Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Proclama del campamento de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular

Nos juntamos en la capital en este mayo de 2022 organizaciones, comunidades, colectivos y personas de reconocida trayectoria de lucha popular; convertimos en nuestra casa y espacio de debates los bajos del Congreso Nacional, nos movilizamos ante funcionarios e instituciones para demandarles que asuman la responsabilidad histórica de servir al pueblo y no ser instrumento de los opresores.

Acudimos, como siempre, para seguir asumiendo el rol que le corresponde al movimiento popular desde su inquebrantable autonomía.

Nos mueve la vergüenza, la dignidad y la certeza que la lucha popular es constructora indetenible del proceso refundacional que está en marcha en el país.

Llegamos y nos declaramos en ayuno como expresión genuina de la resistencia pacífica activa de los pueblos.

Reivindicamos la vergüenza que nos causa el hecho de haber sido sometidos al imperio de una élite política y económica que convirtió a Honduras en un narcoestado y produjo niveles de pobreza y corrupción indignantes, con la agravante que el narco-presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de su notorios crímenes, nunca fue juzgado en el país, mientras la justicia de los Estados Unidos le imputa un historial criminal por narcotráfico y corrupción de 18 años consecutivos, extremo que produjo su extradición, que fue ejecutada por las mismas instancias hondureñas que debieron investigarlo, acusarlo, juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo en el país.

Ayunamos porque nos da vergüenza la institucionalidad del Estado hondureño y sus funcionarios, su cobardía y su servilismo a la corrupción y al imperio de los Estados Unidos. Reconocemos, con profunda vergüenza, que la extradición, juzgamiento y segura condena del narco-presidente es la única justicia posible contra un criminal de su calaña, porque en nuestro país la institucionalidad y sus funcionarios no tienen la fuerza, la valentía y el patriotismo básico para juzgar a un verdugo como JOH y su estructura.

Reconocemos que como parte del pueblo organizado dignamente resistimos diez años de régimen golpista, corrupto y narcotraficante y que finalmente lo derrotamos popularmente en el campo electoral en una alianza de múltiples sectores de nuestro pueblo. Ayunamos también para fortalecer nuestras convicciones, nuestra dignidad y la certeza de que es posible la construcción de una Honduras de la que todos y todas nos sintamos orgullosas.

Ayunamos para que no se borre de nuestra memoria el hecho que durante una década al menos, militares, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios se dedicaron a proteger y perpetuar en el poder al cartel liderado por Juan Orlando Hernández, y en contraste, perseguían, acusaban y encarcelaban a nuestros hermanos y hermanas por defender la voluntad popular, por defender los bosques, los ríos, minerales, la educación, salud pública y todos los bienes estratégicos de la nación.

Nuestra acción de resistencia pacífica es para no olvidar la inmoralidad de la DEA, el Pentágono, el Comando Sur y distintas estructuras de poder de Estados Unidos, quienes en varias ocasiones, en los últimos 10 años, felicitaban a JOH y su cartel por su supuesta lucha contra el narcotráfico, pero hoy reconocen y hacen público que  desde 2004 a 2022, introdujo, al menos, 500 mil kilos de cocaína a su territorio y paralelamente llenaba al pueblo hondureño de violencia, masacres, luto, vergüenza y convirtió a la institucionalidad pública en su centro de operaciones y por lo tanto a Honduras en un narcoestado.

Nos rebasa la indignación y la vergüenza el hecho de confirmar que, mientras el cuerpo diplomático asentado en Honduras y sectores de la comunidad y la cooperación internacional compartían espacios de gala con Juan Orlando Hernández y su cartel, las carreteras, puertos, aeropuertos, empresas públicas, zonas protegidas, ríos, bosques y minerales, el territorio y gran parte de la riqueza nacional eran entregadas a la banca privada, empresas privadas nacionales y transnacionales corruptas y violadoras de derechos del pueblo hondureño.

Y para colmo, hoy pretenden imponer un borrón y cuenta nueva, dejando intactas las concesiones y el saqueo de la riqueza de la nación.

Desde nuestra vergüenza y determinada lucha, haremos todo para que se revoque todo el modelo corrupto de concesiones y robo de la riqueza nacional.

Ayunamos y luchamos para que se grabe en nuestras memorias que, mientras ONGs oficialistas, dirigencias políticas, grupos religiosos y económicos, corporaciones de medios de comunicación celebraban con Juan Orlando Hernández y su cartel, miles de hermanos y hermanas nuestras salieron huyendo del país en una ruta migratoria que los aleje de todas las violencias directas e indirectas generadas por el cartel de Juan Hernández.

Sin embargo, hoy, como siempre, nuestra vergüenza la convertimos en dignidad y lucha popular y acudimos a denunciar y exigir que se investigue, enjuicie y castigue a los funcionarios que por acción u omisión permitieron, participaron y aseguraron impunidad a los crímenes de Juan Orlando Hernández y su estructura.

Acudimos también a demandar que se revise y se revoque la personalidad jurídica al Partido Nacional de Honduras, porque su dirigencia lo convirtió en una estructura criminal que atentó contra la democracia, el orden jurídico, los derechos y la dignidad de todos los hondureños y hondureñas.

Con dignidad y desde una perspectiva política popular, una vez más, como lo hicimos en abril y mayo de 2008, convertimos los bajos de este Congreso Nacional en el escenario de nuestra Asamblea Popular, en dónde debatimos y aportamos nuestro pensamiento, propuesta y práctica sobre los roles del movimiento popular en su relación con las distintas estructuras sociales y de gobierno, nos pensamos el sistema de administración de justicia, el modelo económico, los nefastos efectos de las industrias extractivas, el modelo energético y todos los temas centrales relacionados con el proceso de refundación de nuestro país.

Con la fuerza y legitimidad que nos da nuestra lucha sostenida, en medio de este ayuno por la vergüenza y la dignidad, nos sentamos y debatimos con funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados del Congreso Nacional para que las violaciones a los derechos de los distintos territorios y organizaciones representadas en esta acampada sean restituidas y el Estado y gobierno de Honduras, asuma para siempre su deber de respetar y garantizar los derechos de nuestro pueblo.

Inauguramos una jornada más de resistencia pacífica y ciudadana, felices de encontrarnos con hombres y mujeres unidos por el más grande amor al país y por una práctica de lucha popular honesta y constante y hoy nos despedimos con la certeza de que como pueblo ya vamos venciendo, porque siempre estamos y hemos estado en Movimiento, fundando la patria digna y justa que nos merecemos.

Desde los bajos del Congreso Nacional – Tegucigalpa, Honduras / del 9 al 11 de mayo, 2022

¡Desde la dignidad siempre!

Comunicado: “No más criminalización y despojo contra los pueblos indígenas de Honduras”

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu indígena Tolupan de Luquigüe, San Francisco Locomapa, ubicados en el Departamento de Yoro; integrantes del Pueblo Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad nos hemos movilizado el día de hoy desde distintos puntos del país para pronunciarnos ante el Ministerio Público, instituciones del gobierno Central y a la población en general de la forma siguiente;

PRIMERO: Las comunidades indígenas en resistencia al despojo de nuestros bienes naturales ejecutado por el sistema extractivista que impera en nuestro país, constantemente hemos denunciado ante el Ministerio Público las amenazas, agresiones, corrupción y asesinatos de las que hemos y continuamos siendo víctimas, sin que hasta la fecha se haya presentado requerimiento fiscal en contra de nuestros victimarios.

SEGUNDO: Denunciamos que el actuar del Ministerio Público siempre ha sido diligente para presentar acusaciones contra nuestra, y muchas veces estas acciones se realizan con una simple y deliberada denuncia del empresariado y personas afines, es decir nuestros victimarios.

TERCERO: Repudiamos la falta de diligencias investigativas y el actuar abusivo de las y los funcionarios que nos han condenado en los últimos años múltiples procesos judiciales, limitando nuestros derechos a la organización, movilización y resistencia comunitaria, más daños psicológicos, sociales, económicos y morales.

