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Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, espacio político que aglutina organizaciones de base, feministas, campesinas, indígenas, estudiantiles y diversidades, ante los hechos suscitados el día de ayer 09 de febrero del 2022 en las comunidades de Tierras del Padre, Azacualpa y Guapinol nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.         Condenamos el actuar de las fuerzas armadas y policiales, en conjunto con el Poder Judicial que respondiendo a los intereses de la oligarquía y los grupos de poder económico han concentrado sus capitales en dichas comunidades para la explotación, desplazando a decenas de familias, contaminando su entorno y medio ambiente, así como generando condiciones de violencia y empobrecimiento, instrumentalizando el derecho penal y procesal para criminalizar a las personas y los pueblos.

2.         Reconocemos que estas acciones judiciales, constituyen una arremetida del capital transnacional y de la construcción institucional de la narcodictadura durante 12 años, que han proporcionado las condiciones de corrupción e impunidad del modelo de desarrollo extractivista en el país, consolidando las relaciones constitutivas propias del capitalismo y de la colonialidad. 

3.         Queda evidenciado que la narcodictadura nos dejó un Estado con profundas relaciones con el crimen organizado, corrupción y empresas transnacionales. Como pueblos sabemos que esta alianza entre poderes y suprapoderes busca imponer los intereses de los patrones y los capitales por sobre la vida misma, generando un contexto de violencia y zozobra que no nos permite vivir bien en nuestras comunidades, barrios y territorios. Ellos son los responsables de una distribución injusta de la riqueza y la violencia contra nuestros bienes comunes.

4.         Saludamos la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque en la comunidad indígena lenca de Tierras del Padre durante el intento de desalojo suscitado ayer. Con cautela, confiamos en la posibilidad de facilitar canales de comunicación interinstitucionales para que hechos como los de ayer no se repitan, lo cual constituye parte de la responsabilidad de estas instituciones.

5.         Exigimos que se creen las condiciones para la justicia y reparación de los pueblos que han sido sistemáticamente violentados en los últimos doce años.  

6.         Recordamos la promesa del Poder Ejecutivo para la exigencia, de libertad para los presos políticos de Guapinol, amnistía para los presos políticos y no más concesiones de proyectos mineros a cielo abierto, de generación de energía y la no renovación de proyectos. El cumplimiento de estas promesas es vital para abrir una nueva etapa en la reconstrucción del país y en las luchas territoriales. Sabemos que estas decisiones no solo recaen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, exigimos que como mínimo se paralicen todos los proyectos extractivos en curso, cuya existencia ha significado la violencia contra los pueblos originarios y poblaciones campesinas.

7.         Demandamos el reconocimiento estatal, principalmente del Poder Judicial, de los títulos ancestrales de la comunidad de Tierras del Padre y de los pueblos originarios en general, así como los fallos judiciales enfocados a la no exhumación y traslado del cementerio en Azacualpa. A estos poderes y a las empresas les recordamos la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

8.         Reclamamos que se investigue y deduzcan responsabilidades a los empresarios Lenir Pérez y Mario Facussé, así como a las empresas, Minerales de Occidente (MINOSA) e Inversiones Los Pinares S.A. De igual manera, exigimos que se investigue a las autoridades municipales de La Unión (Copán), Tocoa (Colón) y Santa Ana (Francisco Morazán) y deducir responsabilidades en los crímenes cometidos ayer contra las comunidades de Azacualpa, Guapinol y Tierras del Padre.

9.         Exhortamos al movimiento social y popular a convocarnos de manera inmediata, activa y permanente a acciones en todo el territorio nacional para continuar exigiendo un alto a la represión y el respeto a la dignidad de los pueblos.

10.       Incentivamos a las organizaciones políticas y sociales a generar espacios de articulación para la defensa territorial y soberana del país, encaminada a la refundación de las estructuras políticas y la construcción de un nuevo Estado enfocado en el buen vivir y vivir bien de las personas.

Asamblea Permanente del Poder Popular Honduras,
 10 de febrero del 2022