Categoría: Posicionamientos

Pronunciamiento Publico: Asamblea Permanente del Poder Popular.

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Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, espacio político que aglutina organizaciones de base, feministas, campesinas, indígenas, estudiantiles y diversidades, ante los hechos suscitados el día de ayer 09 de febrero del 2022 en las comunidades de Tierras del Padre, Azacualpa y Guapinol nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.         Condenamos el actuar de las fuerzas armadas y policiales, en conjunto con el Poder Judicial que respondiendo a los intereses de la oligarquía y los grupos de poder económico han concentrado sus capitales en dichas comunidades para la explotación, desplazando a decenas de familias, contaminando su entorno y medio ambiente, así como generando condiciones de violencia y empobrecimiento, instrumentalizando el derecho penal y procesal para criminalizar a las personas y los pueblos.

2.         Reconocemos que estas acciones judiciales, constituyen una arremetida del capital transnacional y de la construcción institucional de la narcodictadura durante 12 años, que han proporcionado las condiciones de corrupción e impunidad del modelo de desarrollo extractivista en el país, consolidando las relaciones constitutivas propias del capitalismo y de la colonialidad. 

3.         Queda evidenciado que la narcodictadura nos dejó un Estado con profundas relaciones con el crimen organizado, corrupción y empresas transnacionales. Como pueblos sabemos que esta alianza entre poderes y suprapoderes busca imponer los intereses de los patrones y los capitales por sobre la vida misma, generando un contexto de violencia y zozobra que no nos permite vivir bien en nuestras comunidades, barrios y territorios. Ellos son los responsables de una distribución injusta de la riqueza y la violencia contra nuestros bienes comunes.

4.         Saludamos la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque en la comunidad indígena lenca de Tierras del Padre durante el intento de desalojo suscitado ayer. Con cautela, confiamos en la posibilidad de facilitar canales de comunicación interinstitucionales para que hechos como los de ayer no se repitan, lo cual constituye parte de la responsabilidad de estas instituciones.

5.         Exigimos que se creen las condiciones para la justicia y reparación de los pueblos que han sido sistemáticamente violentados en los últimos doce años.  

6.         Recordamos la promesa del Poder Ejecutivo para la exigencia, de libertad para los presos políticos de Guapinol, amnistía para los presos políticos y no más concesiones de proyectos mineros a cielo abierto, de generación de energía y la no renovación de proyectos. El cumplimiento de estas promesas es vital para abrir una nueva etapa en la reconstrucción del país y en las luchas territoriales. Sabemos que estas decisiones no solo recaen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, exigimos que como mínimo se paralicen todos los proyectos extractivos en curso, cuya existencia ha significado la violencia contra los pueblos originarios y poblaciones campesinas.

7.         Demandamos el reconocimiento estatal, principalmente del Poder Judicial, de los títulos ancestrales de la comunidad de Tierras del Padre y de los pueblos originarios en general, así como los fallos judiciales enfocados a la no exhumación y traslado del cementerio en Azacualpa. A estos poderes y a las empresas les recordamos la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

8.         Reclamamos que se investigue y deduzcan responsabilidades a los empresarios Lenir Pérez y Mario Facussé, así como a las empresas, Minerales de Occidente (MINOSA) e Inversiones Los Pinares S.A. De igual manera, exigimos que se investigue a las autoridades municipales de La Unión (Copán), Tocoa (Colón) y Santa Ana (Francisco Morazán) y deducir responsabilidades en los crímenes cometidos ayer contra las comunidades de Azacualpa, Guapinol y Tierras del Padre.

9.         Exhortamos al movimiento social y popular a convocarnos de manera inmediata, activa y permanente a acciones en todo el territorio nacional para continuar exigiendo un alto a la represión y el respeto a la dignidad de los pueblos.

10.       Incentivamos a las organizaciones políticas y sociales a generar espacios de articulación para la defensa territorial y soberana del país, encaminada a la refundación de las estructuras políticas y la construcción de un nuevo Estado enfocado en el buen vivir y vivir bien de las personas.

Asamblea Permanente del Poder Popular Honduras,
 10 de febrero del 2022

Por la dignificación del sistema de justicia en Honduras

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Después de los acontecimientos suscitados este nueve de febrero cuando la estructura corrupta que mantiene secuestrado el sistema de justicia hondureño atacó violentamente los territorios indígenas de Azacualpa, Copán, la comunidad Lenca de las Tierras del Padre en Francisco Morazán y logró condenar injustamente a seis de los ocho luchadores sociales del rio Guapinol, nosotros y nosotras, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos pronunciamos de la siguiente manera.

