Indígenas Tolupanes demandan permanencia de clínica dentro de la Tribu.

La Tribu San Francisco de Locomapa de Yoro nuevamente es sometida al despojo, la discriminación y condenada a no tener acceso a salud de calidad, la Secretaría de Salud y la negligencia de las autoridades salientes de la municipalidad de Yoro han puesto en riesgo el funcionamiento de la clínica que fue ganada mediante sentencia judicial en el año 2021.

Las y los indígenas lograron obtener este centro asistencial después de una acción legal interpuesta por organizaciones de Derechos Humanos como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad, Fundambiente y el Consejo Preventivo de Tribu, estructura indígena de la Tribu encargada de velar por el bienestar colectivo de la comunidad.

Hoy la clínica está siendo atacada y pretende ser removida de la Tribu indígena para ubicarla en una comunidad habitada por personas ajenas a la Tribu (ladinas) sin el consentimiento de las y los indígenas que presentaron la acción legal que fue resuelta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que ordenó a la Municipalidad anterior que: “Defina un Plan de Acción Permanente para que todos los integrantes de la Tribu San Francisco de Locomapa sean satisfechos en su derecho a la Alimentación, debiendo integrarse como Parte de este Plan al Presidente del Consejo Preventivo de Tribu, e incorporar, en el desarrollo del mismo, los estándares internacionales sobre Derecho de las Personas y de los Pueblos Indígenas”.

Además, la resolución dicta que se “Presente un informe que describa la cantidad de familias que integran la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, y el tipo y cantidad de alimentos proporcionados a cada uno”.

En la segunda cláusula de la resolución el juez ordena “Que, de manera inmediata, la Municipalidad de Yoro, Departamento de Yoro, facilite asistencia medica integral a todos los miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa, para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. La atención medica debe ser conforme al respeto a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, la vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID-19; y se deberá acreditar el tipo de asistencia Médica brindada a cada persona”.

También el juez resolvió delegar la tarea de vigilancia al cumplimiento de esta a instancias como el Ministerio Público.  “Que el Ministerio Público vigile el estricto cumplimiento de la Autoridad Recurrida a este amparo, velando por que esta asuma la Responsabilidad durante la emergencia sanitaria y que mantenga la obligación de respetar y garantizar los derechos invocados en este Amparo al Pueblo Indígena Tolupán, procediendo conforme a Derecho en caso de incumplimiento en el presente fallo.

La reubicación del doctor que atendía la Cínica Medica Tolupana se hizo sin consensuar con las y los integrantes del Consejo Preventivo de Tribu que fue una de las instancias que presentó la acción legal y que además en su resolución el juez ordenó que cualquier diligencia en relación al centro asistencial debía coordinarse con esta estructura tribal. 

La clínica funcionó desde el 30 de marzo del año 2021 hasta el mes de enero de 2022 en la comunidad de San Francisco Campo donde se atendían un promedio de 70 pacientes al día que presentaban enfermedades como la epilepsia, el asma y la hipertensión en los adultos, en niños las infecciones respiratorias agudas y diarreicas que podría generarlos el agua que ingieren, especialmente los que habitan en las comunidades más postergadas de la Tribu.

Ahora las y los indígenas deberán caminar entre seis y siete horas para llegar a la clínica a donde la Secretaría de Salud nombró el medico que antes atendía en la Tribu, creando un perjuicio de salud y económico para las y los habitantes de las comunidades tribales.

La exigencia para las nuevas autoridades municipales y del gobierno central es que la clínica siga funcionando en la Tribu y así garantizar el derecho a la salud de la población indígena de la zona de Locomapa.

Más allá del Gobierno de Xiomara Por una verdadera transformación política, social y económica de nuestra Patria.

Ante la transición y asunción del gobierno de la presidente Xiomara Castro, el MADJ plantea y propone:

1. Ratificar el respaldo a la alianza de oposición electoral liderada por Xiomara Castro Sarmiento, a través de la cual, el pueblo hondureño derrotó a la golpista, corrupta y multipartidaria narco dictadura cachureca.

2. La crisis generada a propósito de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional constituye un intento de la élite golpista y corrupta por arrebatar la agenda popular que debe avanzar hacia la refundación de la sociedad y el Estado hondureño.

3. El debate y la solución a ésta y a cualquier crisis, nunca más debe ser un juego de cúpulas de la nefasta élite, mucho menos de la embajada de Estados Unidos, ni de ningún gobierno o poder transnacional. Las soluciones a las crisis de Honduras siempre debe ser tarea del pueblo hondureño directamente y a través de sus legítimas representaciones.

4. Respaldamos su plan de gobierno que incluye la refundación del país, el desmontaje de la estructura económica, política y jurídica que hasta ahora garantizó el crimen, la corrupción, la narcoactividad, la violación de derechos humanos y su impunidad. Nuestro respaldo no es ciego, ni acrítico; tampoco incluye la entrega, ni siquiera simbólicamente, de nuestro pasado y presente como organización en lucha permanente contra la mafia económica, política y multipartidaria que avergüenza a nuestro amado país.

5. Faltando pocas horas para que asuma el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lamentamos que como pueblo no tengamos información sobre quiénes integran su gobierno. Conocer, con suficiente antelación, los nombres, los perfiles, capacidades y peso ético de las personas que integrarán su gabinete y permitir que la ciudadanía se pronuncie al respecto, es también una forma contundente de legitimación.

6. Llamamos, una vez más, a las organizaciones del Movimiento Popular y Social hondureño a asumir, en bloque y con autonomía, en convergencia con otros actores, nuestro rol de sujetos políticos y sociales, impulsores del gran proyecto liberador y refundacional del campo popular hondureño. Y no nos cansaremos de llamar a la Constituyente como el más grande compromiso del nuevo gobierno, ya que es la única y verdadera salida a la crisis política que continúa oscureciendo el presente y futuro de Honduras.

Dado en San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida a los 26 días del mes de enero del año 2022.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

Compromiso por una gestión legislativa digna.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), una organización social y política de Honduras en la cual nos organizamos diversas comunidades rurales, urbanas, estudiantes, profesionales, campesinos, agricultores, indígenas, hombres y mujeres comprometidas con la dignidad y la justicia, con la lucha contra la corrupción e impunidad, la defensa de bienes naturales y estratégicos del país, la promoción y defensa de derechos humanos de  colectivos especialmente los más vulnerabilizados[1].

Somos conscientes que, en este crucial momento, nuestro país está marcado por el nefasto imperio de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado hecho gobierno lo que provoca mayores tensiones, desesperación y frustración en una buena parte de la población, pero en contraste, también es un tiempo de esperanzas fincadas en el cambio que deben producir los resultados de las elecciones del próximo 28 de noviembre de 2021.

En el marco del desarrollo del proceso electoral convocamos a todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular por la alcaldía de San Pedro Sula a la Firma del compromiso por una San Pedro Sula DIGNA y a todos los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés a la Firma del compromiso por una GESTIÓN LEGISLATIVA DIGNA.

Estos compromisos, en el caso de San Pedro Sula consta de 12 peticiones ciudadanas que abarcan temas como la defensa y rescate de la cordillera de El Merendón, combate a la corrupción a lo interno de la Municipalidad, declarar el municipio libre de ZEDE´S y peajes, revocar el proyecto siglo XXI que tanto daño hace al pueblo sampedrano, liderar el proceso por recuperar el sistema de manejo del agua potable, revocar el sistema de grúas en la ciudad e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y relación directa con la ciudadanía rindiendo informes en asambleas populares y con participación ciudadana.

En el caso de las y los aspirantes al Congreso Nacional por el departamento de Cortés el documento contiene 10 puntos que tienen visión de país, el primero, liderar y revocar el decreto que dio vida a las ZEDE´S, derogación de leyes penales que garantizan la impunidad de quienes están vinculados a corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, revisión y revocación de contratos de concesión de la riqueza natural, liderar una gestión legislativa que priorice la plena satisfacción de los derechos de la población, liderar e implementar una práctica legislativa de rendición de cuentas, crear una estructura jurídica y liderar una práctica de CERO TOLERANCIA a la corrupción pública, asegurar que la elección de los próxima Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros cargos se desarrollen de manera ejemplar y transparente, pero que sobre todo sean con participación popular, impulsar mecanismos que permitan la discusión sobre el uso y manejo de los recursos públicos, hacer que la función legislativa se rija bajo los principios de transparencia, justicia y bien común e implementar un modelo de gestión de puertas abiertas y de relación directa con la ciudadanía.

Por un modelo de gestión pública transparente, justo, con participación ciudadana y respeto a la dignidad del pueblo. 

San Pedro Sula 23 de noviembre de 2021.

¡HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE ¡


 

¡NO más criminalización por reivindicar nuestros derechos territoriales!

“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres

Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:

  1. La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
  2. Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
  3. A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
  4. Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
  5. Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
  6. Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
  7. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.

19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Bufete Estudios para la Dignidad

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán

¡Basta ya de olvido y marginación, exigimos justicia y dignidad para nuestro pueblo Tolupán!

Nosotros y nosotras, ciudadanos hondureños, miembros de la tribu indígena tolupán, frente a la marginación, el despojo de nuestro territorio, de nuestra cultura y nuestras raíces, así como también frente al odio generalizado que se produce desde el Estado y sus diferentes instituciones, nos pronunciamos, en defensa de nuestros derechos y garantías que emanan de la Constitución de la Republica y de los tratados internacionales, de la siguiente manera:

PRIMERO: Condenamos que hasta ahora el Estado de Honduras ha sido incapaz de garantizar a nuestro pueblo el disfrute y goce de los derechos y garantías contempladas en nuestra Constitución, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a una Vida Digna; manteniéndonos en completa marginación y olvido, de igual manera, condenamos toda la discriminación que nuestro pueblo sufrió y sigue sufriendo a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, cuando en un acto totalmente cruel e inhumano se nos negó el acceso a la atención médica, a los alimentos básicos y equipo de bioseguridad que desde el Estado se nos debía garantizar.

SEGUNDO: Repudiamos que la institucionalidad hondureña actúe siempre de forma  favorable a los intereses del gran capital, beneficiando a las y los grandes empresarios y terratenientes que además de despojarnos de nuestros recursos y de nuestras tierras, nos asesinan, nos criminalizan, nos humillan y nos amenazan, faltando al precepto constitucional que indica que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad…”, asimismo, que es incapaz de poder responder a nuestros constantes requerimientos, exigencias y reclamos para que se haga justicia para nuestro pueblo tolupán.

TERCERO: Manifestamos que es totalmente inaceptable que ante la ola de asesinatos y constantes amenazas que recibimos contantemente y las cuales, con la misma constancia, denunciamos ante instituciones como el Ministerio Publico y Policía Nacional; hasta la fecha estas no hayan sido capaces de lograr responsabilizar a ninguno de los autores intelectuales o materiales de todos estos crímenes cometidos en perjuicio de nuestro pueblo, manteniendo en total impunidad todas las injusticias que se han cometido en nuestra contra.

CUARTO: Condenamos que nuestros órganos de representación se encuentren siendo ocupados por personas que no responden a los interés de la mayoría de miembros de la tribu, sino que más bien, se vuelven cómplices y promotores de la violencia en contra de las personas que luchamos por que se nos respeten nuestros derechos, asimismo, se dedican a vender nuestros recursos de manera ilegal a las grandes empresas extractivas a través de planes de manejo otorgados de forma ilegal, al respecto manifestamos que estas estructuras no nos representan y exigimos que las personas que las integran puedan ser reemplazadas por otras que si tengan como interés primordial, buscar Justicia y Dignidad para nuestro pueblo.

Por tanto, exigimos al Estado de Honduras, en su condición de garante y veedor de que la población goce en total plenitud sus derechos humanos, que pueda garantizar al pueblo tolupán el acceso a la salud, a una educación integral, gratuita y de calidad, así como también garantizar todas las condiciones que deban existir para poder tener una vida digna.

Exigimos castigo para los asesinos de nuestros mártires tolupanes, quienes murieron defendiendo los derechos de todo su pueblo. También, pedimos a las instituciones encargadas de velar por los intereses de la sociedad a través de las investigaciones de hechos criminales, como ser Ministerio Publico y Policía Nacional, que asuman su mandato y con inmediatez, tomen acciones contundentes en los procesos investigativos incoados a instancia nuestra, por crímenes cometidos en contra de nuestro pueblo tolupán.

Manifestamos que no está en nuestra agenda dejar de luchar por el respeto de nuestros derechos y los de todo nuestro pueblo, asimismo, no vamos a dejar de seguir señalando y condenando todo acto de corrupción y de injusticia cometido en contra cualquier hermana o hermano tolupán; por más que nos amenacen e intenten oprimirnos, seguiremos avanzando juntos, sin desfallecer, hasta lograr que se haga justicia y se respeten nuestros derechos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

Dado en la ciudad de Yoro, Yoro a los 17 días del mes de noviembre de 2021

Las aguas del río Jilamito son para la gente. Fuera ingelsa.

Las comunidades del municipio de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) establecidas en el Campamento Digno por la Defensa del Agua, nos juntamos este día con organizaciones internacionales frente a las oficinas de HERMACASA en Honduras y SIMONDS SAW INTERNATIONAL en Massachusetts, EEUU, ambas empresas son socias de INGELSA y del Grupo IESA propiedad de Emin Abufele Marcos principal accionista del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito (PHJ).

En esta jornada por la defensa de la vida, la soberanía y la dignidad expresamos:

  1. Que el pueblo de Arizona ya decidió, al menos en tres asambleas de cabildo abierto, que las aguas del río Jilamito serán destinadas exclusivamente para el consumo de las presentes y futuras generaciones del municipio y de esta manera superar el desabastecimiento que ya sufren cerca de 30 mil habitantes. Para cumplir los mandatos populares en defensa del río, el pueblo se constituyó en Asamblea Permanente desde 2017, a través del Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
  1. Como lo hemos denunciado de manera reiterada, en espacios públicos y en la instituciones nacionales e internacionales, el PHJ es expresión clara de actos de corrupción, de violencias a las comunidades, de ruptura del tejido social, de criminalización de liderazgos comunitarios, de amenazas y de violación al derecho humano al agua, al ambiente, a la participación comunitaria, al acceso a información público, a la soberanía y la dignidad de las personas.
  • Ante la falta de respuesta a nuestras denuncias, impugnaciones y muchas otras acciones, hoy iniciamos una nueva fase de movilizaciones a las sedes de las empresas y viviendas de las personas que, mediante corrupción y violencias, impunemente pretenden imponer el PHJ.
  1. Con nuestras manifestaciones pacíficas y con nuestras propias capacidades, en articulación con nuestros hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, hoy reimpulsamos el proceso para ponerle rostro y plena identidad a los verdugos de nuestras comunidades, estamos dando un paso más para romper con la violencia, la corrupción y la impunidad de grupos perversos como INGELSA-IESA.
  2. Llamamos a actores económicos internacionales como la empresa SIMONDS SAW INTERNATIONAL, al Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier actor del sistema financiero internacional a que se retiren y se abstengan de apoyar al grupo IESA-INGELSA y al PHJ, como ya lo hizo en abril de 2021, la corporación financiera para el desarrollo DFC que ha reconocido las múltiples denuncias del Pueblo de Arizona y tomó la decisión de suspender el financiamiento de 35.7 millones de dólares para la construcción del PHJ. Las empresas y la gente correcta no invierten ni promueve la corrupción y la violación de derechos.
  1. Desde la resistencia pacífica y el legítimo derecho a defender nuestros bienes comunes, reafirmamos que seguiremos defendiendo la soberana y humana decisión de que las aguas del río Jilamito y la riqueza natural del municipio de Arizona, sea para la gente; cueste lo que nos cueste.