CUARTO: Denunciamos que la Fiscalía Especial de Etnias nuevamente pretende abrir un proceso judicial en contra de nuestros compañeros de la Tribu Tolupan de Luquigüe, a quienes citó a comparecer este día, en calidad de investigados, sin indicar con precisión los hechos y el delito por cual supuestamente están siendo sometidos a investigación.

La Fiscalía de Etnias, conoce al menos de 10 denuncias que el pueblo Tolupan ha interpuesto en catorce años de existencia del MADJ, en los que la fiscalía ha presentado únicamente un requerimiento fiscal. Se ha convertido en parte del círculo de impunidad e inoperancia del Ministerio Público, incapaz de satisfacer de justicia y perseguir a los responsables de las agresiones al pueblo Tolupan. Para la Fiscalía de Etnias, el pueblo Tolupán no existe. Repudiamos que aparezca ahora investigando a hermanos tolupanes de Luquigüe que dignamente defienden los derechos de su tribu.

QUINTO: Denunciamos que el Ministerio Público y en Especial esta Fiscalía de Etnias ante la situación de violencia que se está viviendo en la comunidad de Azacualpa producto de las detonaciones realizadas por la empresa MINOSA  y la destrucción del cerro del Cementerio, no ha realizado ni una sola diligencia investigativa para esclarecer los hechos y detener las violaciones de derechos en contra del pueblo Maya Chortí, permitiendo que se continúen las acciones arbitrarias y abusivas de la empresa minera Aura Minerals.

SEXTO: Manifestamos que es una obligación del Estado garantizar los derechos a todos los ciudadanos y especialmente a los pueblos indígenas que históricamente hemos sido víctimas de la violencia, el saqueo de nuestros recursos y el olvido institucional.

SEPTIMO: En atención a lo anterior solicitamos al Ministerio Público y gobierno central:

1. Que cesen las acciones de criminalización y persecución de las y los líderes en nuestras comunidades.

2. Se nos brinde información exacta sobre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Etnias, y en general por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas desde nuestros territorios ante las violaciones de las que hemos sido objeto.

3. Se nos dé respuesta ante los asesinatos de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute y nuestros compañeros Ricardo Soto, Armando Fúnez, Salomón Matute, Samael Matute, Milgen Soto, Erásimo Vieda y demás asesinatos sobre los cuales no existen procesos judiciales en contra de los autores intelectuales y materiales.  Exigimos justicia, memoria y verdad en el esclarecimiento de estos hechos y se garantice por el Estado de Honduras la no repetición de los mismos.

4. Exigimos a MIAMBIENTE, INHGEOMIN y demás instituciones del gobierno, así como al Ministerio Público se investigue y sancione inmediata y diligentemente las violaciones cometidas por la empresa MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, en el territorio maya chortí de la comunidad de Azacualpa.

Emitido en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022. 

¡Hasta la Dignidad siempre!

¿Quiénes son los asesinos del pueblo tolupán?

Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.

¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS  DEL PUEBLO TOLUPAN?

Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña en el pueblo indígena tolupán.

Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.

Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.

Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los  crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.

A apenas siete meses de ese doble asesinato de los familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero, la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la  tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en defensa de sus bosques ancestrales.  

Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos sistemáticos. 

¿Cuándo el Ministerio Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la indiferencia sistemática del Estado.

Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros crímenes.

La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y nacional para el saqueo y la sociedad hondureña.  Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en el ejercicio de las empresas privadas? 

Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos? 

Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.

30 de septiembre de 2019

¡Desde la dignidad siempre!

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

El fondo del conflicto que motivó la presentación del amparo radica en que el 15 de julio de 1980 entró en vigencia la Ley de INPREMA que reguló la prestación de los beneficios para todos los y las docentes que ingresaron al sistema hasta el 19 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia la nueva Ley que derogó la ley anterior, sus reformas y sus reglamentos.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA:

  1. Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley;
  2. Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.
  3. Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley.
  4. Que el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia