Organizaciones de la sociedad civil urgen la cancelación definitiva del financiamiento internacional del proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Honduras envían una carta conjunta a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su seria preocupación con respecto al financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras por BID Invest (miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo) y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC en inglés). Citando graves violaciones de derechos humanos, la carta insta a que Estados Unidos use su voz dentro de BID Invest y la DFC para garantizar que el financiamiento propuesto se cancele definitivamente.

La carta señala las numerosas similitudes entre el proyecto hidroeléctrico Jilamito y la represa Agua Zarca que en 2016 fue responsable por el asesinato de la líder indígena de renombre mundial Berta Cáceres. Citando la fuerte oposición de la comunidad, instancias bien documentadas de amenazas, asesinatos y criminalización, y una serie de denuncias graves de corrupción aún pendientes contra el proyecto, la carta pide a Estados Unidos que preste atención a las señales de advertencia. “No queremos que un asesinato de alto perfil tenga que pasar para que BID Invest y la DFC se retiren de este proyecto.”

Magdalena Díaz, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras (MADJ) y el campamento que defiende el río Jilamito de este proyecto, explica, “Sabemos que hoy en día, por defender nuestros bienes comunes y naturales principalmente el agua — que es primordial para la vida, para las nuevas y futuros generaciones — nos asesinan. Nos criminalizan.”

Como señalaron juntos Allison Lira y Julien Christe, codirectores del programa de Honduras, “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, en gran parte debido a proyectos extractivos como la propuesta represa hidroeléctrica de Jilamito. En un contexto de impunidad y corrupción generalizadas, proyectos como este generan con demasiada frecuencia violencia, dañan el medio ambiente y desplazan familias. Las instituciones financieras internacionales, como BID Invest y DFC, deben fortalecer las salvaguardias para garantizar que no socavan los derechos humanos y el estado de derecho en los lugares donde operan.”

Martin Fernández del MADJ establece que “mediante los cabildos abiertos, que es una instan jurídica en una municipalidad, las comunidades en dos ocasiones han determinado la no concesión de su fuente de agua y esto se estaría violentando que es un mandato popular. Otra de las situaciones estrictamente legales es que esta empresa obtuvo de manera fraudulenta este proyecto. En distintas ocasiones al nivel administrativo se les advirtió que este proyecto era inviable ambientalmente…Así que al BID nuestra advertencia para que puedan tomar en consideración estos elementos que podrían poner en precario su inversión.” 

Finalmente, la carta señala que el financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito socava directamente la prioridad declarada de la Administración Biden de abordar la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Honduras como una forma de abordar las causas fundamentales de la migración. Como Martín Fernández del MADJ continúa “lejos de generar desarrollo estaría generando un clima de inseguridad y un problema social muy fuerte en el municipio de Arizona.”

Las organizaciones que firman la carta incluyen a las organizaciones de EE. UU. Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, Pax Christi USA, the Grassroots Global Justice Alliance y muchos más, así como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

Lee la carta completa aquí: http://bit.ly/2021CartaJilamito

Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

Corrupción Honduras
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/los-protectores-del-rio-jilamito-y-la-guerra-por-el-agua-en-el-caribe-de-honduras/

Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

¡FIRMÁ!: Carta comunidades de Arizona contra del financiamiento al proyecto sobre Río Jilamito

Las acciones de despojo e invasión a los territorios para saquear los bienes comunes y naturales de las comunidades en Honduras se han asentado con la llegada de la pandemia a Honduras donde las instituciones del Estado siguen estando al servicio del modelo extractivo y ahora con mas ahínco, respaldado con el apoyo y aporte de organismos internacionales.

La situación del país es grave. Las comunidades no solo enfrentan las amenazas a sus entornos de vida a raíz de la llegada de los proyectos extractivos, sino que además se enfrentan a estructuras criminales dispuestas a todo por salvaguardar su capital y asegurarlo. Muestra de esto es lo que acontece con la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz con la desaparición de cuatro de sus integrantes, una zona que enfrenta la furia del capital transnacional que se ha apropiado de sus playas para el turismo que llena sus bolsillos.

Es por ese motivo que, desde las comunidades de Arizona, Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para la defensa del rio Jilamito, afectadas desde hace más de tres años por la imposición de un proyecto hidroeléctrico que pretende la única fuente de agua disponible para uso y consumo humano en el municipio remitimos carta a los organismos financistas de estos proyectos de muerte para romper su aparente inocencia e ingenuidad por falta de información sobre en qué están invirtiendo sus dineros.

En nuestra comunidad existen tres empresas hidroeléctricas que se han apoderado de tres de los cuatro ríos que recorrían nuestro municipio, esos proyectos además de saquear nuestra riqueza natural también se han llevado la riqueza económica producida por nuestros bienes comunes y naturales.

Para evitar que nuestro único rio sea dañado y afectado por la instalación de una cuarta represa hidroeléctrica, las comunidades hemos decidido instalarnos desde el mes de mayo de 2017 en un campamento Digno por la Defensa del rio Jilamito, lugar desde donde vigilamos que no haya más destrucción a la cuenca y espacio donde tomamos decisiones de manera común para beneficio colectivo.

En vista del anuncio realizado por la embajada de los Estados Unidos donde se informa de la inyección económica para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, nosotros, las y los habitantes de las comunidades estamos solicitándole a todas las personas, organizaciones e instituciones nacionales o internacionales su firma en apoyo a nuestra petición para que los organismos de crédito internacional, retiren el apoyo financiero a este proyecto ilegal e inconsulto que traerá afectación a la única fuente de agua que ha quedado disponible para uso y consumo humano.

Para firmar la petición y compartirla, dar clic al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfnCddn6rqiizRz-dT3ajsyWtELJbQyjFN1lr-cfKar5UoLA/viewform

Al firmar la petición estarás ayudando a las comunidades de Arizona, Atlántida en su lucha por agua para la vida humana y no agua para uso mercantil.