Posicionamientos

De cara a la elección de magistrados /as en la CSJ: Se impuso la corrupción y la impunidad en el Congreso Nacional

Publicada el 10/02/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

No cabe duda que en la recta final del proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia se volvió a imponer la dupla criminal de la corrupción y la impunidad.

Volvemos a presenciar, en el marco de un gobierno cargado de esperanzas, un espectáculo vergonzoso, que, a un día de vencerse el plazo para la instalación de la nueva CSJ, de lo único que habla es de la distribución de cuotas de poder, entre los partidos políticos y al interior de las facciones de cada uno de estos.

A escasas horas de instalarse el pleno, podemos constatar que es una elección en clave política y de poder, no de derecho ni de sociedad. De hecho, como lo analizamos internamente en nuestras organizaciones, la Corte Suprema de Justicia es la batalla política que decidirá en buena medida el rumbo del gobierno de Manuel Zelaya, ni siquiera de Xiomara Castro, y menos de la justicia en Honduras.

La negociación de esta Corte pondrá “en orden” la relación de poder con el Partido Nacional, Liberal y del Salvador de Hondurasy sus liderazgos corruptos, y por supuesto, con los dueños económicos del país. Eso es lo que se juega en esta elección.

De cara a la población, el Congreso lo que nos ofrece son temas distractores, como la reciente propuesta de nombramiento de seis magistrados/as suplentes, una acción que simplemente es imposible legal y constitucionalmente y que si se hiciera sería una prueba más de los contundentes niveles de impunidad que se están negociando.

¿Señores y señoras de la Junta Nominadora ustedes qué dicen sobre estos puntos … ya no tienen, o no quieren decir nada?

Es difícil encontrar posturas contrapuestas a esta “lógica de negociación” en el Congreso. Todos, hasta los que dicen tener posiciones más independientes apelan a tener uno o tres magistrados/as que “representen y defiendan sus intereses”, que “sean abogados de nuestra confianza” o “que sean fieles militantes de nuestro partido” … entonces, ¿cuáles son esos intereses, a quién o a quiénes representarán estos nuevos funcionarios judiciales? Con seguridad a los intereses de la población y de la patria no.

Por eso hoy – señores y señoras diputados -, los 15 espacios territoriales, junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad, que hemos venido dando un seguimiento activo y propositivo a este proceso, quisiéramos no unirnos a los ya varios sectores sociales que han declarado como fracasado este nuevo proceso de elección, y exigirles, una vez más, que no dilaten más este proceso, convoquen al pleno y elijan, pero háganlo sin ese cálculo político de comprar impunidad, lean las hojas de vida de los notarios y notarias y fundamenten su voto en las capacidades profesionales de cada uno, pensando en los temas de fondo que les tocará enfrentar a estos funcionarios y en los que se decidirá el futuro del país.

Demuestren que estamos equivocados/as y que sus votos jamás contribuirán a que personajes nefastos y ligados a la corrupción y a la impunidad, por acción u omisión, como Yury Fernando Melara, Any Belinda Ochoa, Daniel Sibrián, José María Díaz, Luis Alonso Discua, Danelia Ferrera o Roy Pineda Castro, lleguen a ocupar una magistratura.

Queremos que los magistrados y magistradas nuevos arriben a una Corte sin entender que se deben a un partido político, a un conglomerado de empresarios, que llegaron para limpiar expedientes o para favorecer o condenar a “amistades” a través de sus fallos. Queremos magistrados de pensamiento independiente, con cualidades profesionales que sirvan para adecentar la justicia, para que la población, frente a las violaciones a sus derechos, tenga justicia.

Sabemos que eliminar la corrupción y los corruptos es una tarea casi imposible porque estos tienen una capacidad evolutiva de regenerar a sus miembros perdidos, pero la impunidad si podemos eliminarla y ese, es el objetivo político que nuestras organizaciones perseguimos. Nuestra lucha es por adecentar la justicia, distinta a la que estamos viendo en el Congreso, porque la de ellos es conservar o alcanzar la impunidad de sus actos.

Honduras necesita encontrar un camino justo y civilizado para dirimir los conflictos y la violencia que actualmente nos mantiene capturados. Diputados y diputadas no sigan traicionando al país, porque el precio de la traición tarde o temprano lo pagamos todos/as y el nombre de cada uno/una de ustedes en esta elección clave, quedará siempre fresco en nuestra memoria. Están avisados.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

CARTA PÚBLICA A LUIS REDONDO Y JEFES DE BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL ANTE LA ELECCIÓN DE LA CSJ

Publicada el 30/01/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Diputados y diputadas: ¡Adecenten la política y la justicia ya!

San Pedro Sula, Cortés, 27 de enero, 2023

Señor Luis Redondo

Presidente del Congreso Nacional – Honduras

cc.

Rafael Sarmiento, Jefe de la Bancada LIBRE en el Congreso Nacional
Tomás Zambrano, Jefe de la Bancada Partido Nacional en el Congreso Nacional
Mario Segura, Jefe de la Bancada Partido Liberal en el Congreso Nacional
Tomás Ramírez, Jefe de la Bancada Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional
Carlos Raudales, Jefe de la Bancada Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional
Karen Martínez, Jefe de la Bancada Partido Anticorrupción en el Congreso Nacional

Presidente Redondo,

Señores jefes de las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional,

La elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos, ya es una responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional, es decir que ustedes, actualmente, son los responsables finales y directos en que Honduras tenga, para el período 2023 -2030, un Poder Judicial que empiece a impartir justicia para toda la hondureñidad o perpetue la impunidad para las élites económicas, financieras y políticas.

Todo el proceso seguido hasta llegar a este punto ha estado monitoreado por, al menos, 15 territorios a nivel nacional que junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) hemos participado activamente en el proceso, especialmente presentando tachas y denuncias en contra de varios de los/las postulantes, y ahora estamos dando seguimiento al rumbo que está tomando esta elección en el seno del Congreso Nacional que es el espacio que menor confianza nos genera para elegir una Corte Suprema coherente con la necesidad de justicia del pueblo hondureño.

A las pruebas nos remitimos. La discusión sobre las candidaturas, al llegar al Congreso, pasó de analizar competencias profesionales y valores éticos y morales, a fórmulas matemáticas para la distribución proporcional, por bancadas, de los magistrados/as. Así tenemos líneas de negociación que van de 8-4-3 o 7-4-3-1. Es decir, que poco o nada sirve todo el trabajo realizado, porque al final, en el listado de los 45, se colaron nombres de personajes innombrables y nefastos para el país y que seguramente serán los escogidos por los partidos políticos para cubrir sus cuotas de poder.

Recalcamos que antes, durante y posterior a la gestión de la Junta Nominadora (JN), fuimos enterados de nombres de notarios y notarias que tenían asegurado su puesto como futuros magistrados y magistradas, supimos de presiones realizadas por liderazgos de sus partidos y grupos económicos-financieros para que esos personajes se mantuvieran o no fueran sacados del proceso y finalmente estamos a punto de verificar que los planes de estos sectores oscuros del país se concreten o los interrumpan ustedes en el Congreso Nacional.

En ese sentido, concretamente queremos exigir al Congreso Nacional, dos actuaciones indispensables para salvar este proceso:

1. Sacar de este listado a los abogados/as vinculados con la corrupción, tráfico de influencias y otros delitos y

2. Demandar que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque es evidente el conflicto de intereses.

Puntualmente, consideramos que la presión política hacia miembros de la Junta Nominadora tuvo su efecto, porque solo así se explica la presencia de, al menos, los siguientes nombres:

Jury Fernando Melara
Any Belinda Ochoa
Daniel Sibrián
José María Díaz
Luis Alonso Discua
Danelia Ferrera
Roy Pineda Castro

Ninguno de estos nombres debe ser electo puesto que, a pesar de haber pasado los filtros de la Junta Nominadora, son nombres que están ligados al incumplimiento de sus deberes como funcionarios o exfuncionarios, a hechos delictivos, al abuso de autoridad, a la corrupción, al tráfico de influencias, son hombres y mujeres que, a partir de sus prácticas y ejecutorias, que son de conocimiento público integren este listado y sería inconcebible que puedan ser electos por el Congreso Nacional.

Todos nos conocemos en esta Honduras y estos nombres no les son desconocidos a los diputados y diputadas, por lo cual les demandamos que abran el debate, que permitan que las consonancias y disonancias con estos profesionales afloren en el seno de la asamblea, queremos escuchar las valoraciones y entender de una vez por todas, donde se ubican los intereses de cada uno.

De nuestro lado siempre les demandaremos a los que resulten electos/as, asuman la labor de impartir justicia, y sean personas impecables en sus ejecutorias profesionales y personales, que a partir de sus fallos se revele su compromiso con el país y no con un partido político o un sector económico.

De igual forma demandamos que los diputados/as que están a la espera de fallos judiciales, por temas penales y/o administrativos se abstengan de votar, porque tienen un evidente conflicto de intereses. Concretamente indicamos que una diputada (en su ejercicio como abogada independiente vinculada a personajes y grupos económicos-financieros), que está a la espera de un fallo judicial, que le asegura ganar una demanda por varios centenares millones de lempiras, no puede participar de manera imparcial en la elección de los magistrados /as a los que les tocará conocer de éste y otros temas o casos bajo su dirección o de su bufete.

En ese sentido, puntualmente indicamos que algunos de los diputados/as que se conoce públicamente están a la espera de un fallo judicial son:

Maribel Espinoza
Rasel Tomé
Mauricio Rivera
Gladys Aurora
Alberto Chedrani
Edgardo Casaña

Nuestra Constitución Política en su primer artículo establece que Honduras se constituye como un Estado de Derecho “para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia”. La misma Constitución en su artículo 303 reafirma que la justicia será impartida por “magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”. Así se configura el derecho que tenemos como sociedad al acceso una justicia imparcial e independiente como un elemento fundamental exigible frente a las actuaciones de los poderes públicos y frente a las injerencias de poderes fácticos que promuevan, una vez más, la perversión del sistema de justicia.

Sobre este mismo aspecto, en el ámbito convencional sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, obliga a los Estados a garantizar que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 pregona que “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. Y, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que la garantía de independencia judicial es un reto particular para la región, y adoptó en su jurisprudencia los Principios Básicos de la Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura^[1]:

Garantía contra presiones externas;
Adecuado proceso de nombramiento; y,
Inamovilidad en el cargo.

Reafirmando lo antes expuesto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 50 expone que “Los Diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes:

Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;…”

Señores diputados,

Lo que les demandamos es decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan este abordaje personal-político- partidario, a un tema como la justicia que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

Eliminen los cálculos personales, de grupos y partidarios en la elección de la nueva CSJ, no compren desde ya más impunidad, decídanse a marcar una diferencia real con el Congreso anterior, brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria.

Hasta la dignidad, siempre.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Carta pública a la presidenta Xiomara Castro a un año de su gobierno: Hay que pasar del discurso, a la acción

Publicada el 28/01/2023 | por comunicaciones | Dejar un comentario

San Pedro Sula, Cortés 27 de enero, 2023

Señora Presidenta,
Compañera Xiomara,

Hace un año la mayor parte de la sociedad hondureña vivió un momento feliz y esperanzador. Miles de hombres y mujeres, de todas las edades, lo festejaron. Por fin concluía la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y de todas las fuerzas oscurantistas que la habían sostenido desde el trágico golpe de Estado de junio de 2009.

Su recorrido triunfal hacia el Estadio Nacional para que le impusieran la banda presidencial confirmaba la amplia base social con que iniciaría su mandato, no toda perteneciente al Partido LIBRE, pero si toda necesitada de confiar en que un futuro más digno y justo podía construirse con usted al frente del Poder Ejecutivo.

Rápido transcurrió el primer año y hoy el aniversario se cumple con un país que no da muestras claras de ir procurando cambios de fondo, un país que dice estar en un proceso de “transición”, pero sin saber hacia qué o hacia dónde se transita.

El mejor ejemplo de esto es precisamente el vilo en el que nos encontramos por el desenlace en la elección de los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que al final fue manchado al concretarse un listado de 45 personas en la cual, la influencia política-partidaria logró colarse hasta que nombres de abogados despedidos por la misma institucionalidad pública por corrupción fueron incorporados, o de abogadas que son ampliamente conocidas por ser, a lo interno del Poder Judicial, las “tramitadoras” de los fallos. Es así que hoy ya no se necesita buscar nombres fuera del listado, la votación de los diputados será pública y la negociación se limita a cuotas por partido político. En resumen, hay un discurso que cambia, pero las acciones concretas son las de siempre.

El tema de la justicia en Honduras no es poca cosa y el cambio que deseábamos ver tampoco lo es si tomamos en cuenta que el sistema judicial es la estructura sobre la que se ha cimentado desde la expoliación de nuestros recursos naturales y territoriales, la violación permanente e impune de nuestros derechos humanos, la corrupción legalizada y hasta el narcotráfico. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad sabemos muy bien lo que decimos, porque nuestro trabajo y compromiso diario es por romper este estado de injusticia global que nos envuelve como país y como sociedad.

En estos momentos nuestro rol como parte del movimiento social nos permite vincularnos y tener un trabajo certero en más de 15 territorios a nivel nacional que van desde una comunidad llamada Azacualpa en La Unión Copán que lucha contra un monstruo minero, en Locomapa, Yoro, en donde el pueblo Tolupán lucha por sus bosques, Pajuiles o Jilamito en Atlántida, Palagua en La Paz, que defienden su derecho al agua frente a empresarios energéticos, hasta por el derecho a una vivienda digna, como en Castaños de Choloma en Cortés, o por el derecho a la tierra, como en El Aguán, Tacamiche, para citar solo algunos.

Todos son ejemplos crudos de cómo la población más empobrecida, marginada o desposeída se enfrenta, todavía en desigualdad de condiciones, a grupos de poder, desde élites financieras y bandas del crimen organizado hasta empresas transnacionales u organismos financieros internacionales.

Todas estas comunidades, Señora Presidenta, a un año de su gobierno siguen poniendo el pecho y la sangre, y estos grupos siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector de energía.

También es evidente en temas como el acceso a tierra. Justo en vísperas de este aniversario tan importante del triunfo popular ante la narco dictadura, fue asesinado José Omar Cruz Tomé, dirigente destacado de la Plataforma Agraria del Aguán, presidente de la cooperativa Los Laureles y un compañero de lucha del MADJ y el BED.

Le volvemos a recordar que el asesinato de Omar se produjo por sicarios contratados por las empresas agroindustriales de la zona, entre ellas DINANT. El asesinato de Omar, como de muchos otros, pudo evitarse si su gobierno y usted misma hubiera atendido con la importancia y seriedad la decena de denuncias y llamados hechos por la Plataforma y nosotros mismos y presentados ante las autoridades denunciando la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán.

La muerte de Omar también pudo haberse evitado si hubiera existido el interés y establecido la importancia por parte del gobierno de darle seguimiento al Convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y a partir del cual se le presentó a usted la propuesta para dar una solución de fondo al tema de propiedad de las tierras en El Aguán.

El asesinato de Omar nos duele, como nos duelen los más de 150 campesinos y campesinas asesinados en esa disputa de tierras que se remonta al despojo de sus derechos por la política neoliberal implantada por el corrupto gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Igual nos duelen los más de 13 compañeros y compañeras Tolupanes asesinados por defender el bosque, o por defender los ríos, o los recursos de la tierra como nuestros compañeros de Guapinol.

No hay una nueva realidad para este tipo de violencia y tantos otros que tienen lugar en nuestro país. Poco o nada ha cambiado en este año. Un ejemplo es la SERNA que un día anuncia el fin de los permisos para la industria minera y a la velocidad de la presión ejercida por este grupo económico tuvo que dar marcha atrás. No podemos negar que existe un discurso solidario, pero no hechos que lo legitimen.

Sus funcionarios subalternos nos reciben, pero no nos atienden. Hacen llamamientos públicos, pero no ejercen su función o lo que es peor, no entienden o no quieren entender el rol que deben desarrollar. Puntualmente sentimos que cada vez más las puertas de Casa Presidencial se están cerrando al reclamo social y popular, especialmente para aquellos sectores y organizaciones como las nuestras, que mantenemos nuestra independencia y la libertad de pensamiento.

Si la destrucción de la institucionalidad del Estado fue visible en la última década, entonces ¿Cuál es la función que el nuevo gobierno y sus funcionarios están llamados a realizar para fortalecer o refundar el Estado?, ¿Comprenden sus funcionarios y funcionarias la dimensión del reto que tienen por delante?, ¿Están interesados en cumplirlo o solo andan buscando perpetuarse en el poder por varios años más?

Compañera Xiomara,
Quisiéramos seguir llamándola así y queremos creer que este año se trató de enderezar el barco. Pero ya es tiempo de superar el discurso del daño heredado por JOH y su pandilla de ladrones y empezar a concretar los cambios prometidos. Ya no se vale decir que no se hace esto o lo otro porque la titularidad de ciertas instituciones no está bajo el dominio de LIBRE. Usted es la presidenta de Honduras y los cambios se harán si usted los impulsa y si son del beneficio colectivo, tendrá un movimiento social que los respalde.

Tampoco se podrá enderezar el país, si el sistema educativo público y muchas otras instituciones
siguen sumidas en el caos y la ingobernabilidad producto de disputas viscerales entre funcionarios
y empleados de su administración que rápidamente se olvidaron que la tarea fundamental del país es la refundación y no el reparto de chambas y privilegios entre familiares y amigos.

Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento; pero, con toda y esa maraña de oscuros intereses que se mantiene, algo -no sólo el discurso- tenemos que sentir que está cambiando. Para este año el Congreso Nacional le aprobó un presupuesto de más de 300 mil millones de lempiras y el año pasado dispuso de más de 200 mil millones… algo ya debería estar cambiando, otras deberían ser las prioridades de uso de estos recursos.

Sin embargo, tampoco aquí miramos avances concretos. La proyección general que refleja este presupuesto es que el gobierno de la República tendrá recursos para hacer proselitismo social-político y muy poco para invertirlo e iniciar un proceso de reactivación productiva. Presupuestos como el de salud y educación tienen aumentos vegetativos, pese al desastre que nos ha revelado y profundizado la pandemia del COVID-19.

La deuda pública desbordada, una inflación descontrolada y que se convierte en el principal impuesto para la población, el drenaje a los institutos de previsión, partidas enormes para el uso discrecional, la falta de acuerdo para resolver el déficit provocado por el sector energético, el uso desenfadado de las reservas internacionales…van a mejorar o a profundizarse estos problemas, ¿Cuánto más debemos esperar a que las promesas en estos temas se vuelvan realidad?

Como organizaciones responsables y justas no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs” o la “Ley de secretos”, pero igual nos siguen criminalizando y asesinando en los territorios. De igual forma, usted volvió a darles a la Policía y al Ejército poderes especiales para que “hagan y deshagan” y solo es cuestión de tiempo para que un nuevo patrón de violaciones a derechos humanos se instale en el país. Eso es, de nuevo, lo que nos preocupa. Es peligroso que el descontento aumente porque pueden volver a retomar el poder los de siempre; los saqueadores, los vendedores de patria, los sin conciencia.

Presidenta Xiomara, si de verdad se quiere transformar Honduras, construir ese “socialismo” del que se habla, hay que priorizar el cumplimiento de los compromisos y promesas por los que la gente la eligió: seguridad, justicia, protección de los derechos humanos de la manera más integral, reactivar la economía digna y en consonancia con los derechos de la naturaleza y la tierra, generar empleos que brinden oportunidades de desarrollo aquí en Honduras, parar la corrupción, instalar la CICIH sin tanto cálculo político o sentando desde ya la impunidad para las actuaciones incorrectas en su gobierno…. En fin, crear un acuerdo nacional que aborde todos estos desafíos, pero desde la perspectiva popular, no para pasar
el poder y sus recursos de un puñado de manos a otro puñado de manos. No podemos aceptar situaciones que siempre hemos rechazado, como el reparto del país, sólo porque Libre está en el poder o porque Usted o el Señor Manuel Zelaya así lo indican.

Si su gobierno se decide hacerle frente a estos problemas que son de fondo y que requieren de respuestas y acciones de fondo, por supuesto que contará con nosotros que entendemos que una parte de la responsabilidad de cambiar las cosas radica en la sociedad, en la ciudadanía.

Señora Presidenta…aún quedan tres años de su mandato. Reconocemos sus buenas intenciones, pero advertimos, honesta y responsablemente, que eso no basta. Este primer año ha sido de desahogo social, pero el tiempo vuela y tenemos un país en donde el 80% de su población ha sido empobrecida y esa es una tragedia que se vive a diario. El desplome de las ilusiones y expectativas de la población ante una realidad que la agobia no augura un futuro prometedor para el país. Escuche el reclamo genuino de la población, vuelva a establecer las prioridades, comprometa su palabra y cúmplala…

Presidenta Xiomara, usted recurrentemente nos reitera que la refundación del Estado y la sociedad es su tarea fundamental. En concordancia con ese desafío, es crucial recordarle que la refundación solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.

En ese sentido, al inaugurarse el segundo año de su gobierno, por coherencia, esperamos que se abra al diálogo franco, directo y fraterno con el movimiento social y popular autónomo que tiene igual o mayor compromiso por la refundación del país; que las cartas enviadas a su despacho por nuestras articulaciones sociales y las masivas movilizaciones de campesinos y otros sectores populares a la capital también tengan respuesta y acogida pública en su despacho; como la han tenido hasta ahora las representaciones de la élite financiera, económica-agroindustrial corrupta y violenta de nuestro país.

El MADJ y el BED estamos totalmente convencidos que su gobierno debe estar abocado a sentar las bases de transformaciones estructurales, empezando por la justicia, y a considerar que la continuidad democrática de sus políticas radica en convertir la defensa y concreción de los derechos humanos en su quehacer fundamental.

Encuentro territorial por la búsqueda de Justicia

Publicada el 11/11/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Análisis del sistema de administración de justicia y elección de la nueva corte suprema de Justicia

En el marco de la elección de la “Nueva” Corte Suprema de Justicia mas de 15 organizaciones con luchas territoriales en 12 departamentos de Honduras nos hemos autoconvocado desde el poder popular para debatir, dialogar y proponer sobre uno de los temas urgentes de país: La Justicia. En este espacio confluimos la Plataforma del Aguan/COPA con sus bases campesinas, Saba, la Central Nacional de trabajadores del campo (CNTC), seccional El Progreso con sus más de 30 bases, Ceguaca Santa Barbara, Tacamiche en san Manuel Cortes, Radio Dignidad, Jilamito, Pajuiles, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Los pueblos originarios: Tolupán (Locomapa, Luquigue y Vegas de Tepemechín), Lenca ( Guajiquiro La Paz) y Maya Chortí (Azacualpa) con sus más de 500 años de resistencia, las fuerzas vivas de Choloma, los Castaños de Choloma y Radio san Viator de Jutiapa.

Desde nuestra experiencia y reflexión cotidiana de resistencia, de ejercicio soberano y de gobierno local, asumimos de manera apremiante y con responsabilidad histórica la discusión sobre el proceso de la elección de los nuevos magistrados que conformaran la Corte Suprema de Justicia; que junto a los otros dos poderes del estado (ejecutivo y legislativo) guiaran el destino del país los próximos siete (7) años. Emprendemos esta articulación permanente para demandar y construir el acceso a la Justicia como Derecho inalienable, reflexionamos y cuestionamos el sistema de administración de justicia (Elección de la CSJ y fiscal general) y nos proponemos una disputa política real que trascienda coyunturas para convertirse en práctica común del ejercicio popular.

Como organizaciones populares sabemos de justicia, no como expertos sino como destinatarios de esa justicia que tiene rostro de impunidad. ¿Quién nos representa como movimiento social en esta elección de la Corte suprema de Justicia? ¿Cómo organizaciones sociales que tipo de acceso a la justicia tenemos? ¿Cómo se responde a nuestras demandas de justicia? ¿a qué intereses responden los notario y notarias que se postulan a magistrados? ¿Qué tipo de Corte Suprema de Justicia vamos a tener en los próximos siete años? ¿Qué esperar de estas quince (15) personas que van a conformar la Corte? Siendo la Justicia un tema de país, no solo nuestro, somos nosotros quienes más sufrimos la persistencia de la crisis de justicia, que una vez más avanza hacia la consolidación de una corte sistémicamente viciada con la herencia de la narco-dictadura. Nuestros territorios son escenario de la reivindicación de asuntos de importancia del país, reivindicación de la reforma agraria y el derecho a la tierra, protección de los bienes comunes naturales frente al modelo extractivista, ahora neoextractivista, reivindicación

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Publicada el 13/09/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

Como es de su conocimiento, el departamento de Atlántida es uno de los que más ha sufrido el estar bajo el mando de políticos y empresarios entreguistas y corruptos. Nuestro territorio ha estado encabezando el proceso de “subasta” de todo lo que tiene, empezando por sus recursos naturales, especialmente sus ríos como lo prueba las más de 40 concesiones que actualmente existen a lo largo y ancho de sus 4,372 kilómetros.

Como miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) somos claros en indicar que todas estas concesiones deben ser derogadas porque todas fueron otorgadas a través de procesos corruptos y tienen un impacto negativo para las comunidades donde se ubican, entre ellas destacamos: El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito desarrollado por la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA) y el Proyecto Hidroeléctrico Los Planes impulsado por la empresa HIDROCEP, CONTEMPO, GENERA y ECAE- SEMSA

El MADJ ha enfrentado la ilegalidad de estos proyectos a través de la presentación de demandas judiciales por los diferentes delitos cometidos en contra de la población y sus recursos ante la misma estructura institucional corrupta que les dio vida, con el fin evidenciar el contubernio público-privado y la impunidad que rodea estos procesos. Adicionalmente hay fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades, como las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales como la CIDH para proteger los derechos humanos de la población, reiterados cabildos abiertos en donde se declara el agua para el uso exclusivo del ser humano y hasta instancias de crédito internacional han retirado su financiamiento por la opacidad en el manejo de estos proyectos.

Solo estos proyectos limitan el derecho al agua a cerca del 25% del total de habitantes de Atlántida que vivimos en decenas de comunidades paralelas al río y que para defenderlo de la voracidad pública-privada nos hemos organizado desde el 2014 en Campamentos por el Agua y por la Vida.

En resumen, Señor Ministro, argumentos y pruebas para cancelar de manera inmediata estas concesiones eléctricas existen y por montones, lo que hace falta es la decisión clara del gobierno para cancelarlas.

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

Aprovechamos para reiterarle que nuestra organización es parte de procesos de resistencia a otros proyectos de generación de energía en otros territorios y sobre esos también planteamos los mismos requerimientos y ofrecemos nuestro concurso para que el modelo energético hondureño sea refundado en el sentido de que el mismo respete la soberanía popular y del mismo Estado por sobre cualquier interés particular o de grupo.

Finalmente, desde el Movimiento Amplio le recordamos la necesidad de garantizar los principios de integralidad de los derechos humanos, justicia participativa, social y ambiental que reconoce la nueva ley del sector energético, esperamos que no sean simples declaraciones, sino que el gobierno sea coherente para aplicarlos en la práctica sobre los territorios en conflicto.

Carta pública a la Secretaría de Energía de Honduras

Tela, Atlántida, 11 de septiembre de 2022

Sr. Erick Tejada

Secretario de Energía

Señor Ministro,

En ese sentido, concretamente, queremos consultarle:

Indicar la forma y la fecha en la cual, la secretaría que usted dirige procederá a la cancelación de los proyectos que están en proceso de desarrollo y que están siendo impulsados por HIDROCEP e INGELSA
Revisar el funcionamiento de los proyectos ya en operaciones y que cualquier decisión que se tome en relación a rescindir o renegociar contratos y que impere el principio de justicia social establecido en la nueva ley.
Establecer el mecanismo concreto que se propone desde la Secretaría para la revisión del resto de contratos de concesión, existentes en el departamento, y que siguen lesionando los derechos de las comunidades y el interés público.

La justicia viene, nadie la detiene.

Publicada el 31/08/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete Estudios para la Dignidad y la Fundación para la salvaguarda del Ambiente nos sumamos a la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto, ocurrida el 25 de agosto de 2013.

Tras nueve años de esperar una justicia que no acaba por llegar a nuestros hermanos y hermanas tolupanes, nos pronunciamos enardecidamente, con la dignidad muy en alto, con la sed más grande de justicia, pero con la determinación inclaudicable de luchar hasta siempre por la dignificación soberana de cada ser humano del pueblo Tolupán.

Nos arrebataron nuestros hermanos y nuestra hermana tolupana. Les asesinaron por oponerse a una minería clandestina e ilegal que despoja a la tribu del usufructo de sus bienes naturales, envenena sus fuentes de agua y contamina su ambiente.

Sus vidas les fueron cortadas con violencia, de la misma manera que los empresarios madereros arrancan los bosques de la tribu y condenan a muerte a la población indígena y toda la comunidad viviente de sus territorios.

Nos avergüenza la pusilanimidad con que actúa el Estado de Honduras cuando la población exige justicia. La lentitud con que operan el Ministerio Público, la ATIC y los juzgados cuando se trata de hacer justicia a los sectores sociales más desfavorecidos provoca espanto e indignación.

Llamamos al pueblo Tolupán de la tribu San Francisco de Locomapa a construir la unidad justa y solidaria de las 27 aldeas y caseríos y no hacer caso a las empresas madereras y mineros clandestinos que tratan de dividirles para quedarse con las riquezas de los territorios tribales.

Ha llegado el momento que los corruptos, ladrones y asesinos tienen que rendir cuentas. Una nueva unidad se viene construyendo en las 31 tribus del pueblo Tolupán que va creciendo a la vez que exigiendo rendición de cuentas y castigo para los traidores y traidoras del pueblo Tolupán.

Esta ola de dignidad que recorre el pueblo Tolupán ha sido abonada con la sangre martirial de Enriqueta Matute, Armando Fúnes y Ricardo Soto y el resto de compañeros nuestros asesinados cobardemente. Continuaremos nuestras luchas abonadas con sus sangres derramadas siguiendo como ejemplo el recuerdo de cómo enfrentaban a los cobardes y asesinos con valor, dignidad y determinación.

Los corruptos, los judas de la tribu San Francisco de Locomapa, serán alcanzados por la justicia y deberán dar cuenta, con la debida transparencia que emana de las leyes, de cada uno de los Lempiras percibidos en los años anteriores.

Para la tribu San Francisco de Locomapa, organizada en el Consejo Preventivo de Tribu, llamamos a honrar la lucha de los mártires construyendo la unidad, trabajando organizadamente para engrandecernos como pueblo Tolupán.

Juntos construimos la paz con justicia y dignidad.

San Francisco Campo, 25 de agosto de 2022

Pronunciamiento: No financien más la violencia y el despojo hacia nuestras comunidades

Publicada el 08/07/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Las comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo en Honduras organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en relación a la visita que desarrolla en nuestro país el señor Scott Nathan, Director Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) nos pronunciamos de la siguiente manera:

Informarle que las y los habitantes de Arizona, Atlántida tenemos 1880 días (al día de hoy 08-07-2022) de permanecer en Campamento Digno por la Defensa del Rio Jilamito, lugar desde el cual las comunidades nos hemos unido para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito que la DFC ha financiado y que ha venido a poner en mayor riesgo el acceso al agua para casi 30 mil habitantes de este sector.
Informar que, hemos hecho uso de las formas legales y legitimas de participación ciudadana y a través de cabildos abiertos desarrollados desde el año 2015 las comunidades determinamos que el río Jilamito es para uso y consumo humano, decisiones que ratificamos en el año 2018 y 2019.
Lamentar la postura y decisión de la Embajada Americana en Honduras y del señor Nathan de excluir o no tomar en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que ha venido financiando y que hasta la fecha sigue generando conflicto y criminalización hacia luchadores, luchadoras sociales y sus comunidades en Honduras.
Notificar que como organización que aglutina comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo, especialmente de Arizona, Atlántida, hemos recurrido a su institución mediante cartas firmadas por congresistas norteamericanos y organizaciones hondureñas, para pedir que la DFC detenga el financiamiento en específico del Proyecto Hidroeléctrico sobre el río Jilamito que pretende imponer la empresa Ingelsa.
Denunciar los vicios de corrupción con los que fueron adjudicadas las concesiones para generación de energía y en especial la concesión del rio Jilamito para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Jilamito y que hasta la fecha los funcionarios hondureños no han investigado ni mucho menos han deducido las responsabilidades por estos actos, pero, además, por las violaciones a derechos humanos que este proyecto ha generado en la zona donde pretende construirse con ayuda de la DFC.
Proponemos, financiar el proyecto alternativo de agua potable que las comunidades estamos impulsando como medida de mitigación a la sequía generada por otros proyectos hidroeléctricos en el municipio y la devastación generada por los fenómenos naturales de 2020, nuestro proyecto alternativo de agua potable está en fase de estudios topográficos, beneficiará a 16 comunidades y tendrá su principal fuente de abastecimiento en el rio Jilamito.

No financien más la violencia, el despojo, la criminalización, el hostigamiento e inmigración porque eso es lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico Jilamito para nuestras comunidades.

Dado en Atlántida, Honduras a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

Manifiesto: Día Mundial del Agua. Asamblea Permanente del Poder Popular

Publicada el 22/03/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.
A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
en alianzas públicas privadas.
Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
producción de agua a perpetuidad.
Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
con el consumo de las familias.
Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
aguas.
Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
estado vinculadas con la élite política de Honduras.
Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
genera una forma de privatización del bien común.
Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
de los pueblos.

Pronunciamiento Publico: Asamblea Permanente del Poder Popular.

Publicada el 10/02/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, espacio político que aglutina organizaciones de base, feministas, campesinas, indígenas, estudiantiles y diversidades, ante los hechos suscitados el día de ayer 09 de febrero del 2022 en las comunidades de Tierras del Padre, Azacualpa y Guapinol nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Condenamos el actuar de las fuerzas armadas y policiales, en conjunto con el Poder Judicial que respondiendo a los intereses de la oligarquía y los grupos de poder económico han concentrado sus capitales en dichas comunidades para la explotación, desplazando a decenas de familias, contaminando su entorno y medio ambiente, así como generando condiciones de violencia y empobrecimiento, instrumentalizando el derecho penal y procesal para criminalizar a las personas y los pueblos.

2. Reconocemos que estas acciones judiciales, constituyen una arremetida del capital transnacional y de la construcción institucional de la narcodictadura durante 12 años, que han proporcionado las condiciones de corrupción e impunidad del modelo de desarrollo extractivista en el país, consolidando las relaciones constitutivas propias del capitalismo y de la colonialidad.

3. Queda evidenciado que la narcodictadura nos dejó un Estado con profundas relaciones con el crimen organizado, corrupción y empresas transnacionales. Como pueblos sabemos que esta alianza entre poderes y suprapoderes busca imponer los intereses de los patrones y los capitales por sobre la vida misma, generando un contexto de violencia y zozobra que no nos permite vivir bien en nuestras comunidades, barrios y territorios. Ellos son los responsables de una distribución injusta de la riqueza y la violencia contra nuestros bienes comunes.

4. Saludamos la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque en la comunidad indígena lenca de Tierras del Padre durante el intento de desalojo suscitado ayer. Con cautela, confiamos en la posibilidad de facilitar canales de comunicación interinstitucionales para que hechos como los de ayer no se repitan, lo cual constituye parte de la responsabilidad de estas instituciones.

5. Exigimos que se creen las condiciones para la justicia y reparación de los pueblos que han sido sistemáticamente violentados en los últimos doce años.

6. Recordamos la promesa del Poder Ejecutivo para la exigencia, de libertad para los presos políticos de Guapinol, amnistía para los presos políticos y no más concesiones de proyectos mineros a cielo abierto, de generación de energía y la no renovación de proyectos. El cumplimiento de estas promesas es vital para abrir una nueva etapa en la reconstrucción del país y en las luchas territoriales. Sabemos que estas decisiones no solo recaen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, exigimos que como mínimo se paralicen todos los proyectos extractivos en curso, cuya existencia ha significado la violencia contra los pueblos originarios y poblaciones campesinas.

7. Demandamos el reconocimiento estatal, principalmente del Poder Judicial, de los títulos ancestrales de la comunidad de Tierras del Padre y de los pueblos originarios en general, así como los fallos judiciales enfocados a la no exhumación y traslado del cementerio en Azacualpa. A estos poderes y a las empresas les recordamos la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

8. Reclamamos que se investigue y deduzcan responsabilidades a los empresarios Lenir Pérez y Mario Facussé, así como a las empresas, Minerales de Occidente (MINOSA) e Inversiones Los Pinares S.A. De igual manera, exigimos que se investigue a las autoridades municipales de La Unión (Copán), Tocoa (Colón) y Santa Ana (Francisco Morazán) y deducir responsabilidades en los crímenes cometidos ayer contra las comunidades de Azacualpa, Guapinol y Tierras del Padre.

9. Exhortamos al movimiento social y popular a convocarnos de manera inmediata, activa y permanente a acciones en todo el territorio nacional para continuar exigiendo un alto a la represión y el respeto a la dignidad de los pueblos.

10. Incentivamos a las organizaciones políticas y sociales a generar espacios de articulación para la defensa territorial y soberana del país, encaminada a la refundación de las estructuras políticas y la construcción de un nuevo Estado enfocado en el buen vivir y vivir bien de las personas.

Asamblea Permanente del Poder Popular Honduras,
10 de febrero del 2022

Por la dignificación del sistema de justicia en Honduras

Publicada el 09/02/2022 | por comunicaciones | Dejar un comentario

Después de los acontecimientos suscitados este nueve de febrero cuando la estructura corrupta que mantiene secuestrado el sistema de justicia hondureño atacó violentamente los territorios indígenas de Azacualpa, Copán, la comunidad Lenca de las Tierras del Padre en Francisco Morazán y logró condenar injustamente a seis de los ocho luchadores sociales del rio Guapinol, nosotros y nosotras, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos pronunciamos de la siguiente manera.

Condenamos el violento desalojo contra los y las habitantes de las comunidades Lencas que habitan la zona denominada Tierras del Padre en Francisco Morazán.
Repudiamos la invasión a la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, por parte de algunos integrantes de la municipalidad de la zona, incluido su alcalde que junto a empleados de la empresa minera Aura Minerals violentaron una orden judicial que ordena detener las exhumaciones y todo lo que conlleve a dañar al cementerio histórico de la comunidad.
Deploramos la nefasta resolución del poder Judicial contra los luchadores sociales del rio Guapinol, sin más fundamento que seguir beneficiando a la clase empresarial extractivista y su proyecto que a todas luces es nocivo para las comunidades aun cuando desde su origen está plasmado en ilegalidades.

Ante lo expuesto:

Denunciamos: El actuar servil de los operadores de justicia de Honduras que se han envalentonado contra las comunidades y los luchadores y luchadoras sociales en todo el territorio nacional y sincronizadamente ha optado por asestar golpes bajos contra las luchas por la vida y el territorio.

Con estas acciones, no solo han violentado el derecho legítimo de las comunidades y las leyes hondureñas, sino que también han desconocido los convenios internacionales que Honduras ha suscrito y adoptado como parte de su normativa legal.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia enviamos nuestro respaldo y solidaridad a las luchas de estas comunidades y convocamos a todo el pueblo y organizaciones populares en general a continuar la resistencia y protesta permanente contra las élites corruptas que, en su agonía y desesperación por la pérdida del poder oscuro y criminal tras doce años de narcodictadura, recurren a la violencia acompañados de actores estatales igualmente corruptos y criminales.

Instamos al pueblo a seguir en lucha para liberar el Poder Judicial que actualmente está secuestrado por esta élite corrupta y minoritaria que pretende seguir manteniendo privilegios a costa del pueblo y las grandes mayorías.

Llamamos a no desmayar y a no retroceder por la liberación de la patria-matria. Honduras: te luchamos o te perdemos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

San Pedro Sula 09 de febrero de 2022.