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Pueblos indígenas de Honduras piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atender impactos diferenciados de emergencia climática en sus comunidades

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  • Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
  • Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática. 

En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.

Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.

Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.

Amicus Oral

Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas. 

También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones. 

Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.

Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.

Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de  Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.

En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas. 

*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.

Contacto para prensa:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

  • Ileana Morales

ileanamorales2003@yahoo.com.mx

  • Víctor Fernández

sanjuanvic@yahoo.com

¡ALTO AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO!

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¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!

El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel. 

  1. Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
  2. Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
  3. Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
  4. Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.

Tegucigalpa, Honduras, 20 de noviembre de 2023. 

¡202 años de gritos de sirena, colonialismo interno y de una falacia llamada independencia!

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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sus núcleos territoriales y liderazgos a nivel nacional, en el marco de las celebraciones de los 202 años de in-dependencia patria nos pronunciamos en los siguientes términos:

  1. Necesitamos reconstruir desde las miradas populares los acontecimientos que llevaron a la conformación de los Estados nación modernos centroamericanos en el año 1821, para superar el idilio y romanticismo con una independencia y una patria que nunca han sido nuestras.  Asumir la historia desde la arista de las mayorías excluidas nos dará el horizonte para comprender la independencia como una construcción cotidiana constante que debemos asumir en todos los niveles de relacionamiento interno y externo. Lo que ahora tenemos y celebramos no es independencia ni es patria, es el proyecto de Res-publica que pilotaron las elites criollas tomando como ejemplo la colonización europea. Esta herencia es la que organizó el Estado, la sociedad, la vida misma, los modos de relación con la naturaleza y con los pueblos no occidentales, desde la lógica de jerarquización, encubrimiento, inferiorización, instrumentalización y despojo. Las estructuras de nación y gobierno que ahora conocemos conservan en términos generales el mismo orden interno instaurado por la colonia con el matiz de ser territorios declarados políticamente independiente.
  2. Hemos sido fundados como sociedad en márgenes de violencia, exclusión, monopolio y la crisis es una herencia permanente. La celebrada acta de independencia reza en sus líneas principales que “el Señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” centralizando de esta manera los destinos de la nación desde su primer momento a las élites económicas, políticas y militares. Inmediatamente acaecida la independencia apareció en el horizonte político EE. UU quien en 1823 formuló la doctrina Monroe que en su aforismo “América para los americanos” resume su intervencionismo y tutela de las naciones centroamericanas, sobre todo de Honduras, donde existe una nulidad de decisiones soberanas internas, en una sociedad manejada por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 200 años como patio/trasero.  Hoy más que nunca necesitamos hacer patria y asumir la cotidianidad como septiembre, como un tiempo para hacer efectiva la independencia real; la del pueblo.
  3. Septiembre es tiempo oportuno para apelar a la conciencia y a la acción, para romper con el modelo de gobernanza y estratificación de la sociedad basado en el dominio, la exclusión, el despojo y mercantilización de la vida. En el marco del gobierno de la refundación las escuelas y colegios salen a desfilar mientras siguen sin infraestructura, sin servicios básicos, sin merienda escolar, retraso en pago de salarios a docentes ni libros de texto. Hay comunidades que no tienen escuelas ni maestros. Además, una sociedad enferma y hambrienta no puede declararse independiente. Los hospitales y unidades rurales de salud siguen desabastecidos de medicamentos mientras las farmacéuticas y centros privados de atención se lucran con la enfermedad del pueblo en complicidad con la negligencia del gobierno.
