Un abril que nos marcó el CAMINO hacia la Dignidad

EL MADJ: 17 AÑOS DE LUCHA, RESISTENCIA Y DIGNIDAD

El 07 de abril de 2008, Honduras despertó con el ímpetu de valerosos fiscales que, en los bajos del Congreso Nacional, decidieron hacer público su rechazo a la corrupción y su impunidad a través de una huelga de hambre que marcaría las entrañas de nuestra nación. Durante 38  días, al calor del pueblo, germinó la determinación de un grupo de personas y comunidades en dedicar su vida a la búsqueda por la dignidad de Honduras, surgiendo de esta forma el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. 

El MADJ, en estos 17 años, se ha convertido en una fuerza popular de carácter local y nacional que lucha, incansable, contra la corrupción y su impunidad, por la justicia y el respeto inclaudicable a los derechos humanos, enarbolando la esperanza de un mundo digno y justo para todos y todas. 

Desde aquel ferviente abril, hemos sido parte activa de la resistencia que buscó revertir el abominable golpe de Estado. Frenamos la avanzada del extractivismo que concesionó nuestro territorio y que asesinó a decenas de valiosos compañeros y compañeras, criminalizó y desterró a miles de compatriotas. Nos movilizamos junto a la ciudadanía  contra el saqueo del Seguro Social y en denuncia de todos los pactos de corrupción e impunidad que se han pactado por todos los partidos políticos, con los sectores de poder económico y con las mafias del crimen organizado. Resistimos a los múltiples fraudes electorales en defensa de la voluntad popular. En tiempos de coronavirus permanecimos con el pueblo defendiendo sus derechos y exigiendo protección para las vidas de los más desprotegidos.  

Fuimos parte importante para el triunfo electoral de 2021, pero hemos mantenido, como nuestro más preciado tesoro, nuestra independencia de pensamiento, nuestra autonomía económica y la coherencia entre nuestro discurso y las acciones que realizamos. 

Y es desde esta autonomía de palabra y acción que hemos impulsado la articulación nacional del campo popular y social hondureño, y es desde esta trinchera que estamos proponiendo un nuevo y fuerte proceso de construcción de un proyecto Socio Político para Honduras, en donde estén garantizados nuestros derechos y los de los sectores tradicionalmente excluidos del país.  

Una vez más, el abril de nuestro aniversario nos convoca en medio de un contexto electoral marcado por la incertidumbre, la burla y la traición. Hoy, como ayer, alzamos la voz para denunciar a los mismos actores de siempre, que camuflageados tras colores partidarios, fatigas  y banderas, siguen anteponiendo sus intereses mezquinos a la voluntad de un pueblo desesperanzado, harto de engaños y manipulación. 

Abril, otra vez, nos recuerda la vergüenza de seguir sometidos a una élite política y económica que ha convertido a Honduras en un territorio de fraudes, violencia criminal e impunidad.

El proceso electoral primario y su próxima declaración de resultados nos deja claro una vez más que  las élites que controlan el Estado desde sus trincheras de privilegio no solo han secuestrado la democracia, sino que la han convertido en un teatro de ingobernabilidad. Los partidos tradicionales, las Fuerzas Armadas, los medios corporativos, la justicia cómplice y un Congreso Nacional dedicado al circo político, son cómplices de un fraude institucional que niega al pueblo su derecho a elegir, a saber la verdad y a vivir con dignidad. Su único proyecto es perpetuar la crisis para negociar cuotas y acomodos de poder. 

Hoy, como en aquel abril rebelde de 2008, convertimos las calles en plaza pública y el corazón de San Pedro Sula en tribuna popular. Desde este espacio de lucha, avivamos el fuego sagrado de la indignación para que jamás se extinga,y hacemos un nuevo llamando al pueblo hondureño a levantarse contra los nuevos y viejos opresores que atentan contra la democracia, pisotean nuestros derechos y ultrajan nuestra dignidad. 

Pero pese a la desgracia que son las élites de los partidos políticos y las élites de la clase empresarial, desde el MADJ CELEBRAMOS NUESTROS 17 AÑOS DE LUCHA Y PROCLAMAMOS UN NUEVO TIEMPO PARA LA DIGNIDAD DE HONDURAS.

Después de 17 años seguimos en pie de lucha, nuestra mayor victoria es no haber soltado nunca la bandera de la dignidad, al contrario, nos aferrarnos a ella como la utopía más hermosa del pueblo hondureño. Resistimos y existimos sin claudicar, ante el imperio del mercado, las mezquindades del poder y las bajezas de la lógica del capital.  

Somos una organización madura con presencia organizada y articulada en la mayoría de los departamentos de Honduras y abierta a la novedad de los tiempos, con experiencia acumulada,  y dispuesta a atreverse  a ir a más por Honduras. 

Anunciamos el inicio de una nueva etapa para la disputa del poder desde nuestra mística organizada.  Transitamos hacia la consolidación de un Proyecto Sociopolítico de carácter nacional, rural y urbano, tejido con alianzas con organizaciones, liderazgos, territorios, comunidades y pueblos en el territorio nacional y más allá de sus fronteras. 

Estamos en avanzada  de la resistencia a la soberanía con dignidad, porque nuestra lucha no es sólo resistencia y protesta, nuestra lucha también está cargada de propuestas concretas para construir un nuevo orden jurídico, socioeconómico, político y cultural.  

Tomamos  posición para intervenir, influir y propiciar cambios estructurales desde el interior de la institucionalidad pública en los gobiernos locales de 10 ciudades estratégicas de Honduras, como parte de la primera fase para para frenar la arremetida del capital nacional, transnacional, extractivista, la naturalización de la violencia, la inseguridad, el desempleo, la migración, la corrupción, la impunidad y la privatización de la vida que nos despoja de los más elementales derechos. 

Desde este nuevo tiempo, junto al pueblo, DECLARAMOS. 

  1. Somos un espacio con autonomía de palabra y acción, representativo del campo popular y social hondureño, con agenda de lucha nacional y vínculos fraternos con organizaciones hermanas en Honduras y el mundo.
  2. Asumimos la lucha como un modo de vida, al servicio de la dignidad y la justicia, sin claudicaciones, ni acomodos. 
  3. Seguiremos arrinconando las élites corruptas y a quienes no se comprometen honestamente con los derechos del pueblo. En nuestras filas no hay lugar para el abandono, la autocompasión, ni la derrota moral.
  4. Honramos a quienes ofrendaron su vida por la tierra, los derechos humanos, los bienes comunes y la justicia social. Declaramos que su sangre no fue derramada en vano, sino que seguimos sembrando su rebeldía.
  5. Resistimos firmemente al saqueo, la instrumentalización, el clientelismo, la corrupción y los proyectos de muerte que destruyen nuestros territorios. ¡Las mentiras  del mercado no prevalecerán, su desarrollo sangriento no pasará!
  6. Mantenemos y ratificamos nuestra unidad inquebrantable con las comunidades campesinas, indígenas, colectivos y  territorios con quienes hemos aprendido a luchar. 
  7. Renovamos nuestro compromiso por una Honduras digna, donde la justicia no sea privilegio, sino derecho de todos y todas.
  8. Ratificamos la histórica certeza de que la unidad es nuestra mayor fortaleza, por eso llamamos a todos los espacios organizados a fortalecer la articulación nacional para robustecer el campo popular y social, como sujeto político autónomo 
  9. Nos comprometemos a respaldar las Candidaturas Independientes y Proyectos sociopolíticos municipales, auténticos ejercicios de participación ciudadana y modelo de democracia comunitaria decisiva y asamblearia, que devuelva la esperanza a nuestra gente y administre la riqueza para beneficio del pueblo
  10. Nos declaramos en debate, reflexión y construcción permanente de los consensos necesarios, para dar vida al instrumento político del campo popular y social hondureño como estrategia efectiva de lucha para alcanzar la soberanía popular. 

Hoy más que nunca, en cada una de las acciones organizativas, seremos una certera afirmación que somos y seguiremos siendo un proyecto sociopolítico con más sustancia que forma y más hechos que declaraciones. Somos memoria viva de aquellos y aquellas que lucharon, artesanos y artesanas del  futuro justo y  digno  que todos y todas merecemos y esperamos. 

¡Hasta la Dignidad Siempre!

8 de abril de 2025
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Elsa Guevara: «El valor de luchar por la tierra y la igualdad»

Desde Marcala, La Paz, Elsa Guevara se alza como una voz incansable en la defensa de los derechos de las mujeres y la recuperación de tierras para las familias más vulnerables. Su historia es un testimonio de fortaleza y determinación, forjado en un contexto de desigualdad y carencias, pero también de esperanza y solidaridad.

Luchando por un legado de justicia
Elsa se unió al Consejo Indígena Renacer en un momento crucial: «Ingresé un día antes de la posesión de la tierra», recuerda, impulsada por la necesidad de asegurar un futuro para sus hijos. En Marcala, donde las oportunidades laborales son escasas, muchas familias no tienen acceso a una vivienda digna. Este panorama llevó a Elsa a comprometerse con la causa de la recuperación de tierras, a pesar de los miedos iniciales. “Luchamos por los que no tienen dónde vivir, por aquellos que no pueden pagar un alquiler”, explica.

En este proceso, Elsa ha aprendido sobre organización comunitaria y resistencia pacífica, siendo testigo y parte activa de los esfuerzos por transformar las condiciones de vida en su comunidad. “Nos unimos porque juntos somos más fuertes”, enfatiza.

Rompiendo cadenas de violencia y desigualdad
Como mujer, Elsa también enfrenta desafíos particulares en un entorno marcado por el machismo y la violencia de género. Su experiencia personal con el maltrato se convirtió en una chispa de empoderamiento. “Yo sufrí maltrato por parte de una pareja, pero encontré la fuerza para salir adelante. Hoy no permito que nadie me domine, ni aunque sea el más poderoso del mundo”, declara con firmeza.

Este aprendizaje personal ha fortalecido su convicción de que las mujeres tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo. “Las mujeres somos astutas y fuertes. Podemos levantarnos de las cenizas si queremos”, afirma Elsa, enviando un mensaje poderoso a quienes enfrentan situaciones similares.

Una lucha con raíces profundas
Originaria de Marcala, Elsa sabe que la defensa del territorio es también una defensa de la vida misma. Su papel en el Consejo Indígena Renacer trasciende las fronteras de su comunidad, inspirando a otros a tomar acción y reconocer que la lucha por la igualdad de derechos y la dignidad no tiene género ni límites.

Estar aquí no es solo para nosotros, es para dejar un legado a nuestros hijos”, concluye Elsa, cuya valentía y determinación son un faro de esperanza para las familias de Marcala y más allá.

Esta es Elsa Guevara: una mujer que no solo lucha por un pedazo de tierra, sino por un futuro más justo y digno para todos.

Sonia Villanueva: “La lucha por la tierra es la lucha por nuestro futuro y dignidad”

Sonia Villanueva, lideresa del Consejo Indígena Renacer, es un ejemplo de coraje y determinación en la defensa de los derechos de las mujeres del pueblo Lenca en Marcala, La Paz. Desde temprana edad, Sonia ha estado vinculada a la lucha por la reivindicación de la tierra, un tema que atraviesa generaciones en su comunidad.

“Nací y crecí en esta tierra de recuperación, y desde niña comprendí la importancia de mantenerla para las futuras generaciones”, comparte Sonia, quien describe su trayectoria como una travesía llena de obstáculos, pero también de orgullo y esperanza. Enfrentándose a la discriminación y la amenaza constante de desalojo, su voz se ha erigido como un emblema de resistencia.

A pesar de los riesgos y la violencia ejercida por poderes locales y familias terratenientes, Sonia y las mujeres que la rodean han demostrado que la unión y el empoderamiento femenino pueden desafiar cualquier barrera. “Nos han despojado y tratado de silenciar, pero seguimos firmes. Esta tierra es nuestra, y luchamos por ella no solo por nosotras, sino por nuestros hijos y su futuro”, afirma.

En los últimos dos años, el Consejo Indígena Renacer ha mantenido la ocupación de tierras ancestrales, logrando producir y sostener a sus familias a través de un comercio comunitario fortalecido. Sin embargo, la lucha no ha estado exenta de represión. “Hemos sufrido desalojos, algunos ejecutados ilegalmente, y hemos enfrentado persecución por parte de las autoridades que solo protegen los intereses de las élites”, denuncia Sonia.

A pesar de los desalojos y agresiones, Sonia sostiene que la clave ha sido la educación y la concienciación de los derechos. “Si no conocemos nuestros derechos, nunca levantaremos la voz. Por eso es fundamental que las mujeres se empoderen, que sepan que tienen un pensamiento valioso y capacidades para liderar”, recalca.

Sonia envía un mensaje contundente a las mujeres que aún dudan en unirse a la lucha: “Necesitamos que se sumen, que digan basta. Nosotras tenemos voz y debemos usarla para defender lo que por derecho nos pertenece. Este es un llamado a ser las comandantes de nuestras vidas y protectoras de nuestra tierra y futuro”. El legado de Sonia Villanueva y del Consejo Renacer es un recordatorio de que la defensa de los derechos de las mujeres y la tierra es una batalla colectiva. Una que, aunque llena de desafíos, está cargada de esperanza y una inquebrantable fe en que el cambio es posible.

Florinda Antonio: «La unión y el conocimiento nos hacen más fuertes»

Desde Marcala, La Paz, Florinda Antonio Romero Márquez, integrante del Consejo Indígena Renacer, comparte su historia y la lucha que define su vida. Su compromiso no solo está en la recuperación de tierras, sino en el empoderamiento de las mujeres y la construcción de una comunidad más justa y unida.

Un legado para las nuevas generaciones
Florinda llegó al Consejo cuando este ya llevaba seis días trabajando en el terreno. Al principio, su participación estaba marcada por el aprendizaje: «He obtenido el conocimiento de nuestras raíces y derechos, porque muchas veces no los conocemos y, por eso, se nos violan». Este espacio no solo le enseñó sobre derechos, sino también sobre el poder de la unión: “Aquí he experimentado que el compañerismo y la unión son la clave para vencer, porque donde no hay unión no hay fuerza”.

Hoy, esas tierras abandonadas son campos fértiles cultivados por las familias que forman parte del Consejo. Sandías, maíz, frijoles y huertas florecen como símbolo del esfuerzo colectivo y la resiliencia. Florinda sueña con un futuro donde estas tierras estén legalmente en manos de las familias que las trabajan, siendo un legado digno para sus hijos y los jóvenes que han tomado un papel activo en esta lucha. “Nos motiva ver a los jóvenes liderar; son ellos quienes heredan lo que tanto nos ha costado”.

Empoderamiento y voz para las mujeres
Florinda también ha vivido la lucha por la igualdad de género dentro del Consejo. “Como mujeres hemos sido marginadas, pero aquí aprendimos a defendernos, a conocer nuestros derechos y a practicar la igualdad. Ahora somos parte activa de las decisiones; incluso nuestra presidenta actual es una mujer”, destaca.

Para Florinda, la lucha no se limita a las tierras. Es un llamado a las mujeres para que se levanten, conozcan sus derechos y desafíen las estructuras de poder que las oprimen. «Creo que la mujer hoy está empoderada, pero es vital que levantemos nuestra voz, porque la igualdad debemos hacerla vida».

Un ejemplo de esperanza y transformación
Florinda Antonio es el reflejo de cómo el conocimiento y la unidad pueden transformar vidas y comunidades. Su compromiso con el Consejo Indígena Renacer no solo le ha permitido cambiar su realidad, sino también construir un camino hacia un futuro más justo para quienes vienen detrás.

“Estas tierras son nuestras. Lo que hemos cultivado no solo alimenta nuestros cuerpos, sino también nuestra esperanza y convicción de que unidas podemos lograrlo todo”, concluye Florinda.

