La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.
El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.
La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.
Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, El Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente condenan el atentado perpetrado en contra del compañero Franklin Izaguirre Melgar, presidente de la Cooperativa Campesina Camarones, aglutinada en la Plataforma Agraria del Aguan.
El hecho sucedió en el municipio de Tocoa, Colón. El compañero se conducía en su vehículo cuando fue atacado a balazos por personas fuertemente armadas a bordo de dos motocicletas. El compañero Franklin es un líder campesino que ha impulsado la reivindicación del derecho a las tierras de reforma agraria pertenecientes a la Cooperativa Camarones, que fueron despojadas por Corporación Dinant.
El compañero Franklin Izaguirre participó en el reciente encuentro de organizaciones populares, en el que se destacó el reclamo al gobierno por el fracaso en la implementación de políticas eficaces para la protección de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
La cooperativa Campesina Camarones es suscriptora de los acuerdos del 22 de febrero de 2022. Casi dos años después, la Comisión Tripartita no ha sido instalada y la violencia en contra del movimiento campesino persiste. Se ha denunciado la inactividad, desalojos, criminalización y aquiescencia del gobierno ante toda la violencia ejecutada por las bandas criminales que operan en el Aguan, las cuales, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad ya conocen.
Hacemos un llamado al Gobierno para que de una vez por todas implemente las acciones necesarias para desarticular las bandas criminales que operan en la zona en confabulación con las empresas agroindustriales e, incluso, con la policía nacional y los fiscales de la zona. Además qué, en medio del caótico funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, implemente la protección idónea y urgente para garantizar la vida e integridad de las familias campesinas.
Desde el Movimiento Amplio, El Bufete Dignidad y Fundambiente nos sumamos en solidaridad para con el compañero Franklin Melgar y esperamos su pronta recuperación, con su familia, la cooperativa campesina y la Plataforma Agraria, junto a quienes seguiremos trabajando y exigiendo justicia para las familias campesinas.
Nosotras, organizaciones populares representantes de sectores campesinos, de pueblos originarios, mujeres, defensores de bienes naturales y territoriales, no cerramos bien el 2023, y, lamentablemente, el 2024 no presenta un horizonte político diferente, claro y concreto. El año anterior, más de una decena de liderazgos populares de los cuatro puntos cardinales del país fueron asesinados, centenas han sido víctimas de una criminalización que no cesa.
Promesas como la de avanzar en la refundación del país, la reconstrucción comunitaria, o la participación amplia del pueblo en la toma de decisiones son promesas del Partido Libre pero que ya no se mencionan mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición clara de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo. Eso es el centro de nuestra preocupación y de la ocupación en la que coincidimos de manera colectiva.
Es decir, la violencia e intimidación continúan siendo una constante para los sectores populares que mantenemos la independencia de pensamiento y de acción y en contra de quienes hacemos una crítica constructiva al accionar del gobierno, los que nos oponemos a los proyectos extractivistas, los violatorios a derechos humanos que permiten la acumulación de poder político y económico que asolan nuestras comunidades campesinas e indígenas. Tenemos muchas pruebas al respecto porque, aunque el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección, tienen nuevas autoridades, no han logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los líderes populares.
Es cierto que nuestras manifestaciones ya nos son irrumpidas por policías y militares a punta de toletazos y gases, pero denunciamos que el poderío de la institución armada en Honduras no ha cedido. Persiste el resguardo de esta institución a los intereses privados, como claramente podemos verlo en sectores como el campesino en donde la seguridad sigue estando a favor de los de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
El saldo de esa contrarreforma, por ejemplo, en el tema de tierra, son miles de familias campesinas desalojadas y desplazadas el año anterior en acciones policiales en todo el país. Fueron operativos despiadados, con tractores arrasando sembradíos y destruyendo viviendas. A ningún funcionario le importó que esas familias quedaran a la intemperie y pasaran hambre.
Es evidente para nosotros que en la política oficial persiste el privilegio del manejo, entrega, concesión de los recursos que nos pertenecen a todos / todas a un pequeño puñado de empresarios, y el gobierno con toda su discurso e institucionalidad se limita a a legitimar estos hechos, con la consecuencia evidente de la expansión de la pobreza y la migración forzada.
