La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras

Dicen que el que espera, se desespera y el país se encuentra hoy en una larga angustia debatiendo sobre las posibilidades que tiene Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable o no en el juicio que se le sigue en New York. Sin embargo, pensar en el impacto que debe tener esta sentencia debe ser la prioridad para los millones y millones que exigíamos el Fuera JOH.

Los 12 miembros del jurado, que por más de diez días escucharon testimonios sobre cómo se asesina, se trafica, se compran voluntades, se ordena el sometimiento de instituciones públicas para que estén al servicio de los cárteles de la droga, parecen estar en una compleja discusión y revisión de documentos que aseguren que las pruebas presentadas, sobrepasen las dudas razonables, y permitan que un hombre, que fue presidente de un país, sea declarado culpable.

Sin embargo, los que nacimos en este país no necesitamos de un juicio o jurados internacionales para saber a cabalidad la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por los delitos que le imputa Estados Unidos y de otro montón de delitos que debieron imputársele aquí en Honduras y que aún hoy existen instituciones y estructuras que están empeñadas en que continúen en la impunidad para no ser salpicadas.  

Es decir, estamos seguros de que a JOH, de una u otra manera, será declarado culpable en EEUU porque lo es, y porque cada argumento presentado por la fiscalía estadounidense era correcto, aunque para quienes conocemos y hemos padecido la “narcodictadura” la gravedad de los delitos cometidos por JOH es mucho más grande y profunda que lo expuesto en ese tribunal.

Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que entendemos que el juicio y la sentencia va mucho más allá de Juan Orlando…, el juzgamiento y la sentencia son también para Honduras y nos impacienta que hasta el momento no observamos ningún tipo de diligencias por parte de las principales autoridades del país, de institucionales o sectores económicos que nos permita pensar que existirán cambios que adecenten el funcionamiento público.

Dicho de otro modo, la sentencia de culpabilidad de JOH no marca de manera automática que Honduras pase de un estado de “narcodictadura” a un estado democrático y deploramos que desde las actuales autoridades quiera imponerse esta idea, sin ordenar los procesos investigativos y judiciales que se requieren para sanear la institucionalidad pública.  

Como mínimo requerimos en esta coyuntura un Poder Judicial independiente que impulse esta dinámica … pero, ¿es esto de su interés?, ¿tienen la libertad para hacerlo?  

Bajo este contexto, por ejemplo, desde el MADJ / BED nos preguntamos:

1.      ¿qué va a pasar con la dirigencia del Partido Nacional, con su equipo de gobierno, con la estructura policial y militar que “respaldó” sus actividades ilícitas?

2.      ¿qué pasará con los bancos lavadores del dinero sucio, con el BCH que en todo este tiempo se ha hecho de la vista gorda?, ¿qué pasará con la CNBS que no reguló nada?

3.      ¿Qué pasará con el COHEP y el grupo de “empresarios narcotraficantes” que seguramente están afiliados a su organización y que blanquean capitales?, ¿qué vamos a hacer con los prestanombres?, ¿con las concesiones y todos los proyectos financiados para lavar dinero?

4.      ¿qué vamos a hacer con ex magistrados o actuales magistradas, jueces y juezas que sabemos que venden sus fallos para favorecer la corrupción y el narcotráfico?, ¿qué haremos con los ex Fiscales Generales, Adjuntos, directores de Fiscales, pero también contra todos los fiscales a nivel nacional que no permitieron o no quisieron presentar ningún requerimiento en contra de narcos o funcionarios ligados a estos?

5.      ¿qué vamos a hacer para que pare la violencia que nos genera el narcotráfico, esa que se vive en los barrios, as colonias, y hasta e las comunidades más lejanas? ¿Qué vamos a hacer con la impunidad que cobija a todas esas muertes?

6.      ¿qué vamos a hacer para que los familiares de delincuentes no se queden disfrutando de los bienes y recursos que se han obtenido con sangre en este país a partir del narcotráfico y su corrupción? ¿qué mecanismos de reparación para las víctimas directas deben establecerse?

Reiteramos, y con letras mayúsculas que los PACTOS DE IMPUNIDAD, NO PUEDEN SIGNIFICAR PACTOS PARA EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS, creer que podemos seguir funcionando en este país como sino pasa nada, es condenarnos a pasar de mano en mano por los capos de la droga, convertidos en presidentes o altos funcionarios.   

Tampoco los PACTOS DE IMPUNIDAD deben servir para levantar banderas de ningún tipo y adjudicarse triunfos en este caso de JOH que no les corresponde y menos cuando siguen sin hacer nada concreto por el presente y el futuro del país.  

Finalmente volvemos a hacer el llamado de responsabilidad a todos los liderazgos nacionales políticos, económicos, eclesiásticos, sociales, medios de comunicación para que asuman la responsabilidad que le queda al país para que hechos tan vergonzosos y dolorosos como este juicio no vuelvan a repetirse. 

Señora embajadora de EEUU: ¿Cómo repararán el daño causado a Honduras en su lucha mezquina contra el narcotráfico?

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2024

Sra. Laura Dogu. Embajadora de Estados Unidos en Honduras

Ref: Responsabilidad de EE.UU. en el narcotráfico, violencia y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado hondureño por respaldo al régimen de Juan Orlando Hernández.

Señora Dogu, 

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del análisis y la reflexión que ha hecho sobre el proceso judicial en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández por su participación privilegiada en el tráfico de drogas, reconocemos la importancia de su juzgamiento, pero tenemos la certeza que también debe juzgarse a los actores que han participado de manera directa en la construcción de este modelo de líder político, en el crecimiento del “negocio del narcotráfico” y en la cooptación / destrucción de las instituciones públicas en Honduras , y en ese sentido el Gobierno de los Estados Unidos y la embajada que usted dirige han tenido y tienen una responsabilidad clara e ineludible.

Bajo la tutela de Estados Unidos Juan Orlando Hernández fundó en nuestro país una forma de hacer política ligada al narcotráfico como garantía de financiamiento y éxito, convirtió a Honduras de un país de tránsito de la droga a un país productor y consumidor de la misma, permitió que el lavado de dinero sucio inundara nuestra economía y comprometiera la entrega y concesionamiento de nuestro territorio a carteles, clanes, prestanombres… y lo que es peor, permitieron y financiaron la violencia que se genera a partir de este negocio y contra los que denunciamos y le hacemos frente a este problema.

Obviamente, la responsabilidad primaria y mayúscula la tenemos los hondureños y hondureñas, las autoridades de nuestros gobiernos, pero ustedes, en su afán de hacer justicia y mostrarse al mundo como actores morales universales, validaron, por ejemplo, una reelección ilegal e inconstitucional, y han mantenido, como principal área de financiamiento a un cuerpo policial y militar encargado de hacer la logística a los capos de la droga, nacionales e internacionales. JOH y su grupo criminal lograron, con el respaldo y apoyo directo de su gobierno, imponer un estilo de hacer política, un estilo de “negocios”, que a pesar de declararlo a él como culpable, como es seguro, permanece inalterable en la Honduras de hoy.

Estados Unidos ahora puede darse el crédito de decir que triunfó su justicia porque investigó durante 20 años a JOH, lo capturó, extraditó, procesó y seguramente lo declarará culpable por haber afectado los intereses de su país y su gente, pero tenga claro que su justicia tiene éxito a costa del hundimiento de Honduras, y puesto así, eso no es justicia.

Y esto que le decimos no es retórica, ni queremos evadir las responsabilidades de nuestro país, pero repetimos su gobierno respaldó el Golpe de Estado de 2009, el evento más destructivo para la institucionalidad hondureña en los últimos tiempos, y aplaudieron las elecciones “populares” del 2009 que colocaron fraudulentamente a Pepe Lobo, también ligado al narcotráfico y a la corrupción, y a JOH como presidente del Congreso Nacional, primero y después como presidente fraudulento en las elecciones de 2013 y del 2017, en donde se sostuvo en el poder únicamente por el respaldo político que su gobierno le otorgó y por la fuerza y violencia que los militares y policías hondureños ejercieron en contra del pueblo que protestaba.

