MÁS DE 100 ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL CONDENAN CRIMINALIZACIÓN DE 9 INDÍGENAS TOLUPANES EN HONDURAS.

Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.

Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.

Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.

Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010. 

Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad. 

En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos. 

Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas  de los cargos. 

Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.

A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.

Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.

Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.

Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.

En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.

Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.

Organizaciones firmantes:

Alemania
Colectivo Cadeho 
Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar

Bélgica
Red Europea de Comités Oscar Romero

Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
Guatemala Community Network
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Colombia
Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)

Estados Unidos
Alliance for Global Justice
Central American Resource Center (CARECEN) — DC
Franciscan Action Network
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Hands Off Honduras – Minnesota
Interfaith movement for human integrity
Nicaragua Center for Community Action
Parlamento Maya USA
School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay
SOA Watch
Witness for Peace Solidarity Collective

El Salvador
Asambleas Comunitarias de El Salvador 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

España
Anticapitalistas Madrid. Área Internacional
Comunidad Centroamérica en España 
Plataforma por Honduras en Madrid 
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)

Guatemala
Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA
Bufete para Pueblos Indígenas 
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comité de Unidad Campesina (CUC) 
Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro 
Festivales Solidarios 
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Prensa Comunitaria 
Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Honduras
APAF-INFOP
Asociación LGBT Arcoiris de Honduras
ASONOG
BAMBÚ
Bloque Popular
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT)
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH)
Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Conexihon
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) 
Ecuménicas por el Derecho a Decidir 
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras
Juventud del Milenio
La Insurrecta
Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Puras Mujeres
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) 
Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz
Somos Muchas
Terco Producciones
Unión Estudiantil Morazanista (UEM)

Italia
Collettivo Italia Centro America, CICA

México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos 
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Noruega
Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)

Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)

Regional
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Cruz Morada Hondureña
Fads
Hablemos de Derechos Humanos
Honduras Solidarity Network in North America
Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JOPRODEH
La Cadejos, Comunicación Feminista
La Voz de los de Abajo, Chicago
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4-
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia 
Protection International Mesoamérica
Task Force on the Americas
The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Confederación General del Trabajo
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza  
JASS (Just Associates) 
Migrant Roots Media
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
Trocaire

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.

SUSPENDEN AUDIENCIA DE INDÍGENAS TOLUPANES PORQUE FISCALES Y JUECES SE VAN DE VACACIONES.

MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:

El Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia, bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligen­cias pro­pias de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”

Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.

Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado 24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa, organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Las nueve personas indígenas acusadas, a través de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los 28 mil de árboles de su territorio.

El proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que no pertenece a la tribu.

La beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del bosque desde octubre de 2017 a la fecha .

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestral

Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.

Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.

¿Cuál es el origen del conflicto?

 La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.

Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.

Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.

La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.

El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.

Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.

La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores

Primera proceso en 2010

En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF. 

Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión.  Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.

Segundo proceso en 2012

El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día. 

La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.

Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.

Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales

Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.  

2013: Triple asesinato

El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales  y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.

2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia 

El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.

2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce

El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.

2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute

El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales  en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].

José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].

Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional

 El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.

Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.

La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral

A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.

El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.

Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.



[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.

[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/lasultimas24/381509-97/por-defender-sus-tierras-mataron-a-tres-tolupanes. Último acceso 24 de junio de 2019.

[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro Último acceso: 27 de febrero de 2019.

[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/30/etnia-tolupan-se-suman-a-huelga-de-hambre-en-honduras/ Último acceso: 27 de febrero de 2019.

En salud y educación: no hay diálogo sin derogación

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.

Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.

Es nuestra determinación continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.

Como Movimiento Amplio, hacemos nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.

Condenamos y reprochamos los llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.

Llamamos al pueblo, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.

La voz de un pueblo unido es voz soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.

¡A luchar y luchar!

Honduras, 3 de junio de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA: Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley.

Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.

Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley y que, el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia.

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

Corte Suprema reconoce a maestras(os) su derecho a jubilación digna con la ley de INPREMA 1980

El pasado 06 de marzo de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por unanimidad de votos falló otorgando amparo a favor de cerca de 300 maestros y maestras quienes podrán jubilarse de acuerdo a lo establecido en la ley de INPREMA de 1980 y no bajo la nueva ley aprobada en 2011 que recortó de manera significativa los derechos de previsión social del gremio magisterial.

El amparo fue interpuesto el 11 de abril de 2018 por cerca de 300 docentes, representados por el bufete legal del abogado Víctor Fernández. Este pretendía, como lo ha logrado con la sentencia obtenida, dejar sin valor y efecto la resolución emitida por el Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y asegurar el proceso de jubilación según lo regulado en la ley de INPREMA de 1980.

