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Boletín Informativo MADJ sptiembre 2024
Boletín MADJ Septiembre 2024 Final de Acssa Flores
Boletín Informativo MADJ Enero 2024
MADJ boletín Enero 2024 de Acssa Flores
No más despojo, no más criminalización, no más asesinatos exige el Bloque Popular Campesino e Indígena.
La caminata en defensa de la tierra y el territorio convocada por el Bloque Popular Campesino e Indígena duró aproximadamente 12 horas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, a donde organizaciones indígenas y campesinas nos dimos cita para seguir ejerciendo nuestro reclamo por el derecho a la tierra y el territorio.
El recorrido tuvo varias estaciones en las cuales plasmamos nuestras exigencias ante tanta indiferencia y parcialización del actual gobierno y sus instituciones. Iniciamos nuestra jornada desarrollando un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia donde presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra algunas leyes que fomentan el latifundio y permiten el despojo a los campesinos e indígenas de sus tierras y territorios y que son contrarias a la Constitución.
Seguidamente nos movilizamos a Casa Presidencial a donde la política gubernamental sigue siendo esconderse y no dar soluciones a los problemas del pueblo, allí se esperaba que la Presidenta Xiomara Castro atendiera a las organizaciones que de más de 12 departamentos nos habíamos movilizado para exigir respuestas ante las acciones de la fallida Comisión Nacional de Seguridad Agraria. Nuestra petición no fue escuchada.
Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) donde al igual que en Casa Presidencial no se quería recibir el reclamo campesino e indígena que exige respuestas a los más de 40 desalojos perpetrados hasta hoy y la parcialización que esta institución tiene para con los empresarios a nivel nacional, el Bloque Popular Campesino e indígena exigió la renuncia de quienes están al frente del INA, cerramos nuestra visita a instancia con el acuerdo de sostener una reunión entre ambas partes en los próximos días.
Nuestra cuarta estación fueron los Juzgados de Jurisdicción Nacional, lugar a donde la justicia hondureña está incoando los procesos de criminalización contra los campesinos e indígenas de Honduras acusándoles de delitos que figuran en el Código Penal aprobado durante el último año de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (decreto 93-2021), este Código Penal tiene al menos dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la actual Corte Suprema de Justicia interpuestos por varias de las organizaciones integrantes del Bloque Popular Campesino e Indígena.
Esta movilización también sirvió para desarrollar nuestra jornada de solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente los masacrados por la defensa de su territorio, nuestra quinta estación fue frente a la Embajada de los Estados Unidos a donde exigimos un alto al genocidio contra el pueblo Palestino, exigimos un alto a la injerencia norteamericana en los temas internos del país y demandamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Cerramos nuestra movilización en los bajos del Congreso Nacional a donde los territorios recordamos que las comunidades no han olvidado que “fuimos, somos y seguiremos siendo la verdadera resistencia de Honduras, resistimos a la criminalización, resistimos al despojo, resistimos a los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, resistimos a la indiferencia de este y otros Gobiernos, resistimos todo” cerró diciendo la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional El Progreso organización integrante del Bloque Popular Campesino e indígena.
En libertad se defenderá líder campesino del Aguán falsamente acusado por el Ministerio Público de Honduras.
Jaime Cabrera se presentó voluntariamente ante los juzgados para responder por los delitos que el fiscal del Ministerio Público Beyron Salinas le imputó falsamente para beneficiar a Corporación Dinant en la zona del Aguán en Honduras, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares por lo que el proceso de criminalización continúa abierto.
Cabrera es un líder campesino, defensor de la tierra y el territorio, actualmente es el Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, organización campesina que tiene al menos dos procesos de dialogo con el Gobierno actual para buscar una solución pacífica a la violencia generada en el Aguán por las empresas agroindustriales.
Jaime ha sido falsamente acusado de Usurpación Agravada, Asociación para Delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa que ha sido y es el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.
Por segunda ocasión consecutiva, Jaime se presentó de manera voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional y este día el juez que conoce la causa determinó otorgarle medidas distintas a la prisión y que pueda defenderse en libertad.
Cabrera deberá presentarse el 15 de agosto a una nueva audiencia donde se espera que la justicia desestime todos los cargos falsamente imputados y que este pueda gozar del derecho a la libertad que fue coartado en los últimos meses por la orden de captura que existía en su contra.
Los campesinos y campesinas en la zona del Aguán y en Honduras, mantienen una ardua lucha por recuperar la tierra contra las empresas que a base de violencia les han despojado de miles de parcelas que fueron destinadas por el Estado de Honduras para la reforma agraria desde hace décadas.
Desde las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos celebramos esta victoria popular y agradecemos la solidaridad nacional e internacional que se ha tenido con esta causa que involucra la criminalización de la lucha social en Honduras.
Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán
La Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la situación de extrema violencia que se vive en la zona de El Aguán, especialmente contra la dirigencia de las cooperativas que luchan para asegurar la tenencia de sus tierras. En ese sentido, denunciamos que:
1. Existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán y redoblar las amenazas en contra de cualquier compañero o compañera que luche por la tenencia de su tierra y denuncie las permanentes violaciones a sus derechos humanos. Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria.
2. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato.
3. Condenamos los comentarios de la mafia criminal que opera en la zona y que se disfrazan de empresarios agroindustriales que se quejan de la violencia que ellos mismos promueven. Responsabilizamos a Corporación DINANT y las otras empresas en la zona, de cualquier asesinato en contra de los liderazgos de la Plataforma Agraria y COPA. Estos actores son los mismos que han generado violencia desde hace varios años en el valle de El Aguán ante la vista impune del Ministerio Público
4. Las organizaciones campesinas firmamos convenio con el Estado de Honduras el 22 de febrero de 2022 para abordar la extrema violencia, investigar las violaciones de derechos humanos y asegurar el pleno reconocimiento de la titularidad de la tierra despojada al movimiento campesino. Luego de la firma del Convenio y de las acciones legales impulsadas, las empresas agroindustriales han respondido reactivado las redes criminales para generar más violencia en los últimos meses, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y vigilancia en contra de los y las campesinas que reivindican el derecho de acceso a la tierra. Las consecuencias negativas de este proceso las ha sufrido el movimiento campesino.
5. Rechazamos los comentarios injerencistas y parcializados de la embajadora estadounidense sobre el supuesto incremento de invasiones de tierra. Le aclaramos que, el movimiento campesino reivindica derechos sobre la tierra de la que injustamente está siendo despojada por las empresas agroindustriales corruptas que su gobierno ha apoyado.
6. Finalmente, indicamos que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la vida e integridad personal de los y las campesinas en el valle del Aguán. Son beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, al Estado de Honduras exigimos:
a. Implemente acciones reales y concretas para salvaguardar la vida e integridad personal de los que conformamos el movimiento campesino del Aguán.
b. Que el Ministerio Público inicie una investigación en contra del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz líder de Corporación Dinant por la implementación del plan para asesinar a la dirigencia campesina.
c. Que el Gobierno retome e impulse los acuerdos contemplados en el convenio suscrito el 22 de febrero de 2022 y que proceda a instalar inmediatamente la Comisión Tripartita para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la zona del Aguán.
Los Guaraguao en Pajuiles, conversando por la dignidad
El grupo venezolano «Los Guaraguao» visita el Campamento Digno por el Agua y la Vida, en la comunidad de Pajuiles donde se conmemoraron 2,000 días de lucha y resistencia a la construcción de un proyecto hidroeléctrico
Nuestros compañeros y compañeras desarrollaron junto a Los Guaraguao el “Conversatorio por la dignidad” que tuvo como propósito exponer las luchas de las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio y conocer la historia de lucha del pueblo venezolano representado por el grupo musical.
Los Guaraguao inicialmente fueron un cuarteto musical venezolano formado en 1973. El grupo tenía como mentor al cantante Alí Primera, y como él, pertenece al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y se identifica por un profundo compromiso social e ideológico de sus intérpretes. En mayo de 2022 falleció Luis Suarez quien además de ser fundador del grupo, también era vocalista, actualmente el grupo es compuesto por tres de sus fundadores.
La agrupación tiene seguidores en toda América, especialmente en Centro América, donde sus canciones con contenido social y solidaridad, tuvieron un gran impacto durante los conflictos armados sufridos por la región en los años 1970 y 1980. El nombre de la agrupación proviene de un vocablo aborigen que significa halcón.
El Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
Desde marzo de 2017 funda junto a las comunidades de Pajuiles el Campamento Digno por el Agua y la vida, cuando un grupo de campesinos y campesinas decide oponerse a la construcción de una represa que afectaría el rio Mezapa y las comunidades aledañas.
Las comunidades, en articulación con el MADJ hemos luchado contra el empresario Jason Hawit para defender no solo el rio que sirve de fuente de agua a las comunidades, sino también, hemos luchado por los derechos humanos, porque no queden impunes los delitos cometidos contra ellos y ellas.
Actualmente tres comunidades organizadas en el MADJ mantienen activos estos espacios de decisión y lucha comunitaria, en regiones como Pajuiles, Jilamito y la tribu San Francisco Locomapa: la población ha decidido utilizar este modelo de resistencia que es una apuesta política de nuestra organización.
Milgen Soto y tres años de impunidad
Milgen Idan Soto Ávila es el último de los indígenas asesinado por defender el bosque y el territorio Tolupán como integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hoy se cumplen tres años de su desaparición forzada que culminó con el asesinato y entierro en una fosa clandestina justamente en el lugar a donde el empresario Wilder Domínguez desarrollaba el corte ilegal del bosque en la tribu San Francisco Locomapa.
Milgen fue asesinado por oponerse al saqueo del bosque en su tribu ubicada en el departamento de Yoro, Honduras. Unos días antes había asistido a la audiencia contra nueve de sus compañeros y compañeras indígenas al juzgado de su comunidad, donde con pancarta en mano, denunció el crimen ambiental que se estaba cometiendo en una de las comunidades de la tribu.
Su clamor por Justicia hacia sus hermanos y hermanas indígenas no fue escuchado por la parcializada justicia yoreña y mucho menos a su denuncia les prestaron importancia.
Tras cinco días de desaparición Milgen fue encontrado enterrado en una fosa común el 28 de septiembre de 2019, su cuerpo presentaba un disparo que le causó daños en su corazón y pulmones, de sus homicidas no hay paradero, se han presentado diferentes acciones legales solicitando avances en las investigaciones, pero el Ministerio Público y las demás instituciones parece que no tienen el más mínimo interés en resolver el caso.
En memoria de Milgen la lucha continua en la tribu San Francisco Locomapa donde a pesar de la parcialización de los funcionarios públicos, la resistencia indígena no se rinde, ni se detiene, confiando en que la construcción de la verdadera soberanía nacerá del pueblo y para el pueblo.
En este tercer año de impunidad, desde el MADJ exigimos a los funcionarios, respuestas por este y otros crímenes contra luchadores y luchadoras sociales, pero en especial para los luchadores y luchadoras indígenas.
Sentencia de la corte: Una victoria del pueblo Tolupán, de beneficio para todos los pueblos originarios de Honduras
13 de julio,2022 – San Pedro Sula. La comunidad indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa (SFL), Yoro, logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo emitido en febrero 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS en donde se reconoce la violación a sus derechos por parte de las autoridades municipales de Yoro al negarles, por motivos de discriminación y sectarismo político, acceso a recursos de alimentación y salud.
El 28 de abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu SFL, el MADJ, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE interpusieron una Acción de Amparo para que las autoridades de la Municipalidad de Yoro restituyeran el derecho a la alimentación y a la salud de toda la población de SFL sin ningún tipo de discriminación, luego de comprobarse que la municipalidad llegó a la Tribu, en los primeros meses de la pandemia del COVID, a distribuir alimentos y servicios de salud en el marco del programa Honduras Solidaria, pero lo hicieron únicamente a personas y familias afines políticamente a la Corporación Municipal, discriminando a todos los liderazgos que tienen una historia de lucha por sus derechos humanos y por sus bienes naturales y territoriales.
El 5 de febrero de 2021, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula falló a favor del amparo presentado por el pueblo Tolupán y ordenó, entre otras cosas, que la municipalidad debía elaborar un Plan de Acción Permanente para garantizar el derecho a la alimentación y facilitar de manera inmediata asistencia médica a todos los miembros de la Tribu para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. Además, obliga a reconocer al Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa como un actor válido en la comunidad.
En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa revocó dicha sentencia indicando que no había indicios suficientes para la presunción de que las entregas de ayuda alimentaria y servicios médicos integrales se hubieran realizado de manera selectiva y discriminatoria. El 4 de junio de 2021, a petición del pueblo Tolupán, se solicitó consulta sobre este fallo a la Sala de lo Constitucional.
Un año después, el 10 de mayo de 2022, la Sala de lo Constitucional falla e indica que es procedente otorgar la garantía de Amparo al pueblo Tolupán y ordena nuevamente a la Corporación Municipal de Yoro a “respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa y particularmente, la garantía al derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria”.
La importancia de la sentencia
La Acción de Amparo y la confirmación del fallo por parte de la Sala de lo Constitucional es importante porque genera un precedente en la exigencia pública para que termine la historia de hambre, discriminación y de abandono generalizado que vive la Tribu San Francisco de Locomapa, el pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios en Honduras.
Es un fallo trascendental porque no permite seguir viendo como “normal” la historia de exclusión que, por décadas, sino son siglos, viven los pueblos originarios en Honduras y genera un precedente para que otros pueblos puedan también exigir el cumplimiento de sus derechos por parte de sus autoridades locales y nacionales.
