Boletín Indormativo MADJ Mayo 2024
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A 16 años de existencia: En el MADJ reivindicamos la importancia de nuestra existencia para las comunidades, Honduras y el mundoA 16 años de existencia
Al cumplir 16 años de nuestra existencia organizativa, en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia reivindicamos públicamente que la nuestra es una organización que nació haciendo, nació proponiendo, nació dando la cara y confrontando todo tipo de injusticias, abusos y violencia en Honduras y que hoy, seguimos en esta lucha con la misma fuerza y convicción del primer día.
Desde un 24 de mayo de 2008 nuestra organización nació para serle incómoda a la clase política y económica corrupta, para denunciar y luchar en contra de esta forma tradicional de hacer política y de gobernar a Honduras a partir de la repartición de la riqueza entre unos poquitos y de multiplicar la impunidad que convirtió hoy a nuestro país en un narcoestado y en uno de los países más pobres e inequitativos…
Nosotros, como Movimiento Amplio, decidimos abandonar la comodidad de nuestras casas o los formalismos de nuestros oficios o profesiones, para unirnos a la decena de comunidades, a los miles de personas que todos los días luchan contra el sinnúmero de adversidades para procurar la defensa de lo colectivo, de lo comunitario… del país de oportunidades para todos y todas que debiera ser Honduras.
Y en este camino, en estos 16 años, hemos ganado. Lo que un día fue el sueño de 5 fiscales, se convirtió en la Huelga de Hambre de un par de decenas de personas que representaron a miles y miles de hombres y mujeres que cada día acuerparon aquel acto de protesta histórico. Sin aquel acompañamiento masivo, comprometido y solidario del pueblo, la huelga hubiera fracasado, pero no fue así. Hoy ese trabajo, esa convicción y este compromiso la compartimos miles de compañeros y compañeras. La llama encendida en los bajos del Palacio Legislativo sigue ardiendo.
Hoy como en 2008, estamos junto a diversas organizaciones populares zanjando nuestros reclamos concretos de justicia contra la criminalización legalizada, las concesiones y contratos corruptos, la contaminación ambiental de empresas como Dinant o Canteras y Más, el crimen organizado y los ataques a la democracia desde las mismas organizaciones políticas como el Partido Nacional de Honduras… En colectivo estamos confrontando el abuso, la corrupción, la impunidad y estamos defendiendo derechos centrales para la dignidad de la gente y del país.
Una segunda característica que reivindicamos en estos 16 años de trabajo ininterrumpido es nuestra condición de insumisos frente a esa casta política y económica astuta, que se cree inteligente y se presenta como políticamente correcta, pero que a través de su quehacer procuran tener éxito, reconocimiento público y dinero a costa de la pobreza y el dolor de la mayor parte de los hondureños y hondureñas.
El MADJ no le debe favores, “arreglos”, “negocios” a ningún político /a, a ningún partido político, de ningún color o ideología, a ningún empresario, a ninguna embajada… nuestras luchas en acción e intención son transparentes y es esta cara en alto lo que nos hace ser inclaudicables con aquellos y aquellas que se roban, de manera legal o ilegal, lo que nos pertenece a todos y todas.
En el MADJ seguimos comprometidos en la procuración de justicia y en la búsqueda de los cambios que nuestro país exige, firmes en mantener una coherencia discursiva y práctica, en defender los valores y principios que procuren el bienestar y el triunfo de los derechos de las colectividades.
Hoy, frente a este Ministerio Público, la institución a la cual denunciamos en nuestro nacimiento por haberse vendido a los poderes corruptos del país, volvemos una vez más, para denunciar la incoherencia entre el discurso y la acción que esta institución y en general el gobierno de la República mantienen en torno a la administración del país. Entendemos que los cambios de fondo no son inmediatos, pero mínimo deben existir evidencias de la intención de realizarlos y esto aún no lo vemos o están sucediendo tan lentos que son casi imperceptibles.
Un tercer elemento que reivindicamos es nuestra propia existencia organizativa. El accionar del MADJ en estos 16 años contribuyó a cambiar la vida de personas y de comunidades, incentivando su dignidad y espíritu de lucha, y sin perder nunca de vista nuestro objetivo central de construir una ciudadanía capaz de lograr el bienestar colectivo, no sólo de sus comunidades sino de toda la sociedad.
Cuando vemos tribus del pueblo Tolupán que ponen en peligro su propia vida para impedir la salida de camiones cargados de la madera de sus bosques, cuando una comunidad como Pajuiles o Jilamito se han plantado frente a empresas corruptas y abusivas y han logrado defender el derecho al agua de sus comunidades o venimos como hoy a esta Tegucigalpa, frente a este Ministerio Público, para defender nuestro derecho a la justicia, confirmamos la importancia del MADJ y su contribución al país.
Todo este trabajo, el MADJ lo ha realizado sin ningún tipo de “cálculos políticos”, eso se lo hemos dejamos a los partidos políticos o a otras instituciones, organizaciones o sectores sociales que los cruzan otros interés particulares o criminales y es, por esta razón, que asumimos todas las divergencias a lo interno del movimiento popular, como un choque normal de ideas que nos ayuda a crecer y a mejorar.
En estos 16 años de vida organizativa hemos acumulado saberes y hoy podemos asegurar que es indispensable para el movimiento popular hondureño contar con un proyecto político y social propio y un instrumento que lo guíe y ejecute..
El MADJ es una organización que cree y le apuesta a la articulación y al consenso del sector, que no se funda en los cálculos de la política tradicional del movimiento social, sino una alianza de los actores sociales que tienen una perspectiva más amplia y comprenden la necesidad de impulsar objetivos más abarcadores y estratégicos de beneficio para todos y todas.
En este último período, bajo el supuesto de “tener un gobierno amigo”, hemos impulsado un par de esfuerzos articuladores para defender y reivindicar de manera enérgica la autonomía política y de pensamiento y la necesidad de articularnos… hemos denunciado y reclamado que la problemática del movimiento popular sea una prioridad en la atención del gobierno, porque hasta ahora hay más discursos que acciones.
Creamos la Asamblea Permanente del Poder Popular, estamos impulsado actualmente el Bloque Popular Campesino e Indígena, el Encuentro Nacional del Movimiento Popular o la Plataforma de Pueblos Originarios …esto evidencia que trabajamos para hacer realidad el gran sueño y la responsabilidad de tener en acción la más grande articulación de las fuerzas sociales y populares de Honduras que moldeen, definan y defiendan, de manera autónoma y propia, el proyecto del campo popular hondureño…
Llamamos e invitamos a los sectores populares a que no tengan temor de asumir su responsabilidad en colectivo, a superar la victimización de algunos, el tradicionalismo político de otros…les llamamos a tener esperanza en nosotros /as mismos, en creer lo que hemos gritado durante muchos años y que hoy también sigue siendo válido… solo el pueblo salva al pueblo.
Les demandamos a asumir, desde la dignidad y sin permiso, las responsabilidades inexcusables e impostergables del campo popular con la nación y nuestra gente…
En ese sentido, con la fuerza y la experiencia ganada en estos 16 años de existencia, reiteramos que debemos avanzar a la creación de un proyecto político del campo popular y de un instrumento que lo conduzca.
Finalmente, en estos primero 16 años de vida organizativa, hemos entendido la necesidad de abrirnos al mundo, al internacionalismo y de procurar una existencia articulada social y políticamente.
Esa decisión nos ha servido para conocer y entender las nuevas formas de dominación, los métodos utilizados por estas alianzas entre lo público y lo privado para adueñarse de los bienes y derechos que nos corresponden a todos y todas.
Pero también nos ha servido para sentir como nuestras todas las luchas latinoamericanas o africanas, para abrazar el sufrimiento por el genocidio en Gaza, o alzar nuestra voz de denuncia ante los continuos zarpazos a las maltrechas democracias en Haití o en Burkina Faso…cualquier golpe a la dignidad de las personas en un hecho condenable para el MADJ.
Este es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que hemos construido en estos 16 años, y en esto creen las personas, las comunidades, los departamentos, las regiones, los territorios que integran nuestra organización
En la celebración de estos 16 años volvemos a desafiarnos y a comprometernos aún más a seguir construyendo una patria justa, equitativa y sobre todo digna.
Tegucigalpa, 24 de mayo, 2024
Caso Mónica Shakira: Se reitera la responsabilidad de militares en la violación de derechos contra persona de la diversidad sexual
Luego de 10 años, el Bufete Estudios para la Dignidad celebró hoy la sentencia definitiva1 dictada por
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la responsabilidad penal de seis militares
condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por el delito de Violación a los Deberes
de los Funcionarios en perjuicio de Darwin René Reyes, una persona transexual conocida como Mónica
Shakira, quien fue brutalmente agredida por una persona particular en presencia de los miembros de
las Fuerzas Armadas quienes no cumplieron su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e
integridad física de las personas, en contraste uno de ellos participó en la golpiza, como demostración
de su desprecio por la orientación sexual de Reyes.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en 2014, cuando los militares Nelson López,
Ramón Colindres, Mario Guevara, Carlos Banegas, Misael Cañadas y Santos Maradiaga, fueron
encontrados culpables por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al tener la
obligación de ejercer acción ante el eminente peligro en que se encontraba Reyes, pero no hicieron
nada para protegerlo, no evitaron el riesgo, por el contrario, uno de ellos propinó patadas a la víctima,
obteniendo como resultado lesiones que pudieron terminar en la muerte.
El Bufete Estudios para la Dignidad, que desarrolló hoy en el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia un foro con participación de Abogados Sin Fronteras Canadá, La
Red Lésbica Catrachas y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) para explicar la importancia
de esta sentencia definitiva indica que lo que se juzga es el comportamiento de los militares al no
inmutarse ninguno de ellos frente a una golpiza de la que está siendo objeto una persona frente a
ellos y en lugar de actuar se quedan como espectadores, al grado que uno de ellos toma participación
propinando una patada a Mónica Shakira, quien en todo caso esperaba auxilio de los uniformados.
Ellos aumentaron deliberadamente la gravedad del delito, abusaron de su superioridad ante su
condición de autoridad como agentes militares y cada uno de ellos reflejó el desprecio hacia la víctima,
por su prefencia sexual y por dedicarse a ser sexo servidora.
“La importancia que tiene para nosotros este caso y esta sentencia, cuyo caso hemos litigado en todas
las instancias, es insistir de manera pública que la dignidad de las personas, particularmente de los
grupos o comunidades históricamente vulnerabilizados, marginalizados y estigmatizados es y seguirá
siendo el motor de las acciones del equipo de este Bufete”, señaló su director, Víctor Fernández.
Esta sentencia es ejemplarizante en el sentido que condena los comportamientos abusivos que
cometen miembros de las FFAA que discriminan y muestran odio a las personas por su orientación
sexual, que teniendo la obligación de ejercer acción ante un inminente peligro, se apartan de cumplir
con sus obligaciones de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de la víctima, lo que
genera desconfianza y pone en riesgo a toda la ciudadanía representada en “Mónica Shakira”, por lo
que las y los encargados de la seguridad pública deben de respetar y proteger los derechos humanos
de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
En este sentido, es fundamental para garantizar la protección a la población por parte de los órganos
de seguridad del Estado, se realice una serie de cambios y medidas que promuevan el respeto a los
derechos humanos, la igualdad de trato y la protección efectiva por parte de los órganos de seguridad
del Estado.
San Pedro Sula, Honduras, 17 de mayo de 2024.
