Absueltos 13 campesinos y campesinas acusados de usurpación en el norte de Honduras.

Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.

La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado defensor, Pedro Mejía, manifestó Los medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer ninguno de los imputados”.   


En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres personas y además, existen informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.

Y en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de un derecho”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.

Carta de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Guapinol

Nosotros y nosotras:

Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y naturales.

Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que valientemente están enfrentando.

A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.

Que condenamos estas acciones de criminalización y penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares  en complicidad con las autoridades hondureñas del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía Nacional.

Repudiamos la actitud servil de las instituciones de nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.

Por el derechos humano al agua

PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.

¡Hasta la dignidad siempre!

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO.

El 05 de septiembre el Gobierno del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los bienes públicos?

A estas interrogantes, debemos agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva del parque nacional La Tigra.

El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.

De igual forma lo vemos en La Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en protesta contra la empresa William & Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual la amenaza de que el río se seque es más cercana.

En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.

Camiones cargados de madera cortada ilegalmente en la tribu San Francisco Locomapa, el patrón de saqueo se repite en todo el territorio hondureño.

Las y los luchadores políticos y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en defensa de la vida.  

Estos casos y experiencias de procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?

El papel de la Secretaria de Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática, persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los bienes públicos, comunes y naturales.

Contrario a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre que el servicio no sufra menoscabo.

Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación, asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas, funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar algunos.

Las y los luchadoras y luchadores políticos y sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo, violencia y empobrecimiento.

Acciones de movilización por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida, Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar el país.

Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO. 


GOBIERNO DE HONDURAS EMITE EMERGENCIA POR SEQUÍA EN EL PAÍS

Mientras mantiene encarcelados, criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.


El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales Honduras es suscriptor.


Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de agua.


Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la institucionalidad hondureña.


La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte en sequía para los pueblos.

La doble moral y el doble discurso de Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con más efectos negativos para el pueblo.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón. 

CARTA ABIERTA: Alto a los asesinatos y castigo para los autores intelectuales de los crímenes contra el pueblo tolupán ¡Exigimos respuestas integrales para nuestras tribus!

Seis años transcurridos desde el triple asesinato de nuestros compañeros Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y nuestra compañera María Enriqueta Matute, indígenas tolupanes, asesinados el 25 de agosto de 2013 no han sido suficientes para que su institución brinde respuestas integrales a nuestras tribus. En respuesta a eso, nuevamente nosotros y nosotras, integrantes del pueblo indígena tolupan, habitantes de la Tribu de San Francisco Locomapa, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y en el Consejo Preventivo de Tribu nos dirigimos a sus instituciones creadas con la finalidad de garantizar nuestros derechos.

Es de su conocimiento que dichos asesinatos son producto del trabajo de defensa de nuestros bosques, ríos, y nuestro territorio ancestral registrado con No. 239 del año 1864 que nuestros compañeros y compañera realizaban y aunque actualmente se encuentran condenados los actores materiales el Estado no ha investigado a los actores intelectuales de sus crímenes.

La falta de justicia y verdad integral que encarna la demanda de castigo a los autores intelectuales preparó el terreno de impunidad en el cual el pasado 25 de febrero de 2019 nuestros dos hermanos Samael y Salomón Matute fueron vilmente asesinados a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2013. Hemos advertido hasta el cansancio que mientras la justicia no alcance a quienes piensan y pagan los asesinatos de nuestro pueblo estos no se detendrán, a pesar de eso son nuestras tribus quienes siguen pagando a precio de sangre la desidia e indiferencia del Estado y de su institución.

Ustedes conocen perfectamente las razones de fondo que motivan la violencia en contra de nuestras tribus ya que consta en las denuncias que hemos interpuesto. Conocen que el otorgamiento de planes de manejo forestal bajo condiciones irregulares para beneficiar a empresarios madereros y terceros ajenos a nuestro pueblo ha provocado y sigue provocando que quienes nos oponemos a la destrucción de nuestros bosques ancestrales seamos víctimas de todo tipo de agresiones, persecución constante, asesinatos e incluso de criminalización.

Durante 6 años han mostrado poco interés en generar avances sustanciales en las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto pero, curiosamente, ese mismo Ministerio Público que investiga a paso lento los hechos que nosotros denunciamos, es altamente eficiente para criminalizarnos. Actualmente, 9 de nuestros hermanos y hermanas indígenas son perseguidos debido a su defensa de los derechos colectivos de nuestra tribu. Se les acusa por tercera vez del delito de Obstaculizar un Plan de Manejo y están citados a audiencia inicial el próximo 13 de septiembre de 2019 a las  09:00 am en el juzgado de Yoro.

Este comportamiento encarna el patrón de criminalización ejecutado por el Estado  a través de su institución en confabulación con el poder económico para atacar los procesos de resistencia territoriales en defensa de los bienes comunes y naturales. Lo sabemos con certeza, ha sido aplicado en los territorios de Pajuiles, Jilamito, Guapinol, Azacualpa, La unión Copán, y las comunidades de Zacate Grande en el sur del país.  Ante todo esto, hemos comparecido ante este Ministerio Público y otras instituciones del Estado a denunciar los abusos realizados por funcionarios públicos y las empresas extractivas, teniendo únicamente el silencio del Estado.

Respondan ustedes entonces, ¿Qué tenemos que hacer para que el Ministerio Público responda a nuestras denuncias y emergencias reales como lo hace cada vez que se trata de empresarios que destrozan y saquean nuestros territorios y bienes naturales como lo ha hecho ahora en respuesta a los intereses de actores que se han aliado para asegurar su beneficio a través de la explotación de nuestro bosque de pino ancestral, como ser el Consejo Directivo de la Tribu San Francisco Locomapa, la Federación de Tribu Xicaques de Yoro (FETRIXY) y la empresa INMARE, propiedad de Wilder Omar Dominguez?

¿Cinco asesinatos y 9 personas criminalizadas no son suficientes para comprender la urgencia de actuar y brindar respuestas a nuestro pueblo? ¿Cuándo piensan actuar con claridad y comprensión honesta de nuestra realidad? ¿Cuándo sus instituciones responderán a nuestras necesidades como poblaciones indígenas?

A 6 años del triple asesinato y 6 meses del reciente doble asesinato en contra de nuestro pueblo, exigimos a sus instituciones salden mínimamente su deuda con nosotras la cual nos costado sangre y dolor, y que en ese sentido;

  1. Aseguren el castigo para los autores intelectuales del triple asesinato y de los autores materiales e intelectuales del reciente doble asesinato en febrero de 2019, así como para quienes desde el anonimato han gestado la persecución, el hostigamiento, las amenazas y la muerte de nuestros hermanos indígenas, y que continúa ensañándose contra nuestro pueblo bajo su permisividad y pasividad.
  2. Investiguen la indemnización del Estado de Honduras a la familia Uclés por las tierras del Pueblo Tolupan de San Francisco de Locomapa, Yoro, por una cantidad que asciende a más de 38 millones de Lempiras.
  3. NO amplíen el plan de manejo así, como del plan operativo N°BY-YO – 1711 – 0221 – 1994 / YO – 0221 – 001 – 00738 – 2017, porque no pertenece a la Tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro dado que no se ha realizado la consulta, previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
  4. Realicen un peritaje del tronconaje de la toda la madera que ha salido de la Tribu, así como una auditoría al presidente de la FETRIXY Noé Rodríguez, al Consejo Directivo de Tribu quien lo preside José Alberto Vieda.
  5. Bajo los principios de cooperación, coordinación y complementariedad que enuncia la Ley del Sistema de Protección, que el Mecanismo de Protección trabaje junto al Ministerio Público, el ICF y otras instituciones con competencia a fin de brindar seguridad y salvaguardar eficientemente la vida de nuestros hermanos y hermanas con medidas de protección y medidas cautelares, pero sobre todo, que sus actuaciones y medidas adoptadas estén encaminadas a solventar las condiciones de fondo que permiten y provocan la violencia y situación de gravedad que enfrentamos.

No queremos llorar más muertes, no queremos tener que defendernos todo el tiempo de la violencia sistémica que enfrentamos debido al olvido al cual nos condenan, exigimos que el Estado de Honduras a través de sus instituciones actúe, trabajen y nos den respuestas.

Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Tolupan.

26 de Agosto del 2019.

NUESTRO PENSAMIENTO, “ES QUE AQUÍ, ASÍ ES.”

Iniciamos el mes de Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras; injusta, corrupta y violenta.

No podemos seguir viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político de liberación y transformación del país.

En Honduras, la intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en manos transnacionales, la corrupción y la muerte.

El Estado Hondureño, que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda, así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.

El anterior 01 de septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas  por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la libertad.

Las siete personas son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez. Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de presentarse el requerimiento fiscal.

Desde el MADJ nos solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes despojan permanentemente al país.

Hacemos el llamamos al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la altura de la transformación que requiere el país.

Desde nuestra base comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un nuevo país.

Ante lo anterior establecemos que;

Que no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y violencia.

Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.

Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.

Que ante el mal llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse, a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y transformación de Honduras.

Desde la resistencia a la soberanía con dignidad.

Desmilitarización y retiro de agentes policiales de San Juan Pueblo, Atlántida, exigen Organizaciones de Derechos Humanos

Al menos 8 organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Honduras este día presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo, (Recurso legal orientado a  evitar detenciones arbitrarias y protección a los derechos individuales e integridad física de las personas) y una carta dirigida a las jefaturas de batallones militares, postas policiales y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de lograr que los efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado que permanecen instalados en San Juan Pueblo en el departamento de Atlántida sean retirados de la zona.

El documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia peticiona tres aspectos fundamentales: admitir la garantía constitucional de Habeas Corpus Preventivo a favor de la ciudadanía de San Juan Pueblo, nombrar un juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas encaminadas a constatar las condiciones sistemáticas de violación al derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal de las y los pobladores de la comunidad, así como las eventuales obstrucciones y amenazas  a la libertad e integridad física, psíquica y moral, a la que se ve expuesta la población de San Juan Pueblo por la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad y defensa pública en su territorio y finalmente, que se proceda a ordenar el retiro inmediato de los elementos militares de la comunidad, como única e inmediata medida para garantizar el libre goce de sus derechos fundamentales.

Como cierre del recurso presentado, las organizaciones solicitan se “ordene la adopción de medidas preventivas de carácter estructural que eviten la confluencia de las condiciones objetivas y materiales que den lugar, en el presenta caso, a la violación inminente y sistemática de los derechos a la libertad personal e integridad física, psíquica y moral de las y los ciudadanos de San Juan Pueblo”.

En la carta que se ha entregado a las diferentes instituciones en Atlántida se denuncian las acciones irregulares cometidas por parte de la Policía Nacional  en la zona al mando del agente Clase III, apellido Laínez, quien es responsable de la posta policial en la comunidad de San Juan Pueblo.

En la misma carta también se denuncian las constantes campañas de odio y desprestigio a las que están siendo sometidos las y los luchadores sociales en el sector, quienes a través de perfiles falsos en redes sociales son discriminados y desprestigiados por su labor en defensa de la voluntad popular.

En una de las más recientes publicaciones circuladas en la red social Facebook, desde un perfil falso se enlistaron a las personas señaladas como supuestas responsables de provocar caos en la zona, entre estas se encontró a Martín Fernández, integrante de la Coordinación general del MADJ y tres personas más vinculadas a la organización.

Un hecho reciente, fue el ejecutado en la última manifestación pública que concluyó con un plantón en el puente sobre el Río San Juan en la entrada a la comunidad. En esa actividad, tres personas fueron heridas de bala después de una violenta represión policial desarrollada contra la población que organizada se manifiesta exigiendo la salida de la presidencia del señor Juan Orlando Hernández.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y las diferentes organizaciones que trabajamos en defensa de los Derechos Humanos, reiteramos nuestra determinación de denunciar y no pasar inadvertidas las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la brutal represión sostenida en los recientes escenarios de movilización social.

Continuaremos señalando la responsabilidad estatal y de los altos mandos que autorizan o evitan intervenir para prevenir la hostilidad y hechos fatales en los que ha desencadenado el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares. Las instituciones del Estado, particularmente las de seguridad deben actuar en respeto pleno de los derechos de las poblaciones y las intervenciones estatales deben procurar brindar respuestas estructurales a los conflictos, en ese sentido, la militarización y presencia policial ha demostrado ser una medida que agrava las situaciones conflictivas, atenta en contra de derechos fundamentales de la población y contribuye a fomentar una cultura de miedo y control que no aporta de manera favorable a nuestra sociedad.

En ese sentido, exigimos y velamos porque la población de San Juan Pueblo, Atlántida pueda retornar a su vida cotidiana, pacífica sin presencia de agentes de seguridad, como parte de su derecho a vivir en paz y en libertad.

Auto de Formal Procesamiento por otorgamiento ilegal de permisos mineros en territorios de Tribu Tolupán

Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena.

¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró obtener ayer  Auto de Formal Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.

En relación a este caso el Ministerio Público recibió una denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A, específicamente de extracción y traslado de antimonio.

Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño, quien compareció en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

 En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro, al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.

Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de abuso de autoridad.

 El antimonio es un elemento semimetálico que principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes, vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.

Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas  encarcelados, desterrados  y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio.

Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.

Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.

SUSPENDEN AUDIENCIA DE INDÍGENAS TOLUPANES PORQUE FISCALES Y JUECES SE VAN DE VACACIONES.

MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:

El Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia, bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligen­cias pro­pias de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”

Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.

Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado 24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa, organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Las nueve personas indígenas acusadas, a través de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los 28 mil de árboles de su territorio.

El proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que no pertenece a la tribu.

La beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del bosque desde octubre de 2017 a la fecha .