Avanza la lucha por un Poder Judicial Independiente al Servicio del Pueblo: Un Paso Adelante en la Justicia Popular

Tegucigalpa M.D.C. noviembre 2024

El 24 al 26 de septiembre del 2024, en Tegucigalpa, se llevó a cabo una masiva movilización popular, indígena y campesina para reivindicar el derecho a la tierra, la justicia y reclamar que el poder legislativo, el ejecutivo y el sistema de justicia asuman el mandato constitucional de hacer una Honduras donde impere la justicia, el derecho y el bienestar de la población. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) participamos activamente en la movilización junto a decenas de organizaciones integradas en el Bloque Popular Campesino e Indígena (BPCI) y el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPS-H). La Corte Suprema de Justicia, al recibir la propuesta de 10 puntos del campo popular para lograr una reforma judicial justa, nombró una comisión integrada por tres magistrados y se constituyó una mesa de seguimiento y solución a las demandas populares.

Este 13 de noviembre se produjo la reunión de seguimiento entre la Comisión del Poder Judicial y la representación de las organizaciones populares. Este encuentro, celebrado en la Presidencia de la CSJ, permitió escuchar los informes sobre los compromisos previos, también fue un espacio para presentar nuevas propuestas y reforzar la demanda de un Poder Judicial transparente y comprometido con la justicia social.

Durante esta reunión, se abordaron temas relacionados con la selección de jueces y juezas, remarcando la necesidad de que estos procesos sean conocidos y evaluados por el pueblo. Se destacó la importancia de que las comunidades tengan voz en el nombramiento de los jueces, pudiendo conocer sus perfiles y antecedentes, así como objetar sus nombramientos cuando sea pertinente.

La discusión también planteo acuerdos sobre la capacitación de jueces y magistrados en derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de otras normas internacionales en materia de pueblos indígenas, derecho agrario, ambiental y otros instrumentos relacionados con aspectos especializados que se requieren varios territorios en lucha. Se planteó que el MPSH participe en los procesos de sensibilización para asegurar que el sistema judicial comprenda y respete las particularidades culturales y legales de los pueblos originarios. También se discutió y revisó el estado y la necesidad de resolver de manera expedita varios recursos de inconstitucionalidad y amparo radicados por las organizaciones populares en contra de actos y normas que atentan contra el orden constitucional y convencional y los derechos del pueblo y las personas organizadas, la representación de la CSJ se comprometió a establecer plazos perentorios para presentar soluciones definitivas expresadas en sentencias y mandatos claros y determinantes.

El magistrado Felipe Speer y las magistradas Martha Merino y Patricia Martínez, asumieron compromisos significativos con relación a establecer mecanismos que eviten desalojos arbitrarios y abusos en el marco de su ejecución; también presentaron informes sobre jueces y juezas que habrían sido sancionados por abusos en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas buscan reducir la violencia y la criminalización que enfrentan los defensores de derechos y líderes comunitarios.

El encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de continuar el diálogo, precisando que la próxima reunión se desarrollará el 28 de enero de 2025, donde se revisarán los avances de los acuerdos y se debatirán nuevas propuestas planteadas por el MPS-H. Este seguimiento busca garantizar que las voces populares sigan presentes y activas en la lucha por la democratización de la tierra y la justicia en Honduras.

Se admite petición contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para procurar el respeto a los derechos y dignidad del pueblo maya chortí de Azacualpa

¡Dignidad para el pueblo Maya Chortí!