Boletín Informativo Abril MADJ
Boletín MADJ abril 2024 de Acssa Flores
A 16 años de la huelga de fiscales y la lucha contra la corrupción no hay solución más eficaz que la CICIH para erradicar la corrupción en Honduras
Contexto
El 15 de diciembre de 2022, las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras firmaron un memorándum de entendimiento que contenía los principales pasos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Esta se convirtió en una promesa de campaña de la actual administración y hoy a más de la mitad del periodo de gobierno, esa promesa no se ha cumplido. Incluso, es vergonzoso que de los 26 requisitos que se necesitan para instalar la CICIH, el gobierno solo haya cumplido con siete.
De la primera parte del memorándum de entendimiento, consistente en cinco acuerdos, sólo uno se ha cumplido y dos de ellos muestran tenues avances. Mientras que en la segunda etapa existen dos acuerdos, de los cuales ninguno se ha cumplido hasta ahora.
Expertos internacionales han visitado el país cuatro veces para evaluar las condiciones del país y hacer recomendaciones antes de la instalación. La segunda prórroga del memorando expira en junio, hasta el momento no se ve la voluntad política real para cumplir con una de las principales promesas de la presidenta Xiomara Castro en la lucha real contra la corrupción en Honduras.
Antecedentes institucionales
Tras los hechos ocurridos en el juicio contra JOH y la evidente inoperancia de la institucionalidad hondureña, nos preguntamos si la el poder judicial está en capacidad de impartir justicia por sí mismo, sabiendo además que es evidente que el Ministerio Público no es capaz de enjuiciar a los múltiples personajes vinculados a la corrupción. Por otro lado, las autoridades se están esmerando es desbaratar, debilitar o desaparecer la institución que por años ha luchado contra la corrupción en el país, la UFERCO.
Frente a este contexto y en el marco de la celebración de nuestros 16 años de vida, cabe recordar que nuestra organización nace al calor de la huelga de hambre de los fiscales en 2008 y que luego de 38 gloriosos días en resistencia, exigiendo el fin de los múltiples actos de corrupción, se dio vida al Movimiento Amplio para continuar con la lucha contra la corrupción y que durante estos 16 años hemos acompañado procesos de lucha en diferentes territorios del país de la mano de gente digna y determinada que quiere un verdadero cambio para el sistema de justicia, para el país.
La instalación de la CICIH es una demanda de la población que nace el 2015 en el marco del desfalco realizado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); justamente cuando la población decide organizarse, movilizarse y salir a las calles en las “Marchas de las Antorchas” para exigir un combate frontal a la corrupción.
Ante la exigencia de la población llega y se instala la MACIH en abril de 2016, bajo un tratado firmado entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). De este tratado también nace la UFECIC, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción, que posteriormente se convertiría en la UFERCO, Unidad Fiscal Especial contra las redes de Corrupción. Los resultados fueron deprimentes. En los 3 años y 8 meses de gestión de la MACCIH no se logró avanzar como se esperaba en la lucha contra la corrupción en el país y desde entonces organizaciones populares como el MADJ luchan por obtener justicia y dignidad para los territorios más vulnerados por estas élites de poder.
El actual gobierno lleva dos años en el poder y aun no se observa un cambio radical o un avance notable para erradicar la corrupción en el país, pese a que se han realizado acciones para eliminar este legado que nos dejó la narcodictadura, como ser la derogación de varios de los decretos implantados por Partido Nacional para favorecer la corrupción. No obstante, aún queda pendiente la abolición de otros acuerdos denominados “pactos de impunidad”, entre ellos el decreto 117-2019, el Código Penal, y el Código Procesal Penal, como tampoco se ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz.