  1. Condenamos el violento desalojo contra los y las habitantes de las comunidades Lencas que habitan la zona denominada Tierras del Padre en Francisco Morazán.
  2. Repudiamos la invasión a la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, por parte de algunos integrantes de la municipalidad de la zona, incluido su alcalde que junto a empleados de la empresa minera Aura Minerals violentaron una orden judicial que ordena detener las exhumaciones y todo lo que conlleve a dañar al cementerio histórico de la comunidad.
  3. Deploramos la nefasta resolución del poder Judicial contra los luchadores sociales del rio Guapinol, sin más fundamento que seguir beneficiando a la clase empresarial extractivista y su proyecto que a todas luces es nocivo para las comunidades aun cuando desde su origen está plasmado en ilegalidades.

Ante lo expuesto:

Denunciamos: El actuar servil de los operadores de justicia de Honduras que se han envalentonado contra las comunidades y los luchadores y luchadoras sociales en todo el territorio nacional y sincronizadamente ha optado por asestar golpes bajos contra las luchas por la vida y el territorio.

Con estas acciones, no solo han violentado el derecho legítimo de las comunidades y las leyes hondureñas, sino que también han desconocido los convenios internacionales que Honduras ha suscrito y adoptado como parte de su normativa legal.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia enviamos nuestro respaldo y solidaridad a las luchas de estas comunidades y convocamos a todo el pueblo y organizaciones populares en general a continuar la resistencia y protesta permanente contra las élites corruptas que, en su agonía y desesperación por la pérdida del poder oscuro y criminal tras doce años de narcodictadura, recurren a la violencia acompañados de actores estatales igualmente corruptos y criminales.

Instamos al pueblo a seguir en lucha para liberar el Poder Judicial que actualmente está secuestrado por esta élite corrupta y minoritaria que pretende seguir manteniendo privilegios a costa del pueblo y las grandes mayorías.

Llamamos a no desmayar y a no retroceder por la liberación de la patria-matria. Honduras: te luchamos o te perdemos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

San Pedro Sula 09 de febrero de 2022.

¡Todas y todos a votar por la dignidad!

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En este momento histórico de enorme trascendencia para la vida democrática y republicana de la nación hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) llama a la ciudadanía en general a elegir honestamente a sus gobernantes. Hay que acudir a votar sin desperdiciar nuestro voto. Hoy, como nunca en nuestra historia, más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular.

Luego del golpe de Estado en 2009, la dictadura de la élite empresarial y política del Partido Nacional, Liberal y otros, han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina. 

Hondureños y hondureñas; es prohibido que olvidemos nuestra historia inmediata sobre el robo y saqueo de los fondos para la atención de la pandemia por COVID, entre ellos los destinados para la construcción de los 95 hospitales regionales y 7 móviles, el saqueo del Seguro Social, del PANI, el INJUPEMP, el IMPREMA, el INFOP, la SAG, COPECO, la ENEE, la expulsión de la MACCIH, la aprobación del Código Penal de la impunidad y sus reformas, el fraude electoral de 2017 y todos los crímenes durante las manifestaciones y protestas populares, entre infinidad de atracos ejecutado por las distintas estructuras del actual régimen.

Es condenable la campaña violenta y de odio que ha desplegado el Partido Nacional y las fuerzas ultraconservadoras encabezadas por las instituciones financieras, corporaciones de medios de comunicación, iglesias, y algunos miembros de cuerpos diplomáticos contra la oposición, pretendiendo desmovilizar y desestabilizar el país, generando terror y polarización en la sociedad hondureña. 

Desde nuestra inquebrantable autonomía, en el actual contexto electoral, derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula. Ante cualquier posibilidad de fraude, nosotras y nosotros llamamos a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.

Desde nuestras modestas pero sostenidas experiencias de lucha, incluyendo la electoral en municipios del departamento de Atlántida, llamamos también a las organizaciones populares y sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro imperecedero compromiso por continuar en la disputa por el poder y por la construcción de una nueva sociedad y un nuevo Estado guiados por el Buen Vivir y el respeto a la Dignidad humana.

¡Acudamos a las urnas desde la dignidad siempre!

