21 organizaciones, representadas por más de 150 liderazgos de la región centro-occidental de Honduras, (La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, La Esperanza) y representaciones importantes de los departamentos de Colon, Atlántida y Cortes, aglutinadas en el Movimiento Popular y Social hondureño (MPSH) desarrollaron el II Encuentro regional, el 22 de junio, en la sede del Consejo Lenca Indígena Renacer (CIL), Marcala, La Paz.
Desde distintas voces se remarcó que las organizaciones de la región y del país somos importantes, pero lo somos más, en la medida que asumimos la articulación en perspectiva nacional y reafirmamos el compromiso de consolidar cada organización, profundizar la articulación nacional e internacional.
Determinamos que es prioridad seguir impulsando la unidad de la región, sin mezquindad y sin privilegios. Desde la autonomía del pueblo lenca. Asumimos la defensa de nuestros territorios, los bienes comunes y la lucha por el acceso a la tierra, en especial para las mujeres, como garantía de la soberanía alimentaria y desarrollo comunitario popular.
Hoy, más que nunca, nos asiste la claridad de que no queremos ser subordinados de ningún partido, en particular de aquellos que instrumentalizan nuestros espacios, usurpan nuestro discurso, mientras sus acciones revestidas de militarismo se distancian del pueblo y del campo popular. Rechazamos el retorno de los grupos conservadores y políticos tradicionales orquestadores de la profunda crisis del país, que entregaron el territorio nacional y dieron la institucionalidad a grupos criminales para delinquir desde el estado.
Nos llamamos a continuar exigiendo respuestas concretas y contundentes ante las diferentes reivindicaciones sociales, económicas y ambientales y acordamos discutir, hasta lograr un consenso, sobre instrumento político del campo popular, que guíe el avance de las demandas, establezca con claridad el posicionamiento ante el nuevo proceso electoral y profundice la lucha para lograr los cambios estructurales que el país necesita. Desde enero de 2024, venimos avanzado en un trabajo sostenido y creciente, articulando distintos espacios para dar vida al proyecto político del campo popular con autonomía de pensamiento y acción. En este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir empujando la historia para que el movimiento popular hondureño, digno, autónomo y fuerte sea el protagonista de las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Anunciamos nuestro tercer encuentro en el término de dos meses para la región sur del país y urgimos a las distintas organizaciones a que nos encontremos para pensar y construir propuestas de país desde la unidad popular, estratégica y a largo plazo.
¡Claras y caras deudas con la Justicia que reclama el pueblo!
El pasado 28 de junio de 2024, conmemoramos los 15 años del nefasto golpe de Estado militar empresarial, made in USA, contra el pueblo hondureño, hoy, 02 de julio, sumamos 100 meses de impunidad del asesinato contra la compañera Berta Cáceres. El golpe, acontecimiento fatídico para la vida de la gente y de la nación, contribuyó sustancialmente a consolidar el narcoestado, la avanzada del voraz modelo neoliberal extractivista sobre las tierras del campesinado, los territorios de los pueblos originarios, la demolición del ya decrépito Estado social de derecho, la persecución y el asesinato nuestros liderazgos.
Después de 15 años, la herida del golpe sigue supurando dolor, impunidad, corrupción, desplazamiento, violencia y muerte. Después de 100 meses, Berta sigue padeciendo impunidad, el Gualcarque sigue concesionado como lo está el territorio indígena y nacional y se sigue consumiendo la vida de los obreros y obreras por la avaricia empresarial. Bajo el gobierno refundacional, Honduras continúa navegando entre las incertidumbres institucionales, la continuidad de la lógica del mercado y las mafias enquistadas en el poder económico, político y militar del país.
A 15 años, hay preguntas obligadas que debemos hacernos, ¿cómo o dónde se refleja la superación de la herencia golpista? ¿Dónde está la justicia para los asesinados y desaparecidos en el marco del golpe, de la crisis electoral 2017 y las protestas por el derecho a la salud y la educación pública en 2018? ¿Dónde está el castigo para las cúpulas militares, mandos medios y otros gatilleros del ejército que ejecutaron a nuestros hermanos.as en las movilizaciones? A tres años del ascenso al poder del partido Libertad y Refundación, hijo del Frente Nacional de Resistencia Popular ¿Por dónde avanza realmente la refundación del país? ¿Qué rol tienen las organizaciones que hicieron frente al golpe de Estado y al narcogobierno nacionalista ahora que Libre tomó control del gobierno? ¿Cuándo serán castigados los autores materiales e intelectuales del crimen de Berta Cáceres?