EL 22 de julio del presente año, el Bufete Estudios para la Dignidad, Movimiento Amplio, FUNDAMBIENTE y Abogados sin Fronteras-Canadá, presentamos comunicación individual en representación de personas maya chortí ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por incumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos de protección y asistencia a la familia (artículo 10), el derecho a la salud mental (artículo 12) y a la participación en la vida cultural (artículo 15), en relación a la obligación de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los DESC establecidos en los artículos 1 y 2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Al respecto, como apoderados procesales de las víctimas comunicamos públicamente lo siguiente:

  1. La petición internacional que presentamos se funda en la incapacidad del Estado hondureño para proteger el cementerio ancestral maya chortí de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán. La transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en complacencia con funcionarios públicos, exhumaron, dinamitaron el cementerio ancestral, profanaron los cuerpos de los ancestros y las ancestras maya chortí, pese a dos resoluciones judiciales que lo impedían, una de la Corte Suprema de Justicia y otra de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que no fueron ejecutadas ni garantizadas por el mismo Estado. 
  2. Este 26 de agosto del 2024, fuimos notificados que la Comunicación Individual fue admitida a trámite ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de Naciones Unidas y que, además, a petición nuestra se declararon medidas cautelares que redundan en obligar al Estado hondureño a proteger el cementerio ancestral maya chortí de manera urgente.
  3. La admisión de esta Comunicación Individual es un importante paso para la procuración de justicia y dignidad para las comunidades maya chortí que representamos frente a los históricos abusos y violencia que padecen por parte de la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA en contubernio con el Estado hondureño, mostrada por la complicidad, corrupción o incapacidad de funcionarios públicos.
  4. Es urgente que el Estado hondureño cumpla con esta resolución internacional y adopte urgentemente las medidas cautelares necesarias para detener la profundización de violaciones a los derechos humanos de la población maya chortí y para garantizar la reparación del cementerio maya chortí.

Nuestro Bufete Dignidad reafirma que nos mantendremos firmes y en permanentes acciones legales para defender los derechos y la dignidad maya chortí.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Tegucigalpa M.D.C., 15 de noviembre del 2024

JUZGADO ADMITE ACCIÓN DE AMPARO Y EMPLAZA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RESPONDER SOBRE EL DESPOJO DE CABALLOS A CARRETEROS

– El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula aceptó este martes la acción de amparo interpuesta por un grupo de trabajadores del sector de las carretas de la ciudad, quienes son representados por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED). La demanda de amparo fue presentada debido al despojo arbitrario de caballos y carretas por parte de la Corporación Municipal de San Pedro Sula (CMSPS).

La decisión judicial ya ha sido notificada a la Corporación Municipal de esta ciudad, y el plazo de cinco días hábiles para remitir un informe del caso ha comenzado a correr. En la resolución, el juzgado ordena que la Alcaldía encabezada por Roberto Contreras responda dentro de ese término por las incautaciones y las acciones de hostigamiento, bajo advertencia de que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir en abuso de autoridad.

La acción de amparo fue presentada porque la CMSPS ha violentado el derecho al trabajo, la propiedad, el debido proceso, la defensa y no discriminación, al confiscar sus animales y herramientas de trabajo sin el debido procedimiento legal. También se ha incurrido en amenazas, agresiones físicas y el uso de fuerza excesiva por parte de agentes de la Policía Municipal.

El pasado 23 de octubre, al menos 40 agentes de la Policía Municipal agredieron a un grupo de carreteros en la 20 calle del barrio Las Palmas, cuando éstos buscaban dialogar con el alcalde Roberto Contreras para resolver el conflicto. Los agentes municipales hicieron disparos con armas de fuego a los carreteros, quienes también fueron golpeados por los uniformados. Los videos de la agresión, que se han difundido ampliamente, evidencian la violencia desproporcionada contra los trabajadores.

El alcalde de la Municipalidad Roberto Contreras ha manifestado que los caballos son robados, que existe maltrato animal y que San Pedro Sula es “una ciudad de primer mundo”, además, se ha referido a los carreteros como “chucos”, denigrándolos y estigmatizándolos, bajo la premisa de que en San Pedro Sula existen un plan de “modernización urbana”.

La resolución del juzgado abre la puerta para que los carreteros puedan buscar una reparación por las posibles violaciones de sus derechos y, además, garantiza que la Corporación Municipal de San Pedro Sula comparezca ante la justicia para rendir cuentas sobre las denuncias presentadas.

San Pedro Sula, Cortés, 5 de noviembre de 2024

Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.

Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.

Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.

El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.

“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.

El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.

Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.

El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.

