Como MADJ no podemos dejar pasar la decisión unilateral, servil e inhumana del gobierno de Honduras de no colaborar para atenuar la tragedia que vive Venezuela a raíz de los terremotos, bajo la excusa de atender nuestra propia pobreza.
De igual forma, aborrecemos la táctica politiquera del presidente del Congreso Nacional de querer “blanquear electoreramente” la decisión de su gobierno al autorizar un tipo de ayuda (un día de salario y compra de alimento) que más suena a limosna que a solidaridad humana.
Concretamente proponemos que Nasry Asfura deje de regalarle 100 mil lempiras a los diputados cada trimestre, como un mecanismo de compra de voluntades, que Tomás Zambrano, su esposa y su grupito de diputados “achichincles” dejen de viajar por el mundo con dinero público, como lo hicieron para ir a Argentina para participar en un foro de apoyo al gobierno genocida de Israel, que modifiquen el presupuesto para eliminar los más de 1,500 millones de lempiras en publicidad gubernamental…ejemplos sobran.
Que queremos decir… que dinero hay, no sobra, pero hay… que “nadie es tan pobre que no pueda dar” … y dar porque reconocemos en Venezuela a uno más de nuestros hermanos latinoamericanos que sufren por la pérdida de más de 3,500 personas, la desaparición aún de miles y en los efectos devastadores en su infraestructura… repetimos, Venezuela necesita toda la ayuda solidaria y fraterna que sea posible, la limosna es para los miserables.
Parece que a la clase política se le olvidó que Venezuela fue uno de los primeros países que acudió a darnos su apoyo luego del paso del huracán Mitch, trajeron agua, alimento, medicamentos, equipo de rescate, bomberos, pusieron a disposición helicópteros y trajeron decenas de plantas potabilizadoras de agua con sus respectivos ingenieros para echarlas a andar cuando el 80% de la red de agua del país fue dañada…
No estamos proponiendo devolver un favor, simplemente es un sentido básico y fundamental de humanidad, es colaborar con los miles de testimonios de cómo se logra rescatar una vida, de cómo los venezolanos unen esfuerzos para habilitar zonas de vivienda, redes de agua, luz, transporte…
¿No tenemos gente preparada para colaborar en estos temas en COPECO… a quien en este año se le aumentaron más de 65 millones (presupuesto total de 472 millones) ?, no teneos más de 50 mil militares en el país que poco o nada colaboran en temas de seguridad?
Es decir, Señor Asfura, recursos hay, usted, en nombre de toda la población, no puede enviar al mundo el mensaje que somos miserables en recursos y en sentimientos, porque los hondureños y hondureñas NO LO SOMOS.
A nuestros hermanos venezolanos ya nuestra solidaridad y todo el apoyo que hemos podido tramitar a través de iniciativas como la de Radio Progreso a la cual deseamos que más y más gente sigan contribuyendo, tenemos hasta el 15de julio para hacerlo.
Por lo pronto, esperamos que la esperanza siga fortaleciéndose en Venezuela y que la sonrisa de Fabiana permanezca como una brújula en el nuevo camino que enfrentan los venezolanos.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresamos nuestro total respaldo y solidaridad con los taxistas, transportistas y las diversas organizaciones de la sociedad civil que, desde el 3 de julio, se han tomado las calles de El Progreso.
Su protesta es una respuesta legítima y necesaria contra el grosero e injustificado aumento de hasta un 300% en la tasa vehicular, aprobado de forma arbitraria por la Corporación Municipal que encabeza el alcalde Alexander López Orellana. Este incremento desproporcionado no es más que otra extorsión institucionalizada y un mecanismo de saqueo contra los bolsillos de la clase trabajadora que sufre la crisis económica generalizada
Condenamos el uso desmedido de la fuerza y la represión desatada por la Policía Nacional, que ha utilizado bombas lacrimógenas y tanquetas para dispersar a los manifestantes. Les recordamos a las autoridades que la protesta ciudadana es un derecho constitucional y humano inalienable.
El Progreso es la cuna histórica de las grandes gestas de transformación, como la Gran Huelga Bananera de 1954, Esa memoria no está muerta; vive y se moviliza hoy en las calles para frenar los abusos del presente . Instamos a la ciudadanía Progreseño a mantenerse firme, organizada y en permanente movilización hasta lograr el revocatorio total de este trancazo vehicular.
Esta lucha debe ser el inicio para desmontar los cacicazgos locales, la violencia, el abuso desmedido y la corrupción que por décadas han secuestrado al municipio. Es urgente avanzar hacia un modelo de gestión popular, participativo y transparente, donde las decisiones se tomen con el pueblo y para el pueblo, y no a espaldas de la ciudadanía.
Hacemos un llamado a toda la ciudadanía del país a estar expectante y a presionar a sus respectivos gobiernos locales. No podemos seguir tolerando políticas públicas basadas en el despojo y la profundización de la crisis.
¡Ya basta de tanto abuso con el pueblo! ¡Hasta la Dignidad siempre!
El Estado hondureño incumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena proteger los derechos territoriales de esta comunidad y utiliza la represión contra quienes defienden su territorio.
Este nuevo atropello ocurre en un contexto de creciente criminalización de las luchas territoriales y de fortalecimiento de intereses económicos que históricamente han promovido el despojo de los pueblos.
Expresamos nuestra solidaridad con la Comunidad Garífuna de San Juan, con OFRANEH y con todas las personas que resisten y defienden sus derechos colectivos.
Exigimos la libertad inmediata de las personas detenidas, el cese de los desalojos y el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte IDH.
Una buena noticia sería que Honduras hubiera cancelado la totalidad de la deuda con el FMI como lo acaba de hacer Colombia, o que este organismo en lugar de garantizar la estabilidad macroeconómica de las élites del mundo, se preocupara, como mínimo, por los 200 millones de pobres que hay en America Latina…esas serían buenas noticias.
Lo que hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, anunció como “buena noticia” o como un “logro” de la administración Asfura simplemente es la continuidad de una serie de condicionalidades que apuntan a más privatización, menos apoyo a proyectos sociales y mayor apertura y seguridades macroeconómicas para los inversores externos, especialmente en temas de energía.
Cada vez que el FMI se pronuncia o nos “revisa” le quita la posibilidad a Honduras a decidir, a partir de las necesidades y las desigualdades, lo que realmente hay que hacer con los recursos económicos que genera el país.
¿Qué se destaca del comunicado publicado ayer?,¿cómo se contraponen los anuncios con la realidad?. Veamos:
EL FMI anunció que al “pasar” Honduras sus revisiones macroeconómicas se hace posible un desembolso de USD 242 millones. El Ministro Hércules dijo que este recurso iría a “apoyo presupuestario” es decir para cualquier cosa, a cualquier necesidad que identifique el gobierno, menos a temas sociales.
“La economía hondureña se ha mantenido resiliente”… en parte por “las reformas estructurales que se han afianzado en los últimos meses”. Seguro estamos que el FMI no revisa el estado de la economía del 80% de los hogares pobres que hay en Honduras o le pregunta al 67% de la PEA que es informal cómo se las ingenian sus trabajadores para llegar al fin de mes.
El Fondo dice que la economía de Honduras creció en un 3.8% y que una buena parte se lo debemos al incremento de las remesas. Dicho de otra manera, la economía crece a partir de la pobreza y la expulsión que hemos hecho de nuestros propios compatriotas
Se asegura que el único problema con la inflación que rondará el 5.7 este año es el incremento del precio del petróleo, seguro que nadie les dijo que el precio de la canasta básica de una familia promedio es mayor que el salario mínimo y que solo en este año ese precio ha tenido un crecimiento de 700 lempiras, puesto que el 62% de los productos han registrado aumentos de precio.
“El desempeño fiscal sigue siendo sólido” …”tiene una política fiscal prudente” dice el FMI, es decir que omiten una verdad oprobiosa: el 10% de la población con menores ingresos paga hasta el 50% de lo que percibe en tributos indirectos y claro el Fondo también se hace de la vista gorda porque sabe que el 92% de los privilegios fiscales se concentra en apenas el 10% de las empresas.
“Es fundamental reimpulsar las reformas en el sector energético para limitar los riesgos fiscales y respaldar el crecimiento económico a mediano plazo”, en otras palabras, la mafia energética internacional, se une a la nacional y justifican aún más la privatización de la ENEE y la multiplicación de negocios hiper rentables a expensas de la pobreza de la gente y de la explotación de los recursos naturales.
La situación económica, advierte que la inflación en alimentos básicos es «insostenible» para los hogares, en cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los hondureños tienen una mala calidad de vida.
La deuda externa en Honduras crece cada día más, y supera los 10,742 millones de dólares, estas obligaciones consumen cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional, lo que limita fuertemente la inversión en desarrollo social y productivo.
Nada de esto son buenas noticias y menos son anuncios esperanzadores para Honduras
Desde el MADJ reiteramos que es urgente redefinir nuestras prioridades, pero a partir de nuestras necesidades y a la medida de nuestras posibilidades. No podemos seguir cumpliendo a pie juntillas un listado de condicionalidades que nos provocan más pobreza y desigualdad y además agradecerlo y sentirnos alegres con esto.
Contrario al gobierno actual, y en general a todos los gobiernos, nosotros si tenemos dignidad y nunca seremos serviles a países u organismos que ven en países como Honduras una veta para sus negocios.
Honduras no ha terminado de procesar la dimensión de la última masacre en el departamento de Colón, en un conflicto que a todas luces tiene en su esencia la lucha por la tierra de REFORMA AGRARIA, cuando ustedes, al mejor estilo de las hienas, aprueban en primer debate una nueva ley para “fortalecer y proteger” a sus amigos los agroindustriales, que son responsables, en gran parte, del asesinato de miles de campesinos no solo en El Aguán sino en todo el país.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), lo hemos dicho siempre: los asesinatos contra campesinos están relacionados con sicarios contratados por las principales empresas agroindustriales, vinculadas al crimen organizado, y que tienen en todos los gobiernos, de TODOS los partidos, personas e instituciones que resguardan su impunidad.
Por esta razón es alucinante que en esta nueva LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL se proponga construir “paz social” a partir de desalojar, criminalizar, castigar la protesta de los y las campesinas que reivindican su derecho a la tierra, especialmente en zonas declaradas para la REFORMA AGRARIA y que están siendo invadidas por los agroindustriales.
Concretamente, sobre este repugnante dictamen, a todas luces elaborado por la mafia agroindustrial indicamos:
Esta nueva ley es el “tiro” final para la Reforma Agraria. La ley busca consolidar el modelo latifundista empresarial impuesto mediante corrupción, violencia, criminalización y sangre campesina. Profundiza los privilegios para quienes históricamente han acaparado miles de hectáreas de tierra en abierta contradicción con la Constitución hondureña, que establece el carácter imperativo de la reforma agraria y prohíbe expresamente el latifundio.
Para el MADJ es un insulto a la inteligencia, a la dignidad y a la constitucionalidad hondureña que empresas del grupo Dinant, los ingenios azucareros y otras corporaciones, continúen concentrando miles de hectáreas de tierra obtenidas bajo esquemas corruptos e impuestos a sangre, fuego y criminalización.
Criminaliza y castiga las expresiones populares que defienden su derecho a la tierra: Esta ley pretende castigar y perseguir a quienes defienden el derecho a la tierra, al territorio y a la dignidad. Se estigmatiza la protesta social y la convierte en delito, de forma clara, el Gobierno de Nasry Asfura declara como enemigos a todos/as los que decidamos proteger y luchar por nuestros derechos.
Profundiza el modelo de exclusión, pobreza, migración y muerte: Este golpe legislativo deja por fuera nuevamente a más de 350 mil familias que carecen de una parcela de tierra para sobrevivir, condenándolas a la miseria, el desplazamiento forzado, dentro y fuera del país, en contraste incrementa la protección de sectores como los agroindustriales que gozan de diferentes beneficios que van desde la exoneración de impuestos para la compra de insumos y servicios, eliminación de aranceles para sus exportaciones, financiamiento y apoyo directo a partir de los recursos públicos…y a cambio tenemos que el 97% del empleo que estos brindan es temporal y mal remunerado, además de la violencia que generan.
Tampoco disfracen su corrupción, avaricia y violencia queriendo hacer creer que el sector agroindustrial garantiza la seguridad alimentaria de la población, todo lo contrario, Honduras gracias a ellos es incapaz de producir, ni siquiera, los frijoles y el maíz que consumimos, porque las tierras de REFORMA AGRARIA las han utilizado para sembrar palma africana, caña de azúcar, piña, etc
Violenta la autonomía municipal y territorial: Se violentan las capacidades de decisión de los municipios y de las comunidades sobre sus territorios, subordinando el interés colectivo a los negocios de grupos económicos vinculados al agronegocio y al despojo territorial, al establecer que se prohíbe la emisión, aplicación o ejecución de disposiciones administrativas que obstaculicen, restrinjan o contradigan el desarrollo de las actividades agroindustriales, incluidas las de los Planes de Arbitrios Municipales que sean incompatibles con las licencias de operación y ambientales vigentes.
Es una ley que violenta la independencia de poderes, al obligar al Poder Ejecutivo y Judicial a ser simples aplicadores o títeres de los mandatos de grupos económicos del país, bajo una lógica imperial, convirtiendo a las instituciones públicas en instrumentos al servicio de intereses privados. El abuso de esta ley llega al grado de amenazar a los funcionarios a que cualquier omisión, retardo, actuación negligente constituirá una falta grave y generará responsabilidad personal
En resumen, denunciamos que esta ley constituye un ataque directo a normas constitucionales y principios fundamentales, representando un intento perverso de disfrazar de legalidad los intereses de las mafias económicas y agroindustriales que gobiernan nuestro país.
Llamamos a resistir esta nueva ofensiva autoritaria y a defender el mandato histórico de recuperar las miles de hectáreas robadas al Estado, a las familias campesinas y al pueblo hondureño. La tierra debe cumplir una función social y estar al servicio de quienes la trabajan, no de mafias económicas que han construido su riqueza sobre el despojo y la sangre.
Frente al avance del autoritarismo y del latifundio, la organización y la lucha popular siguen siendo el camino.
¡Vivan los Movimientos Campesinos, NO AL LATIDUNDISMO!
Aquel 28 de junio de 2009 no fue un accidente institucional; fue la irrupción violenta de un proyecto de dominación cuyos efectos siguen marcando la vida del pueblo hondureño. Diecisiete años después, la memoria no es un ejercicio de nostalgia: es una fuerza viva que nos exige recuperar la indignación para que la historia no se repita. Porque el golpe de Estado aún no termina; cabalga impune bajo banderas partidarias, decretos, masacres, privatizaciones, despojos y entreguismo a las fuerzas de la ultraderecha y el neofascismo. El golpe también nos recuerda la crudeza y la determinación de unas élites violentas que, ayer como hoy, persisten en la apropiación de la riqueza colectiva y en el sometimiento del pueblo hondureño.
Hoy vivimos la continuidad del golpe como despojo cotidiano. Las élites económicas y sus socios transnacionales, alineados con la agenda neofascista del norte, han profundizado la captura del Estado, la mercantilización de la vida y la criminalización de quienes defienden los bienes comunes. Seguimos siendo una pieza de intercambio en el tablero geopolítico del gran capital, que enajena nuestra soberanía y nos subordina a intereses económicos y corporativos genocidas, guerreristas y ecocidas.
A diecisiete años del golpe de Estado, desde el pueblo hondureño digno y organizado hacemos memoria por responsabilidad histórica y necesidad política. La memoria también nos devuelve al camino de la resistencia honesta, con un profundo y genuino énfasis popular. En los valles, las montañas y los barrios populares, la organización comunitaria continúa siendo el principal antídoto contra el miedo y la resignación. En quienes tienen memoria, en quienes resisten y luchan, habita la esperanza como práctica colectiva, construida cada día en la defensa de la tierra, el territorio, la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda incansable de justicia.
Este día nos reafirma la necesidad de construir un verdadero proyecto político del pueblo: uno que no se acomode, que no se parezca a aquello que combate, que no se vuelva mediocre ni se acobarde cuando llegue el momento de consensuar e impulsar un modelo de sociedad y de Estado donde imperen, sin vacilaciones, la justicia, la dignidad y la soberanía para todas y todos. El enemigo tiene nombre, color, partido, rostro y dirección: el gran capital transnacional, sus políticos lacayos, sus empresarios mesquinos, sus operadores locales y el imperialismo que continúa pretendiendo diseñar el destino de Honduras desde su lógica invasora, extractivista y guerrerista. Frente a esa ofensiva, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar el modelo neoliberal con organización popular, soberanía, democracia participativa y justicia social. Estamos convencidos de que la memoria nos da identidad; la indignación nos da la fuerza para resistir; pero solo la organización consciente del pueblo hará posible transformar la historia y abrir paso a un país donde la vida esté por encima del capital.
¡No más golpes de Estado! ¡No más golpes al pueblo! ¡No más despojo, desalojos, persecución ni servilismo al poder económico y geopolítico! La Honduras de 2026 no puede seguir siendo la prolongación de 2009. El futuro que merecemos no será una concesión de las élites; será una conquista de un pueblo indignado, organizado y movilizado. La memoria nos convoca, la lucha nos hermana y la dignidad nos señala el camino.
“POR LA TIERRA, LA JUSTICIA, LA MEMORIA CAMPESINA”
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y las bases campesinas presentes hoy en este plantón: 15 de septiembre, Campesinos en acción, Nueva Jerusalén y Palos Blancos queremos decir nuevamente en voz alta que exigimos nuestro derecho a la tierra, a la vida integral de nuestras familias y la dignidad de todo nuestro sector.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, también queremos recordar a quienes, en distintos momentos de la historia, han sido asesinados por luchar por la tierra. Hoy honramos su memoria con más lucha, con más determinación en disputar lo que por justicia nos corresponde: ese pedazo de tierra por la cual, además de ser asesinados, miles de nuestros compañeros y compañeras han sido perseguidos, criminalizados y despojados de su tierra por exigir derechos que son legítimos, históricos y profundamente justos.
Hoy de cara a un nuevo gobierno y ante las prioridades que se han definido indicamos lo siguiente:
1. No queremos nuevas comisiones de trabajo emanadas por el Congreso Nacional y con participación de diferentes instituciones del Estado, pero que no involucran al sector campesino. Volvemos a decirlo: No puede hablarse de tierra, de justicia en el campo sin nuestra participación. Como tampoco establecerse por adelantado que somos los campesinos los únicos “invasores” o que son los terratenientes y los empresarios los únicos afectados por la inseguridad en la tenencia de la tierra.
Somos miles de campesinos a los que nos han expulsado de nuestras tierras cuando a un empresario le gusta nuestra tierra o son decenas de empresarios o terratenientes, muchos de ellos políticos, que se han apoderado ilegalmente de tierras destinadas específicamente para reforma agraria.Concretamente a los diputados y diputadas al Congreso Nacional les exigimos que si hay una comisión para solventar el problema de tierra sea con nuestra participación.
2. El problema de la tierra en Honduras es estructural e histórico. No responde a hechos aislados, sino a un modelo de exclusión sostenido por la concentración de la tierra, el latifundio, el abandono estatal y la protección de intereses económicos agroindustriales que han colocado al campesinado en una situación permanente de desventaja, despojo y vulnerabilidad.
3. Existe una deuda agraria histórica del Estado hondureño con el movimiento campesino, que se expresa en la falta de acceso real a la tierra, en el incumplimiento de los mandatos constitucionales sobre Reforma Agraria, en la ausencia de políticas efectivas para el cumplimiento de sus obligaciones, en la mora institucional para resolver las demandas campesinas y en la permanente postergación de la justicia social en el campo. El Estado hondureño ha fallado durante décadas en garantizar que la tierra cumpla su función social para los y las campesinas.
4. Señalamos que la Comisión de Seguridad Agraria y Accesos a la Tierra del gobierno anterior fue un fracaso y no constituyó un mecanismo eficaz para garantizar los derechos del movimiento campesino. Es necesario trascender ese mecanismo fracasado y retomar estrategias, políticas e instancias verdaderamente orientadas a garantizar el derecho de acceso a la tierra para el campesinado. La pregunta que nos hacemos es si este gobierno tiene una verdadera intención de solventar de manera justa este tema o solamente le interesa ejecutar desalojos conta campesinos para satisfacer a sus amigos terratenientes y empresarios?
5. Condenamos que el tema agrario haya sido abordado, nuevamente, desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, trasladando un problema histórico, social, económico y de derechos humanos al campo de la seguridad y la represión. Rechazamos que la respuesta estatal frente a las demandas del movimiento campesino siga siendo, la profundización de la violencia, la criminalización, la militarización y los desalojos, en lugar de una política pública de justicia agraria.
6. Exigimos que el Estado hondureño abandone de manera definitiva los enfoques de seguridad, contención y represión como forma de atender la conflictividad agraria. La problemática de la tierra no se resuelve con policías, militares, fiscales ni desalojos; se resuelve con voluntad política, redistribución, acceso efectivo a la tierra, seguridad jurídica y cumplimiento de los derechos históricos del campesinado.
7. Exigimos la derogación del Decreto Legislativo No. 93-2021, por ser un instrumento utilizado para profundizar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y, de manera particular, del movimiento campesino.
8. Exigimos que las tierras bajo administración de la OABI pasen a manos del movimiento campesino. Esas tierras no deben ser entregadas nuevamente a empresas agroindustriales, ni devueltas directa o indirectamente a los mismos intereses económicos y políticos de los que fueron aseguradas. Deben orientarse al cumplimiento de una política de justicia agraria, redistribución y acceso efectivo a la tierra para las comunidades y organizaciones campesinas.
9. Exigimos justicia por los asesinatos históricos de campesinos y campesinas en Honduras. El Estado debe investigar de manera seria, imparcial y efectiva estos crímenes; identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales; reparar integralmente a las víctimas y sus familias; y adoptar garantías de no repetición. No puede haber democracia ni Estado de derecho mientras la sangre campesina permanezca en la impunidad.
10. Reivindicamos la memoria de todas las personas campesinas asesinadas en Honduras por luchar, organizarse y exigir tierra, dignidad y derechos. Su memoria no puede ser tratada como un hecho del pasado; es una exigencia vigente de verdad, justicia y transformación de las condiciones estructurales que hicieron posible su persecución y asesinato.
Desde el MADJ, el BED y junto al movimiento campesino, reafirmamos que continuaremos exigiendo el cumplimiento de los derechos del campesinado hondureño. En ese marco, impulsaremos y exigiremos la instalación de mesas de trabajo para el abordaje de las distintas problemáticas del campo, a fin de colocar en discusión y resolución las demandas históricas relacionadas con acceso a la tierra, seguridad jurídica, criminalización, institucionalidad agraria y protección de las comunidades campesinas.
