Ante el ataque a la lucha comunitaria; resistencia y soberanía popular.

  1. Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
  1. En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
  1. La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
  1. La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
  1. Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también  a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
  1. En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
  1. Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.

Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.

                                ¡Hasta la dignidad siempre!      

San Pedro Sula, Cortés, 08 de octubre del 2021

Extractivismo y generación de energía: Las prioridades de la gestión de la pandemia en Honduras

El Congreso Nacional aprobó más prebendas para los generadores de energía eléctrica en el país y con esto sigue la entrega de los servicios públicos a capitales privados que han sido los grandes favorecidos por los políticos en los últimos años.

Con la ampliación de cuatro contratos sometidos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional las prebendas van aumentando para el sector privado del país que día a día consigue hacer negocios redondos confabulándose con un sector de la clase política que tiene las facultades y poder de decisión sobre estos temas.

“El presidente de la Comisión de Energía I del CN, Oscar Nájera, dijo que estos contratos beneficiarán a los departamentos de Atlántida, Colón, y parte de Yoro”. Esta ampliación de cuatro contratos a favor de la Empresa Laeisz también incluyen “incentivos” para los empresarios, pero no para la población.

“El Congreso Nacional, aprobó los contratos No. 011-2018, 012-2018, 013-2018 y 014-2018, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Comercial LAEISZ, para el Suministro de Potencia Firme y Energía Asociada. En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20 por ciento sobre el cargo variable de combustible”.

Según lo ordenado y aprobado durante la sesión legislativa esta modificación a los contratos deberá hacerse en los próximos 10 días hábiles.

Con esta ampliación y aprobación de estos contratos el mismo Estado hondureño se contradice en sus acciones ya que continúa con la concesión de los ríos para la producción y generación de energía y por otra sigue ampliando y entregando contratos para la misma función, en la misma zona y a los mismos actores.

Con este nuevo proceso de ampliación de contratos, el Poder Legislativo entrega en menos de dos meses dos contratos para la generación de energía eléctrica en el territorio nacional ya que anteriormente, el 10 de julio, aprobaron dos contratos para la generación de energía favoreciendo a LUFUSSA en el sur del país.

Si se siguen aprobando estos contratos y se continúan concesionando los ríos, las montañas y otros bienes comunes y naturales para la generación de energía, ¿Para quién se está produciendo energía eléctrica en Honduras?