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La barbarie de la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la tribu, nuevamente quedaron evidenciadas en San Francisco de Locomapa al perpetrarse diferentes actos de violencia que dejaron como saldo una persona herida de bala, varias personas heridas de arma blanca, una casa incendiada y el muro perimetral en construcción de Radio Dignidad Tolupana totalmente destruido.

De manera concreta, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE denunciamos que el pasado 10 de mayo se realizaron los siguientes actos delictivos:

1. Alrededor de las 7:30 de la mañana, unos 60 indígenas, trabajadores de la empresa maderera INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, en compañía de dirigentes del Consejo de Tribu se dirigieron hacia la sede del Consejo Preventivo, situado en el caserío de San Francisco Campo, y procedieron, sin ningún tipo de mediación, a destruir el cerco perimetral y la construcción que hasta ahora se ha realizado de las instalaciones de la radio comunitaria “Dignidad Tolupana”. Kristian Donely Medina, miembro del CDT, almágana en mano, inició la demolición de paredes y destrucción de implementos.
2. A las acciones de destrucción de la infraestructura le siguió un ataque por parte de los indígenas obreros de INMARE, quienes, armados con machetes y armas de fuego, procedieron a atacar a los miembros del Consejo Preventivo y demás pobladores indígenas que se encontraban en las instalaciones del campamento.
3. Entre las principales personas que atacaron a la población y destruyeron el inmueble se encuentran: José Alberto Vieda, Presidente del CDT, Kristian Donely Medina, Secretario del CDT, Yeri Adalid Córdova, fiscal del CDT, Melvin Antonio Cabrera, Nicolás Córdova, Jaime Matute y unos sesenta trabajadores de la empresa maderera INMARE, dedicada a arrasar los bosques de la tribu.
4. Ante la dimensión de las agresiones, el Consejo Preventivo de la tribu, el Bufete Estudios para la Dignidad y el MADJ solicitamos la inmediata intervención del Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y de la Policía Nacional, pero ambas instituciones guardaron un silencio tan criminal como las acciones realizadas por los trabajadores de INMARE y el Consejo Directivo.
5. Al medio día se hizo presente la patrulla PN-952, con seis miembros policiales bajo la dirección del clase Pineda. Se creyó que la presencia de los efectivos serviría para combatir la violencia desatada por INMARE y el CDT y la detención de sus agresores, no obstante, la policía decidió utilizar su tiempo para dar paso los camiones cargados de trozas de madera explotadas de manera irregular por parte de INMARE, para lo cual contando con el acompañamiento del CDT, comenzaron a disparar contra la población para abrir el paso a los camiones.

• En un acto de indignación, la indígena fiscal del Consejo Preventivo, Adilia Vieda, enfrentó a los camiones gritando: “Mátenme si quieren. Por defender mis derechos doy la vida”, e inmediatamente fue atacada por Kristian Medina, del CDT, con un machete y le hirió los dedos de una de sus manos. Mientras tanto, Jaime Matute continuaba disparando a la población logrando herir en una de sus piernas, a la indígena Norma Jakelin Ávila, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

De igual manera, la menor de edad Gabriela Ávila, hija de Norma Jakelin Avila, resultó herida tras recibir una pedrada en su cabeza, igual que Joel Fúnez, que también fue alcanzado por una piedra en su cuello, y Enia Ávila, que resultó con una luxación de su pie derecho.