En el Norte de Honduras: La soberanía hídrica avanza a ritmo popular de justicia y dignidad
El Día Internacional del Agua ha sido motivo para reivindicar la soberanía hídrica de los pueblos en la zona norte de Honduras. Comunidades históricamente abundantes en aguas corrientes y subterráneas pasaron de un momento a otro a ser amedrentadas, perseguidas, despojadas y hasta desalojadas de sus fuentes de agua porque los empresarios de la hidroenergía, las empresas de la mega agricultura extractivista y las empresas mineras se creyeron que al tenor de la narcodictadura se les haría fácil despojar a los pueblos de lo que naturalmente les pertenece. No lo lograron. Las comunidades se organizaron y enfrentaron cada una de las situaciones en las diferentes microregiones del departamento de Atlántida y parte del departamento de Colón. Ahora celebran sus triunfos redoblando los cuidados de sus bienes naturales y demás medios de vida.
No puede ser menos la respuesta de las comunidades. Los bosques tropicales húmedos como los de la costa norte hondureña que por sus dinamismos propios son capaces de retener hasta 800 mm de aguas lluvias, ahora muchos de ellos apenas retienen entre 8 a 14 mm de lluvia, agrandando las tragedias naturales de origen hídrico. Y al mismo tiempo, las áreas secas se expanden al extremo que de seguir el actual ritmo se espera que para el 2040 el 50% del territorio nacional estará convertido en áreas secas y el 50% del territorio será desértico o semidesértico para 2050.
¿Qué hacer? Estos pueblos muestran el camino.
Jutiapa es uno más de entre los municipios de Atlántida que han celebrado con mucho entusiasmo el Día Internacional del Agua. Las Juntas de Agua comunitarias integradas en la AJAJUTIA, diferentes servicios de pastoral social de la Iglesia Católica, ONG´s con presencia en el municipio de Jutiapa, instituciones públicas como el ICF y la corporación municipal, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la presencia siempre alegre, entusiasta y comprometida de la juventud del municipio hicieron de esta celebración un evento cultural y educativo de enorme y digno atrevimiento popular. Y es que con esta acción se trasciende la normalidad del diario vivir en un municipio tan rico ecológicamente y tan depredado a la vez; y, sin embargo, comprometido con la defensa del presente y futuro hídrico de Jutiapa, determinados a hacer prevalecer el derecho humano de acceso al agua potable para toda la población.
La AJAJUTIA y la Iglesia Católica hicieron gala de sus excelentes capacidades de articulación de las Juntas de Agua comunitarias, avanzando en una línea de compromiso social por hacer de los bienes hídricos un regalo de la naturaleza que debe cuidarse y manejarse de forma sostenible e inclusiva. Mientras tanto, al Movimiento Amplio le fue asignada la responsabilidad de poner al día el estado actual de los bienes hídricos del departamento y la organización por la defensa del acceso permanente al agua, partiendo de la Declaratoria Departamental del Agua que tuvo lugar en 2023.
En el municipio de Atlántida, la celebración de la defensa del agua se conmemoró al tenor del séptimo aniversario del Campamento Digno de Pajuiles, durante la jornada se hizo memoria viva de la lucha colectiva en defensa de los bienes comunes naturales desde el formato del poder local comunitario. Pajuiles es un símbolo de resistencia, de acción colectiva contra el extractivismo y frente a la explotación desmedida de los bienes naturales, principalmente sus ríos y manos subterráneos de agua.
La celebración fue un acto de reafirmación de la lucha por la preservación del agua y la protección de los ríos, en medio de constantes amenazas y desafíos. Una caminata nutrida de participantes de las comunidades vecinas sirvió para hacer hincapié en los desafíos que enfrentan estas comunidades, incluida la presencia de empresas como Honduras Tilapias Farm, cuyas prácticas amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la seguridad hídrica de la región. La resistencia contra el extractivismo y la defensa de los bienes naturales se mantienen como prioridades fundamentales para las personas involucradas y fieles en estos procesos gestados desde la mística MADJ. Esta jornada sociocultural y político popular sirvió para retomar la vida política en el campamento con los mercaditos comunitarios, reestructurar los núcleos comunitarios, consolidar las juntas de agua y patronatos en un solo bloque de acción, convocar al encuentro nacional de territorios contra el extractivismo y seguir con las jornadas de inspección en la parte alta de la cordillera Nombre de Dios. Fue, pues, un recordatorio poderoso de la resistencia y la acción colectiva organizada en la defensa de los bienes comunes naturales, así como un llamado a la acción continua contra el extractivismo, el capitalismo, la violencia y la búsqueda de un mundo mas digno y justo.