Pero el 2023 también nos dejó lecciones de solidaridad, de rebeldía y lucha, de construcción de alianzas y propuestas, de defensa de la vida, la tierra, el agua y la soberanía, de afirmación de nuestra identidad, cultura y autodeterminación. Aunque los hechos digan lo contrario, queremos creer que aún hay posibilidad de una visión presidencial que transforme el país, que devuelva la tierra a los campesinos/as, que respete los bienes naturales de nuestras comunidades, que proteja los derechos de los pueblos originarios y ancestrales y pueda crear condiciones para superar la pobreza y la marginalidad social. Como organizaciones populares queremos contribuir a que esa ansiada refundación nacional ocurra, aportando nuestro esfuerzo a favor de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas de cultivos no reñidos con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, de bosques y fuentes de agua.
Estamos convencidos que si logramos cambiar el modelo de explotación extractivista, de acumulación, a como de lugar de riquezas por un puñado de familias, si la justicia le gana a la impunidad, no sólo habrá estabilidad y paz en nuestras comunidades Y EN TODO EL TERRITORIO sino que aportaremos significativamente al desarrollo nacional. Ese propósito es el que anima nuestro Plan de Acción 2024, como una guía que nos permita CONSOLIDAR LA LUCHA POPULAR Y SOCIAL ARTICULADA y definir nuestro instrumento político centrado en el respeto de nuestros derechos.
¿Es ese un objetivo que se alcanzará de la noche a la mañana? Evidentemente no, pero tanto el gobierno como la ciudadanía podemos sentar bases firmes para impulsar una transición que nos permita salir de este modelo neoliberal – extractivista a una sociedad más democrática y participativa, donde prevalezcan la justicia en todos sus ámbitos: justicia ambiental, la justicia agraria y la justicia social.
En ese sentido, no podemos, ni debemos cruzarnos de brazos. El compromiso de no desmayar se lo debemos a todos los caídos de esta lucha POPULAR, así que no renunciaremos a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde, a exigir una política pública que nos garantice a nosotros seguridad jurídica, créditos y asistencia técnica, la seguridad de que ningún operativo policial o militar nos matará o destruirá nuestras plantaciones, apoyo para la comercialización justa de nuestros productos, que haya buenas escuelas y centros de salud, que superemos las limosnas convertidas en bonos y votos y terminar con la indefensión de nuestras vidas y bienes. Esas son las aspiraciones que recoge nuestro plan de acción 2004.
Consensos básicos alrededor de nuestro Plan de Acción
Un plan de acción por sí mismo no es una varita mágica; con frecuencia son guías complejas de formular y rápidas de olvidar. El día a día exige tanto que nos anula la mirada larga y recluye a cada una de nuestras organizaciones en su propia inmediatez. Esa es una trampa que queremos evadir, por eso queremos dejar en claro los consensos que nos unen y que son el paraguas de las acciones que nos proponemos realizar:
● Estamos convencidos que en nuestro país se necesitan cambios estructurales y que el camino neoliberal emprendido por anteriores gobiernos no es la salida a la crisis que vivimos.
● Tanto es así que la situación de los sectores populares que representamos no ha ido mejorando, sino que empeora cada vez más. El neoliberalismo extractivista avanza, se profundiza, arrebata derechos y reprime, empujándonos a la disyuntiva de optar por quedarnos para sobrevivir o emigrar, dejando atrás todo a lo que tenemos derecho.
●Respecto al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro tenemos la experiencia de que cada vez es más difícil que nos reciba y que cuando lo hace sus funcionarios aceptan verbalmente nuestras demandas, pero luego toman o mantienen acciones contradictorias y todo queda en el aire, sin seguimiento, sometiéndonos a un desgaste que promueve el desencanto y la desesperanza en nuestras bases.
● Por ello estamos convencidos que la organización, la movilización, la presión y la conciencia colectiva son la única posibilidad real de alcanzar nuestras metas, sin que esa posición signifique que tengamos una visión confrontativa. Nosotros no renunciaremos al diálogo, pero queremos resultados.
● En esa perspectiva, creemos firmemente que será a partir de nuestra autonomía de lucha que podremos alcanzar los cambios que aspiramos. Esos cambios no llegarán por concesiones dictadas desde arriba, sino que los SEGUIREMOS CONQUISTANDO desde abajo.