El conflicto entre la aplicación de la ley de INPREMA de 1980 y la nueva Ley de 2011

El fondo del conflicto que motivó la presentación del amparo radica en que el 15 de julio de 1980 entró en vigencia la Ley de INPREMA que reguló la prestación de los beneficios para todos los y las docentes que ingresaron al sistema hasta el 19 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia la nueva Ley que derogó la ley anterior, sus reformas y sus reglamentos.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de INPREMA, el Gobierno de la República pretendió que esta regulara las jubilaciones y demás beneficios sin importar que se tratara de docentes que iniciaron su servicio bajo la ley de 1980, sometiéndolos a las nuevas disposiciones que disminuyen, restringen y tergiversan los derechos adquiridos por estos y que son producto de décadas de luchas gremiales.

Es decir que, el Estado de Honduras pretendió que, la nueva ley de 2011 fuera aplicada a todos los trámites de todos los docentes sin excepción alguna y sin observar las condiciones particulares, pretendiendo desconocer que la ley de 1980 debía continuar rigiendo los procesos vinculados a docentes que entraron a cotizar bajo esta y que, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley poseían los requisitos que durante más de treinta años implicaron expectativa para la obtención de su jubilación y otros beneficios.

Los derechos violentados con la pretensión de aplicar la nueva ley a los docentes que se rigen bajo la ley de 1980

Con la negativa del INPREMA a la solicitud de jubilación el Estado violentó el derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la ley y el derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, contenidos en los artículos constitucionales 96 y 64, respectivamente y fueron estos los que justificaron la acción de amparo presentada.

La pretensión de aplicar la nueva ley de INPREMA es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en las posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de las maestras y maestros jubilados.

Abog. Víctor Fernández

El principio de no retroactividad, consiste fundamentalmente en que no se puede aplicar a un caso concreto una ley que se adoptó o emitió con posterioridad al mismo, en vista de que dicha situación jurídica fue creada por una normativa legal previa. Y, respecto de la obligación de progresividad de los DESC, dentro de los cuales se encuentran los derechos de previsión social, según el Comité DESC se clasifica en dos tipos que son la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas, es decir que disminuyan el alcance de los derechos.

Ambos derechos fueron violentados con la arbitraria imposición de la ley vigente del INPREMA (2011) al caso concreto de los docentes amparistas. Y la violación de estos derechos es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura, y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos para una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales de personas que además pasaron a formar parte de la población vulnerable del adulto mayor.

El fallo de la sentencia de amparo y su alcance

En su parte resolutiva o fallo, la sentencia además de otorgar el amparo a favor de los y las docentes, manda al INPREMA:

  1. Otorgar el beneficio de jubilación a los docentes que ya habían cumplido los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha del 19 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva ley;
  2. Proporcionar financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que aun cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su jubilación y esta les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior y le sea reconocido el porcentaje faltante de manera retroactiva hasta cinco años atrás contados a partir de la fecha de vigencia de la sentencia.
  3. Devolver el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo a 30 años en adelante a efecto de que se le tramite su jubilación con los beneficios establecidos en la Ley de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley hasta llegar hasta la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia de la nueva ley.
  4. Que el INPREMA disponga presupuestariamente lo necesario para la aplicación de la sentencia

Las afirmaciones de la sentencia y su importancia como precedente en el derecho a  la previsión social en Honduras

Sin duda alguna el fallo y lo que manda significan un logro para las docentes, pero, la sentencia contiene importantes considerandos que implican afirmaciones sustanciales para entender y reconocer la responsabilidad del Estado en el caso concreto y en casos similares.

La Sala de manera expresa afirma, entre muchas otras cosas que, la ley aplicable al caso es la contenida en el decreto No. 1026 del 15 julio de 1980, sus reformas y sus reglamentos y que se trata de un caso de derechos condicionados que pueden ejercerse en cualquier tiempo siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley por ser verdaderos derechos con existencia propia.

En cuanto al INPREMA afirma que en su resolución esta aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron trámites administrativos después del 2011 ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980 por haber cumplido ya todos los requisitos exigidos y que incluso, respecto a la adopción de la nueva ley, el Estado no planteó una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.

Además, el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas la expectativa de una pensión o proceso de jubilación de acuerdo a la ley de 1980, el cual pretendió ser modificado de manera negativa al aplicar una nueva ley y que, el derecho no lo determina el tiempo en el que se interpuso la solicitud, si antes o después de la vigencia de la nueva ley, lo determina el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, afirma como precedente de importancia en relación a la adopción de nuevas leyes como la del INPREMA que, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a un grupo que pasarán a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

La importancia de la sentencia obtenida como victoria por parte de los docentes que interpusieron el amparo y su representación legal tiene que ver no solo con lo que la Sala manda a ejecutar, ni solo con las afirmaciones y señalamiento de responsabilidad del Estado en relación a los derechos de previsión social, sino que también abre la posibilidad de una jubilación digna al resto de docentes que aunque no formaron parte de la acción se encuentran en alguna de las condiciones que el fallo reconoce, pero que en general, su relación de servicio y de cotización se rigió por la ley de 1980.

En el contexto de país que vive Honduras, la adopción de leyes regresivas y que recortan derechos se ha instalado como una práctica que cada día va en escalada, sin embargo, la sentencia obtenida implica un límite a esa pretensión y sienta las bases para continuar luchando por condiciones de vida digna y justa para los docentes pero también para la población hondureña en general.

Deplorables los abusos de ONU en el lanzamiento de Spotlight

Deplorables los abusos de las Naciones Unidas en el lanzamiento de Spotlight

El movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia demanda a la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras poner fin a la política de humillación y confrontación pasiva de las mujeres víctimas de violencia estructural en todos los escenarios donde esta juega a favor de quienes han usurpado el poder al amparo de la embajada de los Estados Unidos de América y no hacen justicia a la mujer y a la población hondureña en general.

A pesar de que comprendemos los protocolos diplomáticos y el marco de relacionamiento entre las Naciones Unidas y los Estados, es evidentemente, deshonesta y pretensiosa la actitud de las Naciones Unidas de sentar en un mismo espacio a víctimas y victimarios pasivos o activos y exigir que las víctimas permanezcan calladas y sumisas ante los responsables de los asesinatos y de evitarlos presentan supuestos avances de vanguardia, pero que en la práctica concreta con sus políticas públicas y ausencias de las mismas facilitan el terreno para la continuidad de los femicidios en el país y garantizan impunidad.

La Iniciativa Spotlight lanzada el pasado 13 de febrero por la ONU adquirió desde su génesis un carácter falaz desde el momento que permitió a Juan Orlando Hernández presentara el mismo como un resultado de las supuestas bondades del gobierno hacia las mujeres cuando el mismo titular del CONADEH ha manifestado que el 92% de los femicidios recientes no se han judicializado y, mientras tanto, en lo que va del 2019, se ha asesinado en promedio una mujer cada 24 horas. Esta infamia produce dolor profundo en quienes padecemos la violencia contra la mujer desde el pueblo y, muy en particular, en aquellas personas que la sufren desde el seno de su propia familia.

Por esta razón, no sólo nos solidarizamos con Olivia Zúniga sino que aplaudimos su acto de resistencia feroz desenmascarando a quienes con la falta de diligencia y secretividad en las investigaciones, impiden que los asesinos de mujeres y, concretamente, los asesinos intelectuales de Berta Cáceres sean llevados a la justicia.

¿Por qué la ONU no aprovechó el espacio Spotlight para interpelar públicamente a Juan Orlando Hernández sobre el continuo asesinato de mujeres? Su opiáceo discurso presidencial más bien dio vía libre a los depredadores de la mujer hondureña y, en la práctica, justifica que mientras el Estado construya la Ciudad Mujer, se puede seguir violando mujeres; mientras el Estado mantenga una línea de crédito para mujeres, se las puede seguir matando; mientras el Estado financie y participe en foros y talleres para mujeres se puede continuar violentando mujeres.

 ¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria? ¿Por qué el Estado de Honduras no ha castigado sus asesinos materiales, empresas financiadoras del crimen e intelectuales igualmente asesinos que los que aprietan gatillos o desenfundan machetes y cuchillos?

En estas circunstancias, “resaltar que Honduras es pionera en el lanzamiento de Spotlight en América Latina”, como lo señala la ONU en su comunicado del 14 de febrero, hace ver a Spotlight [foco en español] como la nueva máscara protectora de asesinos de mujeres desde las más altas esferas del Estado de Honduras y, ¿por qué no?, desde instancias como la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Convirtiendo este programa en un “foco” que solo ilumina la violencia contra las mujeres que quieren se vea, invisibilizando aquellas violencias incómodas para el gobierno, como lo son los asesinatos en el marco de la oposición al extractivismo u otras violencias, que por ser anti sistémicas se confinan al olvido.

Nos solidarizamos con nuestra compañera de lucha Olivia Marcela Zúniga Cáceres por los atropellos recibidos de parte de la guardia de la ONU y condenamos el papel servil de las instancias internacionales cómplices de la dictadura hondureña que ha forjado su estancia en el poder a punta de asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

Exigimos junto a Olivia Marcela, justicia, justicia para quienes han planificado, ordenado y han sido cómplices de asesinatos hacia la mujer hondureña a lo largo de la historia y, ratificamos que seguiremos desde nuestras trincheras apostándole a una política de igualdad y equidad de género.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria?

El COHEP oculta la verdadera realidad sobre las minas y la energía en Honduras

¿No lo sabe el COHEP?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad, están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos directos y 26,250 empleos indirectos”.

De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar donde el gobierno ha aprobado concesiones mineras y de energía.

Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.

El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil Mw. ¿No lo sabe el COHEP?

La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades concretas del parque energético nacional técnicamente establecido, sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de un clientelismo político que premia a las y los financiadores de determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?

El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?

Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?

Y esta generación de ¨energía limpia¨ basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el COHEP?

Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?

En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez, en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía organizada y defendida por el COHEP?

Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de Antimonio en el pueblo Tolupán.

Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente movimiento social popular hondureño.

¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar! El COHEP debe saberlo.

San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.

Brumadinho: Tragedia anunciada que enluta América Latina

Desde el Movimiento Amplio de Honduras expresamos nuestra consternación, repudio e indignación ante la irresponsable y criminal tragedia  que ha acabado con la vida de 84 personas y cerca de 300 personas en el municipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, República de Brasil. Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo del Brasil y de manera muy especial a la comunidad doliente de Brumadinho, donde una presa de desperdicios mineros reventó provocando un desastre catastrófico humano y ambiental.

No es la naturaleza que condena a Brumadinho a someterse a esta situación difícil, sino la falta de sentido humano muy propio de los proyectistas de concesiones extractivas que despojan a los pueblos de sus bienes naturales y los condenan a la muerte y a la miseria.

Nos abruma saber que varios centenares de gentes humildes han zozobrado a causa de la avaricia desmedida de empresarios mineros miopes y funcionarios corruptos que aprueban este tipo de proyectos sin antes asegurar la vida de las personas de los pueblos adyacentes potencialmente impactados por estas concesiones.

Repudiamos las acciones de aquellos Estados y corporaciones empresariales incapaces de ver en este tipo de calamidades el profundo dolor humano que provocan y el daño ambiental terrible que finalmente se vuelca contra el ser humano y la comunidad viviente. Si tan solo escucharan las voces, los reclamos y las argumentaciones de las comunidades y sus organizaciones estas tragedias pudieran evitarse.

Indigna saber que ésta no es la primera tragedia minera que ocurre en el Estado de Minas Gerais; similares deslaves han tenido lugar en Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014) y en Mariana (noviembre 5 de 2015). Y las autoridades se empecinan en continuar otorgando concesiones con estudios de impacto ambiental superficiales, que se realizan únicamente para cumplir con las leyes, mas no para medir los impactos potenciales que comprometen la vida y el bienestar de las personas. El Principio de Precautoriedad como principio de derecho internacional ambiental refrendado en la Cumbre de Río de Janeiro es opacado cuando hay intereses económicos desmedidos de por medio. Ahora le ha correspondido a Brumadinho aportar los muertos y desaparecidos. ¿Cuántas más de estas tragedias tendrán que vivir las poblaciones de América Latina para que los Estados y las oligarquías empresariales extractivistas se tomen en serio la seguridad de las personas y los pueblos?

Recordamos también la tragedia del proyecto hidroeléctrico HIDROITUANGO ocurrida en Colombia en mayo del año pasado. ¿Nadie desde las esferas de poder político y económico de los Estados latinoamericanos es capaz de entender estos eventos y hacer una lectura lógica, científica y jurídica de los mismos en clave de preservación de la vida y respeto a los derechos humanos de las personas y los pueblos?

Brumadinho no es una tragedia extractivista aislada. Desastres por fallas en represas hidroeléctricas y mineras se están convirtiendo en eventos frecuentes, lo que nos permite inferir que seguirán ocurriendo muchos más mientras la lógica de muerte del capitalismo extractivista domine nuestros pueblos. El capitalismo extractivista es la punta de lanza de la colonización postmoderna a que se destina a América Latina. Frente a esta lógica extractivista devastadora y deshumanizante no podemos dejarnos avasallar por dinámicas extractivistas ajenas al ser propio de nuestro continente.

El Movimiento Amplio de Honduras, además de solidarizarse con el pueblo del Brasil, invita a convertir en resistencia social la rabia que provoca la ocurrencia de estos acontecimientos. Cada comunidad, región, país y toda América Latina debemos cerrar filas contra la minería a cielo abierto y en general contra todo proyecto o concesión extractivista que amenace la existencia y el bienestar humano de todo ciudadano y ciudadana. Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en Honduras, Máxima Acuña en Perú marcan el camino a seguir en la Patria Grande defendiendo la dignidad de nuestros pueblos y el respeto a la autodeterminación y usufructo de nuestros territorios y bienes naturales.

San Pedro Sula, Honduras. 30 de enero de 2019.