A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.
La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.
Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.
Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.
Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.
Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.
El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.
(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.
En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.
Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.
En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.
En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes. Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.
En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.
Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.
Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.
En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.
Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.
En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”
La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.
Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.
Milgen Idán Soto Ávila de 29 años es el nombre del indígena que está desaparecido desde el lunes anterior en la tribu San Francisco Locomapa cuando se dirigía al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupan, es integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y luchador social que defiende los bienes comunes y naturales de su tribu.
Milgen ha denunciado amenazas en su contra producto de la labor que ejerce como luchador social, además es pariente de Ramón Matute y los dos indígenas que recientemente fueron asesinados en la tribu por defender su territorio ancestral.
También es parte del grupo de indígenas que fue denunciado por el empresario Wilder Dominguez y el Consejo Directivo de Tribu, eternos saqueadores de los bienes de la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen asumió la labor de brindarle seguridad al coordinador de los núcleos del Movimiento Amplio en la tribu, Ramón Matute, después del asesinato de su padre y hermano, Matute se encuentra seriamente amenazado por empresarios y los integrantes del Consejo Directivo de Tribu.
Por su compromiso y militancia en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Milgen ha asumido los riesgos que implica en Honduras el ser un luchador social, ha participado en los procesos de formación y asambleas de nuestra organización.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos la inoperancia, la incapacidad y la discriminación que sufren las y los indígenas cuando llegan a las instituciones públicas a interponer denuncias por las agresiones que son objeto.
Seis años transcurridos desde el
triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto
Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes,
asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su
institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso,
nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan,
habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos
dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros
derechos.
Es de su conocimiento que dichos
asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros
bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año
1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales
el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.
La falta
de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores
intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de
febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente
asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos
advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes
piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar
de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia
e indiferencia del Estado y de su institución.
Ustedes
conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra
de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto.
Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones
irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro
pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la
destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de
agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.
Durante 6
años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las
investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese
mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros
denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de
nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de
los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del
delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el
próximo 13 de septiembre de 2019 a las 09:00
am en el juzgado de Yoro.
Este
comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el
Estado a través de su institución en
confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia
territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con
certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol,
Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del
país. Ante todo esto, hemos comparecido
ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los
abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas,
teniendo únicamente el silencio del Estado.
Respondan
ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público
responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se
trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes
naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se
han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro
bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San
Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la
empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?
¿Cinco
asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la
urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan
actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus
instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?
A 6 años
del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de
nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con
nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;
Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.
No queremos llorar más muertes, no
queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que
enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de
Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.
Tribu San Francisco de Locomapa,
Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró
obtener ayer Auto de Formal
Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de
Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de
extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una
denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo
realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona
considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura
de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A,
específicamente de extracción y traslado de antimonio.
Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía
de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro,
lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario
Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño,
quien compareció en su condición de gerente general y representante legal,
solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio,
siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y
pagando una suma de dinero por la misma.
En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el
funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral
antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro,
al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes
pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por
ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y
otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.
Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida
delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe
de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de
abuso de autoridad.
El antimonio es un elemento semimetálico que
principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos
para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes,
vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una
creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de
diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta
el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.
Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la
corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la
tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y
la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas encarcelados, desterrados y asesinados producto de su lucha en defensa
de su territorio.
Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.
Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores
del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus,
CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son
partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las
tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