● Queremos dejar en claro que las acciones que impulsemos las haremos con la voluntad mayoritaria de las bases de nuestras organizaciones, no al margen de ellas o, mucho menos, en contra de ellas. Estamos conscientes que sin su apoyo, no tendríamos éxito.
● Para nosotros el 2024 debe ser un año de resistencia ampliada, articulando nuestra lucha con otras organizaciones y sectores sociales, con demandas que cuestionen no sólo la inacción gubernamental, sino al sistema de dominación extractivista. Queremos que nuestras luchas comunitarias y territoriales trasciendan a nivel nacional.
● Finalmente, ante la perspectiva electoral que se inicia en 2024 y culminará el 2025 ratificamos nuestra voluntad y rechazo al retorno de los grupos conservadores que hundieron al país en una profunda crisis, que vendieron el territorio nacional y entregaron el poder a las bandas criminales, pero con igual claridad enfatizamos que no queremos ser subordinados políticos de ningún partido; acompañamos la gestión del cambio, pero no pediremos permiso para movilizarnos, expresarnos y actuar. No somos neutrales, pero defenderemos siempre nuestra credibilidad y autonomía. EN EL ORDEN ELECTORAL, ANUNCIAMOS NUESTRO ABORDAJE ARTICULADO Y HOY EN ESTE ENCUENTRO, INAUGURAMOS EL DEBATE Y NUESTRO CONSENSO PORQUE COMO CAMPO POPULAR HONDURENO CONTEMOS CON NUESTRO PROPIO INSTRUMENTO POLÍTICO.
Al cumplirse la mitad del mandato, nosotras organizaciones representativas del movimiento popular de Honduras creemos necesario un reencuentro de su gobierno con los ciudadanos y ciudadanas del país que mantenemos nuestra independencia de pensamiento y somos fieles a nuestras luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado. Justo ahora a las puertas de un juicio histórico en Nueva York, es importante recordar que en el banquillo de los acusados no está sentado únicamente el derrotado narcodictador hondureño, sino todo el modelo de poder que representó y que profundizó el atraso, la depredación, la corrupción, el abuso empresarial y la desesperanza, con un grave impacto sobre el medio ambiente y la vida de nuestras poblaciones. No se debe obviar que el resultado de las elecciones de noviembre de 2021 no sólo hizo posible el juicio a un JOH, sino que significó abrir la esperanza en 1.8 millones de hondureños y hondureñas que creímos en un presente y un futuro de Honduras que podía ser distinto, que podía tener semillas de justicia, de equidad y dignidad. No tenemos ninguna duda de que el fraude electoral de 2017 se hubiera repetido, con todo su saldo de dolor y luto, sino es por la movilización masiva del pueblo, de un movimiento popular que dijo “hasta aquí” y que respaldó un programa de gobierno que se comprometió a dar pasos firmes para cambiar el modelo “neoliberal” que ha profundizado nuestras desigualdades internas y que ha llegado al cinismo de considerar que los hondureños/as somos más rentables fuera, como migrantes, que adentro, como ciudadanos/as con plenos derechos. Dos años después pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra, por defender el derecho al agua, al bosque, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, por incumplir las recomendaciones de instancias internacionales al Estado, o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad.