¡NO más criminalización por reivindicar nuestros derechos territoriales!

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“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres

Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:

  1. La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
  2. Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
  3. A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
  4. Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
  5. Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
  6. Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
  7. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.

19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

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Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Las aguas del río Jilamito son para la gente. Fuera ingelsa.

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Las comunidades del municipio de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) establecidas en el Campamento Digno por la Defensa del Agua, nos juntamos este día con organizaciones internacionales frente a las oficinas de HERMACASA en Honduras y SIMONDS SAW INTERNATIONAL en Massachusetts, EEUU, ambas empresas son socias de INGELSA y del Grupo IESA propiedad de Emin Abufele Marcos principal accionista del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito (PHJ).

En esta jornada por la defensa de la vida, la soberanía y la dignidad expresamos:

  1. Que el pueblo de Arizona ya decidió, al menos en tres asambleas de cabildo abierto, que las aguas del río Jilamito serán destinadas exclusivamente para el consumo de las presentes y futuras generaciones del municipio y de esta manera superar el desabastecimiento que ya sufren cerca de 30 mil habitantes. Para cumplir los mandatos populares en defensa del río, el pueblo se constituyó en Asamblea Permanente desde 2017, a través del Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
  1. Como lo hemos denunciado de manera reiterada, en espacios públicos y en la instituciones nacionales e internacionales, el PHJ es expresión clara de actos de corrupción, de violencias a las comunidades, de ruptura del tejido social, de criminalización de liderazgos comunitarios, de amenazas y de violación al derecho humano al agua, al ambiente, a la participación comunitaria, al acceso a información público, a la soberanía y la dignidad de las personas.
  • Ante la falta de respuesta a nuestras denuncias, impugnaciones y muchas otras acciones, hoy iniciamos una nueva fase de movilizaciones a las sedes de las empresas y viviendas de las personas que, mediante corrupción y violencias, impunemente pretenden imponer el PHJ.
  1. Con nuestras manifestaciones pacíficas y con nuestras propias capacidades, en articulación con nuestros hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, hoy reimpulsamos el proceso para ponerle rostro y plena identidad a los verdugos de nuestras comunidades, estamos dando un paso más para romper con la violencia, la corrupción y la impunidad de grupos perversos como INGELSA-IESA.
  2. Llamamos a actores económicos internacionales como la empresa SIMONDS SAW INTERNATIONAL, al Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier actor del sistema financiero internacional a que se retiren y se abstengan de apoyar al grupo IESA-INGELSA y al PHJ, como ya lo hizo en abril de 2021, la corporación financiera para el desarrollo DFC que ha reconocido las múltiples denuncias del Pueblo de Arizona y tomó la decisión de suspender el financiamiento de 35.7 millones de dólares para la construcción del PHJ. Las empresas y la gente correcta no invierten ni promueve la corrupción y la violación de derechos.
  1. Desde la resistencia pacífica y el legítimo derecho a defender nuestros bienes comunes, reafirmamos que seguiremos defendiendo la soberana y humana decisión de que las aguas del río Jilamito y la riqueza natural del municipio de Arizona, sea para la gente; cueste lo que nos cueste.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Las ZEDES atentan contra la soberanía y biodiversidad ambiental y cultural del departamento de Atlántida

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Ante el anunciado despojo de los territorios del departamento de Atlántida, el Movimiento Amplio se posiciona en los siguientes términos:

La narcodictadura dirigida por Juan Orlando Hernández ha instituido las “zonas de empleo y desarrollo” más conocidas como ZEDEs entre las que se incluye el departamento de Atlántida. Aprobadas desde el 2013 inicialmente como “ciudades modelo”, fueron decretadas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de ese período en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones del movimiento social popular y político de la nación. Ante este fallo, de manera virulenta se provocó la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del régimen del que ya era parte Juan Orlando Hernández. Y el único magistrado que estuvo a favor de las tales ciudades modelo, Oscar Fernando Chinchilla, fue premiado nombrándosele ilegalmente como fiscal general de la república, reelegido nuevamente de manera ilegal en el mismo cargo, que ostenta hasta este momento. Es así como las ZEDEs intentan avanzar en el departamento de Atlántida como un cáncer que carcome, contamina y destruye todo a su paso al carecer de asideros legales que limiten la expansión de las mismas.