El pueblo hondureño necesita renovar su indignación. Distintas organizaciones populares junto a liderazgos como el de Berta Cáceres, luchamos por instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, refundacional y plenipotenciaria para arrancar de tajo las distintas necrosis que nos consumen y renovar las esperanzas de un futuro digno y común en esta tierra a través de un nuevo pacto político de gobernanza. Pero, después de 3 años en el poder, nos llaman al conformismo bajo la excusa de que “No hay condiciones”. ¿Entonces para qué están en el poder, si no es para crear las condiciones y las avenidas que hagan posible la ruta hacia la verdadera democracia en el país? Aceptar que no hay condiciones es decidir, adrede, continuar por el camino del fracaso, de la ingobernabilidad, de la crisis, perpetuar el modelo y vivir en las condiciones de injusticia, inequidad e impunidad.
En plena narcodictacura, amplios sectores sociales, populares, gremiales y civiles nos movilizamos para desmontar la corrupción e instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) para que, con amplitud de poder y legitimidad, investigue la descomunal corrupción e impunidad que opera en el país. Esta lucha del pueblo, la convirtieron en su promesa de campaña y tres años después nos dicen que no pueden hacer las reformas legales para su llegada. Entonces, ¿bajo qué pactos de impunidad opera el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público? ¿A quiénes están protegiendo a expensas del presente y el futuro de las mayorías de este golpeado país?
En la CELAC Social, en un complejo hotelero capitalino, discursaron altos funcionarios del gobierno refundacional, al margen de una realidad inobjetable. La población cada vez es más pobre, la violencia no cesa, bajo asesinatos, secuestros masivos, desapariciones, etc. La ambición del sector energético, bancario y agroindustrial no retrocede y el rol de la institucionalidad pública no se percibe ni con fuerza ni voluntad para someterlos a la justicia. Después de tres años las comunidades en resistencia y los pueblos originarios de Honduras no tienen ni una sola cancelación de concesiones en sus territorios, los campesinos no han recibido en adjudicación y retorno, un solo metro de tierra de la reforma agraria que fueron corrupta y violentamente arrebatadas por la agroindustria.
Estamos acudiendo a una constante erosión de la memoria de nuestro pueblo. Mientras se domestica a las organizaciones sociales y populares del país se premia los militares y brazos armados con 19 mil millones de lempiras para controlar el medio ambiente; se crean comisiones castrenses para abordar la crisis del agro, se recibe con euforia la visita del Comando Sur de EE. UU. y se les inviste de funciones que perpetúan la remilitarización del país. Estas acciones aplastan la memoria, impiden el acceso a la justicia y ponen en peligro los derechos de nuestra población. Históricamente, los fusiles del ejército hondureño han apuntado hacia el pueblo, el fortalecimiento del poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como estandarte para abordar la crisis de seguridad, la crisis agraria y la crisis ambiental, es un error que no podemos ni debemos callar jamás. La militarización profundiza y consolida la relación entre los sectores criminales y el aparato armado en el país, y pone en precario la defensa de los derechos humanos de la población.
Tres años después tenemos la certeza de que las estructuras del narcoestado siguen intactas y perviven simbióticamente con el gobierno refundacional, leyes, decretos, instituciones, personas, ongs, iglesias, empresas, alianzas y figuras como el Consejo de defensa y Seguridad, creadas por el Cartel Hernández Alvarado para sostener la criminalidad.
Como organización responsable no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances importantes, como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs”, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, los subsidios a las tarifas de energía, la apertura al diálogo por algunos de sus ministros y el compromiso funcionarios que siguen creyendo firmemente en la posibilidad de recuperar este país. Pero estos esfuerzos aún son cortos comparados con los apoteósicos desafíos que enfrenta la nación.
El nuestro es un llamado a la coherencia de la dirigencia de este país, a la rebeldía y la autoconciencia de los actores y actoras sociales y populares. Es un llamado a renovar la indignación, porque no es posible que mientras su discurso entona las más populares y revolucionarias consignas, sus acciones repiten el modelo político, económico y cultural capitalista.
Nuestra posición nace de la memoria de nuestro pueblo, del legado de Berta Cáceres y de miles de compañeros y compañeras que entregaron su vida para revertir el golpismo y el narco estado. No se puede refundar, conviviendo, pactando y negociando con el enemigo. La solución a nuestras crisis no puede venir de quienes nos hundieron, no puede sanar la herida del golpe sin romper con las lógicas golpistas, narcodictariales, imperialistas y neocolonialistas.
