LA TIERRA Y EL TERRITORIO ES NUESTRO DERECHO

Señoras y señores del Gobierno,

Hoy centenares de familias campesinas e indígenas de diversos territorios a nivel nacional hemos venido nuevamente a Tegucigalpa a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde… somos sus legítimos dueños y no las empresas agroindustriales que ustedes defienden.

Hoy venimos a exigir a nombre de los centenares de compañeros /as campesinos /as que han sido asesinados por defender su tierra, cuyas muertes TODAS siguen impunes, que pasen de sus discursos bonitos y de sus nuevos actos proselitistas a acciones concretas…queremos que este gobierno que se dice ser del “Socialismo Democrático” cumpla de una vez por todas con su promesa de dar y asegurar la tierra para el sector campesino.

La única iniciativa integral para el sector agrario ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, bajo una lógica policial y militar, que finalmente confirma a la luz de los más de 40 desalojos que se han realizado a lo largo de este año, se convirtió en una comisión de represión a las familias campesinas y de aseguramiento de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.   

Para nosotros es evidente que es la cúpula del gobierno la que direcciona la problemática de tierras en el país, y que el papel nefasto de instituciones como el INA tiene la venia de Casa Presidencial,  que hoy en día es la responsable directa de los desalojos, de los centenares de familias que no solo han sido desterradas, sino desechadas, tiradas a cualquier lugar, campos llenos de alimentos han sido arrasados sin importarles el hambre de nuestras familias, nos tienen con decenas de órdenes de captura, con campesinos y campesinas con medidas cautelares huyendo de su entorno….

Y un hecho básico e inicial para recomponer el campo agrario pasa por la separación del cargo y de esa comisión del Director del INA por su complicidad y favoritismo con los sectores industriales, y en el caso de las disputas de tierras en territorio indígena simplemente rehuir el tema… necesitamos mínimamente que esta Comisión de Seguridad Agraria funcione para sentir que avanzamos.

Sabemos que la obligación de respetar nuestro derecho a la tierra es un trabajo que debe ser garantizado por diversas instituciones, por esta razón nos dirigimos a algunas de ellas en los siguientes términos:

A la Corte Suprema de Justicia/:

Le exigimos resolver los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y derogar la utilización de figuras penales como el desalojo preventivo y la usurpación como mecanismo para criminalizar la protesta pública y para desmovilizar y castigar a quienes defendemos la tierra, el territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.

Indicamos que el silencio de la Corte en este tema es un silencio cómplice que esta provocando que decenas de compañeros/as se nos criminalice, tengamos órdenes de prisión y que llenemos los juzgados del país, solo por seguir las órdenes de empresas y empresarios, nacionales e internacionales, violentos y corruptos.

De igual forma les exigimos que dejen de criminalizarnos y llevarnos ante los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia Penal exhibiéndonos como si nuestra lucha por la tierra fuera un delito del crimen organizado.

La gestión de esta nueva CSJ ya avanzó, sin embargo, al igual que en el Poder Ejecutivo, las actuaciones, los fallos y las reformas impulsadas hasta el momento se limitan a la superficialidad de los problemas de justicia que tiene nuestra Honduras, los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de figuras penales que favorecen el uso abusivo del derecho penal y la criminalización de la protesta simplemente no se aborda.

A Casa Presidencial:

Señora Presidente …. qué debemos esperar de usted y en general de su gobierno?

Muchos de nuestros compañeros y compañeras votaron por usted y sus promesas de campaña, confiamos en su programa de gobierno, pero a la mitad de su mandato, el sector campesino en lugar de avanzar, hemos retrocedido.

Al sector campesino, en estos dos años y medio de su gobierno, nos han seguido asesinando compañeros. Solo al Aguán en este 2023 le han asesinado 10 líderes, en el país se han ejecutado más de 40 desalojos y son aproximadamente 3000 familias las que se han quedado sin nada: sin tierra, sin cultivo, sin casa, sin enseres domésticos…

Los que defendemos la tierra y territorio seguimos poniendo el pecho y la sangre frente a los grupos de poder y las élites económicas que siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector agroindustrial.

Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento, pero ya es tiempo de superar este discurso y asumir con acciones reales la nueva realidad del país…ya tienen mayoría en todas las instituciones, por lo tanto, ya no tienen ninguna excusa para no actuar. 

Al Instituto Nacional Agrario

Denunciamos el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria en manos del director del INA, Francisco Funes, sobre el cual exigimos su inmediata destitución como cabeza de esa institución y de la comisión.

Creemos que los espacios de encuentro, investigación y análisis como la Comisión de Seguridad Agraria aún pueden cumplir un papel importante para hacer justicia en el tema de tierras, pero es indispensable que no existan presiones, favoritismos, negociaciones ocultas entre la institucionalidad y los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales.

El objetivo principal de la comisión es investigar la tenencia de la tierra, no tramitar las solicitudes de desalojo de parte de las empresas agroindustriales, este y ningún otro debe ser énfasis del trabajo a desarrollar. 

Las familias campesinas, los indígenas NO SOMOS EL PROBLEMA en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente. Ya hemos demostrado y seguiremos demostrando que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos los que han querido desconocerlos.

A la Embajada de EEUU

Denunciamos la presión y el poder que ejerce la embajada de los Estados Unidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial para favorecer a las empresas que están atacando a los sectores populares y a nuestro sector campesino e indígena.

Puntualmente denunciamos a cuatro estructuras corporativas que sabemos que tienen el respaldo de la embajada estadounidense: Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA), Standard Fruit Company, Azucarera del Norte (AZUNOZA), Aura Minerals Inc./Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) y LACHANSA.

Todas estas empresas son las que verdaderamente se están apropiando de nuestro territorio y ordenando la ejecución de desalojos y se oponen a que se investigue el procedimiento mediante el cual obtuvieron las tierras que ocupan y que están llenas de abuso y corrupción.

Al Congreso Nacional  

Desde el inicio de la instalación de este congreso, hemos exigido de los diputados y las diputadas decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan los abordajes personal-político- partidarios, frente a temas como la justicia, la credibilidad institucional y la legislación honesta, que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

De diversos modos hemos alzado la voz para que eliminen los cálculos personales, de grupos y partidos para que puedan marcar una diferencia real con el Congreso anterior y brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria, pero no, acudimos a un espacio que profundiza la crisis de gobernabilidad en Honduras.

Señores diputados y señoras diputadas, así como han demostrado habilidad y determinación para hacerse de las instituciones que son de su interés, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los sectores populares, campesinos e indígenas que hoy concurrimos a este Congreso del Pueblo.

Bloque Popular, Campesino e Indígena.

Plataforma Dignidad

Plataforma Agraria del Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad

Asociación de Desarrollo en Defensa del Territorio y Sociedad Civil del municipio de Namasigüe

Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)

Pueblo Indígena Lenca de Reitoca

Patronato de la Residencial “Los Castaños de Choloma”

Radio Dignidad

Central Nacional de Trabajadores del Campo-El Progreso

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del Departamento de Yoro

Asociación Nacional de Campesinos de Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH)

Consejo Indígena Lenca Renacer de Marcala, La Paz.

Pueblo Tolupán de Honduras en Resistencia

Asociación de Juntas de Agua de Sabá

¡202 años de gritos de sirena, colonialismo interno y de una falacia llamada independencia!

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sus núcleos territoriales y liderazgos a nivel nacional, en el marco de las celebraciones de los 202 años de in-dependencia patria nos pronunciamos en los siguientes términos:

  1. Necesitamos reconstruir desde las miradas populares los acontecimientos que llevaron a la conformación de los Estados nación modernos centroamericanos en el año 1821, para superar el idilio y romanticismo con una independencia y una patria que nunca han sido nuestras.  Asumir la historia desde la arista de las mayorías excluidas nos dará el horizonte para comprender la independencia como una construcción cotidiana constante que debemos asumir en todos los niveles de relacionamiento interno y externo. Lo que ahora tenemos y celebramos no es independencia ni es patria, es el proyecto de Res-publica que pilotaron las elites criollas tomando como ejemplo la colonización europea. Esta herencia es la que organizó el Estado, la sociedad, la vida misma, los modos de relación con la naturaleza y con los pueblos no occidentales, desde la lógica de jerarquización, encubrimiento, inferiorización, instrumentalización y despojo. Las estructuras de nación y gobierno que ahora conocemos conservan en términos generales el mismo orden interno instaurado por la colonia con el matiz de ser territorios declarados políticamente independiente.
  2. Hemos sido fundados como sociedad en márgenes de violencia, exclusión, monopolio y la crisis es una herencia permanente. La celebrada acta de independencia reza en sus líneas principales que “el Señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” centralizando de esta manera los destinos de la nación desde su primer momento a las élites económicas, políticas y militares. Inmediatamente acaecida la independencia apareció en el horizonte político EE. UU quien en 1823 formuló la doctrina Monroe que en su aforismo “América para los americanos” resume su intervencionismo y tutela de las naciones centroamericanas, sobre todo de Honduras, donde existe una nulidad de decisiones soberanas internas, en una sociedad manejada por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 200 años como patio/trasero.  Hoy más que nunca necesitamos hacer patria y asumir la cotidianidad como septiembre, como un tiempo para hacer efectiva la independencia real; la del pueblo.
  3. Septiembre es tiempo oportuno para apelar a la conciencia y a la acción, para romper con el modelo de gobernanza y estratificación de la sociedad basado en el dominio, la exclusión, el despojo y mercantilización de la vida. En el marco del gobierno de la refundación las escuelas y colegios salen a desfilar mientras siguen sin infraestructura, sin servicios básicos, sin merienda escolar, retraso en pago de salarios a docentes ni libros de texto. Hay comunidades que no tienen escuelas ni maestros. Además, una sociedad enferma y hambrienta no puede declararse independiente. Los hospitales y unidades rurales de salud siguen desabastecidos de medicamentos mientras las farmacéuticas y centros privados de atención se lucran con la enfermedad del pueblo en complicidad con la negligencia del gobierno.
  4. Repudiamos la remilitarización del país porque estamos seguros de que una cultura de paz y refundación no se implanta por la vía de la fuerza. porque es vergonzoso que mientras se destinan mayores presupuestos a cuerpos de seguridad estatal, la inseguridad ciudadana crece, así mismo los índices de pobreza, migración, vulnerabilidad climática y corrupción y violencia. Desde nuestra base exigimos cese a la represión, desalojo y persecución al campesinado, a los liderazgos que defienden los bienes comunes, la tierra y el territorio. Pedimos justicia para todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados por la defensa de sus derechos, la soberanía territorial y su compromiso con una sociedad hondureña distinta a la que narcos, políticos y empresarios nos han impuesto.
  5. Este día es imprescindible señalar que la independencia y la no injerencia, no solo es una cuestión de relación de Honduras con otros estados o potencias sino principio infaltable de la democracia, por ello, en el proceso de elección del Fiscal general y su adjunto denunciamos el manoseo, la negociación y el asedio político partidario de los grupos de interés por controlar esta institución y asegurar sus pactos oscuros.  Seguimos con un índice de impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. Se nos sigue negando el derecho a la justicia y los entes responsables de legislar para el bien de la población continúan encarnando la cultura del filibustero.
  6. Celebramos los ejercicios de auténtica independencia, autodeterminación, poder comunitario y autogobierno que pueblos y territorios movilizados hemos logrado construir pese a la presión de la narco-dictadura y en el contexto actual entre las mieles de las promesas del gobierno del socialismo democrático. Estos ensayos de construcción colectiva del bien común son la clave para el surgimiento de otras narrativas, alternativas y procesos que estamos convencidos cristalizarán en pactos de gobernanza inclusivos, populares, democráticos y auténticos procesos de emancipación política y económica.
  7. Junto a Morazán, en la alta noche, como pueblo debemos seguir vigilantes porque el enemigo ha crecido junto a nosotros. Su rostro y lógica de saqueo colonial vigente, corrupto e impune, lo representan actualmente el COHEP y el grupo de familias que han elevado sus fortunas a costa de la evasión fiscal y su corrupción generadora del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la hondureñidad. Hoy que son descubiertos y denunciados reaccionan con la misma violencia del invasor colonial, ante lo cual el decrépito Estado hondureño no tiene ninguna fuerza, ni independencia para hacerles justicia. Ellos son el tigre del poema de Neruda, que enarbola el hacha y le come al pueblo sus entrañas.
  8. Como organización popular con presencia en gran parte del territorio nacional nos declaramos en construcción constante de independencia. Seguimos luchando frontalmente contra las elites político-empresariales que han afianzado los pactos de corrupción e impunidad, que han entregado territorios y comunidades al capital nacional y extranjero obedeciendo a la estructuración del neoliberalismo que encuentra en las economías criminales, la violencia y la ilegalidad una rentabilidad clave para su robustecimiento.
  9. Junto a los distintos pueblos originarios de Honduras, dueños legítimos de esta patria nos declaramos en constante reivindicación de sus derechos. Exigimos al estado de Honduras garantizar la seguridad sobre sus tierras y territorios, el derecho al desarrollo social, económico y cultural, así como el respeto y promoción de su autonomía. El grito de independencia que elevamos hoy es el de nuestros hermanos negros que sigue desafiando los oprobios del poder colonial. El grito desafiante de los pueblos Tolupanes, Lencas, Maya Chortí, Misquitos, Tawahka, Nahual y Pech, que segregados a las montañas y de las decisiones de país, construyen modelos de comunidades dignas, nunca sometidas al látigo, al grito y a la espada.
  10. Como organización con una trayectoria de 15 años de lucha, septiembre nos mueve a ratificar nuestro compromiso con todas las luchas libertarias de todos los pueblos, nos mueve hacia la permanente búsqueda y promoción de la unidad y articulación de las organizaciones del movimiento social y popular hondureño, para que construyamos colectivamente el nuevo modelo de país soberano, popular e independiente. Para que, desde ya, ejerzamos una práctica política unificada que rectifique la práctica ignominiosa de saqueo, exclusión y muerte implantada por cinco siglos de dominio colonial, criollo, elitista y mercantil. Para que reivindiquemos los derechos y la dignidad de todas las personas y pueblos que conformamos Honduras.

