Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

Corrupción Honduras
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/los-protectores-del-rio-jilamito-y-la-guerra-por-el-agua-en-el-caribe-de-honduras/

Cuarta Legislatura y 11 años de narcodictadura.

El 27 de enero se cumplieron siete años del ascenso ilegal e ilegitimo del narcodictador Juan Orlando Hernández, quien después de haber violentado la Constitución de la república, amparado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad y cooperación internacional, así como organismos financieros e internacionales, entre ellas la OEA, asumió el poder en Honduras.

A más de 11 años del golpe de Estado, la sociedad hondureña se encuentra entre una delgada línea de una “Honduras de acá y una Honduras de allá”. Y es que con esa frase el dictador y las organizaciones criminales, entre ellas; el partido nacional y liberal, han implantado en Honduras una forma de gobierno donde la élite económica y militar han tenido mayores beneficios, cobertura de derechos y principalmente impunidad, pues, tras escalofriantes casos de corrupción en el pasar de los años (2013, 2015, 2017 y 2020), la narcodictadura no deja de sorprendernos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido marcado por los actos de corrupción en total impunidad, los fraudes electorales respaldados por la embajada norteamericana, los desfalcos y privatización de las instituciones del Estado, una agenda completamente abierta a la entrega de los territorios y la venta “menudeada” del país.

El orden constitucional que se rompió en el golpe de Estado en el año 2009 nunca más volvió a restablecerse a pesar de haber celebrado tres procesos electores, todos ellos, fuertemente criticados por la población, gremios y organizaciones políticas y sociales, desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido reduciendo la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacios para el autoritarismo.

Los últimos tres Gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales sin ser notable una mejoría en la calidad de vida de las y los hondureños, por el contrario, han beneficiado a los autores intelectuales de golpes de estado, asesinato a líderes y liderezas políticos y luchadores sociales (Caso Berta Cáceres, Ramón Fiallos y María Enriqueta Matute), El presupuesto de seguridad y defensa ha incrementado año a año en detrimento de las políticas sociales, que en los últimos años han sufrido un deterioro en la cobertura de derechos y condiciones mínimas de dignidad.

Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, generando precarización laboral y perjudicando a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández sigue contando con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, el comando sur y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que aún no cuenta con la totalidad del cuerpo diplomático, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración del narco en las estructuras estatales.

Por todo ello es que, en este nuevo aniversario del golpe dictatorial, sus continuadores siguen entregando el país a la codicia de las trasnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano y principalmente, de los saqueadores de cuello blanco, que desde sus apellidos importados han hundido la economía de manera que la desocupación y la miseria han convertido a Honduras en uno de los territorios más pobres de Centroamérica y del continente.

La oscuridad grisácea que contempla a Honduras desde el Narco Estado, tiene a sus hombres y mujeres, sus niños y hasta los ancianos en una de las peores crisis humanitarias a nivel global, pues es el pueblo quien alimenta las columnas de los “condenados de la tierra” que intentan llegar hasta las vallas que separan la frontera de México con el infierno USA.

Desde el 2009, el capital transnacional, la comunidad y cooperación internacional, hidroeléctricas, mineras, aserraderos, pastillas de harina, narcotraficantes, agentes encubierto, dos fraudes electorales y una militarización de la institucionalidad y de la sociedad son los datos duros que se manifiestan en las calles empobrecidas, desiguales y violentas de Honduras, pues han convertido al país y a su institucionalidad en una novela de realismo mágico perfecta, o en otras palabras; Honduras es, una dictadura perfecta, que solo el pueblo, organizado, combativo y digno, puede transformar los días grises, en días de alegría y justicia.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

Será feliz el día en que exista algo que celebrar, mientras tanto, aquí se respira lucha.

“Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza. Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo…” El Combate, Clementina Suárez.

El Congreso Nacional de Honduras, a través de algunos de sus diputados y diputadas aprobó en los últimos días, una reforma a la ley que prohíbe la legalización actual o futura del aborto y con ello, el derecho a decidir de las mujeres hondureñas. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Mario Pérez integrante del Partido Nacional y se denomina “Escudo Contra el Aborto en Honduras”.

Esta ley incluye la reforma al artículo 67 constitucional que tiene que ver con la protección a la vida y que en la actualidad se leía, “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”, pero que, con la reforma propuesta y aprobada, el artículo establece que “es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

Ante esto, diferentes organismos internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de esta legislación, una de las instituciones ha sido la Organización de Naciones Unidas ONU, que ha manifestado que, “Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos … Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, la OACNUDH por su parte, ha manifestado que “La reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.

Los legisladores no tomaron en cuenta las tres causales propuestas para considerar la legalización del aborto, esas causas son: violaciones, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, por lo que Honduras se convierte en uno de los países del mundo donde queda totalmente prohibida esta práctica a pesar de ser una de las naciones con índices muy altos de embarazos adolescentes y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años según la ONU.

La ley fue aprobada por el Congreso con dispensa de dos debates y a tan solo 10 días de haberse conocido, también refiere que, “serán nulas e invalidas las disposiciones que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo” por lo que deja sin valor y efecto cualquier iniciativa que pretenda presentarse en el futuro para cambiar esta decisión.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia declaramos nuestra inconformidad y condenamos el retroceso y los efectos nocivos que impone esta ley, ya que consideramos viene a retroceder y a cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, ante ello, comunicamos y condenamos que:

  1. El proyecto fue propuesto y discutido en su mayoría por hombres, sin legitimidad ni función pública, vinculados al crimen organizado y procesos de corrupción contra el Estado de Honduras y su población.
  2. Que una política pública tan trascendental como los derechos sexuales y reproductivos sea instrumentalizada por la Narcodictadura e Iglesias para desviar la atención de la crisis humanitaria, socio-económica y político-institucional, es la alegoría de la caverna moderna y oscurantista, carente de razón y ética, encaminada a coartar derechos humanos.
  3. El desprecio mostrado por las y los narcodictadores hacia las mujeres y  población en general es incalculable, manifestada en la continua postura del abordaje de problemáticas sociales desde el lente del derecho penal como instrumento ideológico enfocado en atacar a la población empobrecida, sumado a ello, la instrumentalización de la “fe” popular para imponer desde la razonamientos empíricos de pastores y párrocos, obviando el abordaje  temático en materia sanitaria, social e institucional penalizando y obstaculizando diálogos y debates sobre la veindicación de derechos humanos sexuales y reproductivos.
  4. Por último, manifestamos que; la legalización del aborto como derecho humano y la despenalización del mismo, puede tener posturas antagónicas, pero estas deben tener sustento científico y racional. La narcodictadura ha violentado la laicidad del Estado, reduciendo el diálogo y debate político, filosófico y científico a una discusión moral y de principios religiosos, cuando en realidad se trata de la vida y derechos de millones de mujeres hondureñas empobrecidas por una élite corrupta, violenta y narcotraficante.

Reiteramos nuestro llamado permanente a la organización de nuestro pueblo, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia, contra la corrupción y toda forma de opresión. Por la dignificación…

¡Hasta la dignidad, siempre!

36 meses de impunidad para Ramón Fiallos

Hoy recordamos la vida, las enseñanzas, el trabajo, el compromiso y el aporte de Ramón Gabriel Fiallos Siria, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

La lucha en defensa del agua, de la amenaza que representa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, propiedad de la empresa Ingelsa lo pusieron como blanco de la violencia que acabó con su vida.

El compa Moncho como se le conocía, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por los intereses comunes. Un hombre trabajador, proveedor para su familia, dedicó sus últimos años de vida al Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, lugar que vigila y protege esta fuente de agua que ha sido destinada para uso y consumo humano.

Al momento de su asesinato militaba activamente en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participaba en las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017 que dejaron como presidente impuesto por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a Juan Orlando Hernández.

La noche del 22 de enero de 2018 emprendió el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba para unirse a los miles de ciudadanos que exigían el respeto a la voluntad popular en las inmediaciones del puente sobre el río Arizona.

Hasta allí llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación, al menos uno de esos disparos impactó a Ramón Fiallos. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En vida, el compañero Ramón Fiallos también colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas. Fue parte de los campesinos organizados que luchó por la recuperación de la tierra en el valle de Lean, fue uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito, su compromiso con las luchas se lo inculcó su abuelo durante su infancia.

A 36 meses de su asesinato, el pacto entre las instituciones del Estado hace que el crimen siga en total impunidad, las diligencias investigativas no presentan avances y el Ministerio Público guarda un misterioso pero cómplice e inmóvil silencio que favorece a quienes le quitaron la vida.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como muestra de unidad entre los territorios en lucha.

Las comunidades MADJ recordamos a Ramón Fiallos y su característica frase que perdura en el tiempo. “Lo que se empieza, se termina, sino, no sirve”.

