Boletín Informativo MADJ sptiembre 2024
Boletín MADJ Septiembre 2024 Final de Acssa Flores
Categoría: Editorial
Honduras: Un país donde defender la tierra es enfrentar la muerte y la corrupción
En un país marcado por la corrupción y la impunidad, los defensores del ambiente enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado permanece indiferente. Nuestros mártires son evidencia de una lucha que cobra vidas día a día.
Ser defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en Honduras es un riesgo que, lamentablemente, muchos pagan con su vida. El país, con una historia marcada por la corrupción institucional y el interés económico de las élites, ha dejado en la desprotección a aquellos que defienden los bienes naturales y los territorios. El asesinato de líderes indígenas, campesinos y comunitarios es una constante, y hay una ausencia sistemática de adopción de medidas de protección por parte del Estado o las mismas resultan completamente ineficaces. Los ejemplos más recientes, como el asesinato de Juan López en Guapinol, así como el de nuestra compañera Berta Cáceres, el de nuestro compañero Ramón Fiallos y los mártires Tolupanes, son testimonio de una lucha que el sistema ha decidido aplastar.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios.
En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país.
Los mártires de la resistencia popular:
Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia estructural es el de la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa, que ha sido objeto de múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios ancestrales. En 2013, tres miembros de la comunidad Tolupán fueron asesinados por sicarios, marcando un hito de terror en la historia de resistencia indígena en Honduras. A pesar de tener medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los asesinatos continuaron, demostrando el desinterés del Estado por salvaguardar a quienes defienden sus tierras.
Ramón Fiallos, defensor de Jilamito, se sumó a la lista de mártires al ser asesinado por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Fiallos, reconocido por su liderazgo y compromiso con la defensa del río Jilamito, fue silenciado brutalmente, a pesar de las múltiples denuncias sobre las amenazas que enfrentaba. Su asesinato refleja cómo el poder empresarial y la corrupción gubernamental operan en conjunto para desmantelar cualquier forma de resistencia comunitaria.
El asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenca y defensora del río Gualcarque, es quizá el caso más conocido a nivel internacional. Berta fue asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca. Su caso evidenció la complicidad entre el Estado y las empresas trasnacionales en la ejecución de proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios. A pesar de que su caso fue llevado a juicio, la impunidad prevalece para los autores intelectuales del crimen.
Finalmente, el reciente asesinato de Juan López, defensor de los ríos de Guapinol, es otro duro golpe a la lucha por la defensa del ambiente. Nuestro compañero se oponía a la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que amenaza las fuentes de agua de la comunidad y la vida misma de toda la comunidad. A pesar de las medidas de cautelares emitidas por la CIDH para los defensores de Guapinol, el Estado no actuó para evitar su muerte. Su asesinato demuestra que, para los defensores en nuestro país, ni siquiera las medidas internacionales son suficientes para motivar al Estado, al Gobierno y a la institucionalidad de Derechos Humanos del País para garantizar su seguridad y sus vidas.
Desde el Movimiento Popular y Social hondureño debemos estar al frente para denunciar los crímenes y abusos cometidos contra los luchadores populares como Juan López, nuestro reclamo de justicia debe ser garantizado y deben ser sancionados los responsables de estos crímenes.
El peligro de ser luchador sociales y persona defensora de los derechos humanos en Honduras no solo es inmenso, sino que es el resultado de un sistema de corrupción pública profundamente enraizada en el Estado que prioriza los intereses económicos-criminales por sobre la vida y los derechos de las comunidades. El asesinato de líderes como los Tolupanes, Ramón Fiallos, Berta Cáceres y Juan López es testimonio de una lucha desigual, donde las vidas de los defensores son sacrificadas ante la indiferencia del Estado y impunidad que favorece a las élites económicas y mafiosas del país. No obstante, los pueblos, las comunidades, el campo popular seguiremos resistiendo, manteniendo viva la memoria de nuestros mártires y abanderando la dignidad y la justicia para una real transformación del país. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida y los territorios, y en la construcción de un país más justo y libre de impunidad.
Boletín Informativo MADJ junio 2024
Boletín MADJ junio 2024 final de Acssa Flores
MADJ propone la cancelación del Partido Nacional por corrupto, violador de derechos humanos y su vínculo con el narcotráfico
Tegucigalpa, Honduras. Junio, 2024.
Cancelar de inmediato la personalidad jurídica del Partido Nacional de Honduras (PNH), por la constatación de la participación de su dirigencia en actividades ilícitas que van desde el narcotráfico, actos de corrupción y las múltiples violaciones a derechos humanos en contra de la población, fue la solicitud presentada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El planteo fue hecho por el MADJ en el marco de la conmemoración de su 16 aniversario y en su petición se indica que desde el 2010 que inician las administraciones del Partido Nacional, altos funcionarios estatales y del PNH, incluidos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han estado involucrados en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Este hecho está comprobado con las sentencias de culpabilidad de ambos hermanos por delitos de criminalidad organizada transnacional por los tribunales de Estados Unidos.
También se suma a este listado otros miembros del PNH, como Hilda Hernández, hermana del ex presidente Hernández, quien solicitaba dinero para proyectos por medio del Fondo de Desarrollo Departamental, que posteriormente eran utilizados para financiar las campañas políticas de su hermano. Asimismo, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue señalado por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico; su esposa, Rosa Elena Bonilla, fue condenada por apropiación indebida de fondos públicos destinados a programas sociales durante la presidencia de su esposo, su hijo Fabio Lobo, fue sentenciado en Nueva York a 24 años de cárcel, por tráfico de drogas, el hermano del ex presidente Lobo, Ramón Lobo, también fue acusado por el delito de fraude y malversación de caudales públicos.
Ricardo Álvarez, ex vicepresidente de la República y Mauricio Oliva, ex presidente del Congreso Nacional también fueron denunciados por el desfalco del IHSS junto con diputados y diputadas del PNH quienes aprobaron los contratos para la adquisición de medicamentos. Nasry Asfura, otro prominente líder del PNH fue acusado por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.
El PNH a través de sus liderazgos violentó los artículos 58 y 83 de la Ley Electoral y las Organizaciones Políticas que establecen las obligaciones y deberes de los partidos políticos de respetar y cumplir con el sistema democrático y la legislación vigente, por lo tanto, según la ley, el CNE se puede cancelar la inscripción de un partido político que haya obtenido su registro de manera fraudulenta o que no cumpla con sus obligaciones legales.
El PNH, según los datos presentados por el MADJ ante el CNE, incurrió en acciones que contradicen los principios de justicia, libertad y bienestar, establecidos en los estatutos de ese instituto político y el ordenamiento jurídico nacional. Estas acciones han socavado el Estado de Derecho y la democracia en Honduras. La solicitud argumenta que las prácticas corruptas y las violaciones de derechos humanos por parte del PNH han usurpado la voluntad del pueblo hondureño, manipulando el proceso democrático y representativo. Por esta razón, el CNE debe asumir iniciativa para supervisar, investigar y revisar las acciones de todos los partidos políticos, comportamiento que hasta hoy no ha realizado ese órgano colegiado.
“Los actos del Partido han socavado la soberanía popular al imponer un gobierno basado en la corrupción y la violencia en lugar de la representación legítima del pueblo durante la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, cuando las protestas masivas contra el fraude electoral fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado. Estas acciones violentas, incluyendo asesinatos y detenciones arbitrarias, violaron el derecho al sufragio libre y la participación democrática de los ciudadanos hondureños. La represión estatal impidió que los ciudadanos ejercieran sus derechos democráticos de manera plena y libre”, establece de manera exacta la denuncia.
Concretamente la petición del MADJ al CNE es que se cancele la personalidad jurídica e inscripción del PNH por haber cometido actos contrarios a la Constitución de la República, convenios internacionales y las leyes electorales, que constituyen un atentado en contra de la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho, para ellos piden que se revisen las pruebas documentales, como las resoluciones judiciales sobre las extradiciones de dirigentes del partido nacional y sentencias judiciales que les condenan en tribunales extranjeros, que el CNE inspeccione los archivos de la secretaría del partido para revisar los procesos sancionatorios en contra de sus integrantes, entre otras diligencias.
El día de la tierra se celebra luchando, no hay tierra sin lucha digna
Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.
Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.
Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.
Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber la riqueza de nuestras costas, desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia. Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua.
Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía.
Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.
Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.
¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!
Lilian Borjas, voz y compromiso de las mujeres campesinas
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
¡Todas y todos a votar por la dignidad!
En este momento histórico de enorme trascendencia para la vida democrática y republicana de la nación hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) llama a la ciudadanía en general a elegir honestamente a sus gobernantes. Hay que acudir a votar sin desperdiciar nuestro voto. Hoy, como nunca en nuestra historia, más que votar por los colores o candidatos de nuestra preferencia se trata de votar contra el enemigo común; contra la estructura golpista, corrupta y narcotraficante disfrazada en partidos políticos que siempre han violentado y burlado la voluntad popular.
Luego del golpe de Estado en 2009, la dictadura de la élite empresarial y política del Partido Nacional, Liberal y otros, han asesinado, violentado, saqueado y privatizado el aparato público, colocándonos como el país más desigual de América Latina.
Hondureños y hondureñas; es prohibido que olvidemos nuestra historia inmediata sobre el robo y saqueo de los fondos para la atención de la pandemia por COVID, entre ellos los destinados para la construcción de los 95 hospitales regionales y 7 móviles, el saqueo del Seguro Social, del PANI, el INJUPEMP, el IMPREMA, el INFOP, la SAG, COPECO, la ENEE, la expulsión de la MACCIH, la aprobación del Código Penal de la impunidad y sus reformas, el fraude electoral de 2017 y todos los crímenes durante las manifestaciones y protestas populares, entre infinidad de atracos ejecutado por las distintas estructuras del actual régimen.
Es condenable la campaña violenta y de odio que ha desplegado el Partido Nacional y las fuerzas ultraconservadoras encabezadas por las instituciones financieras, corporaciones de medios de comunicación, iglesias, y algunos miembros de cuerpos diplomáticos contra la oposición, pretendiendo desmovilizar y desestabilizar el país, generando terror y polarización en la sociedad hondureña.
Desde nuestra inquebrantable autonomía, en el actual contexto electoral, derrotar la dictadura implica votar por la Coalición de Unidad forjada por las fuerzas de oposición encabezada por Xiomara Castro y las diputadas y diputados que hacen parte de su fórmula. Ante cualquier posibilidad de fraude, nosotras y nosotros llamamos a votar y a defender la voluntad popular en todas las trincheras.
Desde nuestras modestas pero sostenidas experiencias de lucha, incluyendo la electoral en municipios del departamento de Atlántida, llamamos también a las organizaciones populares y sociales y al pueblo hondureño honesto, a asumir que la ruta por la transformación del país pasa por la derrota electoral de la actual narcodictadura golpista y la instalación de una asamblea nacional constituyente originaria y refundacional.
Finalmente, reafirmamos nuestro imperecedero compromiso por continuar en la disputa por el poder y por la construcción de una nueva sociedad y un nuevo Estado guiados por el Buen Vivir y el respeto a la Dignidad humana.
¡Acudamos a las urnas desde la dignidad siempre!
La base del partido Libre y la alianza en SPS: Un voto de esperanza.
Desde mi militancia en el MADJ y en el movimiento de derechos humanos, reconozco mi simpatía por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y siendo parte activa de la oposición al golpe de Estado de 2009 que finalmente parió a LIBRE, me atrevo a reivindicar mi condición de fundador “periférico” de ese instituto político.
También conozco a Omar Menjivar y conozco el surgimiento y parte del desarrollo de su candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula en el actual proceso electoral. La Alternativa Unificada de libre por SPS, espacio que dentro de LIBRE promovió su candidatura, se propuso trabajar y proponer un proyecto unitario para SPS tomando en cuenta a liderazgos honestos de la ciudad para el gobierno local. La alternativa es o era un espacio de gente con pensamiento, propuesta y buenísimas intenciones y logró motivar a muchas personas al juntar el liderazgo de Omar con el de la joven y dinámica Abogada Alexa Solorzano.
La candidatura de Omar Menjivar se aprobó en una asamblea de organizaciones sociales, como el mismo Omar lo destacaba durante la campaña interna. Es decir, Omar no se postuló, fueron varias organizaciones y personas (no todas las deseadas, pero al final fue un colectivo el que lo postuló) las que aprobaron su candidatura a la alcaldía Sampedrana.
En SPS, Libre carga un pesado desprestigio por un grupo de regidores, diputados y dirigentes locales que por sus prácticas parecen auténticos cachurecos. Por eso, el perfil de la candidatura de Omar (persona honesta, inteligente y valiente) y la forma de legitimarse constituyen un salto cualitativo desde la perspectiva moral y ética del quehacer político. Además, fomenta el espíritu democrático-antigolpista de LIBRE.
Actualmente, quien tiene un mínimo de vergüenza y honestidad está claro que es un deber impostergable sacar del gobierno, local y nacional, a la mafia narco-cachureca. En ese propósito, la idea-bulla de alianzas de la oposición suenan desde que pasaron las elecciones internas de marzo 2021. Las negociaciones que sorprendieron a última hora a la gente más noble e ingenua, venían moviéndose hace varios meses.
Más allá de cualquier subjetividad, con certeza Omar era el mejor candidato a la alcaldía de SPS y desde mi perspectiva una de las mejores a nivel nacional. Igual, dicen que, para octubre de 2021, según las encuestas, él no era el candidato de la oposición con mayor simpatía del electorado sampedrano, se afirma que era el señor Roberto Contreras.
Sin embargo, asumido el propósito sustancial de sacar a los narcos y corruptos que tomaron control del gobierno desde el golpe de 2009, las alianzas entre los actores de la oposición política electoral no solo son válidas, son una responsabilidad patria-matria. No es fácil la decisión de votar por un señor como Roberto Contreras, animador del golpista Micheletti en 2009, pero muchos lo haremos confiando en que el nuevo gobierno local derrotará a la mafia que controla la alcaldía más importante del país y en la integración de la nueva gestión municipal estará Omar Menjivar, sus equipos y su programa de gobierno que prioriza a la gente empobrecida y honesta de SPS.
La historia determinará el acierto o error de las actuales alianzas. Pero, ojalá, las futuras convergencias las definan las bases (en este caso de LIBRE) o el pueblo y que la idea de cualquier alianza de actores políticos la defina un programa de gobierno de largo aliento, orientado por el fomento y respeto a la Dignidad Humana. Ojalá, Omar Menjivar, hubiera tenido la oportunidad de renunciar o negociar su candidatura a la alcaldía, así como le fue aprobada en Asamblea Popular de organizaciones y de personas, y no por acuerdo de la élite partidaria que finalmente le impuso el acuerdo. ¡Ojalá!
¡Desde la Dignidad Siempre!
Víctor Fernández
Coordinación política MADJ.
Ante el ataque a la lucha comunitaria; resistencia y soberanía popular.
- Este 07 de octubre de 2021, el apátrida y criminal Congreso Nacional, una vez más atacó la dignidad y la soberanía nacional, al reformar el nuevo Código Penal y tipificar como delito de usurpación agravada y desplazamiento forzado, todas las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria que el pueblo hondureño organizado ha venido desarrollando en la última década en contra del saqueo de la riqueza común que ejecutan los agentes del capitalismo extractivista. Su propósito es imponer el terror, a través de la cárcel, el desplazamiento y la desarticulación de las luchas en comunidad popular.
- En concreto, la mafia hecha gobierno hondureño, esta vez hace uso de sus diputados y diputadas y determina que los campamentos dignos y las resistencias del Pueblo Tolupán en Locomapa, de Pajuiles, de Jilamito, del Sector Florida (Territorios en lucha desde el MADJ), del pueblo Lenca, de Reitoca, del Aguán, del Sur y de muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades; en lugar de ser espacios de ejercicio legítimo del derecho a la participación política, ahora son hechos criminales que configuran los delitos de USURPACIÓN AGRAVADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO y MANIFESTACIONES ILÍCITAS.
- La impunidad de la estructura criminal que subyuga a nuestro país, en esta ocasión se expresa en la decisión de perseguir también a todas las personas que sean afines o apoyen las luchas populares comunitarias, dejando claro que las acciones de protesta pacífica serán delito grave si se realizan en grupo, si son apoyadas por funcionarios.as honestos.as, si se realizan en contra de proyectos de desarrollo empresarial y si son proyectos aprobados por ellos mismos como funcionarios del Estado.