Atlántida, el departamento más rico en biodiversidad agrícola y silvestre continua condenado a su devastación ambiental como nunca antes. No se respetan áreas protegidas, zonas de reserva de las comunidades, humedales, zonas productoras de agua, campos de cultivos, etc. Con las ZEDEs, se abren las puertas para entregar todo el departamento sin derecho alguno por parte de la población para garantizar su existencia con dignidad y justicia.

Las ZEDEs implican en primer lugar, el despojo de nuestros territorios y demás bienes comunes. En segundo lugar, la humillación hasta la desaparición de los pueblos originarios que hacen del departamento de Atlántida un verdadero crisol de culturas del pueblo hondureño. Las tradiciones de origen Lenca que han pervivido en nuestras comunidades por medio de las familias que una vez migraron desde las tierras de occidente. Las comunidades del pueblo Garífuna y sus particulares cosmovisiones. La cultura mixtada de las poblaciones de familias agricultoras que han reproducido su cultura con rasgos culturales que datan desde tiempos coloniales. Todo está condenado a desaparecer, paradójicamente, justo cuando otras culturas y pueblos en otras latitudes de la tierra se aferran a sus tradiciones para subsistir y recrear sus vidas en el contexto de la globalización que nos convoca a todos y todas.

Atlántida no cede a las ZEDEs.

Si los grupos políticos y empresariales se comportan como estamentos de indignidad vendiendo el territorio al mejor postor, Atlántida tiene la obligación de juzgarlos y condenarlos. Estamos llamados a apoyar nuevos liderazgos no contaminados por las mafias que han asaltado los partidos políticos y demás organizaciones alineadas con propósitos similares.

Si las Fuerzas Armadas y policiales se sienten incapaces de detener la clase corrupta y narcotraficante que vende nuestro departamento, la juventud y las generaciones actuales estamos llamados a ser fieles a aquellos que han luchado por nuestra soberanía; desde Morazán y Cabañas hasta el mártir Ramón Fiallos y muchos otros luchadores y luchadoras que han abonado con su sangre la dignificación de nuestro departamento.

Que este cabildo no se quede en una protesta más que choca contra la sordera de quienes nos desgobiernan y sirva para fortalecer el frente común contra las ZEDEs y, más todavía, llamar a la unidad de las organizaciones populares para construir la Honduras que todos y todas anhelamos.

DE LA RESISTENCIA A LA SOBERANÍA CON DIGNIDAD

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

La Ceiba. 18 de junio de 2021

¡SI SE PUDO! Banca estadounidense renuncia a Financiar el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito

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La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) anunció la cancelación de su financiamiento, por US$ 35.7 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y cuya concesión es manejada por la empresa Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), propiedad Emin Abufele y HERMACASA, de esta última es accionista la empresa estadounidense Simonds Internacional Corporatión.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado sobre el rio Jilamito, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida; territorio en el que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) tiene más de una década de lucha sostenida contra la corrupción y violaciones de derechos que implican concesiones como la otorgada a INGELSA. La concesión de dicho proyecto se concretó en 2010 y teóricamente produciría 14 MW de energía, a un costo de US$ 75,5 millones y cuyos financistas serían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Invest, DFC y un porcentaje por los socios de INGELSA.

¿Por qué renuncia el DFC?

En el anuncio de su decisión, la DFC no brindó causales específicas, simplemente se limitó a señalar que “la decisión se tomó después de un período prolongado de debida diligencia”.

No obstante, para el MADJ la decisión de esta instancia financiera está motivada en la férrea oposición de la población de la zona que ha denunciado el enorme daño que este proyecto ha provocado en la Reserva de Texiguat y el impacto negativo, por el no acceso al agua de al menos 16 comunidades, que albergan a alrededor de 25 mil personas.

Desde hace más de 4 años, la población de Arizona y organizada en el MADJ profundizó su lucha pacífica por la defensa del río Jilamito, instalando de manera ininterrumpida, el Campamento Digno por el Agua y por la Vida desde donde: 

