque el hambre no tiene lugar en un mundo que se dice civilizado.

Que vivan los carreteros, que viva Jesús.

Candidaturas independientes en Honduras exigen igualdad y claridad en el proceso electoral ante el CNE

San Pedro Sula, Honduras, 17 de diciembre 2024

Diversos movimientos ciudadanos y representantes de candidaturas independientes del proyecto sociopolítico que impulsa la candidatura del abogado Víctor Fernández a la Alcaldía de San Pedro Sula, se reunieron con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir condiciones equitativas y claras que faciliten su participación en el próximo proceso electoral. Este proyecto, que aglutina, por ahora, 15 candidaturas independientes en distintos municipios del país, busca ofrecer alternativas fuera del dominio tradicional de los partidos políticos.

Durante la reunión, los representantes de las candidaturas independientes entregaron una petición escrita al CNE, en la que expusieron sus principales demandas, entre ellas la necesidad de emitir una normativa urgente que asegure la transparencia y la inclusión en el proceso electoral. También expresaron su preocupación por las barreras estructurales que enfrentan, como el corto tiempo para la recolección de firmas, la falta de herramientas oficiales y el desconocimiento sobre los procedimientos necesarios. Un punto clave fue la solicitud de formatos validados para la recolección de firmas y la implementación de un sistema que permita verificar, en tiempo real, la autenticidad de los registros, reduciendo inconsistencias que en procesos anteriores dejaron fuera a varios aspirantes.

«Queremos un proceso electoral más democrático, simple e igualitario», declararon los representantes del proyecto sociopolítico independiente. Subrayaron que su participación no es coyuntural, sino parte de un proyecto político a largo plazo que busca transformar la cultura electoral del país. Exigieron al CNE capacitaciones inclusivas para garantizar igualdad de condiciones frente a los partidos políticos tradicionales y remarcaron que la inclusión de las candidaturas independientes es un acto de justicia democrática.

Además, los líderes destacaron la necesidad de garantizar representación en juntas receptoras de votos (JRV) y en cantones, instancias clave para velar por la transparencia del proceso electoral. También enfatizaron la importancia de que el CNE asuma un papel proactivo en reconocer las candidaturas independientes como una expresión legítima del derecho humano a elegir y ser electo.

La reunión abordó, además, las dificultades históricas relacionadas con el Censo Nacional Electoral, cuyas inconsistencias han afectado procesos anteriores. Víctor Fernández, como candidato independiente por la Alcaldía de San Pedro Sula, destacó que estas candidaturas representan «una forma legítima de participación política que busca diversificar y fortalecer la democracia en Honduras».

Los funcionarios del CNE se mostraron receptivos a las demandas y se comprometieron a trasladar la petición al Pleno del Consejo, donde se analizarán las solicitudes para su pronta resolución. Este compromiso fue valorado por los asistentes, quienes señalaron que estos diálogos son esenciales para garantizar un proceso electoral más incluyente.

Ante la creciente aceptación de las candidaturas independientes, los representantes señalaron que estas iniciativas representan «un quiebre a la hegemonía de los partidos políticos» y un paso hacia un sistema electoral más incluyente y representativo. «Es hora de que la ciudadanía entienda que hay otras alternativas y que participar en política puede ser una herramienta real de transformación», concluyó Fernández.

El CNE afirmó que trabaja en un reglamento flexible y en sistemas innovadores que facilitarán validar los requisitos de manera previa, garantizando que las candidaturas independientes cuenten con el respaldo institucional necesario para participar en igualdad de condiciones en las elecciones generales de 2025.

Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

Tegucigalpa M.D.C. noviembre 2024

El 24 al 26 de septiembre del 2024, en Tegucigalpa, se llevó a cabo una masiva movilización popular, indígena y campesina para reivindicar el derecho a la tierra, la justicia y reclamar que el poder legislativo, el ejecutivo y el sistema de justicia asuman el mandato constitucional de hacer una Honduras donde impere la justicia, el derecho y el bienestar de la población. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) participamos activamente en la movilización junto a decenas de organizaciones integradas en el Bloque Popular Campesino e Indígena (BPCI) y el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPS-H). La Corte Suprema de Justicia, al recibir la propuesta de 10 puntos del campo popular para lograr una reforma judicial justa, nombró una comisión integrada por tres magistrados y se constituyó una mesa de seguimiento y solución a las demandas populares.