Compañeros y compañeras, no es posible conformarnos con parches o remiendos a esta mal llamada democracia. Honduras está obligada a emprender el camino de la transformación verdadera, no es posible que el pueblo tenga como únicas opciones huir del país o quedarse a sobrevivir en el mar de incertidumbre.
Nuestra propuesta es que desandemos el camino golpista, volvamos a la memoria, hagamos justicia, reconstruyamos el camino para un nuevo pacto político, un nuevo orden jurídico que como Berta lo decía “solo puede venir de una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación ciudadana”
Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transitando la ruta hacia la consolidación del movimiento popular y social hondureño y su proyecto político autónomo. Avanzar con coherencia bajo el legado de Berta Cáceres y exigiendo justicia, respaldando todas las causas justas por la Dignidad de cualquier territorio, comunidad u organización en el país, y sosteniendo el llamado para comunidades en resistencia, colectivos, organizaciones, movimientos para que nos conjuntemos y construyamos el país, digno y justo que nos merecemos.
LA REFUNDACIÓN ES AHORA O NUNCA
BERTA VIVE Y LA LUCHA SIGUE DESDE LA DIGNIDAD Y CON EL PUEBLO SIEMPRE
Juan Orlando Hernández, el narcotraficante respaldado por los Estados Unidos, gobernó Honduras desde el 2014 al 2021 y convirtió el país en un narcoestado, por lo cual ahora ha sido sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada.
Se puede pensar que con esa condena no se genera ningún escarmiento a la sociedad, ya que cualquier joven aventurero, necesitado de algo de dinero, seguro que le es tentadora la idea de ser narco, aun con el riesgo de ser condenado, con tal de volverse multimillonario unas décadas después. Porque tras el cumplimiento de tales penas tiene garantizado salir libre y con suficiente vida y dinero, contando con una tercera edad que le permite disfrutar de lo añorado. Con penas así, Estados Unidos se asegura que Honduras continuará atada a la narcodelincuencia y nos tendrá eternamente en sus manos. Y es que de alguna manera se repite la traición de Heide Fulton al legitimar el golpe de Estado de 2017 y ahora Castell haciendo del narcotráfico una actividad peligrosa y al mismo tiempo atrayente en el contexto de un pueblo que se disputa el primer lugar en pobreza y miseria a nivel continental.
En su pasado mes de marzo, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad expresamos diariamente nuestros puntos de vista mientras avanzaba el juicio contra JOH y nos cansamos de preguntarnos ¿Qué pasará con Honduras después del juicio y la condena? ¿Qué papel debe asumir la actual administración del país? ¿qué acciones debe asumir inmediatamente el movimiento social popular para hacer prevalecer la dignidad y derechos del pueblo?
Ahora, a dos meses después del juicio y frente a la sentencia dictada, demandamos del Estado de Honduras, desde los tres poderes constitucionales, acciones contundentes y cambios reales que permitan recuperar plenamente el carácter soberano de la nación hondureña, lo cual debe pasar obviamente porque se juzgue a cada uno de los funcionarios de la banda de JOH que se constituyeron en narcogobierno y se castigue a las diferentes estructuras criminales que fomentaron el odio y el desprecio por la vida en todo el territorio nacional.
Es lamentable que los medios de comunicación social reaccionan a esta condena desde una perspectiva meramente sensacionalista, enfatizando más el posible regreso de JOH tras la apelación anunciada inmediatamente después de la sentencia; dejando de lado lo que de verdad importa, como ser el significado que tiene para Honduras y su población esta condena. Y pese a que no era la condena que muchos esperaban, se juzgó al cabecilla de esa estructura criminal que ha hundido el país y faltan muchos más. Sin embargo, los medios de comunicación siguen fabricando cortinas de distracción con noticias irrelevantes, llevando a la población a la ignorancia y desinformación. A estos periodistas y medios de prensa les hacemos un llamado a ejercer con dignidad su profesión, a que sean fuente de información para que se pueda hacer justicia para Honduras y a la vez sacarla de donde la dejó JOH y su banda.
En ese sentido declaramos que a pesar de que la condena no nos deja satisfechos en nuestro afán de lograr mínima justicia, lo menos que debe suceder en Honduras es lo siguiente:
Desmontar y enjuiciar la estructura criminal -incrustada en todos los poderes del Estado- que respaldó y se benefició del accionar criminal del clan Hernández Alvarado y, por otro lado, que el gobierno de la refundación se comprometa con no continuar premiando con dádivas y nuevas funciones a los adláteres del narcodictador, como vergonzosamente está ocurriendo. ¿Tenemos un actual gobierno distinto radicalmente del narcogobierno de JOH o la estructura narco criminal de JOH va a continuar intacta en el actual gobierno?
Perseguir penalmente, por los delitos que por acción u omisión cometieron militares, policías, ministros, diputados, magistrados y todos los funcionarios a diferentes niveles que tuvieron el deber legal y constitucional de detener el avance criminal de la estructura de los Hernández Alvarado.
Cancelar aquellas organizaciones, como Iglesias y ONG´s que funcionaron como fachada para asaltar el Estado de Honduras y maquillar la narcodictadura; y, al mismo tiempo, inhabilitar la estructura legal político partidaria que facilitó la llegada al poder a JOH para que operara y saqueara el Estado. La pervivencia de estas instituciones amenaza con el retorno a un nuevo narcoestado como posibilidad bastante grande y peligrosa.
Erradicar toda la estructura de corrupción e impunidad (leyes, instituciones, figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad creado en 2011 cuando JOH fungió como Presidente del Congreso Nacional) que se construyó durante los 12 años de narcodictadura y profundizó una lógica de corrupción que saqueó las arcas del Estado, entregó concesiones a diestra y siniestra de nuestros territorios y bienes comunes, colaboró para que nuestro país se convirtiera en narcogobierno y asesinó a nuestros compañeros y compañeras durante las luchas contra los fraudes electorales de 2013-2014 y 2017-2018.
Incautar y asegurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos producto de las acciones criminales del clan Hernández Alvarado y sus allegados, incluyendo funcionarios, familiares y amigos.
Iniciar cuanto antes en Honduras y contra JOH, la persecución penal por los delitos que haya cometido como ciudadano y como funcionario público.
Reclamar oficial y formalmente a la embajada de los Estados Unidos de América su culpabilidad ante el reconocimiento y sostenimiento del falso triunfo de JOH en los procesos electorales de 2013 y 2017, y se le exija una disculpa ante la población hondureña y el mundo.
Dar trámite a nuestras peticiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que fomentan los delitos de corrupción en el país, que fuera aprobado en el gobierno del narcotraficante JOH.
Llamamos a las organizaciones de lucha social, a nuestros territorios y comunidades a continuar en el proceso de resistencia, articulación y construcción de cambios estructurales para impulsar una nación en dignidad y justicia.
Finalmente, como organizaciones que durante muchos años hemos denunciado los abusos y violaciones que Juan Orlando y su clan realizaron en contra de la soberanía del país; hoy, a la luz de la condena del narcodictador, exigimos al actual gobierno que si en verdad quiere refundar el país, pase del discurso a la acción, iniciando por hacer posibles los cambios que la institucionalidad hondureña necesita para acabar con años de corrupción y terminar de una vez con lo que JOH y su hermano crearon, un narcoestado.
Luego de que el 23 de mayo del 2024 la presidenta Xiomara Castro a través de un discurso, junto al Consejo Nacional de Defensa y Soberanía anunciaran el nuevo plan de “Cero Deforestación al 2029”, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE nos cuestionamos si este nuevo proyecto en verdad favorecerá a la situación ambiental del país. Teniendo en cuenta el deplorable estado de los bosques nacionales y la permanente denuncia de las organizaciones, pueblos indígenas, garífunas y territorios campesinos sin lograr hasta el presente acciones urgentes y contundentes de parte del Estado.
Ahora se ha declarado en emergencia ambiental por la situación alarmante de la deforestación y su impacto sobre las cuencas productoras de agua. Esto a causa de los proyectos de generación de energía que quieren instalarse en territorios sin consultar a las comunidades, ejemplo de ello son, el sector Pajuiles con el proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP que contaminó el río Mezapa, produciendo afectaciones en la salud de las personas y pretendía dejar sin agua a las comunidades del sector. Así mismo, en Jilamito, la empresa INGELSA y su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito, hasta ahora el único no explotado por la empresa privada gracias a la organización de la comunidades, este proyecto además de contaminar las fuentes de agua y dejar sin el derecho al agua a las comunidades, generó una ola de violencia en el territorio y provocó una ruptura en el tejido social.
Es por esto que nos cuestionamos si esta iniciativa va en línea de detener la deforestación y proteger lo que nos queda de boques y las fuentes de agua; es posible que esta sea una medida correcta para combatir la emergencia ambiental, pero solo si sus proyecciones se acompañan de procedimientos técnicos y políticos adecuados, y se abre a la participación activa y proactiva de la ciudadanía. De lo contrario se quedará como en muchas ocasiones, en discurso y en un show mediático.
Contrariamente a lo que se señala en el documento “Cero Deforestación al 2029”, son los grandes empresarios madereros que deforestan, no las familias “campesinas marginales” que expanden la frontera agrícola, tal como lo afirma Xiomara Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esas familias campesinas no son responsables ni siquiera de la décima parte de la deforestación nacional. ¿Por qué esconder ante la población el verdadero rostro y nombre de quienes nos dejan sin bosques? ¿Por qué esconder a los responsables de los incendios forestales como los de La Tigra y El Merendón o los que talan un cerro completo para sus proyectos habitacionales? El gobierno no podrá ocultar los grandes depredadores de los bosques y las cuencas de agua porque desde nuestros pueblos nos enfrentamos a ellos casi a diario, aun a costa de ser criminalizados por defender la vida.
Y, por otro lado, el problema de las familias campesinas marginales se solucionaría en cuanto el gobierno recupere los cientos de miles de hectáreas de tierras (ya destinadas constitucionalmente para fines de reforma agraria) y emprenda inmediatamente una política agraria que beneficie a los cientos de miles de familias campesinas sin tierras. ¿Quién detendrá los verdaderos asesinos de los bosques de Honduras si el gobierno de Xiomara Castro ni siquiera se atreve a nombrarlos?
Cabe mencionar que bajo la tutela del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha estructurado una red de representantes de instituciones de gobierno que, por supuesto, deben dar cuenta a los generales, y dispondrán de 19 mil millones de lempiras para hacer reverdecer los bosques de Honduras de ahora al 2029. Nos parece mucho más importante que no sean los militares, sino las mismas comunidades rurales insertas en geografías boscosas quienes sean determinantes y protagónicas en la recuperación de los bosques y cuencas; ya que, al acabarse los fondos dispuestos, los militares volverán a sus barracas, pero las comunidades continuarán aplicando todo lo aprendido en manejo y conservación de bosques aún más allá del 2029. No deja de ser lamentable que el brazo de lucha y construcción de la refundación nacional haya dejado de ser el pueblo y sus organizaciones sociales populares, y en su lugar haya sido entregado por el gobierno actual a los militares.
En el marco del desarrollo del programa de “Cero Deforestación al 2029”, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia designarán 3 fiscales y 3 jueces con carácter de jurisdicción nacional para atender las situaciones que ameriten un tratamiento legal. Consideramos esta medida como buena pero insuficiente. El pueblo hondureño no se merece crear pequeños islotes de justicia, sino que estas instituciones se renueven a nivel nacional para acabar con la impunidad ambiental de los entes devastadores de los bosques, pero también de todos aquellos que violentan los derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana vinculados a los bosques y, sobre todo, que asuman el honor de hacer justicia a todos los pueblos originarios de Honduras y no solamente a los que se mencionan en el documento “Cero Deforestación al 2029”. Los pueblos originarios son los que más tiempo llevan gritando el despojo de sus tierras y la consecuente devastación ambiental provocada por empresarios madereros, terratenientes, mineros y más recientemente los empresarios vinculados a la captura de carbono utilizando los bosques de los pueblos indígenas y garífunas.
En este contexto, nos cuestionamos, que cambiará con esta iniciativa ya que durante años se ha denunciado la deforestación ejecutada por particulares, madereros, empresas en complicidad con los funcionarios de gobierno e instituciones como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e Instituto de Conservación Forestal (ICF) y su papel omisivo ante el saqueo y la quema del bosque. Por otra parte, los fiscales no investigan, no acusan y el poder judicial no condena. ¿Por qué debería cambiar ahora, con relación a estas fiscalías y juzgados especializados? ¿Por qué deberíamos confiar en que estas fiscalías no seguirán permitiendo la destrucción de los bosques y las cuencas de agua? Ya que han sido estos fiscales los que han permitido la criminalizaron de nuestros compañeros y compañeras por defender el bosque en Locomapa.
