En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.
La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.
“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.
Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.
“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.
La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.
Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.”
En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.
La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.
La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.
Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.
Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.
Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.
Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.
Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.
Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.
El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.
Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.
La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.
Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:
Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.
Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.
Las acciones de despojo e invasión a los territorios para saquear los bienes comunes y naturales de las comunidades en Honduras se han asentado con la llegada de la pandemia a Honduras donde las instituciones del Estado siguen estando al servicio del modelo extractivo y ahora con mas ahínco, respaldado con el apoyo y aporte de organismos internacionales.
La situación del país es grave. Las comunidades no solo enfrentan las amenazas a sus entornos de vida a raíz de la llegada de los proyectos extractivos, sino que además se enfrentan a estructuras criminales dispuestas a todo por salvaguardar su capital y asegurarlo. Muestra de esto es lo que acontece con la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz con la desaparición de cuatro de sus integrantes, una zona que enfrenta la furia del capital transnacional que se ha apropiado de sus playas para el turismo que llena sus bolsillos.
Es por ese motivo que, desde las comunidades de Arizona, Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para la defensa del rio Jilamito, afectadas desde hace más de tres años por la imposición de un proyecto hidroeléctrico que pretende la única fuente de agua disponible para uso y consumo humano en el municipio remitimos carta a los organismos financistas de estos proyectos de muerte para romper su aparente inocencia e ingenuidad por falta de información sobre en qué están invirtiendo sus dineros.
En nuestra comunidad existen tres empresas hidroeléctricas que se han apoderado de tres de los cuatro ríos que recorrían nuestro municipio, esos proyectos además de saquear nuestra riqueza natural también se han llevado la riqueza económica producida por nuestros bienes comunes y naturales.
Para evitar que nuestro único rio sea dañado y afectado por la instalación de una cuarta represa hidroeléctrica, las comunidades hemos decidido instalarnos desde el mes de mayo de 2017 en un campamento Digno por la Defensa del rio Jilamito, lugar desde donde vigilamos que no haya más destrucción a la cuenca y espacio donde tomamos decisiones de manera común para beneficio colectivo.
En vista del anuncio realizado por la embajada de los Estados Unidos donde se informa de la inyección económica para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, nosotros, las y los habitantes de las comunidades estamos solicitándole a todas las personas, organizaciones e instituciones nacionales o internacionales su firma en apoyo a nuestra petición para que los organismos de crédito internacional, retiren el apoyo financiero a este proyecto ilegal e inconsulto que traerá afectación a la única fuente de agua que ha quedado disponible para uso y consumo humano.
Para firmar la petición y compartirla, dar clic al siguiente enlace:
A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.
La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.
El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.
Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.
Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.
Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:
Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.
En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.
Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.
Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.
Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.
Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.
La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.
Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.
Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.
Con la llegada del covid19 a Honduras en el mes de marzo terminó de abrir la oportunidad de cometer actos de corrupción, de hacer negocios de manera irregular afectando la salud de la población que día a día lucha y muere en carpas que han comprado los funcionarios públicos a precios exorbitantes.
En Honduras para el combate al covid19 se han destinado hasta hoy, más de cinco mil millones de dólares, entre lo aprobado por el Congreso Nacional y las donaciones recibidas de países, organizaciones y grupos a nivel nacional e internacional por lo que toda la población se pregunta ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero? – Si los hospitales móviles que tendrían todo el equipo necesario para brindar atención adecuada y digna aún no llegan al país, lo que afirma que el presupuesto asignado para el manejo de la crisis es un increíble negocio de corrupción e impunidad entre las y los usurpadores del poder.
¿Dónde está el dinero? Se pregunta la población que enfrenta la pandemia entre la incertidumbre, la inoperancia de los administradores de un colapsado del sistema de salud producto de todos los actos de corrupción a lo largo de la historia.
¿Dónde está el dinero? Si en cadena nacional los funcionarios públicos que manejan la pandemia sin tener ni siquiera idea de donde están parados, nos dicen que los hospitales están abastecidos, que hay medicamentos e insumos para poder combatir la pandemia, pero la realidad es, que más personas están muriendo, más personal de salud se contagia de forma acelerada por la enfermedad por no portar el equipo de bioseguridad y la clase trabajadoras, campesinas e indígena sufren la carencia de insumos como camas hospitalarias, medicamentos e infraestructura para combatir de forma más efectiva la propagación del COVID-19.
¿Dónde está el dinero? Si la cifra de contagios sigue en ascenso, si los hospitales ya no se dan abasto y las camillas para atender personas ya no ajustan, y ahora la advertencia es que se decidirá a quien se atiende y a quien no porque los recursos no dan para más.
¿Dónde está el dinero es la pregunta generadora de la discusión que nos lleva a preguntarnos, ¿Dónde está el Ministerio Público para investigar y castigar a los empresarios y funcionarios corruptos que se han coludido para saquear las arcas del Estado y condenar a las y los trabajadores al contagio con la falacia de la reapertura inteligente?
Sigue en aumento la impotencia y preguntas sin respuesta que por años hemos aguardado a que las instituciones del Estado nos respondan y que cumplan su papel de ser servidoras y protectoras de los intereses de las mayorías.
Si el Gobierno dictatorial del Partido Nacional y del Partido Liberal no resuelven en la crisis, ¿Porqué seguimos esperando que algún día cambien?
Pueblo, es momento de exigir respuestas, de organizarse, de convertir en propuesta movilizadora toda esa rabia que guardamos ante tanta corrupción.
Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.
Los peces en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico
Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca
Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.
Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.
Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.
Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas.
Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.
Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.
El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.
La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta, en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.
En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.
Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.
El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.
Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.
Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce
Efectos en el medio ambiente
En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.
Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.
El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.
Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.
Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.
Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.
El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.
Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.
Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.
La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río.
Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.
La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.
Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.
Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.
En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.
El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.
El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.
Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.
El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical, y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.
Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.
La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.
Río Petacón: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar
La población de Reitoca y Lepaterique sigue migrando en busca de nuevas oportunidades de vida
Progelsa ofreció empleos, pero la defensa del río es más fuerte que esta promesa
POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN REDACCION@CRITERIO.HN
TEGUCIGALPA. -LA POBLACIÓN DE REITOCA ESTÁ MIGRANDO. LOS HOMBRES SE VAN PARA ESTADOS UNIDOS, UNOS SE HAN IDO EN LAS CARAVANAS Y OTROS HAN PAGADO “COYOTES” Y LAS MUJERES BUSCAN CRUZAR EL ATLÁNTICO VÍA ÁREA PARA LLEGAR A ESPAÑA.
“La gente cuando no haya nada que hacer lo que hace es emigrar para otros países, de aquí las mujeres están emigrando a España, los varones están emigrando a Estados Unidos y a Canadá”, dijo el coordinador del Consejo Indígena lenca de Reitoca, Magdaleno Flores. Flores fue estafado en su intento por emigrar a Canadá. Madaleno, quien se dedica a la albañilería junto a sus hijos, contó que junto a varios de sus coterráneos fue timado por una compañía dirigida por un hombre a quien identificó únicamente como “Don Rubén”, quien cobra 65 mil lempiras ($2.600) para llevar a la gente. “Yo fui uno de los que cayeron en ese negocio, me engañaron. Yo pagué 130 mil lempiras para mi hijo y para que se fuera un hermano mío, y resulta que no hubo viaje y me robaron el dinero”, lamentó.
El coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Magdaleno Flores, dice que el conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, ha profundizado la migración durante los últimos cuatro años
Magdaleno relató que pese a que ya han pasado cuatro años de la estafa no ha existido castigo para el embaucador quien, dijo, sigue operando en su oficina en las cercanías del hospital San Felipe, en Avenida La Paz de Tegucigalpa. Comentó que nadie interpuso la denuncia por el miedo a perder la vida y porque en Honduras no existe una correcta aplicación de la justicia que sancione a los delincuentes y criminales. Los pobladores de Reitoca lamentan que en su municipio no existan fuentes de empleo permanentes. Existe algunos pequeños comercios dedicados a la venta de abarrotería, mercaditos, pulperías, dos pequeños restaurantes y tres hospedajes, que funcionan como hoteles. La migración ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2017. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.
Por estar ubicado en el corredor seco, Reitoca es severamente afectado por la falta de lluvias, lo que provoca que los campesinos migren ante la pérdida de sus cosechas.
En los últimos años la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Río Petacón de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha suscitado un conflicto entre pobladores de los municipios de Reitoca y Lepaterique. Los primeros que se oponen al proyecto y los segundos que, en su mayoría, son apáticos al mismo, a excepción de las autoridades municipales y de un grupo de pobladores que han sido beneficiados con empleos por parte de la empresa desarrolladora. La migración en Reitoca siempre ha estado presente, pues se encuentra en una de las zonas con mayor afectación al cambio climático por encontrase en el corredor seco, donde todos los años se registran pérdidas de cosechas y con ello problemas de seguridad alimentaria, y por ende mayor pobreza. En Lepaterique, pese a que su territorio goza de mayor precipitación pluvial, también existen problemas de sequía en época de verano. Esto aunado a la reducción de la explotación del bosque producto de la plaga del gorgojo descortezador, lo que provoca desesperación en la gente que también está migrando.
El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tenía una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registraba 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas. El censo estableció en aquella oportunidad que el 1.31 % de la población de Reitoca había migrado y en Lepaterique esa cifra era del 1 %.
El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) establece que, en los últimos cinco años, 200 pobladores de Reitoca han sido deportados en su intento por migrar a los Estados Unidos. De los cuales 40 corresponden al año 2016, 32 al 2017, 39 al 2018, 75 al 2019 y en los primeros días de junio de 2020 ya se contabilizan 14. En Lepaterique la deportación en los últimos cinco años ha sido de 278 personas, de las cuales 58 corresponden a 2016, 51 a 2017, 61 a 2018, 90 a 2019 y 18 en lo que va de 2020.
Jorge Montes, se aferra a su terruño, tiene una glorieta en el centro de Reitoca, donde genera empleo para dos jóvenes: Ericka y Alejandra, ellas perciben un poco de dinero para satisfacer parte de lo básico en sus hogares, pero no lo suficiente para vivir dignamente.
Para la defensora de los migrantes, Miroslava Cerpas, lo que está ocurriendo en el corredor seco hondureño es un desplazamiento forzado a causa de la implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas. Cerpas recordó que durante 2018 y 2019 la Red de Organizaciones para la Protección de Personas Desplazadas demandó al Estado de Honduras que reconociera el desplazamiento que se origina en las comunidades de los pueblos originarios producto de la explotación por parte de transnacionales de los territorios ancestrales, cuyas “concesiones han sido obtenidas a través de actos de corrupción, con entes del gobierno y a veces agentes municipales”. Apuntó que la mayoría de los dirigentes comunitarios, que han recibido amenazadas de los desarrolladores de los proyectos, terminan yéndose del país, porque si se quedan, aunque se desplacen a otro departamento son localizados por estos grupos. La defensora lamentó que el gobierno se niegue a hacer la delimitación de los territorios ancestrales y concluyó que no lo hace porque de esa manera ya no existirá la posibilidad de hacer negociaciones ilícitas que se traducen en actos de corrupción. En virtud de los conflictos territoriales generados en las comunidades indígenas por la implementación de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó en su informe de 2019 al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias a efecto de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas, según corresponda. Cerpas manifestó que debido a que los pueblos indígenas tienen arraigo cultural es muy difícil que cuando se trasladen a otras comunidades puedan vivir y adaptarse a otras costumbres por lo que al final no tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación y otros derechos y eso al final los obliga a migrar e incluso a irse en las caravanas junto al resto de la población.
Estas dos viviendas son el vivo reflejo de las remesas percibidas por la población de Reitoca, la principal fuente de ingresos de esta población.
Hidroeléctrica Petacón y la cacería de los ambientalistas lencas
Gobierno otorgó licencia sin consultar proyecto con comunidades
Funcionarios del gobierno se han confabulado con inversionistas para criminalizar a defensores del río
Estructura militar y policial al servicio de ejecutores del proyecto
POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN REDACCION@CRITERIO.HN
TEGUCIGALPA. –UN PROYECTO QUE PROMETIÓ PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y GENERAR DESARROLLO EN LA POBLACIÓN, HA CONFRONTADO A DOS EMPOBRECIDAS COMUNIDADES, UBICADAS EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS DONDE LA IMPOSICIÓN HA SIDO EL PRINCIPAL INGREDIENTE
La instalación del proyecto hidroeléctrico del Río Petacón en los municipios de Reitoca y Lepaterique, Franciso Morazán, por parte de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha ocasionado una serie de violaciones de derechos humanos las que han tenido la participación directa de funcionarios del Estado y de las fuerzas militares y policiales.
El comportamiento estatal ha dejado al descubierto la protección para con los grupos de poder, en este caso representados por el empresario Jack Arévalo Fuentes, ideólogo de la hidroeléctrica y la criminalización de la defensa de los recursos naturales a manos de las indígenas lencas.
El conflicto ha provocado ataques violentos por parte de la Fuerza Militar, que el 30 de enero de 2018 hirió de bala a dos pobladores de Reitoca. Asimismo, la Policía Nacional y Cobras hirieron de bala a otro poblador el 24 de abril de 2019, y por otro lado la justicia judicializó en octubre de 2019 a dos defensores del medio ambiente.
El principal agravante se registró desde el momento en que el exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, otorgó el 24 de mayo de 2011, la licencia ambiental sin una previa socialización y por ende consulta con las comunidades donde se ubica el proyecto diseñado para la generación de 14.8 MW de energía.
Laínez Ordóñez fue acusado en diciembre de 2018, pero en marzo de 2019 el Juzgado Penal de Francisco Morazán dictó sobreseimiento definitivo a su favor, pese a que el dilema por la violación al proceso ambiental sigue sin resolverse, pues el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.
El río Petacón fue concesionado por 50 años a la empresa Progelsa para la instalación de un proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 14.8 MW
De acuerdo con la legislación nacional, antes de emitir la licencia, las autoridades ambientales debieron cerciorarse de que el proponente del proyecto había realizado un cabildo abierto con las alcaldías y la población de Lepaterique y Reitoca y esto se reafirma en el dictamen número 007-2013 emitido por la Comisión Nacional de Energía que refiere que la empresa Progelsa no presentó las certificaciones que avalen la socialización con el municipio de Reitoca e incluso menciona al municipio de Curarán. La única certificación presentada fue la socialización con Lepaterique.
Asimismo, una constancia extendida el 1 de septiembre de 2017 por el alcalde por ley de Reitoca, Modesto Funez Santos, establece que la empresa no socializó ni tampoco realizó la consulta ni efectuó cabildos abiertos para tratar temas relacionados a la construcción del proyecto hidroeléctrico y señala además que la corporación municipal no autorizó el permiso de construcción y operación, ni aperturas de carretera en el municipio.
En virtud de que el proyecto se encuentra en territorio lenca, también se registró la violación al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece la consulta libre, previa e informada para las decisiones relacionadas a las prioridades de los pueblos originarios y que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
José Manuel Rodas, un hombre de 80 años, quien es tesorero del grupo lenca “Nueva Esperanza”, asegura ser un auténtico lenca por haber nacido en un territorio de influencia ancestral lenca, descendientes del indio Lempira.
El Consejo Indígena Lenca asegura que Reitoca es territorio Lenca y por lo tanto denuncia violación a su derecho de autodeterminación porque no se les consultó previo a la instalación del proyecto. De su lado la empresa Progelsa asegura que la zona no tiene influencia indígena, porque así lo determinó un grupo de pobladores para lo cual extendieron una nota, misma que ha servido de argumento para alegar que no existe la obligatoriedad para realizar la consulta.
Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.
Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.
A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.
El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.
A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.
A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.
A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.
A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.
A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.
A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
