Señor Asfura,
Diputados/as al Congreso Nacional
Ustedes dan asco.
Honduras no ha terminado de procesar la dimensión de la última masacre en el departamento de Colón, en un conflicto que a todas luces tiene en su esencia la lucha por la tierra de REFORMA AGRARIA, cuando ustedes, al mejor estilo de las hienas, aprueban en primer debate una nueva ley para “fortalecer y proteger” a sus amigos los agroindustriales, que son responsables, en gran parte, del asesinato de miles de campesinos no solo en El Aguán sino en todo el país.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), lo hemos dicho siempre: los asesinatos contra campesinos están relacionados con sicarios contratados por las principales empresas agroindustriales, vinculadas al crimen organizado, y que tienen en todos los gobiernos, de TODOS los partidos, personas e instituciones que resguardan su impunidad.
Por esta razón es alucinante que en esta nueva LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL se proponga construir “paz social” a partir de desalojar, criminalizar, castigar la protesta de los y las campesinas que reivindican su derecho a la tierra, especialmente en zonas declaradas para la REFORMA AGRARIA y que están siendo invadidas por los agroindustriales.
Concretamente, sobre este repugnante dictamen, a todas luces elaborado por la mafia agroindustrial indicamos:
- Esta nueva ley es el “tiro” final para la Reforma Agraria. La ley busca consolidar el modelo latifundista empresarial impuesto mediante corrupción, violencia, criminalización y sangre campesina. Profundiza los privilegios para quienes históricamente han acaparado miles de hectáreas de tierra en abierta contradicción con la Constitución hondureña, que establece el carácter imperativo de la reforma agraria y prohíbe expresamente el latifundio.
Para el MADJ es un insulto a la inteligencia, a la dignidad y a la constitucionalidad hondureña que empresas del grupo Dinant, los ingenios azucareros y otras corporaciones, continúen concentrando miles de hectáreas de tierra obtenidas bajo esquemas corruptos e impuestos a sangre, fuego y criminalización. - Criminaliza y castiga las expresiones populares que defienden su derecho a la tierra: Esta ley pretende castigar y perseguir a quienes defienden el derecho a la tierra, al territorio y a la dignidad. Se estigmatiza la protesta social y la convierte en delito, de forma clara, el Gobierno de Nasry Asfura declara como enemigos a todos/as los que decidamos proteger y luchar por nuestros derechos.
- Profundiza el modelo de exclusión, pobreza, migración y muerte: Este golpe legislativo deja por fuera nuevamente a más de 350 mil familias que carecen de una parcela de tierra para sobrevivir, condenándolas a la miseria, el desplazamiento forzado, dentro y fuera del país, en contraste incrementa la protección de sectores como los agroindustriales que gozan de diferentes beneficios que van desde la exoneración de impuestos para la compra de insumos y servicios, eliminación de aranceles para sus exportaciones, financiamiento y apoyo directo a partir de los recursos públicos…y a cambio tenemos que el 97% del empleo que estos brindan es temporal y mal remunerado, además de la violencia que generan.
Tampoco disfracen su corrupción, avaricia y violencia queriendo hacer creer que el sector agroindustrial garantiza la seguridad alimentaria de la población, todo lo contrario, Honduras gracias a ellos es incapaz de producir, ni siquiera, los frijoles y el maíz que consumimos, porque las tierras de REFORMA AGRARIA las han utilizado para sembrar palma africana, caña de azúcar, piña, etc - Violenta la autonomía municipal y territorial: Se violentan las capacidades de decisión de los municipios y de las comunidades sobre sus territorios, subordinando el interés colectivo a los negocios de grupos económicos vinculados al agronegocio y al despojo territorial, al establecer que se prohíbe la emisión, aplicación o ejecución de disposiciones administrativas que obstaculicen, restrinjan o contradigan el desarrollo de las actividades agroindustriales, incluidas las de los Planes de Arbitrios Municipales que sean incompatibles con las licencias de operación y ambientales vigentes.
- Es una ley que violenta la independencia de poderes, al obligar al Poder Ejecutivo y Judicial a ser simples aplicadores o títeres de los mandatos de grupos económicos del país, bajo una lógica imperial, convirtiendo a las instituciones públicas en instrumentos al servicio de intereses privados. El abuso de esta ley llega al grado de amenazar a los funcionarios a que cualquier omisión, retardo, actuación negligente constituirá una falta grave y generará responsabilidad personal
En resumen, denunciamos que esta ley constituye un ataque directo a normas constitucionales y principios fundamentales, representando un intento perverso de disfrazar de legalidad los intereses de las mafias económicas y agroindustriales que gobiernan nuestro país.
Llamamos a resistir esta nueva ofensiva autoritaria y a defender el mandato histórico de recuperar las miles de hectáreas robadas al Estado, a las familias campesinas y al pueblo hondureño. La tierra debe cumplir una función social y estar al servicio de quienes la trabajan, no de mafias económicas que han construido su riqueza sobre el despojo y la sangre.
Frente al avance del autoritarismo y del latifundio, la organización y la lucha popular siguen siendo el camino.
¡Vivan los Movimientos Campesinos, NO AL LATIDUNDISMO!
¡Hasta la Dignidad Siempre!