Al ICF se le instruye para que (contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) anule jurídicamente cualquier autorización para devastar las zonas Núcleo de las áreas protegidas. Esto que se faculta hacer al ICF en conjunto con las fuerzas del orden en las áreas protegidas (ley secundaria) debe atenderse, con mucha más obligatoriedad, en los territorios de los pueblos originarios amparados en el convenio 169 de la OIT, convertido en ley primaria desde el momento de su ratificación en 1994. Las 75 áreas protegidas a nivel nacional son solo una muestra de la riqueza natural de Honduras que ciertamente deberán perpetuarse como lugares santuario. Sin embargo, es urgente sanear los territorios de los pueblos originarios, acabando con el saqueo mediante deforestación, destrucción de ríos, demolición de montañas, etc. para recuperar la salud geoambiental de las regiones donde están insertos.
Al MADJ, BED y FUNDAMBIENTE nos parece insensato que la Comisión de “Cero Deforestación al 2029” esté integrada únicamente por personal de las secretarías de Estado, autocomprendiéndose de forma autoritariamente omnisciente, donde la toma de decisiones es un asunto exclusivo de funcionarios de Estado. Es por esto por lo que pedimos la mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a cada una de las instituciones. La sociedad debe seguir de cerca el manejo y ejecución de los fondos para evitar el desvío o mal uso de estos. Por otro lado, sería idóneo que se presente un plan de distribución de los fondos para que no se conviertan en otro apetito de funcionarios del gobierno, ni que el dinero sirva como moneda de cambio para pagar favores políticos a grupos empresariales que puedan beneficiarse con contratos en el marco de estos fondos.
Es necesario que a esta Comisión se sumen representantes cualificados de las principales universidades y centros de investigación nacionales. Igualmente es importante sumar a representantes de organizaciones sociales y movimientos populares que de antemano han construido aprendizajes significativos (teóricos y prácticos) en asuntos de defensa de la soberanía ambiental de los pueblos y diseño de tecnologías populares de preservación, conservación, y desarrollo sostenible en territorios de vocación forestal integrando acciones sociales y técnicas de carácter agrosilvopastoril eficaces, sostenibles y con alto grado de justicia social.
Respecto del mandato otorgado al Poder Legislativo, de reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales, consideramos importante endurecer algunas penas y reconocer nuevos delitos ambientales. Pero de nada servirán tales reformas si antes no hay compromiso por hacer justicia ambiental a quienes delinquen impunemente y en mayor calado, como lo hace el sector empresarial de Honduras.
Valoramos la iniciativa de combatir la emergencia ambiental del país, pero nos resulta insuficiente que el documento contemple la asignación aislada de algunos incentivos para las personas que voluntariamente colaboren con el programa de la “Cero Deforestación al 2029”. Nos preocupa el nacimiento de estas iniciativas con enfoque militarista y que suceda como con la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, que se esperaba ayudará a solucionar el conflicto agrario pero lo único que ha hecho es ponerse de lados de los empresarios y desalojar a cientos de familias campesinas. Nos preocupa que esta línea militarista sea una política de gobierno, un gobierno que criticó tanto el modelo de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, y que ahora se puede decir que no hay muchas diferencias entre uno y otro, nos cambiaron las bombas lacrimógenas por tanquetas con chorros de agua para reprimirnos.
Finalmente, el MADJ, BED y FUNDAMBIENTE llamamos a los pueblos originarios, organizaciones populares y pueblos en general a sumarse a la lucha por combatir la emergencia ambiental del país. Se impone hacerlo no como peones, sino como agentes, autores y actores dueños plenos de nuestra propia historia. Frente a los empresarios extractivistas que no denuncia el gobierno de Xiomara Castro en el documento “Cero Deforestación al 2029”, vamos a ejercer soberanía ambiental en todos nuestros territorios. Nadie puede despojarnos y marginarnos de nuestra ciudadanía ambiental. Pero esto implica organizarnos para preservar y conservar nuestros bienes naturales, al mismo tiempo que delatar y someter a la justicia a quienes depredan los entornos ambientales de las comunidades y pueblos, que saquean nuestros bosques y destruyen nuestras cuencas proveedoras del agua que necesitamos y se roban los bienes naturales que pertenecen a todos y todas.
Cuando se lucha con dignidad la victoria está asegurada. No importa cuánto nos cueste. La dignidad y la justicia siempre se imponen.
