Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.
Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.
Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.
Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber la riqueza de nuestras costas, desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia. Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua.
Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía.
Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.
Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.
¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
En este momento histórico de enorme trascendencia para la vida democrática y republicana de la nación hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) llama a la ciudadanía en general a elegir honestamente a sus gobernantes. Hay que acudir a votar sin desperdiciar nuestro voto. Hoy, como nunca en nuestra historia, más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular.
Luego del golpe de Estado en 2009, la dictadura de la élite empresarial y política del Partido Nacional, Liberal y otros, han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina.
Hondureños y hondureñas; es prohibido que olvidemos nuestra historia inmediata sobre el robo y saqueo de los fondos para la atención de la pandemia por COVID, entre ellos los destinados para la construcción de los 95 hospitales regionales y 7 móviles, el saqueo del Seguro Social, del PANI, el INJUPEMP, el IMPREMA, el INFOP, la SAG, COPECO, la ENEE, la expulsión de la MACCIH, la aprobación del Código Penal de la impunidad y sus reformas, el fraude electoral de 2017 y todos los crímenes durante las manifestaciones y protestas populares, entre infinidad de atracos ejecutado por las distintas estructuras del actual régimen.
Es condenable la campaña violenta y de odio que ha desplegado el Partido Nacional y las fuerzas ultraconservadoras encabezadas por las instituciones financieras, corporaciones de medios de comunicación, iglesias, y algunos miembros de cuerpos diplomáticos contra la oposición, pretendiendo desmovilizar y desestabilizar el país, generando terror y polarización en la sociedad hondureña.
Desde nuestra inquebrantable autonomía, en el actual contexto electoral, derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula. Ante cualquier posibilidad de fraude, nosotras y nosotros llamamos a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.
Desde nuestras modestas pero sostenidas experiencias de lucha, incluyendo la electoral en municipios del departamento de Atlántida, llamamos también a las organizaciones populares y sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional.
Finalmente, reafirmamos nuestro imperecedero compromiso por continuar en la disputa por el poder y por la construcción de una nueva sociedad y un nuevo Estado guiados por el Buen Vivir y el respeto a la Dignidad humana.
Desde mi militancia en el MADJ y en el movimiento de derechos humanos, reconozco mi simpatía por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y siendo parte activa de la oposición al golpe de Estado de 2009 que finalmente parió a LIBRE, me atrevo a reivindicar mi condición de fundador “periférico” de ese instituto político.
También conozco a Omar Menjivar y conozco el surgimiento y parte del desarrollo de su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula en el actual proceso electoral. La Alternativa Unificada de libre por SPS, espacio que dentro de LIBRE promovió su candidatura, se propuso trabajar y proponer un proyecto unitario para SPS tomando en cuenta a liderazgos honestos de la ciudad para el gobierno local. La alternativa es o era un espacio de gente con pensamiento, propuesta y buenísimas intenciones y logró motivar a muchas personas al juntar el liderazgo de Omar con el de la joven y dinámica Abogada Alexa Solorzano.
La candidatura de Omar Menjivar se aprobó en una asamblea de organizaciones sociales, como el mismo Omar lo destacaba durante la campaña interna. Es decir, Omar no se postuló, fueron varias organizaciones y personas (no todas las deseadas, pero al final fue un colectivo el que lo postuló) las que aprobaron su candidatura a la alcaldía Sampedrana.
En SPS, Libre carga un pesado desprestigio por un grupo de regidores, diputados y dirigentes locales que por sus prácticas parecen auténticos cachurecos. Por eso, el perfil de la candidatura de Omar (persona honesta, inteligente y valiente) y la forma de legitimarse constituyen un salto cualitativo desde la perspectiva moral y ética del quehacer político. Además, fomenta el espíritu democrático-antigolpista de LIBRE.
Actualmente, quien tiene un mínimo de vergüenza y honestidad está claro que es un deber impostergable sacar del gobierno, local y nacional, a la mafia narco-cachureca. En ese propósito, la idea-bulla de alianzas de la oposición suenan desde que pasaron las elecciones internas de marzo 2021. Las negociaciones que sorprendieron a última hora a la gente más noble e ingenua, venían moviéndose hace varios meses.
Más allá de cualquier subjetividad, con certeza Omar era el mejor candidato a la alcaldía de SPS y desde mi perspectiva una de las mejores a nivel nacional. Igual, dicen que, para octubre de 2021, según las encuestas, él no era el candidato de la oposición con mayor simpatía del electorado sampedrano, se afirma que era el señor Roberto Contreras.
Sin embargo, asumido el propósito sustancial de sacar a los narcos y corruptos que tomaron control del gobierno desde el golpe de 2009, las alianzas entre los actores de la oposición política electoral no solo son válidas, son una responsabilidad patria-matria. No es fácil la decisión de votar por un señor como Roberto Contreras, animador del golpista Micheletti en 2009, pero muchos lo haremos confiando en que el nuevo gobierno local derrotará a la mafia que controla la alcaldía más importante del país y en la integración de la nueva gestión municipal estará Omar Menjivar, sus equipos y su programa de gobierno que prioriza a la gente empobrecida y honesta de SPS.
La historia determinará el acierto o error de las actuales alianzas. Pero, ojalá, las futuras convergencias las definan las bases (en este caso de LIBRE) o el pueblo y que la idea de cualquier alianza de actores políticos la defina un programa de gobierno de largo aliento, orientado por el fomento y respeto a la Dignidad Humana. Ojalá, Omar Menjivar, hubiera tenido la oportunidad de renunciar o negociar su candidatura a la alcaldía, así como le fue aprobada en Asamblea Popular de organizaciones y de personas, y no por acuerdo de la élite partidaria que finalmente le impuso el acuerdo. ¡Ojalá!
Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.
Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.
En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.
El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.
La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: “Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.
El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.
Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.
Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.
Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.
En el año de 1821 Centroamérica y especialmente Honduras dejó de ser gobernada por la elite corrupta, saqueadora de nuestras riquezas que llegó desde el viejo continente para acaparar y robar todo lo que existía en nuestros territorios.
Desde esa fecha a la actualidad, Honduras cayó en manos de saqueadores y nuevos opresores que se quedaron a vivir como parásitos del pueblo al que han subyugado de todas las formas posibles.
En el bicentenario de supuesta independencia denunciamos que: Las elites corruptas y la mafia narcodictatorial han cooptado las instituciones estatales, convirtiéndolas en sus haciendas personales donde quitan y ponen títeres a su antojo y capricho.
Denunciamos la corrupción en el sistema de justicia a donde los saqueadores utilizan el derecho penal como arma contra el pueblo que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes y naturales, a quienes persiguen, criminalizan y encarcelan por el simple hecho de pensar y actuar diferente.
Además, denunciamos las diversas formas de encubrimiento que el Ministerio Público y la Fiscalía General representada en el abogado Oscar Fernando Chinchilla realiza para proteger a las y los funcionarios públicos, especialmente la familia presidencial ligada muy seria y cercanamente a las acciones del narcotráfico y la corrupción.
Por otro lado, denunciamos todos los actos de corrupción impunes durante la pandemia que ha venido a profundizar el saqueo y el robo en las arcas del Estado y acentuar la privatización de las instituciones que alguna vez fueron públicas.
Denunciamos los intentos de despojo y desaparición de los pueblos originarios de Honduras, especialmente en el pueblo Tolupán a donde la única presencia del Estado ha sido para perseguir, desterrar, criminalizar, encarcelar, asesinar y dejar en la impunidad a quienes han atentado contra la vida de las y los indígenas.
Los pueblos dignos de Honduras no tenemos nada que celebrar, han sido 200 años de robo, despojo y saqueo que se han acentuado con la llegada del neoliberalismo y el último gran zarpazo a la soberanía nacional, las ZEDES, que se convertirán en el refugio de los criminales que han acabado con la riqueza del país.
Este mes en el que los traidores y lacayos con sus actos conmemoran el bicentenario de supuesta independencia, nosotros y nosotras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia seguimos dando pasos en busca de la verdadera soberanía, desde el poder de un pueblo que se planta ante la corrupción, el saqueo y toda la mafia perversa representada por la clase empresarial, política y económica que ha pretendido entronizarse en el poder.
Desde los territorios que luchan en defensa de la soberanía nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando verdaderos procesos de emancipación política y económica, peleando desde todos los frentes el poder a los corruptos y asumiendo la tarea de heredar una nación fuerte, rica y respetada a las futuras generaciones.
Hoy, desde nuestros territorios y comunidades, llamamos a la nación a constituirse en veedores y denunciantes permanentes de las acciones de los corruptos, a sumarse a los procesos de lucha en cada rincón de Honduras y construir procesos para que la Dignidad se haga costumbre.
El 25 de agosto del año 2013, los y las indígenas Tolupanes, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados en la comunidad de San Francisco Campo, perteneciente a la tribu indígena Tolupana de San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro.
María, Ricardo y Armando, militantes y dirigentes del MADJ en territorio Tolupan, en conjunto con el Consejo Preventivo de Tribu, tras de 12 días de resistencia para la protección de sus recursos naturales, oponiéndose a la tala ilegal de madera, así como, la explotación ilegal de antimonio en las comunidades Tolupanas de Lagunita, Bambú, Las Minas, Las Brisas y El portillo, procurando la conservación de los bienes, recursos e intereses de las y los indígenas Tolupanes, quienes conservan su título ancestral emitido en 1864 por el Estado de Honduras.
Cabe resaltar que la Constitución de Honduras, tiene una sola mención sobre derechos que corresponden a los pueblos indígenas, en su artículo 346, que establece el deber del Estado de “dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.
Seis años tardó el Ministerio Público en condenar a uno de los ejecutores de los asesinatos, Carlos Roberto Luque (asesinado en San Francisco de Locomapa en el año 2018). Dando el Poder Judicial una muestra más de impunidad para el pueblo Tolupan al absolver al otro asesino, Selin Eleazar Fúnez por el asesinato de nuestros compañeros. Cabe destacar que, en esos 6 años de impunidad garantizada por el Estado de Honduras, no se abrieron líneas de investigación ni acciones encaminadas en la búsqueda de las autorías que ordenaron el asesinato.
A pesar de los múltiples intentos de los empresarios, funcionarios públicos vinculados a la criminalidad y la corrupción, instituciones públicas y el Estado en detener la justa lucha por la defensa del pueblo Tolupan, han sido ocho años de permanente resistencia, denuncia y construcción de alternativas por la dignificación, la justicia y la mejoría en la calidad de vida del Pueblo Tolupan.
En esta octava conmemoración del asesinato de nuestras y nuestros compañeros, elevamos y rescatamos su memoria en nuestra identidad orgánica desde el MADJ, como punta angular en el valor de la resistencia y en la búsqueda implacable de la justicia en medio de un sistema judicial enraizado en el crimen organizado, la corrupción y la sistemática impunidad, en beneficio de unos pocos y cuyos beneficios financieros y de influencia en el poder, condenan al empobrecimiento, a la desigualdad profunda y a estadios de violencia a las población Tolupana.
Es de recordarles a aquellas y aquellos que operativizan al modelo extractivo, al crimen organizado, a las y los funcionarios públicos, empresarios y aquellos indígenas que decidieron tomar el lugar del opresor, que aquí estamos y aquí seguiremos, construyendo verdadera participación, dignidad y justicia para que nuestro pueblo indígena Tolupan logre las mejores condiciones de vida, a la justicia y a una distribución integral y equitativa de la riqueza que conforma su territorio.