  • Se profundiza el proceso de organización popular y se tejen alianzas con personas y organizaciones en lucha por la defensa de la Dignidad Humana en otros territorios de Honduras y en distintas partes del mundo.
  • Se han desarrollado tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto en donde las comunidades. De forma unánime y reiterada, han expresado su rechazo al proyecto y declararon al municipio de Arizona como un TERRITORIO LIBRE de proyectos extractivos.
  • La alcaldía de Arizona ha asumido como suya la decisión de la comunidad y por lo tanto, se ha mostrado opuesta al proyecto, que adicionalmente lesiona su autonomía municipal.
  • Se han presentado diversas denuncias y acciones legales ante la institucionalidad pública por actos de corrupción cometidos en el proceso de concesionamiento, sin que, hasta el momento, ninguna de estas acciones tenga una respuesta por las instancias correspondientes, especialmente la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
  • La defensoría del río Jilamito ha significado procesos de criminalización, vigilancias, persecución y  amenazas de toda índole hacia compañeros/as por parte de las estructuras represivas del Estado y gobierno hondureño y del sector empresarial que está al frente del proyecto hidroeléctrico y que, por su perfil, genera serios temores e inseguridades en la zona.

En resumen, para el MADJ, que la DFC revoque el financiamiento, refirma la inviabilidad humana, la corrupción y la notoria violación de derechos que este tipo de proyectos plantean. Fundamentalmente, Reafirma la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y materializan la defensa de sus derechos, en este caso el derecho a la participación democrática de manera decisiva, derecho a un ambiente sano, derecho a la información y el vital derecho humano al agua potable para las personas.

La consulta que surge, luego del anuncio de la DFC es ¿Cuándo renunciará o revocará el BID-Invest el financiamiento de estos proyectos de muerte?

Por la memoria de los mártires de las luchas del MADJ

Por la memoria de Ramón Fiallos y Argentina Gonzales y Santos.

Los pueblos venceremos y sabremos hacer justicia ante la voracidad y la corrupción del capital.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡

Resistir al fraude electoral

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 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Pronunciamiento Público: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

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A las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, territorios en resistencia, y al pueblo en general;

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos sumamos a las exigencias de justicia por el feminicidio de Keyla Patricia Martínez, enfermera de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, ocurrido en la Estación Policial de dicha ciudad, el pasado 07 de febrero en horas de la madrugada. 

Como si, la Narcodictadura, la pandemia global de COVID19, el paso de las tormentas Eta e Iota y la desprotección sanitaria y de bioseguridad no fuesen suficiente, el asesinato y feminicidio de Keyla Patricia Martínez nos obliga a realmente cuestionarnos, si en Honduras la vida de las y los pobres no vale nada – ¿cómo esperan realmente que no quememos todo?

A 11 años de narcodictadura, las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales asumen desde sus cortas ideas, que, a través de un comunicado en la página oficial de la Policía Nacional, que Keyla Patricia Martínez cometió suicidio, desvinculando la responsabilidad del Estado y su Gobierno

Han sido 11 largos años de narcodictadura, en donde las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales han sido instrumentalizadas para el trasiego de cocaína, armas y personas, en donde las violaciones de derechos humanos, han puesto entre dicho la capacidad operativa de administrar la justicia por parte del partido de gobierno y sus diversos aliados económicos y militares.

El feminicidio de Keyla Patricia Martínez, es una demostración más, de que en Honduras la policía, asesina, viola, trafica y extorsiona porque existe un Estado y un Gobierno que garantiza la impunidad. El caso de Keyla, es la máxima expresión de las múltiples violencias que afrontan mujeres y niñas en un país con una narcodictadura y cuyas garantías constitucionales son expuestas debido, al abuso de autoridad de policías y militares, por ello y en profunda solidaridad con las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, nos pronunciamos y exigimos:

  1. Denunciamos y condenamos la represión policial perpetrada por la Policía Nacional contra las y los manifestantes, entre ellos, familiares, luchadores sociales, organizaciones sociales, políticos y defensores de derechos humanos que pacíficamente exigen justicia frente a la estación policial en La Esperanza, Intibucá.
  2. Exigimos una investigación independiente, con rigor técnico y científico, que garantice un proceso transparente y óptimo de los hechos, enjuiciando y encarcelando los responsables materiales e intelectuales de Keyla Patricia Martínez.
  3. Condenamos el comportamiento cómplice del Ministerio Público que a más de 48 horas de haberse cometido el crimen no ha ordenado la detención de los sospechosos del crimen, garantizando la impunidad sistemática contra mujeres y niñas.

Por último, hacemos un llamado a la población hondureña, que, en medio de la tragedia, nos sumemos a toda acción de protesta por la recuperación de la justicia y la dignidad de nuestras familias.

¡Hasta la dignidad, Siempre!