Las ZEDES atentan contra la soberanía y biodiversidad ambiental y cultural del departamento de Atlántida

Ante el anunciado despojo de los territorios del departamento de Atlántida, el Movimiento Amplio se posiciona en los siguientes términos:

La narcodictadura dirigida por Juan Orlando Hernández ha instituido las “zonas de empleo y desarrollo” más conocidas como ZEDEs entre las que se incluye el departamento de Atlántida. Aprobadas desde el 2013 inicialmente como “ciudades modelo”, fueron decretadas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de ese período en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones del movimiento social popular y político de la nación. Ante este fallo, de manera virulenta se provocó la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del régimen del que ya era parte Juan Orlando Hernández. Y el único magistrado que estuvo a favor de las tales ciudades modelo, Oscar Fernando Chinchilla, fue premiado nombrándosele ilegalmente como fiscal general de la república, reelegido nuevamente de manera ilegal en el mismo cargo, que ostenta hasta este momento. Es así como las ZEDEs intentan avanzar en el departamento de Atlántida como un cáncer que carcome, contamina y destruye todo a su paso al carecer de asideros legales que limiten la expansión de las mismas.

Atlántida, el departamento más rico en biodiversidad agrícola y silvestre continua condenado a su devastación ambiental como nunca antes. No se respetan áreas protegidas, zonas de reserva de las comunidades, humedales, zonas productoras de agua, campos de cultivos, etc. Con las ZEDEs, se abren las puertas para entregar todo el departamento sin derecho alguno por parte de la población para garantizar su existencia con dignidad y justicia.

Las ZEDEs implican en primer lugar, el despojo de nuestros territorios y demás bienes comunes. En segundo lugar, la humillación hasta la desaparición de los pueblos originarios que hacen del departamento de Atlántida un verdadero crisol de culturas del pueblo hondureño. Las tradiciones de origen Lenca que han pervivido en nuestras comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente. Las comunidades del pueblo Garífuna y sus particulares cosmovisiones. La cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras que han reproducido su cultura con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Todo está condenado a desaparecer, paradójicamente, justo cuando otras culturas y pueblos en otras latitudes de la tierra se aferran a sus tradiciones para subsistir y recrear sus vidas en el contexto de la globalización que nos convoca a todos y todas.

Atlántida no cede a las ZEDEs.

Si los grupos políticos y empresariales se comportan como estamentos de indignidad vendiendo el territorio al mejor postor, Atlántida tiene la obligación de juzgarlos y condenarlos. Estamos llamados a apoyar nuevos liderazgos no contaminados por las mafias que han asaltado los partidos políticos y demás organizaciones alineadas con propósitos similares.

Si las Fuerzas Armadas y policiales se sienten incapaces de detener la clase corrupta y narcotraficante que vende nuestro departamento, la juventud y las generaciones actuales estamos llamados a ser fieles a aquellos que han luchado por nuestra soberanía; desde Morazán y Cabañas hasta el mártir Ramón Fiallos y muchos otros luchadores y luchadoras que han abonado con su sangre la dignificación de nuestro departamento.

Que este cabildo no se quede en una protesta más que choca contra la sordera de quienes nos desgobiernan y sirva para fortalecer el frente común contra las ZEDEs y, más todavía, llamar a la unidad de las organizaciones populares para construir la Honduras que todos y todas anhelamos.

DE LA RESISTENCIA A LA SOBERANÍA CON DIGNIDAD

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

La Ceiba. 18 de junio de 2021

Preocupación en la ONU por los riesgos que podrían generar las ZEDE en Honduras

A través de un comunicado el Sistema de Naciones Unidas dio a conocer su preocupación por los riesgos que generarán las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y que ha tenido el rechazo generalizado de la población y de diferentes sectores del país.

Tegucigalpa, 8 de junio de 2021. El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación respecto al marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.

Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal.

En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE[1]. Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales. 

En este sentido, es de especial preocupación, por ejemplo, la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación. 

Entre otras, las comunidades afectadas por la ZEDE Próspera han denunciado la falta de participación y consulta, así como la falta de acceso a la información sobre el proyecto, generando incertidumbre entre las personas de la zona y afectando en mayor medida a las comunidades afrodescendientes, quienes se encuentran entre los colectivos históricamente más desfavorecidos del país. 

El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.