El día de la tierra se celebra luchando, no hay tierra sin lucha digna

Si bien es cierto, cada 22 de abril se celebra el día de la tierra desde 2005 con el objetivo de concienciar a las personas sobre los problemas ambientales, como la contaminación generada por empresas extractivistas, la sobrepoblación, el cambio climático, la caza furtiva y más importante: cómo podemos generar un cambio para preservar los bienes comunes.

Frente a esto, la realidad en Honduras es que, actualmente el 40% del territorio nacional se encuentra en proceso de desertización, por la sequía de los ríos y la contaminación de estos. Asimismo, los mantos subterráneos de agua se encuentran en alto riesgo, como los del sur de Honduras, los acuíferos del valle de sula y la llanura costera del caribe.

Por otra parte, la deforestación es otro factor que impacta directamente en la sequía del territorio, ya sea por otorgamiento de planes de manejo ilegales o incendios forestales. Ya que hasta la fecha van 1,556 incendios que han arrasado 100,160 hectáreas de bosques. Y la mayoría de estos incendios son provocados y no hay ningún reglamento o ley que sancione este acto que está exterminando los bosques del país.

Las playas hondureñas no se salvan de esta crisis ya que se encuentran inmersas en un proceso irreversible de desaparición debido al impacto del cambio climático en los mares que circundan las costas nuestras. Los proyectos hoteleros nada hacen por mitigar estas situaciones y solo se dedican a absorber  la riqueza de nuestras costas,  desalojando comunidades garífunas y otras poblaciones, generando mucha violencia.  Las playas de Bajamar en Cortés, la playa Miami en Tela y Cedeño en el golfo de Fonseca están siendo anegadas por las olas cada vez más violentas y cargadas de agua. 

Finalmente, la situación agraria además de estar en una lucha constante por la reivindicación de su derecho a la tierra se le suma que los ciclos de producción agrícola se ven alterados debido al aborto floral provocado por las altas temperaturas de los meses de marzo y abril, lo que resulta con una alta probabilidad que sus cultivos reduzcan su producción y productividad debido a la sequía. 

Es hora de actuar sin hipocresía, sin mentiras, sin burocracia. La tierra es nuestro hogar y solo tenemos una, debemos tomar conciencia y actuar en defensa de nuestros bienes comunes. En las comunidades está el rescate de la Honduras verde y próspera que hemos heredado y muchas empresas han depredado.

Como Movimiento Amplio junto a muchas comunidades conducimos diversos procesos de defensa de los bienes comunes y además, creamos propuestas alternativas, amigables con la Pachamama, para que estén al alcance de todos y todas, y que finalmente podamos asegurar un futuro digno a las generaciones por venir.

¡Actuemos ya, con dignidad, con empeño y con determinación popular!

En el Norte de Honduras: La soberanía hídrica avanza a ritmo popular de justicia y dignidad

El Día Internacional del Agua ha sido motivo para reivindicar la soberanía hídrica de los pueblos en la zona norte de Honduras. Comunidades históricamente abundantes en aguas corrientes y subterráneas pasaron de un momento a otro a ser amedrentadas, perseguidas, despojadas y hasta desalojadas de sus fuentes de agua porque los empresarios de la hidroenergía, las empresas de la mega agricultura extractivista y las empresas mineras se creyeron que al tenor de la narcodictadura se les haría fácil despojar a los pueblos de lo que naturalmente les pertenece. No lo lograron. Las comunidades se organizaron y enfrentaron cada una de las situaciones en las diferentes microregiones del departamento de Atlántida y parte del departamento de Colón. Ahora celebran sus triunfos redoblando los cuidados de sus bienes naturales y demás medios de vida.

No puede ser menos la respuesta de las comunidades. Los bosques tropicales húmedos como los de la costa norte hondureña que por sus dinamismos propios son capaces de retener hasta 800 mm de aguas lluvias, ahora muchos de ellos apenas retienen entre 8 a 14 mm de lluvia, agrandando las tragedias naturales de origen hídrico. Y al mismo tiempo, las áreas secas se expanden al extremo que de seguir el actual ritmo se espera que para el 2040 el 50% del territorio nacional estará convertido en áreas secas y el 50% del territorio será desértico o semidesértico para 2050.

            ¿Qué hacer? Estos pueblos muestran el camino.

Jutiapa es uno más de entre  los municipios de Atlántida que han celebrado con mucho entusiasmo el Día Internacional del Agua.  Las Juntas de Agua comunitarias integradas en la AJAJUTIA, diferentes servicios de pastoral social de la Iglesia Católica, ONG´s con presencia en el municipio de Jutiapa, instituciones públicas como el ICF y la corporación municipal, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la presencia siempre alegre, entusiasta y comprometida de la juventud del municipio hicieron de esta celebración un evento cultural y educativo de enorme y digno atrevimiento popular. Y es que con esta acción se trasciende la normalidad del diario vivir en un municipio tan rico ecológicamente y tan depredado a la vez; y, sin embargo, comprometido con la defensa del presente y futuro hídrico de Jutiapa, determinados a hacer prevalecer el derecho humano de acceso al agua potable para toda la población.

La AJAJUTIA y la Iglesia Católica hicieron gala de sus excelentes capacidades de articulación de las Juntas de Agua comunitarias, avanzando en una línea de compromiso social por hacer de los bienes hídricos un regalo de la naturaleza que debe cuidarse y manejarse de forma sostenible e inclusiva. Mientras tanto, al Movimiento Amplio le fue asignada la responsabilidad de poner al día el estado actual de los bienes hídricos del departamento y la organización por la defensa del acceso permanente al agua, partiendo de la Declaratoria Departamental del Agua que tuvo lugar en 2023.

En el municipio de Atlántida, la celebración de la defensa del agua se conmemoró al tenor del séptimo aniversario del Campamento Digno de Pajuiles, durante la jornada se hizo memoria viva de la lucha colectiva en defensa de los bienes comunes naturales desde el formato del poder local comunitario.  Pajuiles es un símbolo de resistencia, de acción colectiva contra el extractivismo y frente a la explotación desmedida de los bienes naturales, principalmente sus ríos y manos subterráneos de agua.

La celebración fue un acto de reafirmación de la lucha por la preservación del agua y la protección de los ríos, en medio de constantes amenazas y desafíos. Una caminata nutrida de participantes de las comunidades vecinas sirvió para hacer hincapié en los desafíos que enfrentan estas comunidades, incluida la presencia de empresas como Honduras Tilapias Farm, cuyas prácticas amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la seguridad hídrica de la región. La resistencia contra el extractivismo y la defensa de los bienes naturales se mantienen como prioridades fundamentales para las personas involucradas y fieles en estos procesos gestados desde la mística MADJ. Esta jornada sociocultural y político popular sirvió para retomar la vida política en el campamento con los mercaditos comunitarios, reestructurar los núcleos comunitarios, consolidar las juntas de agua y patronatos en un solo bloque de acción, convocar al encuentro nacional de territorios contra el extractivismo y seguir con las jornadas de inspección en la parte alta de la cordillera Nombre de Dios. Fue, pues, un recordatorio poderoso de la resistencia y la acción colectiva organizada en la defensa de los bienes comunes naturales, así como un llamado a la acción continua contra el extractivismo, el capitalismo, la violencia y la búsqueda de un mundo mas digno y justo.

       La Asociación de Juntas de Agua del municipio de Sabá, AJASA, también  ha mostrado su unidad y poder de convocatoria popular para llevar a cabo esta movilización en defensa del medio ambiente y el agua, en una tradición que se ha mantenido durante los últimos diez años. Esta movilización, involucró diversos sectores de la sociedad, desde las juntas de agua locales, centros educativos, organizaciones comunitarias, Iglesias y patronatos con el objetivo principal de concienciar sobre la importancia de la protección del agua y los ecosistemas acuáticos en la región.

Durante la jornada de movilización, se han destacado diversas demandas y preocupaciones ambientales que aquejan a la comunidad de Sabá. En primer lugar, se ha hecho un llamado enérgico al gobierno para que tome medidas concretas destinadas a proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos, un área de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos de la región. Las comunidades exigen una mayor vigilancia y acción para prevenir la deforestación y la degradación ambiental en esta área protegida.

Además, se ha exigido al gobierno una respuesta clara y efectiva a las acciones legales interpuestas en nombre de la comunidad por el Bufete Estudios para la Dignidad. Estas acciones legales buscan garantizar y proteger los derechos humanos de las comunidades frente a las actividades mineras de la empresa Canteras y Más S. de R. L. que amenaza su entorno natural y sus fuentes de agua que abastecen a más de 30mil personas en el municipio de Sabá.

La movilización por el Día Mundial del Agua en Sabá no solo es una muestra de la preocupación y el compromiso de la comunidad con la protección del medio ambiente, sino también un recordatorio para las autoridades de gobierno sobre la urgente necesidad de tomar medidas concretas para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la región. La participación activa y la voz unida de la comunidad son fundamentales para lograr un cambio positivo y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.

       En definitiva, las comunidades del norte de Honduras se aprestan a dialogar en un espacio multidisciplinario e interinstitucional para consensuar un entendimiento que dé paso a la puesta en marcha de un plan audaz ante la crisis climática que se está dejando venir y garantizar en medio de la misma la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Y es aquí donde el esfuerzo realizado por las comunidades organizadas en el MADJ por abrir este diálogo desde la proclama departamental del agua está acrecentándose desde varias instancias y lugares.

Carta a magistrados de Sala de lo Penal para que confirmen sentencias que condenan a parte de los autores del crimen contra Berta Cáceres

Tegucigalpa, Francisco Morazán,
02 de abril de 2024


Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Mario Díaz Flores,
Magistrado Walter Miranda Sabio
Magistrado Nelson Mairena Franco

Ref.: Resolución de casación sobre Causa Berta Cáceres

Estimados Magistrados;
Saludos cordiales esperando que se encuentren desempeñando sus funciones plenamente.
Me dirijo a ustedes en mi condición de apoderado legal de MARÍA AUSTRA FLORES LÓPEZ, OLIVIA MARCELA ZUNIGA CACERES, LAURA YOLANDA ZÚNIGA CÁCERES Y BERTHA ISABEL ZÚNIGA CÁCERES, madre e hijas de Berta Isabel Cáceres Flores, quien fue asesinada el 02 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

El motivo de la presente es en torno a la búsqueda de justicia por este crimen, para que esta sala emita una pronta resolución sobre los recursos de casación interpuestos en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia. Lo anterior, en virtud que este día se cumplen 97 meses de este crimen.

Los responsables de su crimen fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, procesos que se siguen en esta sala bajo el expediente No. 172-2020 y expediente 567-2022. El primero, sentencia condenatoria dictada el 02 de diciembre de 2019 en contra de los autores materiales; el segundo, en contra de Roberto David Castillo, presidente del Consejo de Administración de la empresa DESA, dictada el 20 de junio de 2022.

Los procesos penales en cuestión, a pesar de contar con la sentencia condenatoria, a la fecha, no se ha emitido resolución alguna por parte de esta Sala Penal respecto a los recursos de casación interpuestos por las defensas privadas de los condenados.

Es menester mencionar a esta Sala que el derecho al debido proceso legal, en su garantía de plazo razonable, es un principio fundamental en el sistema jurídico hondureño y en el marco de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que el acceso a la justicia implica que los procesos judiciales deben ser resueltos en un plazo razonable. Asimismo, el Código Procesal Penal establece términos para la emisión de fallos, los cuales ya han sido ampliamente superados en el presente caso.

En vista de lo expuesto, solicito respetuosamente a ustedes, como magistrados de esta Sala Penal que, en aras de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, se emita prontamente la resolución correspondiente en los casos de mérito; confirmando las sentencias condenatorias sometidas a conocimiento de la Sala que ustedes integran desde el mes de febrero de 2023

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud.
Atentamente,
Víctor Antonio Fernández Guzmán
CAH 07134

Señora embajadora de EEUU: ¿Cómo repararán el daño causado a Honduras en su lucha mezquina contra el narcotráfico?

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2024

Sra. Laura Dogu. Embajadora de Estados Unidos en Honduras

Ref: Responsabilidad de EE.UU. en el narcotráfico, violencia y resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado hondureño por respaldo al régimen de Juan Orlando Hernández.

Señora Dogu, 

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el marco del análisis y la reflexión que ha hecho sobre el proceso judicial en contra del ex presidente Juan Orlando Hernández por su participación privilegiada en el tráfico de drogas, reconocemos la importancia de su juzgamiento, pero tenemos la certeza que también debe juzgarse a los actores que han participado de manera directa en la construcción de este modelo de líder político, en el crecimiento del “negocio del narcotráfico” y en la cooptación / destrucción de las instituciones públicas en Honduras , y en ese sentido el Gobierno de los Estados Unidos y la embajada que usted dirige han tenido y tienen una responsabilidad clara e ineludible.

Bajo la tutela de Estados Unidos Juan Orlando Hernández fundó en nuestro país una forma de hacer política ligada al narcotráfico como garantía de financiamiento y éxito, convirtió a Honduras de un país de tránsito de la droga a un país productor y consumidor de la misma, permitió que el lavado de dinero sucio inundara nuestra economía y comprometiera la entrega y concesionamiento de nuestro territorio a carteles, clanes, prestanombres… y lo que es peor, permitieron y financiaron la violencia que se genera a partir de este negocio y contra los que denunciamos y le hacemos frente a este problema.

Obviamente, la responsabilidad primaria y mayúscula la tenemos los hondureños y hondureñas, las autoridades de nuestros gobiernos, pero ustedes, en su afán de hacer justicia y mostrarse al mundo como actores morales universales, validaron, por ejemplo, una reelección ilegal e inconstitucional, y han mantenido, como principal área de financiamiento a un cuerpo policial y militar encargado de hacer la logística a los capos de la droga, nacionales e internacionales. JOH y su grupo criminal lograron, con el respaldo y apoyo directo de su gobierno, imponer un estilo de hacer política, un estilo de “negocios”, que a pesar de declararlo a él como culpable, como es seguro, permanece inalterable en la Honduras de hoy.

Estados Unidos ahora puede darse el crédito de decir que triunfó su justicia porque investigó durante 20 años a JOH, lo capturó, extraditó, procesó y seguramente lo declarará culpable por haber afectado los intereses de su país y su gente, pero tenga claro que su justicia tiene éxito a costa del hundimiento de Honduras, y puesto así, eso no es justicia.

Y esto que le decimos no es retórica, ni queremos evadir las responsabilidades de nuestro país, pero repetimos su gobierno respaldó el Golpe de Estado de 2009, el evento más destructivo para la institucionalidad hondureña en los últimos tiempos, y aplaudieron las elecciones “populares” del 2009 que colocaron fraudulentamente a Pepe Lobo, también ligado al narcotráfico y a la corrupción, y a JOH como presidente del Congreso Nacional, primero y después como presidente fraudulento en las elecciones de 2013 y del 2017, en donde se sostuvo en el poder únicamente por el respaldo político que su gobierno le otorgó y por la fuerza y violencia que los militares y policías hondureños ejercieron en contra del pueblo que protestaba.

En todos esos eventos violentos, las balas financiadas por su gobierno y en manos de militares y policías “capacitados” por su Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC), Comando Sur, DEA.. o por cualquiera de sus instituciones asesinó a muchos de nuestros compañeros y compañeras …

Señora Embajadora … qué le puede responder, por ejemplo, a nuestra compañera Magda Díaz, cuyo esposo, Ramón Fiallos, fue asesinado por militares en el departamento de Atlántida cuando protestaba por el fraude electoral que su gobierno respaldó en 2017…. Esos mismos militares y policías que asesinaron a nuestra gente, son los mismos que sirvieron de socios del narcotráfico a JOH, los mismos que fueron adiestrados en sus escuelas de formación militar y considerados honestos tras un proceso de depuración policial que su gobierno respaldó. 

¿Cómo reconstruimos un país con estas heridas?, ¿Cómo podemos pensar en procesos de cambio reales, cuando un gobierno como el de ustedes antepone una investigación al descalabro de un país?, ¿Qué posibilidad real tenemos de transformar esta nuestra Honduras si ustedes siguen financiando a militares y policías que sofocan con violencia los procesos que, organizaciones como la nuestra, desarrolla para adecentar el manejo público?

Todo lo que le hemos descrito anteriormente, constata que su gobierno tiene una responsabilidad profunda en la tragedia institucional y humana que significó el período de JOH en la presidencia de nuestro país. Frente a esto, como representante política de Estados Unidos le instamos a asumir la responsabilidad de su gobierno, a abstenerse de continuar con la misma forma de “cooperación diplomática” que les permite respaldar a cualquier criminal siempre y cuando ellos respalden su proyecto capitalista en nuestro país.

Señora Embajadora,

 Consideramos que su gobierno debe pedir perdón a las miles de víctimas de los políticos, policías  y militares amaestrados y respaldados por ustedes, por dejar crecer el narcotráfico en Honduras solo para enjuiciar en su territorio a estos criminales y eregirse como falsos salvadores de nuestros pueblos y nuestras democracias…

Nuestro llamado a la población hondureña es para que no le de mayores créditos a un gobierno como el suyo que enjuició a un expresidente de la calaña JOH, pero que lo hizo a costa de nuestro país. Siempre llamamos a que la esperanza y el genuino amor que transforme a Honduras venga de los y las que nacimos en este país y que todos los días trabajamos por su bienestar colectivo.

Este escenario oscuro al que nos arrastró la clase política criminal de nuestro país, con la complicidad de ustedes, debe servir para que surja una nueva forma de relacionarse entre los pueblos, y los Estados, una que emane de los valores y principios que procuran garantizar un mayor respeto, dignidad y sobre todo de humanidad. Sino es así, muchas gracias, pero no queremos su ayuda.

La línea de las narco comunicaciones, informando o lavando la realidad.

En la guerra contra el narcotráfico la sociedad hondureña ha perdido por todos los frentes. Uno de ellos es de cara al rol de los medios de comunicación y en la mediatización, el silencio y a veces hasta la complicidad que han tenido frente al narcotráfico, el lavado y los grupos económicos y políticos que están detrás de estos.

En el juicio que se desarrolla actualmente en NY (pero también en otros que ya han pasado por ese estrado) hemos escuchado que se habla de asesinatos,  secuestros, bolsas de dinero, se habla de autoridades nacionales y locales, de empresarios, bancos, proyectos, en fin de todo …. Y la sociedad no ha tenido la información correcta desde los medios.

Para decirlo claramente los medios se han limitado a describir, en algunos casos, hechos aislados, pero no ha cumplido con su deber de informar para que la sociedad tome decisiones, ni ha generado investigaciones, como es la naturaleza básica de un buen periodismo, para confrontar hechos, políticas y responsabilidades desde la institucionalidad pública. 

Sabemos que no podemos meter a todos en un mismo saco, hay medios y periodistas que se las han jugado, y buena parte de los asesinatos en contra de periodistas seguro que tienen relación a las denuncias o vinculaciones de hechos que estos hacían, pero la mayoría de los medios en Honduras, también pertenecen a esa clase política corrompida, que se nutre económica y políticamente de los poderes oscuros, y que en fin también “tiran línea” sobre quién se puede hablar o sobre qué se puede decir.  

Es decir …¿los medios nos han informado integralmente sobre el avance del narcotráfico en Honduras durante los últimos 20 años o solo nos han mostrado lo que les permiten las estructuras criminales? 

También durante el Juicio contra Juan Orlando Hernández, el papel de los medios de comunicación se ha mantenido en una mera descripción de lo que pasa en la sala, sin proporcionar datos, argumentos, puntos de vista que ayuden en la construcción de un pensamiento crítico para la sociedad hondureña y que se entienda que este tema tiene invadido a cada accionar del estado.

Los medios nos deben a la sociedad el impulsar una línea de pensamiento que obligue a cada sector involucrado a exponer públicamente el cambio, la denuncia, la investigación que surgirá después de este juicio…. Repetimos este no es un juicio solo contra JOH, es un juicio contra Honduras y contra todos los sectores sociales.

Frente a este contexto nos preguntamos, ¿Son los medios de comunicación una herramienta para la estructura del narcotráfico que continuará intacta en el país?, podemos investigar a medios y periodistas que también se lucraron y se lucran a partir del narcotráfico?, ¿Qué ocultan, que no quieren que sepamos y desvían nuestra atención a otros temas?

Sabiendo esto, la credibilidad de los medios de comunicación está en duda y se ha visto plasmada en este juicio con JOH. Como fuente de información los medios tienen una responsabilidad, la de divulgar la verdad, de trascender de la descripción de los hechos a generar opinión crítica y no ser marionetas del sistema opresor corrupto.

Pero no podemos condenar a todos, por otro lado, están los medios populares, comunitarios e independientes que tienen un compromiso con la verdad, la justicia y se oponen a ser parte del juego mediático que se nos ha impuesto el narcomodelo. Son estos medios populares que continúan exigiendo justicia para los mártires que en vida denunciaron y expusieron el podrido sistema hondureño y que su precio fue la muerte. 

¿Cuáles son los cambios que deben generarse a partir del juicio contra JOH… específicamente en áreas como Seguridad y Defensa?

El juicio contra JOH es un juicio en contra del modelo de gestión del Estado y bajo esa premisa es básico preguntar y pujar por cambios concretos en el manejo del ámbito público para ponerle fin a la historia de abuso tras abuso, especialmente en las últimas dos décadas.

Si la magnitud del narcotráfico que se exhibe en Nueva York es muestra del nivel de contaminación de las instituciones y deja clara la inoperancia institucional en cuanto a combatir el crimen, nos cuestionamos, ¿Qué sentido tiene seguir dotando de presupuesto, de capacidad logística a unas estructuras que hoy se mantienen intactas?, ¿están previstos cambios en estas estructuras, investigaciones, deducción de responsabilidades o qué se está pensando desde las actuales autoridades de los tres poderes del Estado?

Desde el MADJ siempre hemos denunciado la confabulación de este sector con el crímen organizado, la militarización del Estado y la normalización de un “Estado Policiaco” y queda demostrado en este juicio que lo que hemos venido financiando  con nuestros impuestos es una gran empresa logística al servicio del narcotráfico, una agencia para “limpiar” a la competencia del “cartel oficial”, para sembrar el miedo en barrios, colonias, comunidades y para facilitar la impunidad de asesinatos como el de Landaverde o el Fiscal contra el Narcotráfico.

Nada más terrible y nefasto que saber que desde nuestros impuestos hemos financiado instituciones y personas terriblemente violentas… asesinas. Estamos obligados a cambiar esto, ojalá que el gobierno recupere su coherencia y cumpla con su promesa de limitar el poderío que los militares y policías han tenido en el país.

Solo para decirlo con cifras. El presupuesto de la Seguridad aumentó en un poco más de una década (2010 – 2024) en un 145% y la Secretaría de Defensa, en el mismo período incrementó en 136%….NINGÚN presupuesto ha aumentado tanto en términos porcentuales, ni salud, ni  educación que son supuestamente prioridades. Actualmente cada una de estas dependencias tiene un presupuesto de un poco más de 11 mil millones, y esta es una realidad en gobiernos nacionalistas, liberales y ahora de libres.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos seguía una investigación que terminó “exitosa” para defender sus intereses y quebrar una estructura del narcotráfico que traficaba en su territorio, a nosotros nos dejó una ausencia total de una institucionalidad creíble….pero insistimos que esto debe convertirse en el punto de cambio que debe generar este juicio contra JOH, caso contrario  solo estaríamos modificando el nombre de los nuevos capos de la droga en Honduras.

¿Hasta qué punto el narcotráfico y el lavado de recursos están metidos en la economía hondureña?

Por mucho que nos parezca, la danza de millones de dólares mencionada en el juicio contra JOH, otorgadas por los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, “para apoyar las campañas políticas”, es una cifra mínima si la dimensionamos con los verdaderos montos de las ganancias que deja el tráfico de droga y el proceso de lavado que esta tiene en la maltrecha economía hondureña.

Si el juicio contra JOH estuviera sirviendo para impulsar procesos de adecentamiento, ya varios sectores deberían haber nombrado, como mínimo, comisiones que investigaran a fondo todos los contratos que el Estado de Honduras firmó con narcotraficantes y sus testaferros y así podríamos tener un listado extenso de proyectos financiados con recursos del narcotráfico que van desde la construcción de carreteras y aeropuertos locales, concesiones para la explotación de minas y ríos como las que hay en Colón y Atlántida o todo tipo de proyectos en el marco de las Alianzas Público – Pivadas…

Pero también, si se investigara a fondo, podríamos saber quiénes están detrás de la construcción de altas torres de edificios, de centros comerciales, de proyectos turísticos de lujo, de un montón de tiendas en las que nunca se ve a un solo cliente, pero perduran por años…

Qué queremos decir… pues que además del secuestro del sistema de justicia y en general de toda la institucionalidad pública, el narcotráfico también tiene secuestrada a nuestra economía ….   

El sector bancario que es el sector económico que más crece en el país no termina de explicar bien (independientemente de sus estados financieros), cuál es la base de su crecimiento, cómo justifican que al menos el nombre de tres bancos ya hayan sido nombrados en el juicio contra JOH… y cómo instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) nunca se dan cuenta de nada…

¿Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Banco Central de Honduras… está regulando algo, evita que el dinero del narcotráfico entre a la economía hondureña o es el principal agente lavador de estos recursos…?

Pero la verdadera pregunta de oro es… ¿qué pasaría con la economía hondureña si se retirara todo el dinero que circula a partir del narcotráfico? La respuesta no la tenemos con exactitud, porque es difícil sumar y multiplicar todo lo que esto significa… aunque algunos calculan que puede representar entre el 30 y el 40% del PIB… podría aguantar la economía hondureña el retiro de estos recursos? Es ético hacernos de la vista gorda en este tema? Existe algún plan por parte del gobierno o de los empresarios/as honestos (que los hay) para revertir esta dependencia?

Ciertamente estamos hablando de mucha, pero mucha plata que distorsiona todo en este país desde el rol de un gobierno y sus instituciones, el rumbo de su crecimiento económico, pero también provoca que el país se vuelva más inequitativo, puesto que los narcotraficantes generan guetos sociales, e invaden con una especie de lujo lugares, servicios, tiendas exclusivas.

Pero de otro lado tenemos una población que se divide entre los que quieren disfrutar de estos placeres aunque sean momentáneos y otros, como nuestros jóvenes migrantes que huyen del país para que no los atrape una mara y los obligue a traficar.

Esos son los extremos que sustentan la economía hondureña: 1) el narcotráfico y su lavado y 2) las remesas… no hay punto de discusión en esto, pero debiera existir un punto para el cambio… ¿será que el gobierno de la presidente Xiomara Castro se plantea este cambio?

Pero como en todo, la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, los sectores sociales debemos reflexionar y actuar sobre cómo nos organizamos para revertir esta realidad que también es herencia del modelo neoliberal-corrupto ….¿cómo, por ejemplo, le damos seguimiento a las actuaciones del BCH, de la CNBS que también son esenciales y marcan el presente y futuro del país?

Como Movimiento Amplio y como parte del Movimiento Popular  tenemos como desafío exigir a los dirigentes de estas instituciones y a los nuevos representantes que hagan un cambio para que el futuro económico descanse sobre la base de negocios legales, humanos, responsables con la naturaleza, que mejoren las condiciones de seguridad del país. Tenemos que asumir un papel más beligerante que proponga alternativas para salir de este modelo narcoeconómico que ha quedado  evidenciado en el juicio en Nueva York.

De Nueva York a Honduras, el pacto de las estructuras criminales 

Ante la evidente vinculación de la institucionalidad hondureña con el narcotráfico en el juicio de JOH y frente a los nuevos nombramientos en el Congreso Nacional; nos cuestionamos: 

¿Será mera coincidencia que mientras en Nueva York se juzga a JOH y a esta forma corrupta de hacer política, la actual administración da continuidad a este modelo mediante acuerdos con partidos políticos y la élite de poder que fueron y son partícipes en la construcción del narcoestado? 

¿Por qué no se público el contenido de este acuerdo político, en un gesto de transparencia, vergüenza y abandono a los históricos y ahora públicos pactos de impunidad entre la rancia dirigencia política hondureña? 

 Además, ¿Qué nos asegura que estos nuevos nombramientos prevén un mejoramiento en el sistema de justicia para el país y que todas las personas implicadas en la corrupción expuestas en el juicio de JOH podrán ser juzgadas en las instituciones nacionales para avanzar en lo mínimo que exige la refundación del país? 

Estamos convencidos de que los nuevos nombramientos, no son los consensos que necesitamos para revertir la cooptación en que se encuentra el Estado de Honduras, altamente evidenciada el juicio de la Corte del distrito Sur. 

Las organizaciones del movimiento popular hondureño debemos asumir un papel más beligerante que nos ubique en un rol de mayor peso e incidencia en la toma de decisiones para construir otra Honduras. Una que pueda juzgar en su propio territorio a los responsables de destruir el sistema de justicia y que a la vez pueda refundar de raíz este país.