EL BOICOT DE LAS ELITES POLÍTICAS AL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO

¿Un ensayo para el fraude de noviembre o qué está en juego?

Las élites políticas del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE, en el marco del caos electoral primario vivido ayer en Honduras, han vuelto a demostrar la calaña corrupta de la que están hechos y la dimensión de su ambición por el poder. Ninguno de los tres puede eludir su responsabilidad en este boicot que a todas luces fue planificado y ejecutado para impedir las elecciones generales, para ensayar el fraude en noviembre o para qué se quiere generar esta inestabilidad.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE a partir de nuestro análisis sobre lo ocurrido este 09 de marzo durante las elecciones primarias y de los efectos que deben preverse de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, señalamos lo siguiente:

  1. Exigimos una investigación seria y objetiva, que determine la responsabilidad penal, civil, administrativa de los responsables personales e institucionales que provocaron el caos logístico en la entrega del material electoral. Estos no son “incidentes” como quiere llamárseles, son delitos que fueron planificados y ejecutados. Hay responsables por acción y por omisión y están en las dirigencias y en las élites de los tres partidos políticos.
  2. Denunciamos la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, por su actitud “extrañamente contemplativa y complaciente” y hasta servil ante el caos generado en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde las FFAA tenían exclusividad constitucional para la custodia y el traslado en tiempo y forma de los materiales electorales. 
  3. Exigimos un informe sobre el uso del recurso biométrico, Queremos un informe claro y real sobre el uso del dispositivo biométrico, Exigimos una investigación seria y objetiva, con participación de calidad de observadores de todos los partidos políticos y candidaturas independientes, sobre los problemas presentados con el dispositivo biométrico. Ya no tenemos confianza en que, además del boicot logístico, exista un boicot tecnológico al cual no se le está dando relevancia y ha costado al pueblo más de 500 millones de Lempiras 
  4. ¡Exigimos al Congreso Nacional la reforma electoral YA! para no volver a pagar de nuestros impuestos elecciones internas/primarias. Es simplemente un abuso descomunal que la población pague el costo de elecciones internas/primarias como las de ayer, que además del caos son un acto de corrupción. Escoger a los PRECANDIDATOS en cada uno de los partidos, debe ser una responsabilidad que debe pagarla el partido, no la población. 
  5. Estas elecciones primarias son un acto de corrupción y debe ser sancionado. El deliberado caos de las elecciones primarias, el uso a medias del sistema biométrico, las fallas con las antenas de internet para la transmisión de resultados, la evasión de protocolos de compras…TODO es un gran acto de corrupción y debe ser investigado de esta manera…Estamos pagando 2 mil millones de lempiras por el proceso electoral de este año y solo en impresión de papeletas, algunas absurdas como la de LIBRE a nivel presidencial nos están costando 250 millones de lempiras. 

De igual forma, debemos exigir la reforma legal para que candidato que no cumpla con los requisitos de la Unidad de Política Limpia, simplemente no pueda participar. No podemos seguir tolerando que apenas un tercio de los candidatos haya presentado su cuenta bancaria ante esta dependencia. El MP debe abrir un proceso de investigación para conocer el origen de los recursos de las campañas e imponer las sanciones correspondientes.

Desde el MADJ, el BED y FUNDAMBIENTE, hacemos un llamado enérgico a las bases del Partido Nacional, Liberal y de LIBRE para que reflexionen sobre el atropello y el irrespeto que las dirigencias de estos partidos han cometido contra ustedes. El pueblo es el gran perdedor en estas elecciones primarias, democráticamente fracasadas. A la fuerza, se imponen los liderazgos que las cúpulas partidarias quieren, mientras, con nuestros impuestos, financian este circo millonario, en lugar de invertir esos recursos en salud, educación o transporte.

Creemos que es momento de decir BASTA. De cara a las elecciones generales de noviembre, les instamos a buscar alternativas en otros partidos o en candidaturas independientes, que las hay, y que representan opciones honestas, transparentes y más cercanas a las necesidades del pueblo. Los miles de votos nulos y votos en blanco en estas primarias son un claro indicativo del hartazgo ciudadano.

Finalmente, 

  1. El proceso primario ha replicado los vicios históricos que han marcado la política hondureña: candidaturas impuestas por sectores vinculados al narcotráfico, al golpismo de 2009 y a élites económicas responsables del desmantelamiento institucional. Las figuras que hoy encabezan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han permitido que líderes honestos sean desplazados por maquinarias clientelares, perpetuando un ciclo de impunidad que traiciona las demandas populares de justicia, transparencia y confianza en las instituciones. Este continuismo no solo deslegitima el proceso electoral, sino que profundiza la desesperanza en un pueblo que clama por un cambio verdadero.
  1. ¿Dónde están las diferencias sustanciales de este proceso electoral?  Estamos inmersos en un proceso electoral que, lejos de innovar, repite las mismas falencias de los procesos anteriores. La contienda ha sido dominada por los antiguos gestores de la crisis de 2009 y por figuras vinculadas al narcotráfico. Xiomara Castro, Luis Rolando Redondo Guifarro y Rebeca Lizette Ráquel Obando, en su condición de máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son responsables de que el pueblo hondureño continúe siendo obligado a participar en contiendas electorales donde la ciudadanía es obligada a elegir los eternos representantes de los sectores mafiosos. Otra vez, le han fallado al pueblo hondureño, que tanto anhelaba un retorno a una democracia ciudadana y popular.
  2. Denunciamos la condescendencia de la justicia electoral con estructuras y personas vinculadas al crimen organizado y postulándose a cargos de elección. La justicia electoral y al límite el Poder Judicial debió atender y actuar de oficio ante la solicitud de retirar la personalidad jurídica al Partido Nacional por su vinculación orgánica a las estructuras criminales más nefastas de la historia hondureña. Al no adecentar los partidos políticos, los candidatos enquistados en el poder, favorecidos por las economías del crimen y en posiciones de privilegio, continúan imponiéndose como mafias sobre liderazgos ciudadanos honestos conectados a las demandas del pueblo. ¿Por qué tanta condescendencia de parte de los poderes del Estado con las estructuras manchadas por la corrupción y el narcotráfico, que tanto daño han causado a la nación hondureña?
  3. Lamentamos que el gran actor en la contienda electoral interna sea la abstención de la ciudadanía. ¿Abstención exclusiva al tripartidismo o, más bien, un gesto contestatario ante la demostración de falta de credibilidad de todo el proceso electoral y los partidos involucrados? Sea cual sea la razón, queda en evidencia la apatía de una población que no encuentra en las urnas una vía para expresar sus demandas. Esta abstención es un llamado urgente a repensar el sistema político en su totalidad.
  4. El modelo clientelar se ha perpetuado de manera institucionalizada, generando una competencia desigual que beneficia exclusivamente a unos pocos. Las candidaturas seleccionadas son, en su mayoría, aquellas que cuentan con mayores recursos económicos, provenientes de instituciones sociales del Estado y de la empresa privada. Esta dinámica no sólo desvirtúa la esencia de la democracia, sino que manipula la voluntad popular, privilegiando intereses particulares sobre las necesidades colectivas. Es una práctica que corroe la confianza en el sistema y excluye a quienes no tienen acceso a estos recursos, perpetuando así un ciclo de desigualdad e injusticia.

Hondureños y hondureñas, 

Los partidos políticos han sido penetrados de manera perversa por el narcotráfico y los grupos de poder económico, mientras sus estructuras están dominadas por funcionarios incapaces y corruptos. Ante esta realidad, al pueblo hondureño no nos queda más que explorar y construir nuevas formas ciudadanas de acceso al poder, constitucionalmente viables y verdaderamente democráticas, que rompan con este ciclo de opresión y desesperanza.

Hacemos un llamado urgente a la población hondureña a levantar su voz frente al abuso, la burla y el oprobio al que hemos sido sometidos. Nos esperan nueve meses cruciales en los que debemos hacer valer nuestros derechos, exigir respeto a la voluntad popular y transparencia en todos los procesos. Es hora de enfrentar a la dirigencia político-empresarial corrupta y apátrida, que cada cuatro años convierte las elecciones en un mecanismo para perpetuarse en el poder, mientras la miseria y la desigualdad siguen devastando a nuestro pueblo.

Ciudadanas y ciudadanos, es momento de revestirnos de dignidad y sacudirnos toda la podredumbre que nos han impuesto. Debemos fortalecer los espacios de participación activa, organizarnos y exigir el cambio de aquellas dirigencias políticas que solo sirven para minar las posibilidades de avanzar hacia un verdadero Estado de derecho. La democracia no se reduce a votar cada cuatro años, es, ante todo, el derecho a decidir quiénes nos gobiernan y cómo lo hacen.

¡La esperanza no está perdida, pero debe ser organizada y combativa! Juntos y juntas, podemos construir una Honduras donde la dignidad, la justicia y la transparencia sean los pilares de nuestro futuro. 

San Pedro Sula, 10 de marzo de 2025

Elsa Guevara: «El valor de luchar por la tierra y la igualdad»

Desde Marcala, La Paz, Elsa Guevara se alza como una voz incansable en la defensa de los derechos de las mujeres y la recuperación de tierras para las familias más vulnerables. Su historia es un testimonio de fortaleza y determinación, forjado en un contexto de desigualdad y carencias, pero también de esperanza y solidaridad.

Luchando por un legado de justicia
Elsa se unió al Consejo Indígena Renacer en un momento crucial: «Ingresé un día antes de la posesión de la tierra», recuerda, impulsada por la necesidad de asegurar un futuro para sus hijos. En Marcala, donde las oportunidades laborales son escasas, muchas familias no tienen acceso a una vivienda digna. Este panorama llevó a Elsa a comprometerse con la causa de la recuperación de tierras, a pesar de los miedos iniciales. “Luchamos por los que no tienen dónde vivir, por aquellos que no pueden pagar un alquiler”, explica.

En este proceso, Elsa ha aprendido sobre organización comunitaria y resistencia pacífica, siendo testigo y parte activa de los esfuerzos por transformar las condiciones de vida en su comunidad. “Nos unimos porque juntos somos más fuertes”, enfatiza.

Rompiendo cadenas de violencia y desigualdad
Como mujer, Elsa también enfrenta desafíos particulares en un entorno marcado por el machismo y la violencia de género. Su experiencia personal con el maltrato se convirtió en una chispa de empoderamiento. “Yo sufrí maltrato por parte de una pareja, pero encontré la fuerza para salir adelante. Hoy no permito que nadie me domine, ni aunque sea el más poderoso del mundo”, declara con firmeza.

Este aprendizaje personal ha fortalecido su convicción de que las mujeres tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo. “Las mujeres somos astutas y fuertes. Podemos levantarnos de las cenizas si queremos”, afirma Elsa, enviando un mensaje poderoso a quienes enfrentan situaciones similares.

Una lucha con raíces profundas
Originaria de Marcala, Elsa sabe que la defensa del territorio es también una defensa de la vida misma. Su papel en el Consejo Indígena Renacer trasciende las fronteras de su comunidad, inspirando a otros a tomar acción y reconocer que la lucha por la igualdad de derechos y la dignidad no tiene género ni límites.

Estar aquí no es solo para nosotros, es para dejar un legado a nuestros hijos”, concluye Elsa, cuya valentía y determinación son un faro de esperanza para las familias de Marcala y más allá.

Esta es Elsa Guevara: una mujer que no solo lucha por un pedazo de tierra, sino por un futuro más justo y digno para todos.

Sonia Villanueva: “La lucha por la tierra es la lucha por nuestro futuro y dignidad”

Sonia Villanueva, lideresa del Consejo Indígena Renacer, es un ejemplo de coraje y determinación en la defensa de los derechos de las mujeres del pueblo Lenca en Marcala, La Paz. Desde temprana edad, Sonia ha estado vinculada a la lucha por la reivindicación de la tierra, un tema que atraviesa generaciones en su comunidad.

“Nací y crecí en esta tierra de recuperación, y desde niña comprendí la importancia de mantenerla para las futuras generaciones”, comparte Sonia, quien describe su trayectoria como una travesía llena de obstáculos, pero también de orgullo y esperanza. Enfrentándose a la discriminación y la amenaza constante de desalojo, su voz se ha erigido como un emblema de resistencia.

A pesar de los riesgos y la violencia ejercida por poderes locales y familias terratenientes, Sonia y las mujeres que la rodean han demostrado que la unión y el empoderamiento femenino pueden desafiar cualquier barrera. “Nos han despojado y tratado de silenciar, pero seguimos firmes. Esta tierra es nuestra, y luchamos por ella no solo por nosotras, sino por nuestros hijos y su futuro”, afirma.

En los últimos dos años, el Consejo Indígena Renacer ha mantenido la ocupación de tierras ancestrales, logrando producir y sostener a sus familias a través de un comercio comunitario fortalecido. Sin embargo, la lucha no ha estado exenta de represión. “Hemos sufrido desalojos, algunos ejecutados ilegalmente, y hemos enfrentado persecución por parte de las autoridades que solo protegen los intereses de las élites”, denuncia Sonia.

A pesar de los desalojos y agresiones, Sonia sostiene que la clave ha sido la educación y la concienciación de los derechos. “Si no conocemos nuestros derechos, nunca levantaremos la voz. Por eso es fundamental que las mujeres se empoderen, que sepan que tienen un pensamiento valioso y capacidades para liderar”, recalca.

Sonia envía un mensaje contundente a las mujeres que aún dudan en unirse a la lucha: “Necesitamos que se sumen, que digan basta. Nosotras tenemos voz y debemos usarla para defender lo que por derecho nos pertenece. Este es un llamado a ser las comandantes de nuestras vidas y protectoras de nuestra tierra y futuro”. El legado de Sonia Villanueva y del Consejo Renacer es un recordatorio de que la defensa de los derechos de las mujeres y la tierra es una batalla colectiva. Una que, aunque llena de desafíos, está cargada de esperanza y una inquebrantable fe en que el cambio es posible.

Florinda Antonio: «La unión y el conocimiento nos hacen más fuertes»

Desde Marcala, La Paz, Florinda Antonio Romero Márquez, integrante del Consejo Indígena Renacer, comparte su historia y la lucha que define su vida. Su compromiso no solo está en la recuperación de tierras, sino en el empoderamiento de las mujeres y la construcción de una comunidad más justa y unida.

Un legado para las nuevas generaciones
Florinda llegó al Consejo cuando este ya llevaba seis días trabajando en el terreno. Al principio, su participación estaba marcada por el aprendizaje: «He obtenido el conocimiento de nuestras raíces y derechos, porque muchas veces no los conocemos y, por eso, se nos violan». Este espacio no solo le enseñó sobre derechos, sino también sobre el poder de la unión: “Aquí he experimentado que el compañerismo y la unión son la clave para vencer, porque donde no hay unión no hay fuerza”.

Hoy, esas tierras abandonadas son campos fértiles cultivados por las familias que forman parte del Consejo. Sandías, maíz, frijoles y huertas florecen como símbolo del esfuerzo colectivo y la resiliencia. Florinda sueña con un futuro donde estas tierras estén legalmente en manos de las familias que las trabajan, siendo un legado digno para sus hijos y los jóvenes que han tomado un papel activo en esta lucha. “Nos motiva ver a los jóvenes liderar; son ellos quienes heredan lo que tanto nos ha costado”.

Empoderamiento y voz para las mujeres
Florinda también ha vivido la lucha por la igualdad de género dentro del Consejo. “Como mujeres hemos sido marginadas, pero aquí aprendimos a defendernos, a conocer nuestros derechos y a practicar la igualdad. Ahora somos parte activa de las decisiones; incluso nuestra presidenta actual es una mujer”, destaca.

Para Florinda, la lucha no se limita a las tierras. Es un llamado a las mujeres para que se levanten, conozcan sus derechos y desafíen las estructuras de poder que las oprimen. «Creo que la mujer hoy está empoderada, pero es vital que levantemos nuestra voz, porque la igualdad debemos hacerla vida».

Un ejemplo de esperanza y transformación
Florinda Antonio es el reflejo de cómo el conocimiento y la unidad pueden transformar vidas y comunidades. Su compromiso con el Consejo Indígena Renacer no solo le ha permitido cambiar su realidad, sino también construir un camino hacia un futuro más justo para quienes vienen detrás.

“Estas tierras son nuestras. Lo que hemos cultivado no solo alimenta nuestros cuerpos, sino también nuestra esperanza y convicción de que unidas podemos lograrlo todo”, concluye Florinda.

COMUNICADO PÚBLICO, JUSTICIA PARA MILGEN SOTO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), ante la reciente acusación y captura en contra de los implicados en el asesinato del líder indígena Tolupán Milgen Idan Soto, ocurrido en septiembre de 2019, manifiesta lo siguiente:

  1. Saludamos la captura y formal acusación contra José Alberto Alonzo Vieda, expresidente del Consejo Directivo de la Tribu San Francisco de Locomapa, así como de Osman Varela, Marvin Cabrera, Rafael Matute y José Adalid, quienes son autores materiales del asesinato de Milgen Idan Soto. Reconocemos este hecho como un paso importante en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra el pueblo tolupán.
  • Manifestamos que esta estructura criminal ha venido siendo denunciada por el Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa desde hace ya más de 10 años, por el saqueo de los bienes naturales y comunes de la tribu y la comisión de delitos como asesinato, hostigamiento y amenazas en contra de quienes defienden el bosque, su territorio y sus derechos.
  • Reiteramos que la justicia no debe limitarse a estas capturas y pedimos al Ministerio Público para que extiendan su investigación hacia la empresa INMARE y sus propietarios, por estar relacionados directamente con la venta ilegal de madera de la tribu y encontrase vinculados con la estructura criminal liderada por José Alberto Alonzo Vieda en la zona.
  • Apelamos a la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales que reivindican la defensa de los derechos humanos, para que se sumen a la exigencia al Estado de Honduras para que responsabilice a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Milgen Soto.
  • Urgimos al Estado de Honduras a que garantice la protección de las víctimas, sus familias y todos los miembros de la tribu San Francisco de Locomapa que han sido amenazados y perseguidos por la defensa de su territorio, organizados en el MADJ. Exigimos la implementación de medidas efectivas de seguridad para prevenir represalias por parte de las personas encauzadas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con la lucha contra la impunidad en Honduras. Continuaremos acompañando al pueblo tolupán en su demanda de verdad y justicia, litigando el caso en representación de las víctimas ante la justicia hondureña para procurar quee se haga justicia por este crimen.

