Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática.
En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.
Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.
Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.
Amicus Oral
Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas.
También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones.
Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.
Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.
Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.
En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas.
*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.
Contacto para prensa:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!
El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel.
Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
Hoy centenares de familias campesinas e indígenas de diversos territorios a nivel nacional hemos venido nuevamente a Tegucigalpa a reclamar la tierra y el territorio que por derecho nos corresponde… somos sus legítimos dueños y no las empresas agroindustriales que ustedes defienden.
Hoy venimos a exigir a nombre de los centenares de compañeros /as campesinos /as que han sido asesinados por defender su tierra, cuyas muertes TODAS siguen impunes, que pasen de sus discursos bonitos y de sus nuevos actos proselitistas a acciones concretas…queremos que este gobierno que se dice ser del “Socialismo Democrático” cumpla de una vez por todas con su promesa de dar y asegurar la tierra para el sector campesino.
La única iniciativa integral para el sector agrario ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, bajo una lógica policial y militar, que finalmente confirma a la luz de los más de 40 desalojos que se han realizado a lo largo de este año, se convirtió en una comisión de represión a las familias campesinas y de aseguramiento de los intereses del gran capital: terratenientes, trasnacionales y agroindustriales.
Para nosotros es evidente que es la cúpula del gobierno la que direcciona la problemática de tierras en el país, y que el papel nefasto de instituciones como el INA tiene la venia de Casa Presidencial, que hoy en día es la responsable directa de los desalojos, de los centenares de familias que no solo han sido desterradas, sino desechadas, tiradas a cualquier lugar, campos llenos de alimentos han sido arrasados sin importarles el hambre de nuestras familias, nos tienen con decenas de órdenes de captura, con campesinos y campesinas con medidas cautelares huyendo de su entorno….
Señoras y señoras del gobierno ese es el fracaso de la política agraria que ustedes impulsan y que les exigimos que sea reformada…
Y un hecho básico e inicial para recomponer el campo agrario pasa por la separación del cargo y de esa comisión del Director del INA por su complicidad y favoritismo con los sectores industriales, y en el caso de las disputas de tierras en territorio indígena simplemente rehuir el tema… necesitamos mínimamente que esta Comisión de Seguridad Agraria funcione para sentir que avanzamos.
Sabemos que la obligación de respetar nuestro derecho a la tierra es un trabajo que debe ser garantizado por diversas instituciones, por esta razón nos dirigimos a algunas de ellas en los siguientes términos:
A la Corte Suprema de Justicia/:
Le exigimos resolver los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y derogar la utilización de figuras penales como el desalojo preventivo y la usurpación como mecanismo para criminalizar la protesta pública y para desmovilizar y castigar a quienes defendemos la tierra, el territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.
Indicamos que el silencio de la Corte en este tema es un silencio cómplice que esta provocando que decenas de compañeros/as se nos criminalice, tengamos órdenes de prisión y que llenemos los juzgados del país, solo por seguir las órdenes de empresas y empresarios, nacionales e internacionales, violentos y corruptos.
De igual forma les exigimos que dejen de criminalizarnos y llevarnos ante los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia Penal exhibiéndonos como si nuestra lucha por la tierra fuera un delito del crimen organizado.
La gestión de esta nueva CSJ ya avanzó, sin embargo, al igual que en el Poder Ejecutivo, las actuaciones, los fallos y las reformas impulsadas hasta el momento se limitan a la superficialidad de los problemas de justicia que tiene nuestra Honduras, los problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de figuras penales que favorecen el uso abusivo del derecho penal y la criminalización de la protesta simplemente no se aborda.
A Casa Presidencial:
Señora Presidente …. qué debemos esperar de usted y en general de su gobierno?
Muchos de nuestros compañeros y compañeras votaron por usted y sus promesas de campaña, confiamos en su programa de gobierno, pero a la mitad de su mandato, el sector campesino en lugar de avanzar, hemos retrocedido.