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.

El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.

La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.

El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.

Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.

Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.

Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.

Bicentenario de supuesta independencia, nada que celebrar en el pueblo hondureño.

En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.

Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.

En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.

Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.

Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.

Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.

Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.

Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.

Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.

Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.

Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.

Victoria popular: Nueve indígenas Tolupanes triunfan sobre la justicia hondureña.

Casi tres años tuvieron que esperar nueve indígenas Tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que un tribunal hondureño reconociera que los había mantenido criminalizados sin una causa justificada.

El pasado 10 de septiembre de 2021 en una audiencia Ad Hoc, la justicia hondureña a petición de las áreas legales de las organizaciones Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y del Bufete Estudios para la Dignidad, realizaron la revisión de los supuestos delitos que se les imputaban a las y los indígenas desde el 17 de mayo de 2019 y por los cuales cumplían medidas sustitutivas a la prisión.

Durante la audiencia a la que asistieron todas las partes involucradas, determinaron que no había delitos y finalmente el tribunal resolvió otorgar un sobreseimiento definitivo que ratifica la inocencia de los compañeros y compañeras.

El proceso de criminalización que involucraba a tres mujeres y seis varones indígenas, inició después de una protesta que se desarrolló en la Tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, Honduras, y donde los acusados se manifestaban contra el corte inconsulto e ilegal del bosque que se ubica en territorio tribal.

Después de esa acción fueron citados a los juzgados, los indígenas, Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, además de, José María Pineda, Ramón Matute, Celso y Amado Cabrera, Oscar Vieda y Sergio Ávila para responder por la acusación realizada por el empresario Wilder Domínguez quien los criminalizó argumentando que obstaculizaban ilegalmente un plan de manejo forestal.

“Estamos libres hermanas y hermanos, estamos libres por un delito que no cometimos, más de dos a tres años de venir a firmar acá, le decía al abogado que nos defendió en este caso, que en este proceso no vamos a revivir a mi padre, a mi hermano, a Milgen Soto, que fueron asesinados en este proceso de criminalización que nosotros tuvimos y yo pido a nuestros hermanos tolupanes que están acá, que esta lucha no va a terminar acá, esta lucha la vamos ir a terminar en nuestro territorio Tolupán, y vamos ir a defender esta tierra”. Dijo nuestro compañero Ramón Matute, indígena, secretario del Consejo Preventivo de Tribu e integrante del MADJ que ya ha enfrentado la pérdida de su padre y su hermano producto de las acciones violentas de los empresarios en la zona.

En el grupo de indígenas liberados, hay compañeros y compañeras que enfrentan por tercera ocasión a la justicia hondureña que los ha criminalizado prácticamente por el mismo delito en diferentes ocasiones, además, hay compañeros y compañeras a quienes les han asesinado sus parientes producto de la lucha que han emprendido por defender su territorio, a estos crímenes la justicia hondureña no les ha dado solución y se mantienen en total impunidad.

Solo en la causa Tolupán de San Francisco de Locomapa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Consejo Preventivo de Tribu y el Bufete Estudios para la Dignidad han presentado al menos 46 acciones legales de las cuales muy pocas han obtenido respuestas.

