Señoras y señores del Gobierno,
Hoy centenares de familias campesinas e indígenas de diversos territorios a nivel nacional hemos venido nuevamente a Tegucigalpa a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde… somos sus legítimos dueños y no las empresas agroindustriales que ustedes defienden.
Hoy venimos a exigir a nombre de los centenares de compañeros /as campesinos /as que han sido asesinados por defender su tierra, cuyas muertes TODAS siguen impunes, que pasen de sus discursos bonitos y de sus nuevos actos proselitistas a acciones concretas…queremos que este gobierno que se dice ser del “Socialismo Democrático” cumpla de una vez por todas con su promesa de dar y asegurar la tierra para el sector campesino.
La única iniciativa integral para el sector agrario ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, bajo una lógica policial y militar, que finalmente confirma a la luz de los más de 40 desalojos que se han realizado a lo largo de este año, se convirtió en una comisión de represión a las familias campesinas y de aseguramiento de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
Para nosotros es evidente que es la cúpula del gobierno la que direcciona la problemática de tierras en el país, y que el papel nefasto de instituciones como el INA tiene la venia de Casa Presidencial, que hoy en día es la responsable directa de los desalojos, de los centenares de familias que no solo han sido desterradas, sino desechadas, tiradas a cualquier lugar, campos llenos de alimentos han sido arrasados sin importarles el hambre de nuestras familias, nos tienen con decenas de órdenes de captura, con campesinos y campesinas con medidas cautelares huyendo de su entorno….
Señoras y señoras del gobierno ese es el fracaso de la política agraria que ustedes impulsan y que les exigimos que sea reformada…
Y un hecho básico e inicial para recomponer el campo agrario pasa por la separación del cargo y de esa comisión del Director del INA por su complicidad y favoritismo con los sectores industriales, y en el caso de las disputas de tierras en territorio indígena simplemente rehuir el tema… necesitamos mínimamente que esta Comisión de Seguridad Agraria funcione para sentir que avanzamos.
Sabemos que la obligación de respetar nuestro derecho a la tierra es un trabajo que debe ser garantizado por diversas instituciones, por esta razón nos dirigimos a algunas de ellas en los siguientes términos:
A la Corte Suprema de Justicia/:
Le exigimos resolver los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y derogar la utilización de figuras penales como el desalojo preventivo y la usurpación como mecanismo para criminalizar la protesta pública y para desmovilizar y castigar a quienes defendemos la tierra, el territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.
Indicamos que el silencio de la Corte en este tema es un silencio cómplice que esta provocando que decenas de compañeros/as se nos criminalice, tengamos órdenes de prisión y que llenemos los juzgados del país, solo por seguir las órdenes de empresas y empresarios, nacionales e internacionales, violentos y corruptos.
De igual forma les exigimos que dejen de criminalizarnos y llevarnos ante los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia Penal exhibiéndonos como si nuestra lucha por la tierra fuera un delito del crimen organizado.
La gestión de esta nueva CSJ ya avanzó, sin embargo, al igual que en el Poder Ejecutivo, las actuaciones, los fallos y las reformas impulsadas hasta el momento se limitan a la superficialidad de los problemas de justicia que tiene nuestra Honduras, los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de figuras penales que favorecen el uso abusivo del derecho penal y la criminalización de la protesta simplemente no se aborda.
A Casa Presidencial:
Señora Presidente …. qué debemos esperar de usted y en general de su gobierno?
Muchos de nuestros compañeros y compañeras votaron por usted y sus promesas de campaña, confiamos en su programa de gobierno, pero a la mitad de su mandato, el sector campesino en lugar de avanzar, hemos retrocedido.
Al sector campesino, en estos dos años y medio de su gobierno, nos han seguido asesinando compañeros. Solo al Aguán en este 2023 le han asesinado 10 líderes, en el país se han ejecutado más de 40 desalojos y son aproximadamente 3000 familias las que se han quedado sin nada: sin tierra, sin cultivo, sin casa, sin enseres domésticos…
Los que defendemos la tierra y territorio seguimos poniendo el pecho y la sangre frente a los grupos de poder y las élites económicas que siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector agroindustrial.
Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento, pero ya es tiempo de superar este discurso y asumir con acciones reales la nueva realidad del país…ya tienen mayoría en todas las instituciones, por lo tanto, ya no tienen ninguna excusa para no actuar.
Al Instituto Nacional Agrario
Denunciamos el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria en manos del director del INA, Francisco Funes, sobre el cual exigimos su inmediata destitución como cabeza de esa institución y de la comisión.
Creemos que los espacios de encuentro, investigación y análisis como la Comisión de Seguridad Agraria aún pueden cumplir un papel importante para hacer justicia en el tema de tierras, pero es indispensable que no existan presiones, favoritismos, negociaciones ocultas entre la institucionalidad y los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales.
El objetivo principal de la comisión es investigar la tenencia de la tierra, no tramitar las solicitudes de desalojo de parte de las empresas agroindustriales, este y ningún otro debe ser énfasis del trabajo a desarrollar.
Las familias campesinas, los indígenas NO SOMOS EL PROBLEMA en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente. Ya hemos demostrado y seguiremos demostrando que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos los que han querido desconocerlos.
A la Embajada de EEUU
Denunciamos la presión y el poder que ejerce la embajada de los Estados Unidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial para favorecer a las empresas que están atacando a los sectores populares y a nuestro sector campesino e indígena.
Puntualmente denunciamos a cuatro estructuras corporativas que sabemos que tienen el respaldo de la embajada estadounidense: Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA), Standard Fruit Company, Azucarera del Norte (AZUNOZA), Aura Minerals Inc./Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) y LACHANSA.
Todas estas empresas son las que verdaderamente se están apropiando de nuestro territorio y ordenando la ejecución de desalojos y se oponen a que se investigue el procedimiento mediante el cual obtuvieron las tierras que ocupan y que están llenas de abuso y corrupción.
Al Congreso Nacional
Desde el inicio de la instalación de este congreso, hemos exigido de los diputados y las diputadas decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan los abordajes personal-político- partidarios, frente a temas como la justicia, la credibilidad institucional y la legislación honesta, que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.
De diversos modos hemos alzado la voz para que eliminen los cálculos personales, de grupos y partidos para que puedan marcar una diferencia real con el Congreso anterior y brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria, pero no, acudimos a un espacio que profundiza la crisis de gobernabilidad en Honduras.
Señores diputados y señoras diputadas, así como han demostrado habilidad y determinación para hacerse de las instituciones que son de su interés, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los sectores populares, campesinos e indígenas que hoy concurrimos a este Congreso del Pueblo.
Bloque Popular, Campesino e Indígena.
Plataforma Dignidad
Plataforma Agraria del Aguán
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad
Asociación de Desarrollo en Defensa del Territorio y Sociedad Civil del municipio de Namasigüe
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Pueblo Indígena Lenca de Reitoca
Patronato de la Residencial “Los Castaños de Choloma”
Radio Dignidad
Central Nacional de Trabajadores del Campo-El Progreso
Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del Departamento de Yoro
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH)
Consejo Indígena Lenca Renacer de Marcala, La Paz.
Pueblo Tolupán de Honduras en Resistencia
Asociación de Juntas de Agua de Sabá