Seguimos viviendo momentos de mucha tensión en los escenarios regionales, Yoro, Colón, el Valle de Sula, La Paz, para mencionar apenas un par de casos. Nuestros líderes campesinos y comunitarios permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas, pero lo que es peor es que se evidencia que al gobierno actual, simplemente no le importa. Hay una brecha que se profundiza entre el gobierno y nuestro pueblo porque no nos estamos sintiendo priorizados nosotros/as, ni nuestras luchas. Por ejemplo, existe un comportamiento errático y difuso de la Secretaría del Ambiente o Energía, la presencia invisible de cambios en instituciones como salud, educación o el trabajo caótico de la Secretaría de Derechos Humanos, por mencionar algunos. Estamos profundamente insatisfechos, por ejemplo, con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario (INA), y nos entra la duda de si los desalojos de campesinos que ordena —llamándoles “invasores”— son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del gobierno a los reclamos del sector campesino. Al movimiento popular autónomo en general se le acusa de intolerante y de atentar contra el “desarrollo”, como lo expresa siempre la élite económica, reafirmamos que estamos en favor de una dinámica económica que priorice la humanidad, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone y no arrase con el derecho a la vida digna de nuestro pueblo. Para nosotros/as el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos, que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos. Hoy, además de la violencia que nos acecha, lo que tenemos es una situación económica y social muy precaria. Si usted Presidenta Castro o sus funcionarios/as visitaran las comunidades sin hacer llegadas aparatosas de corte nuevamente proselitistas confirmaría los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroboraría cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al “norte”… también coincidiría en que la respuesta de su gobierno se parece mucho, mejor dicho demasiado, a la de todos los gobiernos que la han precedido y que se limitan a la entrega de bonos, que sirven más para la compra de votos, que para encontrar verdaderas rutas de desarrollo. A dos años sabemos que el país es imposible que supere la profunda crisis en la que se encuentra y que es la nefasta herencia de TODOS los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía. Hablamos de títulos de propiedad, de programas efectivos, de inversión pública en la economía social, de ampliación y fortalecimiento real de los sistemas de educación y salud, de facilitar el acceso a la vivienda digna, de garantizar justicia para los pueblos indígenas, de promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres… Hablamos de dejar de traficar con los favores que otorga la impunidad del sistema judicial, y permitir que la esperanza de reformar al sector judicial y al Ministerio Público muera, de combatir eficazmente la corrupción, dejando el cálculo de si conviene o no una Comisión Internacional de Naciones Unidas, de dar cuentas claras sobre el cobro y uso de los impuestos que paga nuestra gente, de garantizar la soberanía nacional sobre los ríos y bosques y sobre todo el territorio nacional. En noviembre del próximo año se vuelve a las urnas y desde ahora sentimos la preocupación electoral de los funcionarios públicos; podemos entenderlo, pero no queremos escuchar de nuevo las mismas promesas porque eso significaría que no fueron cumplidas. Libre no es que aspire a gobernar; es que ya gobierna. La mejor manera de que la vieja política no retorne es concretando un buen gobierno. Entonces concretamente …. Presidenta Xiomara, si de verdad usted y su gabinete continúan con la aspiración de transformar Honduras, de refundar desde los cimientos a nuestro país tan golpeado por el modelo neoliberal y por todos los anteriores gobiernos, debe renovar y priorizar su compromiso con el pueblo. Muchos de nosotros le votamos por usted y lo hicimos porque creímos que su administración combatiría la inseguridad, provocaría la desmilitarización, reconocer y sanear los territorios indígenas, porque ordenaría no más explotación minera a cielo abierto, la revisión y derogación de contratos de proyectos energéticos y de infraestructura. Acceso a la tierra para familias campesinas e impulso de la reforma agraria, derogación definitiva de las zede´s y, en resumen, la protección de los derechos humanos de la manera más integral; sin cálculos políticos. Honduras necesita de una política ambiental concreta, radical y determinante. Que se distancie de las lógicas mercantiles neoliberales basadas en la sobreexplotación de los bienes naturales. Señora presidenta, rompa de una vez con este paradigma y garantice un desarrollo que respete los límites de la naturaleza y promueva la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, asuma esta tarea y contribuya de esta forma a una Honduras más resiliente y sostenible, real y concreta, más allá de los grandes foros mundiales en donde se dice que internamente avanzamos, pero que en la práctica no se ven resultados. A dos años de su mandato, nos asalta la imperiosa urgencia de tomar la senda de la refundación, que establezca un renovado pacto de gobernanza que abarque a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente hemos sido subyugados, lo cual pasa de forma ineludible por la asamblea nacional constituyente. Señora presidenta, así como su gobierno y su partido, han asumido liderazgo en el Congreso Nacional y han demostrado determinación para hacerse de las instituciones que entienden prioridad para su administración, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los intereses del campo popular. Demandamos de su bancada decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, porque tener la dirección de las instituciones nos les da un cheque en blanco para hacer y deshacer. Le exhortamos, considere el diálogo con el campo popular, este que se expresa con sinceridad al respaldar las coincidencias que aún tenemos y que asume la responsabilidad de señalar de manera franca las distancias que percibimos, particularmente en acciones como las negociaciones y la preferencia por establecer relaciones con entidades como la embajada estadounidense, sectores empresariales y expresiones antagónicas al campo popular. Señora Presidenta, tiene a su favor dos años más de mandato, pero el tiempo avanza y tenemos un país en donde el 80% vive en pobreza y las opciones siguen siendo el de diariamente buscar cómo sobrevivir o ponerse en la fila de los que migran y siguen siendo la fuerza que sostiene económicamente a Honduras y que hasta ahora lo hacen sin condiciones. Como movimiento popular proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando frente a la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, reafirmamos nuestro compromiso, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y sepa usted, Señora Presidenta, que finalmente llamamos a todas las organizaciones populares a retomar la ruta autónoma y articulada del campo popular que impulse la verdadera refundación de la patria, en alianza con todos los sectores de la sociedad hondureña.
(San Pedro Sula, Cortés 24 de enero, 2024). Más de 40 organizaciones, de doce departamentos del país, pertenecientes al sector del movimiento popular y social independiente de Honduras se están dando cita del 24 al 26 de enero en San Pedro Sula, para dar vida a un nuevo proyecto político y social que sea expresión sentida de la realidad en la que vive el pueblo hondureño.
El Encuentro Nacional del Movimiento Popular desarrollará como parte de su contenido, cuatro grandes bloques de trabajo:
1. Un análisis del contexto mundial, regional – latinoamericano y hondureño que dimensione el trabajo y el rol del movimiento popular y su articulación a estos niveles.
2. Contextualizar la situación actual de Honduras y sus perspectivas de cambio para 2024 – 2025
3. Evaluar, a medio término, la administración de la presidenta Xiomara Castro. Valorar el cumplimiento de su Plan de Gobierno, los compromisos asumidos con el movimiento popular antes de su triunfo y durante el proceso de transición.
4. Analizar el contexto político electoral para el período 2024 – 2025 y establecer las vías de trabajo del movimiento popular en esta coyuntura
Hemos decidido encontrarnos para el debate político más integral del campo popular, es decir, para ver nuestro rol con relación a la sociedad, en relación con el Estado, al funcionamiento del poder y la sociedad en general. Nos encontramos entonces para reivindicar nuestra condición de sujetos de la vida política del país y del mundo, explicó Víctor Fernández, director el Bufete Estudios para la Dignidad una de las organizaciones convocantes a este encuentro.
Durante la primera jornada de trabajo las organizaciones asistentes señalaron, entre otras cosas, que la mayor parte de la población hondureña en sus diversos territorios, son conscientes en que el país no avanzó en estos dos últimos dos años ni en la dirección, ni al ritmo deseado y menos en el prometido y que el 2024 no presenta un horizonte político diferente, sobre todo porque es inicio formal de un nuevo proceso electoral.
Los compañeros y compañeras indicaron que la refundación del país y la reconstrucción comunitaria, promesa del Partido Libre ya no se menciona mucho a nivel de gobierno. De parte de las autoridades no hay una definición de qué se proponen lograr más allá de lo coyuntural electoral o de qué es lo que se pretende construir a largo plazo, lo que representa uno de los principales desafíos de las organizaciones.
Varias de las representaciones del sector campesino y luchadores contra proyectos extractivos explicaron que “Nuestras demandas son objeto de grandes discursos nacionales e internacionales que tienen un avance “formal” pero en la práctica están estancados y en algunos temas hemos retrocedido, por ejemplo los asesinatos, la criminalización, la impunidad continúa inalterable”.
Finalmente, las organizaciones también señalaron que el encuentro también pretende anunciarle a la sociedad hondureña, al mundo, al Movimiento Popular solidario e internacional que estamos en debate permanente, en construcción de ideas y en construcción de nuestro gran proyecto.
Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en nuestra condición de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] debido al reconocimiento del riesgo en el que nos encontramos a raíz de nuestra labor de defensa de nuestro territorio ancestral, los derechos de toda la tribu, nuestro bosque y todos los bienes naturales, queremos indicar lo siguiente:
Que estas medidas han sido otorgadas por la Comisión luego de un largo proceso de recopilación y facilitación de información, de más de tres años, en donde hemos demostrado a partir de la sangre derramada por varios de nuestros compañeros la gravedad de la situación que afecta al pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa por defender nuestro territorio de los intereses abusivos, corruptos e inconsultos por parte de empresas y empresarios con la complicidad de las autoridades públicas.