En todos esos eventos violentos, las balas financiadas por su gobierno y en manos de militares y policías “capacitados” por su Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC), Comando Sur, DEA.. o por cualquiera de sus instituciones asesinó a muchos de nuestros compañeros y compañeras …

Señora Embajadora … qué le puede responder, por ejemplo, a nuestra compañera Magda Díaz, cuyo esposo, Ramón Fiallos, fue asesinado por militares en el departamento de Atlántida cuando protestaba por el fraude electoral que su gobierno respaldó en 2017…. Esos mismos militares y policías que asesinaron a nuestra gente, son los mismos que sirvieron de socios del narcotráfico a JOH, los mismos que fueron adiestrados en sus escuelas de formación militar y considerados honestos tras un proceso de depuración policial que su gobierno respaldó. 

¿Cómo reconstruimos un país con estas heridas?, ¿Cómo podemos pensar en procesos de cambio reales, cuando un gobierno como el de ustedes antepone una investigación al descalabro de un país?, ¿Qué posibilidad real tenemos de transformar esta nuestra Honduras si ustedes siguen financiando a militares y policías que sofocan con violencia los procesos que, organizaciones como la nuestra, desarrolla para adecentar el manejo público?

Todo lo que le hemos descrito anteriormente, constata que su gobierno tiene una responsabilidad profunda en la tragedia institucional y humana que significó el período de JOH en la presidencia de nuestro país. Frente a esto, como representante política de Estados Unidos le instamos a asumir la responsabilidad de su gobierno, a abstenerse de continuar con la misma forma de “cooperación diplomática” que les permite respaldar a cualquier criminal siempre y cuando ellos respalden su proyecto capitalista en nuestro país.

Señora Embajadora,

 Consideramos que su gobierno debe pedir perdón a las miles de víctimas de los políticos, policías  y militares amaestrados y respaldados por ustedes, por dejar crecer el narcotráfico en Honduras solo para enjuiciar en su territorio a estos criminales y eregirse como falsos salvadores de nuestros pueblos y nuestras democracias…

Nuestro llamado a la población hondureña es para que no le de mayores créditos a un gobierno como el suyo que enjuició a un expresidente de la calaña JOH, pero que lo hizo a costa de nuestro país. Siempre llamamos a que la esperanza y el genuino amor que transforme a Honduras venga de los y las que nacimos en este país y que todos los días trabajamos por su bienestar colectivo.

Este escenario oscuro al que nos arrastró la clase política criminal de nuestro país, con la complicidad de ustedes, debe servir para que surja una nueva forma de relacionarse entre los pueblos, y los Estados, una que emane de los valores y principios que procuran garantizar un mayor respeto, dignidad y sobre todo de humanidad. Sino es así, muchas gracias, pero no queremos su ayuda.

La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.

En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.

En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos,  secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.

Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública. 

Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.  

Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales? 

También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.

Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.

Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?

Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.

Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte. 

¿Cuáles son los cambios que deben generarse a partir del juicio contra JOH… específicamente en áreas como Seguridad y Defensa?

El juicio contra JOH es un juicio en contra del modelo de gestión del Estado y bajo esa premisa es básico preguntar y pujar por cambios concretos en el manejo del ámbito público para ponerle fin a la historia de abuso tras abuso, especialmente en las últimas dos décadas.

Si la magnitud del narcotráfico que se exhibe en Nueva York es muestra del nivel de contaminación de las instituciones y deja clara la inoperancia institucional en cuanto a combatir el crimen, nos cuestionamos, ¿Qué sentido tiene seguir dotando de presupuesto, de capacidad logística a unas estructuras que hoy se mantienen intactas?, ¿están previstos cambios en estas estructuras, investigaciones, deducción de responsabilidades o qué se está pensando desde las actuales autoridades de los tres poderes del Estado?

Desde el MADJ siempre hemos denunciado la confabulación de este sector con el crímen organizado, la militarización del Estado y la normalización de un “Estado Policiaco” y queda demostrado en este juicio que lo que hemos venido financiando  con nuestros impuestos es una gran empresa logística al servicio del narcotráfico, una agencia para “limpiar” a la competencia del “cartel oficial”, para sembrar el miedo en barrios, colonias, comunidades y para facilitar la impunidad de asesinatos como el de Landaverde o el Fiscal contra el Narcotráfico.