La Asociación de Juntas de Agua del municipio de Sabá, AJASA, también ha mostrado su unidad y poder de convocatoria popular para llevar a cabo esta movilización en defensa del medio ambiente y el agua, en una tradición que se ha mantenido durante los últimos diez años. Esta movilización, involucró diversos sectores de la sociedad, desde las juntas de agua locales, centros educativos, organizaciones comunitarias, Iglesias y patronatos con el objetivo principal de concienciar sobre la importancia de la protección del agua y los ecosistemas acuáticos en la región.
Durante la jornada de movilización, se han destacado diversas demandas y preocupaciones ambientales que aquejan a la comunidad de Sabá. En primer lugar, se ha hecho un llamado enérgico al gobierno para que tome medidas concretas destinadas a proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos, un área de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos de la región. Las comunidades exigen una mayor vigilancia y acción para prevenir la deforestación y la degradación ambiental en esta área protegida.
Además, se ha exigido al gobierno una respuesta clara y efectiva a las acciones legales interpuestas en nombre de la comunidad por el Bufete Estudios para la Dignidad. Estas acciones legales buscan garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades frente a las actividades mineras de la empresa Canteras y Más S. de R. L. que amenaza su entorno natural y sus fuentes de agua que abastecen a más de 30mil personas en el municipio de Sabá.
La movilización por el Día Mundial del Agua en Sabá no solo es una muestra de la preocupación y el compromiso de la comunidad con la protección del medio ambiente, sino también un recordatorio para las autoridades de gobierno sobre la urgente necesidad de tomar medidas concretas para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la región. La participación activa y la voz unida de la comunidad son fundamentales para lograr un cambio positivo y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
En definitiva, las comunidades del norte de Honduras se aprestan a dialogar en un espacio multidisciplinario e interinstitucional para consensuar un entendimiento que dé paso a la puesta en marcha de un plan audaz ante la crisis climática que se está dejando venir y garantizar en medio de la misma la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Y es aquí donde el esfuerzo realizado por las comunidades organizadas en el MADJ por abrir este diálogo desde la proclama departamental del agua está acrecentándose desde varias instancias y lugares.
Boletín Informativo MADJ Marzo 2024
Boletín Marzo 2024 de Acssa Flores
La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras
Dicen que el que espera, se desespera y el país se encuentra hoy en una larga angustia debatiendo sobre las posibilidades que tiene Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable o no en el juicio que se le sigue en New York. Sin embargo, pensar en el impacto que debe tener esta sentencia debe ser la prioridad para los millones y millones que exigíamos el Fuera JOH.
Los 12 miembros del jurado, que por más de diez días escucharon testimonios sobre cómo se asesina, se trafica, se compran voluntades, se ordena el sometimiento de instituciones públicas para que estén al servicio de los cárteles de la droga, parecen estar en una compleja discusión y revisión de documentos que aseguren que las pruebas presentadas, sobrepasen las dudas razonables, y permitan que un hombre, que fue presidente de un país, sea declarado culpable.
Sin embargo, los que nacimos en este país no necesitamos de un juicio o jurados internacionales para saber a cabalidad la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por los delitos que le imputa Estados Unidos y de otro montón de delitos que debieron imputársele aquí en Honduras y que aún hoy existen instituciones y estructuras que están empeñadas en que continúen en la impunidad para no ser salpicadas.