“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.

Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.

Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.

“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.

Propuesta de trabajo para el Poder Judicial

En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ,  en el que se detallaron las  líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.

“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.

El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.

Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos

Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.

También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.

Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia

En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.

“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.

En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.

En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.

“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.

Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.

Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.

“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.

Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.

La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.

Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción

En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.

Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los  mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.

En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.

Los mártires de la resistencia popular:

Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.

Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.

El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.

Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.

Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar  los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.

El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos  resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.

LA INFAMIA HIERE A LOS HOMBRES QUE LUCHAN

Desde el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos pronunciamos ante la Honduras y la comunidad internacional que, por fin, las hordas criminales han logrado acabar con la vida de líder comunitario Juan López. Este trágico hecho es resultado de la creciente violencia en la región, donde grupos criminales, ampliamente denunciados, han actuado con impunidad. Mientras tanto, observamos cómo el gobierno mantiene un discurso centrado en el tema del golpe de Estado y la soberanía, un asunto que, aunque relevante en su contexto, ha desviado la atención de otras problemáticas urgentes que requieren respuestas inmediatas, como los vínculos con el narcotráfico, que necesitan ser esclarecidos y abordados conforme a derecho.

Les expresamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los empresarios extractivistas y palmeros, que han fracasado en todos sus intentos por acallar la voz de Juan López y de todos los hombres y mujeres que continúan enfrentándose a la explotación y despojo de sus territorios. La vida y legado de Juan López representan una férrea resistencia frente a las políticas que favorecen intereses privados por encima de los derechos humanos y ambientales.

Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego. Pastor cristiano forjado en las canteras del Movimiento de Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, ejercía su profetismo social al estilo del carpintero de Nazaret. Hijo de familias campesinas, comprendía la necesaria comunión entre la humanidad y la naturaleza, en la cual se encontraba con Dios y con los hombres y mujeres de su pueblo. Ciudadano comprometido, asumió sus derechos y deberes civiles y políticos para hacer valer la condición ciudadana de los hombres y mujeres comprometidos con ejercer el derecho a la soberanía ambiental de sus comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección que el gobierno incumplió. Desde la secretaría de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás instituciones que colateralmente resultan inmiscuidas en los asuntos por los que luchaba el líder ambientalista, como ser la SERNA, ICF, IHGEOMIN y Corporación Municipal de Tocoa. En su esfuerzo por favorecer a ciertos intereses transnacionales y a sus representantes locales, el gobierno ha demostrado una falta de compromiso con los principios fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. A pesar de que se identifican como socialistas y antiimperialistas, en situaciones relacionadas con el narcotráfico y la colusión de actores como Adán Funes, han optado por proteger los intereses de su partido. Estas acciones del gobierno, que se alejan de las promesas hechas al pueblo, generan serias dudas sobre su coherencia con los valores y compromisos adquiridos.

La Policía Nacional, el Ministerio Público de Tocoa, fuerzas Armadas y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) han demostrado claras señales de complicidad con las estructuras del crimen organizado en la región. Estas instituciones, en lugar de proteger a la ciudadanía, han permitido que la impunidad prevalezca en el Bajo Aguán. Es fundamenta una investigación inmediata y exhaustiva, realizada por un equipo independiente y especializado, con la observancia de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que este crimen no quede impune ni sea manipulado por estos actores corruptos. El castigo debe alcanzar a los responsables materiales e intelectuales de este brutal asesinato.

Llamamos a la población hondureña a no dejarse adormecer y ser manipulada con temas distractores que nada tienen que ver con la verdadera realidad que se esconde desde el Estado. La única y verdadera realidad que amerita atención inmediata es el drama que viven los pobres desde sus pueblos acosados por mineras, empresas deforestadoras, despojos de tierras agrícolas y tierras suburbanas.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Pese a sentencia, Estado Hondureño sigue en deuda con al menos 15 mil niños en condición de calle

San Pedro Sula, Honduras.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, desarrollaron este martes un foro denominado “La niñez y calle que sobrevive en calle continúa desprotegida” en donde se reveló que más de 15 mil niños y niñas continúan siendo vulnerados a pesar de que el Estado tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar derechos fundamentales a la población.