¡No hay refundación, ni independencia, ni patria; sin memoria, sin justicia y sin participación del pueblo!

¡Movimiento Amplio por la Dignidad y la justicia!

San Pedro Sula, 15 de septiembre de 2023.

Se denuncia al Estado de Honduras por incumplimientode sentencia que protege los derechos de 15 mil menores de edad en situación de calle

El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.


La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:

  1. El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y
    COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15
    mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula
    y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a
    la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional,
    tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
  2. Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ
    emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el
    Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia
    y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han
    vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de
    15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el
    cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de
    estos derechos.
  3. Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de
    una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los
    derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones
    del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la
    niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas
    ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
  4. A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional
    de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan
    vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples
    acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha
    sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del
    presente.
  5. Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y
    FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
    presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar
    obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo
    ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e
    integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
  6. En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida
    provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en
    el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata
    hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales
    se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera
    se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
  7. También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones
    contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de
    cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que
    sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física,
    psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo
    de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno
    cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos
    fundamentales.

Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.


Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.


¡Hasta la Dignidad Siempre!


San Pedro Sula, Cortés, 12 de septiembre de 2023.

Seminario Internacional “Alternativas Energéticas Populares”

30 de marzo de 2023

Tegucigalpa, Honduras

La vulnerabilidad de Centroamérica de sufrir los estragos del cambio climático global y de la

variabilidad de precios de los energéticos, en especial la tarifa eléctrica que depende del precio

internacional del petróleo, sitúa a Honduras en la necesidad de actuar con celeridad en la

transformación del modelo energético prevalente por medio de un proceso de construcción de

iniciativas populares como parte fundamental de la Transición Energética Justa en el que la

participación de las comunidades, las organizaciones sociales, academia y sindicatos se hace

necesario y urgente.