Es decir, estamos seguros de que a JOH, de una u otra manera, será declarado culpable en EEUU porque lo es, y porque cada argumento presentado por la fiscalía estadounidense era correcto, aunque para quienes conocemos y hemos padecido la “narcodictadura” la gravedad de los delitos cometidos por JOH es mucho más grande y profunda que lo expuesto en ese tribunal.
Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que entendemos que el juicio y la sentencia va mucho más allá de Juan Orlando…, el juzgamiento y la sentencia son también para Honduras y nos impacienta que hasta el momento no observamos ningún tipo de diligencias por parte de las principales autoridades del país, de institucionales o sectores económicos que nos permita pensar que existirán cambios que adecenten el funcionamiento público.
Dicho de otro modo, la sentencia de culpabilidad de JOH no marca de manera automática que Honduras pase de un estado de “narcodictadura” a un estado democrático y deploramos que desde las actuales autoridades quiera imponerse esta idea, sin ordenar los procesos investigativos y judiciales que se requieren para sanear la institucionalidad pública.
Como mínimo requerimos en esta coyuntura un Poder Judicial independiente que impulse esta dinámica … pero, ¿es esto de su interés?, ¿tienen la libertad para hacerlo?
Bajo este contexto, por ejemplo, desde el MADJ / BED nos preguntamos:
1. ¿qué va a pasar con la dirigencia del Partido Nacional, con su equipo de gobierno, con la estructura policial y militar que “respaldó” sus actividades ilícitas?
2. ¿qué pasará con los bancos lavadores del dinero sucio, con el BCH que en todo este tiempo se ha hecho de la vista gorda?, ¿qué pasará con la CNBS que no reguló nada?
3. ¿Qué pasará con el COHEP y el grupo de “empresarios narcotraficantes” que seguramente están afiliados a su organización y que blanquean capitales?, ¿qué vamos a hacer con los prestanombres?, ¿con las concesiones y todos los proyectos financiados para lavar dinero?
4. ¿qué vamos a hacer con ex magistrados o actuales magistradas, jueces y juezas que sabemos que venden sus fallos para favorecer la corrupción y el narcotráfico?, ¿qué haremos con los ex Fiscales Generales, Adjuntos, directores de Fiscales, pero también contra todos los fiscales a nivel nacional que no permitieron o no quisieron presentar ningún requerimiento en contra de narcos o funcionarios ligados a estos?
5. ¿qué vamos a hacer para que pare la violencia que nos genera el narcotráfico, esa que se vive en los barrios, as colonias, y hasta e las comunidades más lejanas? ¿Qué vamos a hacer con la impunidad que cobija a todas esas muertes?
6. ¿qué vamos a hacer para que los familiares de delincuentes no se queden disfrutando de los bienes y recursos que se han obtenido con sangre en este país a partir del narcotráfico y su corrupción? ¿qué mecanismos de reparación para las víctimas directas deben establecerse?
Reiteramos, y con letras mayúsculas que los PACTOS DE IMPUNIDAD, NO PUEDEN SIGNIFICAR PACTOS PARA EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS, creer que podemos seguir funcionando en este país como sino pasa nada, es condenarnos a pasar de mano en mano por los capos de la droga, convertidos en presidentes o altos funcionarios.
Tampoco los PACTOS DE IMPUNIDAD deben servir para levantar banderas de ningún tipo y adjudicarse triunfos en este caso de JOH que no les corresponde y menos cuando siguen sin hacer nada concreto por el presente y el futuro del país.
Finalmente volvemos a hacer el llamado de responsabilidad a todos los liderazgos nacionales políticos, económicos, eclesiásticos, sociales, medios de comunicación para que asuman la responsabilidad que le queda al país para que hechos tan vergonzosos y dolorosos como este juicio no vuelvan a repetirse.
La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.
En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.
En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos, secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.
Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública.
Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.
Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales?
También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.
Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.
Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?
Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.
Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte.
El Juicio contra JOH: una institucionalidad al servicio del narcotráfico y del lavado de activos
Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.
En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.
Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.
Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.