El pueblo Tolupán es uno de los nueve pueblos originarios de Honduras, durante su proceso de lucha ante el despojo y saqueo ha sido uno de los más martirizados, de 1990 a la fecha han sido asesinados aproximadamente 120 de sus integrantes, la mayoría de ellos y ellas ligados a la defensa del territorio.

Saludamos el Día Internacional de la mujer indígena honrando la memoria de nuestra compañera Tolupán Enriqueta Matute

Hoy, cinco de septiembre, el Movimiento Amplio, Bufete Estudios para la Dignidad, FUNDAMBIENTE y el Consejo Preventivo Tolupán celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena rememorando el martirio de nuestra compañera Enriqueta Matute, asesinada hace ocho años por oponerse al saqueo de los bienes naturales del pueblo Tolupán en la tribu San Francisco de Locomapa. Desde la lucha y valentía mantenidas hasta el final de su vida visibilizamos los retos que las mujeres indígenas enfrentan en todos los pueblos indígenas de Honduras y valoramos el rol clave que desempeñan como portadoras y emisoras de saberes, conocimientos, prácticas y experiencias de sus pueblos; a la vez que constructoras y defensoras de una nueva sociedad más digna y justa para todos los pueblos  indígenas como para toda nuestra Honduras.

A pesar de afrontar grandes amenazas y ser un grupo en situación de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural aun al interior de sus propios pueblos, las mujeres indígenas tolupanas de diferentes tribus se han sumado proactivamente al Movimiento Amplio para actuar denodadamente en la defensa de sus territorios, bienes naturales y comunidades. Son ellas quienes enlazando y uniendo la comunidad custodian y protegen cuanto les pertenece. La solidaridad, la subsidiariedad y la capacidad creativa de resiliencia son las claves desde las cuales las mujeres indígenas tolupanas impregnan de dignidad y justicia todas sus comunidades, volviéndose imprescindibles en la producción y reproducción de valiosos saberes y acciones necesarias para afrontar las consecuencias negativas que los actuales modelos económicos dejan en sus territorios.

El liderazgo activo de la mujer  tolupana puesto al servicio de toda la comunidad constituye una enorme ventaja en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos en general. Y es que la lucha de la mujer tolupana es la lucha por su propia dignidad a la vez que es la lucha por la tierra, por el agua, por la vida, que en definitiva nos favorece a todas y todos en nuestra Honduras necesitada de nuevos valores y nuevos estilos de liderazgos,

Desde 1983 se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer Aymara que encabezó en el Alto Perú la rebelión contra los españoles, quienes la asesinaron en 1782. Es así como nos sumamos a esta celebración rindiendo homenaje a Enriqueta Matute, mujer que encabezó la lucha contra los saqueadores de las minas y los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa, siendo asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a dos compañeros tolupanes. Al mismo tiempo, el Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para  solidarizarnos una vez más con las compañeras tolupanas de Locomapa, María Ángela  Murillo, Wendy Pineda y Allison Pineda, criminalizadas por el Estado y sectores corruptos de Yoro y aun de las mismas estructuras ilegales que en nombre del pueblo Tolupán se benefician del saqueo de los bienes naturales que pertenecen a todo el pueblo Tolupán.  Y condenamos enérgicamente el atentado contra la compañera tolupana Norma Ávila, sobreviviente de un intento de asesinato ocurrido el pasado mes de mayo por pistoleros y turbas dirigidas por miembros del Consejo Directivo corrupto y trabajadores de la empresa INMARE

Desde el martirio de nuestra compañera Enriqueta extendemos nuestra solidaridad siempre fraterna a Berta Cáceres y muchas otras mujeres indígenas a quienes también les han sido arrebatadas sus vidas en nombre de un neoliberalismo y un patriarcado tan despóticos como criminales y cobardes cuando se enfrentan al poderío de las mujeres indígenas de nuestros pueblos.

¡ENRIQUETA VIVE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

San Pedro Sula, 5 de diciembre de 2021.