- La desesperación e ilegitimidad de la mafia empresarial llega al extremo de ordenar a policías, fiscales y jueces a ejecutar la criminalización del pueblo en 24 o 48 horas, en procesos sumarios. Y les amenaza con sanción si no actúan con prontitud y severidad.
- Con esta criminal iniciativa legal, en el MADJ, una vez más, nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también a toda la estructura política detrás de ellos que desde el ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegitimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza en el territorio nacional.
- En el MADJ, además de llamar, una vez más, a la unidad para el pensamiento y lucha estratégica en contra del régimen mafioso, asumimos el desafío de seguir resistiendo y construyendo soberanía comunitaria y popular desde la Dignidad.
- Junto al poeta cantor decimos, no es tiempo de recular es justo el tiempo para luchar, con audacia e inteligencia, en todas las trincheras y levantar la bandera de la dignidad.
Los pueblos, la gente, en comunidad sabremos hacer justicia.
¡Hasta la dignidad siempre!
San Pedro Sula, Cortés, 08 de octubre del 2021
Medidas distintas a la prisión impone juzgado a luchadores sociales de Azacualpa, Copán en Honduras.
En la audiencia de declaración de imputado que involucra a 16 luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, La Unión, Copán el juzgado con sede en Santa Rosa de Copán al occidente de Honduras, determinó imponer la medida sustitutiva a la prisión de presentarse a firmar una vez por mes el libro como muestra de estar sometido a un proceso legal.
El proceso de criminalización lo impulsa la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA de capital canadiense que ha perjudicado durante los últimos años los derechos de las y los habitantes de La Unión, Azacualpa, Copán, debido a la actividad de explotación minera que realiza en las cercanías de las comunidades.
La empresa en confabulación con el Ministerio Público solicitó al juez imponer otras medidas sustitutivas como ser: «Alejarse de todas las instalaciones de la empresa minera, Minosa, y esto tiene un significado muy importante, y es que la agente fiscal, el Ministerio Público, jamás ha visitado la zona, jamás ha visitado la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos de los cuales se les imputan, porque nosotros que tenemos conocimiento y las personas que tienen conocimiento sabrán que la concesión otorgada a la empresa Minosa atraviesa toda la comunidad, que no hay calles públicas, sino que son calles que han sido construidas por la misma empresa minera, que cerca de la zona del cementerio por ejemplo, a la par, trabajan las instalaciones de Minosa y así alrededor de toda la comunidad de Azacualpa. Por lo tanto, era una medida imposible de cumplir a menos que a los imputados los trasladaran de comunidad, esto es importante porque significa que la agente fiscal no conoce la zona, no conoce la realidad de la comunidad de Azacualpa y no ha investigado los hechos por los que en esta audiencia les está acusando”. Dijo nuestro compañero abogado Pedro Mejía integrante del área legal del Bufete Estudios para la Dignidad.
El delito que pretende imputarles la empresa minera es el delito de usurpación y surge después de una protesta realizada por las y los pobladores ante los incumplimientos de los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades.
Este es el segundo proceso legal que MINOSA impulsa contra luchadores y luchadoras sociales de Azacualpa, el primero data del año 2018 y la acusación se fundamenta en el delito de supuestos daños que pobladores ejecutaron durante una toma de carretera como medida de protección para su territorio y el cerro El Cementerio que es considerado como un patrimonio de las comunidades de esta zona. En este caso hay una segunda empresa (INCOBE) que también acusó a los compañeros y compañeras, esta compañía fue incautada durante una operación contra el lavado de activos en Honduras.
Los procesos de criminalización son el arma utilizada por parte de las empresas en Honduras como medida desesperada por detener el avance de las resistencias comunitarias, el uso indebido del derecho penal también se convierte en riesgo para quienes luchan por el territorio y los bienes comunes y naturales, ante esto, la lucha por preservar el territorio sigue siendo tenaz y frontal en muchas comunidades.
Desde hace varios años el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha mantenido presencia en estas comunidades para impulsar los procesos de organización comunitaria para la defensa del territorio.