Otra victoria popular en la causa Berta Cáceres, Banco holandés retira financiamiento a Banco Ficohsa en Honduras.

En el juicio contra Roberto David Castillo por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres ha abierto el panorama que confirma que las luchas de las comunidades son legitimas y que los pueblos en Honduras también saben hacer justicia sin la violencia que caracteriza al modelo extractivo.

Entre los logros de lucha que ha implicado el no desmayar en la búsqueda de justicia para Berta destacan: La persistencia de la lucha de las comunidades de Río Blanco, lugar a donde intentó imponerse violentamente el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y que finalmente sucumbió ante la resistencia del pueblo Lenca.

El otro fruto de esta lucha que aún no termina, es el poder descubrir la colusión entre empresarios, funcionarios y las fuerzas de seguridad del país, es la vinculación de la corrupción en el sistema hondureño y entonces “se ha puesto al sistema de justicia a debatir sobre sus propias corrupciones, sus propios delitos” dijo nuestro compañero Víctor Fernández, director del equipo legal de la causa Berta Cáceres.

Y el otro triunfo en la causa Berta Cáceres hasta este momento, es el que hoy se ha hecho público y oficial, el FMO retira financiamiento a banco FICOHSA.

Así lo ha comunicado el Copinh.

FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción, así como graves violaciones de Derechos Humanos.

1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Átala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.

2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.

3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.

4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.

5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.

6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.

Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

Atacan y destruyen instalaciones de radio indígena en Honduras.

Como una muestra de lo que ha llevado el modelo extractivo a las comunidades en Honduras y en especial a las tribus indígenas Tolupanas del departamento de Yoro, el pasado lunes 10 de mayo de 2021 un grupo de personas afines a un empresario maderero, Wilder Dominguez, atacaron y destruyeron parte del edificio que se construye para que funcione Radio Dignidad tolupana, y además, agredieron y amenazaron a las y los indígenas que luchan por la preservación de su territorio.

Durante el ataque perpetrado contra el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, los criminales destruyeron las instalaciones de la Radio Dignidad Tolupana, medio de comunicación alternativo que funcionará en la Tribu San Francisco de Locomapa y que se ha ido construyendo gracias al aporte de hombres y mujeres indígenas que han destinado parte de su tiempo y sus recursos para impulsar y construir este proyecto.

A pesar de haber habido un buen grupo de luchadores y luchadoras sociales en el Campamento al momento del ataque, nuestros compañeros y compañeras no reaccionaron a las agresiones, esto como principio básico de que nuestra lucha es pacífica y sin violencia.

“A eso de las 7:00 de la mañana el incidente que hubo fue la represión del Consejo Directivo, en primera instancia, desbarataron el muro de la radio, hubo amenazas a morir, hubo disparos, a la compañera Rosadilia Vieda le hirieron el dedo con un machete”, dijo uno de nuestros compañeros que estaba en el lugar al momento de la agresión.

Pero el ataque no se detuvo ahí, los delincuentes avanzaron a lo interno del Campamento Digno. “Ya en el Campamento, quemaron la manta del Movimiento, le metieron fuego, dijeron que iban a meterle fuego a la casa de mi hermano”. Amenaza que se concretó a eso de las tres de la tarde cuando estaba la policía en la zona y no hizo nada por detener el crimen, contrario a eso, contribuyó a extraer los camiones cargados de madera.

Las y los indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones las acciones de violencia que se dan cuando el empresario llega a las comunidades, pero lo más lamentable de esto es que ninguna autoridad les presta la debida atención para detener las agresiones. “Poniéndole parte a las autoridades porque esto es viejo, y uno viene pidiendo estos auxilios, y uno en verdad no es que está tunco, lo que pasa que en estos momentos queremos que las leyes se cumplan, en verdad que el que sea culpable de estos actos que paguen sus condenas”, dijo nuestro compañero Amado Cabrera.

En el hecho también resultaron heridas varias personas, integrantes del MADJ, entre las afectadas está una menor de edad que fue golpeada y herida con una piedra, también otro joven que recibió un golpe en una de sus piernas. Los incidentes no finalizaron ahí, los criminales también dispararon contra Jackelin Ávila, joven indígena quien se encuentra herida de bala y recibiendo atención medica en un centro asistencial de la zona norte. Las acciones violentas finalizaron con al menos tres individuos ingresando a la casa del luchador social, Celso Alberto Cabrera a quien le incendiaron la vivienda con varios de sus hijos menores de edad adentro, debido a la rápida intervención de vecinos y compañeros de lucha, sus hijos y esposa resultaron ilesos.

Radio Dignidad Tolupana se empezó a edificar el 19 de diciembre de 2019 en el mismo sitio donde fueron asesinados tres indígenas en el año 2013, este crimen sigue en total impunidad y esto alienta a los agresores para que sigan cometiendo estos delitos.

El trabajo y el aporte de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha sido esencial para el avance en el proyecto de comunicación que abrirá nuevos espacios de participación por todo el pueblo Tolupán.

Barbarie y terrorismo de Estado contra el pueblo Tolupán de Locomapa: la vida digna del pueblo Tolupán no puede valer menos que una troza de madera.

La barbarie de la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la tribu, nuevamente quedaron evidenciadas en San Francisco de Locomapa al perpetrarse diferentes actos de violencia que dejaron como saldo una persona herida de bala, varias personas heridas de arma blanca, una casa incendiada y el muro perimetral en construcción de Radio Dignidad Tolupana totalmente destruido.

De manera concreta, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE denunciamos que el pasado 10 de mayo se realizaron los siguientes actos delictivos:

  1. Alrededor de las 7:30 de la mañana, unos 60 indígenas, trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en compañía de dirigentes del Consejo de Tribu se dirigieron hacia la sede del Consejo Preventivo, situado en el caserío de San Francisco Campo, y procedieron, sin ningún tipo de mediación, a destruir el cerco perimetral y la construcción que hasta ahora se ha realizado de las instalaciones de la radio comunitaria “Dignidad Tolupana”. Kristian Donely Medina, miembro del CDT, almágana en mano, inició la demolición de paredes y destrucción de implementos.
  2. A las acciones de destrucción de la infraestructura le siguió un ataque por parte de los indígenas obreros de INMARE, quienes, armados con machetes y armas de fuego, procedieron a atacar a los miembros del Consejo Preventivo y demás pobladores indígenas que se encontraban en las instalaciones del campamento.
  3. Entre las principales personas que atacaron a la población y destruyeron el inmueble se encuentran: José Alberto Vieda, Presidente del CDT, Kristian Donely Medina, Secretario del CDT, Yeri Adalid Córdova, fiscal del CDT, Melvin Antonio Cabrera, Nicolás Córdova, Jaime Matute y unos sesenta trabajadores de la empresa maderera INMARE, dedicada a arrasar los bosques de la tribu.
  4. Ante la dimensión de las agresiones, el Consejo Preventivo de la tribu, el Bufete Estudios para la Dignidad y el MADJ solicitamos la inmediata intervención del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y de la Policía Nacional, pero ambas instituciones guardaron un silencio tan criminal como las acciones realizadas por los trabajadores de INMARE y el Consejo Directivo.
  5. Al medio día se hizo presente la patrulla PN-952, con seis miembros policiales bajo la dirección del clase Pineda. Se creyó que la presencia de los efectivos serviría para combatir la violencia desatada por INMARE y el CDT y la detención de sus agresores, no obstante, la policía decidió utilizar su tiempo para dar paso los camiones cargados de trozas de madera explotadas de manera irregular por parte de INMARE, para lo cual contando con el acompañamiento del CDT, comenzaron a disparar contra la población para abrir el paso a los camiones.
  • En un acto de indignación, la indígena fiscal del Consejo Preventivo, Adilia Vieda, enfrentó a los camiones gritando: “Mátenme si quieren. Por defender mis derechos doy la vida”, e inmediatamente fue atacada por Kristian Medina, del CDT, con un machete y le hirió los dedos de una de sus manos. Mientras tanto, Jaime Matute continuaba disparando a la población logrando herir en una de sus piernas, a la indígena Norma Jakelin Ávila, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

De igual manera, la menor de edad Gabriela Ávila, hija de Norma Jakelin Avila, resultó herida tras recibir una pedrada en su cabeza, igual que Joel Fúnez, que también fue alcanzado por una piedra en su cuello, y Enia Ávila, que resultó con una luxación de su pie derecho.

  • Luego del paso de los camiones cargados de madera la patrulla policial abandonó la tribu sin importarle la condición de los heridos. Para el 11 de mayo, la misma patrulla policial [PN-952] volvió a hacerse presente en San Francisco de Locomapa, con 7 policías encapuchados y cuatro militares. Llegaron para conseguir que saliera uno de los camiones madereros que se había dañado el día anterior, y abandonaron la tribu tan pronto como el camión salió de la zona.
  • Hacia las 3 de la tarde, Kristian Medina, del CDT y otros trabajadores de INMARE, ingresaron a la casa del indígena Celso Alberto Cabrera, dirigente del Consejo Preventivo y miembro del MADJ, derramaron gasolina y prendieron fuego. La esposa de Celso Cabrera y sus dos hijos, que estaban dentro de la vivienda lograron evacuar la vivienda en último momento.  La casa fue consumida en su totalidad. Adicionalmente. También provocaron destrozos en la casa de habitación de Antonia Cabrera, a quien se le destruyó una pequeña planta eléctrica que servía al Consejo Preventivo para cargar sus celulares y comunicarse entre los más de 20 caseríos de la tribu y con el exterior. Celso y Antonia son hijo e hija de la mártir Enriqueta Matute, asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a otros dos indígenas que luchaban contra empresarios mineros y madereros que con el aval de la FETRIXY y el CDT devastaban los territorios tribales en ese momento.
  • Durante el ataque, las y los indígenas relatan que los agresores no dejaban de proferir insultos y amenazas de muerte en contra de actual presidente del Consejo Preventivo, José María Pineda, Angela Murillo, actual secretaria del CPT y en contra de todas y todos los miembros del MADJ en Locomapa. Proferían frases groseras como “aquí va a rodar sangre”, “Los que están procesados los vamos a matar para que dejen de joder”.
  • La indígena Ángela Murillo, fue amenazada directamente por Kristian Medina con que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar”, inmediatamente, Ángela se movilizó a los juzgados de Yoro a interponer una denuncia por daños, incendios, amenazas y lesiones. La DPI y el Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir la denuncia, pero, tras la presión del grupo de indígenas que acompañaba a Ángela y los reclamos del defensor de derechos humanos del MADJ que acompañaba en ese momento a los tolupanes se consiguió finalmente que la DPI tomara la denuncia.

Frente a esta descripción de hechos, para el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y     FUNDAMBIENTE queda claro que:

  1. La policía y las fuerzas armadas llegaron para garantizar que el empresario maderero Wilder Domínguez sacara sus camiones cargados de trozas de pino, en una clara y evidente alianza, que denota la corrupción existente y el “acompañamiento” que existe entre la policía, DPI, FFAA, ICF, empresariado, terratenientes, Ministerio Público y el Poder Judicial, contra indígenas organizados y en resistencia.
  2. La dinámica de los hechos expuestos demuestra que se trata de un acto de terror de Estado y del capital privado en contra del pueblo Tolupán que ha optado por resistir al saqueo de su territorio. Los empresarios de la madera y sus testaferros dentro de la tribu nuevamente quieren imponer el miedo, terror a fin de desmovilizar a la población que defiende sus bienes naturales.
  3. Señalamos a Wilder Domínguez, propietario de INMARE, como responsable principal de este nuevo hecho de violencia y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la Tribu.
  4. Condenamos la complicidad del Estado de Honduras que desde sus instituciones como el ICF, Ministerio Público, Policía Nacional, INA, MIAMBIENTE y municipalidad de Yoro se preocupan más por satisfacer la avaricia del empresario Wilder Domínguez y su empresa INMARE antes que buscar una solución que devuelva la paz a una tribu que busca defender sus derechos naturales y territoriales.
  5. Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a condenar estos actos en los que se pone en grave riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas tolupanes beneficiarios de medidas cautelares, mismas que en reiteradas audiencias de la CIDH se han expuesto. Estas medidas, son irrespetadas por el Estado de Honduras cada vez que la empresa INMARE necesita devastar los bosques de la tribu y atentar contra la integridad física y emocional de indígenas tolupanes.

Finalmente, solicitamos, como un acto de permanente solidaridad que dignifique al pueblo Tolupán, que la sociedad hondureña, las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estudiantes, organizaciones feministas, ambientalistas, pueblos negros e indígenas, LGTBIQ, unidades académicas, artistas y a la comunidad internacional se pronuncien públicamente para exigir justicia para los tolupanes de San Francisco de Locomapa y para que este hecho no quede en la impunidad.

Les invitamos a pronunciarse a través de los hashtag #LocomapaResiste, #ResistenciaTolupana y #DignidadyJusticia, a través de sus perfiles en redes sociales, así como el acompañamiento a próximas acciones legales y de movilización por la justicia y la dignidad del pueblo Tolupán. 

A los terroristas del CDT al servicio de INMARE les decimos que ningún acto de barbarie similar al de los últimos días harán desistir a quienes somos parte del Movimiento Amplio de nuestra lucha, pacífica, justa y legítima en territorio Tolupán, como en el resto de territorios en el país.

San Pedro Sula. 12 de mayo de 2021

Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Organizaciones presentamos acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que restringe y discrimina la participación política en el marco del extractivismo y el uso de poderes de emergencia en Honduras

La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, OFRANEH, COPINH, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.

Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).

También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.

Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.

Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente  y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.

A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.

¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas

y no una herramienta más para el saqueo!

Resistir al fraude electoral

 El Movimiento Amplio llama a votar sin convertirnos en cómplices de quienes han asaltado el Estado de Honduras

Consciente de la responsabilidad que le corresponde como organización firmemente defensora de la dignidad y la justicia de los pueblos, el Movimiento Amplio asume este momento político electoral desde su compromiso histórico, ético y popular, deplorando las circunstancias en que se ha llegado a las elecciones internas.

Esta primera fase del proceso electoral bien pudiera marcar el inicio del fin del asalto del Estado por la clase política, militar y narcotraficante que tras una década en el poder condena a la población hondureña al hambre, desempleo, despojo y saqueo de sus bienes naturales, a la muerte violenta como nunca antes. Nuestra realidad se ha convertido en una especie de genocidio silencioso que obliga a miles de familias a huir desesperadamente fuera de nuestra patria intentando sobrevivir a esta trágica situación. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, la campaña proselitista continúa empantanada en las prácticas tradicionales corruptas y criminales.

Condenamos el hecho que la presente contienda electoral, lejos de caracterizarse por ser un auténtico ejercicio de praxis ciudadana nítidamente democrática, más bien se reproduce la misma estructura fraudulenta electorera que por más de un siglo ha sido el medio eficaz de corruptos y vende patrias para torcer los verdaderos anhelos de la ciudadanía de contar con gobiernos amantes de su pueblo y comprometidos desde los más altos valores democráticos. La venta de candidaturas al mejor postor, el resurgimiento de los bebesaurios que hacen de los partidos políticos instituciones privadas cuasi monárquicas, la financiación de candidatos por parte de empresarios que a cambio exigen el despojo de los bienes naturales de las comunidades, el ensayo de las consabidas triquiñuelas orientadas al manoseo del conteo de votos, la compra de conciencias y votos son las más claras evidencias de que todavía no se han superado los vicios electoreros que tanto daño han causado.

Sin embargo, sobre este escenario fraudulento de incertidumbre electoral, reconocemos que a pesar de ello hay hombres y mujeres que con toda honestidad y voluntad de compromiso popular han lanzado sus candidaturas a los diferentes cargos a elección popular. Desde el Movimiento Amplio llamamos al pueblo a respaldar estas personas valientes y honestas comprometidas con su pueblo, dispuestas a arrebatarle a los políticos corruptos y narcotraficantes lo que por voluntad popular pertenece a todos los hondureños y hondureñas.

