El día del niño y la niña en los hogares de las personas criminalizadas en Honduras

El 10 de septiembre se conmemora el día del niño y la niña en Honduras. Cada año la realidad de desprotección y vulnerabilidad de un alto porcentaje de la niñez en Honduras opaca esta celebración.

En los territorios en lucha por defender su soberanía con dignidad y en resistencia al extractivismo hay otros males que también los niños y niñas deben enfrentar. En poblaciones como Pajuiles, Arizona y distintas tribus del pueblo Tolupán el día del niño hoy se conmemora en medio de procesos de criminalización en contra de hombres y mujeres valiosas y comprometidas, en medio de su incertidumbre sobre el curso de las acusaciones y del impacto en la vida de sus hijos e hijas.

Pero la criminalización no termina en la figura de las personas adultas acusadas. Sus consecuencias e impacto alcanzan la vida de cada niño y cada niña que forma parte de estas familias y repercute en su salud emocional, aunque esto sea quizá un abordaje y tema de conversación pendiente.

En el Sector Pajuiles, 12 integrantes del MADJ enfrentan procesos ante los tribunales hondureños, acusados por la empresa HIDROCEP propiedad del señor Jasón Hawit, causante de daños ambientales al río Mezapa, fuente de agua de al menos 16 comunidades de la zona. Estos hombres y mujeres fueron detenidos en agosto de 2017, luego de una brutal represión policial en dos fechas distintas. Tras su captura sus hijos e hijas salieron a las calles portando carteles pidiendo tener libres y de regreso en casa a sus padres.

Mientras sus padres estaban encarcelados injustamente varios de ellos tuvieron que permanecer bajo el cuidado de vecinos y personas cercanas. Pero aún ahora, luego de transcurridos dos años, el miedo por la posibilidad de que sus padres y madres vayan a prisión sigue latente.

Otro caso similar se da en Arizona, en el departamento de Atlántida a donde el señor Emin Abufele pretende construir una represa hidroeléctrica en el único rio que ha quedado disponible para uso y consumo humano, ahí esta empresa y el Estado de Honduras mantienen criminalizados a cinco luchadores sociales que han asumido junto a la comunidad la defensa del rio Jilamito.

Situación similar o peor viven las niñas y niños del pueblo Tolupán a donde el modelo extractivo no le basta con intentar despojar, criminalizar o agredir a las y los indígenas, aquí la situación llega al punto de asesinar a los padres y madres de los infantes que se oponen a la extracción inconsulta de los bienes comunes y naturales, mientras esto ocurre los niños y niñas deben crecer sin uno de los dos progenitores, todos estos crímenes siguen en total impunidad debido a que es el mismo Estado a través de sus instituciones que sigue poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de la población.

Ante todo, este panorama sombrío y oscuro en Honduras el Estado ha vuelto muy normal ver a niños y niñas, hijos e hijas de los luchadores sociales en las afueras de los juzgados, esperando a que un juez o una jueza dicte la sentencia condenatoria o absolutoria hacia sus padres y madres.

Es por ese y otros motivos que en Honduras muchos niños y niñas desde muy pequeños caminan junto a sus padres y madres en jornadas de protestas intentando cambiar y buscar tener un mejor futuro.

Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega I

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

Río Petacón

Una joya que el capital transnacional pretende arrebatar a los lencas 

Fondo Noruego se convierte en financista de proyecto hidroeléctrico.

El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades.

Ley de Secretos es utilizada por las Fuerzas Armadas para proteger a militares que dispararon contra lencas en Río Petacón y el Poder Judicial avala el encubrimiento. 

TEGUCIGALPA.-BAJO EL MISMO ESQUEMA DE OTROS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y CON LAS MISMAS CONSECUENCIAS SE HA INSTAURADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y REITOCA, EN FRANCISCO MORAZÁN, UNA PLANTA ENERGÉTICA QUE HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA EL ESCENARIO FRAUDULENTO Y CORRUPTO EN HONDURAS.

El proyecto hidroeléctrico Río Petacón fue concebido por el empresario hondureño, Jack Arévalo Fuentes, un hombre que toda su vida ha estado empapado en los negocios de la energía eléctrica y quien se encargó de mover los tinglados del poder económico y político para conseguir una licencia ambiental al margen de la ley y luego consumar un negocio en el que se ha involucrado la banca nacional y el capital transnacional.

A través de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) constituida el 31 de enero de 2007 en la ciudad de San Pedro Sula, junto a sus hijos Erika Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canuhuati y su hermano, Julio Arévalo Fuentes, consiguió que el subsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordóñez, emitiera la licencia ambiental categoría dos, número 362-2011 a favor del proyecto hidroeléctrico, con una capacidad instalada de 11.00 MW, sin consultarle al pueblo indígena lenca de la zona.

Entre 1986 y 1990, cuando fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante el gobierno liberal del extinto expresidente José Azcona del Hoyo, Arévalo Fuentes, conoció sobre la capacidad instalada y demanda de energía eléctrica en Honduras y el potencial para generar energía en el territorio hondureño y como siempre ha estado ligado con la política logró convertirse en presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002) durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé y presidía el Poder Legislativo, el extinto dirigente liberal, Rafael Pineda Ponce.

También es fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cargó que desempeñó por seis meses durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010).

Jack Arévalo Fuentes, es hermano del empresario, Henry Arévalo Fuentes, dedicado históricamente a la importación de combustibles y a las actividades aduaneras y navieras.

Su carrera política combinada con la económica lo convirtió en el cerebro del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una obra inconclusa por la oposición del Consejo Indígena Lenca de Reitoca ante la violación al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.

Petacón es un proyecto concebido en similares circunstancias con el proyecto de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque en las comunidades lencas del occidente de Honduras y que desencadenó en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres. La similitud va más allá de la manera inconsulta y la violencia en que ambos proyectos sentaron sus bases, pues su financiamiento nace con capital nacional y culmina con el aporte del capital transnacional.

Los malabares de Arévalo Fuentes                                     El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Antes de fundar Progelsa, Arévalo Fuentes, comenzó a visitar las comunidades adyacentes al Río Petacón con la intención de conocer el potencial hidrológico y las propiedades que se encontraban en la zona de influencia para luego comprar las tierras. Una vez realizada esta tarea formalizó legamente la empresa, la que fundó con un capital social de 30 mil lempiras.

En su afán de concentrar más capital y de consumar su negocio, a partir de agosto de 2011, comenzó a traspasar y vender acciones a inversionistas nacionales y extranjeros y a suscribir fideicomisos con la banca nacional. La primera transacción se efectuó con el traspaso y venta de acciones a favor de Investment Corporation S.A., cuyos socios son Oscar Enrique Kafaty Geadah y Nadia Kafaty Geadah, hijos del fallecido empresario de la industria del café, Oscar Kafaty, quienes adquirieron 75 acciones de un total de 300.

En un nuevo acto jurídico, celebrado el 2 de agosto de 2012, Progelsa continuó cediendo y vendiendo acciones a Investment Corporation S.A. En esta oportunidad Investment Corporation S.A., adquirió 150 de 300 acciones y el 8 de julio de 2015 registró un aumento de capital pasando de 30 mil a 23 millones de lempiras y las acciones aumentaron de 300 a 230.000, de las cuales el 50 % (115.000) correspondieron a Investment Corporation S.A. y los 115.000 restantes a los socios de Progelsa.

El 7 de agosto de 2015 se modificó la escritura social de Progelsa y se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando presidente, Danielle Boscolo Meneguolo; vicepresidente, Pietro Barbujani y secretario, Oscar Enrique Kafaty Geadah.

Sigue aumentado el capital

El 17 de marzo de 2016 se registró un aumento de capital de 23,030,000.00 lempiras (230,300 acciones con valor de 100 lempiras cada una) a 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). En esta oportunidad ingresó el holding italiano, Sorgent.E s.r.l. que adquirió 351,921 acciones, bajo la representación de Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto, Roberto Micheletti.

En esta ocasión la empresa de los Kafaty adquirió 31,052 acciones, Jack Arévalo Fuentes 7,451 acciones, Erika Petrouska Arévalo Canahuati 8,073 acciones, y Jack Arévalo Canahuati 8,073 acciones.

El ejecutor especial de acuerdos de Progelsa es el abogado Mauricio Villeda Zúñiga, hijo del excandidato presidencial por el Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, Mauricio Villeda.

Desaparece Progelsa y sale a escena Banhcafé

El 29 de marzo de 2016 se le otorgó poder de riguroso dominio a Danielle Boscolo Meneguolo para la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto con el Banco Atlántida S.A. y el Banco Hondureño del Café S.A., en particular para suscribir contrato de fideicomiso de garantía, contrato de crédito y contrato de administración.

El 06 de septiembre de 2016 se registró un nuevo aumento de capital social de 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una) a 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). El capital social nuevo se distribuyó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (414,020 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción) y se incorpora Sorgent.e. Chile SPA, una filial de la firma italiana Sorgent.E s.r.l (1,129,500 acciones).

El aumento de capital continuó el 21 de marzo de 2017 con 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una) a 270,653,100.00 lempiras (2,706,531 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una). La distribución del capital social quedó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (1,543,520 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción), Sorgente Chile SPA (1,163,010 acciones).

En un último acto jurídico registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el 23 de julio de 2018, se eligió un nuevo Consejo de Administración resultando electa presidenta, Julia Estela Sandoval Handal; vicepresidente, Nicola Maniezzo; vocal, Oscar Enrique Kafaty Geadah y Elly Melisa Vargas Rivas, también como vocal.

En resumen, el proyecto quedó en manos del capital transnacional y de la banca nacional. Algo importante de señalar es que a partir del 2016 los socios fundadores de Progelsa se quedaron sin ninguna acción y el capital quedó distribuido en un 57.03 % a favor de Banhcafé, 42.98 % de Sorgent Chile SPA y 0.000000037 % de Sorgent.E s.r.l. de Italia.

“Creo que esto que estamos viendo alrededor del río Petacón es una de las prácticas que se han venido implementando últimamente a nivel mundial en el sector extractivista con la única finalidad de evadir la responsabilidad y crear una serie de obstáculos y blindajes”, dijo a CRITERIO.HN, Pedro Landa, especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas.

Landa manifestó que lo ocurrido con el Petacón es la mismo que hicieron con el proyecto minero de Guapinol, que era de inversiones Los Pinares y ahora pertenece a un  holding con capital panameño, chino, noruego y de distintas regiones, porque todo está concebido en “la doctrina de las puertas giratorias porque, como en una puerta giratoria, puede entrar una acusación, pero esa acusación sale inmediatamente porque no se puede identificar quién es el socio, quién es el accionista y qué leyes le aplican”.

Como ejemplo, Landa expuso que, si hoy Banhcafe es el socio accionista local del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y en el futuro existe una acción judicial en su contra, inmediatamente esta institución bancaria cede o vende sus acciones a otro de sus socios, para que no se le atribuya responsabilidad alguna.

 El investigador considera que mediante un holding se especula con los capitales y se evade la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de los proyectos extractivistas.

Leer investigación completa: https://criterio.hn/especial-de-investigacion-hidroelectrica-rio-petacon/?fbclid=IwAR13g8wvM_iTfYnoF7h3N5TQSlcMJu0jN9v0hyjC7Tgzih6048ZhFgXC2y0

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Código penal contiene disposiciones permisivas para diversos delitos.

Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.

En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.

Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.

Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.

A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.  

La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.

Municipalidad de Yoro incumple ordenanza de Juzgados a favor del pueblo Tolupán.

A más 48 horas de haberse emitido la ordenanza de entregar alimentos a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa en Yoro, las autoridades municipales no han cumplido lo indicado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que en fecha 28 de abril del presente año resolvió un amparo interpuesto en favor de dicha tribu.

La acción legal indicaba que “El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre”.

Por lo que el Juzgado con sede en San Pedro además de admitir el amparo ordenó que “las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas”, tiempo que se cumplió ayer miércoles 29 de abril a las 6:00 de la tarde sin que se haya realizado la acción señalada para resarcir el daño ocasionado.

Además de restituir la entrega de alimentos en coordinación del Consejo Preventivo de Tribu, la corporación municipal debe en el término a cinco después de señalada la resolución “facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado”.

Las y los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa fueron discriminados por los integrantes del programa “Honduras Solidaria” al momento de entregar la ayuda alimentaria que el Estado envió a este sector, solo se entregó a personas afines al partido de gobierno y afines a los empresarios de la zona.

Con esta acción el Juzgado reconoció “la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria”.

El pueblo Tolupán de las montañas de Yoro sobrevive en medio de la miseria y pobreza ocasionada por el mismo Estado hondureño que ha entregado sus territorios y bienes naturales a empresarios y personas ajenas a las tribus, con la llegada de la pandemia y la suspensión de las garantías constitucionales la situación de este pueblo originario empeoró al grado que además de hacerles falta salud y educación, hoy les falta la comida.

Solidaridad en tiempos de coronavirus: Compartiendo alimentos entre los núcleos del MADJ

Desde el pasado 25 de abril de 2020, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han iniciado a compartir alimentos producidos en sus comunidades, en los territorios organizados en el MADJ.

Magda Díaz, del núcleo comunitario de Arizona, Atlántida, compartió parte del trabajo de sus manos y de su familia; una amplia ración de yuca para que fueran entregadas el día de ayer 28 de abril de 2020 en varias tribus del pueblo Tolupán, quienes enfrentan los efectos más extremos de la pandemia del COVID 19, no solo sin atención médica sino también sin alimentos para el sustento diario.

A esta ola de solidaridad se han sumado aportes individuales de personas con la intención de contribuir a atender la emergencia de hambre en los distintos territorios organizados del MADJ, donde la operación “Honduras Solidaria” dejó sin posibilidad de alimentos a un gran número de familias indígenas.

La Coordinación General del MADJ y su área de organización, se movilizaron a la tribu La Candelaria, ubicada en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, una de las 31 tribus que conforman el pueblo indígena Tolupán.  Junto a la Organización del pueblo Tolupán (OPT), estructura de representación indígena, surgida a raíz de la crisis de legitimidad de la FETRIXY reconocida aliada del saqueo de sus territorios y de la narcodictadura, entregan los alimentos enviados por las demás comunidades y personas solidarias.

“La idea es entregar estos aportes a las tribus del pueblo Tolupán en Yoro, iniciamos con la tribu La Candelaria pero estamos viendo la forma de llegar a las otras tribus, por los momentos estamos compartiendo raciones de alimentos y semillas para la siembra que está próxima a iniciar, de ahí veremos la forma de colaborar con la instalación de sistemas de riego en las tribus a donde la situación nos permita acceder”, manifestó Martín Fernández, una de las integrantes de la tripartita Coordinación General del MADJ

Esta misma actividad también se hizo en algunas comunidades del Sector Florida en el departamento de Atlántida donde se compartieron granos básicos, los cuales son parte importante en la dieta alimenticia de las y los hondureños. En Atlántida, en los días recientes se registró una brutal represión que dejó 2 personas heridas, 6 detenidos y 1 persona con proceso judicial abierto, debido a su denuncia de la entrega politizada de los alimentos por parte de personeros de la municipalidad.

Con el compartimiento de alimentos desde los núcleos del MADJ reafirmamos el compromiso político de lucha sostenida y permanente, entendiendo que hoy más que nunca, solo el pueblo, salva al pueblo y que la verdadera soberanía se conseguirá trabajando juntos y juntas, creyendo y confiando en el que está a nuestro lado.

La apuesta política del MADJ es pasar de la resistencia a la soberanía con Dignidad, haciendo gobierno desde las comunidades y asegurando condiciones dignas en la vida de las personas con una postura frontal de combate a la corrupción e impunidad.

Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Pueblo Tolupán en Honduras a punto de morir de hambre

En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.

Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.

Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.

En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.

Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.

En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”

La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.

Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.