La solidaridad desde el Campamento Digno por el Agua y por la vida

Nuestros compañeros y compañeras integrantes del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ para la defensa de los bienes comunes y naturales realizaron una jornada de recolección de víveres para compartir con las comunidades que resultaron aún más afectadas que sus zonas durante el paso de la tormenta ETA por el territorio nacional. 

Esta mañana han emprendido el viaje para entregar la ayuda recolectada a la comunidad de Urraco, seriamente afectada por la tormenta. Entre los aportes hechos por las comunidades y que se compartirán con nuestros hermanos y hermanas de Urraco hay comida, ropa y otros insumos básicos para la población.

Pajuiles suma casi cuatro años de lucha continua en defensa del río y Mezapa y la Sierra Nombre de Dios. Defendiendo sus bienes comunes y naturales seriamente amenazados por la construcción de un proyecto hidroeléctrico que de manera inconsulta pretende imponerse sobre el río que abastece para consumo humano sus comunidades.

Los Campamentos Dignos son parte de la apuesta política del MADJ, son un ejercicio de soberanía comunitaria y popular para la protección de los bienes comunes y de la autonomía de los territorios organizados. En momentos de crisis o necesidad, los campamentos son también un espacio de amor humano, de solidaridad y de ternura. Y ahora Pajuiles y su campamento está haciendo uso de su espacio para sentir y actuar la necesidad de otras comunidades, para recordarnos y hacer realidad que solo el pueblo salva al pueblo.

El día del niño y la niña en los hogares de las personas criminalizadas en Honduras

El 10 de septiembre se conmemora el día del niño y la niña en Honduras. Cada año la realidad de desprotección y vulnerabilidad de un alto porcentaje de la niñez en Honduras opaca esta celebración.

En los territorios en lucha por defender su soberanía con dignidad y en resistencia al extractivismo hay otros males que también los niños y niñas deben enfrentar. En poblaciones como Pajuiles, Arizona y distintas tribus del pueblo Tolupán el día del niño hoy se conmemora en medio de procesos de criminalización en contra de hombres y mujeres valiosas y comprometidas, en medio de su incertidumbre sobre el curso de las acusaciones y del impacto en la vida de sus hijos e hijas.

Pero la criminalización no termina en la figura de las personas adultas acusadas. Sus consecuencias e impacto alcanzan la vida de cada niño y cada niña que forma parte de estas familias y repercute en su salud emocional, aunque esto sea quizá un abordaje y tema de conversación pendiente.

En el Sector Pajuiles, 12 integrantes del MADJ enfrentan procesos ante los tribunales hondureños, acusados por la empresa HIDROCEP propiedad del señor Jasón Hawit, causante de daños ambientales al río Mezapa, fuente de agua de al menos 16 comunidades de la zona. Estos hombres y mujeres fueron detenidos en agosto de 2017, luego de una brutal represión policial en dos fechas distintas. Tras su captura sus hijos e hijas salieron a las calles portando carteles pidiendo tener libres y de regreso en casa a sus padres.

Mientras sus padres estaban encarcelados injustamente varios de ellos tuvieron que permanecer bajo el cuidado de vecinos y personas cercanas. Pero aún ahora, luego de transcurridos dos años, el miedo por la posibilidad de que sus padres y madres vayan a prisión sigue latente.

Otro caso similar se da en Arizona, en el departamento de Atlántida a donde el señor Emin Abufele pretende construir una represa hidroeléctrica en el único rio que ha quedado disponible para uso y consumo humano, ahí esta empresa y el Estado de Honduras mantienen criminalizados a cinco luchadores sociales que han asumido junto a la comunidad la defensa del rio Jilamito.

Situación similar o peor viven las niñas y niños del pueblo Tolupán a donde el modelo extractivo no le basta con intentar despojar, criminalizar o agredir a las y los indígenas, aquí la situación llega al punto de asesinar a los padres y madres de los infantes que se oponen a la extracción inconsulta de los bienes comunes y naturales, mientras esto ocurre los niños y niñas deben crecer sin uno de los dos progenitores, todos estos crímenes siguen en total impunidad debido a que es el mismo Estado a través de sus instituciones que sigue poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de la población.

Ante todo, este panorama sombrío y oscuro en Honduras el Estado ha vuelto muy normal ver a niños y niñas, hijos e hijas de los luchadores sociales en las afueras de los juzgados, esperando a que un juez o una jueza dicte la sentencia condenatoria o absolutoria hacia sus padres y madres.

