A 13 años de lucha, seguimos en pie de lucha

Desde aquella majestuosa e icónica lucha que inició como un movimiento de fiscales del Ministerio Público, desde aquella huelga de hambre que nos sigue pasando factura, desde aquellos hombres y mujeres que desde sus posibilidades se sumaron a nuestra acción de protesta, desde aquel pueblo que nos cobijó en los bajos del Congreso Nacional aquel 7 de abril de 2008 y que culminó con el nacimiento del Movimiento Amplio un 24 de mayo de ese mismo año, hoy queremos decirles que seguimos en pie de lucha.

Por un mejor país, por un mejor futuro, por el respeto a nuestra dignidad, en búsqueda de justicia, en defensa de la soberanía, en defensa de los derechos humanos y muchos más ejes de trabajo, seguimos caminando, seguimos construyendo dignidad y soberanía desde los territorios.

Hoy que es 24 de mayo de 2021, en nuestro 13 aniversario ratificamos nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestro quehacer a favor de las grandes mayorías, a favor de las y los afectados por las malas decisiones de quienes nos mal gobiernan, en nuestro 13 aniversario reafirmamos nuestro compromiso con Honduras.

Agradecemos a cada persona, a cada territorio, a cada comunidad, a cada región del país que ha confiado en nuestro trabajo que nos ha permitido buscar respeto y dignidad para la población.

A la comunidad nacional e internacional que ha seguido, acompañado y edificado nuestros procesos, les decimos, gracias, pero también les anunciamos que seguimos fortalecidos y fortalecidas en todos los proyectos que buscan devolver justicia y dignidad a la población.

Queremos invitar a nuestra gente a seguir en lucha organizada y pacífica, adquiriendo formación desde todos los puntos de vista, formación que nos permita defender nuestros territorios, nuestros bienes comunes y naturales y los derechos humanos a nivel general.

Finalmente, Convocamos a nuestro pueblo a proseguir la lucha de resistencia desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.
Convocamos a convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política. Que proclamamos nuestro repudio a la clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.

¡Hasta la dignidad siempre!

Otra victoria popular en la causa Berta Cáceres, Banco holandés retira financiamiento a Banco Ficohsa en Honduras.

En el juicio contra Roberto David Castillo por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres ha abierto el panorama que confirma que las luchas de las comunidades son legitimas y que los pueblos en Honduras también saben hacer justicia sin la violencia que caracteriza al modelo extractivo.

Entre los logros de lucha que ha implicado el no desmayar en la búsqueda de justicia para Berta destacan: La persistencia de la lucha de las comunidades de Río Blanco, lugar a donde intentó imponerse violentamente el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que finalmente sucumbió ante la resistencia del pueblo Lenca.

El otro fruto de esta lucha que aún no termina, es el poder descubrir la colusión entre empresarios, funcionarios y las fuerzas de seguridad del país, es la vinculación de la corrupción en el sistema hondureño y entonces “se ha puesto al sistema de justicia a debatir sobre sus propias corrupciones, sus propios delitos” dijo nuestro compañero Víctor Fernández, director del equipo legal de la causa Berta Cáceres.

Y el otro triunfo en la causa Berta Cáceres hasta este momento, es el que hoy se ha hecho público y oficial, el FMO retira financiamiento a banco FICOHSA.

Así lo ha comunicado el Copinh.

FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción, así como graves violaciones de Derechos Humanos.

1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Átala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.

2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.

3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.

4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.

5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.

6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.

Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

Atacan y destruyen instalaciones de radio indígena en Honduras.

Como una muestra de lo que ha llevado el modelo extractivo a las comunidades en Honduras y en especial a las tribus indígenas Tolupanas del departamento de Yoro, el pasado lunes 10 de mayo de 2021 un grupo de personas afines a un empresario maderero, Wilder Dominguez, atacaron y destruyeron parte del edificio que se construye para que funcione Radio Dignidad tolupana, y además, agredieron y amenazaron a las y los indígenas que luchan por la preservación de su territorio.

Durante el ataque perpetrado contra el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, los criminales destruyeron las instalaciones de la Radio Dignidad Tolupana, medio de comunicación alternativo que funcionará en la Tribu San Francisco de Locomapa y que se ha ido construyendo gracias al aporte de hombres y mujeres indígenas que han destinado parte de su tiempo y sus recursos para impulsar y construir este proyecto.

A pesar de haber habido un buen grupo de luchadores y luchadoras sociales en el Campamento al momento del ataque, nuestros compañeros y compañeras no reaccionaron a las agresiones, esto como principio básico de que nuestra lucha es pacífica y sin violencia.

“A eso de las 7:00 de la mañana el incidente que hubo fue la represión del Consejo Directivo, en primera instancia, desbarataron el muro de la radio, hubo amenazas a morir, hubo disparos, a la compañera Rosadilia Vieda le hirieron el dedo con un machete”, dijo uno de nuestros compañeros que estaba en el lugar al momento de la agresión.

Pero el ataque no se detuvo ahí, los delincuentes avanzaron a lo interno del Campamento Digno. “Ya en el Campamento, quemaron la manta del Movimiento, le metieron fuego, dijeron que iban a meterle fuego a la casa de mi hermano”. Amenaza que se concretó a eso de las tres de la tarde cuando estaba la policía en la zona y no hizo nada por detener el crimen, contrario a eso, contribuyó a extraer los camiones cargados de madera.

Las y los indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones las acciones de violencia que se dan cuando el empresario llega a las comunidades, pero lo más lamentable de esto es que ninguna autoridad les presta la debida atención para detener las agresiones. “Poniéndole parte a las autoridades porque esto es viejo, y uno viene pidiendo estos auxilios, y uno en verdad no es que está tunco, lo que pasa que en estos momentos queremos que las leyes se cumplan, en verdad que el que sea culpable de estos actos que paguen sus condenas”, dijo nuestro compañero Amado Cabrera.

En el hecho también resultaron heridas varias personas, integrantes del MADJ, entre las afectadas está una menor de edad que fue golpeada y herida con una piedra, también otro joven que recibió un golpe en una de sus piernas. Los incidentes no finalizaron ahí, los criminales también dispararon contra Jackelin Ávila, joven indígena quien se encuentra herida de bala y recibiendo atención medica en un centro asistencial de la zona norte. Las acciones violentas finalizaron con al menos tres individuos ingresando a la casa del luchador social, Celso Alberto Cabrera a quien le incendiaron la vivienda con varios de sus hijos menores de edad adentro, debido a la rápida intervención de vecinos y compañeros de lucha, sus hijos y esposa resultaron ilesos.

Radio Dignidad Tolupana se empezó a edificar el 19 de diciembre de 2019 en el mismo sitio donde fueron asesinados tres indígenas en el año 2013, este crimen sigue en total impunidad y esto alienta a los agresores para que sigan cometiendo estos delitos.

El trabajo y el aporte de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha sido esencial para el avance en el proyecto de comunicación que abrirá nuevos espacios de participación por todo el pueblo Tolupán.

Barbarie y terrorismo de Estado contra el pueblo Tolupán de Locomapa: la vida digna del pueblo Tolupán no puede valer menos que una troza de madera.

La barbarie de la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la tribu, nuevamente quedaron evidenciadas en San Francisco de Locomapa al perpetrarse diferentes actos de violencia que dejaron como saldo una persona herida de bala, varias personas heridas de arma blanca, una casa incendiada y el muro perimetral en construcción de Radio Dignidad Tolupana totalmente destruido.

De manera concreta, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE denunciamos que el pasado 10 de mayo se realizaron los siguientes actos delictivos:

  1. Alrededor de las 7:30 de la mañana, unos 60 indígenas, trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en compañía de dirigentes del Consejo de Tribu se dirigieron hacia la sede del Consejo Preventivo, situado en el caserío de San Francisco Campo, y procedieron, sin ningún tipo de mediación, a destruir el cerco perimetral y la construcción que hasta ahora se ha realizado de las instalaciones de la radio comunitaria “Dignidad Tolupana”. Kristian Donely Medina, miembro del CDT, almágana en mano, inició la demolición de paredes y destrucción de implementos.
  2. A las acciones de destrucción de la infraestructura le siguió un ataque por parte de los indígenas obreros de INMARE, quienes, armados con machetes y armas de fuego, procedieron a atacar a los miembros del Consejo Preventivo y demás pobladores indígenas que se encontraban en las instalaciones del campamento.
  3. Entre las principales personas que atacaron a la población y destruyeron el inmueble se encuentran: José Alberto Vieda, Presidente del CDT, Kristian Donely Medina, Secretario del CDT, Yeri Adalid Córdova, fiscal del CDT, Melvin Antonio Cabrera, Nicolás Córdova, Jaime Matute y unos sesenta trabajadores de la empresa maderera INMARE, dedicada a arrasar los bosques de la tribu.
  4. Ante la dimensión de las agresiones, el Consejo Preventivo de la tribu, el Bufete Estudios para la Dignidad y el MADJ solicitamos la inmediata intervención del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y de la Policía Nacional, pero ambas instituciones guardaron un silencio tan criminal como las acciones realizadas por los trabajadores de INMARE y el Consejo Directivo.
  5. Al medio día se hizo presente la patrulla PN-952, con seis miembros policiales bajo la dirección del clase Pineda. Se creyó que la presencia de los efectivos serviría para combatir la violencia desatada por INMARE y el CDT y la detención de sus agresores, no obstante, la policía decidió utilizar su tiempo para dar paso los camiones cargados de trozas de madera explotadas de manera irregular por parte de INMARE, para lo cual contando con el acompañamiento del CDT, comenzaron a disparar contra la población para abrir el paso a los camiones.
  • En un acto de indignación, la indígena fiscal del Consejo Preventivo, Adilia Vieda, enfrentó a los camiones gritando: “Mátenme si quieren. Por defender mis derechos doy la vida”, e inmediatamente fue atacada por Kristian Medina, del CDT, con un machete y le hirió los dedos de una de sus manos. Mientras tanto, Jaime Matute continuaba disparando a la población logrando herir en una de sus piernas, a la indígena Norma Jakelin Ávila, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

De igual manera, la menor de edad Gabriela Ávila, hija de Norma Jakelin Avila, resultó herida tras recibir una pedrada en su cabeza, igual que Joel Fúnez, que también fue alcanzado por una piedra en su cuello, y Enia Ávila, que resultó con una luxación de su pie derecho.

  • Luego del paso de los camiones cargados de madera la patrulla policial abandonó la tribu sin importarle la condición de los heridos. Para el 11 de mayo, la misma patrulla policial [PN-952] volvió a hacerse presente en San Francisco de Locomapa, con 7 policías encapuchados y cuatro militares. Llegaron para conseguir que saliera uno de los camiones madereros que se había dañado el día anterior, y abandonaron la tribu tan pronto como el camión salió de la zona.
  • Hacia las 3 de la tarde, Kristian Medina, del CDT y otros trabajadores de INMARE, ingresaron a la casa del indígena Celso Alberto Cabrera, dirigente del Consejo Preventivo y miembro del MADJ, derramaron gasolina y prendieron fuego. La esposa de Celso Cabrera y sus dos hijos, que estaban dentro de la vivienda lograron evacuar la vivienda en último momento.  La casa fue consumida en su totalidad. Adicionalmente. También provocaron destrozos en la casa de habitación de Antonia Cabrera, a quien se le destruyó una pequeña planta eléctrica que servía al Consejo Preventivo para cargar sus celulares y comunicarse entre los más de 20 caseríos de la tribu y con el exterior. Celso y Antonia son hijo e hija de la mártir Enriqueta Matute, asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a otros dos indígenas que luchaban contra empresarios mineros y madereros que con el aval de la FETRIXY y el CDT devastaban los territorios tribales en ese momento.
  • Durante el ataque, las y los indígenas relatan que los agresores no dejaban de proferir insultos y amenazas de muerte en contra de actual presidente del Consejo Preventivo, José María Pineda, Angela Murillo, actual secretaria del CPT y en contra de todas y todos los miembros del MADJ en Locomapa. Proferían frases groseras como “aquí va a rodar sangre”, “Los que están procesados los vamos a matar para que dejen de joder”.
  • La indígena Ángela Murillo, fue amenazada directamente por Kristian Medina con que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar”, inmediatamente, Ángela se movilizó a los juzgados de Yoro a interponer una denuncia por daños, incendios, amenazas y lesiones. La DPI y el Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir la denuncia, pero, tras la presión del grupo de indígenas que acompañaba a Ángela y los reclamos del defensor de derechos humanos del MADJ que acompañaba en ese momento a los tolupanes se consiguió finalmente que la DPI tomara la denuncia.

Frente a esta descripción de hechos, para el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y     FUNDAMBIENTE queda claro que:

  1. La policía y las fuerzas armadas llegaron para garantizar que el empresario maderero Wilder Domínguez sacara sus camiones cargados de trozas de pino, en una clara y evidente alianza, que denota la corrupción existente y el “acompañamiento” que existe entre la policía, DPI, FFAA, ICF, empresariado, terratenientes, Ministerio Público y el Poder Judicial, contra indígenas organizados y en resistencia.
  2. La dinámica de los hechos expuestos demuestra que se trata de un acto de terror de Estado y del capital privado en contra del pueblo Tolupán que ha optado por resistir al saqueo de su territorio. Los empresarios de la madera y sus testaferros dentro de la tribu nuevamente quieren imponer el miedo, terror a fin de desmovilizar a la población que defiende sus bienes naturales.
  3. Señalamos a Wilder Domínguez, propietario de INMARE, como responsable principal de este nuevo hecho de violencia y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la Tribu.
  4. Condenamos la complicidad del Estado de Honduras que desde sus instituciones como el ICF, Ministerio Público, Policía Nacional, INA, MIAMBIENTE y municipalidad de Yoro se preocupan más por satisfacer la avaricia del empresario Wilder Domínguez y su empresa INMARE antes que buscar una solución que devuelva la paz a una tribu que busca defender sus derechos naturales y territoriales.
  5. Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a condenar estos actos en los que se pone en grave riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas tolupanes beneficiarios de medidas cautelares, mismas que en reiteradas audiencias de la CIDH se han expuesto. Estas medidas, son irrespetadas por el Estado de Honduras cada vez que la empresa INMARE necesita devastar los bosques de la tribu y atentar contra la integridad física y emocional de indígenas tolupanes.

Finalmente, solicitamos, como un acto de permanente solidaridad que dignifique al pueblo Tolupán, que la sociedad hondureña, las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estudiantes, organizaciones feministas, ambientalistas, pueblos negros e indígenas, LGTBIQ, unidades académicas, artistas y a la comunidad internacional se pronuncien públicamente para exigir justicia para los tolupanes de San Francisco de Locomapa y para que este hecho no quede en la impunidad.

Les invitamos a pronunciarse a través de los hashtag #LocomapaResiste, #ResistenciaTolupana y #DignidadyJusticia, a través de sus perfiles en redes sociales, así como el acompañamiento a próximas acciones legales y de movilización por la justicia y la dignidad del pueblo Tolupán. 

A los terroristas del CDT al servicio de INMARE les decimos que ningún acto de barbarie similar al de los últimos días harán desistir a quienes somos parte del Movimiento Amplio de nuestra lucha, pacífica, justa y legítima en territorio Tolupán, como en el resto de territorios en el país.

San Pedro Sula. 12 de mayo de 2021

Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Organizaciones presentamos acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que restringe y discrimina la participación política en el marco del extractivismo y el uso de poderes de emergencia en Honduras

La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, OFRANEH, COPINH, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.

Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).

También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.

Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.

Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente  y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.

A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.

¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas

y no una herramienta más para el saqueo!

La resurrección es vida cuando los pueblos se unen y resisten a la muerte

A los integrantes del Movimiento Amplio y al pueblo hondureño que confiesa la fe cristiana el MADJ les desea felices pascuas de resurrección, sobre todo para los Núcleos Comunitarios y comunidades en resistencia que se resisten a morir junto con sus ríos, bosques y montañas. La resurrección del carpintero de Nazaret ha demostrado que la muerte nunca tiene la última palabra.

Los signos de muerte sobreabundan. En este momento el Banco Interamericano de Desarrollo junto a empresarios voraces, militares y funcionarios corruptos intenta despojar a las comunidades de Atlántida de sus bienes naturales. En el pueblo Tolupán los madereros condenan a muerte a las familias indígenas al saquearles sus bosques, secar sus fuentes de agua y destruir la biodiversidad de sus territorios. En Copán la empresa minera MINOSA continúa destruyendo las comunidades del municipio de La Unión. Es ahora cuando el profetismo social y revolucionario de Jesús de Nazaret es ejemplo vivo que nos mueve a luchar incansablemente por defender las vidas de nuestros pueblos  protegiendo todo aquello que nos permite vivir.

Jesús, nuestro Compañero Dios Resucitado, denunció a los criminales de sotana, ladrones biblia en mano, funcionarios corruptos, personas avarientas y demás seres perversos de su mundo. Jesús perteneció al pueblo rebelde en defensa permanente de la vida y la dignidad de toda persona. Siempre fue más allá de los convencionalismos religiosos, políticos, jurídicos, sociales e imperiales que por siglos han obligado a los pobres a callar y someterse pacientemente a los caprichos de los poderosos.

A su Comunidad en Resistencia Jesús la llamó “Pueblo de Dios”. Resistían a todo mandato que fuera en contra de la dignidad de las personas y violentara la justicia de sí mismo y del prójimo. En ella había mujeres, niños y niñas, ancianos, pescadores, jóvenes, agricultores y pastores, y todos eran iguales y tenían los mismos derechos y deberes. Ahora nos sentimos convocados desde los Núcleos Comunitarios a fortalecer nuestras Comunidades en Resistencia sabiendo que la experiencia de resurrección toma rostros concretos en nuestras luchas.

Resucitemos como Movimiento Amplio con nuevos dinamismos, nuevas fuerzas, con nuevas iniciativas dignas y humanizadoras de nuestras comunidades, venciendo todo aquello que signifique despojo y muerte para nuestros pueblos y territorios.

El Movimiento Amplio, aun siendo una organización sin credo religioso o político partidista oficial, reconoce la valiosa participación de hombres y mujeres, de manera especial nuestros mártires, que movidos por su espiritualidad cristiana lucharon comunitariamente reafirmando el derecho a la vida con dignidad y justicia para todo ser humano. Resucita Jesús-Ramón Fiallos en las comunidades de Jilamito y Atlántida defendiendo el derecho a la dignidad de todo ser humano. Resucita Jesús-Enriqueta, Jesús-Ricardo, Jesús-Armando, Jesús-Salomón, Jesús-Samael, Jesús-Milhem en el pueblo Tolupán defendiendo la Creación sustentadora de la vida del pueblo Tolupán. Son estos compañeros y compañeras creyentes que desde su fe hacen posible sentir la experiencia del Resucitado en nuestros territorios.

¡Jesús resucita en jilamito, en Pajuiles, en Lombardía, en el sector Florida, en San Juan, en Azacualpa, en Locomapa y en las 31 tribus del pueblo Tolupán!

Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

De la corrupción sistemática, al desastre natural.

El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.

El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.

En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.

Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.

El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.

Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.


Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.