Después de más de 4 años de lucha de las comunidades de Arizona organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y de haber resistido todos los procesos de violencia institucional por preservar el río Jilamito para uso y consumo humano, surgen las buenas noticias, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el retiro del apoyo financiero a este proyecto que ha generado violencia y división.
El financiamiento se otorgaría a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado.
Según señala el sitio vice.com. “La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”.
Esta noticia supone una alegría para las personas que han luchado por su río en la comunidad y reaviva los procesos de lucha por los bienes comunes y naturales en Honduras a pesar de todos los ataques que reciben y los homicidios que están en la impunidad, en el caso del proyecto hidroeléctrico Jilamito, dos personas ligadas a la lucha contra la represa han sido asesinadas y sus crímenes están en total impunidad.
Recientemente más de 60 organizaciones de Honduras y el mundo firmaron dos cartas para pedir se retirará el apoyo al proyecto y denunciando los vínculos de los desarrolladores de la represa con el blanqueo de dinero.
“Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto. Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar”.
Por ahora el acuerdo de financiación se centra entre la empresa y el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que ha intentado desconocer todo el proceso de resistencia y lucha que han desarrollado las comunidades a lo largo de este tiempo.
En la comunidad las personas siguen su proceso de resistencia en el sitio que han denominado Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito.
Leer carta completa a continuación:
Biden acaba de matar la financiación de una controvertida presa que Trump intentó construir en Honduras
La comunidad local luchó contra el proyecto y dos opositores fueron asesinados, pero Estados Unidos había prometido millones de todos modos..
El gobierno de Estados Unidos retiró el apoyo financiero esta semana de una presa propuesta en Honduras que se encuentra en el centro de un conflicto latente entre los residentes locales y los desarrolladores. Dos opositores al proyecto han sido asesinados.
La decisión de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, (DFC), que proporciona financiamiento para proyectos del sector privado, marcó una victoria para los grupos de activistas en Honduras y Estados Unidos que habían instado a la agencia a abandonar el proyecto. En una carta reciente a funcionarios estadounidenses, establecieron paralelismos con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres , una destacada activista que lideró la oposición a un proyecto similar de represa en Honduras.
La DFC, que había prometido préstamos de $ 35,7 millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, una presa de 14,8 MW en el noreste de Honduras, no dio razón de su decisión, excepto para señalar que se tomó después de “un período prolongado de debida diligencia”.
Pero la revocación de la aprobación otorgada por la Administración Trump se produce cuando la Administración Biden está revisando políticas hacia Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar de reducir la pobreza, la corrupción y la violencia que impulsan a decenas de miles de personas a intentar llegar a Estados Unidos. cada mes.
Un golpe de estado en 2009 en Honduras envió al país, que ya era uno de los más pobres del hemisferio, a una espiral de violencia. Desde entonces, la clase política del país se ha visto envuelta en repetidos escándalos, incluidas condenas por narcotráfico en Estados Unidos de familiares cercanos de los dos presidentes electos desde el golpe.
El cambio radical de la Administración de Biden eliminó casi la mitad de los fondos para el proyecto de la presa de $ 75,6 millones de dólares. Una división del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución financiera multilateral, prometió otro 27 por ciento del costo de la represa en préstamos. La división, BID Invest, no hizo comentarios sobre el retiro de la DFC.
La inversión restante proviene de una empresa hondureña, Ingelsa, que inició el proyecto hace unos 15 años. En los últimos años, la oposición ha crecido a medida que la comunidad local se unió a un grupo nacional, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, conocido por sus siglas en español como MADJ.
Activistas de MADJ se unieron a organizaciones con sede en Estados Unidos, como School of the Americas Watch y el Latin America Working Group, para presionar al DFC para que retire su financiamiento para la represa Jilamito. Los legisladores demócratas, encabezados por la representante Ilhan Omar, también han pedido a la agencia que abandone el proyecto.
“Hemos tenido conversaciones positivas sobre este tema desde que el presidente Biden asumió el cargo y me enorgullece que hayan revocado el apoyo al proyecto”, dijo Omar.
Ingelsa, sin embargo, dijo que sus planes seguirán adelante. La empresa dijo esta semana que “estaba construyendo el proyecto Jilamito” y señaló lo que dijo era un récord de “hacer cambios positivos en las comunidades rurales”.
El respaldo inicial de la DFC y el BID, anunciado el año pasado, restó importancia a la evidencia de resistencia local y las amenazas generalizadas de violencia que enfrentan los ambientalistas en Honduras. Global Witness, una ONG internacional que rastrea las amenazas a los activistas de todo el mundo, ha calificado a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra.
El asesinato de Cáceres, que había ganado el Premio Goldman , un premio internacional para activistas de base, demostró que ni siquiera el reconocimiento mundial era suficiente para proteger a los defensores de la tierra en Honduras. El presidente de la empresa que está detrás del proyecto de la presa contra la que luchó está siendo juzgado por planear su asesinato.
Al menos un activista que lucha directamente contra la represa de Jilamito ha sido asesinado. En 2018, Carlos Hernández , un abogado que representaba a un funcionario local opuesto a la represa, fue asesinado por atacantes desconocidos en su oficina. Como ocurre con la gran mayoría de homicidios en Honduras, su caso sigue sin resolverse.
Hernández era un exfiscal contratado para defender a Arnoldo Chacón, alcalde del municipio denominado Arizona, por donde discurre el río Jilamito, en el departamento de Atlántida. Chacón había sido acusado junto con cuatro miembros del MADJ por delitos relacionados con un campamento que protestaba por el proyecto de la presa. Los cinco esperan juicio.
Unos meses antes de que Hernández fuera asesinado en la primavera de 2018, dos organizadores del MADJ fueron asesinados, presuntamente por las fuerzas de seguridad hondureñas. Ramón Fiallos, que también era de Arizona, recibió un disparo en el brazo de la policía y murió desangrado durante una protesta en enero contra la reelección impugnada del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Los activistas sospechan que Fiallos fue atacado por su oposición a la presa Jilamito y otros proyectos durante la ola de disturbios que siguió a las elecciones.
Otro miembro del MADJ fue asesinado por la policía horas después de que dispararan a Fiallos. Geovanny Díaz fue sacado a rastras de su casa en Pajuiles, a sesenta kilómetros al oeste de Arizona, y disparado al estilo de una ejecución por hombres vestidos con uniformes de policía, según informes de testigos presenciales . Díaz se opuso a la represa de otro río cerca de su pueblo.
Global Witness nombró a los tres en su informe de 2018 sobre defensores del medio ambiente que habían sido asesinados por su activismo.
Ingelsa dijo que nunca había cometido ningún acto de violencia y que la empresa trabajaba a través del diálogo para enfrentar lo que llamó acusaciones falsas. La comunidad había brindado un amplio apoyo al proyecto, dijo la compañía en un comunicado a VICE World News.
Los partidarios de la represa dicen que impulsaría las fuentes de energía renovable de Honduras, mejoraría el servicio de electricidad en las ciudades de la costa norte del país y generaría cientos de empleos en la región durante la fase de construcción. Para abordar las preocupaciones sobre el suministro de agua, Ingelsa desarrolló una estrategia para asegurar el suministro de agua potable al área.
Pero el cofundador de MADJ, Martín Fernández, dijo que la represa propuesta privaría a unas 30.000 personas de agua potable y señaló proyectos de represas similares que, según él, privatizaron el acceso al agua. Acusó a Ingelsa de criminalizar la oposición a la represa y agregó que los residentes de Arizona habían acordado dos veces en asambleas comunitarias formales revocar la concesión de su río.
MADJ dijo que otros proyectos hidroeléctricos en la región no habían mejorado el acceso a la energía para las comunidades locales y que, en cambio, los precios de la electricidad habían aumentado.
Aparte de la violencia que rodea al proyecto, DFC puede haber estado preocupada por uno de los principales accionistas de Ingelsa. Ingelsa es propiedad de una empresa manufacturera llamada Hermacasa, controlada por un empresario hondureño, Emin Abufele Marcos.
El padre de Emin Abufele, Emin Abufele Salomon, propietario minoritario de Hermacasa, podría haber levantado una bandera roja. En 2003, diplomáticos estadounidenses recomendaron que a Abufele Salomon y Omar Abufele Salomon, otro propietario minoritario de Hermacasa, se les negara la entrada a Estados Unidos porque supuestamente “participaron en un patrón y práctica de prácticas financieras fraudulentas” que involucraban a un banco hondureño.
Un fabricante de herramientas de Massachusetts, Simonds International, posee casi el 40 por ciento de Hermacasa. David J. Miles, presidente de Simonds Saw, dijo en un correo electrónico que la oposición a la presa era política y “sin mérito” y que estaba involucrada en conversaciones para “encontrar el mejor camino a seguir en función del clima de inversión actual”.
Con un éxito en su lucha contra la represa, la oposición continuará. “La gente de Arizona no quiere más migajas, ni mentiras, ni promesas incumplidas”, dijo en un correo electrónico Juan Antonio Mejía Guerra, coordinador de investigación del MADJ, refiriéndose al proyecto de agua potable propuesto.
“Arizona ha decidido que el agua del río Jilamito debe ser exclusivamente para consumo humano”.
Corrección: Esta historia originalmente decía que la DFC había prometido préstamos por $ 35,7 mil millones para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, cuando en realidad se trataba de préstamos por $ 35,7 millones. Lamentamos el error.