Al sector campesino, en estos dos años y medio de su gobierno, nos han seguido asesinando compañeros. Solo al Aguán en este 2023 le han asesinado 10 líderes, en el país se han ejecutado más de 40 desalojos y son aproximadamente 3000 familias las que se han quedado sin nada: sin tierra, sin cultivo, sin casa, sin enseres domésticos…
Los que defendemos la tierra y territorio seguimos poniendo el pecho y la sangre frente a los grupos de poder y las élites económicas que siguen actuando al margen de la ley y en total impunidad. No podemos callar esta realidad y lo que más nos alarma es que su gobierno pareciera que en lugar de tomar decisiones concretas para revertir esta realidad, pareciera que lo que busca es negociar cuotas de poder con estos sectores, especialmente el vinculado al sector agroindustrial.
Le reiteramos que estamos absolutamente conscientes que su tarea es enorme, que el país estaba en escombros, saqueado, humillado, sometido por la inseguridad y por un modelo económico rapaz, extractivista y violento, pero ya es tiempo de superar este discurso y asumir con acciones reales la nueva realidad del país…ya tienen mayoría en todas las instituciones, por lo tanto, ya no tienen ninguna excusa para no actuar.
Al Instituto Nacional Agrario
Denunciamos el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria en manos del director del INA, Francisco Funes, sobre el cual exigimos su inmediata destitución como cabeza de esa institución y de la comisión.
Creemos que los espacios de encuentro, investigación y análisis como la Comisión de Seguridad Agraria aún pueden cumplir un papel importante para hacer justicia en el tema de tierras, pero es indispensable que no existan presiones, favoritismos, negociaciones ocultas entre la institucionalidad y los terratenientes y las empresas nacionales e internacionales.
El objetivo principal de la comisión es investigar la tenencia de la tierra, no tramitar las solicitudes de desalojo de parte de las empresas agroindustriales, este y ningún otro debe ser énfasis del trabajo a desarrollar.
Las familias campesinas, los indígenas NO SOMOSEL PROBLEMA en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente. Ya hemos demostrado y seguiremos demostrando que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos los que han querido desconocerlos.
A la Embajada de EEUU
Denunciamos la presión y el poder que ejerce la embajada de los Estados Unidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial para favorecer a las empresas que están atacando a los sectores populares y a nuestro sector campesino e indígena.
Puntualmente denunciamos a cuatro estructuras corporativas que sabemos que tienen el respaldo de la embajada estadounidense: Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA), Standard Fruit Company, Azucarera del Norte (AZUNOZA), Aura Minerals Inc./Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) y LACHANSA.
Todas estas empresas son las que verdaderamente se están apropiando de nuestro territorio y ordenando la ejecución de desalojos y se oponen a que se investigue el procedimiento mediante el cual obtuvieron las tierras que ocupan y que están llenas de abuso y corrupción.
Al Congreso Nacional
Desde el inicio de la instalación de este congreso, hemos exigido de los diputados y las diputadas decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, que depongan los abordajes personal-político- partidarios, frente a temas como la justicia, la credibilidad institucional y la legislación honesta, que está en el centro de la construcción de una Honduras digna. Pero ser protagonistas en la construcción de esta otra Honduras solo es posible cuando se cumplen los compromisos y mandatos populares y se consolida una alianza con el pueblo que coincide con ese propósito.
De diversos modos hemos alzado la voz para que eliminen los cálculos personales, de grupos y partidos para que puedan marcar una diferencia real con el Congreso anterior y brinden tranquilidad y esperanza a la población, porque solo así se construye Patria / Matria, pero no, acudimos a un espacio que profundiza la crisis de gobernabilidad en Honduras.
Señores diputados y señoras diputadas, así como han demostrado habilidad y determinación para hacerse de las instituciones que son de su interés, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los sectores populares, campesinos e indígenas que hoy concurrimos a este Congreso del Pueblo.
Bloque Popular, Campesino e Indígena.
Plataforma Dignidad
Plataforma Agraria del Aguán
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad
Asociación de Desarrollo en Defensa del Territorio y Sociedad Civil del municipio de Namasigüe
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Pueblo Indígena Lenca de Reitoca
Patronato de la Residencial “Los Castaños de Choloma”
Radio Dignidad
Central Nacional de Trabajadores del Campo-El Progreso
Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del Departamento de Yoro
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH)
Consejo Indígena Lenca Renacer de Marcala, La Paz.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sus núcleos territoriales y liderazgos a nivel nacional, en el marco de las celebraciones de los 202 años de in-dependencia patria nos pronunciamos en los siguientes términos:
Necesitamos reconstruir desde las miradas populares los acontecimientos que llevaron a la conformación de los Estados nación modernos centroamericanos en el año 1821, para superar el idilio y romanticismo con una independencia y una patria que nunca han sido nuestras. Asumir la historia desde la arista de las mayorías excluidas nos dará el horizonte para comprender la independencia como una construcción cotidiana constante que debemos asumir en todos los niveles de relacionamiento interno y externo. Lo que ahora tenemos y celebramos no es independencia ni es patria, es el proyecto de Res-publica que pilotaron las elites criollas tomando como ejemplo la colonización europea. Esta herencia es la que organizó el Estado, la sociedad, la vida misma, los modos de relación con la naturaleza y con los pueblos no occidentales, desde la lógica de jerarquización, encubrimiento, inferiorización, instrumentalización y despojo. Las estructuras de nación y gobierno que ahora conocemos conservan en términos generales el mismo orden interno instaurado por la colonia con el matiz de ser territorios declarados políticamente independiente.
Hemos sido fundados como sociedad en márgenes de violencia, exclusión, monopolio y la crisis es una herencia permanente. La celebrada acta de independencia reza en sus líneas principales que “el Señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” centralizando de esta manera los destinos de la nación desde su primer momento a las élites económicas, políticas y militares. Inmediatamente acaecida la independencia apareció en el horizonte político EE. UU quien en 1823 formuló la doctrina Monroe que en su aforismo “América para los americanos” resume su intervencionismo y tutela de las naciones centroamericanas, sobre todo de Honduras, donde existe una nulidad de decisiones soberanas internas, en una sociedad manejada por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 200 años como patio/trasero. Hoy más que nunca necesitamos hacer patria y asumir la cotidianidad como septiembre, como un tiempo para hacer efectiva la independencia real; la del pueblo.
Septiembre es tiempo oportuno para apelar a la conciencia y a la acción, para romper con el modelo de gobernanza y estratificación de la sociedad basado en el dominio, la exclusión, el despojo y mercantilización de la vida. En el marco del gobierno de la refundación las escuelas y colegios salen a desfilar mientras siguen sin infraestructura, sin servicios básicos, sin merienda escolar, retraso en pago de salarios a docentes ni libros de texto. Hay comunidades que no tienen escuelas ni maestros. Además, una sociedad enferma y hambrienta no puede declararse independiente. Los hospitales y unidades rurales de salud siguen desabastecidos de medicamentos mientras las farmacéuticas y centros privados de atención se lucran con la enfermedad del pueblo en complicidad con la negligencia del gobierno.
Repudiamos la remilitarización del país porque estamos seguros de que una cultura de paz y refundación no se implanta por la vía de la fuerza. porque es vergonzoso que mientras se destinan mayores presupuestos a cuerpos de seguridad estatal, la inseguridad ciudadana crece, así mismo los índices de pobreza, migración, vulnerabilidad climática y corrupción y violencia. Desde nuestra base exigimos cese a la represión, desalojo y persecución al campesinado, a los liderazgos que defienden los bienes comunes, la tierra y el territorio. Pedimos justicia para todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados por la defensa de sus derechos, la soberanía territorial y su compromiso con una sociedad hondureña distinta a la que narcos, políticos y empresarios nos han impuesto.
Este día es imprescindible señalar que la independencia y la no injerencia, no solo es una cuestión de relación de Honduras con otros estados o potencias sino principio infaltable de la democracia, por ello, en el proceso de elección del Fiscal general y su adjunto denunciamos el manoseo, la negociación y el asedio político partidario de los grupos de interés por controlar esta institución y asegurar sus pactos oscuros. Seguimos con un índice de impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. Se nos sigue negando el derecho a la justicia y los entes responsables de legislar para el bien de la población continúan encarnando la cultura del filibustero.
Celebramos los ejercicios de auténtica independencia, autodeterminación, poder comunitario y autogobierno que pueblos y territorios movilizados hemos logrado construir pese a la presión de la narco-dictadura y en el contexto actual entre las mieles de las promesas del gobierno del socialismo democrático. Estos ensayos de construcción colectiva del bien común son la clave para el surgimiento de otras narrativas, alternativas y procesos que estamos convencidos cristalizarán en pactos de gobernanza inclusivos, populares, democráticos y auténticos procesos de emancipación política y económica.
Junto a Morazán, en la alta noche, como pueblo debemos seguir vigilantes porque el enemigo ha crecido junto a nosotros. Su rostro y lógica de saqueo colonial vigente, corrupto e impune, lo representan actualmente el COHEP y el grupo de familias que han elevado sus fortunas a costa de la evasión fiscal y su corrupción generadora del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la hondureñidad. Hoy que son descubiertos y denunciados reaccionan con la misma violencia del invasor colonial, ante lo cual el decrépito Estado hondureño no tiene ninguna fuerza, ni independencia para hacerles justicia. Ellos son el tigre del poema de Neruda, que enarbola el hacha y le come al pueblo sus entrañas.
Como organización popular con presencia en gran parte del territorio nacional nos declaramos en construcción constante de independencia.Seguimos luchando frontalmente contra las elites político-empresariales que han afianzado los pactos de corrupción e impunidad, que han entregado territorios y comunidades al capital nacional y extranjero obedeciendo a la estructuración del neoliberalismo que encuentra en las economías criminales, la violencia y la ilegalidad una rentabilidad clave para su robustecimiento.
Junto a los distintos pueblos originarios de Honduras, dueños legítimos de esta patria nos declaramos en constante reivindicación de sus derechos. Exigimos al estado de Honduras garantizar la seguridad sobre sus tierras y territorios, el derecho al desarrollo social, económico y cultural, así como el respeto y promoción de su autonomía. El grito de independencia que elevamos hoy es el de nuestros hermanos negros que sigue desafiando los oprobios del poder colonial. El grito desafiante de los pueblos Tolupanes, Lencas, Maya Chortí, Misquitos, Tawahka, Nahual y Pech, que segregados a las montañas y de las decisiones de país, construyen modelos de comunidades dignas, nunca sometidas al látigo, al grito y a la espada.
Como organización con una trayectoria de 15 años de lucha, septiembre nos mueve a ratificar nuestro compromiso con todas las luchas libertarias de todos los pueblos, nos mueve hacia la permanente búsqueda y promoción de la unidad y articulación de las organizaciones del movimiento social y popular hondureño, para que construyamos colectivamente el nuevo modelo de país soberano, popular e independiente. Para que, desde ya, ejerzamos una práctica política unificada que rectifique la práctica ignominiosa de saqueo, exclusión y muerte implantada por cinco siglos de dominio colonial, criollo, elitista y mercantil. Para que reivindiquemos los derechos y la dignidad de todas las personas y pueblos que conformamos Honduras.
¡No hay refundación, ni independencia, ni patria; sin memoria, sin justicia y sin participación del pueblo!
El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.
La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:
El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional, tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.
Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del presente.
Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos fundamentales.
Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.
Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.
Jaime Cabrera se presentó voluntariamente ante los juzgados para responder por los delitos que el fiscal del Ministerio Público Beyron Salinas le imputó falsamente para beneficiar a Corporación Dinant en la zona del Aguán en Honduras, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares por lo que el proceso de criminalización continúa abierto.
Cabrera es un líder campesino, defensor de la tierra y el territorio, actualmente es el Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, organización campesina que tiene al menos dos procesos de dialogo con el Gobierno actual para buscar una solución pacífica a la violencia generada en el Aguán por las empresas agroindustriales.
Jaime ha sido falsamente acusado de Usurpación Agravada, Asociación para Delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa que ha sido y es el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.
Por segunda ocasión consecutiva, Jaime se presentó de manera voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional y este día el juez que conoce la causa determinó otorgarle medidas distintas a la prisión y que pueda defenderse en libertad.
Cabrera deberá presentarse el 15 de agosto a una nueva audiencia donde se espera que la justicia desestime todos los cargos falsamente imputados y que este pueda gozar del derecho a la libertad que fue coartado en los últimos meses por la orden de captura que existía en su contra.
Los campesinos y campesinas en la zona del Aguán y en Honduras, mantienen una ardua lucha por recuperar la tierra contra las empresas que a base de violencia les han despojado de miles de parcelas que fueron destinadas por el Estado de Honduras para la reforma agraria desde hace décadas.