Es así que tras una jornada intensa de intercambio de conocimientos entre organizaciones de

Honduras y otros países del MAR como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba y Chile donde

se ha trabajado por la construcción de un modelo energético popular y de diálogo con

representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, el Alcalde de

Arizona, Carlos Chacón y la Congresista de la república, Ligia Ramos, concluimos y afirmamos

que:

➢ La necesidad de transformar el modelo energético corresponde a la necesidad de

garantizar que el 19% de la población hondureña tenga acceso a la energía como bien

común y atender el modelo ineficiente que hoy tiene más del 38 % de pérdidas.

➢ Confiamos en los proyectos alternativos populares que atienden de manera efectiva las

necesidades de los pueblos.

➢ Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno por desmercantilizar el sector eléctrico,

iniciativa que respaldamos y abrazamos. Se debe revertir lo que le pertenece al pueblo.

➢ Se debe democratizar el modelo energético. Debemos debatir entre todos los sectores

la transmisión, la distribución y la generación. Ocupamos participación para que los

pueblos decidan su futuro.

➢ Otro modelo energético si es posible y ya se está construyendo porque tenemos la

voluntad, la sabiduría y la organización comunitaria.

➢ Ese modelo energético popular se basa en la soberanía, la autonomía y las necesidades

reales de los pueblos.

➢ Nuestra lucha también es por una tarifa justa de la energía y la garantía de establecer

un mínimo vital de energía como lo estableció el proceso constituyente en Chile.➢ Demandamos la revisión de todas las concesiones de nuestros bienes comunes y

naturales y de ser encontradas irregularidades en sus adjudicaciones urgimos la

suspensión y cancelación.

➢ Solicitamos desde nuestros territorios que se empiecen a crear las bases para una

asamblea nacional constituyente que nos permita crear y tener un nuevo pacto social

construido desde los pueblos y comunidades.

➢ Reconocemos la diversidad de nuestras resistencias, que somos muchas voces y

experiencias y nos comprometemos por seguir tejiéndolas y juntándolas como ríos en

el MAR. Seguiremos avanzando en el proceso de articulación e internacionalización de

nuestras luchas.

➢ Nos autoconvocamos para el IV Encuentro Mundial de Comunidades Afectadas por

Represas que tendrá lugar en la Amazonía Brasileña en 2025.

Seguimos en resistencia en salvaguarda de los derechos comunes, la lucha por la dignidad

del pueblo cubano y la defensa de la democracia del pueblo peruano nos siguen anunciando

la necesidad construir autonomías en las que la energía es el elemento central.

¡Mujer, Agua y Energía: no son mercancías!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano!

VICTORIA POPULAR TOLUPÁN: NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE TRIBU EN SAN FRANCISCO LOCOMPA

COMUNICADO PÚBLICO

Por este medio la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, del municipio de Yoro, departamento de Yoro, hace del conocimiento a las instituciones gubernamentales, entidades públicas y privadas, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo Tolupán y a la población en general, lo siguiente:

  1.  La Asamblea Tribal de la tribu San Francisco de Locomapa (en adelante TSFL), en el año 2011 eligió al señor José Alberto Alonzo Vieda presidente del Consejo Directivo para un periodo vigente de dos años. Sin embargo, pese a que el mandato de la asamblea tribal sólo le facultó para ejercer sus funciones hasta el año 2013, este se mantuvo ejerciendo la representación de la tribu de manera inconsulta e ilegal, violentando la voluntad de la asamblea y negándose a convocar a las comunidades para elegir nuevos representantes.
  • Que durante esta década en que se mantuvo de facto el señor José Alberto Vieda, en confabulación con la junta directiva corrupta de la FETRIXY, empresas madereras, mineras, fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios judiciales, ejecutaron actos de violencia, violación de derechos, saqueo y enajenación del territorio ancestral y asesinatos de compañeros indígenas que se opusieron a sus prácticas corruptas.
  • Que la anterior administración del Consejo Directivo de Tribu siempre benefició a un reducido grupo de indígenas a costa de la riqueza de la tribu, mientras que el resto de nuestros hermanos y hermanas han vivido en condiciones de pobreza y miseria.
  • Pese a las solicitudes realizadas por miembros de la tribu para convocar a elección del Consejo Directivo y recibir respuestas negativas, la Asamblea General en un ejercicio legitimo de autodeterminación de su pueblo decidió convocar a todas las comunidades indígenas tolupanes para elegir a sus nuevos representantes del Consejo Directivo de Tribu.
  • Es así que, reunidos las y los asambleístas en la comunidad de Cabeza de Vaca 2 el domingo 26 de marzo de 2023, se procedió a elegir al nuevo Consejo Directivo de la TSFL para el periodo vigente del 26 de marzo de 2023 al 26 de marzo de 2025. Quedando conformado el Consejo Directivo de la siguiente manera:

Presidente: Ramón Santiago Matute.

Vicepresidenta: Rosa Adilia Vieda.

Secretaria: Yuma Lizzeth Gutiérrez Soto.

Tesorero: Ojer Neptalí Ávila Romero.

Fiscal: Luis Mario Vieda.

Vocal 1: Celso Alberto Cabrera,

Vocal 2: Oscar Armando Vieda Romero.

  • Por tanto, cualquier acción administrativa, judicial y contractual que realice el señor José Alberto Alonzo Vieda en nombre de la TSFL carece de legalidad y será objeto de nulidad, por actuar fuera del mandato de la asamblea tribal.
  • El Consejo Directivo de la TSFL reafirma su compromiso por la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de la tribu San Francisco de Locomapa, así como la protección de los bienes y recursos comunes. Y nuestra gestión se compromete a actuar en apego a los deberes y derechos que nos competen como pueblo indígena en el marco de los deberes y derechos contenidos en la Constitución de la república, así como el Convenio 169 de pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Honduras.

San Francisco de Locomapa, Yoro, Yoro. 26 días del mes de marzo de 2023

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO TOLUPÁN DE SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA

CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

  • Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
  • Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
  • Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
  • Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
  • Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
  • Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

  1. Jury Fernando Melara
  2. Any Belinda Ochoa
  3. Daniel Sibrián
  4. José María Díaz
  5. Luis Alonso Discua
  6. Danelia Ferrera
  7. Roy Pineda Castro 

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

  1. Maribel Espinoza
  2. Rasel Tomé 
  3. Mauricio Rivera
  4. Gladys Aurora
  5. Alberto Chedrani
  6. Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más,  la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.  Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura[1]:

  1. Garantía contra presiones externas;
  2. Adecuado proceso de nombramiento; y,
  3. Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

  1. Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad 


Manifiesto: Día Mundial del Agua. Asamblea Permanente del Poder Popular

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.

A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

  1. El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
    en alianzas públicas privadas.
  2. Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
    Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
    es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
    familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
  3. Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
    las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
    en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
    municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
    servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
  4. Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
    desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
    beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
    dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
    de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
    se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
    1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
  5. Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
    diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
    producción de agua a perpetuidad.
  6. Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
    para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
    empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
    aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
    con el consumo de las familias.
  7. Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
    finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
    aguas.
  8. Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
    que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
    abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
    agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
    pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
    estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
    quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
    privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
    huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
    de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
    represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
    concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
    narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
    interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
    estado vinculadas con la élite política de Honduras.
  9. Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
    otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
    sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
    garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
    usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
    ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
    genera una forma de privatización del bien común.
  10. Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
    Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
    a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
    mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
  11. Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
    al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
    empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
    de los pueblos.

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

A juicio autor material del triple asesinato tolupán

Ramón Matute, indígena tolupán, integrante de la Conducción Política del MADJ exigiendo justicia por los asesinatos contra su pueblo, entre ellos el de su padre y su hermano.

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Wilmer Paredes, 2 años de su legado

Por Heidy Alachán

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras.

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral de noviembre de 2017 nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre de 2017 habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección.

No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Pero hoy, que han pasado dos años desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

“La Patria sigue viva y con memoria.”

Ejército Zapatista de Liberación Nacional