Nada más terrible y nefasto que saber que desde nuestros impuestos hemos financiado instituciones y personas terriblemente violentas… asesinas. Estamos obligados a cambiar esto, ojalá que el gobierno recupere su coherencia y cumpla con su promesa de limitar el poderío que los militares y policías han tenido en el país.

Solo para decirlo con cifras. El presupuesto de la Seguridad aumentó en un poco más de una década (2010 – 2024) en un 145% y la Secretaría de Defensa, en el mismo período incrementó en 136%….NINGÚN presupuesto ha aumentado tanto en términos porcentuales, ni salud, ni  educación que son supuestamente prioridades. Actualmente cada una de estas dependencias tiene un presupuesto de un poco más de 11 mil millones, y esta es una realidad en gobiernos nacionalistas, liberales y ahora de libres.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos seguía una investigación que terminó “exitosa” para defender sus intereses y quebrar una estructura del narcotráfico que traficaba en su territorio, a nosotros nos dejó una ausencia total de una institucionalidad creíble….pero insistimos que esto debe convertirse en el punto de cambio que debe generar este juicio contra JOH, caso contrario  solo estaríamos modificando el nombre de los nuevos capos de la droga en Honduras.

¿Hasta qué punto el narcotráfico y el lavado de recursos están metidos en la economía hondureña?

Por mucho que nos parezca, la danza de millones de dólares mencionada en el juicio contra JOH, otorgadas por los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, “para apoyar las campañas políticas”, es una cifra mínima si la dimensionamos con los verdaderos montos de las ganancias que deja el tráfico de droga y el proceso de lavado que esta tiene en la maltrecha economía hondureña.

Si el juicio contra JOH estuviera sirviendo para impulsar procesos de adecentamiento, ya varios sectores deberían haber nombrado, como mínimo, comisiones que investigaran a fondo todos los contratos que el Estado de Honduras firmó con narcotraficantes y sus testaferros y así podríamos tener un listado extenso de proyectos financiados con recursos del narcotráfico que van desde la construcción de carreteras y aeropuertos locales, concesiones para la explotación de minas y ríos como las que hay en Colón y Atlántida o todo tipo de proyectos en el marco de las Alianzas Público – Pivadas…

Pero también, si se investigara a fondo, podríamos saber quiénes están detrás de la construcción de altas torres de edificios, de centros comerciales, de proyectos turísticos de lujo, de un montón de tiendas en las que nunca se ve a un solo cliente, pero perduran por años…

Qué queremos decir… pues que además del secuestro del sistema de justicia y en general de toda la institucionalidad pública, el narcotráfico también tiene secuestrada a nuestra economía ….   

El sector bancario que es el sector económico que más crece en el país no termina de explicar bien (independientemente de sus estados financieros), cuál es la base de su crecimiento, cómo justifican que al menos el nombre de tres bancos ya hayan sido nombrados en el juicio contra JOH… y cómo instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) nunca se dan cuenta de nada…

¿Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Banco Central de Honduras… está regulando algo, evita que el dinero del narcotráfico entre a la economía hondureña o es el principal agente lavador de estos recursos…?

Pero la verdadera pregunta de oro es… ¿qué pasaría con la economía hondureña si se retirara todo el dinero que circula a partir del narcotráfico? La respuesta no la tenemos con exactitud, porque es difícil sumar y multiplicar todo lo que esto significa… aunque algunos calculan que puede representar entre el 30 y el 40% del PIB… podría aguantar la economía hondureña el retiro de estos recursos? Es ético hacernos de la vista gorda en este tema? Existe algún plan por parte del gobierno o de los empresarios/as honestos (que los hay) para revertir esta dependencia?

Ciertamente estamos hablando de mucha, pero mucha plata que distorsiona todo en este país desde el rol de un gobierno y sus instituciones, el rumbo de su crecimiento económico, pero también provoca que el país se vuelva más inequitativo, puesto que los narcotraficantes generan guetos sociales, e invaden con una especie de lujo lugares, servicios, tiendas exclusivas.

Pero de otro lado tenemos una población que se divide entre los que quieren disfrutar de estos placeres aunque sean momentáneos y otros, como nuestros jóvenes migrantes que huyen del país para que no los atrape una mara y los obligue a traficar.