Lamentamos que como ciudadanos/as hondureños, orgullosos de la nación en la que vivimos, tengamos que recurrir ante instancias internacionales para exigir el respeto a nuestros derechos humanos, debido a la incapacidad del Estado de Honduras y de toda su institucionalidad pública de garantizar el pleno y efectivo goce de nuestros derechos.
Reiteramos nuestra denuncia ante la incapacidad de las instituciones obligadas a garantizar el respeto de nuestros derechos humanos como la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección, esta última facultada para el manejo e implementación de las medidas cautelares y de protección, quien no ha podido convocar a sesión de comité técnico en la cual se definan las medidas de protección más idóneas para garantizar nuestra integridad y seguridad, mientras tanto, seguimos siendo víctimas de todo tipo de acciones violentas ejercidas en contra nuestra por parte de los actores empresariales que pretenden saquear y despojarnos de nuestros bienes naturales comunes.
Exigimos que se deduzcan las responsabilidades que correspondan puesto que el fracaso en el mandato de brindarnos una diligente y eficaz protección, ha tenido como consecuencia el asesinato de al menos 11 personas pertenecientes al pueblo Tolupán, en los últimos 10 años, quienes exigían el respeto de sus derechos humanos y los de sus tribus. Dos de nuestros compañeros asesinados eran beneficiarios directos de la medida cautelar y su seguridad estaba en manos del Estado. Denunciamos que todos los asesinatos y todas las agresiones en contra del pueblo Tolupán permanecen en total impunidad.
Hacemos el llamado para que el Estado de Honduras aborde el tema de derechos humanos en el país desde una perspectiva integral, en la cual, toda la Institucionalidad asuma su rol dentro del trabajo por garantizar el goce de los derechos humanos de toda la población. También, para que esta y todas las sentencias y resoluciones en favor de quienes defienden derechos no permanezcan en una mera declaración formal escrita en papel, sino que las mismas sean ejecutadas a cabalidad y en el menor tiempo posible.
Finalmente, como Pueblo Tolupán reiteramos nuestro hartazgo en seguir poniendo los muertos, ser agredidos, intimidados y criminalizados por defender nuestro territorio para el beneficio de todo el país. Exigimos que a las Instituciones encargadas del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, para que de manera conjunta construyamos un modelo de Estado de garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos.
¡Hasta la Dignidad Siempre!
11 personas defensoras del pueblo Tolupán han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
San Pedro Sula, Cortés, 23 de enero de 2024.
[1] La medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre de 2023, mediante resolución No. 83/2023
11 personas han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
18 de enero de 2024.- Ante la situación de alto riesgo y violencia perpetuada por actores empresariales y estatales en contra de la tribu Tolupán San Francisco Locomapa, Yoro – Honduras, en particular las personas defensoras de la tierra, los bienes naturales y territoriales, aglutinados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares de protección, que había otorgado desde 2013, para salvaguardar la vida e integridad de 61 personas más.
En su resolución, la Comisión Interamericana verificó que, como represalia a su labor de defensa del territorio ante la instalación de proyectos extractivos, la tribu Tolupán enfrenta actos de violentos que van desde el asesinato, la intimidación, la quema de casas y cultivos, el desplazamiento forzado, y amenazas de muerte. Desde el año 2013, 11 personas integrantes del Pueblo Tolupán y del MADJ han sido asesinadas. Los casos más recientes son los de Amílcar Vieda y Naún Chacón, ambos defensores de derechos humanos pertenecientes a la Tribu San Francisco de Locomapa. Asimismo, las mujeres y niñas enfrentan violencia por razón de género, entre ellas, acoso y amenazas de violación.
La Comisión también indicó que la situación de riesgo se ha recrudecido desde el año 2021 frente al incremento de las actividades de explotación maderera en la zona y sostuvo que “existen cuestionamientos en torno a la legalidad de los permisos de explotación de los recursos naturales que habrían sido otorgados en el territorio de la Tribu San Francisco Locomapa”. Al respecto, la Comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en otras sentencias para indicar la necesidad de evaluar si es preciso modificar los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia de los pueblos y llamó a continuar el diálogo al respecto en la Mesa Interinstitucional, que integra representantes de las diferentes instituciones del Estado vinculadas a la problemática, como a líderes del pueblo indígena, la cual fue instalada desde 2018 para abordar la situación de la tribu.