  4. Repudiamos la remilitarización del país porque estamos seguros de que una cultura de paz y refundación no se implanta por la vía de la fuerza. porque es vergonzoso que mientras se destinan mayores presupuestos a cuerpos de seguridad estatal, la inseguridad ciudadana crece, así mismo los índices de pobreza, migración, vulnerabilidad climática y corrupción y violencia. Desde nuestra base exigimos cese a la represión, desalojo y persecución al campesinado, a los liderazgos que defienden los bienes comunes, la tierra y el territorio. Pedimos justicia para todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados por la defensa de sus derechos, la soberanía territorial y su compromiso con una sociedad hondureña distinta a la que narcos, políticos y empresarios nos han impuesto.
  5. Este día es imprescindible señalar que la independencia y la no injerencia, no solo es una cuestión de relación de Honduras con otros estados o potencias sino principio infaltable de la democracia, por ello, en el proceso de elección del Fiscal general y su adjunto denunciamos el manoseo, la negociación y el asedio político partidario de los grupos de interés por controlar esta institución y asegurar sus pactos oscuros.  Seguimos con un índice de impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. Se nos sigue negando el derecho a la justicia y los entes responsables de legislar para el bien de la población continúan encarnando la cultura del filibustero.
  6. Celebramos los ejercicios de auténtica independencia, autodeterminación, poder comunitario y autogobierno que pueblos y territorios movilizados hemos logrado construir pese a la presión de la narco-dictadura y en el contexto actual entre las mieles de las promesas del gobierno del socialismo democrático. Estos ensayos de construcción colectiva del bien común son la clave para el surgimiento de otras narrativas, alternativas y procesos que estamos convencidos cristalizarán en pactos de gobernanza inclusivos, populares, democráticos y auténticos procesos de emancipación política y económica.
  7. Junto a Morazán, en la alta noche, como pueblo debemos seguir vigilantes porque el enemigo ha crecido junto a nosotros. Su rostro y lógica de saqueo colonial vigente, corrupto e impune, lo representan actualmente el COHEP y el grupo de familias que han elevado sus fortunas a costa de la evasión fiscal y su corrupción generadora del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la hondureñidad. Hoy que son descubiertos y denunciados reaccionan con la misma violencia del invasor colonial, ante lo cual el decrépito Estado hondureño no tiene ninguna fuerza, ni independencia para hacerles justicia. Ellos son el tigre del poema de Neruda, que enarbola el hacha y le come al pueblo sus entrañas.
  8. Como organización popular con presencia en gran parte del territorio nacional nos declaramos en construcción constante de independencia. Seguimos luchando frontalmente contra las elites político-empresariales que han afianzado los pactos de corrupción e impunidad, que han entregado territorios y comunidades al capital nacional y extranjero obedeciendo a la estructuración del neoliberalismo que encuentra en las economías criminales, la violencia y la ilegalidad una rentabilidad clave para su robustecimiento.
  9. Junto a los distintos pueblos originarios de Honduras, dueños legítimos de esta patria nos declaramos en constante reivindicación de sus derechos. Exigimos al estado de Honduras garantizar la seguridad sobre sus tierras y territorios, el derecho al desarrollo social, económico y cultural, así como el respeto y promoción de su autonomía. El grito de independencia que elevamos hoy es el de nuestros hermanos negros que sigue desafiando los oprobios del poder colonial. El grito desafiante de los pueblos Tolupanes, Lencas, Maya Chortí, Misquitos, Tawahka, Nahual y Pech, que segregados a las montañas y de las decisiones de país, construyen modelos de comunidades dignas, nunca sometidas al látigo, al grito y a la espada.
  10. Como organización con una trayectoria de 15 años de lucha, septiembre nos mueve a ratificar nuestro compromiso con todas las luchas libertarias de todos los pueblos, nos mueve hacia la permanente búsqueda y promoción de la unidad y articulación de las organizaciones del movimiento social y popular hondureño, para que construyamos colectivamente el nuevo modelo de país soberano, popular e independiente. Para que, desde ya, ejerzamos una práctica política unificada que rectifique la práctica ignominiosa de saqueo, exclusión y muerte implantada por cinco siglos de dominio colonial, criollo, elitista y mercantil. Para que reivindiquemos los derechos y la dignidad de todas las personas y pueblos que conformamos Honduras.

¡No hay refundación, ni independencia, ni patria; sin memoria, sin justicia y sin participación del pueblo!

¡Movimiento Amplio por la Dignidad y la justicia!

San Pedro Sula, 15 de septiembre de 2023.

Bloque Popular Campesino e Indígena

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¡A defender nuestra tierra!

Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena para defender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:

  1. Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.

Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.

Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.

  • Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.

A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.

Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.

El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.

La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.

3.      Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas

La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.

4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:

a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.

b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.

c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.

d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.

Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Plataforma Agraria del Aguan.

Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).

Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.

Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).

Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).

Sector Tacamiche.

Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.

Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).

En el 15 aniversario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia:

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PROCLAMA DEL MAYO POPULAR

El 24 mayo de 2008, en el marco de la histórica Huelga de Fiscales, varios miles de personas, en estos mismos bajos del Congreso Nacional, decidimos darle vida al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para que tomara raíz organizativa, propositiva y libertaria en cada parte del territorio nacional donde hubiera dolor y amor por la patria y existiera la necesidad de seguir luchando contra la corrupción, los corruptos con rostro y nombre, contra sus estructuras y sus formas de operar y saquear el país.

La sólida militancia del MADJ, durante estos 15 años, en medio de múltiples tareas impuestas por la realidad del país, no ha dejado de asumir este hermoso imperativo popular y hoy anunciamos nuestra presencia orgánica y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras.

En paralelo, en estos 15 años de existencia del MADJ, las nefastas dirigencias económicas y políticas de Honduras ejecutaron un golpe de Estado, burlaron la voluntad popular en reiterados fraudes electorales, asesinaron, criminalizaron y desterraron a centenares de liderazgos sociales; afianzaron la entrega del territorio, la riqueza y la institucionalidad al gran capital que también es expresión del crimen organizado nacional y transnacional.

La lucha por la Dignidad y la Justicia que ha encarnado el MADJ en este período, le permitió ser parte activa de la resistencia popular contra el golpe de Estado, de la lucha contra el indignante asalto al Seguro Social, contribuyó a la fundación de otros espacios organizativos para librarnos de la narcodictadura y sus burlas electorales, aportó certeramente a la demanda y conquista de justicia contra la estructura empresarial criminal que asesinó a Bertita Cáceres, sumó activamente a la defensa popular de los derechos a la educación y a la salud, volvió cotidiana su agenda de intensa lucha contra centenares de concesiones del territorio nacional y de la digna y patriótica resistencia en contra de las ZEDEs. Y en pleno azote de la pandemia del coronavirus y de los corruptos, nuevamente volvimos a convocar y a sumarnos a la movilización, a la acción política, técnica y humana para evitar los atropellos a la dignidad de la gente.

En este 15 aniversario del MADJ, tras cerca de dos años de la derrota popular electoral del golpismo narcotraficante y corrupto que cruzó toda la existencia de nuestra organización, reconociendo el notorio contraste que nos implica vivir en lucha permanente por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente, mientras actualmente la élite económica y política nos ha heredado un país en el que 7 de cada 10 compatriotas vivimos en el umbral de la pobreza, junto a nuestra militancia ante nuestro pueblo y ante la humanidad entera reafirmamos que:

1. Celebramos la existencia del MADJ como espacio autónomo del movimiento popular hondureño, con presencia y agenda de lucha real en la mayoría de los departamentos del territorio nacional. En articulación fraterna y respetuosa con otras organizaciones a lo largo y ancho del país y del mundo.

2. Reconocemos que la victoria más grande del MADJ en estos tiempos del imperio del mercado, de los cálculos miserables, de las confusiones del ascenso al poder y de tantas otras bajezas, es jamás haber entregado la bandera de la dignidad y más bien, habernos aferrado a ella como la más hermosa e inalienable utopía popular.

3. Confiamos haber aprendido y asumido, en coherente militancia, la práctica de la solidaridad con todos los espacios que nos ha sido posible, como lo hicimos con los estudiantes reiteradamente criminalizados y vejados en sus derechos, las familias campesinas expulsadas y violentadas de su derecho a la tierra, con los obreros y obreras en sus justas demandas por mejores condiciones de trabajo, con las mujeres y las diversidades y divergencias sexuales, con las comunidades rurales y urbanas y con los pueblos originarios en defensa de su propia visión de la vida y el mundo, como nos mandó la desafiante proclama del 14 de mayo de 2008.

4. Somos una organización que incomoda a las élites del poder y para todos aquellos espacios sociales que no se comprometen de manera honesta con la defensa de derechos. Los ejercicios de lucha popular también definieron al MADJ como un espacio incómodo para propios y extraños, por la intensidad del proceso y porque todas las causas madjtianas no admiten abandono, ni autoabandono, autocompasión, pesares y otras formas de derrota moral. La militancia del MADJ sigue cargando con la responsabilidad de entender la lucha como un privilegio al servicio de la dignidad.

5. Tras la derrota electoral del pueblo contra el golpismo corrupto narcotraficante, el MADJ se reafirmó como un espacio antigolpista, anti bipartidista, intolerante con las prácticas de los capos de la política, la economía y el crimen organizado. Hoy, ante la administración de Xiomara Castro, el MADJ conserva intacta su lucha y su palabra libre y crítica con una administración de gobierno que, aunque la elegimos y promovimos como parte del pueblo, en muchos aspectos todavía mantiene los privilegios y hace negociaciones con los grupos empresariales que han atacado la base de nuestra organización como terratenientes, banqueros, agroindustriales, empresarios de la energía y encumbró a militares y policías golpistas que son los eternos agresores de la hondureñidad.

6. Reconocemos con sustancial frustración que nuestra organización nació hace 15 años para luchar porque instituciones como el Ministerio Público (MP) no se convirtieran en un instrumento del poder corrupto de la nación, como lo es hoy. Esa institución, junto al Poder Judicial y otras, han profundizado su condición de tapaderas de múltiples formas de crimen y perseguidores del pueblo hondureño digno. Es una vergüenza patria que varias decenas de criminales del narcotráfico, incluyendo el expresidente Juan Hernández, hayan sido extraditados a USA y ni el MP, ni la justicia hondureña nunca, ni siquiera, les abrió investigación alguna. Es indignante que casi todas las causas impulsadas desde la MACCIH-UFECIC-UFERCO, que demostraron la presencia de la corrupción en los altos círculos del poder económico y político, hayan terminado en simples escándalos y burlas para el pueblo hondureño víctima del saqueo oficial.

15 años después, entre luchas y victorias dignas, autónomas, soberanas, y entre frustraciones que nos imponen el deber de convertirlas en motores de esperanza para seguir andando el sendero de la dignidad indicamos que:

A. Celebramos con profunda alegría y compromiso que el MADJ nos enseñó, para siempre, a asumir lo público, lo comunitario, lo nacional y lo planetario como una tarea permanente y prioritaria. Andamos convencidos y convencidas que cada una de nuestras cotidianas acciones de lucha por la dignidad impactan y configuran una organización, un país y un mundo con menores injusticias y asimetrías.

B. Abrazamos la novedad que traen los nuevos tiempos, nos abrimos a todas las luchas emergentes y divergentes, conservando la identidad y coherencia ética como patrimonio heredado y defendido por la militancia del MADJ.

C. Reivindicamos nuestro ser como movimiento popular, construido por comunidades de vida, en resistencias y en victorias.

D. Renovamos nuestro compromiso de seguir profundizando el proceso organizativo de base que ha promovido, sostenido y seguirá sosteniendo el proyecto político del campo popular en Honduras.

E. Avanzamos y nos comprometemos a seguir mejorando en sólida articulación con todos los espacios, territorios, organizaciones y comunidades como ya lo hacemos con nuestra hermandad territorial que ya cubre gran parte del territorio nacional.

F. Proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando por desbaratar los planes de la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, que pretende seguir entregando y saqueando la riqueza y la dignidad nacional.

G. Reafirmamos nuestro compromiso por la refundación propia, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y por la refundación real de la sociedad y el Estado hondureño

H. Asumimos el internacionalismo, la solidaridad y el encuentro con otros pueblos del mundo, para hacer causa común en la defensa del planeta ante la depredación imperialista, neoliberal, capitalista y patriarcal.

I. Proclamamos para siempre nuestra opción y determinación de asumir, respaldar y hacer nuestras las causas justas por la Dignidad y la Justicia de cualquier territorio, comunidad u organización en el país y el mundo.

J. Conmemoramos este 15 aniversario en movilización, articulación y en asamblea popular, en reflexión y debate sobre el país digno que estamos construyendo, en los mismos bajos del Congreso Nacional.

Compañeros y compañeras,

El MADJ inicia un nuevo ciclo por la dignidad y la justicia, a favor de nuestro pueblo; el más hermoso y honesto, que se unió hace 15 años para elevar la voz de la justicia y en contra corrupción, con él nos comprometemos a que cada una de las acciones organizativas sea una certera reafirmación que en el MADJ somos y seguiremos siendo más sustancia que forma y más hechos que declaraciones.

24 de mayo de 2023.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia Participó en Encuentro Internacional Sobre “Transiciones Socio Ecológicas Justas: Fronteras y Horizontes Comunes”

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El encuentro se llevó a cabo en Cholula, Puebla, México, del 24 al 26 de octubre, convocado por la “Fundación Rosa Luxemburgo”. Participaron representaciones de organizaciones sociales y populares del caribe, norte, centro y sur América, para debatir sobre la transición energética justa que necesitan los pueblos y no la que impone el capital.

El objetivo del encuentro fue, Construir una mirada crítica latinoamericana, desde el campo popular. Según los organizadores, este debate constituye un reto porque nuestros análisis suelen tener el límite metodológico de estar anclados en experiencias locales y/o nacionales, que se relaciona también con el problema de la escala en la que proyectamos y construimos alternativas.

En el encuentro se debatió sobre los escenarios energéticos actuales, el ensanchamiento o imposición del litio y el hidrógeno y se respondieron interrogantes sobre la naturaleza, desafíos y los múltiples efectos sobre la forma de extracción de estas fuentes de energía. también se profundizó sobre los procesos de transformación de la matriz, planes energéticos de transición y adaptación al cambio climático, proyectos mineros, los cambios políticos, el aumento de hidrocarburos, y las perspectivas feministas, antipatriarcales, anti extractivistas y anticapitalistas en la lucha por una transición energética justa.

En este espacio también se aprovechó para advertir y seguir asumiendo la responsabilidad que tienen las organizaciones y movimientos sociales en relación al modelo energético hegemónico y la necesidad de seguir apostando por la construcción popular en el campo de la energía.

Sobre Honduras, nuestra representación destacó que lo que podemos llamar transición energética andatransita por la recuperación de la soberanía del Estado  en el control del modelo energético privatizado, el impulso de una política nacional de energía, las iniciativas de electrificación rural, el subsidio de la energía, la revisión y recisión de contratos a generadores privados, el impulso de nuevas represas y el reclamo de espacios como el MADJ para que en el tema energéticos se respete la autodeterminación de los pueblos y que la democratización implique la participación popular decisisa en todas las fases del proceso energético (Geneación, transmisión, comercialización, facturación; incluyendo el debate micro y macroeconómico de la energía)

Desde el Movimiento Amplio reconocemos y agradecemos a la Fundación Rosa Luxemburgo y las demás organizaciones participantes por la invitación a este encuentro y por haber desarrollado una serie de temas y discusiones que nos actualizan y nos recuerdan la responsabilidad inmediata que tenemos en relación con la transición energética desde una perspectiva popular.

Queremos energía para nuestras comunidades, pero con justicia y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza

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Reunidos hoy, 29 de octubre de 2022, a la rivera del Río Jilamito, en el marco del Cabildo Abierto y de la Asamblea Popular convocada en este municipio de Arizona, departamento de Atlántida por sus máximas autoridades municipales y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y nutrida con la presencia de hombres y mujeres de todas las comunidades que conforman este municipio y con presencia de representantes de organizaciones sociales de distintas partes del país; planteamos, declaramos y mandamos, especialmente ante el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía presente hoy en este evento, y a todas las instituciones, públicas y privadas, involucradas en el tema de energía, lo siguiente:

1. Que reivindicamos el derecho a nuestra autodeterminación como comunidades en el marco de cualquier iniciativa energética que se piense sobre nuestros bienes naturales y territoriales. Este debe ser un elemento fundamental que marque la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual.

2. El deber de respeto a nuestra autonomía y autodeterminación obliga al gobierno central y a todos los gobiernos locales a acatar la voluntad de nosotros/as como comunidades, cuando hemos decidido que no queremos comprometer nuestra riqueza natural ante proyectos que, en lugar de desarrollo, generan violaciones a derechos humanos. De igual forma, cuando como comunidad decidimos aceptar la instalación de proyectos de energía, la prioridad la tendremos las mismas comunidades y los proyectos deben operar bajo los principios básicos de distribución equitativa de la riqueza que se genera y se permita la participación y la veeduría de nosotras las comunidades para salvaguardar nuestros bienes naturales.

3. El gobierno que administra el Estado hondureño debe dar muestras claras que el tema energético, en el discurso y en la práctica, se maneja bajo criterios que ponen un alto a la corrupción, al endeudamiento, a la privatización de servicios públicos y sobre todo que no se permitirá la entrega del país y sus bienes naturales y territoriales a sectores empresariales nacionales e internacionales, que no tienen otro interés más que el lucro a cualquier costo.

4. Mandamos a la Secretaría de Energía y a la ENEE la cancelación formal del contrato para la generación de energía que afecta las aguas del Río Jilamito. Mandamos también la revocación de todos los actos administrativos que dieron lugar a la criminal concesión sobre este río y mandamos igualmente que el Estado asuma la responsabilidad por todas las afectaciones sufridas en el marco de este proyecto y se establezca desde ya un mecanismo para la reparación de estos daños.

5. Mandamos, una vez más, que las aguas Río Jilamito son patrimonio nuestro y por tanto serán usadas para el proyecto de agua potable para la mayoría de nosotros como pueblo. Reiterando el rechazo a la corrupta y violenta concesión a INGELSA.

6. Saludamos y respaldamos la recuperación del tema de energía como un bien público que debe estar en manos del gobierno y Estado hondureño. Entendemos que este cambio significa un equilibrio frente al abuso que por décadas ha tenido el sector privado y que hoy gracias a la corrupción, la usura y su impunidad se mantiene una deuda que es prácticamente impagable.

7. Saludamos y respaldamos la creación de una Política Pública en el campo energético, sin embargo, para llegar a un consenso en el país, primero debemos conocer la situación real del sector a través de todas sus aristas, una de ellas la económica.

Por ejemplo, ¿nos vamos a seguir endeudando para el pago de los intereses de la deuda con los generadores térmicos?, ¿cuáles son las garantías técnicas, económicas y de transparencia que se están proponiendo en las nuevas licitaciones para la compra de energía… se harán a tiempo?, ¿cuál es la lógica de interconexión con los países vecinos y cómo y a qué costo se financiará? Es decir, para nosotros/as la creación de la Política Pública es un medio, no un fin en sí misma y de nada servirá tenerla si en la práctica el sector energético seguirá siendo el “hoyo fiscal” y con unas cuantas familias más ingresando al negocio de la energía.

8. Las comunidades que hoy estamos presentes en este Cabildo Abierto/ Asamblea Popular DECLARAMOS que nuestra participación no debe verse únicamente a partir de los proyectos de generación de energía presentes en nuestros territorios, sino participar y decidir en todo el proceso energético: generación, transmisión, distribución, facturación y en las responsabilidades macro y microeconómicas que este tema genera en el país.

9. Determinamos que en Honduras una “transición energética justa” tiene que combatir el abuso y la impunidad que existe en este tema, razón por la cual, como Asamblea Popular MANDAMOS, como acto de justicia, la cancelación de todos los contratos de generación de energía manchados de violencia, corrupción y violaciones a derechos humanos. La justicia implica el enjuiciamiento a todos los actores públicos y privados participes de esa corrupción y otros crímenes. También mandamos y asumimos la responsabilidad de iniciar el proceso de reparación de todos los perjuicios causados a las comunidades en lucha.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán

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La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:

1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.

2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.

3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público

4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.

5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.

6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:

a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.

b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.

c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.

Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad

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El grupo venezolano “Los Guaraguao” visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico

Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.

Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.

La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.

El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.

Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.

Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.

Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.

Carta Pública: Urge la intervención del Ministro de MiAmbiente para detener la violencia contra el pueblo indígena Maya Chortí

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Honduras, 23 de febrero de 2022

Señor Lucky Medina Estrada

Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE)

En 2014 tras una marcada historia de resistencia comunitaria frente a la violencia ejercida por la empresa minera Aura Minerals/MINOSA, la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, La Unión, Copán, inició un proceso de defensa de su cementerio comunitario. En 2015 mediante Cabildo Abierto se determinó que el cementerio comunitario es patrimonio cultural y, por tanto, no se permitirían las exhumaciones, ni su destrucción. Pese a esto, la empresa minera junto con la Municipalidad de La Unión y la Secretaría de Salud iniciaron procesos de exhumación en el cementerio.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) asumieron, en conjunto con la comunidad Maya Chortí, la dirección política y jurídica de la defensa del territorio y del cementerio. Así, se instaron recursos legales que culminaron en dos sentencias judiciales[1] que protegen el cementerio de la destrucción e implican su reparación.

Pese a dos sentencias judiciales, la minera junto con funcionarios regionales y nacionales de diferentes instituciones han impulsado la destrucción del cementerio al punto casi de su total desaparición. En los últimos días ingresó maquinaria pesada de la minera en el cementerio y, según reportes, esto corresponde a la preparación de detonaciones/voladuras en el camposanto, lo que consumaría su destrucción y se avanzaría hacia la devastación del caserío de la comunidad que está inmediatamente a la par.

Señor Lucky Medina,

A 27 días del anuncio de su nombramiento como ministro de MIAMBIENTE, la empresa Aura Minerals/MINOSA avanza impunemente hacia la destrucción acelerada del cementerio maya chortí de Azacualpa y hacia la devastación de toda vida natural en la zona. Frente a lo que ocurre, desconocemos su postura y, por tanto, le instamos públicamente a que, en representación del Estado y amparado en dos resoluciones judiciales, de manera urgente intervenga para detener la violencia y devastación que provoca la transnacional minera al territorio y al pueblo Maya Chortí de Azacualpa.

Aguardamos su respuesta pronta, conforme a la urgencia de intervención estatal que ha padecido la comunidad maya chortí de Azacualpa por casi cuatro décadas.

Comité de Afectados por MINOSA

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Bufete Estudios para la Dignidad (BED)