¡Justicia para Milgen Idan Soto!

¡Justicia para el pueblo Tolupán!

San Pedro Sula, Honduras – 28 de febrero de 2025.

Bufete Estudios para la Dignidad

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Consejo Preventivo de Tribu

POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO POPULAR Y SOCIAL HONDUREÑO

Frente a los desalojos violentos y la persecución de comunidades campesinas en Honduras de Yoro y el Bajo Aguan

El Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH) expresa su preocupación y profunda indignación por los recientes desalojos violentos y la creciente persecución contra las comunidades campesinas en Honduras. Estos hechos no solo representan una violación flagrante a los derechos humanos, sino también una traición a los principios de la reforma agraria y los compromisos asumidos por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para resolver la crisis agraria.

El 22 de enero de 2025, en Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, 250 familias del Movimiento «Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro» fueron brutalmente desalojadas en favor de la empresa Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA), que ocupa ilegalmente tierras destinadas a la reforma agraria en el Valle de Sula. Este desalojo, ejecutado por aproximadamente 1,000 elementos policiales y 300 trabajadores de AZUNOSA disfrazados de policías, dejó un saldo de 300 manzanas de cultivos destruidos, 150 chozas arrasadas, y cientos de familias despojadas de su hogar y sustento.

De manera similar, en el Bajo Aguán, comunidades organizadas bajo la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfrentan constantes agresiones, desalojos violentos y campañas de odio promovidas por corporaciones como DINANT y sectores económicos vinculados al poder político. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una maquinaria de despojo que utiliza la violencia, la desinformación y la impunidad para debilitar la resistencia campesina y concentrar aún más la tierra en manos de unos pocos.

Denunciamos y rechazamos:

  1. La alianza entre el Estado y el capital agroindustrial para facilitar el despojo de tierras campesinas mediante desalojos violentos, criminalización y persecución de liderazgos sociales.
  2. El incumplimiento del Instituto Nacional Agrario (INA), la Presidencia de la República y la Comisión Agraria en la recuperación de tierras usurpadas por ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios, quienes actúan con total impunidad gracias al fraude, la corrupción y la violencia.
  3. La falta de transparencia y justicia en el manejo de las tierras en ociosidad, que deberían ser adjudicadas a familias campesinas en lugar de favorecer a empresas vinculadas a la agroindustria usurpadoras de la tierra destinada a la reforma agraria.

Demandamos:

  1. La derogación inmediata del Decreto 93-2021, que criminaliza y agrava la persecución contra el campesinado hondureño.
  2. El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Xiomara Castro en relación con la reforma agraria y la resolución de la crisis del agro, especialmente en el Bajo Aguán.
  3. La publicación inmediata de un censo de tierras en ociosidad y un plan claro para su adjudicación a familias campesinas.
  4. El cese inmediato de los desalojos violentos, garantizando la reubicación digna y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
  5. La reforma integral del sistema judicial hondureño, incluyendo la elección de magistrados y magistradas comprometidos con la justicia social, que garanticen la tutela de los derechos campesinos y no actúen como cómplices del despojo.
  6. Investigaciones rigurosas e imparciales para sancionar a los responsables de los desalojos y violaciones a derechos humanos, incluyendo a empresas como AZUNOSA y DINANT, así como a los funcionarios públicos involucrados.

Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sociales y populares, tanto nacionales como internacionales, a mantenerse vigilantes y solidarias frente a estas agresiones. Es fundamental fortalecer nuestra autonomía organizativa y nuestra capacidad de articulación para enfrentar la violencia del modelo extractivista y construir alternativas que prioricen la vida, la dignidad y la soberanía de nuestras comunidades.

Reafirmamos nuestra lucha por un modelo agrario justo y sostenible, basado en el respeto a la tierra como bien común y no como mercancía. La reforma agraria debe ser una prioridad estatal que garantice justicia histórica para el campesinado hondureño, cumpliendo con las demandas de quienes han sostenido la vida y el territorio con su esfuerzo y resistencia.

¡Por la vida, la tierra y la justicia, seguimos en resistencia!

Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH)

Honduras, 22 de enero de 2025

Conducción Política Nacional

  • Plataforma Palagua
  • Coordinadora Ambiental indígena y Campesina de La Paz
  • ADEPZA [Península de Zacate Grande]
  • Consejo Renacer Marcala
  • CNTC– El Progreso
  • Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro
  • Plataforma Agraria del Bajo Aguan
  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Bufete Estudios para la Dignidad [BED)
  • Centro de Reflexión y Estudios Ecuménicos para la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (CREDHO)

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA

“A las comunidades en resistencia, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional” El Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), en coherencia con nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la democracia, los bienes comunes naturales, la justicia social y la dignidad de los pueblos, nos dirigimos al sector social, a los actores políticos y económicos, a los medios de comunicación y al pueblo hondureño en general, en cierre del tercer año de Gobierno de Xiomara Castro [Libre] y en el contexto del proceso electoral de 2025,  para expresar lo siguiente:

1.       Al cumplir el tercer año de gobierno el inicio del cierre de la administración del Partido Libre, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia [MADJ] volvemos a señalar con claridad, contundencia y con experiencias vividas, que esta administración ha quedado en deuda con las grandes demandas de justicia social, defensa del territorio y transformaciones estructurales que movilizan al pueblo hondureño. Reconocemos que han avanzado en la asimilación de discursivos cercanos al pueblo, y acciones dispersas como paliativos a emergencias coyunturales pero las promesas reales de cambio no han logrado materializarse en una mejora tangible para las mayorías empobrecidas de este país. Lejos estamos de una justicia real que condene a las estructuras del crimen enquistadas en partidos políticos, instituciones de gobierno, actores económicos. No hay ni en un freno efectivo a las políticas extractivistas y de explotación desmedida de la naturaleza. Las políticas militarescas para resolver crisis sociales una vez más bajo su gobierno han demostrado que no son el camino. Otra vez, les llamamos, en la recta final de su mandato, a que desanden el camino de la comodidad y la negociación y que asuman su responsabilidad con el pueblo.

2.       Desde nuestro compromiso y lucha por una Democracia radical, llamamos a la sociedad hondureña, a los actores políticos y económicos que tiene amor por este país, a adecentar la política; para que el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino. Reconocemos los procesos electorales son un componente fundamental de la vida democrática de un país, pero una verdadera democracia no puede limitarse únicamente a las urnas, especialmente cuando estas son controladas por las élites, el crimen y el capital manchado de sangre. Por eso, urgimos al pueblo hondureño a participar de manera crítica y activa en este proceso electoral, evaluando propuestas, denunciando prácticas clientelistas, fraudulentas y exigiendo transparencia. Conscientes que más allá del acto de votar, el verdadero poder está en la organización, la vigilancia ciudadana y la construcción de alternativas desde las bases.

3.       Denunciamos con firmeza el pacto de impunidad que se refleja en las papeletas electorales, donde personajes con procesos legales pendientes y vínculos con actos de corrupción y violencia figuran como candidatos a la presidencia y otros cargos públicos. Este escenario no solo perpetúa la desconfianza hacia el sistema electoral, sino que además evidencia que las instituciones han sido capturadas por quienes son el rostro del crimen organizado y la injusticia en Honduras.

4.       Saludamos el surgimiento de Proyectos Sociopolíticos bajo la figura de Candidaturas Independientes expresiones de resistencia política frente a un sistema dominado por partidos tradicionales que han perdido legitimidad ante el pueblo y perpetuado la crisis. Les llamamos a que asuman con responsabilidad, catadura moral y ética estas iniciativas, para que las candidaturas sean una oportunidad para rescatar el verdadero sentido de la política y replantear un proyecto social y económico comprometido con los intereses de las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, enfatizamos que las candidaturas independientes, aunque necesarias, no son en sí mismas la solución definitiva. El movimiento popular y Social de Honduras, tiene el deber de continuar debatiendo y construyendo un Instrumento Político representativo, autónomo y profundamente arraigado en las luchas sociales. Esta búsqueda es un camino que debe mantenerse en debate, abierto, honesto y colectivo.

5.       Como movimiento territorial popular y social, nuestra misión está profundamente arraigada en las resistencias territoriales, la construcción del poder popular y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Por ello, reafirmamos nuestra independencia frente a los partidos políticos, las candidaturas independientes y cualquier esfuerzo político-electoral del momento. Mantenemos nuestra postura crítica y de denuncia hacia las prácticas de la política tradicional partidista y una crítica constructiva hacia los esfuerzos políticos independientes que merecen nuestro apoyo, siempre que estos se enmarquen dentro de la coherencia con nuestros principios de dignidad, justicia, participación ciudadana y la emancipación de nuestro pueblo.

6.       Llamamos a las organizaciones representativas de diversos sectores sociales y populares de Honduras para fortalecer la articulación nacional frente a la incertidumbre electoral. Asumamos nuestro rol como sujeto político colectivo, con autonomía de palabra y acción, para irrumpir en el escenario de las hegemonías perpetuadoras de la dominación con propuestas concretas que combinan la resistencia territorial rural y urbana, con la formulación de un horizonte político más amplio, capaz de articular las luchas locales y nacionales que permita encontrar soluciones audaces para sectores sociales más postergados, humillados y empobrecidos del Honduras.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con Honduras, en vínculo solidario con los pueblos del mundo, que luchan, resisten y construyen alternativas ante la opresión.  El pueblo vencerá, porque la dignidad no se rinde, la esperanza no muere, y la justicia llegará. ¡Con el pueblo, Hasta la Dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

22 de enero de 2025

Encuentro regional del movimiento popular hondureño y el pueblo Lenca

21 organizaciones, representadas por más de 150 liderazgos de la región centro-occidental de Honduras, (La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, La Esperanza) y representaciones importantes de los departamentos de Colon, Atlántida y Cortes, aglutinadas en el Movimiento Popular y Social hondureño (MPSH) desarrollaron el II Encuentro regional, el 22 de junio, en la sede del Consejo Lenca Indígena Renacer (CIL), Marcala, La Paz.

Desde distintas voces se remarcó que las organizaciones de la región y del país somos importantes, pero lo somos más, en la medida que asumimos la articulación en perspectiva nacional y reafirmamos el compromiso de consolidar cada organización, profundizar la articulación nacional e internacional.

Determinamos que es prioridad seguir impulsando la unidad de la región, sin mezquindad y sin privilegios. Desde la autonomía del pueblo lenca. Asumimos la defensa de nuestros territorios, los bienes comunes y la lucha por el acceso a la tierra, en especial para las mujeres, como garantía de la soberanía alimentaria y desarrollo comunitario popular.

Hoy, más que nunca, nos asiste la claridad de que no queremos ser subordinados de ningún partido, en particular de aquellos que instrumentalizan nuestros espacios, usurpan nuestro discurso, mientras sus acciones revestidas de militarismo se distancian del pueblo y del campo popular. Rechazamos el retorno de los grupos conservadores y políticos tradicionales orquestadores de la profunda crisis del país, que entregaron el territorio nacional y dieron la institucionalidad a grupos criminales para delinquir desde el estado.

Nos llamamos a continuar exigiendo respuestas concretas y contundentes ante las diferentes reivindicaciones sociales, económicas y ambientales y acordamos discutir, hasta lograr un consenso, sobre instrumento político del campo popular, que guíe el avance de las demandas, establezca con claridad el posicionamiento ante el nuevo proceso electoral y profundice la lucha para lograr los cambios estructurales que el país necesita. Desde enero de 2024, venimos avanzado en un trabajo sostenido y creciente, articulando distintos espacios para dar vida al proyecto político del campo popular con autonomía de pensamiento y acción. En este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir empujando la historia para que el movimiento popular hondureño, digno, autónomo y fuerte sea el protagonista de las transformaciones que nuestra sociedad necesita.  Anunciamos nuestro tercer encuentro en el término de dos meses para la región sur del país y urgimos a las distintas organizaciones a que nos encontremos para pensar y construir propuestas de país desde la unidad popular, estratégica y a largo plazo. 

Juan Orlando Hernández es culpable y está condenado, pero… ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que deja este caso para Honduras?

Juan Orlando Hernández, el narcotraficante respaldado por los Estados Unidos, gobernó Honduras desde el 2014 al 2021 y convirtió el país en un narcoestado, por lo cual ahora ha sido sentenciado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. 

Se puede pensar que con esa condena no se genera ningún escarmiento a la sociedad, ya que cualquier joven aventurero, necesitado de algo de dinero, seguro que le es tentadora la idea de ser narco, aun con el riesgo de ser condenado, con tal de volverse multimillonario unas décadas después. Porque tras el cumplimiento de tales penas tiene garantizado salir libre y con suficiente vida y dinero, contando con una tercera edad que le permite disfrutar de lo añorado. Con penas así, Estados Unidos se asegura que Honduras continuará atada a la narcodelincuencia y nos tendrá eternamente en sus manos. Y es que de alguna manera se repite la traición de Heide Fulton al legitimar el golpe de Estado de 2017 y ahora Castell haciendo del narcotráfico una actividad peligrosa y al mismo tiempo atrayente en el contexto de un pueblo que se disputa el primer lugar en pobreza y miseria a nivel continental.

 En su pasado mes de marzo, el Movimiento Amplio y Bufete Dignidad expresamos diariamente nuestros puntos de vista mientras avanzaba el juicio contra JOH y nos cansamos de preguntarnos ¿Qué pasará con Honduras después del juicio y la condena? ¿Qué papel debe asumir la actual administración del país? ¿qué acciones debe asumir inmediatamente el movimiento social popular para hacer prevalecer la dignidad y derechos del pueblo?

Ahora, a dos meses después del juicio y frente a la sentencia dictada, demandamos del Estado de Honduras, desde los tres poderes constitucionales, acciones contundentes y cambios reales que permitan recuperar plenamente el carácter soberano de la nación hondureña, lo cual debe pasar obviamente porque  se juzgue a cada uno de los funcionarios de la banda de JOH que se constituyeron en narcogobierno y se castigue a las diferentes estructuras criminales que fomentaron el odio y el desprecio por la vida en todo el territorio nacional.

Es lamentable que los medios de comunicación social reaccionan a esta condena desde una perspectiva meramente sensacionalista, enfatizando más el posible regreso de JOH tras la apelación anunciada inmediatamente después de la sentencia; dejando de lado lo que de verdad importa, como ser el significado que tiene para Honduras y su población esta condena. Y pese a que no era la condena que muchos esperaban, se juzgó al cabecilla de esa estructura criminal que ha hundido el país y faltan muchos más. Sin embargo, los medios de comunicación siguen fabricando cortinas de distracción con noticias irrelevantes, llevando a la población a la ignorancia y desinformación. A estos periodistas y medios de prensa les hacemos un llamado a ejercer con dignidad su profesión, a que sean fuente de información para que se pueda hacer justicia para Honduras y a la vez sacarla de donde la dejó JOH y su banda.

En ese sentido declaramos que a pesar de que la condena no nos deja satisfechos en nuestro afán de lograr mínima justicia, lo menos que debe suceder en Honduras es lo siguiente:

  1. Desmontar y enjuiciar la estructura criminal -incrustada en todos los poderes del Estado- que respaldó y se benefició del accionar criminal del clan Hernández Alvarado y, por otro lado, que el gobierno de la refundación se comprometa con no continuar premiando con dádivas y nuevas funciones a los adláteres del narcodictador, como vergonzosamente está ocurriendo. ¿Tenemos un actual gobierno distinto radicalmente del narcogobierno de JOH o la estructura narco criminal de JOH va a continuar intacta en el actual gobierno?
  2. Perseguir penalmente, por los delitos que por acción u omisión cometieron militares, policías, ministros, diputados, magistrados y todos los funcionarios a diferentes niveles que tuvieron el deber legal y constitucional de detener el avance criminal de la estructura de los Hernández Alvarado.
  3. Cancelar aquellas organizaciones, como Iglesias y ONG´s que funcionaron como fachada para asaltar el Estado de Honduras y maquillar la narcodictadura; y, al mismo tiempo, inhabilitar la estructura legal político partidaria que facilitó la llegada al poder a JOH para que operara y saqueara el Estado.  La pervivencia de estas instituciones amenaza con el retorno a un nuevo narcoestado como posibilidad bastante grande y peligrosa.
  4. Erradicar toda la estructura de corrupción e impunidad (leyes, instituciones, figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad creado en 2011 cuando JOH fungió como Presidente del Congreso Nacional) que se construyó durante los 12 años de narcodictadura y profundizó una lógica de corrupción que saqueó las arcas del Estado, entregó concesiones a diestra y siniestra de nuestros territorios y bienes comunes, colaboró para que nuestro país se convirtiera en narcogobierno y asesinó a nuestros compañeros y compañeras durante las luchas contra los fraudes electorales de 2013-2014 y 2017-2018.
  5. Incautar y asegurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos producto de las acciones criminales del clan Hernández Alvarado y sus allegados, incluyendo funcionarios, familiares y amigos.
  6. Iniciar cuanto antes en Honduras y contra JOH, la persecución penal por los delitos que haya cometido como ciudadano y como funcionario público.
  7. Reclamar oficial y formalmente a la embajada de los Estados Unidos de América su culpabilidad ante el reconocimiento y sostenimiento del falso triunfo de JOH en los procesos electorales de 2013 y 2017, y se le exija una disculpa ante la población hondureña y el mundo.
  8. Dar trámite a nuestras peticiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que fomentan los delitos de corrupción en el país, que fuera aprobado en el gobierno del narcotraficante JOH.
  9. Llamamos a las organizaciones de lucha social, a nuestros territorios y comunidades a continuar en el proceso de resistencia, articulación y construcción de cambios estructurales para impulsar una nación en dignidad y justicia.

Finalmente, como organizaciones que durante muchos años hemos denunciado los abusos y violaciones que Juan Orlando y su clan realizaron en contra de la soberanía del país; hoy, a la luz de la condena del narcodictador, exigimos al actual gobierno que si en verdad quiere refundar el país, pase del discurso a la acción, iniciando por hacer posibles los cambios que la institucionalidad hondureña necesita para acabar con años de corrupción y terminar de una vez con lo que JOH y su hermano crearon, un narcoestado.