Cancelar de inmediato la personalidad jurídica del Partido Nacional de Honduras (PNH), por la constatación de la participación de su dirigencia en actividades ilícitas que van desde el narcotráfico, actos de corrupción y las múltiples violaciones a derechos humanos en contra de la población, fue la solicitud presentada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El planteo fue hecho por el MADJ en el marco de la conmemoración de su 16 aniversario y en su petición se indica que desde el 2010 que inician las administraciones del Partido Nacional, altos funcionarios estatales y del PNH, incluidos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han estado involucrados en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Este hecho está comprobado con las sentencias de culpabilidad de ambos hermanos por delitos de criminalidad organizada transnacional por los tribunales de Estados Unidos.
También se suma a este listado otros miembros del PNH, como Hilda Hernández, hermana del ex presidente Hernández, quien solicitaba dinero para proyectos por medio del Fondo de Desarrollo Departamental, que posteriormente eran utilizados para financiar las campañas políticas de su hermano. Asimismo, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue señalado por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico; su esposa, Rosa Elena Bonilla, fue condenada por apropiación indebida de fondos públicos destinados a programas sociales durante la presidencia de su esposo, su hijo Fabio Lobo, fue sentenciado en Nueva York a 24 años de cárcel, por tráfico de drogas, el hermano del ex presidente Lobo, Ramón Lobo, también fue acusado por el delito de fraude y malversación de caudales públicos.
Ricardo Álvarez, ex vicepresidente de la República y Mauricio Oliva, ex presidente del Congreso Nacional también fueron denunciados por el desfalco del IHSS junto con diputados y diputadas del PNH quienes aprobaron los contratos para la adquisición de medicamentos. Nasry Asfura, otro prominente líder del PNH fue acusado por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos.
El PNH a través de sus liderazgos violentó los artículos 58 y 83 de la Ley Electoral y las Organizaciones Políticas que establecen las obligaciones y deberes de los partidos políticos de respetar y cumplir con el sistema democrático y la legislación vigente, por lo tanto, según la ley, el CNE se puede cancelar la inscripción de un partido político que haya obtenido su registro de manera fraudulenta o que no cumpla con sus obligaciones legales.
El PNH, según los datos presentados por el MADJ ante el CNE, incurrió en acciones que contradicen los principios de justicia, libertad y bienestar, establecidos en los estatutos de ese instituto político y el ordenamiento jurídico nacional. Estas acciones han socavado el Estado de Derecho y la democracia en Honduras. La solicitud argumenta que las prácticas corruptas y las violaciones de derechos humanos por parte del PNH han usurpado la voluntad del pueblo hondureño, manipulando el proceso democrático y representativo. Por esta razón, el CNE debe asumir iniciativa para supervisar, investigar y revisar las acciones de todos los partidos políticos, comportamiento que hasta hoy no ha realizado ese órgano colegiado.
“Los actos del Partido han socavado la soberanía popular al imponer un gobierno basado en la corrupción y la violencia en lugar de la representación legítima del pueblo durante la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, cuando las protestas masivas contra el fraude electoral fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado. Estas acciones violentas, incluyendo asesinatos y detenciones arbitrarias, violaron el derecho al sufragio libre y la participación democrática de los ciudadanos hondureños. La represión estatal impidió que los ciudadanos ejercieran sus derechos democráticos de manera plena y libre”, establece de manera exacta la denuncia.
Concretamente la petición del MADJ al CNE es que se cancele la personalidad jurídica e inscripción del PNH por haber cometido actos contrarios a la Constitución de la República, convenios internacionales y las leyes electorales, que constituyen un atentado en contra de la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho, para ellos piden que se revisen las pruebas documentales, como las resoluciones judiciales sobre las extradiciones de dirigentes del partido nacional y sentencias judiciales que les condenan en tribunales extranjeros, que el CNE inspeccione los archivos de la secretaría del partido para revisar los procesos sancionatorios en contra de sus integrantes, entre otras diligencias.
Distintas organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes al movimiento social y popular del país que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena denunciamos y continuamos sufriendo las consecuencias de la política de intervención en el agro por parte del gobierno, que a un año de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos pronunciamos en los términos siguientes:
1. Fracaso de la Comisión: Ha pasado un año desde la creación de esta comisión, y el resultado ha sido un fracaso total. No se han visto avances significativos en la garantía de los derechos de los y las campesinas e indígenas. Por el contrario, la comisión ha servido únicamente para reforzar el control del sector agroindustrial y terrateniente, dejando de lado las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas. El gobierno avanza a nivel de discurso, pero no en la práctica y prueba de ello es la ineficacia de instituciones como el INA cuyas autoridades, hablan y hablan, pero no hacen nada en el marco de sus funciones
2. Desalojos Violentos y Criminalización: En lugar de garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas, el gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos. Son más de 50 desalojos desarrollados en este año de la comisión y eso ha significado miles de familias que han sido brutalmente expulsadas de sus tierras, sin respetar sus derechos humanos ni ofrecer alternativas de reubicación.