• Luego del paso de los camiones cargados de madera la patrulla policial abandonó la tribu sin importarle la condición de los heridos. Para el 11 de mayo, la misma patrulla policial [PN-952] volvió a hacerse presente en San Francisco de Locomapa, con 7 policías encapuchados y cuatro militares. Llegaron para conseguir que saliera uno de los camiones madereros que se había dañado el día anterior, y abandonaron la tribu tan pronto como el camión salió de la zona.
• Hacia las 3 de la tarde, Kristian Medina, del CDT y otros trabajadores de INMARE, ingresaron a la casa del indígena Celso Alberto Cabrera, dirigente del Consejo Preventivo y miembro del MADJ, derramaron gasolina y prendieron fuego. La esposa de Celso Cabrera y sus dos hijos, que estaban dentro de la vivienda lograron evacuar la vivienda en último momento.  La casa fue consumida en su totalidad. Adicionalmente. También provocaron destrozos en la casa de habitación de Antonia Cabrera, a quien se le destruyó una pequeña planta eléctrica que servía al Consejo Preventivo para cargar sus celulares y comunicarse entre los más de 20 caseríos de la tribu y con el exterior. Celso y Antonia son hijo e hija de la mártir Enriqueta Matute, asesinada el 25 de agosto de 2013 junto a otros dos indígenas que luchaban contra empresarios mineros y madereros que con el aval de la FETRIXY y el CDT devastaban los territorios tribales en ese momento.
• Durante el ataque, las y los indígenas relatan que los agresores no dejaban de proferir insultos y amenazas de muerte en contra de actual presidente del Consejo Preventivo, José María Pineda, Angela Murillo, actual secretaria del CPT y en contra de todas y todos los miembros del MADJ en Locomapa. Proferían frases groseras como “aquí va a rodar sangre”, “Los que están procesados los vamos a matar para que dejen de joder”.
• La indígena Ángela Murillo, fue amenazada directamente por Kristian Medina con que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar”, inmediatamente, Ángela se movilizó a los juzgados de Yoro a interponer una denuncia por daños, incendios, amenazas y lesiones. La DPI y el Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir la denuncia, pero, tras la presión del grupo de indígenas que acompañaba a Ángela y los reclamos del defensor de derechos humanos del MADJ que acompañaba en ese momento a los tolupanes se consiguió finalmente que la DPI tomara la denuncia.

Frente a esta descripción de hechos, para el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y     FUNDAMBIENTE queda claro que:

1. La policía y las fuerzas armadas llegaron para garantizar que el empresario maderero Wilder Domínguez sacara sus camiones cargados de trozas de pino, en una clara y evidente alianza, que denota la corrupción existente y el “acompañamiento” que existe entre la policía, DPI, FFAA, ICF, empresariado, terratenientes, Ministerio Público y el Poder Judicial, contra indígenas organizados y en resistencia.
2. La dinámica de los hechos expuestos demuestra que se trata de un acto de terror de Estado y del capital privado en contra del pueblo Tolupán que ha optado por resistir al saqueo de su territorio. Los empresarios de la madera y sus testaferros dentro de la tribu nuevamente quieren imponer el miedo, terror a fin de desmovilizar a la población que defiende sus bienes naturales.
3. Señalamos a Wilder Domínguez, propietario de INMARE, como responsable principal de este nuevo hecho de violencia y la complicidad corrupta de la FETRIXY y el Consejo Directivo de la Tribu.
4. Condenamos la complicidad del Estado de Honduras que desde sus instituciones como el ICF, Ministerio Público, Policía Nacional, INA, MIAMBIENTE y municipalidad de Yoro se preocupan más por satisfacer la avaricia del empresario Wilder Domínguez y su empresa INMARE antes que buscar una solución que devuelva la paz a una tribu que busca defender sus derechos naturales y territoriales.
5. Urgimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a condenar estos actos en los que se pone en grave riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas tolupanes beneficiarios de medidas cautelares, mismas que en reiteradas audiencias de la CIDH se han expuesto. Estas medidas, son irrespetadas por el Estado de Honduras cada vez que la empresa INMARE necesita devastar los bosques de la tribu y atentar contra la integridad física y emocional de indígenas tolupanes.

Finalmente, solicitamos, como un acto de permanente solidaridad que dignifique al pueblo Tolupán, que la sociedad hondureña, las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estudiantes, organizaciones feministas, ambientalistas, pueblos negros e indígenas, LGTBIQ, unidades académicas, artistas y a la comunidad internacional se pronuncien públicamente para exigir justicia para los tolupanes de San Francisco de Locomapa y para que este hecho no quede en la impunidad.

Les invitamos a pronunciarse a través de los hashtag #LocomapaResiste, #ResistenciaTolupana y #DignidadyJusticia, a través de sus perfiles en redes sociales, así como el acompañamiento a próximas acciones legales y de movilización por la justicia y la dignidad del pueblo Tolupán. 

A los terroristas del CDT al servicio de INMARE les decimos que ningún acto de barbarie similar al de los últimos días harán desistir a quienes somos parte del Movimiento Amplio de nuestra lucha, pacífica, justa y legítima en territorio Tolupán, como en el resto de territorios en el país.

San Pedro Sula. 12 de mayo de 2021