La solidaridad desde el Campamento Digno por el Agua y por la vida

Nuestros compañeros y compañeras integrantes del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ para la defensa de los bienes comunes y naturales realizaron una jornada de recolección de víveres para compartir con las comunidades que resultaron aún más afectadas que sus zonas durante el paso de la tormenta ETA por el territorio nacional. 

Esta mañana han emprendido el viaje para entregar la ayuda recolectada a la comunidad de Urraco, seriamente afectada por la tormenta. Entre los aportes hechos por las comunidades y que se compartirán con nuestros hermanos y hermanas de Urraco hay comida, ropa y otros insumos básicos para la población.

Pajuiles suma casi cuatro años de lucha continua en defensa del río y Mezapa y la Sierra Nombre de Dios. Defendiendo sus bienes comunes y naturales seriamente amenazados por la construcción de un proyecto hidroeléctrico que de manera inconsulta pretende imponerse sobre el río que abastece para consumo humano sus comunidades.

Los Campamentos Dignos son parte de la apuesta política del MADJ, son un ejercicio de soberanía comunitaria y popular para la protección de los bienes comunes y de la autonomía de los territorios organizados. En momentos de crisis o necesidad, los campamentos son también un espacio de amor humano, de solidaridad y de ternura. Y ahora Pajuiles y su campamento está haciendo uso de su espacio para sentir y actuar la necesidad de otras comunidades, para recordarnos y hacer realidad que solo el pueblo salva al pueblo.

El día del niño y la niña en los hogares de las personas criminalizadas en Honduras

El 10 de septiembre se conmemora el día del niño y la niña en Honduras. Cada año la realidad de desprotección y vulnerabilidad de un alto porcentaje de la niñez en Honduras opaca esta celebración.

En los territorios en lucha por defender su soberanía con dignidad y en resistencia al extractivismo hay otros males que también los niños y niñas deben enfrentar. En poblaciones como Pajuiles, Arizona y distintas tribus del pueblo Tolupán el día del niño hoy se conmemora en medio de procesos de criminalización en contra de hombres y mujeres valiosas y comprometidas, en medio de su incertidumbre sobre el curso de las acusaciones y del impacto en la vida de sus hijos e hijas.

Pero la criminalización no termina en la figura de las personas adultas acusadas. Sus consecuencias e impacto alcanzan la vida de cada niño y cada niña que forma parte de estas familias y repercute en su salud emocional, aunque esto sea quizá un abordaje y tema de conversación pendiente.

En el Sector Pajuiles, 12 integrantes del MADJ enfrentan procesos ante los tribunales hondureños, acusados por la empresa HIDROCEP propiedad del señor Jasón Hawit, causante de daños ambientales al río Mezapa, fuente de agua de al menos 16 comunidades de la zona. Estos hombres y mujeres fueron detenidos en agosto de 2017, luego de una brutal represión policial en dos fechas distintas. Tras su captura sus hijos e hijas salieron a las calles portando carteles pidiendo tener libres y de regreso en casa a sus padres.

Mientras sus padres estaban encarcelados injustamente varios de ellos tuvieron que permanecer bajo el cuidado de vecinos y personas cercanas. Pero aún ahora, luego de transcurridos dos años, el miedo por la posibilidad de que sus padres y madres vayan a prisión sigue latente.

Otro caso similar se da en Arizona, en el departamento de Atlántida a donde el señor Emin Abufele pretende construir una represa hidroeléctrica en el único rio que ha quedado disponible para uso y consumo humano, ahí esta empresa y el Estado de Honduras mantienen criminalizados a cinco luchadores sociales que han asumido junto a la comunidad la defensa del rio Jilamito.

Situación similar o peor viven las niñas y niños del pueblo Tolupán a donde el modelo extractivo no le basta con intentar despojar, criminalizar o agredir a las y los indígenas, aquí la situación llega al punto de asesinar a los padres y madres de los infantes que se oponen a la extracción inconsulta de los bienes comunes y naturales, mientras esto ocurre los niños y niñas deben crecer sin uno de los dos progenitores, todos estos crímenes siguen en total impunidad debido a que es el mismo Estado a través de sus instituciones que sigue poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de la población.

Ante todo, este panorama sombrío y oscuro en Honduras el Estado ha vuelto muy normal ver a niños y niñas, hijos e hijas de los luchadores sociales en las afueras de los juzgados, esperando a que un juez o una jueza dicte la sentencia condenatoria o absolutoria hacia sus padres y madres.

Es por ese y otros motivos que en Honduras muchos niños y niñas desde muy pequeños caminan junto a sus padres y madres en jornadas de protestas intentando cambiar y buscar tener un mejor futuro.

Extractivismo y generación de energía: Las prioridades de la gestión de la pandemia en Honduras

El Congreso Nacional aprobó más prebendas para los generadores de energía eléctrica en el país y con esto sigue la entrega de los servicios públicos a capitales privados que han sido los grandes favorecidos por los políticos en los últimos años.

Con la ampliación de cuatro contratos sometidos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional las prebendas van aumentando para el sector privado del país que día a día consigue hacer negocios redondos confabulándose con un sector de la clase política que tiene las facultades y poder de decisión sobre estos temas.

“El presidente de la Comisión de Energía I del CN, Oscar Nájera, dijo que estos contratos beneficiarán a los departamentos de Atlántida, Colón, y parte de Yoro”. Esta ampliación de cuatro contratos a favor de la Empresa Laeisz también incluyen “incentivos” para los empresarios, pero no para la población.

“El Congreso Nacional, aprobó los contratos No. 011-2018, 012-2018, 013-2018 y 014-2018, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Comercial LAEISZ, para el Suministro de Potencia Firme y Energía Asociada. En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20 por ciento sobre el cargo variable de combustible”.

Según lo ordenado y aprobado durante la sesión legislativa esta modificación a los contratos deberá hacerse en los próximos 10 días hábiles.

Con esta ampliación y aprobación de estos contratos el mismo Estado hondureño se contradice en sus acciones ya que continúa con la concesión de los ríos para la producción y generación de energía y por otra sigue ampliando y entregando contratos para la misma función, en la misma zona y a los mismos actores.

Con este nuevo proceso de ampliación de contratos, el Poder Legislativo entrega en menos de dos meses dos contratos para la generación de energía eléctrica en el territorio nacional ya que anteriormente, el 10 de julio, aprobaron dos contratos para la generación de energía favoreciendo a LUFUSSA en el sur del país.

Si se siguen aprobando estos contratos y se continúan concesionando los ríos, las montañas y otros bienes comunes y naturales para la generación de energía, ¿Para quién se está produciendo energía eléctrica en Honduras?

La pandemia de la impunidad para la corrupción en el covid-19

Hoy se cumplen 145 días de haberse descubierto y denunciado el primer acto de corrupción en Honduras en el marco de la gestión estatal de la emergencia por covid-19, hecho determinante para que la población hondureña esté atenta del destino de los fondos aprobados y manejados a sus anchas por los funcionarios públicos en colusión con ONG´S afines al gobierno.

El primer acto de corrupción denunciado fue la compra sobrevalorada de percoladoras y televisores por parte de COPECO, dirigido y coordinado en ese momento por el señor Gabriel Rubí quien posteriormente fue removido del cargo y contra quien la justicia hondureña ha decidido no actuar hasta el día de hoy.

Pero este fue solo el primer peldaño del largo camino de corrupción que ha marcado la gestión estatal hasta este momento.  Posteriormente ocurrió el supuesto pago y compra de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a través de la gestión del abogado Marco Bográn quien en una reunión sostenida con los diputados y diputadas del Congreso Nacional reconoció haber actuado y accionado sin la autorización del Consejo Directivo de la institución y haber pagado de “buena fe” la totalidad del costo de los insumos que hasta la fecha no han sido entregados a la población a pesar que supuestamente se pagaron desde el mes de marzo cuando recién se había descubierto el primer contagio de covid-19.

Ante estas y otras irregularidades, el Ministerio Publico anunció la apertura de 16 líneas de investigación. “La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, dijo Héctor Morales, titular de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica en Honduras en una intervención ante medios de comunicación que consultaron sobre el avance en estos procesos.

Mientras tanto en el Ministerio Público la narrativa y las acciones para dar respuesta a la población, no cambia. “Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.

La primera denuncia por irregularidades en las compras durante la pandemia se dio el 11 de abril de 2020 y fue por la compra de percoladoras y televisores adquiridos a través de COPECO, también existe una línea de investigación abierta por la compra de mascarillas, mal manejo de donaciones, instalación y abandono de una carpa que costó casi seis millones de lempiras en Villanueva Cortés y el vencimiento de 250 mil pruebas para el covid19. A pesar de que han transcurrido casi 5 meses del inicio de la serie de actos de corrupción, a la fecha ninguno de estos casos ha sido judicializado.

Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

9 crímenes sin respuesta para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.

Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.

Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.

Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.

La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.

Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega III

Río Petacón: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar

La población de Reitoca y Lepaterique sigue migrando en busca de nuevas oportunidades de vida

Progelsa ofreció empleos, pero la defensa del río es más fuerte que esta promesa
 

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

TEGUCIGALPA. -LA POBLACIÓN DE REITOCA ESTÁ MIGRANDO. LOS HOMBRES SE VAN PARA ESTADOS UNIDOS, UNOS SE HAN IDO EN LAS CARAVANAS Y OTROS HAN PAGADO “COYOTES” Y LAS MUJERES BUSCAN CRUZAR EL ATLÁNTICO VÍA ÁREA PARA LLEGAR A ESPAÑA.

“La gente cuando no haya nada que hacer lo que hace es emigrar para otros países, de aquí las mujeres están emigrando a España, los varones están emigrando a Estados Unidos y a Canadá”, dijo el coordinador del Consejo Indígena lenca de Reitoca, Magdaleno Flores.
Flores fue estafado en su intento por emigrar a Canadá. Madaleno, quien se dedica a la albañilería junto a sus hijos, contó que junto a varios de sus coterráneos fue timado por una compañía dirigida por un hombre a quien identificó únicamente como “Don Rubén”, quien cobra 65 mil lempiras ($2.600) para llevar a la gente. “Yo fui uno de los que cayeron en ese negocio, me engañaron. Yo pagué 130 mil lempiras para mi hijo y para que se fuera un hermano mío, y resulta que no hubo viaje y me robaron el dinero”, lamentó.

El coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Magdaleno Flores, dice que el conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, ha profundizado la migración durante los últimos cuatro años

Magdaleno relató que pese a que ya han pasado cuatro años de la estafa no ha existido castigo para el embaucador quien, dijo, sigue operando en su oficina en las cercanías del hospital San Felipe, en Avenida La Paz de Tegucigalpa.
Comentó que nadie interpuso la denuncia por el miedo a perder la vida y porque en Honduras no existe una correcta aplicación de la justicia que sancione a los delincuentes y criminales.
Los pobladores de Reitoca lamentan que en su municipio no existan fuentes de empleo permanentes. Existe algunos pequeños comercios dedicados a la venta de abarrotería, mercaditos, pulperías, dos pequeños restaurantes y tres hospedajes, que funcionan como hoteles.
La migración ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2017. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.

Por estar ubicado en el corredor seco, Reitoca es severamente afectado por la falta de lluvias, lo que provoca que los campesinos migren ante la pérdida de sus cosechas.

En los últimos años la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Río Petacón de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha suscitado un conflicto entre pobladores de los municipios de Reitoca y Lepaterique. Los primeros que se oponen al proyecto y los segundos que, en su mayoría, son apáticos al mismo, a excepción de las autoridades municipales y de un grupo de pobladores que han sido beneficiados con empleos por parte de la empresa desarrolladora.
La migración en Reitoca siempre ha estado presente, pues se encuentra en una de las zonas con mayor afectación al cambio climático por encontrase en el corredor seco, donde todos los años se registran pérdidas de cosechas y con ello problemas de seguridad alimentaria, y por ende mayor pobreza. En Lepaterique, pese a que su territorio goza de mayor precipitación pluvial, también existen problemas de sequía en época de verano. Esto aunado a la reducción de la explotación del bosque producto de la plaga del gorgojo descortezador, lo que provoca desesperación en la gente que también está migrando.

El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tenía una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registraba 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas. El censo estableció en aquella oportunidad que el 1.31 % de la población de Reitoca había migrado y en Lepaterique esa cifra era del 1 %.

El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) establece que, en los últimos cinco años, 200 pobladores de Reitoca han sido deportados en su intento por migrar a los Estados Unidos. De los cuales 40 corresponden al año 2016, 32 al 2017, 39 al 2018, 75 al 2019 y en los primeros días de junio de 2020 ya se contabilizan 14.
En Lepaterique la deportación en los últimos cinco años ha sido de 278 personas, de las cuales 58 corresponden a 2016, 51 a 2017, 61 a 2018, 90 a 2019 y 18 en lo que va de 2020.

Jorge Montes, se aferra a su terruño, tiene una glorieta en el centro de Reitoca, donde genera empleo para dos jóvenes: Ericka y Alejandra, ellas perciben un poco de dinero para satisfacer parte de lo básico en sus hogares, pero no lo suficiente para vivir dignamente.

Para la defensora de los migrantes, Miroslava Cerpas, lo que está ocurriendo en el corredor seco hondureño es un desplazamiento forzado a causa de la implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas.
Cerpas recordó que durante 2018 y 2019 la Red de Organizaciones para la Protección de Personas Desplazadas demandó al Estado de Honduras que reconociera el desplazamiento que se origina en las comunidades de los pueblos originarios producto de la explotación por parte de transnacionales de los territorios ancestrales, cuyas “concesiones han sido obtenidas a través de actos de corrupción, con entes del gobierno y a veces agentes municipales”.
Apuntó que la mayoría de los dirigentes comunitarios, que han recibido amenazadas de los desarrolladores de los proyectos, terminan yéndose del país, porque si se quedan, aunque se desplacen a otro departamento son localizados por estos grupos.
La defensora lamentó que el gobierno se niegue a hacer la delimitación de los territorios ancestrales y concluyó que no lo hace porque de esa manera ya no existirá la posibilidad de hacer negociaciones ilícitas que se traducen en actos de corrupción.
En virtud de los conflictos territoriales generados en las comunidades indígenas por la implementación de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó en su informe de 2019 al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias a efecto de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas, según corresponda.
Cerpas manifestó que debido a que los pueblos indígenas tienen arraigo cultural es muy difícil que cuando se trasladen a otras comunidades puedan vivir y adaptarse a otras costumbres por lo que al final no tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación y otros derechos y eso al final los obliga a migrar e incluso a irse en las caravanas junto al resto de la población.

Estas dos viviendas son el vivo reflejo de las remesas percibidas por la población de Reitoca, la principal fuente de ingresos de esta población.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/una-hidroelectrica-en-suspenso-y-una-poblacion-que-no-para-de-migrar/

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega I

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

Río Petacón

Una joya que el capital transnacional pretende arrebatar a los lencas 

Fondo Noruego se convierte en financista de proyecto hidroeléctrico.

El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades.

Ley de Secretos es utilizada por las Fuerzas Armadas para proteger a militares que dispararon contra lencas en Río Petacón y el Poder Judicial avala el encubrimiento. 

TEGUCIGALPA.-BAJO EL MISMO ESQUEMA DE OTROS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y CON LAS MISMAS CONSECUENCIAS SE HA INSTAURADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y REITOCA, EN FRANCISCO MORAZÁN, UNA PLANTA ENERGÉTICA QUE HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA EL ESCENARIO FRAUDULENTO Y CORRUPTO EN HONDURAS.

El proyecto hidroeléctrico Río Petacón fue concebido por el empresario hondureño, Jack Arévalo Fuentes, un hombre que toda su vida ha estado empapado en los negocios de la energía eléctrica y quien se encargó de mover los tinglados del poder económico y político para conseguir una licencia ambiental al margen de la ley y luego consumar un negocio en el que se ha involucrado la banca nacional y el capital transnacional.

A través de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) constituida el 31 de enero de 2007 en la ciudad de San Pedro Sula, junto a sus hijos Erika Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canuhuati y su hermano, Julio Arévalo Fuentes, consiguió que el subsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordóñez, emitiera la licencia ambiental categoría dos, número 362-2011 a favor del proyecto hidroeléctrico, con una capacidad instalada de 11.00 MW, sin consultarle al pueblo indígena lenca de la zona.

Entre 1986 y 1990, cuando fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante el gobierno liberal del extinto expresidente José Azcona del Hoyo, Arévalo Fuentes, conoció sobre la capacidad instalada y demanda de energía eléctrica en Honduras y el potencial para generar energía en el territorio hondureño y como siempre ha estado ligado con la política logró convertirse en presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002) durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé y presidía el Poder Legislativo, el extinto dirigente liberal, Rafael Pineda Ponce.

También es fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cargó que desempeñó por seis meses durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010).

Jack Arévalo Fuentes, es hermano del empresario, Henry Arévalo Fuentes, dedicado históricamente a la importación de combustibles y a las actividades aduaneras y navieras.

Su carrera política combinada con la económica lo convirtió en el cerebro del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una obra inconclusa por la oposición del Consejo Indígena Lenca de Reitoca ante la violación al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.

Petacón es un proyecto concebido en similares circunstancias con el proyecto de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque en las comunidades lencas del occidente de Honduras y que desencadenó en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres. La similitud va más allá de la manera inconsulta y la violencia en que ambos proyectos sentaron sus bases, pues su financiamiento nace con capital nacional y culmina con el aporte del capital transnacional.

Los malabares de Arévalo Fuentes                                     El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Antes de fundar Progelsa, Arévalo Fuentes, comenzó a visitar las comunidades adyacentes al Río Petacón con la intención de conocer el potencial hidrológico y las propiedades que se encontraban en la zona de influencia para luego comprar las tierras. Una vez realizada esta tarea formalizó legamente la empresa, la que fundó con un capital social de 30 mil lempiras.

En su afán de concentrar más capital y de consumar su negocio, a partir de agosto de 2011, comenzó a traspasar y vender acciones a inversionistas nacionales y extranjeros y a suscribir fideicomisos con la banca nacional. La primera transacción se efectuó con el traspaso y venta de acciones a favor de Investment Corporation S.A., cuyos socios son Oscar Enrique Kafaty Geadah y Nadia Kafaty Geadah, hijos del fallecido empresario de la industria del café, Oscar Kafaty, quienes adquirieron 75 acciones de un total de 300.

En un nuevo acto jurídico, celebrado el 2 de agosto de 2012, Progelsa continuó cediendo y vendiendo acciones a Investment Corporation S.A. En esta oportunidad Investment Corporation S.A., adquirió 150 de 300 acciones y el 8 de julio de 2015 registró un aumento de capital pasando de 30 mil a 23 millones de lempiras y las acciones aumentaron de 300 a 230.000, de las cuales el 50 % (115.000) correspondieron a Investment Corporation S.A. y los 115.000 restantes a los socios de Progelsa.

El 7 de agosto de 2015 se modificó la escritura social de Progelsa y se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando presidente, Danielle Boscolo Meneguolo; vicepresidente, Pietro Barbujani y secretario, Oscar Enrique Kafaty Geadah.

Sigue aumentado el capital

El 17 de marzo de 2016 se registró un aumento de capital de 23,030,000.00 lempiras (230,300 acciones con valor de 100 lempiras cada una) a 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). En esta oportunidad ingresó el holding italiano, Sorgent.E s.r.l. que adquirió 351,921 acciones, bajo la representación de Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto, Roberto Micheletti.

En esta ocasión la empresa de los Kafaty adquirió 31,052 acciones, Jack Arévalo Fuentes 7,451 acciones, Erika Petrouska Arévalo Canahuati 8,073 acciones, y Jack Arévalo Canahuati 8,073 acciones.

El ejecutor especial de acuerdos de Progelsa es el abogado Mauricio Villeda Zúñiga, hijo del excandidato presidencial por el Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, Mauricio Villeda.

Desaparece Progelsa y sale a escena Banhcafé

El 29 de marzo de 2016 se le otorgó poder de riguroso dominio a Danielle Boscolo Meneguolo para la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto con el Banco Atlántida S.A. y el Banco Hondureño del Café S.A., en particular para suscribir contrato de fideicomiso de garantía, contrato de crédito y contrato de administración.

El 06 de septiembre de 2016 se registró un nuevo aumento de capital social de 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una) a 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). El capital social nuevo se distribuyó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (414,020 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción) y se incorpora Sorgent.e. Chile SPA, una filial de la firma italiana Sorgent.E s.r.l (1,129,500 acciones).

El aumento de capital continuó el 21 de marzo de 2017 con 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una) a 270,653,100.00 lempiras (2,706,531 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una). La distribución del capital social quedó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (1,543,520 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción), Sorgente Chile SPA (1,163,010 acciones).

En un último acto jurídico registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el 23 de julio de 2018, se eligió un nuevo Consejo de Administración resultando electa presidenta, Julia Estela Sandoval Handal; vicepresidente, Nicola Maniezzo; vocal, Oscar Enrique Kafaty Geadah y Elly Melisa Vargas Rivas, también como vocal.

En resumen, el proyecto quedó en manos del capital transnacional y de la banca nacional. Algo importante de señalar es que a partir del 2016 los socios fundadores de Progelsa se quedaron sin ninguna acción y el capital quedó distribuido en un 57.03 % a favor de Banhcafé, 42.98 % de Sorgent Chile SPA y 0.000000037 % de Sorgent.E s.r.l. de Italia.

“Creo que esto que estamos viendo alrededor del río Petacón es una de las prácticas que se han venido implementando últimamente a nivel mundial en el sector extractivista con la única finalidad de evadir la responsabilidad y crear una serie de obstáculos y blindajes”, dijo a CRITERIO.HN, Pedro Landa, especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas.

Landa manifestó que lo ocurrido con el Petacón es la mismo que hicieron con el proyecto minero de Guapinol, que era de inversiones Los Pinares y ahora pertenece a un  holding con capital panameño, chino, noruego y de distintas regiones, porque todo está concebido en “la doctrina de las puertas giratorias porque, como en una puerta giratoria, puede entrar una acusación, pero esa acusación sale inmediatamente porque no se puede identificar quién es el socio, quién es el accionista y qué leyes le aplican”.

Como ejemplo, Landa expuso que, si hoy Banhcafe es el socio accionista local del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y en el futuro existe una acción judicial en su contra, inmediatamente esta institución bancaria cede o vende sus acciones a otro de sus socios, para que no se le atribuya responsabilidad alguna.

 El investigador considera que mediante un holding se especula con los capitales y se evade la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de los proyectos extractivistas.

Leer investigación completa: https://criterio.hn/especial-de-investigacion-hidroelectrica-rio-petacon/?fbclid=IwAR13g8wvM_iTfYnoF7h3N5TQSlcMJu0jN9v0hyjC7Tgzih6048ZhFgXC2y0

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.