En el marco del trabajo planteado desde el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de SPS, los tolupanes de SFL, junto a las organizaciones que respaldaron el Amparo: Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, realizaron un pequeño censo socio económico en Locomapa que comprueban la realidad del marginamiento histórico y entre otras cifras nos indica lo siguiente:
- Que el 95% de la tribu SFL se encuentra en condiciones de pobreza
- El 43% de las familias en SFL, que son hogares en promedio con 5 personas, tienen ingresos mensuales menores a mil lempiras. En contraste el 93% de estos indica que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de los programas de seguridad social del gobierno.
- El 68% de su población no sabe leer ni, escribir, y solamente 6 personas de toda la tribu registran estudios universitarios, y solo 26 personas (adultos mayores) hablan su lengua originaria el Tol.
- El 62% de los menores en edad de estudiar no lo hacen y el 73% de ellos refiere que no lo hace por falta de recursos y la necesidad de contribuir, a partir del trabajo, con ingresos para sus familias.
- SFL no cuenta con energía eléctrica, manejan su propio sistema de agua y el 51% de las viviendas tiene piso de tierra.
Es un fallo importante porque obliga a las autoridades a no discriminar, a no utilizar los recursos y los servicios públicos para hacer propaganda y satisfacer las necesidades únicamente de sus activistas políticos o con organizaciones afines a sus intereses.
Finalmente, la sentencia es importante porque, aunque el problema de hambre no se resuelve a partir de un fallo judicial y tampoco a partir de los proyectos asistencialistas del gobierno, si es un paso importante para valorar la dignidad y la tenacidad que existe en la lucha diaria de los pueblos originarios por defender sus derechos humanos, naturales y territoriales y en general por mantener la identidad cultural de todo un país.
Dado en San Pedro Sula a los 13 días del mes de julio de 2022.
Foro/asamblea popular, decidamos: la energía como derecho humano
En el marco del #DiaMundialDelAmbiente y del seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Ayuno de la vergüenza, la dignidad y la lucha popular realizado en los bajos del Congreso Nacional, este domingo 5 de junio desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizamos y desarrollamos el foro/asamblea popular, Decidamos: La energía como derecho humano en el que abordamos junto a las comunidades el impacto de la nueva ley de energía eléctrica que se aprobó recientemente en el país y del camino que nos queda por seguir en nuestras luchas.
Esta actividad fue respaldada por habitantes de más de 20 comunidades organizadas para la defensa de los bienes comunes y naturales a nivel nacional, indígenas Lencas y Tolupanes de los pueblos originarios del Honduras, por diputados del departamento de Atlántida y Francisco Morazán integrantes de varias comisiones del Congreso Nacional entre ellas, la comisión de energía y la Comisión de Derechos Humanos, alcaldes de varios municipios de Atlántida y representaciones municipales de Colón.
También estuvieron presentes representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quienes expusieron la difícil y cruda realidad de saqueo que enfrentó la ENEE en los últimos 12 años y el plan de rescate que pretenden poner en marcha, Tomás Rodríguez vice ministro de la Secretaría de energía y Ninoska Alonso, asesora de la ENEE presentaron una radiografía completa de la institución. “En la Empresa Nacional de Energía Electica, ENEE encontramos lo que en la presidencia, el poder ejecutivo llaman el gran agujero fiscal del país, hay una catástrofe financiera sin precedentes, una deuda setenta y cinco mil millones de lempiras que equivale a tres Secretarías de Salud, un déficit fiscal para 2022 de veintidós mil millones de lempiras y fundamentalmente lo que encontramos fue el enriquecimiento exagerado de los generadores privados a costa de los recursos de la ENEE en los últimos 12 años”.
A la actividad asistió también el Gobernador Político y otros funcionarios del Estado originarios del departamento de Atlántida.
Nuestro compañero y coordinador de Asunto Políticos del MADJ, Víctor Fernández manifestó: “En el MADJ estuvimos en asamblea popular. Debatiendo sobre la necesidad de un modelo energético popular; de la gente y para la gente… Respetuoso del «medio ambiente».
Destacó también, la ausencia de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente. “Los de MIAMBIENTE fueron convocados y no llegaron… Pero sobre todo llegó el PUEBLO que no solo defiende el ambiente; sobre todo ejerce y construye poder y soberanía comunitaria en contra del sector económico depredador del ambiente y de la vida… También el PUEBLO ORGANIZADO sigue denunciando la corrupción histórica, la negligencia y la pereza de funcionarios e institucionalidad ambiental de estas Honduras”.
Las comunidades y territorios concluimos que, aunque la ley plantee dialogo y negociaciones entre los empresarios y el Estado, las comunidades no nos sentaremos a dialogar y mucho menos a negociar mientras no exista justicia integral por los daños causados y los delitos cometidos contra nuestros territorios y nuestra gente.
¡Sin justicia no hay dialogo y mucho menos negociación!