Desde las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos celebramos esta victoria popular y agradecemos la solidaridad nacional e internacional que se ha tenido con esta causa que involucra la criminalización de la lucha social en Honduras.
Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo a los criminalizado
Tegucigalpa, 25 de julio, 2023. Burlando la orden judicial y poniendo en riesgo la vida de los criminalizados, el Ministerio Público, a través de su fiscal Beyron Salinas, simplemente decidieron no presentarse a la audiencia a través de la cual el dirigente campesino, Jaime Cabrera, Coordinador General de la Plataforma Agraria del Aguán, junto a dos campesinos más, se presentarían hoy de manera voluntaria ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal.
Los dirigentes campesinos tenían fijada para hoy una audiencia para:
Enfrentar y rechazar una abusiva acusaciónpresentada en su contra por el Ministerio Público en colusión con la Corporación Dinant, por la cual se libró una orden de captura que les violenta sus derechos, particularmente el derecho a la tierra, la libertad y el derecho a defender los derechos de miles de familias campesinas.
Solicitar respeto a su dignidad, las garantías procesales y a ser tratados como inocentes, para lo cual pidieron que luego de ser escuchados por el juez, sean citados para la audiencia inicial siendo escuchados en libertad, sin que medie detención judicial en su contra.
En una constancia emitida por dicho juzgado se indica que la audiencia no se llevó a cabo “en virtud que no se hizo presente ningún representante del Ministerio Público, asimismo se llamó por teléfono… al abogado Bayron Salinas, en su condición de fiscal notificado para la audiencia, quien manifestó que enviaron solicitud a la Fiscalía de Tegucigalpa para que cubriera dicha audiencia , desconociendo el porque no se habían hecho presentes a la misma”.
“Lo ocurrido hoy es una enorme irregularidad que evidencia lo parcial que es el trabo del Ministerio Público, y demuestra también la confabulación directa que esta institución tiene con las empresas privadas, obedecen mandatos para criminalizar a todo defensor de derechos humanos de la tierra y el territorio… nosotros desde hace tiempo estamos listos para enfrentar estas acusaciones irregulares y falsas hechas por este fiscal, y son ellos los que evaden la justicia para ayudar a los intereses de las empresas!, declaró Cabrera al saber que no se desarrollaría la audiencia.
Cabrera, junto a Rubén Hernández y Enmanuel Molina, en noviembre de 2022, fueron objeto de un comportamiento abusivo por parte del fiscal, Beyron Salinas del Ministerio Público quien incluyó hechos falsos en el requerimiento fiscal a través del cual los acusó por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de las empresas mercantiles Exportadora del Atlántico y Corporación DINANT.
Salinas, quien enfrenta procesos investigativos a lo interno del Ministerio Público, por suponerlo parte de las estructuras de crimen organizado en el Aguán, habría presentado hechos falsos en el requerimiento fiscal con el objetivo de obstaculizar la labor de defensoría de los representantes de la Plataforma Agraria, especialmente de Jaime Cabrera quien cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las permanentes amenazas a muerte.
Por la gravedad del caso y el claro comportamiento abusivo y complaciente del fiscal del Ministerio Público con los intereses de las empresas agroindustriales, se presentan detalles importantes del caso:
El 25 de noviembre de 2022, el fiscal Beyron Salinas presentó un requerimiento fiscal en contra de 9 personas incluyendo a Jaime Cabrera, Rubén Hernández y Enmanuel Molina, por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y privación de libertad en contra de las empresas ubicadas en El Aguán. El juzgado admitió el requerimiento y ordenó el desalojo y emitió la orden de captura.
Jaime Cabrera NO se encontraba en la zona cuando ocurrieron los supuestos y falsos hechos denunciados, puesto que se hallaba en la ciudad de Tocoa en una reunión con la Unión Europea, la OACNUDH y otras organizaciones de derechos humanos, quienes dan fe de este hecho
El Fiscal Salinas presentó el caso ante el Juzgado de Competencia Nacional de Tegucigalpa, y no en Tocoa como corresponde, por haber tenido en el pasado reciente resoluciones adversas a los intereses de las empresas agroindustriales. Para simular competencia del juzgado de competencia nacional incorporó delitos graves como la asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, pretendiendo señalar a la Plataforma como una estructura criminal, sobre lo cual no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico.