Esta política represiva solo demuestra el desprecio del gobierno hacia el campesinado y los pueblos indígenas, priorizando los intereses de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales. No hay ningún proceso de investigación hacia las formas corruptas en que estas empresas se han adueñado de las mejores tierras, que eran y son de reforma agraria. Los desalojos han sido una herramienta de terror para despojar a las comunidades de sus tierras, han destruido centenares de manzanas de tierra trabajadas perpetuando la injusticia, la inseguridad alimentaria de estas familias y la desigualdad en el campo.
Nos solidarizamos con el Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra de Yoro, quienes el día de ayer, sufrieron un desalojo violento por un contingente policial y militar de más de 500 efectivos, los cuales destruyeron sus cultivos y pertenencias.
Señora Presidenta, cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?
Señora Presidenta, no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras.
3. Sin Resultados Concretos: Las acciones del gobierno, mediante la creación de comisiones, no han sido más que una estrategia de contención y mediatización para aplacar las demandas legítimas de nuestras organizaciones, sin ofrecer soluciones reales, concretas y duraderas. El gobierno sigue actuando como cómplice de la élite corrupta que perpetúa la injusticia en el campo. Esta Comisión no han producido los resultados esperados y han demostrado ser completamente ineficaces en resolver los conflictos agrarios.
No se ha avanzado en la entrega de tierras al movimiento campesino, ni en el reconocimiento de los territorios ancestrales a pueblos indígenas. Además, una de las promesas clave, la investigación sobre la legitimidad de las tierras en manos de empresas agroindustriales, ha quedado en el olvido. Esto muestra claramente la falta de voluntad política para enfrentar a los intereses económicos y corruptos que controlan el sector agrario.
4. Desatención del Gobierno: A un año de la creación de la Comisión y 2 años y medio de gobierno, el tema de la tierra sigue sin ser una prioridad. Este desprecio hacia el movimiento social, campesino e indígena evidencia la profunda desconexión y desinterés del gobierno en resolver las verdaderas necesidades del movimiento social y popular.
5. Enfoque de Seguridad: Como cuestionamos hace un año, la forma en que nació esta comisión, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, profundizó el enfoque militarista y de seguridad en nuestras comunidades. Este origen revela claramente una perspectiva de control y represión, en lugar de una verdadera intención de resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y las reivindicaciones históricas. Esos efectivos militares y policiales deberían estar sirviendo para desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestros territorios y que son parte de los “negocios” de estas empresas o investigando los asesinatos de, al menos 13 líderes campesinos, que han caído en la lucha durante el presente gobierno.
6.Exigimos una Respuesta Clara y Decisiva: Rechazamos la política de desalojos impulsada bajo la justificación de “salvaguardar la gobernabilidad del país”, que es exactamente la misma lógica del narco gobierno anterior. Esta medida ha intensificado la crisis en el campo, despojando a miles de familias campesinas e indígenas de sus tierras legítimas. Exigimos un cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación exhaustiva sobre las prácticas fraudulentas y violentas con las que las empresas agroindustriales han acaparado tierras que, por mandato constitucional, pertenecen a las familias campesinas.
7. Dignidad Campesina e Indígena: Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria. Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias.
Todavía tiene tiempo para rectificar el rumbo de su gobierno Señora Presidente, todavía es posible que usted se decida a estar con los verdaderos intereses de la población. Entendemos que este es un proceso, pero de muestras claras y concretas de que esta es su decisión.
Desde las organizaciones que conformamos el Bloque Popular Campesino e Indígena, reafirmamos nuestro compromiso de animar y fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas que han sufrido las consecuencias de las políticas de desalojos ejecutadas por el gobierno. Reafirmamos que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Honduras que rectifique y desarrolle una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.
Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.
Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…
Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.
Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.
Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.
Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.
El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas.
En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.
Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.
Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.
Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país.
Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.
En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..
El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.
En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.
Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…
Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.
Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…
En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.
Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.
Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.
Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.
Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización
En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.
Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López, Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima, obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.
El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados. Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima, por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.
“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández. Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad del Estado.
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