El equipo legal del MADJ/BED introdujo un amparo a favor de la niñez hondureña, recibiendo en el 2022 una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional. 

El abogado Walter Díaz, integrante del BED, lamentó que la sentencia no se ha ejecutado y criticó que el Estado hondureño no cuente siquiera con un dato actualizado y real en donde se pueda identificar la cantidad de niños que se encuentran sobreviviendo en condición de calle.

Juan Mejía, integrante del MADJ, manifestó que existen al menos unos 15 mil niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Lamentó además que miles los niños y niñas hondureñas son además víctimas de asesinatos, abuso sexual, condiciones de extrema pobreza y otras violencias. Señaló que muchos de los niños están siendo orillados a abandonar el país.

“No queremos que a estos 15 mil niños se les interne y se les mate”, dijo Mejía, que puso como ejemplo a dos niños que fueron asesinados y torturados en centros de detención de menores.

Mejía criticó también la poca respuesta a la salud mental de la población menor en Honduras. “En una Honduras en donde solamente hay 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, difícilmente se pueda pensar en que se va a atender a un sector como la niñez”, sostuvo.

Ileana Morales, presidenta de FUNDAMBIENTE, subrayó que a nivel presupuestario se entendería que la niñez se vuelve una prioridad cuando su nuevo ente rector, la SENAF, tenga el presupuesto que corresponda, sin embargo durante el 2024 y en la propuesta de presupuesto para el 2025 sigue teniendo el mismo monto que se manejaba cuando era DINAF, unos 230 millones de lempiras de los cuales el 90 por ciento es para cubrir sueldos y salarios.

Víctor Fernández, director del BED, manifestó que el Bufete se suma a la conmemoración del Día del Niño haciendo una reflexión crítica que tensione al gobierno para que pase del discurso a los hechos concretos que protejan los derechos de la niñez, especialmente en condición de calle. 

Fernández dijo que el amparo fue presentado porque existe una emergencia en el tema de la niñez, Honduras está en deuda con la niñez, la sentencia confirmó que a la niñez en condición de calle se le violentaron todos sus derechos, en especial su derecho a la vida y a la integridad.

“No queremos dudar de las buenas intenciones de los tomadores de decisión, de los que tienen por política institucional de velar por los derechos de la niñez… pedimos al Poder Judicial que controle decisiones del Poder Ejecutivo”, expusó Fernández quien concluyó que en este Día del Niño y la Niña no podemos celebrar que en las calles de Honduras no exista un solo niño o una sola niña en la calle…lograr esto sería un verdadero avance social para Honduras.

¡Dignidad y autodeterminación… SI,¡Defensa y protección del narcotráfico… JAMAS!

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) siempre vamos a rechazar la desvergonzada intervención de los Estados Unidos en nuestro país y su creencia en que Honduras les pertenece, pero somos igualmente claros y fuertes en rechazar y abominar la presencia de las redes de narcotráfico, en todos los estratos de la sociedad y la protección y la impunidad que se les confiere desde la institucionalidad pública, independientemente del partido en el gobierno.
En este sentido, la denuncia sorpresiva del tratado de extradición con EEUU por parte de la Presidenta,
Xiomara Castro, y enmarcar esta decisión en las infortunadas declaraciones de la Embajadora de USA y
luego como mecanismo para llamar al orden a las Fuerzas Armadas no tienen ningún asidero lógico, menos democrático o soberano. Nos parece que esta acción se dirige más a la defensa y protección de su partido y de su clase económica- política.
En ese sentido, nuestras organizaciones, como parte del sector popular y social de Honduras indicamos
que:

  1. Le reiteramos a la Embajada de Estados Unidos nuestro llamado para que pare con su doble moral,
    con el intervencionismo, con el beneplácito a gobiernos corruptos y narcotraficantes siempre y
    cuando satisfagan los intereses estadounidenses. La invitamos a no hablar de moral y ética cuando
    ustedes, con todas sus actuaciones en Honduras y el mundo, nos demuestran que no lo son.
  2. Por el nivel de cooptación actual de Honduras en las redes del narcotráfico, (como quedó
    demostrado en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, familiares, amigos y
    miembros de su partido político, y que contó con la impunidad de todo el Sistema de Justicia)
    entendemos que sería contraproducente en este momento denunciar el Tratado de Extradición
    vigente con EEUU.
  3. Demandamos a la presidente Castro que anteponga los intereses del país, antes que los de su
    familia y partido. Si el secretario del Congreso Nacional y cuñado, si el presidente de la Bancada del
    Partido Libre, entre otros, se han visto ligadas a las viejas y permanentes redes de narcotráfico, lo
    que procede es permitir que sigan las investigaciones nacionales y si nuestro Sistema de Justicia se
    sigue plegando a los intereses delictivos, pues que entre a funcionamiento este tratado de
    extradición.
  4. Llamamos a que el gobierno “refunde” las Fuerzas del orden que continúan corruptas, penetradas
    por el crimen organizado, comprometidas con el tráfico de drogas, hasta que el gobierno asuma
    responsable y diligentemente el adecentamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el
    Ministerio Público y el Poder Judicial herramientas como el tratado, aunque no nos gusten,
    deberán seguir generándonos bocanadas de aire fresco, como fue la captura de los hermanos
    Hernández y su estructura.
  5. Estamos obligados, ahora más que nunca, a limpiar a nuestro país de la corrupción y el narcotráfico,
    a evitar que sigan estando al frente de nuestras instituciones y dirijan el futuro del país. A las
    puertas de un nuevo proceso electoral, NADIE que tenga siquiera una mínima vinculación con el
    narco debe permitírsele optar a un cargo de elección popular, y es urgente eliminar las redes que
    a lo interno de las instituciones públicas “operativizan” el narcotráfico y en general el crimen
    organizado.
  6. Condenamos enérgicamente a aquellos representantes de sectores económicos y políticos que,
    siendo parte del narcotráfico y la corrupción, ahora buscan aprovechar la coyuntura para limpiar
    su imagen. Quienes hoy se pronuncian con indignación son los mismos que, en el pasado, se
    coludieron con Juan Orlando Hernández y otros actores del narcotráfico.
  7. Somos conscientes que esta decisión representa un alto costo político para el Partido LIBRE, un
    costo que, han decidido asumir. Lamentamos profundamente que este sacrificio político no se haya
    orientado hacia acciones que beneficien a las mayorías históricamente violentadas, como los
    campesinos del Bajo Aguán, que siguen esperando la devolución de sus tierras, o el saneamiento
    de los territorios de los pueblos indígenas. En lugar de ello, el costo político se asume para proteger
    a su círculo político y familiar más cercano, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo
    hondureño, la gente que cree en el partido y su proyecto y de su militancia.
  8. Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a organizarnos a relevar y entender
    la importancia y vinculación que tienen estos temas con nuestra vida diaria, con el abuso y violación
    de nuestros derechos. Los llamamos para que asumamos como pueblo nuestra condición de
    SOBERANO, al cual los funcionarios deben responder y rendir cuentas. Los tres Poderes del Estado
    responderán a nuestros intereses cuando nosotros asumamos colectivamente nuestro rol y los
    obliguemos a hacerlo.
    Finalmente señalamos que Honduras debe regirse por sus propias leyes en comunión con el Derecho Internacional; y en este sentido, el Movimiento Amplio tiene muy claro que el Tratado de Extradición debe revocarse en cualquier momento, pero hacerlo en las condiciones actuales ya expresadas equivale a darle la bienvenida al narcotráfico, abriéndole las puertas de un Estado desdibujado en el marasmo de intereses imperiales y de narcotraficantes que llevaría a la destrucción de Honduras como pueblo, beneficiando únicamente a las familias narco empresariales que toman para ellas todos los bienes naturales y demás riquezas de Honduras.

San Pedro Sula, Cortés, 03 de septiembre, 2024