No obstante, la Comisión también reconoció que los acuerdos alcanzados en la Mesa Interinstitucional hasta el día de hoy no han sido cumplidos y que, por su parte, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos presenta importantes retrasos y a la fecha no ha tomado las medidas adecuadas para la protección de las personas beneficiarias.
Ante este panorama, la CIDH amplió las medidas de protección a favor de 61 personas del pueblo Tolupán y que son integrantes del MADJ. Asimismo, ordenó continuar con la implementación de las medidas ya otorgadas y requirió que estas incorporen el enfoque étnico y de género, según sea necesario. La Comisión, en su escrito, también manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a la zona para recabar información y reunirse con las personas beneficiarias y autoridades vinculadas con la implementación de las medidas. Desde el mismo pueblo Tolupán, el MADJ y de CEJIL, instamos a los actores gubernamentales obligados de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a las personas defensoras de la tierra y bienes naturales comunes de la tribu San Francisco de Locomapa, para que, basados en los principios pro persona, de eficacia e idoneidad, garanticen integral y eficazmente la seguridad y vida de las mismas.
“Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón”
“Soy Magdalena Díaz, de Arizona, Atlántida, pertenezco al Movimiento Amplio y tengo el cargo de conducción política en el Campamento de la Dignidad de Jilamito”.
Así de escueta es la presentación que de si misma hace Magdalena Díaz, pero que de alguna manera sintetiza un recorrido intenso en sus poco más de 40 años de vida.
Menuda, con la piel trigueña de mestizaje y de sol, Magdalena tiene mucha historia que contar. Hija de campesinos, esposa de un campesino educador que fue asesinado por reclamar democracia y campesina ella misma, de las que no teme labrar la dureza de la tierra para sembrar el sustento de su familia.
Hoy es una dirigente reconocida del movimiento popular en Atlántida, de la misma estirpe de mujeres defensoras de los ríos y de la justicia, como lo fue Berta Cáceres o Margarita Murillo, para citar unos cuantos nombres.
Magdalena, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la defensa del Río Jilamito?
Bueno, es bien difícil, porque en el gobierno anterior que tuvimos, del dictador, se pusieron a vender todos los ríos para hacer proyectos extractivos y nosotros confiábamos en que el gobierno actual que tenemos con la presidenta Xiomara nos apoyaría en la defensa de los bienes comunes y naturales, que nos respaldaría activamente en esta lucha digna que tenemos, pero ya va sobre dos años y no tenemos ninguna respuesta concreta…
Entonces siempre vivimos un conflicto bien difícil en las comunidades. En 2024 vamos a cumplir siete años de estar en esa lucha y aún no la hemos solucionado. Como Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad se logró la liberación de los compañeros y compañeras que estaban criminalizados, pero el conflicto de fondo no se resuelve porque la concesión del río no ha sido anulada y siempre hay bancos nacionales e internacionales financiando a estas empresas para su proyecto hidroeléctrico en Jilamito.
¿Cuáles son las principales lecciones de estos siete años de lucha?
En estos siete años de existencia del Campamento de la Dignidad hemos pasado alegrías y tristezas. También hemos convivido bien bonito entre los compañeros y compañeras, somos como una familia compartiendo un espacio donde se medita, se reflexiona, se toman decisiones y acuerdos para fortalecer la lucha…
Pero es bien difícil al mismo tiempo porque tenemos compañeros asesinados en el camino, entre ellos mi esposo. Son muertes que siguen impunes.
Como movimiento social y popular sabemos bien que instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no están para el pueblo, ellos están para los empresarios, ellos son los que nos criminalizan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Siento que ahora seguimos en la misma temática. En estos dos años, como le dije, seguimos en la misma porque miramos que los funcionarios públicos siguen igual, gobernando como lo han hecho los gobiernos anteriores.
Seguir adelante en la vida Magdalena tiene muy presente el compromiso social de su esposo, Ramón Gabriel Fiallos, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.
Ramón fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a luchar por los intereses comunes. Fue parte de los campesinos organizados que reclamó el derecho a la tierra en el valle de Lean y también uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito. Ramón o “Moncho”, como también se le conocía, colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas.
“El venía de una familia con tradición de lucha”, recuerda Magdalena. “Mi suegra me cuenta que él siempre defendía sus derechos”.