Este 13 de noviembre se produjo la reunión de seguimiento entre la Comisión del Poder Judicial y la representación de las organizaciones populares. Este encuentro, celebrado en la Presidencia de la CSJ, permitió escuchar los informes sobre los compromisos previos, también fue un espacio para presentar nuevas propuestas y reforzar la demanda de un Poder Judicial transparente y comprometido con la justicia social.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la selección de jueces y juezas, remarcando la necesidad de que estos procesos sean conocidos y evaluados por el pueblo. Se destacó la importancia de que las comunidades tengan voz en el nombramiento de los jueces, pudiendo conocer sus perfiles y antecedentes, así como objetar sus nombramientos cuando sea pertinente.

La discusión también planteo acuerdos sobre la capacitación de jueces y magistrados en derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales en materia de pueblos indígenas, derecho agrario, ambiental y otros instrumentos relacionados con aspectos especializados que se requieren varios territorios en lucha. Se planteó que el MPSH participe en los procesos de sensibilización para asegurar que el sistema judicial comprenda y respete las particularidades culturales y legales de los pueblos originarios. También se discutió y revisó el estado y la necesidad de resolver de manera expedita varios recursos de inconstitucionalidad y amparo radicados por las organizaciones populares en contra de actos y normas que atentan contra el orden constitucional y convencional y los derechos del pueblo y las personas organizadas, la representación de la CSJ se comprometió a establecer plazos perentorios para presentar soluciones definitivas expresadas en sentencias y mandatos claros y determinantes.

El magistrado Felipe Speer y las magistradas Martha Merino y Patricia Martínez, asumieron compromisos significativos con relación a establecer mecanismos que eviten desalojos arbitrarios y abusos en el marco de su ejecución; también presentaron informes sobre jueces y juezas que habrían sido sancionados por abusos en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas buscan reducir la violencia y la criminalización que enfrentan los defensores de derechos y líderes comunitarios.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de continuar el diálogo, precisando que la próxima reunión se desarrollará el 28 de enero de 2025, donde se revisarán los avances de los acuerdos y se debatirán nuevas propuestas planteadas por el MPS-H. Este seguimiento busca garantizar que las voces populares sigan presentes y activas en la lucha por la democratización de la tierra y la justicia en Honduras.

Se admite petición contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para procurar el respeto a los derechos y dignidad del pueblo maya chortí de Azacualpa

¡Dignidad para el pueblo Maya Chortí!

EL 22 de julio del presente año, el Bufete Estudios para la Dignidad, Movimiento Amplio, FUNDAMBIENTE y Abogados sin Fronteras-Canadá, presentamos comunicación individual en representación de personas maya chortí ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por incumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos de protección y asistencia a la familia (artículo 10), el derecho a la salud mental (artículo 12) y a la participación en la vida cultural (artículo 15), en relación a la obligación de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los DESC establecidos en los artículos 1 y 2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Al respecto, como apoderados procesales de las víctimas comunicamos públicamente lo siguiente:

  1. La petición internacional que presentamos se funda en la incapacidad del Estado hondureño para proteger el cementerio ancestral maya chortí de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán. La transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en complacencia con funcionarios públicos, exhumaron, dinamitaron el cementerio ancestral, profanaron los cuerpos de los ancestros y las ancestras maya chortí, pese a dos resoluciones judiciales que lo impedían, una de la Corte Suprema de Justicia y otra de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que no fueron ejecutadas ni garantizadas por el mismo Estado. 
  2. Este 26 de agosto del 2024, fuimos notificados que la Comunicación Individual fue admitida a trámite ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de Naciones Unidas y que, además, a petición nuestra se declararon medidas cautelares que redundan en obligar al Estado hondureño a proteger el cementerio ancestral maya chortí de manera urgente.
  3. La admisión de esta Comunicación Individual es un importante paso para la procuración de justicia y dignidad para las comunidades maya chortí que representamos frente a los históricos abusos y violencia que padecen por parte de la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en contubernio con el Estado hondureño, mostrada por la complicidad, corrupción o incapacidad de funcionarios públicos.
  4. Es urgente que el Estado hondureño cumpla con esta resolución internacional y adopte urgentemente las medidas cautelares necesarias para detener la profundización de violaciones a los derechos humanos de la población maya chortí y para garantizar la reparación del cementerio maya chortí.

Nuestro Bufete Dignidad reafirma que nos mantendremos firmes y en permanentes acciones legales para defender los derechos y la dignidad maya chortí.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Tegucigalpa M.D.C., 15 de noviembre del 2024

Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.

Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.

Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.

El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.

“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.

El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.

Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.

El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.

“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.

Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.

Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.

“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.

Propuesta de trabajo para el Poder Judicial

En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ,  en el que se detallaron las  líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.

“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.

El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.

Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos

Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.

También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.

Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia

En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.

“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.

En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.

En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.

“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.

Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.

Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.

“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.

Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.

La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.

Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción

En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.

Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los  mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.

En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.

Los mártires de la resistencia popular:

Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.

Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.

El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.

Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.

Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar  los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.

El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos  resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.