Se denuncia que el fiscal Salinas estaría cometiendo un fraude de ley en la interposición del requerimiento fiscal porque sabía que con el mismo obtendría una orden de captura que obstaculizaría la labor de defensoría de derechos y señalaría a la Plataforma Agraria como una organización vinculada al crimen organizado.
Del 2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. La Plataforma Agraria recientemente denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán. En noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha a hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. Son “empresarios” que han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han dispuesto acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de dar muerte para amedrentar y disuadir la exigencia para que se respete el derecho a la tierra.
Junta Proponente para la Selección de Nómina de Candidatos y Candidatas a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto Tegucigalpa, 21 de julio
El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), la Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH) y Abogados sin Fronteras Canadá, como organizaciones sociales legalmente registradas en Honduras y con mandatos relativos a la plena realización de los derechos humanos en el país, nos dirigimos a ustedes en seguimiento a la comunicación pública de la lista de candidatos que han superado la fase de tachas, y, en particular a la situación del Fiscal Luis Javier Santos.
Las observaciones formuladas respecto a la situación del fiscal Luis Javier Santos, vienen ligadas a la existencia de una denuncia contra él por parte de la Procuraduría General de la República en relación con el caso Jeannete Kawas, donde el Fiscal Santos fue el único fiscal que logró orden de captura contra uno de los perpetradores del asesinato de la ambientalista. . Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de tal proceso, a la fecha el mismo no sólo carece de resolución, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación no habiendo sido siquiera emplazado para contestar la demanda el Fiscal Luis Javier Santos hasta el momento, lo que limita sus posibilidades de conocer de la acción y ejercer su derecho de defensa. En dicho expediente, más allá del cambio de representantes legales, la procuraduría no ha realizado ninguna acción de impulso procesal desde 2016 para emplazar a ningún otro demandado.
Dicha inusual duración del proceso no puede justificarse razonablemente en la complejidad de la causa o en la conducta procesal del investigado, constituyendo una demora principalmente atribuible a la actuación estatal.
Siendo el factor temporal un elemento clave de la garantía del debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el proceso iniciado contra el abogado. Luis Javier Santos podría representar una conculcación al derecho a una justicia pronta y eficaz reconocido por normas como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Honduras hace propias y ha incorporado a su derecho interno.
Consideramos igualmente relevante para la valoración de la prolongada tramitación de la causa y, en último término, de su propia existencia, tomar en consideración las funciones de lucha contra la corrupción que viene desempeñando el fiscal Luis Javier Santos, como director de la UFERCO.
Los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que luchan contra la corrupción son frecuentemente objeto de procesos legales, incluyendo procesos penales, como lo han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Tales situaciones persiguen intimidarles y disuadirles del desarrollo de sus funciones y son frecuentemente realizadas por actores estatales o sus propios pares con el objeto de controlar su actuación, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Estos actos de violencia frente a los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción de estos operadores y operadoras de justicia, son utilizados como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos“.
Como lo demuestra la experiencia de Guatemala, operadores de justicia que han asumido responsabilidades similares a las asumidas por el señor Luis Javier Santos en Honduras , han sido objeto de diferentes amenazas y represalias. Como parte de las mismas, se incluyen el uso indebido de recursos y herramientas legales como requerimientos, procedimientos disciplinarios y solicitudes de habeas corpus… , tal y como lo constató el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos.
La ausencia de cualquier resolución de fondo en la denuncia, la demora excepcional de su tramitación y la imposibilidad de poder testimoniar y ejercer su derecho de defensa en la misma por más de diez años, podrían llegar a constituir irregularidades relevantes que afecten la legitimidad de la misma y sugerir su naturaleza instrumental y política como herramienta de presión contra el abogado Luis Javier Santos por su actuación como fiscal responsable de la principal unidad de combate a la corrupción organizada en el país.
Ante tales circunstancias, y dado el riesgo que de que la exclusión del proceso del fiscal Luis Javier Santos represente una afectación grave irreparable no sólo a sus derechos a la presunción de inocencia y ocupar posiciones públicas sino, además, al derecho de la sociedad a contar con funcionarios públicos elegidos en función de mérito y por procesos transparentes.
Como organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos la reconsideración de la decisión relativa a la continuidad del fiscal Luis Javier Santos en el proceso de selección para la Fiscalía General de la República.
Fdo: Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH): Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD); Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Bufete Justicia para los Pueblos (BJP); Red de abogadas defensoras de derechos humanos de Honduras (RADDH); Abogados sin Fronteras Canadá
CC: Isabel Albadalejo, Representante en Honduras de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos; y Comisión interamericana de derechos humanos
A cada sector social que intervendrá en el proceso de selección del nuevo Fiscal General
A las comunidades, mujeres y colectividades que luchan por sus derechos
A la ciudadanía en general
A los medios de comunicación
¿Por qué presentamos esta propuesta? Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”. Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos de corrupción pública.
Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de nuestro pueblo. Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria, contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho. Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público. Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público (MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad. Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos o retrocederemos como país? Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal. En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014 de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad a la que por mandato legal le corresponde representar. ¿Qué pasó con el MP estos años? ¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?
Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos y sus financiadores. Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto. La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado. Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance. En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era demasiado peligrosa para la clase política. La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar. Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos. Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. ¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175 lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes, empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia. Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan a ser condenados. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el país víctimas de desplazamientos forzados. Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen organizado. En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan. Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la población. La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores de la impunidad para estos sectores. Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras. La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses radicalmente contrarios a sus propósitos de creación. El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público. así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”. Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera. El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993 en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal funcionamiento, ineficiencia y corrupción. La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional, manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el 2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su función. Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado, acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen. Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese reclamo social de cambio. Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas. El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto. La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la credibilidad del sector justicia. ¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.
Nuestra propuesta de reforma Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad …. Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía judicial. En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve ejes fundamentales:
La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas. Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal, indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal justo. La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad. De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos.
Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente para fundamentar los requerimientos fiscales. Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público
Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no. Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan.
La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP.
Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP
Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas. Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso.
Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo.
El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada. No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y transcurren perpetuamente en la impunidad.
¿A dónde queremos llegar con el MP?
Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.
Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional: En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.
Tegucigalpa, Julio de 2023. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Bufete Estudios para la Dignidad
CARTA
Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023 Abogado Félix Coca
Candidato a Fiscal General del Estado Asunto: Remisión de propuestas de cambio a la institucionalidad del Ministerio Público
Abogado Coca, Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y representativa de los intereses de la sociedad. La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero, asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores, especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad. Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía: a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas. b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura que este cargo exige? Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público y si está dispuesto a asumirlos. Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces, policías y militares igualmente corruptos. Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad. Estos son: a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país. c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos. e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las fiscales, como garantía para la sociedad. f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP. g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso. Abogado Coca, Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos, nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su mandato. Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente, especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la justicia. Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los hondureños/as. Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera permanente por nuestras organizaciones,
Atentamente, Víctor Fernández Martín Fernández Director del BED Coordinación General MADJ Ileana Morales Presidenta JD FUNDAMBIENTE
Como parte del movimiento social y popular del país, que nos hemos constituido en este Bloque Popular Campesino e Indígena paradefender nuestro derecho a la tierra de frente al poder económico y político del país, mismo que creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y que a un mes de su creación ha revelado el verdadero objetivo de la misma… el desalojo de las tierras que nos pertenecen. Frente a este hecho indicamos:
Reiteramos que nos constituimos en un Bloque Popular Campesino e Indígena para la defensa integral de nuestro derecho a la tierra, hacer frente común a las acciones previstas en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y de manera inicial y particular para defendernos de los desalojos VIOLENTOS que se están ejecutando en el país.
Como plataforma nos proponemos evidenciar públicamente que las familias campesinas NO SOMOS el problema en el campo y que el origen de la crisis agrícola se debe al favoritismo histórico que los gobiernos, inclusive el actual, tienen hacia el sector agroindustrial y terrateniente.
Este bloque servirá para demostrar que el sector campesino e indígena tenemos elementos de legalidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra y que son todos los gobiernos las que han querido desconocerlos. También sabemos y reconocemos que existen grupos campesinos e indígenas que no tienen un título formal de su territorio, pero tienen un elemento de legalidad constitucional que los coloca en una posición de legitimidad para reivindicar nuestro derecho a la tierra.