Votar es un deber ciudadano, pero elegir políticos que defiendan los intereses del pueblo es nuestro deber irrenunciable que dignifica nuestra condición ciudadana responsable y capaz de reconocer los méritos de aquellas personas que se lo merecen, castigando al mismo tiempo a aquellos candidatos que desde ya han vendido su conciencia y voluntad a empresarios, narcos y corruptos.

No votes por quienes ya sabes que viven de la corrupción. No votes por quienes han vendido los ríos de las comunidades, las montañas con sus bosques y sus yacimientos minerales. No votes por candidatos que llevan en sus planillas a gente de este tipo.

San Pedro Sula. 12 de marzo de 2021

Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

Corrupción Honduras
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/los-protectores-del-rio-jilamito-y-la-guerra-por-el-agua-en-el-caribe-de-honduras/

Cuarta Legislatura y 11 años de narcodictadura.

El 27 de enero se cumplieron siete años del ascenso ilegal e ilegitimo del narcodictador Juan Orlando Hernández, quien después de haber violentado la Constitución de la república, amparado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad y cooperación internacional, así como organismos financieros e internacionales, entre ellas la OEA, asumió el poder en Honduras.

A más de 11 años del golpe de Estado, la sociedad hondureña se encuentra entre una delgada línea de una “Honduras de acá y una Honduras de allá”. Y es que con esa frase el dictador y las organizaciones criminales, entre ellas; el partido nacional y liberal, han implantado en Honduras una forma de gobierno donde la élite económica y militar han tenido mayores beneficios, cobertura de derechos y principalmente impunidad, pues, tras escalofriantes casos de corrupción en el pasar de los años (2013, 2015, 2017 y 2020), la narcodictadura no deja de sorprendernos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido marcado por los actos de corrupción en total impunidad, los fraudes electorales respaldados por la embajada norteamericana, los desfalcos y privatización de las instituciones del Estado, una agenda completamente abierta a la entrega de los territorios y la venta “menudeada” del país.

El orden constitucional que se rompió en el golpe de Estado en el año 2009 nunca más volvió a restablecerse a pesar de haber celebrado tres procesos electores, todos ellos, fuertemente criticados por la población, gremios y organizaciones políticas y sociales, desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido reduciendo la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacios para el autoritarismo.

Los últimos tres Gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales sin ser notable una mejoría en la calidad de vida de las y los hondureños, por el contrario, han beneficiado a los autores intelectuales de golpes de estado, asesinato a líderes y liderezas políticos y luchadores sociales (Caso Berta Cáceres, Ramón Fiallos y María Enriqueta Matute), El presupuesto de seguridad y defensa ha incrementado año a año en detrimento de las políticas sociales, que en los últimos años han sufrido un deterioro en la cobertura de derechos y condiciones mínimas de dignidad.

Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, generando precarización laboral y perjudicando a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández sigue contando con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, el comando sur y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que aún no cuenta con la totalidad del cuerpo diplomático, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración del narco en las estructuras estatales.

Por todo ello es que, en este nuevo aniversario del golpe dictatorial, sus continuadores siguen entregando el país a la codicia de las trasnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano y principalmente, de los saqueadores de cuello blanco, que desde sus apellidos importados han hundido la economía de manera que la desocupación y la miseria han convertido a Honduras en uno de los territorios más pobres de Centroamérica y del continente.

La oscuridad grisácea que contempla a Honduras desde el Narco Estado, tiene a sus hombres y mujeres, sus niños y hasta los ancianos en una de las peores crisis humanitarias a nivel global, pues es el pueblo quien alimenta las columnas de los “condenados de la tierra” que intentan llegar hasta las vallas que separan la frontera de México con el infierno USA.

Desde el 2009, el capital transnacional, la comunidad y cooperación internacional, hidroeléctricas, mineras, aserraderos, pastillas de harina, narcotraficantes, agentes encubierto, dos fraudes electorales y una militarización de la institucionalidad y de la sociedad son los datos duros que se manifiestan en las calles empobrecidas, desiguales y violentas de Honduras, pues han convertido al país y a su institucionalidad en una novela de realismo mágico perfecta, o en otras palabras; Honduras es, una dictadura perfecta, que solo el pueblo, organizado, combativo y digno, puede transformar los días grises, en días de alegría y justicia.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.