Por esas razones no fue extraño que la noche del 22 de enero de 2018 se despidiera de su familia para emprender el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba y unirse a los centenares de ciudadanos que a inmediaciones del puente sobre el río Arizona exigían el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El derecho a la protesta era legítimo, pero no para los usurpadores del poder, y hasta el sitio de la protesta llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación. Al menos una de esas balas impactó a Ramón. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde poco después se confirmó su muerte.
Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como reconocimiento a su sacrificio. Un honor social que a su familia, como es natural, no compensa la ausencia de justicia que rodea su crimen.
A Magdalena le duele “no tener ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades de nuestro gobierno; su caso es como el de muchos compañeros asesinados por defender los derechos del pueblo”.
¿Cómo ha sido la vida después de su muerte?
Cuando él murió, recuerda Magdalena, me quedaron tres hijos menores de edad y en esas circunstancias es duro seguir adelante, pero la misma injusticia que vivimos en este país nos impulsa a seguir. Indigna ver que nos asesinan compañeros por defender nuestros derechos. Los matan para meternos miedo, pero tanto yo como mis hijos y mi organización hemos demostrado a los empresarios corruptos y a los gobiernos que estamos más fuertes, más valientes y más firmes en la defensa de nuestros derechos. Y sé que la única manera de seguir adelante es con mucha valentía”.
Ahora, prosiguió, estamos organizando un bloque popular en reclamo de que nos devuelvan la reforma agraria. Durante décadas han atropellado nuestro derecho a tener tierras para trabajar. Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón.
Desde que tengo uso de razón sé que los campesinos no somos prioridad de los gobiernos y por eso es que se mantiene la pobreza en este país, porque la prioridad de los gobiernos son las empresas privadas y no los pequeños productores, enfatizó.
¿Cómo se mantiene? ¿Cómo ha logrado salir adelante con su familia?
“Trabajando; trabajando duramente. Tengo una parcela de tierra, son como tres manzanas y en ellas trabajo, y mis hijos donde encuentran trabajo lo hacen porque saben que siempre han crecido a base de esfuerzo y sacrificio”.
Magdalena, ¿y de dónde le nace la conciencia para defender el derecho a la vida y los recursos naturales?
Mi padre era un campesino revolucionario, y luego mi esposo igual. Me cuenta su mamá que desde joven odiaba la injusticia y siempre le gustó defender los derechos del pueblo. La última noche que él salió de mi casa mientras estaba agachado, amarrándose los zapatos, mientras yo le decía que no se fuera, él me dijo que debemos estar decididos a cualquier sacrificio para que el país cambie, que de lo contrario siempre nos mantendremos así, en la pobreza.
¿Cuál es el objetivo prioritario de lucha que tienen?
Magdalena no vacila en contestar porque tiene clara su respuesta:
“Son varios los objetivos, pero lo más importante para nosotros es lograr que se cancele definitivamente el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en Jilamito y la concesión sobre el rio, que se cancelen también los proyectos de minería que acaban con nuestros recursos naturales y que nos devuelvan la reforma agraria a los campesinos. Pido esto como defensora de derechos humanos no solo para el municipio de Arizona, sino que para todo el país, porque es a nivel nacional que nos están matando a muchos compañeros”.
Con esas metas que animan su vida, Magdalena sabe que no está sola. “Cuando empecé a conocer el Movimiento Amplio supe que debíamos apoyarle, entrarle de lleno y seguir su compromiso social. Así empezamos a organizar las comunidades y por medio de eso es que logramos parar el proyecto hidroeléctrico de Jilamito. Organizados ya miramos como son las cosas y ya sabemos que proyectos como el de Jilamito no traen nada de bueno para nuestra comunidad porque lo único que realmente dejan es la división entre familias y las personas y la destrucción de nuestras fuentes de vida, como el agua que es vital para todos. Yo no tengo ninguna duda; organizados saldremos adelante en esta lucha. Tarde o temprano, pero lograremos que se nos haga justicia”.
Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática.
En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.
Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.
Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.
Amicus Oral
Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas.
También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones.
Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.
Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.
Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.
En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas.
*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.
Contacto para prensa:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!
El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel.
Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
Tegucigalpa, Honduras, 20 de noviembre de 2023.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