Le exigimos al gobierno y a esta Comisión de Seguridad Agrícola en particular que paren esta seguidilla de desalojos abusivos y sin investigación, les alertamos a no provocar al sector campesino que somos mayoría en este país, porque no solo el sector agroindustrial y terrateniente puede generar amenazas a la estabilidad o la gobernanza de este país.
A un mes de la instalación de la Comisión se ha constatado que el único avance concreto que ha tenido esta comisión son los 11 desalojos VIOLENTOS registrados por el Instituto Nacional Agrario a través de los cuales se habla de la recuperación de 3mil hectáreas de tierra, todas ellas dedicadas a los cultivos de palma aceitera y caña de azúcar, se han iniciado procesos judiciales en contra de varias cooperativas campesinas y se ha dejado en la calle a centenares de familias.
Preguntémonos los nombres de los terratenientes y empresas que han sido los hasta ahora “beneficiadas” y sabremos a cabalidad el interés económico que promovió la creación de esta comisión con el visto bueno del gobierno. Los desalojos han sido VIOLENTOS en la mayoría de los casos plantaciones completas de granos básicos han sido destruidas, las casas han sido arrasadas con todo y electrodomésticos…. Es decir, en lugar de llevar la justicia al campo, lo que tenemos es más injusticia y condena a más pobreza para el sector campesino.
El protocolo de desalojos que está siendo utilizado no cuenta con una visión de respeto a los derechos humanos y no se cumple la obligación que tiene el gobierno de dar alternativas para la reubicación de la población desalojada.
La Comisión no ha recuperado ninguna manzana de tierra que ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios han arrebatado por medio del fraude, la corrupción y la violencia a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estamos ante una traición a los pobres de parte del gobierno de la refundación.
3. Exigimos que la lógica de la Comisión de Seguridad Agraria tenga como prioridad de trabajo la investigación destinada a resolver los conflictos sobre la legitimidad en la titularidad de la tierra y las formas fraudulentas y violentas en que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria que le corresponde, por mandato constitucional, a las familias campesinas
La propiedad privada es un derecho que es reconocido a todo ciudadano y ciudadana sin discriminación y que debe ser respetado y tutelado por el Estado de Honduras. Lamentamos que el gobierno pretenda proteger únicamente la propiedad que ha sido fraudulenta y violentamente despojada por parte del sector económico y constituido latifundios prohibidos por la Constitución de la Republica. Lamentamos aún más que, un gobierno con bandera popular, desconozca la propiedad que fue adjudicada mediante reforma agraria y los títulos ancestrales de territorios indígenas.
4. Al Gobierno de Honduras concretamente le demandamos lo siguiente:
a. Que asegure la tenencia y producción pacifica de nuestras tierras. Que se avance en los procesos de investigación sobre la supuesta legitimidad que tienen las empresas agroindustriales, tal como se anunció en la creación de la Comisión.
b. Queremos conocer cuales son las tierras en ociosidad y la forma en que serán adjudicadas a las familias campesinas. Que esta Comisión no sirva para tramitar tierras en favor de empresas fachadas que sirven de testaferros para las empresas agroindustriales.
c. Detener la maquinaria de desalojos en la que se ha convertido la Comisión Agraria en contra del movimiento campesino, que se asegure la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente, sobre la reubicación de las familias desalojadas.
d. Que se respeten los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que cada disposición normativa o administrativa que el gobierno adopte sea consultada previamente a los pueblos indígenas y sea aplicada únicamente cuando se obtenga nuestro consentimiento como pueblos originario. Desconocemos cualquier disposición que sea emanada irrespetando este derecho.
Finalmente,Convocamos al movimiento campesino y a los distintos pueblos indígenas a sumarnos a este bloque para hacer frente a las acciones represivas del gobierno y la empresa privada. Defenderemos nuestro derecho a la propiedad y de acceso a la tierra en las instituciones del Estado, en las tierras que nos pertenecen y en las calles. Nos mantenemos en alerta, en solidaridad y en movilización permanente.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los 07 días del mes de julio del 2023
Suscriben:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Plataforma Agraria del Aguan.
Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC).
Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra de Yoro.
Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa del Pueblo Tolupán.
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPAH).
Coordinadora de Organizaciones Populares de Honduras (COPA).
Sector Tacamiche.
Colectivo Maya Chortí de afectados por MINOSA.
Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY).
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
