Reunidos hoy, 29 de octubre de 2022, a la rivera del Río Jilamito, en el marco del Cabildo Abierto y de la Asamblea Popular convocada en este municipio de Arizona, departamento de Atlántida por sus máximas autoridades municipales y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y nutrida con la presencia de hombres y mujeres de todas las comunidades que conforman este municipio y con presencia de representantes de organizaciones sociales de distintas partes del país; planteamos, declaramos y mandamos, especialmente ante el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía presente hoy en este evento, y a todas las instituciones, públicas y privadas, involucradas en el tema de energía, lo siguiente:
1. Que reivindicamos el derecho a nuestra autodeterminación como comunidades en el marco de cualquier iniciativa energética que se piense sobre nuestros bienes naturales y territoriales. Este debe ser un elemento fundamental que marque la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual.
2. El deber de respeto a nuestra autonomía y autodeterminación obliga al gobierno central y a todos los gobiernos locales a acatar la voluntad de nosotros/as como comunidades, cuando hemos decidido que no queremos comprometer nuestra riqueza natural ante proyectos que, en lugar de desarrollo, generan violaciones a derechos humanos. De igual forma, cuando como comunidad decidimos aceptar la instalación de proyectos de energía, la prioridad la tendremos las mismas comunidades y los proyectos deben operar bajo los principios básicos de distribución equitativa de la riqueza que se genera y se permita la participación y la veeduría de nosotras las comunidades para salvaguardar nuestros bienes naturales.
3. El gobierno que administra el Estado hondureño debe dar muestras claras que el tema energético, en el discurso y en la práctica, se maneja bajo criterios que ponen un alto a la corrupción, al endeudamiento, a la privatización de servicios públicos y sobre todo que no se permitirá la entrega del país y sus bienes naturales y territoriales a sectores empresariales nacionales e internacionales, que no tienen otro interés más que el lucro a cualquier costo.
4. Mandamos a la Secretaría de Energía y a la ENEE la cancelación formal del contrato para la generación de energía que afecta las aguas del Río Jilamito. Mandamos también la revocación de todos los actos administrativos que dieron lugar a la criminal concesión sobre este río y mandamos igualmente que el Estado asuma la responsabilidad por todas las afectaciones sufridas en el marco de este proyecto y se establezca desde ya un mecanismo para la reparación de estos daños.
5. Mandamos, una vez más, que las aguas Río Jilamito son patrimonio nuestro y por tanto serán usadas para el proyecto de agua potable para la mayoría de nosotros como pueblo. Reiterando el rechazo a la corrupta y violenta concesión a INGELSA.
6. Saludamos y respaldamos la recuperación del tema de energía como un bien público que debe estar en manos del gobierno y Estado hondureño. Entendemos que este cambio significa un equilibrio frente al abuso que por décadas ha tenido el sector privado y que hoy gracias a la corrupción, la usura y su impunidad se mantiene una deuda que es prácticamente impagable.
7. Saludamos y respaldamos la creación de una Política Pública en el campo energético, sin embargo, para llegar a un consenso en el país, primero debemos conocer la situación real del sector a través de todas sus aristas, una de ellas la económica.
Por ejemplo, ¿nos vamos a seguir endeudando para el pago de los intereses de la deuda con los generadores térmicos?, ¿cuáles son las garantías técnicas, económicas y de transparencia que se están proponiendo en las nuevas licitaciones para la compra de energía… se harán a tiempo?, ¿cuál es la lógica de interconexión con los países vecinos y cómo y a qué costo se financiará? Es decir, para nosotros/as la creación de la Política Pública es un medio, no un fin en sí misma y de nada servirá tenerla si en la práctica el sector energético seguirá siendo el “hoyo fiscal” y con unas cuantas familias más ingresando al negocio de la energía.
8. Las comunidades que hoy estamos presentes en este Cabildo Abierto/ Asamblea Popular DECLARAMOS que nuestra participación no debe verse únicamente a partir de los proyectos de generación de energía presentes en nuestros territorios, sino participar y decidir en todo el proceso energético: generación, transmisión, distribución, facturación y en las responsabilidades macro y microeconómicas que este tema genera en el país.
9. Determinamos que en Honduras una “transición energética justa” tiene que combatir el abuso y la impunidad que existe en este tema, razón por la cual, como Asamblea Popular MANDAMOS, como acto de justicia, la cancelación de todos los contratos de generación de energía manchados de violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos. La justicia implica el enjuiciamiento a todos los actores públicos y privados participes de esa corrupción y otros crímenes. También mandamos y asumimos la responsabilidad de iniciar el proceso de reparación de todos los perjuicios causados a las comunidades en lucha.
¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE!