Boletín Informativo MADJ Marzo 2024
Boletín Marzo 2024 de Acssa Flores
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La sentencia contra JOH que exige cambios en Honduras
Dicen que el que espera, se desespera y el país se encuentra hoy en una larga angustia debatiendo sobre las posibilidades que tiene Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable o no en el juicio que se le sigue en New York. Sin embargo, pensar en el impacto que debe tener esta sentencia debe ser la prioridad para los millones y millones que exigíamos el Fuera JOH.
Los 12 miembros del jurado, que por más de diez días escucharon testimonios sobre cómo se asesina, se trafica, se compran voluntades, se ordena el sometimiento de instituciones públicas para que estén al servicio de los cárteles de la droga, parecen estar en una compleja discusión y revisión de documentos que aseguren que las pruebas presentadas, sobrepasen las dudas razonables, y permitan que un hombre, que fue presidente de un país, sea declarado culpable.
Sin embargo, los que nacimos en este país no necesitamos de un juicio o jurados internacionales para saber a cabalidad la culpabilidad de Juan Orlando Hernández por los delitos que le imputa Estados Unidos y de otro montón de delitos que debieron imputársele aquí en Honduras y que aún hoy existen instituciones y estructuras que están empeñadas en que continúen en la impunidad para no ser salpicadas.
Es decir, estamos seguros de que a JOH, de una u otra manera, será declarado culpable en EEUU porque lo es, y porque cada argumento presentado por la fiscalía estadounidense era correcto, aunque para quienes conocemos y hemos padecido la “narcodictadura” la gravedad de los delitos cometidos por JOH es mucho más grande y profunda que lo expuesto en ese tribunal.
Sin embargo, lo que realmente nos preocupa es que entendemos que el juicio y la sentencia va mucho más allá de Juan Orlando…, el juzgamiento y la sentencia son también para Honduras y nos impacienta que hasta el momento no observamos ningún tipo de diligencias por parte de las principales autoridades del país, de institucionales o sectores económicos que nos permita pensar que existirán cambios que adecenten el funcionamiento público.
Dicho de otro modo, la sentencia de culpabilidad de JOH no marca de manera automática que Honduras pase de un estado de “narcodictadura” a un estado democrático y deploramos que desde las actuales autoridades quiera imponerse esta idea, sin ordenar los procesos investigativos y judiciales que se requieren para sanear la institucionalidad pública.
Como mínimo requerimos en esta coyuntura un Poder Judicial independiente que impulse esta dinámica … pero, ¿es esto de su interés?, ¿tienen la libertad para hacerlo?
Bajo este contexto, por ejemplo, desde el MADJ / BED nos preguntamos:
1. ¿qué va a pasar con la dirigencia del Partido Nacional, con su equipo de gobierno, con la estructura policial y militar que “respaldó” sus actividades ilícitas?
2. ¿qué pasará con los bancos lavadores del dinero sucio, con el BCH que en todo este tiempo se ha hecho de la vista gorda?, ¿qué pasará con la CNBS que no reguló nada?
3. ¿Qué pasará con el COHEP y el grupo de “empresarios narcotraficantes” que seguramente están afiliados a su organización y que blanquean capitales?, ¿qué vamos a hacer con los prestanombres?, ¿con las concesiones y todos los proyectos financiados para lavar dinero?
4. ¿qué vamos a hacer con ex magistrados o actuales magistradas, jueces y juezas que sabemos que venden sus fallos para favorecer la corrupción y el narcotráfico?, ¿qué haremos con los ex Fiscales Generales, Adjuntos, directores de Fiscales, pero también contra todos los fiscales a nivel nacional que no permitieron o no quisieron presentar ningún requerimiento en contra de narcos o funcionarios ligados a estos?
5. ¿qué vamos a hacer para que pare la violencia que nos genera el narcotráfico, esa que se vive en los barrios, as colonias, y hasta e las comunidades más lejanas? ¿Qué vamos a hacer con la impunidad que cobija a todas esas muertes?
6. ¿qué vamos a hacer para que los familiares de delincuentes no se queden disfrutando de los bienes y recursos que se han obtenido con sangre en este país a partir del narcotráfico y su corrupción? ¿qué mecanismos de reparación para las víctimas directas deben establecerse?
Reiteramos, y con letras mayúsculas que los PACTOS DE IMPUNIDAD, NO PUEDEN SIGNIFICAR PACTOS PARA EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS, creer que podemos seguir funcionando en este país como sino pasa nada, es condenarnos a pasar de mano en mano por los capos de la droga, convertidos en presidentes o altos funcionarios.
Tampoco los PACTOS DE IMPUNIDAD deben servir para levantar banderas de ningún tipo y adjudicarse triunfos en este caso de JOH que no les corresponde y menos cuando siguen sin hacer nada concreto por el presente y el futuro del país.
Finalmente volvemos a hacer el llamado de responsabilidad a todos los liderazgos nacionales políticos, económicos, eclesiásticos, sociales, medios de comunicación para que asuman la responsabilidad que le queda al país para que hechos tan vergonzosos y dolorosos como este juicio no vuelvan a repetirse.
La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.
En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.
En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos, secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.
Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública.
Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.
Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales?
También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.
Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.
Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?
Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.
Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte.
El Juicio contra JOH: una institucionalidad al servicio del narcotráfico y del lavado de activos
Los testimonios de narcotraficantes rendidos en el juicio contra JOH en Nueva York reafirman la denuncia de que toda la institucionalidad del Estado hondureño ha sido puesta al servicio del narcotráfico y del lavado de activos provenientes de ese negocio criminal. Esta afirmación supera la idea popularizada de que el narcotráfico ha sido solamente un problema del sistema de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La institucionalidad hondureña fue corrompida de forma más profunda, convirtiendo en funcional a un proyecto criminal a instituciones encargadas del control y correcto funcionamiento del sistema financiero, de la sana administración pública e, incluso, la encargada del desarrollo de proyectos sociales.
En este contexto, cabe preguntarnos qué responsabilidad tuvieron el Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la Asociación de Municipios de Honduras, las entidades de Justicia y Control Electoral, entre otras, y cuál será la responsabilidad penal y administrativa que será sancionada. Aún con esto anterior, es todavía más importante preguntarnos qué proceso de transformación profunda se están generando actualmente en la institucionalidad hondureña con el propósito de que nunca más el Estado Hondureño sea puesto al servicio del tráfico de drogas y lavado de activos.
Aunque el juicio en Nueva York concluyo con una condena en contra de JOH por sus crímenes relacionados al narcotráfico, es imperativo reconocer que es solamente un personaje el que está siendo juzgado y que eso no significa el desmantelamiento del resto de la estructura criminal que sigue siendo parte de la institucionalidad hondureña. Tampoco una sentencia de culpabilidad daría por disueltas las dinámicas institucionales que favorecen los negocios criminales y el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Conforme a estas reflexiones, si la administración de Xiomara Castro no inicia una transformación radical del funcionamiento de la institucionalidad pública, pesará sobre su gobierno la duda sobre la transparencia de sus decisiones y las de su Gabinete. Es decir, se sospechará si la construcción de carreteras corresponde a favorecer rutas de narcotráfico o a meros proyectos de desarrollo; si los contratos de desarrollo de obras sociales son otorgados en función de la mejor oferta o de alianzas con sectores empresariales-criminales; si el Banco Central o la Comisión Nacional de Bancas y Seguros vela por un correcto funcionamiento del sistema financiero aun cuando no exista ninguna muestra pública del compromiso para combatir el lavado de activos desde el Estado; entre otros.
Desde las organizaciones del movimiento popular nos corresponde seguir asumiendo la responsabilidad de reflexionar y construir otra Honduras, una que ponga su institucionalidad al servicio de un proyecto político popular y garante de dignidad para todos y todas.
Boletín Informativo MADJ Enero 2024
MADJ boletín Enero 2024 de Acssa Flores
Lilian Borjas, voz y compromiso de las mujeres campesinas
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
LA HISTORIA DE UNA LIDERESA DE JILAMITO Y DEL MADJ, MAGDA DÍAZ
“Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón”
“Soy Magdalena Díaz, de Arizona, Atlántida, pertenezco al Movimiento Amplio y tengo el cargo de conducción política en el Campamento de la Dignidad de Jilamito”.
Así de escueta es la presentación que de si misma hace Magdalena Díaz, pero que de alguna manera sintetiza un recorrido intenso en sus poco más de 40 años de vida.
Menuda, con la piel trigueña de mestizaje y de sol, Magdalena tiene mucha historia que contar. Hija de campesinos, esposa de un campesino educador que fue asesinado por reclamar democracia y campesina ella misma, de las que no teme labrar la dureza de la tierra para sembrar el sustento de su familia.
Hoy es una dirigente reconocida del movimiento popular en Atlántida, de la misma estirpe de mujeres defensoras de los ríos y de la justicia, como lo fue Berta Cáceres o Margarita Murillo, para citar unos cuantos nombres.
Magdalena, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la defensa del Río Jilamito?
Bueno, es bien difícil, porque en el gobierno anterior que tuvimos, del dictador, se pusieron a vender todos los ríos para hacer proyectos extractivos y nosotros confiábamos en que el gobierno actual que tenemos con la presidenta Xiomara nos apoyaría en la defensa de los bienes comunes y naturales, que nos respaldaría activamente en esta lucha digna que tenemos, pero ya va sobre dos años y no tenemos ninguna respuesta concreta…
Entonces siempre vivimos un conflicto bien difícil en las comunidades. En 2024 vamos a cumplir siete años de estar en esa lucha y aún no la hemos solucionado. Como Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad se logró la liberación de los compañeros y compañeras que estaban criminalizados, pero el conflicto de fondo no se resuelve porque la concesión del río no ha sido anulada y siempre hay bancos nacionales e internacionales financiando a estas empresas para su proyecto hidroeléctrico en Jilamito.
¿Cuáles son las principales lecciones de estos siete años de lucha?
En estos siete años de existencia del Campamento de la Dignidad hemos pasado alegrías y tristezas. También hemos convivido bien bonito entre los compañeros y compañeras, somos como una familia compartiendo un espacio donde se medita, se reflexiona, se toman decisiones y acuerdos para fortalecer la lucha…
Pero es bien difícil al mismo tiempo porque tenemos compañeros asesinados en el camino, entre ellos mi esposo. Son muertes que siguen impunes.
Como movimiento social y popular sabemos bien que instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no están para el pueblo, ellos están para los empresarios, ellos son los que nos criminalizan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Siento que ahora seguimos en la misma temática. En estos dos años, como le dije, seguimos en la misma porque miramos que los funcionarios públicos siguen igual, gobernando como lo han hecho los gobiernos anteriores.
Seguir adelante en la vida
Magdalena tiene muy presente el compromiso social de su esposo, Ramón Gabriel Fiallos, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.
Ramón fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a luchar por los intereses comunes. Fue parte de los campesinos organizados que reclamó el derecho a la tierra en el valle de Lean y también uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito. Ramón o “Moncho”, como también se le conocía, colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas.
“El venía de una familia con tradición de lucha”, recuerda Magdalena. “Mi suegra me cuenta que él siempre defendía sus derechos”.
Por esas razones no fue extraño que la noche del 22 de enero de 2018 se despidiera de su familia para emprender el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba y unirse a los centenares de ciudadanos que a inmediaciones del puente sobre el río Arizona exigían el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El derecho a la protesta era legítimo, pero no para los usurpadores del poder, y hasta el sitio de la protesta llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación. Al menos una de esas balas impactó a Ramón. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde poco después se confirmó su muerte.
Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como reconocimiento a su sacrificio. Un honor social que a su familia, como es natural, no compensa la ausencia de justicia que rodea su crimen.
A Magdalena le duele “no tener ninguna respuesta concreta de parte de las autoridades de nuestro gobierno; su caso es como el de muchos compañeros asesinados por defender los derechos del pueblo”.
¿Cómo ha sido la vida después de su muerte?
Cuando él murió, recuerda Magdalena, me quedaron tres hijos menores de edad y en esas circunstancias es duro seguir adelante, pero la misma injusticia que vivimos en este país nos impulsa a seguir. Indigna ver que nos asesinan compañeros por defender nuestros derechos. Los matan para meternos miedo, pero tanto yo como mis hijos y mi organización hemos demostrado a los empresarios corruptos y a los gobiernos que estamos más fuertes, más valientes y más firmes en la defensa de nuestros derechos. Y sé que la única manera de seguir adelante es con mucha valentía”.
Ahora, prosiguió, estamos organizando un bloque popular en reclamo de que nos devuelvan la reforma agraria. Durante décadas han atropellado nuestro derecho a tener tierras para trabajar. Yo, como campesina, hija de campesino y esposa de campesino sé que tenemos la razón.
Desde que tengo uso de razón sé que los campesinos no somos prioridad de los gobiernos y por eso es que se mantiene la pobreza en este país, porque la prioridad de los gobiernos son las empresas privadas y no los pequeños productores, enfatizó.
¿Cómo se mantiene? ¿Cómo ha logrado salir adelante con su familia?
“Trabajando; trabajando duramente. Tengo una parcela de tierra, son como tres manzanas y en ellas trabajo, y mis hijos donde encuentran trabajo lo hacen porque saben que siempre han crecido a base de esfuerzo y sacrificio”.
Magdalena, ¿y de dónde le nace la conciencia para defender el derecho a la vida y los recursos naturales?
Mi padre era un campesino revolucionario, y luego mi esposo igual. Me cuenta su mamá que desde joven odiaba la injusticia y siempre le gustó defender los derechos del pueblo. La última noche que él salió de mi casa mientras estaba agachado, amarrándose los zapatos, mientras yo le decía que no se fuera, él me dijo que debemos estar decididos a cualquier sacrificio para que el país cambie, que de lo contrario siempre nos mantendremos así, en la pobreza.
¿Cuál es el objetivo prioritario de lucha que tienen?
Magdalena no vacila en contestar porque tiene clara su respuesta:
“Son varios los objetivos, pero lo más importante para nosotros es lograr que se cancele definitivamente el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en Jilamito y la concesión sobre el rio, que se cancelen también los proyectos de minería que acaban con nuestros recursos naturales y que nos devuelvan la reforma agraria a los campesinos. Pido esto como defensora de derechos humanos no solo para el municipio de Arizona, sino que para todo el país, porque es a nivel nacional que nos están matando a muchos compañeros”.
Con esas metas que animan su vida, Magdalena sabe que no está sola. “Cuando empecé a conocer el Movimiento Amplio supe que debíamos apoyarle, entrarle de lleno y seguir su compromiso social. Así empezamos a organizar las comunidades y por medio de eso es que logramos parar el proyecto hidroeléctrico de Jilamito. Organizados ya miramos como son las cosas y ya sabemos que proyectos como el de Jilamito no traen nada de bueno para nuestra comunidad porque lo único que realmente dejan es la división entre familias y las personas y la destrucción de nuestras fuentes de vida, como el agua que es vital para todos. Yo no tengo ninguna duda; organizados saldremos adelante en esta lucha. Tarde o temprano, pero lograremos que se nos haga justicia”.
Pueblos indígenas de Honduras piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atender impactos diferenciados de emergencia climática en sus comunidades
- Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
- Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática.
En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.
Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.
Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.
Amicus Oral
Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas.
También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones.
Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.
Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.
Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.
En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas.
*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.
Contacto para prensa:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
- Ileana Morales
ileanamorales2003@yahoo.com.mx
- Víctor Fernández
¡ALTO AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO!
¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!
El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel.
- Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
- Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
- Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
- Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
Tegucigalpa, Honduras, 20 de noviembre de 2023.
¡202 años de gritos de sirena, colonialismo interno y de una falacia llamada independencia!
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sus núcleos territoriales y liderazgos a nivel nacional, en el marco de las celebraciones de los 202 años de in-dependencia patria nos pronunciamos en los siguientes términos:
- Necesitamos reconstruir desde las miradas populares los acontecimientos que llevaron a la conformación de los Estados nación modernos centroamericanos en el año 1821, para superar el idilio y romanticismo con una independencia y una patria que nunca han sido nuestras. Asumir la historia desde la arista de las mayorías excluidas nos dará el horizonte para comprender la independencia como una construcción cotidiana constante que debemos asumir en todos los niveles de relacionamiento interno y externo. Lo que ahora tenemos y celebramos no es independencia ni es patria, es el proyecto de Res-publica que pilotaron las elites criollas tomando como ejemplo la colonización europea. Esta herencia es la que organizó el Estado, la sociedad, la vida misma, los modos de relación con la naturaleza y con los pueblos no occidentales, desde la lógica de jerarquización, encubrimiento, inferiorización, instrumentalización y despojo. Las estructuras de nación y gobierno que ahora conocemos conservan en términos generales el mismo orden interno instaurado por la colonia con el matiz de ser territorios declarados políticamente independiente.
- Hemos sido fundados como sociedad en márgenes de violencia, exclusión, monopolio y la crisis es una herencia permanente. La celebrada acta de independencia reza en sus líneas principales que “el Señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” centralizando de esta manera los destinos de la nación desde su primer momento a las élites económicas, políticas y militares. Inmediatamente acaecida la independencia apareció en el horizonte político EE. UU quien en 1823 formuló la doctrina Monroe que en su aforismo “América para los americanos” resume su intervencionismo y tutela de las naciones centroamericanas, sobre todo de Honduras, donde existe una nulidad de decisiones soberanas internas, en una sociedad manejada por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 200 años como patio/trasero. Hoy más que nunca necesitamos hacer patria y asumir la cotidianidad como septiembre, como un tiempo para hacer efectiva la independencia real; la del pueblo.
- Septiembre es tiempo oportuno para apelar a la conciencia y a la acción, para romper con el modelo de gobernanza y estratificación de la sociedad basado en el dominio, la exclusión, el despojo y mercantilización de la vida. En el marco del gobierno de la refundación las escuelas y colegios salen a desfilar mientras siguen sin infraestructura, sin servicios básicos, sin merienda escolar, retraso en pago de salarios a docentes ni libros de texto. Hay comunidades que no tienen escuelas ni maestros. Además, una sociedad enferma y hambrienta no puede declararse independiente. Los hospitales y unidades rurales de salud siguen desabastecidos de medicamentos mientras las farmacéuticas y centros privados de atención se lucran con la enfermedad del pueblo en complicidad con la negligencia del gobierno.
- Repudiamos la remilitarización del país porque estamos seguros de que una cultura de paz y refundación no se implanta por la vía de la fuerza. porque es vergonzoso que mientras se destinan mayores presupuestos a cuerpos de seguridad estatal, la inseguridad ciudadana crece, así mismo los índices de pobreza, migración, vulnerabilidad climática y corrupción y violencia. Desde nuestra base exigimos cese a la represión, desalojo y persecución al campesinado, a los liderazgos que defienden los bienes comunes, la tierra y el territorio. Pedimos justicia para todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados por la defensa de sus derechos, la soberanía territorial y su compromiso con una sociedad hondureña distinta a la que narcos, políticos y empresarios nos han impuesto.
- Este día es imprescindible señalar que la independencia y la no injerencia, no solo es una cuestión de relación de Honduras con otros estados o potencias sino principio infaltable de la democracia, por ello, en el proceso de elección del Fiscal general y su adjunto denunciamos el manoseo, la negociación y el asedio político partidario de los grupos de interés por controlar esta institución y asegurar sus pactos oscuros. Seguimos con un índice de impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%. Se nos sigue negando el derecho a la justicia y los entes responsables de legislar para el bien de la población continúan encarnando la cultura del filibustero.
- Celebramos los ejercicios de auténtica independencia, autodeterminación, poder comunitario y autogobierno que pueblos y territorios movilizados hemos logrado construir pese a la presión de la narco-dictadura y en el contexto actual entre las mieles de las promesas del gobierno del socialismo democrático. Estos ensayos de construcción colectiva del bien común son la clave para el surgimiento de otras narrativas, alternativas y procesos que estamos convencidos cristalizarán en pactos de gobernanza inclusivos, populares, democráticos y auténticos procesos de emancipación política y económica.
- Junto a Morazán, en la alta noche, como pueblo debemos seguir vigilantes porque el enemigo ha crecido junto a nosotros. Su rostro y lógica de saqueo colonial vigente, corrupto e impune, lo representan actualmente el COHEP y el grupo de familias que han elevado sus fortunas a costa de la evasión fiscal y su corrupción generadora del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la hondureñidad. Hoy que son descubiertos y denunciados reaccionan con la misma violencia del invasor colonial, ante lo cual el decrépito Estado hondureño no tiene ninguna fuerza, ni independencia para hacerles justicia. Ellos son el tigre del poema de Neruda, que enarbola el hacha y le come al pueblo sus entrañas.
- Como organización popular con presencia en gran parte del territorio nacional nos declaramos en construcción constante de independencia. Seguimos luchando frontalmente contra las elites político-empresariales que han afianzado los pactos de corrupción e impunidad, que han entregado territorios y comunidades al capital nacional y extranjero obedeciendo a la estructuración del neoliberalismo que encuentra en las economías criminales, la violencia y la ilegalidad una rentabilidad clave para su robustecimiento.
- Junto a los distintos pueblos originarios de Honduras, dueños legítimos de esta patria nos declaramos en constante reivindicación de sus derechos. Exigimos al estado de Honduras garantizar la seguridad sobre sus tierras y territorios, el derecho al desarrollo social, económico y cultural, así como el respeto y promoción de su autonomía. El grito de independencia que elevamos hoy es el de nuestros hermanos negros que sigue desafiando los oprobios del poder colonial. El grito desafiante de los pueblos Tolupanes, Lencas, Maya Chortí, Misquitos, Tawahka, Nahual y Pech, que segregados a las montañas y de las decisiones de país, construyen modelos de comunidades dignas, nunca sometidas al látigo, al grito y a la espada.
- Como organización con una trayectoria de 15 años de lucha, septiembre nos mueve a ratificar nuestro compromiso con todas las luchas libertarias de todos los pueblos, nos mueve hacia la permanente búsqueda y promoción de la unidad y articulación de las organizaciones del movimiento social y popular hondureño, para que construyamos colectivamente el nuevo modelo de país soberano, popular e independiente. Para que, desde ya, ejerzamos una práctica política unificada que rectifique la práctica ignominiosa de saqueo, exclusión y muerte implantada por cinco siglos de dominio colonial, criollo, elitista y mercantil. Para que reivindiquemos los derechos y la dignidad de todas las personas y pueblos que conformamos Honduras.
¡No hay refundación, ni independencia, ni patria; sin memoria, sin justicia y sin participación del pueblo!
¡Movimiento Amplio por la Dignidad y la justicia!
San Pedro Sula, 15 de septiembre de 2023.