COMUNICADO PÚBLICO, JUSTICIA PARA MILGEN SOTO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), ante la reciente acusación y captura en contra de los implicados en el asesinato del líder indígena Tolupán Milgen Idan Soto, ocurrido en septiembre de 2019, manifiesta lo siguiente:

  1. Saludamos la captura y formal acusación contra José Alberto Alonzo Vieda, expresidente del Consejo Directivo de la Tribu San Francisco de Locomapa, así como de Osman Varela, Marvin Cabrera, Rafael Matute y José Adalid, quienes son autores materiales del asesinato de Milgen Idan Soto. Reconocemos este hecho como un paso importante en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra el pueblo tolupán.
  • Manifestamos que esta estructura criminal ha venido siendo denunciada por el Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa desde hace ya más de 10 años, por el saqueo de los bienes naturales y comunes de la tribu y la comisión de delitos como asesinato, hostigamiento y amenazas en contra de quienes defienden el bosque, su territorio y sus derechos.
  • Reiteramos que la justicia no debe limitarse a estas capturas y pedimos al Ministerio Público para que extiendan su investigación hacia la empresa INMARE y sus propietarios, por estar relacionados directamente con la venta ilegal de madera de la tribu y encontrase vinculados con la estructura criminal liderada por José Alberto Alonzo Vieda en la zona.
  • Apelamos a la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales que reivindican la defensa de los derechos humanos, para que se sumen a la exigencia al Estado de Honduras para que responsabilice a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Milgen Soto.
  • Urgimos al Estado de Honduras a que garantice la protección de las víctimas, sus familias y todos los miembros de la tribu San Francisco de Locomapa que han sido amenazados y perseguidos por la defensa de su territorio, organizados en el MADJ. Exigimos la implementación de medidas efectivas de seguridad para prevenir represalias por parte de las personas encauzadas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con la lucha contra la impunidad en Honduras. Continuaremos acompañando al pueblo tolupán en su demanda de verdad y justicia, litigando el caso en representación de las víctimas ante la justicia hondureña para procurar quee se haga justicia por este crimen.

¡Justicia para Milgen Idan Soto!

¡Justicia para el pueblo Tolupán!

San Pedro Sula, Honduras – 28 de febrero de 2025.

Bufete Estudios para la Dignidad

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Consejo Preventivo de Tribu

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA

“A las comunidades en resistencia, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional” El Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), en coherencia con nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la democracia, los bienes comunes naturales, la justicia social y la dignidad de los pueblos, nos dirigimos al sector social, a los actores políticos y económicos, a los medios de comunicación y al pueblo hondureño en general, en cierre del tercer año de Gobierno de Xiomara Castro [Libre] y en el contexto del proceso electoral de 2025,  para expresar lo siguiente:

1.       Al cumplir el tercer año de gobierno el inicio del cierre de la administración del Partido Libre, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia [MADJ] volvemos a señalar con claridad, contundencia y con experiencias vividas, que esta administración ha quedado en deuda con las grandes demandas de justicia social, defensa del territorio y transformaciones estructurales que movilizan al pueblo hondureño. Reconocemos que han avanzado en la asimilación de discursivos cercanos al pueblo, y acciones dispersas como paliativos a emergencias coyunturales pero las promesas reales de cambio no han logrado materializarse en una mejora tangible para las mayorías empobrecidas de este país. Lejos estamos de una justicia real que condene a las estructuras del crimen enquistadas en partidos políticos, instituciones de gobierno, actores económicos. No hay ni en un freno efectivo a las políticas extractivistas y de explotación desmedida de la naturaleza. Las políticas militarescas para resolver crisis sociales una vez más bajo su gobierno han demostrado que no son el camino. Otra vez, les llamamos, en la recta final de su mandato, a que desanden el camino de la comodidad y la negociación y que asuman su responsabilidad con el pueblo.

2.       Desde nuestro compromiso y lucha por una Democracia radical, llamamos a la sociedad hondureña, a los actores políticos y económicos que tiene amor por este país, a adecentar la política; para que el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino. Reconocemos los procesos electorales son un componente fundamental de la vida democrática de un país, pero una verdadera democracia no puede limitarse únicamente a las urnas, especialmente cuando estas son controladas por las élites, el crimen y el capital manchado de sangre. Por eso, urgimos al pueblo hondureño a participar de manera crítica y activa en este proceso electoral, evaluando propuestas, denunciando prácticas clientelistas, fraudulentas y exigiendo transparencia. Conscientes que más allá del acto de votar, el verdadero poder está en la organización, la vigilancia ciudadana y la construcción de alternativas desde las bases.

3.       Denunciamos con firmeza el pacto de impunidad que se refleja en las papeletas electorales, donde personajes con procesos legales pendientes y vínculos con actos de corrupción y violencia figuran como candidatos a la presidencia y otros cargos públicos. Este escenario no solo perpetúa la desconfianza hacia el sistema electoral, sino que además evidencia que las instituciones han sido capturadas por quienes son el rostro del crimen organizado y la injusticia en Honduras.

4.       Saludamos el surgimiento de Proyectos Sociopolíticos bajo la figura de Candidaturas Independientes expresiones de resistencia política frente a un sistema dominado por partidos tradicionales que han perdido legitimidad ante el pueblo y perpetuado la crisis. Les llamamos a que asuman con responsabilidad, catadura moral y ética estas iniciativas, para que las candidaturas sean una oportunidad para rescatar el verdadero sentido de la política y replantear un proyecto social y económico comprometido con los intereses de las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, enfatizamos que las candidaturas independientes, aunque necesarias, no son en sí mismas la solución definitiva. El movimiento popular y Social de Honduras, tiene el deber de continuar debatiendo y construyendo un Instrumento Político representativo, autónomo y profundamente arraigado en las luchas sociales. Esta búsqueda es un camino que debe mantenerse en debate, abierto, honesto y colectivo.

5.       Como movimiento territorial popular y social, nuestra misión está profundamente arraigada en las resistencias territoriales, la construcción del poder popular y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Por ello, reafirmamos nuestra independencia frente a los partidos políticos, las candidaturas independientes y cualquier esfuerzo político-electoral del momento. Mantenemos nuestra postura crítica y de denuncia hacia las prácticas de la política tradicional partidista y una crítica constructiva hacia los esfuerzos políticos independientes que merecen nuestro apoyo, siempre que estos se enmarquen dentro de la coherencia con nuestros principios de dignidad, justicia, participación ciudadana y la emancipación de nuestro pueblo.

6.       Llamamos a las organizaciones representativas de diversos sectores sociales y populares de Honduras para fortalecer la articulación nacional frente a la incertidumbre electoral. Asumamos nuestro rol como sujeto político colectivo, con autonomía de palabra y acción, para irrumpir en el escenario de las hegemonías perpetuadoras de la dominación con propuestas concretas que combinan la resistencia territorial rural y urbana, con la formulación de un horizonte político más amplio, capaz de articular las luchas locales y nacionales que permita encontrar soluciones audaces para sectores sociales más postergados, humillados y empobrecidos del Honduras.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con Honduras, en vínculo solidario con los pueblos del mundo, que luchan, resisten y construyen alternativas ante la opresión.  El pueblo vencerá, porque la dignidad no se rinde, la esperanza no muere, y la justicia llegará. ¡Con el pueblo, Hasta la Dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

22 de enero de 2025

JUZGADO ADMITE ACCIÓN DE AMPARO Y EMPLAZA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RESPONDER SOBRE EL DESPOJO DE CABALLOS A CARRETEROS

– El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula aceptó este martes la acción de amparo interpuesta por un grupo de trabajadores del sector de las carretas de la ciudad, quienes son representados por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED). La demanda de amparo fue presentada debido al despojo arbitrario de caballos y carretas por parte de la Corporación Municipal de San Pedro Sula (CMSPS).

La decisión judicial ya ha sido notificada a la Corporación Municipal de esta ciudad, y el plazo de cinco días hábiles para remitir un informe del caso ha comenzado a correr. En la resolución, el juzgado ordena que la Alcaldía encabezada por Roberto Contreras responda dentro de ese término por las incautaciones y las acciones de hostigamiento, bajo advertencia de que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir en abuso de autoridad.