No permitiremos, por la memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo, así como los otros compañero y compañeras asesinadas por luchar en contra del saqueo de nuestra bienes naturales que se concentra la riqueza en unas pocas manos, por el contrario, trabajaremos y construiremos verdadera participación, inclusión y acceso a condiciones reales y fundamentales de dignidad, libertad, justicia y poder para las y los herederos ancestrales de la tierra, sus recursos y la administración de los mismos.
Porque la tierra es de quien la trabaja, Porque el derecho es de quien lo exige, Y porque la memoria es de quien no la olvida,
El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.
Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.
El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.
En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.
Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.
El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.
Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.
Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.
“Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza. Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo…” El Combate, Clementina Suárez.
El Congreso Nacional de Honduras, a través de algunos de sus diputados y diputadas aprobó en los últimos días, una reforma a la ley que prohíbe la legalización actual o futura del aborto y con ello, el derecho a decidir de las mujeres hondureñas. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Mario Pérez integrante del Partido Nacional y se denomina “Escudo Contra el Aborto en Honduras”.
Esta ley incluye la reforma al artículo 67 constitucional que tiene que ver con la protección a la vida y que en la actualidad se leía, “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”, pero que, con la reforma propuesta y aprobada, el artículo establece que “es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.
Ante esto, diferentes organismos internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de esta legislación, una de las instituciones ha sido la Organización de Naciones Unidas ONU, que ha manifestado que, “Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos … Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, la OACNUDH por su parte, ha manifestado que “La reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.
Los legisladores no tomaron en cuenta las tres causales propuestas para considerar la legalización del aborto, esas causas son: violaciones, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, por lo que Honduras se convierte en uno de los países del mundo donde queda totalmente prohibida esta práctica a pesar de ser una de las naciones con índices muy altos de embarazos adolescentes y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años según la ONU.
La ley fue aprobada por el Congreso con dispensa de dos debates y a tan solo 10 días de haberse conocido, también refiere que, “serán nulas e invalidas las disposiciones que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo” por lo que deja sin valor y efecto cualquier iniciativa que pretenda presentarse en el futuro para cambiar esta decisión.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia declaramos nuestra inconformidad y condenamos el retroceso y los efectos nocivos que impone esta ley, ya que consideramos viene a retroceder y a cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, ante ello, comunicamos y condenamos que:
El proyecto fue propuesto y discutido en su mayoría por hombres, sin legitimidad ni función pública, vinculados al crimen organizado y procesos de corrupción contra el Estado de Honduras y su población.
Que una política pública tan trascendental como los derechos sexuales y reproductivos sea instrumentalizada por la Narcodictadura e Iglesias para desviar la atención de la crisis humanitaria, socio-económica y político-institucional, es la alegoría de la caverna moderna y oscurantista, carente de razón y ética, encaminada a coartar derechos humanos.
El desprecio mostrado por las y los narcodictadores hacia las mujeres y población en general es incalculable, manifestada en la continua postura del abordaje de problemáticas sociales desde el lente del derecho penal como instrumento ideológico enfocado en atacar a la población empobrecida, sumado a ello, la instrumentalización de la “fe” popular para imponer desde la razonamientos empíricos de pastores y párrocos, obviando el abordaje temático en materia sanitaria, social e institucional penalizando y obstaculizando diálogos y debates sobre la veindicación de derechos humanos sexuales y reproductivos.
Por último, manifestamos que; la legalización del aborto como derecho humano y la despenalización del mismo, puede tener posturas antagónicas, pero estas deben tener sustento científico y racional. La narcodictadura ha violentado la laicidad del Estado, reduciendo el diálogo y debate político, filosófico y científico a una discusión moral y de principios religiosos, cuando en realidad se trata de la vida y derechos de millones de mujeres hondureñas empobrecidas por una élite corrupta, violenta y narcotraficante.
Reiteramos nuestro llamado permanente a la organización de nuestro pueblo, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia, contra la corrupción y toda forma de opresión. Por la dignificación…
¡Hasta la dignidad, siempre!
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