Es por ese y otros motivos que en Honduras muchos niños y niñas desde muy pequeños caminan junto a sus padres y madres en jornadas de protestas intentando cambiar y buscar tener un mejor futuro.

Extractivismo y generación de energía: Las prioridades de la gestión de la pandemia en Honduras

El Congreso Nacional aprobó más prebendas para los generadores de energía eléctrica en el país y con esto sigue la entrega de los servicios públicos a capitales privados que han sido los grandes favorecidos por los políticos en los últimos años.

Con la ampliación de cuatro contratos sometidos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional las prebendas van aumentando para el sector privado del país que día a día consigue hacer negocios redondos confabulándose con un sector de la clase política que tiene las facultades y poder de decisión sobre estos temas.

“El presidente de la Comisión de Energía I del CN, Oscar Nájera, dijo que estos contratos beneficiarán a los departamentos de Atlántida, Colón, y parte de Yoro”. Esta ampliación de cuatro contratos a favor de la Empresa Laeisz también incluyen “incentivos” para los empresarios, pero no para la población.

“El Congreso Nacional, aprobó los contratos No. 011-2018, 012-2018, 013-2018 y 014-2018, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Comercial LAEISZ, para el Suministro de Potencia Firme y Energía Asociada. En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20 por ciento sobre el cargo variable de combustible”.

Según lo ordenado y aprobado durante la sesión legislativa esta modificación a los contratos deberá hacerse en los próximos 10 días hábiles.

Con esta ampliación y aprobación de estos contratos el mismo Estado hondureño se contradice en sus acciones ya que continúa con la concesión de los ríos para la producción y generación de energía y por otra sigue ampliando y entregando contratos para la misma función, en la misma zona y a los mismos actores.

Con este nuevo proceso de ampliación de contratos, el Poder Legislativo entrega en menos de dos meses dos contratos para la generación de energía eléctrica en el territorio nacional ya que anteriormente, el 10 de julio, aprobaron dos contratos para la generación de energía favoreciendo a LUFUSSA en el sur del país.

Si se siguen aprobando estos contratos y se continúan concesionando los ríos, las montañas y otros bienes comunes y naturales para la generación de energía, ¿Para quién se está produciendo energía eléctrica en Honduras?

La pandemia de la impunidad para la corrupción en el covid-19

Hoy se cumplen 145 días de haberse descubierto y denunciado el primer acto de corrupción en Honduras en el marco de la gestión estatal de la emergencia por covid-19, hecho determinante para que la población hondureña esté atenta del destino de los fondos aprobados y manejados a sus anchas por los funcionarios públicos en colusión con ONG´S afines al gobierno.

El primer acto de corrupción denunciado fue la compra sobrevalorada de percoladoras y televisores por parte de COPECO, dirigido y coordinado en ese momento por el señor Gabriel Rubí quien posteriormente fue removido del cargo y contra quien la justicia hondureña ha decidido no actuar hasta el día de hoy.

Pero este fue solo el primer peldaño del largo camino de corrupción que ha marcado la gestión estatal hasta este momento.  Posteriormente ocurrió el supuesto pago y compra de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a través de la gestión del abogado Marco Bográn quien en una reunión sostenida con los diputados y diputadas del Congreso Nacional reconoció haber actuado y accionado sin la autorización del Consejo Directivo de la institución y haber pagado de “buena fe” la totalidad del costo de los insumos que hasta la fecha no han sido entregados a la población a pesar que supuestamente se pagaron desde el mes de marzo cuando recién se había descubierto el primer contagio de covid-19.

Ante estas y otras irregularidades, el Ministerio Publico anunció la apertura de 16 líneas de investigación. “La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, dijo Héctor Morales, titular de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica en Honduras en una intervención ante medios de comunicación que consultaron sobre el avance en estos procesos.

Mientras tanto en el Ministerio Público la narrativa y las acciones para dar respuesta a la población, no cambia. “Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.

La primera denuncia por irregularidades en las compras durante la pandemia se dio el 11 de abril de 2020 y fue por la compra de percoladoras y televisores adquiridos a través de COPECO, también existe una línea de investigación abierta por la compra de mascarillas, mal manejo de donaciones, instalación y abandono de una carpa que costó casi seis millones de lempiras en Villanueva Cortés y el vencimiento de 250 mil pruebas para el covid19. A pesar de que han transcurrido casi 5 meses del inicio de la serie de actos de corrupción, a la fecha ninguno de estos casos ha sido judicializado.