La acción de amparo fue presentada porque la CMSPS ha violentado el derecho al trabajo, la propiedad, el debido proceso, la defensa y no discriminación, al confiscar sus animales y herramientas de trabajo sin el debido procedimiento legal. También se ha incurrido en amenazas, agresiones físicas y el uso de fuerza excesiva por parte de agentes de la Policía Municipal.

El pasado 23 de octubre, al menos 40 agentes de la Policía Municipal agredieron a un grupo de carreteros en la 20 calle del barrio Las Palmas, cuando éstos buscaban dialogar con el alcalde Roberto Contreras para resolver el conflicto. Los agentes municipales hicieron disparos con armas de fuego a los carreteros, quienes también fueron golpeados por los uniformados. Los videos de la agresión, que se han difundido ampliamente, evidencian la violencia desproporcionada contra los trabajadores.

El alcalde de la Municipalidad Roberto Contreras ha manifestado que los caballos son robados, que existe maltrato animal y que San Pedro Sula es “una ciudad de primer mundo”, además, se ha referido a los carreteros como “chucos”, denigrándolos y estigmatizándolos, bajo la premisa de que en San Pedro Sula existen un plan de “modernización urbana”.

La resolución del juzgado abre la puerta para que los carreteros puedan buscar una reparación por las posibles violaciones de sus derechos y, además, garantiza que la Corporación Municipal de San Pedro Sula comparezca ante la justicia para rendir cuentas sobre las denuncias presentadas.

San Pedro Sula, Cortés, 5 de noviembre de 2024

Tras movilización en Tegucigalpa, campo popular, campesinos e indígenas logran acuerdos con Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.

Sectores indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, articulados en el Movimiento Popular Hondureño alcanzaron acuerdos con altos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre estos la presidenta Rebeca Raquel Obando; la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón y los magistrados Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martinez.

Representantes de sectores campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos le recordaron a la presidenta Raquel una propuesta con 10 puntos que está encaminada a que el Poder Judicial sirva a intereses del pueblo hondureño y no a grupos económicos, políticos y de criminalidad organizada como hasta ahora se ha venido denunciando.

El abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), tras salir de la reunión, se dirigió al numeroso grupo que esperaba afuera de la CSJ, para ponerlos al tanto de esos acuerdos.

“Se ha nombrado una comisión integrada por el abogado Felipe Speer, Martha Merino y Patricia Martínez para que entremos en un proceso de relación permanente para abordar los casos y temas estructurales”, expuso Fernández, quien agregó que solicitaron a los magistrados de la CSJ que todas las decisiones que tomen sean transparentes y los debates del pleno sean públicos, ya que esa práctica es la que puede superar la desconfianza que existe.

El profesional del derecho explicó que desde el campo popular y jurídico se llegó al compromiso de completar un cuadro con una tabla de casos presentados por organizaciones del país, sin importar en qué juzgado o tribunal hayan sido entablados. El objetivo, explicó Fernández, es obtener resoluciones prontas y efectivas para los sectores sociales.

Fernández aclaró que las resoluciones que se puedan lograr no constituyen ningún favor de parte de la CSJ, ya que para eso se ha abierto esta Comisión que tendrá como función abrir un mecanismo de comunicación.

El director del BED añadió que otro de los acuerdos logrados es que la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, se comprometió a resolver los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que han sido presentados por el campo popular.

“Particularmente aquellas acciones que tienen que ver con el tema tierra, tema criminalización y el tema de la permisividad que hay en Honduras por la altísima e indignante acumulación de tierras por parte de un pequeño grupo de empresarios vinculados con el crimen organizado”, explicó Fernández.

Lestter Castro, abogado del BED, explicó que los campesinos e indígenas que llegaron a la sede de la CSJ en Tegucigalpa están a la espera de que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre el 2021 y 2023, sean resueltos favorablemente.

Entre estos recursos de inconstitucionalidad está uno contra la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos territoriales, sobre todo en el apartado en donde se agrava el delito de usurpación.

“Se pidió que esto sea declarado inconstitucional y también se ha pedido la inconstitucionalidad en el tema del Latifundio, para que la CSJ revierta que las empresas naturales o jurídicas acumulen más tierra de lo que la Constitución y la ley establecen”, explicó el abogado Castro.

Propuesta de trabajo para el Poder Judicial

En julio de 2022, estas mismas organizaciones presentaron una propuesta al pleno de magistrados de la CSJ,  en el que se detallaron las  líneas generales para que se produzca una reforma que debe seguir la CSJ para cumplir con las expectativas de acceso a justicia que tiene la población hondureña.

“La reforma del sistema de justicia hondureño es una tarea impostergable y garantizar la independencia del Poder Judicial es un objetivo que debe ser asumido de manera decidida por el gobierno, pero también desde los sectores sociales”, indica la propuesta.

El documento tuvo como objetivo plantear a la Presidencia de la Corte los principales problemas legales a los que se enfrentan las organizaciones que conforman esta articulación.

Lineamientos necesarios para garantizar la justicia de sectores oprimidos

Parte de los aspectos necesarios para una reforma judicial, se destacaron: transparentar los procesos de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas; separar la función jurisdiccional de la función administrativa, así como invertir en formación de capacidades técnicas para jueces y juezas nombrados en casos y territorios donde se ubican pueblos indígenas y campesinos.

También se sugirió “procurar justicia inmediata frente a jueces y juezas corruptos o denunciados por corrupción, cesar las abusivas capturas de personas, campesinos, indígenas debido al inexistente o irregular registro de personas sometidas a medidas cautelares”.

Jueces y juezas corruptos están entre los obstáculos para acceder a la justicia

En la propuesta entregada a Rebeca Raquel Obando se incluyó un listado de jueces y juezas que han abusado de su poder y se les ha denunciado oportunamente.

“La experiencia nos ha llevado a enfrentarnos con jueces y juzgados que burlan las decisiones de sus instancias superiores y que terminan aliándose con empresas y empresarios para desconocer los fallos”, se indicó en la propuesta dirigida a la máxima representante del Poder Judicial.

En la lista se encuentra Ricardo Rodríguez Barahona quien integra el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, quien en un caso incoado contra Jeremías Cruz Romero por la empresa mercantil Exportadora del Atlántico S. A., dictó fallo de culpabilidad en contra del imputado sin existir prueba y con violaciones al debido proceso legal. Cabe destacar, que también conformó el tribunal de Sentencia que siguió el caso de los defensores de Guapinol, caso en el que también fue denunciado.

En el listado figura también Gladys Omara Peña Murcia, quien abusó de su poder dentro del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, por lo que fue denunciada en dos ocasiones por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

También se señaló en esta carta directamente a Rafael Humberto Rivera Tábora, quien integra el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán fungiendo como coordinador de Juzgados.

“Se denunció por autorizar la exhumación, traslado e inhumación total del cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán violentando una sentencia de amparo y las normas básicas del proceso civil. Este proceso se llevó a cabo en los Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán”.

Se explicó que, Rivera Tábora, mediante su resolución ilegal autorizó a la Municipalidad de La Unión, Copán y a la transnacional minera Aura Minerals/MINOSA para destruir un cementerio maya chortí de 200 años y permitirles explotar el cerro para la extracción de oro.

Finalmente, el listado se cerró con Oscar Rolando Zúniga García, miembro del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, contra quien se han presentado dos denuncias por los delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.

“Las denuncias (contra Zúniga García) se presentaron por las acciones y abusos cometidos por el juez que violentaron el derecho de defensa y garantías constitucionales de las personas imputadas en el proceso penal”.

Estos jueces y juezas son solo una muestra de cómo las élites empresariales corrompen el sistema de administración de justicia para favorecer intereses económicos. Es necesario que se desmonten estas estructuras de corrupción a lo interno del Poder Judicial, la cual, se entiende una parte crucial para garantizar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones que han sido víctimas de frecuentes abusos por funcionarios judiciales.

La Comisión nombrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y la representación de los movimientos populares y sociales movilizados, sostendrán una próxima reunión de trabajo para evaluar resultados, el próximo mes de octubre de 2024.

Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción

En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.

Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los  mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.

En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.

Los mártires de la resistencia popular:

Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.

Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.

El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.

Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.

Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar  los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.

El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos  resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.