Reafirmamos que la lucha campesina es legítima, necesaria y profundamente justa. Defender la tierra es defender la vida; defender al campesinado es defender la soberanía, la alimentación, la dignidad de los pueblos y el futuro de Honduras.
“La ley me lo otorga…y es una potestad del presidente poder ayudar”
Pareciera que la entrega, por no decir el regalo, de 100 mil lempiras a los disputados/as al Congreso Nacional el miércoles de Semana Santa, es un tema superado, al menos, en los medios de comunicación, a varios de los cuales, seguramente, también les “cayó” de sorpresa un bono para la compra del “pescadito” veraniego.
Sin embargo, para quienes entendemos y dimensionamos la gravedad de este asunto, el tema evidencia, por lo menos, dos cosas básicas: a. que es una práctica normalizada de las autoridades regalar dinero público y que este sirva para “comprar voluntades” de la diz que oposición y b. que las autoridades creen que, a partir de sus cargos, son los dueños de Honduras y que pueden cometer todo tipo de abusos y seguir gobernando en total impunidad.
Son deplorables y criminales las declaraciones de Nasry Asura que al ser consultado sobre la entrega de los 100 mil lempiras dijo, sin inmutarse, que “la ley me lo otorga…y es una potestad del presidente poder ayudar”. A estas se suman a las brindadas por Tomás Zambrano y Jorge Cálix los primeros en justificar la entrega de estos recursos a los parlamentarios/as para atender las peticiones “sociales” de sus comunidades y un Roberto Contreras, más burdo, que explicó que los recursos eran parte de un fondo de apoyo a las actividades políticas de ellos, que funcionan como un incentivo que ayuda a las actividades de “rose” político que deben tener con la población.
Lo justifiquen como quieran justificarlo, pero la entrega de 100 mil lempiras a diputados/as es un acto de corrupción y punto. Y contrario a lo que creen no pueden regalar, como si fuera suyo, los recursos que nos pertenecen a todos/as.
Sin embargo, pese a la claridad de este abuso, igual es importante que el mandatario, los funcionarios de finanzas y sobre todo, los diputados/as, den respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la partida presupuestaria desde la cual el presidente adjudicó los recursos a los diputados/as?, ¿qué otro tipo de fondos, parecidos a este, se encuentran en el nuevo proyecto de Presupuesto General de la República 2026?
¿Se entregó el “bono” a los 128 diputados? ¿a los suplentes y cuánto?, ¿De cuánto fue el bono a los diputados/as del Partido Nacional?
¿Qué tipo de proceso administrativo se sigue para la adjudicación de este tipo de recursos? ¿Dónde está el listado de proyectos o requerimiento de recursos solicitados por los diputados/as que “justifican” la adjudicación de recursos
Si los recursos son “liquidables” en 15 o 20 días ….en base a qué serán liquidados?, ¿qué tipo de comprobantes deben presentarse?, ¿cómo se garantiza el uso “transparente” de estos recursos?
¿Cada cuánto se estarán adjudicando estos recursos a los diputados/as?
¿El TSC va a decir algo al respecto de estos “bonos” ?, ¿el MP inició una investigación de oficio?
¿Cuál es la posición de la Secretaría de Finanzas?, ¿para este tipo de gastos se pagan impuestos?, ¿estos “bonos” se pagan con recursos nacionales o internacionales?
¿Esto es parte de la gran inversión pública de la que habla el gobierno?
Sabemos de antemano que ninguna de estas preguntas tiene una respuesta lógica y menos honesta, pero exigimos que las respondan como un mínimo de vergüenza.
Señores/as del gobierno: Estamos hartos de tanto delincuente hecho gobierno y un pueblo cansado tarde o temprano despertará.
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