Esos son los extremos que sustentan la economía hondureña: 1) el narcotráfico y su lavado y 2) las remesas… no hay punto de discusión en esto, pero debiera existir un punto para el cambio… ¿será que el gobierno de la presidente Xiomara Castro se plantea este cambio?

Pero como en todo, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, los sectores sociales debemos reflexionar y actuar sobre cómo nos organizamos para revertir esta realidad que también es herencia del modelo neoliberal-corrupto ….¿cómo, por ejemplo, le damos seguimiento a las actuaciones del BCH, de la CNBS que también son esenciales y marcan el presente y futuro del país?

Como Movimiento Amplio y como parte del Movimiento Popular  tenemos como desafío exigir a los dirigentes de estas instituciones y a los nuevos representantes que hagan un cambio para que el futuro económico descanse sobre la base de negocios legales, humanos, responsables con la naturaleza, que mejoren las condiciones de seguridad del país. Tenemos que asumir un papel más beligerante que proponga alternativas para salir de este modelo narcoeconómico que ha quedado  evidenciado en el juicio en Nueva York.

De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales 

Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos: 

¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado? 

¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña? 

 Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país? 

Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur. 

Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.

El Juicio contra JOH: una institucionalidad al servicio del narcotráfico y del lavado de activos

Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.

En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.

Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.

Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.

122 Aniversario del Partido Nacional, entre liderazgos presos enjuiciados y prófugos

El Partido Nacional celebra su 122 aniversario sin ningún liderazgo visible ni en el país ni a lo interno de sus estructuras… su dirigencia se encuentra encarcelada, prófuga, procesada penalmente y reducida en liderazgo social frente a la condena moral que les impone la sociedad hondureña. Pese a la vergüenza pública que significa el juicio de JOH y sus vínculos con los cárteles de la droga, la dirigencia cachureca no está reflexionando sobre el cambio de rumbo que debería estar tomando su partido. Esta dirigencia parece estar determinada a seguir la misma ruta política de vinculación al crimen, a la corrupción y al servilismo político para intentar reponerse de la derrota electoral del año 2021. Frente a esto, la militancia de base y sus juventudes tienen la posibilidad de sentir vergüenza de su partido político y fundar una forma honesta de hacer política. 

En el 2022, el Movimiento Amplio solicitó la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Nacional por ser una estructura conformada por su dirigencia para favorecer sus negocios criminales y la corrupción desde el Estado, no obstante, la justicia electoral desestimó la petición sin adoptar ninguna decisión orientada a que no vuelvan a cometer los mismos actos de perversión partidaria. Este panorama sitúa como la mayor preocupación que enfrenta nuestro país que ni la institucionalidad pública ni los demás partidos políticos están desarrollando procesos relevantes para erradicar las causas estructurales que permitieron la existencia de un Partido Nacional como el de JOH y, en consecuencia, se estaría alentando la repetición de esta tragedia política si no existe un proceso de justicia y transformación profunda del país y de su sistema democrático. 

En este contexto, los partidos políticos, fundamentalmente LIBRE como partido de gobierno, deben asumir un compromiso con romper la forma de hacer política electoral que fundó el Partido Nacional sobre la base del vínculo con el crimen organizado, impunidad para militares y policías dedicados al narcotráfico, concentración de poder en el sistema de justicia, entre otras. Es imperativo que sea un proyecto popular y auténtico, sobre la base de los principios democráticos, el que se configure como el horizonte de la nueva forma de hacer política que necesita Honduras. 

El juicio de JOH en los EE. UU. no es una narco telenovela más de las que despierta simpatía o rechazo del público hacia el gran protagonista. Ni es un pasatiempo útil para aliviar las crisis emocionales permanentes de nuestro pueblo. Desde el movimiento popular y la ciudadanía honesta debemos asumir el seguimiento de este juicio reconociendo que es el retrato más nefasto de la forma en qué se hace política en el país y de cómo el crimen organizado mundial se hizo de la dirigencia del Partido Nacional y del mismo Estado hondureño, siempre con el propósito de transformar esa realidad. 

¡Queremos paz con justicia y dignidad!

El Juicio a JOH en Nueva York ¿Se juzga a un narcotraficante o se juzga a una forma de hacer política?

La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.

El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.

La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.

Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.